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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-04085-00

Fecha
22 de junio de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-04085-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

22 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., veintidós (22) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: relación laboral encubierta. Subtema 3:
defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por Jaime Arturo Delgado Bohórquez contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

1. Síntesis del caso

El señor Jaime Arturo Delgado Bohórquez presentó acción de tutela, con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
trabajo, que consideró vulnerados por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, con ocasión de la sentencia proferida el 5 de marzo de 2026,
respectivamente, dentro del expediente identificado con el radicado núm. 76001-23-
33-000-2020-00088-01.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

2. El señor Jaime Arturo Delgado Bohórquez prestó sus servicios como médico
general en los centros de salud La Rivera y SENA Salomina en la ciudad de Cali,

1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04085-00, índice 2, certificado 725349B2953EDB3E E7274E669281285D
97BDCA2AF9AC5554 6FFE9E3EEA279A6A.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

desde el 2 de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2016, mediante contratos
de concesión, de mandato y de prestación de servicios, respectivamente.

3. El accionante, mediante escrito del 24 de abril de 2019, le solicitó a la Red de
Salud del Norte ESE, en su condición de administradora de las referidas
instituciones de salud, el reconocimiento de una relación laboral y el pago de las
prestaciones sociales causadas. Sin embargo, la entidad, a través del oficio núm.
1.8.161.2019 del 30 de abril de 2019, negó el requerimiento del peticionario.

4. El señor Delgado Bohórquez presentó demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Red de Salud del Norte ESE, con el fin de que se dejara sin
efectos el referido acto administrativo, se declarara la existencia de una relación
laboral y se ordenara el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales
causadas durante el tiempo en que estuvo vinculado con la entidad mediante
sendos contratos de concesión, de mandato y de prestación de servicios
profesionales, junto con los correspondientes aportes a seguridad social.

5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por medio sentencia del 23 de
febrero de 2024, la cual fue adicionada el 19 de julio siguiente, accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, al considerar que en el asunto bajo estudio se
acreditaron los elementos de una relación laboral encubierta. Contra dicha decisión,
ambas partes presentaron recurso de apelación.

6. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante providencia
del 5 de marzo de 2026, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, con el argumento que la parte actora no demostró el
elemento de la continua subordinación.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

7. La parte actora, en el escrito de tutela, además de la protección de sus derechos
al debido proceso y al trabajo, solicitó lo siguiente:

Mediante sentencia definitiva de tutela declarar la invalidez de la sentencia señalada y
declarar a favor del accionante, las pretensiones contenidas en el libelo demandatorio
original, relacionadas con la existencia de la relación laboral y a manera de
restablecimiento del derecho el reconocimiento y pago de todos sus derechos laborales
y demás derechos concomitantes. […]2.

8. Como fundamento de sus pretensiones, el accionante consideró que la
providencia cuestionada incurrió en defecto fáctico, porque no valoró en su
integridad los contratos de mandato, concesión y de prestación de servicios
allegados al proceso ordinario, con los cuales se demostró el elemento
subordinación.

9. En este sentido, explicó que en los referidos documentos se consignó que
durante el tiempo en que ejerció su actividad como médico general estuvo sometido

2
Se transcribe incluso con errores.
2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

a las órdenes de trabajo, la asignación de turnos y el requerimiento de informes que
exigía Red de Salud del Norte ESE.

10. De este modo, indicó que no contaba con autonomía para realizar sus
funciones, pues su actividad se desarrolló a partir de las consultas de pacientes que
programaba la entidad de salud demandada, dentro de un horario preciso diario y
semanal, pero sujeto totalmente a la dirección técnica y administrativa de la
contratante.

11. Además, expuso que la autoridad judicial accionada, por un excesivo
formalismo, no valoró algunos certificados en los que constaba su historial laboral,
toda vez que consideró que fueron aportados en los alegatos de conclusión y no en
la etapa de pruebas correspondiente.

12. Por otro lado, refirió que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto omitió aplicar el contenido del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, en el cual se establece que los contratos de prestación de servicios solo
podrán celebrarse con personas naturales «cuando dichas actividades no puedan
realizarse con el personal de planta o requieran conocimientos especializados».

