Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01044-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01044-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01044-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Cinco (5) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001233300020200104402 (3059-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones
Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Pensión de vejez
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del Veinte de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, que negó las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2.3
1.1.1. Pretensiones.
La Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, por
intermedio de apoderada judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
1
Sala conformada por Oscar Alonso Valero Nisimblat, Patricia Feuillet Palomares y Luz Elena Sierra Valencia.
El consejero de Estado sustanciador del proceso aclara que, en anteriores ocasiones, y conforme a la causal
contenida en el artículo 141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en segunda instancia asuntos
tramitados por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en cuya decisión haya participado el Dr. Óscar Valero
Nisimblat, con quien lo une una amistad íntima. No obstante, en virtud de los principios de celeridad y economía
procesal, en esta ocasión no efectuará dicha declaración, toda vez que la Sala de Subsección, con auto de 18 de
septiembre de 2024, declaró infundado un impedimento basado en la misma causa, dentro del expediente 76001-23-
33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
2
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 37_ED_001EXPEDIENTECC_31(.pdf).
3
La demanda fue inadmitida mediante auto del 18 de abril de 2022, Samai – tribunal de origen, índice 00005, siendo
subsanada mediante memorial del 27 de abril de 2022, Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo
6_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIONDEM(.pdf). Finalmente, se admitió mediante auto del 21 de julio
de 2022, Samai – tribunal de origen, índice 00013.
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Número Interno: 3059-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
CPACA y solicitó que se declare la nulidad de los siguientes actos
administrativos:
• Resolución GNR 317005 del Once (11) de septiembre de Dos Mil
Catorce (2014), por medio de la cual Colpensiones resuelve recurso de
reposición interpuesto en contra de la Resolución GNR 45479 del
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Catorce (2014), a través de la
cual le reconoció una pensión de vejez a la demandada con aplicación
la Ley 797 de 2003, modificando la anterior resolución y reliquidando la
pensión con fundamento en el Decreto 758 de 1990, con base en 1.727
y una tasa del reemplazo del 90%.
• Resolución VPB 37516 de Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Quince
(2015), a través de la cual Colpensiones resuelve un recurso de
apelación confirmando en todas sus partes las Resoluciones GNR
45479 del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Catorce (2014) y, GNR
317005 del Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014).
• Resolución GNR 393768 del Cuatro (4) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015), mediante la cual la demandante da cumplimiento al fallo
proferido por el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas
Laborales de Cali, con el cual fue reconocido el 14% de incremento
pensional por persona a cargo.
• Resolución GNR 42498 Siete (7) de febrero de Dos Mil Diecisiete
(2017), donde la entidad demandante reliquidó la pensión de vejez a
favor de la accionante efectiva a partir del Primero (1) de marzo de Dos
Mil Diecisiete (2017), siendo aplicado el contenido del Decreto 758 de
1990.
• Resolución SUB 75167 de Veintiuno (21) de marzo de Dos Mil
Dieciocho (2018), a través de la cual Colpensiones da alcance a la
Resolución GNR 393768 del Cuatro (4) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015) en cumplimiento al fallo judicial proferido por Juzgado Octavo
Municipal De Pequeñas Causas Laborales De Cali y, en consecuencia,
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Número Interno: 3059-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
reconoce un pago único por incrementos pensionales de la pensión de
vejez.
A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordene: i) a la
demandada devolver las sumas pagadas por concepto de mesadas,
retroactivo y aportes a salud, desde la fecha de la inclusión en nómina hasta
que se ordene la suspensión o se declare la nulidad; ii) al servicio Occidental
en Salud SOS EPS, reintegrar las sumas de dinero recibidas de los aportes a
salud descontados a la accionada, y girados a esta entidad en virtud del
reconocimiento pensional; iii) que las sumas reconocidas a su favor se paguen
indexadas; así como, se reconozcan los intereses a que haya lugar y; iv) se
condene en costas a la accionada.
1.1.2 Hechos
Colpensiones indicó que, le reconoció a la señora Nelly Stella Falla Mazuera,
una pensión de vejez mediante Resolución GNR 45479 del Diecinueve (19) de
febrero de Dos Mil Catorce (2014), con aplicación la Ley 797 de 2003, efectiva
desde el Primero (1) de marzo de Dos Mil Catorce (2014).
