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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00840-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00840-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Jueza de la República – reiteración
jurisprudencial. Subtema 1: pagos según la normativa. Subtema 2: carácter no salarial de
la prima especial. Subtema 3: argumentos presupuestales. Subtema 4: prescripción.
Subtema 5: carácter irrenunciable e imprescriptible de los aportes al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones. Subtema 6: ausencia de pagos previos.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación presentado por la parte demandada, contra la sentencia
proferida el 15 de mayo de 2025, por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca1, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandada.

1. Síntesis del caso
La señora Rosalba Aparicio Córdoba, en su condición de jueza de la República,
solicita la reliquidación de la prima especial de servicios y el reconocimiento de la
naturaleza salarial de dicha prestación con la consecuente reliquidación de salarios
y prestaciones sociales desde que ejerció el cargo, el 17 de abril de 2009 y en
adelante.

1 Integrada por los magistrados Diego León Gómez Martínez, Gonzalo Perdomo Cabrera y María Eugenia

Clavijo.

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

En primera instancia, el Tribunal accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, declaró configurado el acto ficto negativo, lo anuló y accedió a reconocer
el pago de la prima especial y la reliquidación de las prestaciones sociales y
salariales, desde el 19 de diciembre de 2013 al 31 de diciembre de 2020, siempre
que la reliquidación arrojara valores en favor de la demandante, sin pasar por alto
el Decreto 272 de 2021 y sin que sumados todos los conceptos se supere el tope
máximo de remuneración establecido por el Gobierno nacional.
Inconforme con esta decisión, la entidad demandada apeló y reparó en que le ha
pagado a la demandante los salarios y prestaciones de acuerdo con la normativa y
el régimen al que pertenece, en el que la prima especial de servicios no tiene
carácter salarial para liquidar las prestaciones sociales y aludió a un supuesto de
imposibilidad presupuestal.

2. Antecedentes

2.1. Demanda

1. La señora Rosalba Aparicio Córdoba, en ejercicio del medio de control
establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (en adelante CPACA), el 3 de julio de 20202, presentó
demanda3 contra la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, radicada mediante apoderada judicial.

2.1.1. Pretensiones

2. La demandante solicitó lo siguiente:

i) Declarar la nulidad del acto ficto o presunto proferido por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial que le negó el reconocimiento y pago de la
reliquidación de la prima especial de servicios y la naturaleza salarial de esta, así
como de cualquier otro emolumento pagado de forma incompleta, sobre el cual tuvo
derecho por el período en el cual se desempeñó como jueza de la República en el
distrito judicial de Cali.

ii) Inaplicar los decretos 726 del 4 de marzo de 2009, 1391 de abril 26 de 2010,
1043 del 4 de abril de 2011, 841 del 25 de abril de 2012, 1016 del 21 de abril de
2013, 186 del 7 de febrero de 2014, 1105 del 2015 y los que se profirieron en 2016,
2017 y 2018, por ser ilegales o inconstitucionales, toda vez que reiteraron las

2 Según el acta de reparto. Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal, 3_ED_ONEDRIVE_1_1112022.zip,
002ACTA 2020-00840-00. Esta fecha también la consignó la sentencia de primera instancia.
3 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal, 3_ED_ONEDRIVE_1_1112022.zip,
001 MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO ROSALBA APARICIO CORDOBA.pdf, páginas
1 a 35 del archivo digital.

2

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

razones que dieron lugar a la nulidad de las normas en la sentencia dictada el 29
de abril de 2014.

iii) A título de restablecimiento del derecho, solicitó:

Se ordene a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL;
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI,
V., el reconocimiento y pago efectivo, a la Dra. ROSALBA APARICIO CÓRDOBA
de la reliquidación de la prima especial de servicios y reconocimiento de la
naturaleza salarial de dicha prestación con la concerniente reliquidación de salarios:
prima de servicios; cesantías; vacaciones; prima de vacaciones; prima de navidad,
bonificación por actividad judicial, sus efectos en la reliquidación de las cesantías,
intereses a las cesantías, aportes a pensión, demás prestaciones sociales y
cualquier otro emolumento cancelado de forma incompleta a que tiene derecho
como lo establece la Constitución, la Ley (Ley 4 de 1992) por haber ejercido el cargo
de JUEZ DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, V.., que
desempeñó y desempeña ininterrumpidamente, desde el 17 de Abril de 2009 hasta
la fecha, al tenor del fallo del H. Consejo de Estado, Sala de la Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, del 29 de abril de 2014 (Sentencia No.
11001032500020070008700 (1686-07), con ponencia de la Conjuez MARÍA
CAROLINA RODRÍGUEZ RUIZ) y la sentencia de unificación del 2 de septiembre
de 2019- Sala de Conjueces radicación 2016-00041-02. […]

Se condene a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL;
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI,
V., a reconocerle y pagarle a la Dra. ROSALBA APARICIO CÓRDOBA o a quien
represente sus derechos, todas las sumas dejadas de percibir correspondientes el
reconocimiento y pago efectivo de la reliquidación de la Prima Especial de Servicios
y reconocimiento de la Naturaleza Salarial de dicha prestación con la concerniente
reliquidación de salarios: prima de servicios; cesantías; vacaciones; prima de
vacaciones; prima de navidad, bonificación por actividad judicial, sus efectos en la
reliquidación de las cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensión, demás
prestaciones sociales y cualquier otro emolumento cancelado de forma incompleta
a que tiene derecho como lo establece la Constitución, la ley (Ley 4 de 1992) por
haber ejercido el cargo de JUEZ DE LA REPÚBLICA EN EL DISTRITO JUDICIAL
DE CALI V., que desempeñó y desempeña ininterrumpidamente, desde el 17 de
Abril de 2009 hasta la fecha, ya en vigencia de la Ley 4 de 1992, y hasta cuando
sea efectivamente cancelado dichos valores, incluyendo el correspondiente a los
aumentos que se hubieren decretado año a año, con posterioridad a la expedición
de la norma. […] a pagar a favor de quien obra como demandante, o a quien sus
derechos representen, los siguientes valores: al pago de las condenas que consignó
así:

a. El valor que falte para alcanzar el 30% sobre el 100% de lo percibido como juez
desde el 17 de Abril de 2009 hasta la fecha y en adelante, es el mayor valor que en
forma mensual vienen recibiendo los jueces de la Republica y en el presente caso

3

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

corresponde a ese tiempo transcurrido.

b. Que se condene a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE
LA JUDICATURA- DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL;
DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI,
V., a cancelar a mi mandante ROSALBA APARICIO CÓRDOBA en la misma
proporción, es decir en una suma equivalente al 30% de las diferencias adeudadas
por concepto de prima especial de servicios desde la fecha de vinculación, fecha en
que el derecho se hizo exigible, teniendo en cuenta para su liquidación y
reconocimiento y pago todos los ingresos laborales totales anuales de carácter
permanente devengados por los JUECES de la Republica4.

iv) Además, pidió que se dispusiera el pago de las sumas debidas con efectos
retroactivos desde el 17 de abril de 2009, a la fecha, y que, en cumplimiento de lo
ordenado en la normativa y en la sentencia respectiva se realizaran los descuentos
y los traslados a Colpensiones o a la entidad que hiciera sus veces, para efectos de
la correcta reliquidación del derecho y con el fin de que la expectativa pensional se
reliquide con los factores de ley y los que resulten de estas pretensiones.

v) Finalmente, pidió que se pagaran intereses moratorios si no se da
cumplimiento al fallo en el término de ley, de la forma en que lo prevé el inciso
tercero del artículo 192 del CPACA y en concordancia con la sentencia C-188 de
1999 de la Corte Constitucional. También reclamó que se condenara en costas a la
entidad.

