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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00935-01

Fecha
20 de marzo de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-00935-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en las consideraciones. SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de este proveído. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-00935-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de marzo de 2025

Radicado: 76001-23-33-000-2020-00935-01 (1787-2024)
Demandante: Ana Milena Araujo Narváez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2020-00935-01 (1787-2024)
Demandante: Ana Milena Araujo Narváez
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento del Valle
del Cauca

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Prescripción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante contra la sentencia del 15 de diciembre de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada
la excepción de prescripción y, en consecuencia, negó las pretensiones de la
demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Ana Milena Araujo Narváez por intermedio de apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó
que se declare la nulidad del acto ficto configurado el día 28 de diciembre de
2019, producto de la no contestación a la petición del 27 de septiembre de ese
mismo año, por medio del cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 1071 de 2006, correspondiente a un (1) día de salario por
cada día de retardo, contados desde los 70 días hábiles después de haber
radicado la solicitud ante la entidad territorial y hasta cuando se hizo efectivo el
pago de las cesantías, ii) el reconocimiento y pago de los ajustes a que haya

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Demandante: Ana Milena Araujo Narváez

lugar con motivo de la disminución del poder adquisitivo del dinero, iii) se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y iv)
se condene en costas a la entidad demandada.

Hechos

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. El artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación con
independencia patrimonial, sin personería jurídica. En la misma norma se le
asignó la competencia al fondo para el pago de las cesantías a los docentes
vinculados en los establecimientos educativos del sector oficial.

6. El 20 de octubre de 2015 la actora presentó reclamación administrativa ante la
Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, solicitando el reconocimiento y pago de las cesantías a las que
tenía derecho. Prestación que fue reconocida por medio de la Resolución 00591
del 8 de marzo de 2016, modificada por la Resolución 00363 del 9 de febrero
de 2018 y fue cancelada por intermedio de entidad bancaria el 15 de mayo de
2019, por lo que transcurrieron 1181 días de mora. Por eso y según la normativa
aplicable, debe reconocerse la sanción moratoria por el pago tardío de sus
cesantías parciales.

7. Mediante solicitud del 27 de septiembre de 2019 reclamó la sanción moratoria;
sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno por parte de la entidad
demandada, configurándose el acto administrativo ficto demandado.

Fundamentos de derecho y concepto de violación

8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5, 9 y 15 de la
Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la Ley 244 de 1995; 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006 y el
Decreto 2831 de 2005.

9. Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso
que el pago de las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio es una situación jurídica susceptible de
ser reconocida en sede judicial, por cuanto las entidades obligadas a responder
por dicha prestación incumplen las disposiciones que regulan la materia, caso
contrario de los demás servidores del Estado, que al momento de solicitar la
prestación, se les cancela a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su
reclamación.

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10. A pesar de que la jurisprudencia estableció diferentes hipótesis para el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio ha venido cancelando el auxilio de
cesantías por fuera de los términos fijados en la ley, circunstancia que genera
una sanción por su negligencia.

11. No existe duda del derecho que le asiste a la demandante, pues ha sido tan
reiterativa la jurisprudencia sobre la fórmula de calcular el tiempo en que debía
haberse otorgado respuesta a las peticiones, que en el presente asunto deben
prosperar las pretensiones de la demanda.

Contestación de la demanda

12. La Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio 1 se pronunció sobre los hechos de la demanda y se
opuso a todas las pretensiones por carecer de sustento fáctico y legal.

13. Manifestó que la entidad territorial se extralimitó en expedir el acto
administrativo de reconocimiento de cesantías, a sabiendas que la normatividad
otorgó el término de 15 días para su conducta. Por ende, está llamada a
responder por el posible pago de la sanción moratoria.

14. Ahora, en caso de imponerse una condena por concepto de sanción moratoria,
solicitó que esta sea con cargo a los títulos de tesorería emitidos por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y no con cargo a los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

15. Finalmente, propuso las excepciones de «no comprender la demanda a todos
los litisconsortes necesarios», «legalidad de los actos administrativos atacados
de nulidad», «improcedencia de la indexación de las condenas», «caducidad»,
«prescripción», «cobro de lo debido», «compensación – deducción de pagos»,
«falta de legitimación en la causa por pasiva» y «genérica».

16. Conforme la constancia secretarial del expediente 2, el departamento del Valle
del Cauca contestó extemporáneamente la demanda.