13. Así pues, explicó que, en su caso, la entidad demandada no demostró los
supuestos descritos en la norma, pues de ninguna manera se acreditó que su
actividad de médico general no la podía realizar el personal de planta ni que
requiriera conocimientos especializados, por lo que se desvirtuaba la naturaleza del
contrato de prestación de servicios.

14. Adicionalmente, expuso que en la providencia objeto de tutela se configuró un
defecto sustantivo, porque desconoció el estudio que hizo la sentencia C-154 de
1997, proferida por la Corte Constitucional, del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en
la cual precisó la diferencia entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios.

15. Aunado a lo anterior, resaltó que la decisión acusada pasó por alto que la
jurisprudencia del Consejo de Estado definió las características de la figura de la
relación laboral encubierta, a través de las sentencias del 27 de enero de 2011 3 y
del 25 de agosto de 20164. En dichas decisiones se indicó que esa situación jurídica
se configura cuando se evidencia: «la continua prestación de servicios personales
remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para
ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de
trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las
necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para
configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales».

3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2011, radicado núm. 50001-23-31-000-
1998-03542-01 (0202-2010).
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado núm. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CESUJ2-00516

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

2.3. Trámite procesal

16. El despacho ponente, mediante auto del 28 de mayo de 20265, admitió la
solicitud de amparo, ordenó la notificación al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, y puso en conocimiento el escrito de tutela al Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca y a la Red de Salud del Norte ESE, en su condición de terceros
con interés.

2.4. Intervenciones

17. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A6 manifestó que la
providencia cuestionada efectuó un examen integral y razonado del material
probatorio y con base en él, concluyó que el demandante no estaba inserto en el
círculo rector de la entidad y que no desarrolló una carga probatoria suficientes para
demostrar sus argumentos.

18. Agregó que el accionante no explicó las razones por las cuales la valoración
probatoria efectuada en la providencia cuestionada fue arbitraria, caprichosa o
contraevidente. Su planteamiento se limitó a proponer una lectura distinta de las
pruebas, con el propósito de que prevalezca su propia interpretación de los hechos,
lo cual no basta para configurar un defecto fáctico en sede de tutela.

19. Por otro lado, indicó que la solicitud de amparo no identificó con precisión cuál
fue la regla jurisprudencial que habría sido desconocida ni explicó su identidad
fáctica y jurídica con el caso resuelto. Por el contrario, la sentencia cuestionada se
apoyó en la posición consolidada de la Sección Segunda sobre los elementos
necesarios para declarar la desnaturalización de los contratos de prestación de
servicios, en especial la exigencia de acreditar una continuada subordinación que
exceda la coordinación contractual permitida por el ordenamiento.

20. En consecuencia, solicitó que se niegue el amparo de tutela invocado.

21. La Red de Salud del Norte ESE7 solicitó que se declare improcedente la tutela,
toda vez que el accionante pretende utilizar este mecanismo constitucional como
una instancia adicional para insistir en el debate planteado ante el juez natural, sin
desarrollar una debida carga argumentativa y probatoria dirigida a acreditar alguno
de los defectos previstos para la procedencia de la acción contra decisiones
judiciales.

22. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio

5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04085-00, índice 4, certificado 48F56254ED561A89 5FE2DD391D10C07B
EC5E169D8223BBA3 E24BFA93E8FC7567.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04085-00 índice 12, certificado EED01C5573469AD0 1E46E63D3BC19C28
1A4D103FABC0CFF8 77E1992E53E6ADC4.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04085-00, índice 17, certificado D42A025749D6E8DC D59FF3D7824C6A10
D5475AB4615915AA 9EECEA876D2E28E4.
4

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

3. Consideraciones

3.1. Competencia

23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Jaime Arturo Delgado Bohórquez contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

3.2. Legitimación en la causa

24. La legitimación en la causa por activa de Jaime Arturo Delgado Bohórquez está
acreditada, porque fue el demandante dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que fue expedida la providencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.

25. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, debido a que fue la autoridad que profirió
la providencia, objeto de tutela.