2.1.2. Hechos

3. La señora Rosalba Aparicio Córdoba hizo referencia a los siguientes hechos:

(i) Laboró al servicio de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial como jueza de la República, en los siguientes cargos:

• Desde el 17 de abril de 2009 al 18 de diciembre de 2009, como jueza 19 civil
municipal de adjunto de Cali.
• Desde el 19 de febrero de 2010 al 30 de junio de 2014, como jueza 10 civil
municipal de Cali.
• Desde el 13 de agosto de 2014 al 31 de octubre de 2015, como jueza 1 de
pequeñas causas y competencias múltiples de Cali.
• Desde el 5 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015, como jueza
1 de pequeñas causas y competencias múltiples de Cali.
• Desde el 14 de junio de 2016, a la fecha5, como jueza 6 de pequeñas causas
y competencias múltiples de Cali.

4 Se transcribe incluso con errores de texto.
5 De presentación de la demanda.

4

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

(ii) El Gobierno nacional reprodujo anualmente los decretos que previeron que
el 30% del salario era la prima especial de servicios. Por tanto, esta descripción
normativa dio lugar a una interpretación errónea que en vez de cuantificar la citada
prima como un adicional, la restó de la asignación básica, la cual se ve impactada
en un 30% y las prestaciones sociales reducidas a un 60%.

(iii) Radicó reclamación administrativa el 19 de diciembre de 2016 en la que pidió
la reliquidación de los salarios y el pago de la prima especial de servicios del artículo
14 de la Ley 4 de 1992, como un adicional al salario básico, en un 30% y la
reliquidación de todas las prestaciones sociales según la sentencia dictada por el
Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, y a partir de la vigencia de la Ley 4 de
1992, cuando ya había operado su vinculación a la entidad demandada. Así,
reclamó el reconocimiento y pago efectivo de la reliquidación de la prima especial
de servicios con el reconocimiento de su naturaleza salarial, y de cualquier otro
emolumento que se hubiera pagado de forma incompleta.

(iv) También pidió, en la citada oportunidad, la inclusión en la reliquidación del
30% de la prima especial de servicios adicional al ingreso mensual, bajo el
entendido de que esta tiene carácter salarial. Finalmente, reclamó que se le pagara
el saldo insoluto dejado de percibir por concepto de salario y prestaciones sociales,
el cual debía actualizarse conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

(v) La entidad demandada negó la petición mediante acto administrativo ficto,
pues no dio respuesta a lo solicitado.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. La señora Rosalba Aparicio Córdoba indicó que el acto administrativo
enjuiciado violó las siguientes disposiciones: i) constitucionales: artículos 2, 6, 13,
25, 29, 53, 58, 90, 123 y 209; ii) Código Sustantivo del Trabajo: artículos 15 y 21; iii)
legales: literales a y h del artículo 2, artículo 10 de la Ley 4 de 1992 y la Ley 270 de
1996.

5. En sustento, indicó que el acto administrativo vulneró las normas
constitucionales y legales y transgredió sus derechos adquiridos, los fines que
gobiernan las leyes laborales y la función pública. También desconoció los principios
y reglas de quienes se encuentran en igualdad y lesionó los derechos a la vida, a la
igualdad, al trabajo, entre otros. De este modo, a partir de la normativa aludida y de
conformidad con las certificaciones de salarios se evidencia una diferencia en la
forma en la cual se le pagó la prima especial de servicios con relación al salario de
quienes están en la misma categoría de jueces del distrito judicial de Cali. Esta
situación atenta contra el principio de trabajo igual, salario igual.

6. Ahora bien, a partir de la expedición de los decretos salariales anuales no se
puede castigar a los funcionarios a que mientras tuvieron vigencia los citados su
5

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Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
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escala de remuneración haya sido el 70% de sus ingresos, con el impacto del 30%
representado en el salario y en las prestaciones sociales. En línea con esto, los
decretos emitidos a partir del 2009, que le resultan aplicables, siguen la misma
suerte de los anulados por el Consejo de Estado. Del mismo modo, cuando exista
duda en la aplicación de la ley debe emplearse la más favorable y los decretos de
manera diferenciada distinguen la remuneración mensual, el salario básico y la
prima especial de servicios, esta última que es adicional a los dos primeros.

7. Por ende, esta circunstancia no la puede suplir la oficina de recursos
humanos de la Nación, Rama Judicial y descontar del salario básico el 30%, ya que
esto transgrede la igualdad y las disposiciones relativas a la regresión y a la
movilidad previstas en el artículo 53 de la Constitución Política, así como la
irrenunciabilidad de los derechos adquiridos, el desarrollo de la función pública y la
obligación del Estado de responder por los actos antijurídicos.

8. En consecuencia, la entidad demandada incurrió en una interpretación que
viola la Ley 4 de 1992 ya que no le pagó los mayores valores a su favor y transgredió
la condición más beneficiosa que emana del artículo 24 del Código Laboral, lo que
impone el deber de declarar la nulidad del acto demandado y disponer la
inaplicación de las normas que resulten contrarias. De igual manera, le asiste el
derecho a percibir el 30% de prima especial de servicios.

2.2. Contestación de la demanda

9. La apoderada de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar
que una vez verificados los pagos efectuados por la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial de Cali no existieron vicios ni irregularidades en la
emisión del acto administrativo demandado, ya que se sustentó en las normas
vigentes para el momento de los hechos. De suerte que las súplicas de la demanda
eran contrarias a los intereses de la entidad, motivo por el cual pidió que se le
absolviera a esta última con la negativa de lo pretendido y, en su defecto, se
declararan probadas las excepciones planteadas o cualquier otra demostrada.

10. En este contexto, relató que la demandante estuvo vinculada como jueza de
la República a partir del 17 de abril de 2009, de forma discontinua, y puso de presente
que la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 es un emolumento sin
carácter salarial. También se refirió al contenido de la sentencia del 2 de septiembre
de 2019 y al Decreto 272 de 2021, para aludir que era inviable pagar las obligaciones
anteriores al 1 de enero de 2021 al no contar con respaldo presupuestal.

11. Afirmó que, en principio, procedería conciliar el asunto, de no haber sido
porque se configuró la excepción de prescripción a partir de la fecha de la vinculación

6

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Judicial

de la demandante y la radicación de la reclamación administrativa el 19 de diciembre
de 2016. También mencionó que la prima especial carecía de carácter salarial6.

2.3. Sentencia anticipada de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia anticipada7 el
15 de mayo de 2025, en la que resolvió:

PRIMERO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción denominada
prescripción trienal de derechos según lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR configurado el acto ficto presunto negativo, como
consecuencia del silencio administrativo de la Rama Judicial frente a la reclamación
administrativa radicada ante la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto presunto negativo del cual se declara
su existencia en el acápite anterior.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la Nación – Rama
Judicial a reconocer y pagar en favor de la demandante Rosalba Aparicio Córdoba
identificada con la cédula de ciudadanía No. 31.977.454 desde el 19 de diciembre de
2013, en todo caso, según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante
como jueza, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico,
sin que en ningún caso sumados todos los conceptos que integran su remuneración,
pueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno nacional, orden que
deberá ser estrictamente acatada por la entidad demandada.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos)
de Rosalba Aparicio Córdoba, en todo caso según los tiempos de servicios prestados
por la demandante como jueza, teniendo en cuenta para tal efecto una base de
liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30%
descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo también que, en
ningún caso sumados todos los conceptos, pueda superarse el tope máximo de
remuneración establecido por el Gobierno nacional.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre
y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 19 de diciembre de 2013
hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin

6 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal, 022Contestacion
de_90724CONTESTADESAJ76.pdf.
7
Mediante auto del 6 de marzo de 2025 el magistrado sustanciador del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca dispuso que estaban dados los requisitos que permitían dictar sentencia anticipada al tener como
pruebas las aportadas al expediente, sin que sobre estas se hubiera presentado tacha o desconocimiento.