Inconforme con dicha decisión, la señora Falla Mazuera interpuso recurso de
reposición y en subsidio de apelación; solicitando la reliquidación y, el
reconocimiento del retroactivo pensional, siendo reliquidada mediante
Resolución GNR 317005 del Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014), con fundamento en el Decreto 758 de 1990, con tasa de reemplazo del
90%; dichas decisiones fueron confirmadas a través de la Resolución VPB
37516 del Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Quince (2015).
Posteriormente, la demandada promovió demanda ordinaria laboral, el cual
correspondió al Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Cali; quien ordenó a Colpensiones el pago del incremento pensional del 14%
por cónyuge a cargo, correspondiente al periodo entre marzo de Dos Mil
Catorce (2014) y febrero de Dos Mil Quince (2015); orden que fue efectuada
por la demandante por medio de la Resolución GNR 393768 del Cuatro (4) de
diciembre de Dos Mil Quince (2015).
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Número Interno: 3059-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
Expuso que, la accionada en el año 2017, solicitó nuevamente la reliquidación
de su pensión, la cual fue reconocida mediante Resolución GNR 42498 del
Siete (7) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), con 1.753 semanas y tasa
del 90%. Señaló que, contra esta decisión la demandada interpuso recurso de
reposición, el cual fue resuelto mediante la Resolución APSUB 1893 del Tres
(3) de junio de Dos Mil Diecisiete (2017), donde se advirtió que la afiliada se
trasladó del RAIS al RPM el Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Tres (2003),
y que, al Primero (1º) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994),
contaba solo con 735 semanas, sin cumplir los 15 años de servicios exigidos,
por lo que no conservaba el régimen de transición.
En consecuencia, concluyó que, la pensión debía analizarse conforme a la Ley
797 de 2003, resultando una mesada inferior y, determinó que la aplicación del
Decreto 758 de 1990, obedeció a una interpretación errónea, razón por la cual,
solicitó autorización para la revocatoria parcial de las Resoluciones GNR
317005 del Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014) y 42498 del
Siete (7) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017).
Adujo que, la señora Falla Mazuera, solicitó nuevamente la reliquidación de la
pensión, la cual fue negada mediante la Resolución SUB 191460 del Once (11)
de septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), al establecerse que la mesada
percibida era superior a la legalmente debida. Contra esta decisión, la
demandada interpuso recurso de reposición en subsidio apelación, siendo
confirmada a través de la Resolución DIR 17147 de Cuatro (4) de octubre de
Dos Mil Diecisiete (2017), donde se dispuso, además, solicitar a la gerencia
de determinación de derechos de Colpensiones el estudio de la procedencia
de la acción de lesividad.
De otra parte, señaló que, tras revisar el expediente pensional, advirtió que,
en el cumplimiento de la sentencia judicial se omitió el pago de la mesada 13,
la cual fue posteriormente reconocida y cancelada de forma retroactiva
mediante la Resolución SUB 75167 de Veintiuno (21) de marzo de Dos Mil
Dieciocho (2018). Asimismo, indicó que, se reconoció y pagó el incremento
pensional del 14% correspondiente a noviembre de Dos Mil Dieciocho (2018)
mediante la Resolución SUB 80234 de Primero (1) de abril de Dos Mil
Diecinueve (2019).
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
1.1.3 Normas violadas y concepto de violación.
La parte actora invocó como normas violadas las siguientes:
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Decretos 758 de 1990; 3800 de 2003 y; 3995 de 2008.
Indicó que, el reconocimiento pensional de la señora Nelly Stella Falla
Mazuera, desconoce la sentencia C-789 de 2002, al haberse aplicado
indebidamente el régimen de transición, pese a que, la demandada no acreditó
los 15 años de servicios exigidos antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993,
pues, solo contaba con 735 semanas al Primero (1º) de abril de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994).
Resaltó que, evidenció errores en el reconocimiento pensional por aplicación
indebida del régimen de transición y una incorrecta liquidación, lo que ocasionó
el pago de una mesada superior a la legalmente debida, dado que, la mesada
reconocida en la Resolución GNR 317005 de 2014, supera la determinada
posteriormente en la Resolución SUB 191460 de 2017.
En consecuencia, concluyó que, las resoluciones demandadas carecen de
sustento legal y fueron expedidas irregularmente.
1.2 Contestación de la demanda4.
La señora Nelly Stella Falla Mazuera, a través de apoderada judicial, se opuso
a las pretensiones de la demanda.
