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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2020-00088-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00088-01

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00088-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 23 de febrero de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual fue adicionada mediante auto del 19 de julio de 2024. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor Jaime Arturo Delgado Bohórquez, a favor de la Red de Salud del Norte ESE de Cali. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 11 consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 76001-23-33-000-2020-00088-01 (6108-2024) Demandante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00088-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00088-01 (6108-2024)
Demandante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Demandado: Red de Salud del Norte ESE de Cali

Tema: Desnaturalización de vínculos contractuales en el marco del
principio de primacía de la realidad sobre las formas

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia porque el
demandante no demostró la continuada subordinación en la
prestación del servicio

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra
la sentencia de primera instancia del 23 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual fue adicionada mediante auto
del 19 de julio de 2024.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El actor interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio
1.8.161.2019 del 30 de abril de 2019, expedido por la entidad accionada, por
medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral
desde el 2 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2016 y el pago de las
prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como médico
general.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) declarar la existencia del
vínculo de trabajo; ii) pagar a su favor las prestaciones sociales causadas1, las
sanciones moratorias correspondientes, las cotizaciones al sistema de seguridad
social y la indemnización por despido sin justa causa, de manera indexada; y iii)
condenar en costas a la parte demandada.

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió
normas superiores2, teniendo en cuenta que estuvo vinculado a través de

1
«Cesantías, intereses a las mismas (sic), primas, vacaciones».
2
Artículos 4, 13, 25, 48, 53, 121, 122, 123, 125 y 209 de la Constitución Política; 252 de la Ley 4.ª de 1913;
11 de la Ley 6.ª de 1945; 1, 3, 5, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 64, 65, 127, 186, 249 y 306 del
Código Sustantivo del Trabajo; 1, 2 y 3 del Decreto 2127 de 1945; 7 del Decreto 1950 de 1973; 32 de la Ley
80 de 1993; 1 y 10 del Decreto 797 de 1949; las Leyes 52 de 1975, 50 de 1990, 100 de 1993 y 190 de 1995;
y el Decreto Ley 222 de 1983.

1
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Demandante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez

contratos de prestación de servicios, pero realizó sus actividades bajo continuada
subordinación, razón por la cual se configuró una relación de naturaleza laboral.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que el
actor no estaba sujeto a órdenes; y que el horario estaba condicionado a la
jornada en la cual los servicios médicos se ponían a disposición del público.

5. Precisó que la remuneración del demandante dependía de las tarifas
establecidas por la Secretaría de Salud Municipal o la entidad accionada, según
las consultas médicas realizadas.

6. Indicó que el actor no fue empleado público, pues estuvo vinculado
mediante contratos de prestación de servicios, los cuales no dan lugar al pago
de emolumentos laborales.

7. Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido y la innominada.

Sentencia apelada

8. Mediante sentencia del 23 de febrero de 2024, adicionada mediante auto
del 19 de julio de 2024, el Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y la
existencia de una relación laboral entre el actor y la entidad accionada desde el
2 de enero hasta el 31 de diciembre de 2006 y del 25 de marzo de 2010 al 31 de
diciembre de 2016.

9. Adicionalmente, el a quo i) declaró la prescripción extintiva de las
acreencias laborales causadas desde el 24 de marzo de 2010 hacia atrás; ii)
ordenó pagar al demandante las prestaciones sociales que perciben los
empleados de planta, causadas entre el 25 de marzo de 2010 y el 31 de
diciembre de 2016, liquidadas con base en «el valor pactado en los contratos de
prestación de servicios»; iii) ordenó a la entidad accionada efectuar los aportes
pensionales en el porcentaje que le correspondía como empleadora, y en caso
de que existieran diferencias frente a las cotizaciones que realizó el accionante,
este tendría que asumir el porcentaje a su cargo como trabajador; iv) negó las
demás pretensiones; y v) decidió no imponer condena en costas.