3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

26. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.

27.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

28.Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen

8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
5

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

29. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.

3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

30. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional12 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.

31. Así pues, la Corte Constitucional13 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:

i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»14 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»15;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.

32. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.

10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
13
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
6

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

33. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.

34. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 5 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado fue notificada el 20 de marzo siguiente16, y la
demanda de tutela se presentó el 27 de mayo de este año17, es decir, dentro del
plazo de seis meses previsto por la jurisprudencia constitucional18 y del Consejo de
Estado19 como razonable.

35. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos en los que se sustenta la
afectación alegada.

36. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

37. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.

3.4. Problema jurídico

38. Corresponde a la Sala determinar si ¿la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y al
trabajo de la parte actora e incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente, al proferir la sentencia del 5 de marzo de 2026,
mediante la cual revocó la providencia de primera instancia20, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda relacionadas con el reconocimiento
de la relación laboral encubierta y el pago de las acreencias salariales y
prestacionales reclamadas?

39. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.

16
Samai, exp. 76001-23-33-000-2020-00088-01, índice 17.
17
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-04085-00, índice 1.
18
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
20
Sentencia del 23 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
7

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Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

3.4.1. El defecto sustantivo

40. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado21.

41. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.

42. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:

[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de los
jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para determinar
su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar el
ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones de
la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los contenidos,
postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación […]22.

43. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.

44. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).23

21
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
22
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
8

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3.4.2. El defecto fáctico

45. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»24. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión25» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.

46. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»26. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»27.

47. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:

(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso28.

48. Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial29, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»30.

24
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
25
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
29
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
30
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
9

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49. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:

50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]

51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.

52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]31.

3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial

50. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas32.

51. Al respecto, la Corte Constitucional33 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos analizados
y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la
obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la

31
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
32
Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
33
Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
10

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Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso y
el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales34.

52. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia35.

53. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»36.

54. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela37.

55. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación38.

56. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora

34 Se transcribe incluso con errores.
35 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
36 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
37 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
38 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.

3.5. Caso concreto

57. En el asunto bajo estudio, Jaime Arturo Delgado Bohóquez presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Red de Salud del Norte ESE,
con el fin de que se declarara la existencia de la relación laboral encubierta que
mantuvo con la entidad demandada entre el 2 de enero de 2001y el 31 de diciembre
de 2016 y, en consecuencia, se ordenara el pago de las prestaciones sociales
causadas.

58. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con
sentencia del 23 de febrero de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Apelada la anterior decisión, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, mediante providencia del 5 de marzo de 2026, revocó el fallo y negó
las pretensiones de la demanda.

59. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad accionada, al proferir la providencia del 5 de marzo de 2026,
incurrió en lo defectos fáctico, porque no valoró en su integridad los contratos de
prestación de servicios, con los cuales se demostraban las condiciones en las que
prestó sus servicios como médico general y, con ello el elemento subordinación.

60. Agregó que en dichos documentos se podía constatar que el demandante
estuvo sometido a continuas órdenes de trabajo, la asignación de turnos y el
requerimiento de informes que exigía Red de Salud del Norte ESE.

61. Por otro lado, refirió que la providencia cuestionada incurrió en defecto
sustantivo, por cuanto omitió aplicar el contenido del artículo 32 de la Ley 80 de
1993, el cual se establece que los contratos de prestación de servicios solo podrán
celebrarse con personas naturales «cuando dichas actividades no puedan
realizarse con el personal de planta o requieran conocimientos especializados».
Dichas circunstancias, a su juicio, no se configuraban en su caso por lo que su
vinculación tenía una naturaleza laboral.

62. Adicionalmente, expuso que en la providencia objeto de tutela se configuró un
defecto sustantivo, porque desconoció que la Corte Constitucional en la sentencia
C-154 de 1997, precisó el alcance del artículo para determinar la diferenciación
entre el contrato de trabajo y el de prestación de servicios.