Señaló que, se limitó a reclamar legítimamente su derecho pensional, siendo
Colpensiones quien, dentro de su competencia y plazos legales, reconoció el
monto, porcentaje, retroactivo e incrementos de la pensión, sin que mediara
engaño o mala fe.
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Samai – tribunal de origen, índice 00032.
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Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
Respecto a la devolución de las sumas de dinero, expuso que, conforme al
literal c del numeral 1 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 y al artículo 83
de la Constitución Política, en las acciones de nulidad y restablecimiento del
derecho en modalidad de lesividad no procede la recuperación de
prestaciones pagadas a particulares que hayan actuado de buena fe, criterio
que ha sido reiterado por la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Finalmente, formuló las excepciones que denominó «falta de jurisdicción»;
«caducidad […]»; «cosa juzgada»; «falta de acto administrativo que conlleve la determinación
de iniciar la acción de lesividad a traves (sic) del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho»; «ignorancia de la ley no sirve de excusa»; «indebida acumulación de
pretensiones»; «ineptitud de demanda»; «no comprender la demanda a tos los litisconsortes
necesarios»; «conciliación prejudicial» e «genérica e innominada»;
1.3. Sentencia de primera instancia5.
El Tribunal Administrativo de Valle del Cauca mediante sentencia proferida el
Veinte (20) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), declaró no probadas las
excepciones de cosa juzgada y caducidad del medio de control y, negó las
pretensiones de la demanda.
Como sustento de su decisión, el Tribunal indicó que, en la demanda se afirmó
que la señora Falla Mazuera, habría perdido los beneficios del régimen de
transición, debido a que, el Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Tres (2003),
se trasladó del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de
Prima Media con Prestación Definida, administrado por el entonces Instituto
de Seguros Sociales, sin haber acreditado 15 años de servicios al Primero (1)
de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), fecha de entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993. No obstante, resaltó que, dentro del proceso
no se aportó prueba alguna que demostrara de manera efectiva la realización
de dicho traslado.
Asimismo, precisó que, la entidad demandante no precisó la fecha de afiliación
al RAIS ni el fondo de pensiones al cual presuntamente pertenecía la afiliada
antes del supuesto traslado al RPMD, por lo que, no puede tenerse por
5
Samai – tribunal de origen, índice 00073.
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Demandante: Colpensiones
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acreditada, máxime, cuando la pensionada, en su contestación, no aceptó tal
hecho.
En consecuencia, concluyó que, aunque de la historia laboral se evidencia
que, la señora Falla Mazuera, contaba con 735 semanas cotizadas al Primero
(1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), es decir, menos de
15 años de servicios, no se acreditó su afiliación previa al RAIS ni el posterior
traslado al RPMD, carga probatoria que correspondía a la entidad demandante
conforme a lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso,
según el cual incumbe a las partes demostrar los supuestos de hecho de las
normas en que fundan sus pretensiones; por tanto, negó las pretensiones de
la demanda.
1.4. Recurso de apelación
1.4.1 La parte demandante6, interpuso recurso de apelación al considerar
que, el Tribunal incurrió en un error en la valoración probatoria, al desconocer
el valor legal de los documentos oficiales del SIAFP y SIBP, los cuales
acreditan plenamente el traslado de la afiliada del RAIS al RPM, conforme a
los artículos 243 y 244 del CGP.
De otra parte, alegó una aplicación indebida del régimen de transición, pues,
la jurisprudencia constitucional y contenciosa ha sido reiterada en señalar que,
solo conservan dicho régimen quienes contaban con 15 o más años de
servicios al Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994),
aun cuando hubiesen cambiado de régimen. No obstante, alegó que, la
demandada no cumplía este requisito, razón por la cual, su pensión debía
liquidarse conforme a la Ley 797 de 2003 y no bajo el Decreto 758 de 1990.
Adujo también que, el reconocimiento de una pensión superior a la legalmente
debida vulnera el principio de legalidad y genera un detrimento al erario, lo que
faculta a Colpensiones para ejercer la acción de lesividad en defensa de la
sostenibilidad financiera del sistema pensional.
6
Samai – tribunal de origen, índice 00077.
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Demandante: Colpensiones
Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
Finalmente, expuso que, el principio de buena fe, protege al pensionado frente
a la devolución de sumas recibidas, salvo prueba de mala fe, pero no impide
la nulidad de actos administrativos ilegales, ni puede consolidar derechos
reconocidos en contravía de la ley.