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Judicial

pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de
manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente
como una suma adicional a la asignación básica.

QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente
fórmula de actualización:
R= Rh Índice Final
Índice Inicial

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con
base en el 100% del salario básico por el tiempo reconocido en la presente
providencia, además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley
al (sic) demandante.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los
términos indicados en la parte motiva de esta providencia.

13. En sustento, se refirió al contenido de la Ley 4 de 1992 que creó una prima
especial sin carácter salarial y precisó que esta únicamente tenía esa naturaleza en
materia pensional y no para afectar las prestaciones sociales en los términos de la
Ley 332 de 1996. Adicionalmente debía tenerse como un adicional al salario básico,
lo que hacía procedente ordenar el pago de la asignación en un 100% y con esa
base liquidar las prestaciones sociales, las cuales se vieron afectadas a partir de
una indebida deducción del 30%.

14. En otras palabras, la prima especial debía pagarse como un 30% adicional
del 100% de la remuneración, con sustento en los principios constitucionales de
igualdad, equidad, progresividad, favorabilidad y no regresividad y a partir del
entendimiento que de esta ha tenido el Consejo de Estado. En línea con ello, el
Tribunal sostuvo que el trabajo y el salario gozan de protección constitucional pero
el Gobierno nacional al expedir los decretos salariales anuales contrarió los criterios
de la Ley 4 de 1992, según la cual existe una prohibición para desmejorar los
salarios y prestaciones sociales.

15. En consecuencia, la entidad incurrió en un fraccionamiento indebido del
salario al liquidar el 30% como prima especial, sin adicionarla a este, lo que en
palabras del Consejo de Estado en sentencia del 29 de abril de 2014 evidenció una
contravención a la Constitución Política y a la ley marco. Además, esta situación la
reforzó la Corporación en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 y constituye, a
juicio del Tribunal, precedente judicial obligatorio. En este orden, cualquier acto que
contraríe la adecuada interpretación debía inaplicarse por la vía de la excepción de
inconstitucionalidad y los funcionarios beneficiarios de la prima especial tienen

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Judicial

derecho a la reliquidación de sus prestaciones sociales con el 100% del salario
básico.

16. Del mismo modo, el Tribunal sustentó que debía aplicar las reglas que rigen
la prescripción trienal y dispuso que la falta de respuesta de la administración al
escrito de petición radicado por la demandante daba lugar a que surgiera el acto
ficto negativo en los términos del artículo 83 del CPACA, sin que la entidad hubiera
resuelto la solicitud.

17. En este contexto, analizó el caso concreto y puso de presente que la actora
solicitó que se declare la nulidad del acto presunto negativo y como restablecimiento
pretendió el reconocimiento y pago efectivo de la reliquidación de la prima especial
de servicios, así como de su naturaleza salarial lo que conlleva al reajuste de sus
salarios y prestaciones laborales. Por ende, el pago debía comprender todos los
conceptos derivados de las sumas dejadas de percibir y sus efectos en las
reliquidaciones, con inclusión de los aumentos anuales decretados desde la
expedición de la Ley 4 de 1992, hasta que las sumas sean debidamente pagadas.

18. Puntualmente, se tiene que de conformidad con las pruebas decretadas la
demandante laboró en la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva como jueza de
la República desde el 17 de abril de 2009 hasta el 18 de diciembre de 2009, desde
el 19 de febrero de 2010 hasta el 30 de junio de 2014, del 13 de agosto de 2014 al
3 de octubre de 2015, desde el 14 de junio de 2016 y hasta, como mínimo, el 26 de
septiembre de 2024 según el reporte SICGMA que allegó la Dirección Seccional.

19. Asimismo, se acreditó que la demandante percibió mensualmente la prima
especial, aunque no como valor adicional a la asignación básica sino como parte de
su salario. De suerte que del 100% de la remuneración un 30% se llamó de esa
forma; por tanto, aun cuando percibió el 100% del salario, no devengó la prima
especial como un ingreso adicional. Igualmente se probó que la actora radicó
reclamación administrativa el 19 de diciembre de 2016 ante la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial en la que pidió el pago de la prima especial, así como la
reliquidación de sus prestaciones sociales, aspectos frente a los cuales la entidad
demandada guardó silencio. De ahí se presume la existencia del silencio negativo.

20. Ahora bien, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tiene
carácter salarial, sino que únicamente limitado a las cotizaciones al sistema
pensional y, posteriormente, mediante la expedición del Decreto 272 de 2021, se
amplió a la base de cotizaciones en salud. Sin embargo, conforme a las reglas de
la sentencia del 2 de septiembre de 2019 la prima especial no puede tratarse como
parte del salario básico, porque de hacerse así se vulnerarían los principios de
progresividad, favorabilidad, equidad y el principio de remuneración mínima vital y
móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

21. Para el juez de primera instancia como la decisión demandada negó lo
pedido, resulta evidente que aplicó los reglamentos en punto a la prima especial,
que fueron anulados. En virtud de esta situación, tiene vocación de prosperidad la
pretensión de nulidad del acto enjuiciado por resultar contrario al artículo 53 de la
Constitución Política y la Ley 4 de 1992. No obstante, frente a la pretensión dirigida
a declarar la excepción de inconstitucionalidad esta no procede, ya que los decretos
fueron anulados por el Consejo de Estado.

22. El Tribunal consideró importante condicionar el reconocimiento a que no se
superen los porcentajes máximos del Gobierno nacional sin que, en los términos del
Consejo de Estado, esto implique una variación o modificación del régimen salarial
y prestacional de los servidores beneficiarios de la prima especial, porque en ningún
caso se podrían superar los topes. Así las cosas, para cumplir con la reliquidación
de salarios y prestaciones sociales debe verificarse que no se superen estos límites
por instrucción expresa de esta Corporación en sentencia del 2 de septiembre de
2019.

23. Debido a lo expuesto, el Tribunal condenó a la entidad demandada a
reconocer y pagar a la demandante Rosalba Aparicio Córdoba la prima especial de
servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un
incremento del 30% respecto del 100% del salario básico según los tiempos en que
ejerció como jueza de la República, sin que en ningún caso se supere el porcentaje
fijado y con efectos fiscales a partir de la fecha en la cual se declare la prescripción.

24. Igualmente, la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial debía reliquidar y pagar las prestaciones sociales y salariales teniendo en
cuenta en la base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual, con
el 30% descontado erróneamente a título de prima especial y sin que se supere,
para estos efectos, el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.
Concretamente, dispuso que la entidad debía asumir lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación de los períodos reconocidos arrojara valores en
favor de la demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto
272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial se debía pagar
como una suma adicional a la asignación básica.

25. Finalmente, en lo relativo a la prescripción sostuvo que al momento de radicar
la demanda la actora continuaba vinculada a la entidad y el derecho a percibir la
prima especial se hizo exigible el 7 de enero de 1993, con la entrada en vigor del
Decreto 57 de 1993. Por consiguiente, como la reclamación administrativa la radicó
el 19 de diciembre de 2016, los períodos anteriores al 19 de diciembre de 2013
están prescritos.