63. Aunado a lo anterior, resaltó que la decisión acusada desconoció que la
jurisprudencia del Consejo de Estado definió las características de la figura de la
relación laboral encubierta, a través de las sentencias del 27 de enero de 2011 39 y

39
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de enero de 2011, radicado núm. 50001-23-31-000-
1998-03542-01 (0202-2010).
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del 25 de agosto de 201640.

64. Al respecto, se observa que, la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, en la sentencia del 5 de marzo de 2026, destacó que dentro del
trámite procesal «[…] no se practicaron testimonios ni interrogatorios de parte, de
modo que las únicas pruebas decretadas e incorporadas al expediente son las
documentales aportadas con la demanda y su contestación».

65. Sobre el particular, la decisión objeto de tutela puso de presente que el
accionante aportó documentos con el escrito de alegatos de conclusión en primera
instancia; sin embargo, estos no podían valorarse, «[…] en tanto no fueron
incorporados dentro de las oportunidades procesales que estableció el legislador
para esos efectos, señaladas en el artículo 212 del CPACA». Además, refirió que el
demandante no actuó diligentemente en la audiencia inicial para pedirle al juez de
primera instancia que requiriera a la entidad demandada, con el fin de que aportara
los antecedentes administrativos.

66. Una vez aclarado lo anterior, la autoridad accionada precisó que los
documentos aportados al expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
permitían advertir que el señor Jaime Arturo Delgado Bohórquez se desempeñó
como médico general en la Red de Salud del Norte ESE, vinculado a través de
contratos de concesión, mandato y de prestación de servicios.

67. En efecto, la autoridad accionada determinó el plazo, la forma de remuneración
y el objeto de la actividad contratada, a partir del estudio que hizo del contenido de
los siguientes contratos:

(i) Contrato de mandato RSN MAND-010-2006 del 2 de enero de 2006, con un
plazo de ejecución del 2 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006.

(ii) Contrato de concesión RSN-1-03-8-4-005-2010 del 25 de marzo de 2010,
con una duración desde de la aprobación de la póliza hasta el 31 de marzo de
2011.

(iii) Contrato de concesión 1.5.4.06.2011 del 22 de marzo de 2011, con un plazo
de ejecución del 1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2012.

(iv) Contrato de concesión 1.5.4.001.2013 del 8 de enero de 2013, con una
duración desde la vigencia de la póliza hasta el 31 de marzo de 2015.

(v) Orden de servicio 1.5.7.045.2015 del 31 de marzo de 2015, con un plazo de
ejecución del 1 de abril de 2015 al 15 de diciembre de 2015.

(vi) Contrato de prestación de servicios 1.5.1.032.2016 del 12 de enero de 2016,
con una duración del 18 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016.

40
Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 25 de agosto de 2016, radicado núm. 23001-23-33-000-2013-00260-
01(0088-15) CESUJ2-00516

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68. El Tribunal accionado, a partir de los mencionados documentos, constató que
el contrato de mandato tenía por objeto «la prestación de los servicios de salud de
Médico General en las diferentes instituciones adscritas a la Red de Salud del Norte
que de acuerdo con sus prioridades sea necesario en el ejercicio de sus funciones
administrativas».

69. Asimismo, la corporación judicial verificó que el objeto del contrato de concesión
consistía en la entrega de un consultorio médico a cargo del demandante para la
práctica de consulta general en medicina y procedimientos habilitados en consulta
externa sujetándose a los protocolos y procedimientos exigidos por el sistema
general de seguridad social y por el sistema general de participación. Además, tenía
la posibilidad de contratar bajo su responsabilidad al personal que considerara
necesario para el cumplimiento de sus labores.

70. De igual manera, la providencia cuestionada precisó que el objeto en los
contratos de prestación de servicios consistía en «prestar los servicios profesionales
como médico general en el Centro de Salud la Rivera, para atender a la población
particular del área de influencia de la Red de Salud del Norte E.S.E.».

71. Con base en lo mencionado, la sentencia objeto de tutela se pronunció sobre el
alcance de dichos elementos para demostrar los elementos de prestación personal
del servicio y remuneración, en los siguientes términos:

33. Al respecto, en primera instancia se definió que el litigio implica determinar si entre
el demandante y la entidad accionada existió o no un vínculo de trabajo en el marco
del principio de primacía de la realidad sobre las formas, y cuáles serían las eventuales
consecuencias prestacionales41.