10. Sostuvo que los «contratos de prestación de servicios» prueban la
prestación personal del servicio como médico general y la remuneración por el
ejercicio de dicha actividad durante los períodos comprendidos entre el 2 de
enero y el 31 de diciembre de 2006, y desde el 25 de marzo de 2010 hasta el 31
de diciembre de 2016.

11. En cuanto a la continuada subordinación, señaló que «las pruebas
practicadas» permiten determinar que el accionante no podía delegar sus
actividades y debía tener disponibilidad para ejercer sus funciones, las cuales
eran necesarias para el funcionamiento de la entidad y estaban «supeditadas a

2
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la necesidad del personal que era atendido». Asimismo, el actor estaba sometido
a un horario, tenía que asistir a capacitaciones y reuniones, y emitir conceptos,
prescribir medicamentos y ordenar tratamientos según lo dispuesto por la entidad
demandada, lo que mermaba su autonomía.

12. Negó la pretensión de reconocimiento de intereses y sanción moratoria por
la falta de pago de las cesantías, toda vez que la obligación de pagar los intereses
de mora surge con la sentencia que declara la relación laboral.

13. También negó la pretensión encaminada al pago de una indemnización
por despido injusto, ya que no existe prueba de que la relación laboral encubierta
haya terminado por una razón diferente al vencimiento del plazo del último
contrato.

Recursos de apelación

14. Inconformes con la decisión, ambas partes interpusieron recursos de
apelación, por las siguientes razones:

15. La entidad accionada adujo que su relación con el demandante no fue
laboral, sino comercial, teniendo en cuenta que celebraron contratos de mandato,
de concesión y de prestación de servicios, los cuales estaban relacionados con
actividades de medicina general y se suscribieron porque el personal de planta
no era suficiente para cubrir las necesidades de la comunidad.

16. Afirmó que el accionante contaba con autonomía, iniciativa en su gestión
profesional y discrecionalidad para contratar personal a su cargo.

17. Destacó que la prestación personal del servicio está demostrada, pero no
la remuneración, ya que, si bien en los contratos se incluyó la obligación de pagar
honorarios, solo se acreditaron los pagos efectivos entre enero y diciembre de
2016.

18. Respecto de la continuada subordinación, expuso que el demandante no
tenía un horario impuesto, sino que las horas mencionadas en un contrato de
concesión correspondían a la jornada de atención de las IPS; y que la obligación
de asistir a capacitaciones y reuniones propendía al mejor desempeño de las
funciones contratadas.

19. Indicó que el Tribunal equiparó todos los acuerdos al contrato de
prestación de servicios; y que el actor no demostró que hubiera observado
horarios ni asistido a reuniones y capacitaciones, puesto que los contratos no
prueban el cumplimiento efectivo de tales compromisos, como tampoco hay
evidencia de la entrega de informes.

20. Resaltó que no está demostrada la emisión de órdenes que le
determinaran al demandante el modo, el tiempo y la cantidad de trabajo; ni que
la entidad accionada haya desplegado conductas de control, vigilancia,
seguimiento o supervisión que excedieran la coordinación de actividades.

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Demandante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez

21. El demandante argumentó que no se podía absolver a la entidad
accionada del pago de las sanciones que prevén los artículos 99 de la Ley 50 de
1990 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, pues ello sería un estímulo para
que continuara encubriendo relaciones laborales.

22. Planteó que la condena en su contra para que pague las cotizaciones a
seguridad social resulta ilegal e inconstitucional, ya que el artículo 22 de la Ley
100 de 1993 establece que el empleador debe realizar los aportes pensionales y
responder por estos cuando no descuenta el porcentaje del trabajador.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. Por auto del 2 de diciembre de 2024 se admitieron los recursos de
apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia.

24. Las partes no se pronunciaron sobre los recursos de apelación en esta
fase procesal.

25. El Ministerio Público rindió concepto a través del cual solicitó confirmar el
fallo apelado sobre la base de que i) la entidad accionada desconoció la licitud y
legalidad de los contratos de concesión y mandato (este último no previsto en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993) para obtener la prestación de servicios médicos
de un particular; y ii) el accionante cumplía funciones misionales de manera
continua y permanente, por lo que su actividad fue subordinada y resultaba
equiparable a la que desarrollaban los profesionales de la entidad.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

26. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación.