Sentencia de primera instancia

17. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2023 3 declaró probada la excepción de prescripción extintiva y, en
consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

1 CARPETA 7 del expediente digital.
2 PDF 10 del expediente digital.
3 Folios 114 a 119 del expediente físico.

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18. Para el efecto, encontró acreditado que la señora Ana Milena Araujo Narváez
el 20 de octubre de 2015 solicitó el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías parciales. No obstante, el acto administrativo que las reconoció fue
emitido el 5 de marzo de 20164 y el pago según certificación expedida por la
entidad bancaria, fue puesto a disposición el 15 de mayo de 2019, lo que
significa que se hizo de manera extemporánea.

19. Conforme lo anterior, la entidad demandada 5 incurrió en mora por el período
comprendido entre el 4 de febrero de 2016 y el 14 de mayo de 2019, para un
total de 1173 días. Sin embargo, al presentarse la reclamación administrativa
de sanción moratoria el 27 de septiembre de 2019, es claro que operó el
fenómeno de la prescripción.

Recurso de apelación 6

20. La apoderada de la parte demandante interpuso recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, el cual sustentó así:

21. Si bien en cierto que en el presente caso se puede «precisar»7el fenómeno de
la prescripción del derecho, se deja de lado que el día 23 de octubre de 2018 la
señora Araujo Narváez solicitó el pago de las cesantías reconocidas en la
Resolución 591 del 17 de marzo de 2016, la cual se modificó mediante la
Resolución 00363 del 9 de febrero de 2018, por inconsistencia en el número de
cédula del «vendedor» donde se corrige el error presentado en el primer acto
administrativo.

22. Para acreditar su argumento, aportó la petición del 23 de octubre de 2018.

23. Por tal motivo, la reclamación antes mencionada se radicó antes del término
prescriptivo que fue el 4 de febrero de 2019.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

24. Mediante auto del 6 de mayo de 20248 se admitió el recurso de apelación.
Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

4 Así se indicó en la sentencia de primera instancia.
5 Entiéndase FNPSM.
6. PDF 38 del expediente digital

7 Palabras utilizadas por la apelante en su recurso.
8 Actuación visible en el índice 04 de la plataforma SAMAI.

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25. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que
se procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia

26. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9.

27. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a
lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las
partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del
respectivo recurso.

Problema jurídico

28. Le corresponde a la Subsección determinar si la sentencia de primera instancia
que declaró probada la excepción de prescripción, se encuentra ajustada a
derecho o si por el contrario, esta no operó y, en consecuencia, hay lugar a
revocar la providencia recurrida.

29. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos planteados, la Sala abordará
los siguientes temas: i) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción
moratoria, ii) Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre
de 2023, iii) Oportunidades probatorias, iv) Hechos probados y v) Caso
concreto.

Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

30. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 200610,
establece en su artículo primero, lo siguiente:

«Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo
texto es el siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el

9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o

parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación.”

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reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.» (subraya fuera
del texto)

31. De igual manera, el artículo 2° de la citada ley, dispone que la entidad pagadora
tendrá un plazo máximo para cancelar dicha prestación, veamos:

«Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional
de Ahorro.»( Subraya fuera del texto)

32. Norma que también dispone una sanción cuando se incumplen los términos
para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se evidencia
en el parágrafo del artículo en comento:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este». (subraya fuera del texto)

33. Esta Sección, en sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, sentó
jurisprudencia frente a la fecha de causación de la sanción moratoria. Se
consideró en esa oportunidad que:

«95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la
solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera
tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la
radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días
hábiles para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L.
1071/20065), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437
de 20116) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 517],y 45 días hábiles a partir del día en
que quedó en firme la resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días
hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006». (Negrilla fuera de texto)

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34. Las reglas jurisprudenciales fijadas en la misma sentencia de unificación, en
cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria en comento se sintetizan así:

«115. Todo lo explicado, respecto de las normas previstas en el CPACA se puede evidenciar
en el siguiente cuadro:

TÉRMINO PAGO
HIPOTESIS NOTIFICACION CORRE EJECUTORIA CESANTÍA CORRE MORATORIA
10 días, después de 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
PETICIÓN SIN
No aplica cumplidos 15 para expedir el ejecutoria petición
RESPUESTA
acto
Aplica pero no se tiene
ACTO ESCRITO 10 días, después de
en cuenta para el 45 días posteriores a la 70 días posteriores a la
EXTEMPORANEO cumplidos 15 para expedir el
cómputo del término de ejecutoria petición
(después de 15 días) acto
pago