34. Siguiendo esa línea, la Sala observa que la propia entidad demandada aceptó que
el demandante prestó un servicio personal como médico general en cumplimiento de
los contratos relacionados previamente, de suerte que este elemento se encuentra
suficientemente acreditado.

35. En cuanto a la remuneración, le asiste razón a la entidad demandada en el sentido
de que en el expediente no se encuentran las órdenes o constancias de pago a favor
del accionante; sin embargo, comoquiera que en los contratos se pactó una
remuneración a cambio de la ejecución de las actividades de medicina general
(onerosidad) y este último aspecto está probado y fue aceptado por la propia entidad,
es viable inferir que el actor percibió una retribución por la ejecución de los objetos
contractuales.

36. Adicionalmente, en el hecho noveno de la demanda el actor indicó que devengaba

41
Del acta de la audiencia inicial celebrada el 10 de julio de 2023 se extrae lo siguiente: «AUTO Nro. 260. Esta Magistratura
procede a fijar el litigio de la siguiente manera: La controversia jurídica planteada dentro del presente asunto, se circunscribe
a determinar, si el oficio expedido por la entidad demandada, mediante el cual se niega la configuración del contrato realidad
y sus efectos prestacionales, se encuentra afectado por alguna causal de nulidad prevista en el artículo 137 del C.P.A.C.A. o
si por el contrario se ajusta a la legalidad.
De conformidad con lo anterior, debe verificarse si efectivamente existió entre las partes una relación laboral con trabajo
personal, remuneración y subordinación en el caso del demandante y en tal situación señalar qué rubros deberían ser
reconocidos de acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado. Las partes: CONFORMES CON LA FIJACIÓN». Ver índice
31 de SAMAI del tribunal.
14

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una remuneración por sus servicios42, y frente a esta afirmación la entidad accionada
señaló que «lo percibido por el accionante en razón a la ejecución de su contrato»
correspondía a las tarifas fijadas por la Secretaría de Salud Municipal o la entidad
contratante, según las consultas médicas efectivamente realizadas43

37. Así las cosas, aunque en el recurso de apelación se controvirtió el elemento de
remuneración frente a unos períodos, lo cierto es que la propia demandada aceptó que
el actor devengó una retribución por sus servicios como médico general, lo cual resulta
suficiente para entender acreditado este elemento.

72. De acuerdo con lo anterior, es posible advertir que para la autoridad judicial
accionada los documentos aportados al expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho demostraban los elementos de prestación personal del servicio y
remuneración, dado que era un hecho cierto que el actor ejerció su actividad como
médico general para las instituciones que conforman la Red de Salud del Norte ESE
y, por ello recibió un pago.

73. Ahora bien, en cuanto a la subordinación, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado advirtió que este elemento no se acreditó por la
parte demandante, con fundamento en las siguientes consideraciones:

39. Ahora bien, el demandante sustentó la subordinación continuada argumentando
que ejecutó funciones misionales de la entidad, conforme a los parámetros fijados por
esta, en las instalaciones y con los elementos que ella le proveía, bajo un horario; y
que presentaba informes de ejecución y asistía a reuniones y capacitaciones.

40. Sobre el particular, la Sala debe precisar que la realización de actividades propias
del objeto misional de la entidad contratante no es un hecho que por sí solo demuestre
la continuada subordinación, si se tiene en cuenta que las autoridades públicas solo
están habilitadas para hacer aquello que las normas jurídicas les autorizan, de modo
que no es extraordinaria la contratación encaminada a obtener los servicios que
requieren para desarrollar su misión. Ejemplo de ello son los contratos de prestación
de servicios, a los cuales pueden acudir las entidades «para desarrollar actividades
relacionadas con la administración o funcionamiento»44.

41. En ese escenario, lo verdaderamente relevante para acreditar la continuada
subordinación son las conductas en que incurre la entidad contratante con el propósito
de definir el modo en que el contratista ejecuta el objeto convenido, ante las cuales
este último ve desdibujada su autonomía.