Problema jurídico

27. La Sala debe definir si el accionante acreditó la prestación personal del
servicio, la remuneración y la continuada subordinación durante la ejecución de
los contratos que celebró con la entidad accionada, a fin de establecer si se debe
revocar, modificar o confirmar la sentencia de primera instancia.

Análisis del problema jurídico

28. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas aportadas al
expediente no permiten concluir que el actor haya ejecutado las tareas
convenidas en los contratos bajo continuada subordinación.

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Demandante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez

29. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
destacar que el demandante se desempeñó como médico general en la entidad
accionada, vinculado a través de contratos de concesión, mandato y prestación
de servicios, así:

Contrato de
Plazo o
prestación de Remuneración Objeto
duración
servicios
«Para efectos de la
remuneración del
MANDATARIO, el MANDANTE
deberá recibir en las Cajas de
los C.S. La Rivera y C.S. Sena
– Salomia el valor
correspondiente a los servicios
que paga el Usuario por la
realización de las actividades
del MANDATARIO,
correspondiéndole de
remuneración el siguiente
Tarifario: En atención a
«El MANDANTE encarga al
población de régimen particular
MANDATARIO la prestación de
tratándose de consulta el valor
los servicios de salud en Médico
Contrato de equivalente al Setenta por
General en las diferentes
mandado RSN ciento (70%) de la tarida
2/1/2006 al instituciones adscritas a la Red
MAND-010-2006 cancelada por el Usuario; en
31/12/2006 de Salud del Norte que de
del 2 de enero de procedimientos donde se
acuerdo a sus prioridades sea
20063 identifica el profesional, se le
necesario en el ejercicio de sus
cancela el noventa y cinco por
funciones administrativas»
ciento (95%) de los honorarios
del profesional de lo cancelado
por el usuario; en
procedimientos donde no se
identifica al profesional será el
cincuenta (50%) de la tarifa
cancelada por el usuario. Estos
valores serán entregados al
MANDATARIO como
remuneración en calidad de
reintegro de tesorería y con la
periodicidad con que este
presente cuenta de cobro,
siendo mínimo una vez al mes»
«Para efectos de la «A) La E.S.E. Norte entre al
remuneración del concesionario el consultorio
CONCESIONARIO, LA E.S.E. ubicado en la carrera 1G No. 65-
NORTE deberá recibir en las 35 del C.S. la Rivera […] En
Cajas de los C.S. La Rivera el calidad de Concesión, para la
valor correspondiente a los práctica de consulta general en
servicios que paga el Usuario medicina y procedimientos
por la realización de las habilitados en consulta externa
actividades del sujetándose a los protocolos y
CONCESIONARIO, procedimientos exigidos por el
Contrato de Desde la correspondiéndole de sistema general de seguridad
concesión RSN-1- aprobación remuneración el siguiente social y por el sistema general de
03-8.4-005-2010 de la póliza Tarifario: En atención a participación y cumpliendo con
del 25 de marzo hasta el población de régimen particular los procedimientos técnicos –
de 20104 31/3/2011 tratándose de consulta el valor científicos y administrativos que
equivalente al Setenta por establezca la normatividad a nivel
ciento (70%) de la tarifa Nacional, Departamental y
cancelada por el Usuario; en Municipal para la actividad
procedimientos donde se profesional en Medicina General.
identifica el profesional, se le B) EL CONCESIONARIO podrá
cancela el noventa y cinco por contratar bajo su entera
ciento (95%) de los honorarios responsabilidad el personal que
del profesional de lo cancelado considere necesario, siendo de
por el usuario; en su cargo el cumplimiento de
procedimientos donde no se todas las disposiciones laborales

3
Índice 17 de SAMAI del tribunal, página 45 del archivo PDF que contiene el cuaderno principal escaneado.
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Índice 17 de SAMAI del tribunal, página 51 del archivo PDF que contiene el cuaderno principal escaneado.