ACTO ESCRITO EN 10 días, posteriores a la 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
Personal ejecutoria notificación
TIEMPO notificación
10 días, posteriores a 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Electrónica certificación de acceso al ejecutoria notificación
TIEMPO
acto
10 días, posteriores al 45 días posteriores a la 55 días posteriores a la
ACTO ESCRITO EN
Aviso siguiente de entrega del ejecutoria entrega del aviso
TIEMPO
aviso
ACTO ESCRITO EN Sin notificar o notificado 10 días, posteriores al intento 45 días posteriores a la 67 días posteriores a la
TIEMPO fuera de término de notificación personal 9 expedición del acto
ejecutoria
45 días después de la 45 días desde la
ACTO ESCRITO Renunció Renunció renuncia renuncia
Adquirida, después de 45 días, a partir del 46 días desde la
ACTO ESCRITO Interpuso recurso notificado el acto que lo siguiente a la ejecutoria notificación del acto que
resuelve resuelve recurso
ACTO ESCRITO, 61 días desde la
RECURSO SIN Interpuso recurso Adquirida, después de 15 días 45 días, a partir del interposición del
RESOLVER de interpuesto el recurso siguiente a la ejecutoria recurso
Fuente: Sentencia de 18 de julio de 2018

Sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.
Prescripción de la sanción moratoria por no pago de cesantías.

35. En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago
o pago tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes
reglas:

«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las
cesantías definitivas consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan
las siguientes reglas:

(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el incumplimiento
en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo 151 del CPTSS,
se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible, esto es, al
vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el reclamo

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de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su
exigibilidad, se configura la prescripción total.
(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del pago
tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez con
la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser
entendido como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples
solicitudes, sin que opere la prescripción.
(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido el
derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.

SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general
que las reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables
retrospectivamente a todos los asuntos que se encuentren en trámite en sede
administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas retroactivamente a aquellos
casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada.» (negrilla fuera del texto)

36. En la misma sentencia de unificación, se precisaron las razones para aplicar el
término prescriptivo consagrado en el artículo 151 del Código de Procedimiento
Laboral a la sanción moratoria derivada del reconocimiento y pago tardío de las
cesantías a los servidores públicos. En los siguientes términos:

«3.4.4. Aspectos generales alrededor de la prescripción extintiva de la sanción
moratoria

De manera previa y para el correcto entendimiento del tema conviene precisar que en
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la aplicación del mencionado artículo
151 del CPTSS requiere que se realicen ciertas distinciones que son propias de los
litigios que se adelantan en esta especialidad, dado que la administración manifiesta
su voluntad mediante actos administrativos, expresos o presuntos, y además por la
naturaleza de las nociones de exigibilidad de los derechos, prescripción y la
caducidad.

Como primera medida debe recordarse que la exigibilidad está relacionada con el
“derecho de acción” que tiene el beneficiario para acudir a la vía judicial y
administrativa y reclamar el pago de la sanción moratoria, so pena que, de no hacerlo
en el tiempo previsto por las normas procesales para tal efecto, puede correr el riesgo
de perderlo de manera definitiva. Por su parte, la caducidad es un fenómeno cuya
ocurrencia depende del cumplimiento del término perentorio establecido para ejercer
las acciones ante la jurisdicción derivadas de los actos, hechos, omisiones u
operaciones de la administración, sin que se haya ejercido el derecho de acción por
parte del interesado. De lo anterior se concluye que la caducidad ocurre por la
inactividad de quien tiene el deber de demandar en el tiempo permitido para hacerlo,
para no perder el derecho de ejercer la acción, lo cual no genera un pronunciamiento
de fondo por parte de las autoridades judiciales1.

Finalmente, la prescripción extintiva, que se analiza en este asunto, es un modo de
extinguir derechos u obligaciones, como resultado de su no reclamación, alegación o
defensa durante el tiempo determinado por la ley, por cualquier razón subjetiva que
motive la inacción de su titular, dejando salvas las suspensiones determinadas por la
ley en favor de ciertas personas2. Esta figura surge de la necesidad de establecer un
límite temporal para el ejercicio de los derechos, con el fin de proporcionar un nivel
mínimo de certeza y seguridad jurídica a las relaciones interpersonales y se relaciona

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con el deber que tiene cada persona de reclamar en tiempo sus derechos, bajo el
riesgo de perder la oportunidad de ejercerlos.