42. Así pues, en el proceso no existe prueba alguna que demuestre que la entidad
accionada le impartía órdenes o instrucciones al demandante y que estas hayan
determinado la forma en que cumplía sus tareas como médico general.

43. Adicionalmente, esta Subsección ha precisado que el desarrollo de las actividades

42
«NOVENO: El demandante percibía su remuneración de los valores cancelados en las Cajas de los Centro (sic) de Salud
la Rivera y el Sena Salomia por los usuarios a quienes les prestaba atención médica por consulta externa o procedimientos;
la remuneración consistía en una tarifa del 70% de la tarifa total cancelada por el usuario o del 95% de los procedimientos en
donde se identificaba al profesional o del 50% en donde no se identifica al profesional».
43
«AL HECHO NOVENO: Lo percibido por el accionante en razón de la ejecución de su contrato correspondía a las tarifas
establecidas por la Secretaría de Salud Municipal mediante Resolución No. 000220 de junio 08 de 1998 o en su defecto las
que señalara la red de salud contratante de acuerdo a las consultas médicas efectivamente realizadas».
44
Artículo 32 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993.
15

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de salud en las instalaciones de la entidad contratante y con los elementos que esta
provee tampoco demuestran la continuada subordinación, sino la necesidad de
garantizar la prestación del servicio en condiciones óptimas. Piénsese en la
inconveniencia de que el servicio público de salud sea prestado por médicos que
cumplan sus tareas en cualquier lugar y con implementos que no satisfagan las
exigencias sanitarias, de seguridad y confiabilidad, sin supervisión alguna45.

44. De igual manera, si bien en los contratos se consignaron los horarios en los cuales
el actor tenía que desarrollar sus actividades, esta corporación ha explicado que la
organización del servicio conforme a unos horarios no necesariamente demuestra la
continuada subordinación, pues ello puede responder a una forma de organizar la
prestación del servicio a fin de que el objeto pactado se cumpla de la manera más
adecuada, sin que necesariamente el contratista pierda su autonomía en cuanto al
modo en que lleva a cabo sus tareas46.

45. Igual sucede con la presentación de informes y la asistencia a reuniones y
capacitaciones, circunstancias que suponen una coordinación o entendimiento entre
las partes contratantes con la finalidad de hacerle seguimiento a la ejecución de los
contratos y ordenar la prestación del servicio, pero por sí solas no acreditan la
subordinación continuada.

46. De acuerdo con lo expuesto, la Sala concluye que la parte actora no logró acreditar
el elemento de la continuada subordinación, razón por la cual se revocará la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

74. En efecto, la autoridad judicial accionada resaltó que el demandante justificó la
subordinación continuada, porque realizaba funciones misionales en las
instalaciones de la entidad, con sus herramientas, bajo horario y presentando
informes, reuniones y capacitaciones. Sin embargo, la providencia cuestionada
explicó que estas circunstancias no demostraban la subordinación, pues las
entidades públicas pueden contratar servicios para cumplir su misión y ello implica
cierta coordinación operativa sin afectar la autonomía del contratista.

75. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado expuso que lo
determinante para probar subordinación es la existencia de órdenes o instrucciones
que definan cómo debe ejecutarse el objeto contractual, situación que no fue
acreditada en el proceso. También precisó que trabajar en las instalaciones de la
entidad, usar sus elementos, cumplir horarios o presentar informes responde a la
organización del servicio y a la necesidad de garantizar condiciones adecuadas, sin
que ello implicara la pérdida de autonomía.

76. En consecuencia, al no existir pruebas de órdenes directas que acreditaran la
subordinación continuada entre el demandante y la entidad demandada, la
corporación judicial accionada concluyó que no era procedente reconocer la
existencia de una relación laboral encubierta ni ordenar el pago de los emolumentos
salariales y prestacionales reclamados.