1.5. Trámite de segunda instancia
Por medio de auto del Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)7,
el consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo.
Dentro del plazo legal el Ministerio Público8, emitió concepto pidiendo revocar
parcialmente la sentencia. Lo anterior, al considerar que, la demandada efectuó
traslado entre regímenes, lo cual le hizo perder el régimen de transición previsto
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual, no resulta aplicable el
Decreto 758 de 1990, sino lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003,
que modificó el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, pues, desde el período 1999-
03 a 2003-03, fueron recibidos pagos provenientes del régimen de ahorro
individual con solidaridad con destino al régimen de prima media con prestación
definida, e incluso posteriormente.
Por otro lado, consideró que no se configuró la procedencia del reintegro de las
sumas pagadas, toda vez que Colpensiones no demostró que la demandada
hubiera actuado con falta de lealtad y honestidad, ni probó la vulneración al
principio de buena fe.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
7
Samai - índice 00004.
8
Samai - índice 00009.
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Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 3289 del Código General
del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2.2 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, le
corresponde a la Sala establecer, si se revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto se analizará:
Si la accionada es beneficiaria de la transición de la Ley 100 de 1993 y, por
consiguiente, acreedora de la reliquidación de la pensión de vejez en los
términos del Decreto 758 de 1990.
En caso de encontrar que, dicha reliquidación pensional se apartó del
ordenamiento jurídico, deberá establecerse si es posible ordenar el reintegro
de las mesadas que le fueron reconocidas en virtud de él, así como, los aportes
a salud.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.4. Pruebas
recaudadas; y 2.2.5 Caso concreto.
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial
Con la expedición de la Constitución Política de 1991 se realizó un cambio
estructural en el Estado, por cuanto, el artículo 48 se estableció que, la
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, lo que dio origen
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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a un nuevo esquema con la expedición de la Ley 100 de 1993, mediante la
cual, se creó el sistema integral, con dos regímenes pensionales; el primero el
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) y el segundo el
Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS).
Las personas afiliadas podían escoger libremente entre estos dos citados
regímenes. Además, la precitada ley permitió que el tiempo laborado o
cotizado en el sector privado o como servidor público fuera contabilizado para
efectos de pensión, fijando así nuevas reglas y requisitos para el
reconocimiento de las pensiones.
El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición para
los afiliados al sistema pensional, de modo que, aquellos que contaran con 15
años o más de servicios cotizados o tuvieran 40 años de edad para los
hombres y las mujeres 35 años para las mujeres, podían acogerse a este
régimen. Esto les garantizaba que su pensión sería reconocida conforme a los
requisitos de edad, tiempo de servicios y cuantía del régimen anterior
conservando así los beneficios especiales del régimen de transición.
La Corte Constitucional mediante sentencia C-789 de 2002, tuvo la
oportunidad de pronunciarse sobre los incisos cuarto (4) y quinto (5) del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, indicando que, las personas que estuvieron
afiliadas al régimen de prima media con prestación definida, que se trasladaron
al régimen de ahorro individual con solidaridad y posteriormente deciden
regresar al de prima media, tienen derecho a que se les aplique el régimen de
transición, siempre y cuando hubiesen cumplido con más de 15 años de
cotizaciones equivalentes a 750 semanas al 1° de abril de 1994, fecha en que
entró en vigencia la mencionada Ley para empleados del orden nacional y para
el sector privado10.
Luego, con la expedición de la ley 797 de 2003, por la cual se modifica la ley
10
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 23 de
octubre de 2014, radicación 25000-23-25-000-2011-01087-01(0803-13), consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve, actor: Nubia María López Pérez, demandado: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Sección
Segunda, mediante Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp 1095-07, acción de simple nulidad contra el literal b) del
artículo 3 del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, por el cual se reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
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100 de 1993, estableció en artículo 13 las características del sistema general
de pensiones y en el literal e) estableció que, “los afiliados al Sistema General de
Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la
selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5)
años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la
presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o
menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”
Posteriormente, se expidió el Decreto 3800 de 2003, en el artículo 3 dispuso:
“Artículo 3°. Aplicación del Régimen de Transición. En el evento en que una
persona que a 1 de abril de 1994 tenía quince (15) o más años de servicios
prestados o semanas cotizadas, que hubiere seleccionado el Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, decida trasladarse al Régimen de Prima Media con
Prestación Definida, le será aplicable el régimen de transición previsto en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo cual podrán pensionarse de acuerdo
con el régimen anterior al que estuvieren afiliados a dicha fecha, cuando reúnan
las condiciones exigidas para tener derecho a la pensión de vejez, siempre y
cuando …
(…) Al cambiarse nuevamente al Régimen de Prima Media con Prestación
Definida, se
traslade a él el saldo de la cuenta de ahorro individual del Régimen de Ahorro
Individual con Solidaridad, y
(…)”.