En el ámbito contencioso administrativo, este instituto protege el interés general, el
patrimonio público, la seguridad jurídica y la certeza del derecho, al impedir el
reconocimiento de derechos que fueron reclamados tardíamente por parte de sus
titulares, como consecuencia de su propia incuria. Por ello, dentro del abanico de
obligaciones que tiene el juez, como director del proceso, está la de analizar de manera
oficiosa si en el asunto sometido a su conocimiento ha operado o no este fenómeno
extintivo, sin perjuicio, claro está, de la no reformatio in pejus (art. 187 del CPACA). De
manera que la prescripción extintiva puede invocarse por vía de excepción o
declararse de oficio.

Precisado lo anterior, es pertinente traer a colación la sentencia de unificación CE-
SUJ2 004 de 2016, mediante la cual se fijó como regla jurisprudencial que las
cesantías definitivas son una prestación que está sometida al fenómeno de la
prescripción. En la referida sentencia se dispuso que cuando la mora en el pago de las
cesantías no sea producto de la negligencia del empleador sino atribuible al empleado,
la prestación estará afectada por el fenómeno prescriptivo, pues la omisión de este
último en atender los requerimientos que el empleador le formule para disponer su
pago no puede redundar en un beneficio injustificado a su favor.

En la referida sentencia, se estableció como precedente frente a la sanción moratoria
por el pago tardío o no pago de las cesantías, que está sometida al fenómeno de
prescripción trienal, pues por tratarse de una pena no puede considerarse como un
derecho imprescriptible.

En torno a las reglas que orientan la prescripción extintiva en materia de sanción
moratoria, la Sección Segunda en la sentencia de unificación CE SUJ004 del 25 de
agosto de 2016, dejó sentado el criterio según el cual la sanción moratoria por
pago tardío u omisión en la consignación de cesantías de que trata la Ley 50 de
1990, está sujeta a prescripción y el término aplicable es el regulado en el artículo
151 del CPTSS, toda vez que la prevista en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969, se refiere a los derechos de que tratan las referidas normas, entre los
cuales no figura la sanción moratoria, ya que para la época dicha penalidad aún
no había sido establecida.

El citado entendimiento fue reiterado en la sentencia CE-SUJ-SII-022 del 6 de agosto
de 2020, en la cual se unificó jurisprudencia con respecto al momento a partir del cual
se contabiliza el término de prescripción para reclamar la sanción moratoria de la Ley
50 de 1990, por la no consignación de las cesantías con régimen de liquidación
anualizado.

Lo expuesto pone de presente que el criterio reinante en la jurisprudencia de la Sección
Segunda es el de aplicar para efectos de la sanción moratoria, el término de
prescripción extintiva de tres años consagrado en el artículo 151 del CPTSS.

[…]

Atendiendo a los precedentes enunciados, la Sección Segunda considera que en el
presente caso se debe acoger la regla de interpretación según la cual el derecho al
reconocimiento de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las
cesantías definitivas prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está
supeditado a la observancia del término de prescripción consagrado en el mencionado
artículo 151 del CPTSS.»

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37. Para la Sala, en el presente asunto es aplicable el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pese a la restricción prevista en
el artículo 4 del Código Sustantivo del Trabajo11, por las siguientes razones:

38. El artículo 151 ya mencionado, al disponer un término prescriptivo de las
acciones que emanan de las leyes sociales, no solo rige las relaciones entre
particulares sino todas aquellas de carácter laboral, lo que no excluye a los
servidores públicos.

39. La anterior interpretación, fue acogida por la Corte en la sentencia C-745 de
1999. Corporación que al analizar la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley
165 de 194112, consideró que «ese razonamiento no es de recibo, como quiera
que el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral expresamente señala
el término de prescripción para “las acciones que emanen de las leyes sociales”.
Así pues, las leyes sociales no sólo son aquellas que rigen relaciones
entre particulares, sino que son las normas que regulan el tema laboral,
por lo que es una denominación referida a la relación de subordinación
entre patrono y trabajador y no a su status». (Negrilla de la Sala)