45
Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 7 de abril de 2025, expediente 76001-23-33-000-2012-00157-01 (2718-2021); y sentencia del 24 de julio de 2025,
expediente 73001-23-33-000-2020-00053-01 (4975-2023).
46
Ibidem.
16

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77. En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia del 5 de marzo de
2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
no incurrió en los defectos alegados por la parte accionante, pues la decisión de
revocar la providencia de primera instancia47, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por el accionante, estuvo soportada en un estudio razonable de los hechos, los
elementos probatorios aportados al trámite judicial y la jurisprudencia aplicable al
caso bajo estudio.

78. En concreto, se destaca que la decisión acusada efectuó una valoración
pertinente de los contratos de mandato, de concesión y de prestación de servicios,
así como de las afirmaciones expuestas por la entidad demandada en el escrito de
contestación con los cuales verificó el cumplimiento de dos de los presupuestos de
las relaciones laborales encubiertas, esto es, la prestación personal del servicio y la
remuneración.

79. Asimismo, analizó el contenido de los contratos para advertir que los horarios
consignados en dichos documentos no tenían la condición suficiente para demostrar
el elemento subordinación, toda vez que la organización de las actividades del actor
en unos tiempos determinados no demostraban la continuada dependencia, pues
ello puede responder a una forma de estructurar la ejecución de la actividad
contractual, con el fin de que el objeto pactado se cumpla de la manera más
adecuada, sin que necesariamente el contratista pierda su autonomía en cuanto al
modo en que lleva a cabo sus tareas.

80. De igual manera, la providencia censurada resaltó que ha sido un criterio de la
Subsección A de la Sección del Consejo de Estado, que el desarrollo de las
actividades de salud en las instalaciones de la entidad contratante y con los
elementos que esta provee tampoco demuestran la continuada subordinación, sino
la necesidad de garantizar la prestación del servicio en condiciones óptimas, con el
propósito de cumplir con las exigencias sanitarias, de seguridad y confiabilidad.

81. En similar sentido, la decisión acusada refirió que la presentación de informes y
la asistencia a reuniones y capacitaciones son circunstancias que suponen una
coordinación o entendimiento entre las partes contratantes con la finalidad de
hacerle seguimiento a la ejecución de los contratos y ordenar la prestación del
servicio, pero por sí solas no acreditan una dependencia en la ejecución de labores.

82. De este modo, se tiene que el análisis probatorio desarrollado por la autoridad
judicial accionada, lejos de mostrar una situación indebida por acción u omisión, lo
que en realidad revela es que fue estricto, objetivo y apegado al contenido de los
documentos aportados a la actuación judicial, por lo que no es posible inferir que la
decisión objeto de tutela fue contraria a derecho. Distinto es que no le haya otorgado
el valor probatorio que el demandante pretendía que se les atribuyera a los medios
de prueba allegados al proceso.

47
Sentencia del 23 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
17

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83. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha precisado que: «las diferencias en la
apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico, pues, precisamente la
práctica judicial demanda que los jueces adopten posturas en circunstancias en las
que se le presentan “dos interpretaciones de los hechos, diversas pero
razonables”. En esos casos, el juez natural es autónomo, su actuación se presume
de buena fe y puede valorar los elementos materiales probatorios y decantarse por
el que le resulte convincente»48.

84. Dicho lo anterior, resulta pertinente destacar que la decisión cuestionada puso
de presente que, durante el trámite procesal, no se practicaron testimonios ni
interrogatorios de parte. En consecuencia, las únicas pruebas decretadas,
incorporadas y valoradas dentro del expediente correspondieron a los documentos
aportados oportunamente con la demanda y su respectiva contestación.

85. Asimismo, se precisó que los demás folios allegados al plenario no fueron
incluidos dentro de las oportunidades procesales previstas en el artículo 212 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA)49, razón por la cual carecían de mérito probatorio y no podían tenerse en
cuenta al momento de resolver la controversia.

86. En ese orden de ideas, el análisis probatorio realizado por la autoridad judicial
se circunscribió exclusivamente a las pruebas documentales oportunamente
aportadas e incorporadas al expediente, de conformidad con las reglas procesales
aplicables.