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identifica al profesional será el en el aspecto salarial,
cincuenta por ciento (50%) de prestacional, y ocupacional.
la tarifa cancelada por el Entre el personal contratado por
usuario» EL CONCESIONARIO y LA
E.S.E. NORTE como Entidad
Estatal no existirá vínculo laboral
ni jurídico alguno»

«Para efectos de la
remuneración del
CONCESIONARIO, LA E.S.E. «A). La E.S.E. Norte entrega al
NORTE deberá recibir en las concesionario el Consultorio
Cajas de la IPS. La Rivera el ubicado en la Carrera 1G No. 65-
valor correspondiente a los 35 de la IPS la Rivera […] En
servicios que paga el Usuario calidad de Concesión, para la
por la realización de las práctica de consulta general en
actividades del medicina y procedimientos
CONCESIONARIO, habilitados en consulta externa
correspondiéndole de sujetándose a los protocolos y
remuneración el siguiente procedimientos exigidos por el
Tarifario: En atención a sistema general de seguridad
población de régimen particular social y por el sistema general de
tratándose de consulta el valor participación y cumpliendo con
equivalente al Setenta por los procedimientos técnicos –
Contrato de
ciento (70%) de la tarifa científicos y administrativos que
concesión
1/4/2011 al cancelada por el Usuario; en establezca la normatividad a nivel
1.5.4.006.2011
31/12/2012 procedimientos donde se Nacional, Departamental y
del 22 de marzo
identifica el profesional, se le Municipal para la actividad
de 20115
cancela el noventa y cinco por profesional en Medicina General.
ciento (95%) de los honorarios B) EL CONCESIONARIO podrá
del profesional de lo cancelado contratar bajo su entera
por el usuario; en responsabilidad el personal que
procedimientos donde no se considere necesario, siendo de
identifica al profesional será el su cargo el cumplimiento de
cincuenta por ciento (50%) de todas las disposiciones laborales
la tarifa cancelada por el en el aspecto salarial,
usuario. Estos valores serán prestacional, y ocupacional.
entregados al Entre el personal contratado por
CONCESIONARIO como EL CONCESIONARIO y LA
remuneración en calidad de E.S.E. NORTE como Entidad
reintegro de tesorería y con la Estatal no existirá vínculo laboral
periodicidad con que este ni jurídico alguno»
presente cuenta de cobro,
siendo mínimo una vez al mes»
«Para efectos de la
remuneración del
CONCESIONARIO, LA E.S.E.
NORTE deberá recibir en las
«La E.S.E. Norte entrega al
Cajas de la IPS la Rivera el
concesionario el Consultorio
valor correspondiente a los
ubicado en la Carrera 1G No. 65-
servicios que paga el Usuario
35 del C.S. la Rivera […] En
por la realización de las
calidad de Concesión, para la
consultas y actividades del
práctica de consulta general en
CONCESIONARIO,
medicina y procedimientos
correspondiéndole de
Contrato de Desde la habilitados en consulta externa
remuneración el siguiente
concesión aprobación sujetándose a los protocolos y
Tarifario: En atención a
1.5.4.001.2013 de la póliza procedimientos exigidos por el
población de régimen particular
del 8 de enero de hasta el sistema general de seguridad
tratándose de consulta el valor
20136 31/3/2015 social y por el sistema general de
equivalente al Setenta por
participación y cumpliendo con
ciento (70%) de la tarifa
los procedimientos técnicos –
cancelada por el Usuario; en
científicos y administrativos que
procedimientos donde se
establezca la normatividad a nivel
identifica el profesional, se le
Nacional, Departamental y
cancela el noventa y cinco por
Municipal para la actividad
ciento (95%) de los honorarios
profesional en Medicina General»
del profesional de lo cancelado
por el usuario; en
procedimientos donde no se
identifica al profesional será el