26. Por último, condenó en costas a la entidad demandada en aplicación de la
regla prevista en el artículo 365.1 del CGP con fundamento en el criterio objetivo

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Judicial

valorativo. Lo anterior, en la medida en que las pretensiones prosperaron y el asunto
es de pleno derecho. De este modo, en aplicación del Acuerdo PSAA16-10554 de
2016 del Consejo Superior de la Judicatura reconoció a título de agencias en
derecho el 0.5%, lo que arrojó un valor líquido de $331.1458.

2.4. Recurso de apelación

27. La apoderada de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial presentó recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia, con fundamento en los siguientes argumentos:

28. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali (Valle del
Cauca) le pagó a la demandante todos sus salarios y prestaciones sociales de
acuerdo con la normativa vigente y el régimen al que pertenece.

29. Por su parte, la facultad para fijar las remuneraciones de los servidores
públicos radica única y exclusivamente en el Gobierno nacional, de suerte que los
decretos anuales que se expiden en los que determina la remuneración mensual se
basan en sus propios criterios. En particular, el artículo 6 del Decreto 57 de 1993
reguló la prima sin carácter salarial y la sentencia del 2 de septiembre de 2019 se
pronunció frente al reconocimiento y pago de la reliquidación de las prestaciones
sociales de la demandante, sobre el 100% del sueldo básico mensual y de la prima
especial adicional del 30%, conforme al artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

30. Ahora bien, aunque tiene el deber de acatar lo dispuesto en la sentencia del
2 de septiembre de 2019, a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021, con
efectos fiscales desde el 1 de enero de 2021, se procedió al pago por nómina de la
prima especial del 30% como valor adicional a la asignación básica, sin embargo,
debía tenerse en cuenta la fecha de desvinculación de la señora Gloria Amparo
Cuéllar (sic). En este orden, resulta presupuestalmente inviable presentar fórmula
conciliatoria para las obligaciones anteriores a enero de 2021, porque a la fecha no
se cuenta con la apropiación presupuestal por parte de la Nación, Ministerio de
Hacienda y Crédito Público que permita cubrir el reconocimiento de dichas
acreencias laborales.

31. Así, se imposibilita, por un lado, el establecimiento de fórmulas conciliatorias;
y, por otro lado, se iría en contravía de lo dispuesto en el artículo 71 del Decreto 111
de 1996, compilatorio del artículo 86 de la Ley 38 de 1989 y en el artículo 2.8.3.2.1
del Decreto 1068 de 2015. Por tanto, resulta inviable asumir obligaciones como los
mayores valores que se generarían por concepto de la prima especial del 30%, sin
carácter salarial, sin contar con el respaldo presupuestal, conforme se deriva de la
sentencia del 2 de septiembre de 2019 y del Decreto 272.

8
Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal,
036Sentencia_100Sentencia20200084.pdf.

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Judicial

32. Al respecto, aclaró que aunque la entidad radicó oficio ante el director de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la que solicitó convocar a una
mesa interinstitucional y esta última requirió el cálculo de diferentes variables, lo
cual fue respondido, inclusive, con la coadyuvancia de la Procuraduría General de
la Nación, lo consignado en la Ley 2220 no se compadece con la política de
prevención del daño antijurídico y suscribir acuerdos conciliatorios sin contar con la
disponibilidad presupuestal es mucho más gravoso para la entidad estatal.

33. Seguidamente, planteó que la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial por expresa disposición legal lo que implica que este porcentaje no puede
considerarse para liquidar las prestaciones; normativa que, incluso, fue objeto de
revisión por la Corte Constitucional, pronunciamiento que hizo tránsito a cosa
juzgada constitucional. En el mismo sentido, la sentencia del 2 de septiembre de
2019 ratificó la ausencia de carácter salarial de la prima especial.

34. Bajo este entendido, dispuso que no se acogía a los últimos lineamientos de
la entidad por lo que seguía el curso procesal y pidió que se concediera el recurso
y se negaran las pretensiones de la demanda. Igualmente reclamó que no se
impusiera condena en costas en su contra9.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia
35. Esta corporación dictó auto el 11 de febrero de 202610 en el que admitió el
recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, ordenó notificar
personalmente al procurador delegado ante el Consejo de Estado y a las partes de
conformidad con lo previsto en el artículo 205 del CPACA, modificado por el artículo
52 de la Ley 2080 de 2021. Dispuso que cumplido lo anterior, el expediente
ingresaría al despacho para dictar sentencia salvo que las partes solicitaran pruebas
en el término de ejecutoria de la providencia.

36. En consecuencia, el expediente ingresó al despacho para fallo el 10 de marzo
de 202611, sin pronunciamiento de las partes ni del Ministerio Público.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

37. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el primer
inciso del artículo 150 del CPACA.

9 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal,
040Allegamemorial_40625APELADESAJRAD76.pdf.
10 Samai, índice 4.
11 Samai, índice 8.

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3.2. Problemas jurídicos

38. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, y al
tener en cuenta la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con
el artículo 328 del CGP, corresponde a la Sala definir si:

39. ¿La entidad demandada le pagó a la demandante todos sus salarios y
prestaciones sociales de acuerdo con la normativa vigente y el régimen al que
pertenece?

40. ¿La ausencia de apropiación presupuestal resulta un argumento suficiente
para negar el reconocimiento de las acreencias laborales anteriores al 1 de enero
de 2021?

41. ¿El Tribunal, en la sentencia de primera instancia, le otorgó carácter salarial
a la prima especial para efectos de la liquidación de las prestaciones sociales?

42. Para resolver los interrogantes planteados, a continuación, se realizan
algunas consideraciones sobre la prima especial de que trata el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y los pronunciamientos proferidos en la materia, aplicables a los
servidores de la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial. Luego, en el acápite de análisis del caso concreto, se resolverán los
problemas formulados.

3.3. Marco normativo. Reiteración jurisprudencial

43. La Ley 4 de 1992, al establecer los objetivos y criterios que debe observar el
Gobierno nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, previó en el artículo 14 la creación de una prima no inferior al
30% ni superior al 60% del sueldo básico, sin carácter salarial, para los magistrados
de tribunales superiores y contencioso-administrativos, los agentes del Ministerio
Público delegados ante la rama judicial y los jueces, incluidos los magistrados y
fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción
penal militar, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

44. El Gobierno nacional, en virtud de la competencia atribuida por la Ley 4 de
1992, expidió el Decreto 57 de 199312 por medio del cual fijó el régimen salarial y
prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia
Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y otorgó la posibilidad de acogerse
al nuevo régimen a quienes tenían esa condición antes del 28 de febrero de 1993.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, el decreto
referido estableció:

Artículo 6. [S]e considerará como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento

12 «Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la rama

judicial y de la justicia penal militar».

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(30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales
Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la
República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores
de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar.

Artículo 7. El treinta por ciento (30%) de la remuneración mensual de los siguientes
servidores públicos se considera como Prima Especial, sin carácter salarial:

1. Del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte
Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Secretario General
Magistrado Auxiliar
[…].