40. Esta Corporación desde la sentencia del 21 de septiembre de 1982 13, ha
sustentado la aplicación del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo, en
que la norma es de contenido sustancial y no procedimental, por lo tanto, el
término prescriptivo en ella contenida se aplica en el régimen de los empleados
públicos, conforme a los siguientes argumentos:

«No es válida la argumentación que hacen algunos en el sentido de que el artículo
151 del Código Procesal del Trabajo no es aplicable a los empleados públicos,
especialmente por lo dispuesto en el artículo 4º del Código Sustantivo del Trabajo,
pues esta norma se refiere únicamente a las disposiciones del mismo estatuto en
lo concerniente a las relaciones laborales de carácter individual; además, la
exclusión que hace comprende también a los trabajadores que se encuentren
respecto del Estado en situación de índole contractual, los cuales están totalmente
sometidos a las normas del Código Procesal del Trabajo. Por su parte, el artículo
2º de este Código se limita a señalar los asuntos de que conoce la jurisdicción del
trabajo en forma tal que excluye ciertamente los que conciernen a empleados
públicos; pero no los deja completamente al margen de las disposiciones de dicho
estatuto, pues se les aplican las que regulan la ejecución de obligaciones a cargo
del estado y a favor de ellos, de conformidad con el inciso segundo del mismo
artículo, como también del artículo 100 ibídem, que hablan genéricamente de
“obligaciones emanadas de la relación de trabajo” “originadas en ella, sin
circunscribirse a las de tipo contractual. En suma, las normas del Decreto 2159
no fueron instituidas exclusivamente para lograr la efectividad de los derechos
consagrados en el Código Sustantivo del Trabajo, expedido, además, con
posterioridad al citado estatuto procesal. Por último, ya se indicó que sin que
importe la ubicación física de la norma, la del artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo es de naturaleza sustancial y no de carácter adjetivo o procedimental»

11 ARTICULO 4o. SERVIDORES PUBLICOS. Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la
Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Es tado,
no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.
12 ARTICULO 4°. Ampliase a cuatro años el término de prescripción de las acciones que corresponden al trabajador

para el cobro de su salario y de la indemnización especial por accidente de trabajo.
13 Sentencia del 21 de septiembre de 1982. C.P. Joaquín Vanín Tello. Exp. 6156, mencionada en la providencia del

23 de julio de 2020, radicado 25000-23-42-000-2016-02953-02 (2408-2018). C.P: Gabriel Valbuena Hernández.

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Demandante: Ana Milena Araujo Narváez

41. Tratándose de la prescripción de las sanciones moratorias derivadas de la
aplicación de las Leyes 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006
comoquiera que dichas sanciones no existían para la fecha en que fueron
expedidos los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, resulta necesario acudir
para su determinación a la norma general que regula dicho aspecto, esto es el
artículo 151 ibidem.

42. Además, con criterio unificador esta Corporación en las sentencias del 25 de
agosto de 2016 14, del 6 de agosto de 2020 15 y del 2 de noviembre de 2023 16,
ha fijado la misma regla.

43. De lo anterior se concluye que, la sanción o indemnización moratoria del auxilio
de cesantías está sometida a la prescripción extintiva, por lo que la reclamación
deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a su causación y se
genera automáticamente por el incumplimiento o tardanza.

Oportunidades probatorias

44. Los primeros incisos del artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagran las oportunidades
probatorias que tienen los sujetos procesales en primera instancia, así:

«ARTÍCULO 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez
las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los
términos y oportunidades señalados en este Código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas:
la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de
reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los
incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su
derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias
anteriormente señaladas».

45. De la norma en comento se identifican con claridad 5 momentos procesales que
tienen las partes para aportar o solicitar pruebas, las cuales son las siguientes:

• La demanda y su contestación.
• La reforma de la demanda y su respuesta.
• La demanda de reconvención y su contestación.
• Las excepciones y la oposición a las mismas.
• Los incidentes y su respuesta.

14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-2014).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Rad.: 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-2016).
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de unificación SUJ-034-

CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, radicado 08001233300020120020002.

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46. Y en segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el
término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes pueden pedir
pruebas, no obstante, su decreto solo procede en los siguientes casos:

«1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros
diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia.

2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse
decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último
caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su
perfeccionamiento.

(Numeral 2, modificado por el Art. 53 de la Ley 2080 de 2021)

3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para
pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos
hechos.

4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por
fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y
4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las
decreta.

PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se
decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.»