5
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cincuenta por ciento (50%) de
la tarifa cancelada por el
usuario. Estos valores serán
entregados al
CONCESIONARIO como
remuneración en calidad de
reintegro de tesorería y con la
periodicidad con que este
presente cuenta de cobro,
siendo mínimo una vez al mes»
«Para todos los efectos legales
y fiscales, el valor de la
presente Orden de Servicios es
de TREINTA MILLONES DE
PESOS ($30.000.000.00)
M/Cte. En todo caso el valor
real de la Orden de servicio
será el resultado de liquidar el
valor de las Consultas médicas
efectivamente realizadas
durante la vigencia de esta
orden de servicios.
PARÁGRAFO PRIMERO: Los
valores unitarios a tenerse en
cuenta como precios que
regirán los servicios
contratados, son las tarifas
pactadas entre la E.S.E Norte y
el CONTRATISTA. Al
contratista se le cancelará la
remuneración por
mensualidades, la cual «prestar los servicios
corresponderá al porcentaje profesionales como médico
Orden de servicio
que le corresponde del valor general en el Centro de Salud la
1.5.7.045.2015 1/4/2015 al
que resulte del total de las Rivera, para atender a la
del 31 de marzo 15/12/2015
consultas médicas realizadas población particular del área de
de 20157 y otrosí8
cada mes» influencia de la Red de Salud del
Norte E.S.E.»
Otrosí del 15/10/2015: «Para
todos los efectos legales y
fiscales, el valor de la presente
Orden de Servicios se adiciona
en la suma de DOCE
MILLONES DE PESOS
($12.000.000.00) M/Cte. En
todo caso el valor mensual a
facturar es el resultado de
liquidar el valor de las
Consultas médicas
efectivamente realizadas
durante la vigencia de esta
orden de servicios, de las
cuales el valor pagado por
consulta a razón de $18.000, se
distribuyen de la siguiente
manera: La suma de $12.000
para el médico contratista y la
suma de $6.000 para la ESE
NORTE»
«Para todos los efectos legales
y fiscales, el valor del presente
«prestar los servicios
Contrato de Contrato de Prestación de
profesionales como médico
prestación de Servicios es de CINCUENTA
general en el Centro de Salud la
servicios 18/1/2016 al MILLONES DE PESOS
Rivera, para atender a la
1.5.1.032.2016 31/12/201610 ($50.000.000.00) M/Cte. En
población particular del área de
del 12 de enero todo caso el valor mensual a
influencia de la Red de Salud del
de 20169 facturar es el resultado de
Norte E.S.E.»
liquidar el valor de las
Consultas médicas

7
Índice 17 de SAMAI del tribunal, página 71 del archivo PDF que contiene el cuaderno principal escaneado.
8
Índice 20 de SAMAI del tribunal, página 12 del archivo PDF que contiene la contestación de la demanda.
9
Índice 17 de SAMAI del tribunal, página 83 del archivo PDF que contiene el cuaderno principal escaneado.
10
Índice 20 de SAMAI del tribunal, página 17 del archivo PDF que contiene la contestación de la demanda.

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efectivamente realizadas
durante la vigencia de este
contrato de servicios, por la
tarifa establecida por EL
CONTRATANTE de $18.000
por consulta, que es el valor a
reconocer y pagar AL
CONTRATISTA»

30. En primera instancia no se practicaron testimonios ni interrogatorios de
parte11, de modo que las únicas pruebas decretadas e incorporadas al expediente
son las documentales aportadas con la demanda y su contestación.

31. Si bien el accionante allegó varios documentos con el escrito de alegatos
de conclusión en primera instancia, estos no se valorarán en tanto no fueron
incorporados dentro de las oportunidades procesales que estableció el legislador
para esos efectos, señaladas en el artículo 212 del CPACA. Adicionalmente, si
la intención del actor era advertir que la entidad accionada no había aportado los
antecedentes administrativos, debía plantear esa situación en la audiencia inicial,
antes de que se cerrara la etapa probatoria, pero no lo hizo.