45. Con posterioridad, la Ley 332 de 1996 modificó la Ley 4 de 1992, en el sentido
de determinar que la prima especial para los servidores mencionados en el artículo
14 de dicha ley (i) formaría parte del ingreso base solo para la liquidación de la
pensión de jubilación, con cargo a las cotizaciones correspondientes y (ii) se
aplicaría, con las mismas limitaciones a los magistrados auxiliares y abogados
asistentes de las altas cortes, magistrados de los Consejos Seccionales de la
Judicatura, magistrados del Tribunal Nacional y magistrados del extinto Tribunal
Disciplinario y los procuradores delegados de la Procuraduría General de la Nación.

46. En los decretos anuales dictados para fijar las normas del régimen salarial y
prestacional de los servidores citados, el Gobierno nacional reiteró que la prima
especial es un emolumento sin carácter salarial equivalente al «treinta por ciento
(30%) del salario básico mensual» de los magistrados de los tribunales de todo
orden, de los jueces y de los demás servidores enunciados en las leyes 4 de 1992
y 332 de 1996. Asimismo, determinó que la prima especial reconocida a quienes
ejercen los cargos de secretario general y magistrado auxiliar de las altas cortes,
entre otros, equivale al treinta por ciento (30%) de la «remuneración mensual».

47. En el primer análisis de legalidad de los decretos anuales que fijaron las normas
sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores de la rama judicial, esta
Sección, mediante sentencia del 9 de marzo de 2006, decidió negar la nulidad
deprecada con el argumento de que «el espíritu de la Ley 4 de 1992 al cual se acogió
de manera fidedigna el Gobierno nacional en los apartes de los actos acusados,
consistió en “quitarle” a una porción de la asignación básica efectos salariales y
reflexionó que como toda asignación básica per se comporta efectos salariales decidió
denominarla prima en orden a evitar confusiones generadoras de controversias
jurídicas»13.

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 9 de marzo de

2006, rad. núm. 11001-03-25-000-2003-00057-00 (121-03).

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48. En el segundo estudio de legalidad, la Sección, mediante sentencia del 2 de
abril de 2009, presentó una «rectificación jurisprudencial» en el sentido de precisar
que «el control jerárquico» entre los decretos expedidos anualmente por el Gobierno
nacional para fijar las normas del régimen salariales y prestacional de los servidores
de la rama judicial, de la justicia penal militar y de la procuraduría, «no puede de
manera alguna ser de mera literalidad o de simple confrontación formal de
normatividad, pues como la Sala ahora lo sostiene, la naturaleza misma de la ley
marco obliga a que el control de los decretos que la desarrollan deba necesariamente
ser de contenido»14.

49. Conforme con el «examen de valor» o de contenido de la norma acusada de
nulidad, la Sala concluyó que «el artículo 7 del Decreto No. 618 de 2007, al tomar
un 30% de la remuneración del funcionario para restarle su valor a título de prima
especial sin carácter salarial, materialmente condensa una situación de violación a
los contenidos y valores establecidos en la Ley 4 de 1992 y por lo tanto habrá
necesidad de excluirlo del ordenamiento jurídico». Asimismo, frente a los efectos de
la nulidad señaló que al desaparecer la prima como una fracción de la remuneración
mensual se descarga «el castigo de dicho 30% que, conforme a los términos de la
norma invalidada, restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de
tales servidores».

50. En una tercera ocasión, la Sala de conjueces, por medio de sentencia del 29
de abril de 2014, declaró la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la
prima especial como una fracción de la remuneración mensual prevista en múltiples
decretos dictados por el Gobierno nacional, al encontrar que contravinieron lo
dispuesto en el literal a) del artículo 2 de la Ley 4 de 1992, según el cual, «en ningún
caso» el Gobierno nacional puede desmejorar los salarios y prestaciones sociales
de los servidores del Estado. «Sin embargo, los decretos demandados interpretaron
erróneamente y aplicaron indebidamente la Ley 4 de 1992 al haber mermado el
salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para determinar que
son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad»15. La

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de abril de

2009, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-00098-00 (1831-07).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de abril de 2014, rad. núm. 11001-03-25-000-2007-

00087-00 (1686-07). «Declárase la nulidad, con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, de
los siguientes Artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de 1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9
del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26
de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47 de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto
35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9 del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del
Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto 64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9,
11 y 13 del Decreto 37 de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto
2734 de 2000; 9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del
Decreto 1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de 2002; 8, 10 y
12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568 de 2003; 6 del Decreto
3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de 2004; 6 del Decreto 4172 de 2004;
8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388
de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del
Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto 621 de 2007; y los arts. 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007».

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nulidad dispuesta en esa ocasión tuvo el mismo efecto señalado en la sentencia del
2 de abril de 200916.

51. Posteriormente, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, mediante sentencia del 2 de septiembre de 2019 dictada en un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, reiteró la tesis expuesta en las sentencias
que declararon la nulidad de los artículos que fijaban el porcentaje de la prima
técnica, al considerar que, «a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de
1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos»,
el Gobierno nacional ha considerado como prima «lo que en realidad constituye el
30 % del salario de los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella,
quitándoles la posibilidad de que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario
básico y/ o asignación básica»17. En este escenario, fijó las reglas de interpretación
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en el siguiente orden:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima
especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la
Nación) tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 %
de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que
había sido excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

16 «[…] es decir, no puede el intérprete de ninguna manera suponer que al desaparecer la prima especial sin

carácter salarial equivalente al 30% de la remuneración mensual de tales empleados, su asignación para la
época en que tuvo vigencia el Decreto, sea del 70% de la escala remuneratoria allí prevista, se trata
sencillamente de descargar el castigo de dicho 30%, que conforme a los términos de la norma invalidada,
restringía en ese porcentaje las consecuencias prestacionales de tales servidores».
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre

de 2019, rad. núm. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18).

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Judicial

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no
podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto
reciben los congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un
techo.

52. Por último, en sentencia del 9 de abril de 2024, la Sala de Conjueces de la
Sección Segunda de esta corporación declaró la nulidad de los artículos 6 del
Decreto 658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009; 1388 de 2010; 1039 de 2011;
0874 de 2012; 1024 de 2013; 194 de 2014; 9 del Decreto 657 de 2008; y 4 de los
decretos 722 de 2009; 1405 de 2010; 1041 de 2011; 848 de 2012; 1034 de 2013,
204 de 2014; 1105 de 2015; 234 de 2016; 1003 de 2017; y del 338 de 2018, en
tanto previeron que «la prima especial, creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como una parte del salario y no como un pago adicional equivalente al 30% del
salario». Lo anterior, al considerar que dichos decretos replicaron el contenido de
las disposiciones de los decretos salariales de los años 1993 a 2007, que fueron
anuladas en la sentencia del 29 de abril de 2014.

53. A su vez, la referida sentencia negó la nulidad de los artículos 1 y 2 de los
decretos 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; y 337 de 2018, que dispusieron
reajustes salariales, porque el demandante no planteó argumento específico alguno
para que procediera su retiro del ordenamiento jurídico.

3.4. Análisis del caso concreto

54. La entidad demandada en su recurso de apelación reparó en el derecho de
la señora Rosalba Aparicio Córdoba, al considerar que le pagó tanto los salarios
como las prestaciones de acuerdo con la normativa vigente y el régimen al que
pertenece. Al respecto, consideró que la competencia para emitir los decretos
salariales anuales radica exclusivamente en el Gobierno nacional, de suerte que
estos determinan la remuneración mensual a partir de sus propios criterios.