47. Acorde con lo anterior, la sentencia debe tener en cuenta aquellas pruebas
allegadas y practicadas legalmente en las oportunidades procesales, tal como
lo establece el artículo 164 del Código General del Proceso.

Hechos probados

48. Del material probatorio allegado en legal forma al expediente, la Sala encuentra
acreditados los siguientes:

49. Mediante la Resolución 00591 del 8 de marzo de 2016 17 el secretario de
Educación departamental del Valle del Cauca, en nombre y representación del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio «reconoció a la señora ANA
MILENA ARAUJO NARVÁEZ … la suma de $9.528.030 por concepto de
liquidación de cesantías». En las consideraciones de este acto, se plasmó «que
mediante solicitud radicada bajo el número 2015-CES-058582 de fecha 20 de
octubre de 2015 la señora ANA MILENA ARAUJO NARVÁEZ … solicita el

17 Páginas 17 y 18 del PDF 01 del expediente digital.

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reconocimiento y pago de una cesantía parcial, con destino a compra de
vivienda o lote…».

50. Acto administrativo que fue corregido por medio de la Resolución 00363 del 9
de febrero de 2018 18, toda vez que se había consignado en forma errada el
número de identificación del beneficiario ANTUN ZANINOVIC LINCIR.

51. El dinero correspondiente al pago de la mentada prestación fue puesto a
disposición el 15 de mayo de 2019 19, tal como consta en el certificado emitido
por Fiduprevisora S.A.

52. El 27 de septiembre de 2019 20, la señora Ana Milena Araujo Narváez por
intermedio de apoderado, solicitó ante la Secretaría de Educación del Valle del
Cauca el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación
tardía de las cesantías; sin embargo, la entidad territorial guardó silencio
configurándose el acto ficto acusado.

Caso concreto

53. La señora Ana Milena Araujo Narváez pretende el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, por la cancelación tardía de
sus cesantías parciales, pretensión respecto de la cual el tribunal de primera
instancia declaró configurada la excepción de prescripción.

54. La demandante inconforme con la decisión adoptada por el a quo21, en la
sustentación del recurso de apelación afirmó que no operó el fenómeno
prescriptivo, dado que el 23 de octubre de 2018 presentó petición a la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca y al FNPSM, solicitando el pago de las
cesantías reconocidas. En ese sentido, la prescripción se interrumpió hasta el
23 de octubre de 2021. Para el efecto, aportó la mencionada reclamación.

55. La Sala advierte que el documento allegado por la demandante en el recurso
de apelación -petición del 23 de octubre de 2018- no hizo parte de los supuestos
de hecho de la demanda, en consecuencia, no fue objeto del debate, ni de
contradicción por parte de los demás sujetos procesales, no siendo esta la
oportunidad probatoria para su valoración. Por lo tanto, no se tendrá en cuenta
para acreditar la posible interrupción de la prescripción.

56. En consecuencia, considera la Sala que el acto administrativo demandado es
el ficto, producto de la solicitud de sanción moratoria elevada el 27 de
septiembre de 2019. Reclamación que es la que tiene la virtualidad de
18 Páginas 20 y 21 del PDF 01 del expediente digital.
19 Página 23 del PDF 01 del expediente digital.
20 Páginas 21 a 23 del PDF 01 del expediente digital.
21 El diccionario de la lengua española lo define como: Dicho de un juez o de un tribunal: De cuyo fallo se parte en

la apelación a otra instancia superior.

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interrumpir la prescripción del derecho pretendido siempre y cuando se presente
dentro del término oportuno, lo cual no ocurrió en este asunto.

57. Así las cosas, comoquiera que la solicitud de reconocimiento y pago de la
sanción moratoria se presentó 3 años después de su exigibilidad, se confirmará
la sentencia de primera instancia que declaró probada la excepción de
prescripción y negó las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en
líneas anteriores.

Condena en costas

58. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta
Sala de Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había
o no lugar a aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en
vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente verificar si el recurso de
apelación se presentó con carencia de fundamento legal.

59. Al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego de revisar los
argumentos del apelante, no se advierte esa situación. Por el contrario, se
avizora la sustentación de las razones en defensa jurídica de sus intereses, por
lo que, se repite, no se condenará en costas a la parte vencida.

60. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Confirmar la sentencia proferida el 15 de diciembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la excepción de prescripción
y negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en las
consideraciones.

SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de este proveído.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta sentencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
con aclaración de voto
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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