Con la expedición del acto Legislativo 01 de 2005, se adiciona el artículo 48 de
la Constitución Política, mediante la cual, establece como límite temporal al
régimen de transición el 31 de diciembre de 2010, excepto para quienes
ostentaran calidad de beneficiarios del régimen de transición y tuviesen al
menos 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios a la
fecha en que entró en vigencia la reforma constitucional, evento en el que el
régimen de transición se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2014.
Después, la Corte Constitucional mediante sentencia SU-130 de 2013 reafirma
que solo los afiliados que al 1° de abril de 1994 contaban con quince (15) o
más años de servicios cotizados equivalentes a 750 semanas pueden
trasladarse del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al
Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) conservando los
beneficios del régimen de transición.
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Del análisis normativo y jurisprudencial se concluye que, a partir del 1º de abril
de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, los beneficiarios
del régimen de transición regulado en el artículo 36 que a esa fecha tengan al
menos 750 semanas cotizadas equivalentes a 15 años o más de servicios
cotizados y que se hayan trasladado al Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad (RAIS) y que no hayan regresado aún al Régimen de Prima Media
con Prestación Definida (RPM), tienen el derecho de volver al RPM en
cualquier momento, conservando los beneficios del régimen de transición.
2.2.2 Devolución de sumas pagadas11
Debe señalarse que, según el artículo 8312 de la Carta Política la buena fe se
presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante las
autoridades públicas. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia C-131
de 200413, definió el principio general de la buena fe, así:
«En relación con el principio de la buena fe cabe recordar que es uno de los
principios generales del derecho14, consagrado en el artículo 83 de la
Constitución, el cual gobierna las relaciones entre la Administración Pública y los
ciudadanos, y que sirve de fundamento al ordenamiento jurídico, informa la labor
del intérprete y constituye un decisivo instrumento de integración del sistema de
fuentes colombiano.
En tal sentido, el mencionado principio es entendido, en términos amplios, como
una exigencia de honestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que
otorga la palabra dada, a la cual deben someterse las diversas actuaciones de
las autoridades públicas y de los particulares entre sí y ante éstas, la cual se
presume, y constituye un soporte esencial del sistema jurídico; de igual manera,
cada una de las normas que componen el ordenamiento jurídico debe ser
interpretada a luz del principio de la buena fe, de tal suerte que las disposiciones
normativas que regulen el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes
legales, siempre deben ser entendidas en el sentido más congruente con el
comportamiento leal, fiel y honesto que se deben los sujetos intervinientes en la
misma. En pocas palabras, la buena fe incorpora el valor ético de la confianza y
significa que el hombre cree y confía que una declaración de voluntad surtirá, en
11
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024), Radicado : 05001-
23-33-000-2019-00643-01 (7801-2023).
12
«Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe,
la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas».
13
M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
14
Ver al respecto, A. Jeanneau, “Les principes généraux du droit dans la jurisprudence administrative”, París, LGDJ,
1954 y Ch. Letourneur, «Les principes généraux du droit dans la jurisprudence du Conseil d’Etat », París, LGDJ, 1980.
13
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Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
un caso concreto, sus efectos usuales, es decir, los mismos que ordinaria y
normalmente ha producido en casos análogos. De igual manera, la buena fe
orienta el ejercicio de las facultades discrecionales de la administración pública
y ayuda a colmar las lagunas del sistema jurídico».
En tal virtud, para que resulte procedente el reintegro de los valores recibidos
por aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación sin
tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía, en el proceso
deberá estar probada la mala fe con que pudieron actuar para obtener el pago
de tal beneficio, en atención a que la buena fe es una presunción que requiere
ser desvirtuada.