55. En este contexto, la Sala pone de presente que conforme a las pruebas
allegadas al proceso está demostrado que la señora Rosalba Aparicio Córdoba se
vinculó a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
desde el 1 de septiembre de 1986 y se ha desempeñado como como jueza de la
República a partir del 17 de abril de 2009, en particular, en los siguientes cargos
específicos y períodos, según da cuenta la constancia emitida por la coordinadora
del Área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Valle del Cauca, el 31 de octubre de 201818:

18 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal, 3_ED_ONEDRIVE_1_1112022.zip,
001 MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO ROSALBA APARICIO CORDOBA.pdf, páginas
59 y 60 del archivo digital.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

• Desde el 17 de abril de 2009 al 18 de diciembre de 2009, como jueza 19 civil
municipal de adjunto de Cali.
• Desde el 19 de febrero de 2010 al 30 de junio de 2014, como jueza 10 civil
municipal de Cali.
• Desde el 13 de agosto de 2014 al 31 de octubre de 2015, como jueza 1 de
pequeñas causas y competencias múltiples de Cali.
• Desde el 5 de noviembre de 2015 al 30 de noviembre de 2015, como jueza
1 de pequeñas causas y competencias múltiples de Cali.
• Desde el 14 de junio de 2016, a la fecha, como jueza 6 de pequeñas causas
y competencias múltiples de Cali.

56. Esta información coincide con el reporte emitido por la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y sus seccionales el 26 de septiembre de 202419. Asimismo,
en punto al histórico de los devengados y deducidos, las certificaciones allegadas
al proceso20 dan cuenta que durante las vigencias de 2009 a 2020 la actora devengó
como sueldo básico y prima especial de servicios los siguientes conceptos, que
permiten establecer el siguiente comparativo con la remuneración mensual
establecida en los decretos salariales anuales para el cargo de juez civil municipal:

Vigencias desde 2009 a 2014 – cargo juez civil municipal
Decreto salarial Remuneración Salario básico devengado Prima especial Total devengado
mensual del devengada
Decreto
Decreto 723 de $4.005.424 $3.081.095,00 $ 924.329,00 $4.005.424
2009
Decreto 1388 de $4.105.560 $ 3.158.123,00 $ 947.437,00 $4.105.560
2010
Decreto 1039 de $4.235.707 $ 3.258.236,00 $ 977.471,00 $4.235.707
2011
Decreto 874 de $4.447.493 $ 3.421.148,00 $ 1.026.345,00 $4.447.493
2012
Decreto 1024 de $4.600.487 $ 3.538.836,00 $ 1.061.651,00 $4.600.487
2013
Decreto 194 de $4.735.742 $ 3.642.878,00 $ 1.092.864,00 $4.735.742
2014
Decreto 1257 de $4.956.427 $ 3.812.636,00 $ 1.143.791,00 $4.956.427
2015
Decreto 245 de $5.341.541 $ 4.108.878,00 $ 1.232.664,00 $5.341.542
2016
Decreto 1013 de $5.702.095 $ 4.386.227,00 $ 1.315.869,00 $5.702.096
2017
Decreto 337 de $5.992.331 $ 4.609.486,00 $ 1.382.847,00 $5.992.333
2018
Decreto 991 de $6.261.985 $ 4.816.913,00 $ 1.445.075,00 $6.261.988
2019
Decreto 299 de $6.582.598 $ 5.063.539,00 $ 1.519.062,00 $6.582.598
2020

19 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal,
027AllegandoPrueb_PruebasRosalbaAparic.pdf, página 1 del archivo digital.
20
Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal,
027AllegandoPrueb_PruebasRosalbaAparic.pdf, páginas 2 a 63.

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Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

57. Esta situación difiere respecto de las vigencias de 2021 en adelante, porque
para este año21 se evidencia lo siguiente:

Vigencias 2021 – cargo juez civil municipal
Decreto salarial Remuneración Salario básico devengado Prima especial Total devengado
mensual del devengada
Decreto
Decreto 982 de $6.754.407 $6.754.407 $2,026,322.00 $8.780.829
2021

58. De esta forma, se advierte que no le asiste razón a la apelante porque
durante los años que van de 2009 a 2020 existió un fraccionamiento indebido de la
remuneración mensual de la demandante que, aunque se pagó en su totalidad como
lo advirtió el Tribunal, se dividió en salario básico y en prima especial. Por tanto, el
hecho de que se hubiera dado cumplimiento a la normativa vigente, esto es, a los
decretos salariales anuales expedidos para quienes se vincularon a la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial con posterioridad a la
vigencia del Decreto 57 de 1993, no desvirtúa el derecho de la demandante, porque
en últimas se incurrió en una aplicación indebida como ha dado cuenta el Consejo
de Estado en su jurisprudencia.

59. Bajo este entendido, tampoco hay lugar a considerar que la competencia para
modificar el régimen salarial y prestacional reside en el Gobierno nacional y que por
este motivo se sigue la suerte de lo consignado en los decretos que previeron las
remuneraciones, porque lo que se le reprocha a la entidad es la indebida aplicación
que incidió negativamente en los derechos de los que es titular la demandante. Por
consiguiente, la alusión a estos supuestos, así como al contenido del artículo 6 del
Decreto 57 de 1993, y a la sentencia del 2 de septiembre de 2019, no desacredita
el análisis y lo ordenado por el Tribunal en punto a que se liquide la prima especial
de servicios como un incremento del 30% y las prestaciones sociales con el 100%
de la remuneración básica mensual.

60. Ahora bien, la entidad demandada también reprochó que resultaba
presupuestalmente inviable presentar fórmula conciliatoria para las obligaciones
anteriores al 1 de enero de 2021 porque no se contaba con la apropiación
presupuestal por parte de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público que
permitiera cubrir las acreencias laborales. Sin embargo, lo cierto es que este
aspecto alude a una supuesta conciliación, que desborda el objeto del recurso de
apelación.

61. Con todo, si se asumiera que la apropiación presupuestal en realidad
constituye un cargo frente a la sentencia de primera instancia, con el ánimo de

21
Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal,
027AllegandoPrueb_PruebasRosalbaAparic.pdf, páginas 64.

19

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

cuestionar el reconocimiento de las acreencias laborales ordenadas, la Sala reitera
que «la situación económica del empleador sea este público o privado, [así como]
los argumentos económicos, presupuestales o financieros, no justifican el
incumplimiento del deber legal y constitucional de pagar oportunamente los salarios
de los trabajadores»22. Tampoco habilitan que se omita el deber de adoptar las
medidas preventivas necesarias para evitar el cese en los pagos salariales, en la
medida en que este tipo de conductas desconocen los derechos fundamentales de
los trabajadores y sus familias23.

62. En este orden de ideas, las limitaciones presupuestales no constituyen una
causal válida para que la entidad justifique que no puede asumir el restablecimiento
del derecho. Por lo tanto, si la entidad accionada considera que no tiene el
presupuesto suficiente para asumir el pago de sus acreencias laborales, debe
adelantar las gestiones pertinentes para recaudar los recursos necesarios para
cumplir las obligaciones que le fueron impuestas en la ley, sin que esto resulte un
argumento suficiente para que se niegue el reconocimiento de lo reclamado.

63. Finalmente, la entidad demandada planteó que la prima especial de servicios
no tiene carácter salarial por expresa disposición legal lo que implica que este
porcentaje no puede considerarse para liquidar las prestaciones; normativa que,
incluso, fue objeto de revisión por la Corte Constitucional, pronunciamiento que hizo
tránsito a cosa juzgada constitucional. En el mismo sentido, la sentencia del 2 de
septiembre de 2019 ratificó la ausencia de carácter salarial de la prima especial.
64. Sin embargo, de una revisión de la sentencia proferida en primera instancia
por el Tribunal se advierte que no le otorgó carácter salarial a la prima especial de
servicios, porque reconoció que esto solo se condicionó a los aportes realizados al
Sistema de Seguridad Social en Pensiones. No obstante, accedió a la reliquidación
pretendida, pero con fundamento en que la entidad incurrió en un fraccionamiento
indebido del salario al liquidar el 30% de este como prima especial, sin adicionarla,
lo que implicó una contravención a la Constitución Política y a la ley marco.