32. Por otro lado, tal como lo manifestó el agente del Ministerio Público, la
controversia planteada en la demanda no consiste en verificar si las modalidades
contractuales que utilizaron las partes fueron adecuadas o no para ordenar la
prestación del servicio de medicina general, especialmente los contratos que se
denominaron como de concesión y de mandato.

33. Al respecto, en primera instancia se definió que el litigio implica determinar
si entre el demandante y la entidad accionada existió o no un vínculo de trabajo
en el marco del principio de primacía de la realidad sobre las formas, y cuáles
serían las eventuales consecuencias prestacionales12.

34. Siguiendo esa línea, la Sala observa que la propia entidad demandada
aceptó que el demandante prestó un servicio personal como médico general en
cumplimiento de los contratos relacionados previamente, de suerte que este
elemento se encuentra suficientemente acreditado.

35. En cuanto a la remuneración, le asiste razón a la entidad demandada en
el sentido de que en el expediente no se encuentran las órdenes o constancias
de pago a favor del accionante; sin embargo, comoquiera que en los contratos
se pactó una remuneración a cambio de la ejecución de las actividades de
medicina general (onerosidad) y este último aspecto está probado y fue aceptado

11
Si bien la entidad demandada había solicitado interrogar a la demandante, en la audiencia inicial desistió
de dicha prueba, manifestación que fue aceptada.
12
Del acta de la audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2023 se extrae lo siguiente:
«AUTO Nro. 260. Esta Magistratura procede a fijar el litigio de la siguiente manera:
La controversia jurídica planteada dentro del presente asunto, se circunscribe a determinar, si el oficio
expedido por la entidad demandada, mediante el cual se niega la configuración del contrato realidad y sus
efectos prestacionales, se encuentra afectado por alguna causal de nulidad prevista en el artículo 137 del
C.P.A.C.A. o si por el contrario se ajusta a la legalidad.
De conformidad con lo anterior, debe verificarse si efectivamente existió entre las partes una relación laboral
con trabajo personal, remuneración y subordinación en el caso del demandante y en tal situación señalar
qué rubros deberían ser reconocidos de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Las partes: CONFORMES CON LA FIJACIÓN». Ver índice 31 de SAMAI del tribunal.

8
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por la propia entidad, es viable inferir que el actor percibió una retribución por la
ejecución de los objetos contractuales.

36. Adicionalmente, en el hecho noveno de la demanda el actor indicó que
devengaba una remuneración por sus servicios13, y frente a esta afirmación la
entidad accionada señaló que «lo percibido por el accionante en razón a la
ejecución de su contrato» correspondía a las tarifas fijadas por la Secretaría de
Salud Municipal o la entidad contratante, según las consultas médicas
efectivamente realizadas14.

37. Así las cosas, aunque en el recurso de apelación se controvirtió el
elemento de remuneración frente a unos períodos, lo cierto es que la propia
demandada aceptó que el actor devengó una retribución por sus servicios como
médico general, lo cual resulta suficiente para entender acreditado este
elemento.

38. En torno a la continuada subordinación, esta denota el «poder jurídico
permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del
trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición
de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las funciones
y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del
elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona
la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador
ejerce sobre este […]»15.

39. Ahora bien, el demandante sustentó la subordinación continuada
argumentando que ejecutó funciones misionales de la entidad, conforme a los
parámetros fijados por esta, en las instalaciones y con los elementos que ella le
proveía, bajo un horario; y que presentaba informes de ejecución y asistía a
reuniones y capacitaciones.

40. Sobre el particular, la Sala debe precisar que la realización de actividades
propias del objeto misional de la entidad contratante no es un hecho que por sí
solo demuestre la continuada subordinación, si se tiene en cuenta que las
autoridades públicas solo están habilitadas para hacer aquello que las normas
jurídicas les autorizan, de modo que no es extraordinaria la contratación
encaminada a obtener los servicios que requieren para desarrollar su misión.
Ejemplo de ello son los contratos de prestación de servicios, a los cuales pueden
acudir las entidades «para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento»16.