87. Lo anterior da cuenta que, para la autoridad judicial accionada, el demandante
no aportó elementos probatorios precisos y concretos que permitieran demostrar
que la entidad accionada le impartía órdenes o instrucciones al demandante y que
estas hayan determinado la forma en que cumplía sus tareas como médico general,
ni solicitó el decreto de dichas pruebas dentro de las oportunidades previstas en
primera y segunda instancia conforme el artículo referido.

88. Al respecto, resulta oportuno advertir que, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 167 del Código General del Proceso, «incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas
persiguen […]». Ello se traduce, en que en los procesos que cursan ante el juez de
lo contencioso-administrativo, corresponde a los sujetos procesales la carga de la
prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones.

48
Corte Constitucional, sentencia T-625 de 2016, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
49
«ARTÍCULO 212. OPORTUNIDADES PROBATORIAS. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán
solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código.
En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la
reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las
mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.
Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación
de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas.
En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso,
las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos:
[…]
4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra
de la parte contraria […]».

18

Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

89. Así pues, cuando la parte actora no cumple con el deber probatorio que le
corresponde, la consecuencia jurídica que habrá de asumir será la desestimación
de las pretensiones de la demanda en la sentencia.

90. En el presente asunto, es claro que la parte demandante omitió ejercer una
adecuada actividad probatoria dirigida a acreditar la continua subordinación, dentro
del trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón
por la cual el juez de segunda instancia desestimó sus pretensiones.

91. Por otro lado, es pertinente señalar que el análisis efectuado por la autoridad
judicial accionada se circunscribió a verificar si los argumentos y las pruebas
aportadas por las partes permitían acreditar la configuración de una relación laboral
encubierta. No obstante, dicha circunstancia no fue demostrada de manera
suficiente por la parte actora, razón por la cual la interpretación y aplicación del
artículo 32 de la Ley 80 de 1993, en los términos planteados por el demandante,
solo habría resultado determinante de haberse desplegado una actividad probatoria
idónea para sustentar sus pretensiones. En consecuencia, no es posible concluir
que la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en un defecto sustantivo.

92. Conviene resaltar que en el caso bajo estudio le correspondía a la parte
accionante desvirtuar la naturaleza y el alcance de los contratos suscritos por este
con la Red de Salud del Norte E.S.E. y, en su lugar demostrar las características
propias de una relación laboral; sin embargo, ello no ocurrió al interior del proceso
ordinario.

93. Finalmente, se debe indicar que la autoridad judicial accionada tampoco
desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado, pues la
providencia objeto de tutela tuvo en cuenta los elementos y las circunstancias en
las que se configura una relación laboral encubierta, tal y como se describe en las
decisiones referidas por el tutelante.

94. Adicionalmente, las sentencias mencionadas por el actor no establecen una
regla de derecho concreta en lo que respecta a la forma de acreditar el elemento de
la subordinación en los casos en los que se pretende el reconocimiento de una
relación laboral encubierta y sus consecuencias económicas en materia salarial y
prestacional, por consiguiente, no es posible concluir que tales decisiones puedan
considerarse un precedente jurisprudencial vinculante para la autoridad judicial
accionada.

95. Por lo expuesto, la Sala considera que la autoridad accionada, en ejercicio de
los principios de autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una
interpretación coherente y razonable de los hechos y las pruebas aportadas al
proceso ordinario e interpretó de forma razonable los criterios jurisprudenciales
aplicables al caso concreto. Por estos motivos, si bien la providencia objeto de tutela
no resultó favorable a la parte tutelante, esto no significa que se hayan desconocido
sus garantías constitucionales.

96. De esta manera, para la Sala no es de recibo que la parte actora pretenda hacer
uso de la acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

reabrir el debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de
reparación directa, con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se
acomode a sus intereses y pretensiones.

4. Conclusión

97. La providencia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado no vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, por cuanto no se evidencia en su contenido un análisis arbitrario, o
caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de orden constitucional y legal, que
constituya alguna vía de hecho por los defectos sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente que exija la intervención del juez de tutela. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo promovida por el accionante.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar el amparo de tutela solicitado por Jaime Arturo Delgado Bohórquez
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-04085-00 (6445)
Accionante: Jaime Arturo Delgado Bohórquez
Accionado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace

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