65. En virtud de lo expuesto, se tiene que la sentencia apelada en modo alguno
extendió el reconocimiento a que la prima especial del 30% tuviera carácter salarial,
porque no ordenó que la reliquidación de las prestaciones sociales se hiciera con el
130%, es decir, con inclusión de esta como adicional, sino que lo que dispuso estuvo
condicionado al pago del reajuste salarial y prestacional correspondiente con el
100% de la asignación básica devengada. Cuestión distinta es el pago de la prima
especial de servicios en el citado 30%, que sí es adicional frente al 100% de la
asignación básica, en los términos que lo reconoció la decisión apelada y lo definió
la sentencia del 2 de septiembre de 2019.

22
Ver, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional: SU-995 de 1999, T-015 de
1995, T-146 de 1996, T-220 de 1998.
23 Corte Constitucional, sentencias T-399 de 1998 y SU-484 de 2008.

20

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Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
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Judicial

66. Sin embargo, la confusión puede venir derivada de la forma en que se profirió
la orden, ya que consignó lo relativo a la liquidación con el 100% de la remuneración
básica mensual, con la inclusión del 30% descontado erróneamente a título de prima
especial, cuando esta debió limitarse a ordenar el pago con el 100% aludido; esto
es, sin efectuar algún descuento indebido, con el fin de no abrir paso a
ambigüedades.

67. En este escenario, la Sala debe precisar que no resulta procedente la
reliquidación o reajuste salarial del 30% y, a su vez, el reconocimiento de la prima
especial de servicios del 30% como un adicional de la remuneración, porque esto
implicaría un reconocimiento doble. Lo anterior, porque a la actora sí se pago toda
la remuneración mensual prevista en los decretos salariales, pero al 30% de esta
se le dio la denominación de prima especial. En este orden, se modificará el ordinal
cuarto de la sentencia apelada en este sentido y para ordenar que la reliquidación
de las prestaciones se haga con el 100% del salario24.

68. Por último, en lo relativo a la prescripción se tiene que la señora Rosalba
Aparicio Córdoba radicó solicitud administrativa el 19 de diciembre de 2016 25 en la
que pidió la reliquidación de sus salarios y el pago de la prima especial de servicios
del artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en un 30% como adicional a la remuneración
mensual, la reliquidación de las prestaciones sociales con la adición del 30% de
prima especial, la inclusión en esta última reliquidación del 30% de prima especial
adicional al ingreso mensual bajo el entendido de que esta tiene carácter salarial, y
que las sumas del saldo insoluto derivado de las diferencias salariales y
prestacionales se actualicen conforme al IPC26.

69. No obstante, esta solo radicó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho el 3 de julio de 2020, luego de superados los 3 años siguientes a la
interposición de la petición en sede administrativa. Por tanto, de ahí se desprendería
que la prescripción operó respecto de las sumas anteriores al 3 de julio de 2017, en
tanto la interrupción realmente se produjo con la interposición de la demanda.

24 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en auto del 15 de agosto de 2024, fijó el litigo en los siguientes

términos: «El litigio se centra en determinar si la demandante tiene derecho a la reliquidación de su salario
básico mensual, las prestaciones sociales y otros emolumentos que legalmente le correspondan sobre el 100%
de su salario mensual, incorporando el 30% que se le descontó bajo el concepto de prima especial de servicios.
Además, del reconocimiento de la prima especial como un complemento o adicional al salario básico por los
periodos en los que se desempeñó como juez».
25 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal, 3_ED_ONEDRIVE_1_1112022.zip,
001 MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO ROSALBA APARICIO CORDOBA.pdf, página
38 del archivo digital.
26 Samai, gestión en otros despachos, visualizar expediente,
76001233300020200084000_T134199444180114134, cuaderno principal, 3_ED_ONEDRIVE_1_1112022.zip,
001 MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO ROSALBA APARICIO CORDOBA.pdf, páginas
38 a 48 del archivo digital.

21

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
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70. La Sala no pasa por alto que entre el 16 de marzo de 2020 27 y el 1 de julio
siguiente28 los términos de prescripción estuvieron suspendidos con ocasión de la
Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada del Coronavis COVID-19. Sin
embargo, esto ocurrió cuando ya se habían superado los 3 años contados desde la
fecha de presentación de la reclamación administrativa para ejercer el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho. Por ende, la aludida suspensión
no tiene incidencia en el cómputo de la prescripción en el presente asunto.

71. En consecuencia, sin que esto transgreda el principio de non reformatio in
pejus, los reconocimientos ordenados en primera instancia deben tener como
extremo inicial el 3 de julio de 2017. En tal efecto, se modificará el ordinal cuarto de
la sentencia para realizar la referida precisión.

72. En igual sentido, de una revisión del contenido de las peticiones en sede
administrativa se desprende que se pidió la reliquidación de las prestaciones
sociales con la adición del 30% de prima especial que tiene carácter salarial. Sin
embargo, la nulidad del acto administrativo ficto que se ordenó en primera instancia
debe entenderse en el sentido del derecho que le asiste a la demandante, frente al
pago de la prima especial de servicios en un 30% adicional y la reliquidación de las
prestaciones sociales con el 100% de la remuneración, supuestos que se derivan
del indebido fraccionamiento que generó una interpretación equívoca de la
normativa, más no del hecho de que la prima especial del artículo 14 de la Ley 4 de
1992 tenga carácter salarial en materia prestacional.

73. Por último, la Sala no puede perder de vista que, de conformidad con los
cargos de la apelación y el sustento normativo tanto de esta providencia como de la
sentencia de primera instancia, la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992 constituye un factor que debe tenerse en cuenta para liquidar la pensión,
ya que los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones son

27 El Decreto 564 de 2020, «por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios

del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica», dispone, en su
artículo 1 lo siguiente: «ARTÍCULO 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los términos de
prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones,
medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, sean de días,
meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior
de la Judicatura disponga la reanudación de los términos judiciales. El conteo de los términos de prescripción y
caducidad se reanudará a partir del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, cuando al decretarse la suspensión
de términos por dicha Corporación, el plazo que restaba para interrumpir la prescripción o hacer inoperante la
caducidad era inferior a treinta (30) días, el interesado tendrá un mes contado a partir del día siguiente al
levantamiento de la suspensión, para realizar oportunamente la actuación correspondiente.».
28 Mediante el Acuerdo PCSJA20-11567 DE 2020 del 5 de junio de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura

determinó, en el artículo 1, que: «Artículo 1. Levantamiento de la suspensión de términos judiciales. La
suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se levantará a partir del 1 de julio de 2020
de conformidad con las reglas establecidas en el presente Acuerdo».

22

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irrenunciables29 e imprescriptibles30. Esta circunstancia supone el deber en cabeza
de los jueces de instancia, de ordenar su reconocimiento, en consonancia con el
restablecimiento del derecho al que haya lugar en un determinado caso, para
efectos de evitar que se vulnerara el derecho fundamental a la seguridad social, y
las garantías constitucionales que lo protegen.