13
«NOVENO: El demandante percibía su remuneración de los valores cancelados en las Cajas de los Centro
(sic) de Salud la Rivera y el Sena Salomia por los usuarios a quienes les prestaba atención médica por
consulta externa o procedimientos; la remuneración consistía en una tarifa del 70% de la tarifa total
cancelada por el usuario o del 95% de los procedimientos en donde se identificaba al profesional o del 50%
en donde no se identifica al profesional».
14
«AL HECHO NOVENO: Lo percibido por el accionante en razón de la ejecución de su contrato
correspondía a las tarifas establecidas por la Secretaría de Salud Municipal mediante Resolución No.
000220 de junio 08 de 1998 o en su defecto las que señalara la red de salud contratante de acuerdo a las
consultas médicas efectivamente realizadas».
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
16
Artículo 32 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00088-01 (6108-2024)
Demandante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez

41. En ese escenario, lo verdaderamente relevante para acreditar la
continuada subordinación son las conductas en que incurre la entidad contratante
con el propósito de definir el modo en que el contratista ejecuta el objeto
convenido, ante las cuales este último ve desdibujada su autonomía.

42. Así pues, en el proceso no existe prueba alguna que demuestre que la
entidad accionada le impartía órdenes o instrucciones al demandante y que estas
hayan determinado la forma en que cumplía sus tareas como médico general.

43. Adicionalmente, esta Subsección ha precisado que el desarrollo de las
actividades de salud en las instalaciones de la entidad contratante y con los
elementos que esta provee tampoco demuestran la continuada subordinación,
sino la necesidad de garantizar la prestación del servicio en condiciones óptimas.
Piénsese en la inconveniencia de que el servicio público de salud sea prestado
por médicos que cumplan sus tareas en cualquier lugar y con implementos que
no satisfagan las exigencias sanitarias, de seguridad y confiabilidad, sin
supervisión alguna17.

44. De igual manera, si bien en los contratos se consignaron los horarios en
los cuales el actor tenía que desarrollar sus actividades, esta corporación ha
explicado que la organización del servicio conforme a unos horarios no
necesariamente demuestra la continuada subordinación, pues ello puede
responder a una forma de organizar la prestación del servicio a fin de que el
objeto pactado se cumpla de la manera más adecuada, sin que necesariamente
el contratista pierda su autonomía en cuanto al modo en que lleva a cabo sus
tareas18.

45. Igual sucede con la presentación de informes y la asistencia a reuniones
y capacitaciones, circunstancias que suponen una coordinación o entendimiento
entre las partes contratantes con la finalidad de hacerle seguimiento a la
ejecución de los contratos y ordenar la prestación del servicio, pero por sí solas
no acreditan la subordinación continuada.

46. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la parte actora no logró
acreditar el elemento de la continuada subordinación, razón por la cual se
revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda.

47. Finalmente, resulta innecesario pronunciarse sobre los argumentos que
planteó el demandante en su recurso de apelación, pues estos están enfocados
en el alcance del restablecimiento del derecho, es decir, en un aspecto
consecuencial a la desnaturalización de los vínculos contractuales, lo cual no se
demostró.

17
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A, sentencia del 7 de abril de 2025, expediente 76001-23-33-000-2012-00157-01 (2718-2021); y sentencia
del 24 de julio de 2025, expediente 73001-23-33-000-2020-00053-01 (4975-2023).
18
Ibidem.

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Demandante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez

La condena en costas de segunda instancia

48. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

49. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

50. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

51. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se revocará la sentencia
apelada, incluida la decisión que allí se adoptó sobre las costas de primera
instancia, se impondrán costas a la parte demandante por ambas instancias, por
cuanto se accede totalmente a las peticiones del recurso de apelación interpuesto
por la entidad accionada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR la sentencia del 23 de febrero de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual fue adicionada mediante auto
del 19 de julio de 2024. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. CONDENAR en costas de primera y segunda instancia al señor
Jaime Arturo Delgado Bohórquez, a favor de la Red de Salud del Norte ESE de
Cali. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Demandante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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