74. Por lo anterior, se advierte que, de una verificación de la sentencia de primera
instancia, aunque esta ordenó que la entidad demandada realizara los aportes al
sistema de seguridad social con base en el 100% del salario básico por el tiempo
reconocido en la presente providencia y que, además, quedaba facultaba para
realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante, esto no resulta
coherente en punto a la imprescriptibilidad de los citados aportes, que debieron
ordenarse de manera expresa por la totalidad del tiempo en el cual la demandante
se desempeñó como jueza de la República y con las órdenes dictadas frente al
carácter salarial de la prima especial, solo en ese aspecto.

75. De suerte que las cotizaciones al sistema debieron ordenarse con el 130%,
es decir, con el ingreso base de liquidación del 100%, más el 30% correspondiente
a la prima especial de servicios que sí tiene carácter salarial para estos particulares
efectos.

76. Por consiguiente, se adicionará el ordinal quinto de la sentencia apelada para
ordenar que los aportes a pensión se efectúen con el citado 130% y sin prescripción.
Igualmente, se adicionará la decisión para disponer que los reconocimientos
ordenados en esta providencia serán procedentes siempre y cuando las sumas a
pagar por concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no se hayan cancelado
por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta hacer la verificación
correspondiente.

77. Finalmente, la Sala revocará la condena en costas impuesta en primera
instancia en contra de la entidad demandada, porque esta no se sustentó en la mala
fe o temeridad.

3.5. Conclusión

78. En el presente asunto, la entidad demandada no le pagó a la demandante

29 Constitución Política, artículo 48. «En armonía con lo anterior, el artículo 53 constitucional, al señalar los

principios mínimos fundamentales del estatuto del trabajo, prevé la «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales».
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de

2016, rad. núm. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a Sala aclara que la
prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica
del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se
pueden solicitar en cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos
temporales».

23

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todos sus salarios y prestaciones sociales de acuerdo con la normativa vigente y el
régimen al que pertenece. De ahí que está demostrado el fraccionamiento indebido
de su remuneración con impacto en materia prestacional y la ausencia de pago de
la prima especial de servicios como un 30% adicional.

79. Seguidamente, la falta de apropiación presupuestal, además de que se
planteó en un eventual escenario de conciliación que no corresponde con el objeto
de la apelación, no resulta argumento suficiente para negar el reconocimiento de
las acreencias laborales anteriores al 1 de enero de 2021, a las cuales tendría
derecho la actora.

80. En línea con ello, el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, no le
otorgó carácter salarial a la prima especial de servicios para liquidar las prestaciones
sociales de la demandante. En cambio, lo limitó a la pensión de jubilación y accedió
a la reliquidación reclamada, pero con fundamento en que existió un
fraccionamiento indebido de la remuneración mensual percibida por la demandante.
Bajo este entendido, la sentencia impugnada no extendió el beneficio del carácter
salarial de la prima especial de servicios a la reliquidación de las prestaciones
sociales.

81. Por último, si bien en el caso concreto operó la prescripción, esta tiene lugar
respecto de las sumas anteriores al 3 de julio de 2017, porque la demandante radicó
reclamación administrativa el 19 de diciembre de 2016 y solo presentó demanda el
3 de julio de 2020.

82. En estos términos, y del análisis efectuado en la parte motiva, la Sala
encuentra procedente modificar la orden contenida en el ordinal cuarto de la parte
resolutiva de la sentencia apelada con el fin de precisar que no habrá lugar a la
reliquidación y pago de las prestaciones salariales sino solo de las prestaciones
sociales con la precisión de que esta se realizará con el 100% que legalmente
correspondía, a partir del 3 de julio de 2017.

83. Igualmente, debe adicionar el ordinal quinto de la providencia para disponer
que los pagos a seguridad social deben hacerse con el 100% del salario más el 30%
adicional de prima especial, que sí tiene carácter salarial para esos efectos, y sin
prescripción, desde cuando la demandante estuvo vinculada en el cargo que le
otorga el derecho como jueza de la República, a partir del 17 de abril de 2009 y
hasta que permanezca en él.

84. La citada decisión también se adicionará para ordenar que los
reconocimientos ordenados en esta providencia serán procedentes siempre y
cuando las sumas a pagar por concepto de las reliquidaciones aquí ordenadas no
se hayan cancelado por la entidad previamente. Por lo que corresponde a esta
hacer la verificación correspondiente.

24

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
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85. Finalmente, la decisión se revocará en punto a la condena en costas.

86. Por estas razones, la Subsección modificará el ordinal cuarto de la sentencia
apelada, adicionará el ordinal quinto, revocará el ordinal séptimo, adicionará la
decisión para disponer que los reconocimientos ordenados serán procedentes
siempre y cuando las sumas a pagar no se hayan cancelado previamente y, en lo
demás, confirmará el fallo apelado.

3.6. Costas
87. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 31 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, que consiste en que para
decretar la condena en costas se debe verificar que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla

Primero. Modificar el ordinal cuarto de la sentencia apelada, el cual quedará así:
Cuarto: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación,
Rama Judicial a reconocer y pagar en favor de la demandante Rosalba
Aparicio Córdoba identificada con la cédula de ciudadanía núm.
31.977.454 desde el 3 de julio de 2017, en todo caso, según los tiempos
de servicio prestados por la parte demandante como jueza, la prima
especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario
básico, sin que en ningún caso sumados todos los conceptos que

31 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio

objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso-administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó
que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

25

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
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Judicial

integran su remuneración, pueda superarse el tope máximo establecido
por el Gobierno nacional, orden que deberá ser estrictamente acatada
por la entidad demandada.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones
sociales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías,
prima de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás
emolumentos percibidos) de Rosalba Aparicio Córdoba, en todo caso
según los tiempos de servicios prestados por la demandante como jueza,
desde el 3 de julio de 2017, teniendo en cuenta para tal efecto una base
de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, atendiendo
también que, en ningún caso sumados todos los conceptos, pueda
superarse el tope máximo de remuneración establecido por el Gobierno
nacional.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta
sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre
el 3 de julio de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en
favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de la
expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa
que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como
una suma adicional a la asignación básica.

Segundo. Adicionar el ordinal quinto de la sentencia apelada. En consecuencia,
este quedará así:

Quinto: Ordenar a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia
en los términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011,
aplicando la siguiente fórmula de actualización:

R= Rh Índice Final
Índice Inicial

La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones con base en el 100% del salario básico y el 30%
adicional de prima especial, por el período en que la demandante
desempeñó el cargo de jueza de la República que le otorga el derecho,
y sin prescripción. De manera que los reconocimientos se harán por el
período comprendido del 17 de abril de 2009 al 31 de diciembre de 2020,
de conformidad con el tiempo reconocido en la presente providencia,
además queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley
a la demandante.

Tercero. Revocar el ordinal séptimo de la sentencia apelada, que condenó en

26

Radicación: 76001-23-33-000-2020-00840-02 (0256-2026)
Demandante: Rosalba Aparicio Córdoba
Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial

costas a la parte demandada, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

Cuarto. Adicionar la providencia apelada en el sentido de ordenar que lo aquí
dispuesto será procedente siempre y cuando las sumas a pagar por concepto de
las reliquidaciones ordenadas no se hayan cancelado por la entidad previamente.
Por lo que corresponde a esta hacer la verificación correspondiente.

Quinto. Confirmar, en lo demás, la sentencia apelada, de acuerdo con los motivos
expuestos en la parte considerativa de esta providencia.

Sexto. Sin condena en costas en ambas instancias.
Séptimo. Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial, Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Notifíquese y cúmplase,

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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