En ese sentido, se pronunció esta Sala el 23 de marzo de 2017 15, al estimar
que «[…] la devolución de las sumas pagadas por prestaciones periódicas se condiciona a
verificar que hayan mediado conductas reprochables encaminadas a defraudar a la
administración en orden a obtener tales reconocimientos, de modo que si ello no se logra
demostrar, no habrá lugar a ordenar reintegro alguno», dado que «[e]l concepto de buena fe
hace referencia al comportamiento leal y honesto que deben asumir los particulares y
autoridades para mantener un orden justo y permitir el goce efectivo de los derechos y
oportunidades de los asociados. Además, como se expresó previamente, por mandato
Constitucional, se presume la buena fe de los particulares en sus relaciones con las
autoridades del Estado, siendo deber de quien alegue la mala fe demostrar los hechos sobre
los cuales se fundamenta». Criterio reiterado por esta subsección, el 16 de agosto
de 201816.
2.2.3 El decaimiento del acto administrativo
El decaimiento del acto administrativo está regulado en el numeral 2 del
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011:
«PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no
podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
…».
15
Expediente: 19001-23-31-000-2012-00251-01 (2036-2015), actora: UGPP, demandado: Antonio Claret Pérez
Cárdenas, C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
16
Expediente: 54001-23-33-000-2013-00047-01 (258-2017), C. P. César Palomino Cortés. Véase también sentencia
de 7 de septiembre de 2018, expediente: 25000-23-42-000-2014-03257-01 (4792-2017), C. P. César Palomino
Cortés.
14
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Sobre esta causal, el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en su obra
Compendio de Derecho Administrativo Segunda Edición dice:
«1540. El fenómeno del decaimiento del acto administrativo también goza
de regulación en nuestro ordenamiento positivo. El numeral 2 del artículo 91
establece dos hipótesis a través de las cuales un acto producido válidamente
puede llegar a perder fuerza en el ámbito de la eficacia al desaparecer sus
fundamentos de hecho o de derecho. La doctrina identifica precisamente
esas circunstancias como las determinantes del decaimiento o muerte del
acto administrativo por causas imputables a sus mismos elementos, debido
a circunstancias posteriores, mas no directamente relacionadas con la
validez inicial del acto. Cintra do Amaral identifica el decaimiento como las
modificaciones de orden legal que le retiran los fundamentos de validez a un
acto que ha sido producido válidamente.
1541. El decaimiento del acto en el derecho colombiano esta en intima
relación con la motivación del acto, se configura por la desaparición de los
elementos integrantes del concepto motivante del acto. Recordemos que al
estudiar los elementos externos del acto administrativo identificábamos
como uno de los principales el denominado de los motivos o razones del
acto administrativo, elementos que involucra una relación lógica entre los
argumentos facticos y las razones de orden jurídico que le sirven a la
administración para determinar su competencia e igualmente para resolver
sustancialmente el conflicto planteado. Al desaparecer uno de esos
elementos se configura en el derecho colombiano el fenómeno del
decaimiento.
1542 Al instituir el llamado decaimiento del acto administrativo dentro del
concepto genérico de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo,
desarrolla una limitante expresa al mundo de la eficacia del acto. Para estos
efectos resulta de especial interés mirar el alcance que tiene la causal en
cuanto a la fuerza ejecutoria, por la desaparición de los fundamentos fácticos
o jurídicos que le han servido de base a la decisión. Luego de analizar el
contexto mismo de dicha norma, se puede llegar a la siguiente conclusión:
en ciertos eventos, así desaparezcan algunos de los fundamentos del acto
administrativo como pueden ser los jurídicos, el acto continuo en el mundo
jurídico surtiendo efectos. No toda desaparición del elemento jurídico lleva a
la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto administrativo. Nuestro
ordenamiento respeta las situaciones jurídicas consolidadas, esto es las que
se refieren de manera directa a los derechos subjetivos de los asociados».
Sobre esta figura la Corte Constitucional17, ha dicho:
«69.Según el artículo 91.2 del CPACA, los actos administrativos en firme
pierden su obligatoriedad -y por ende, su fuerza ejecutoria-, entre otros
casos, cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho. A este
fenómeno se le conoce en la doctrina y la jurisprudencia como decaimiento
del acto administrativo, y ocurre “cuando desaparecen sus fundamentos de
hecho o de derecho, en razón de circunstancias posteriores mas no
directamente relacionadas con la validez inicial del acto” (subrayas fuera de
texto original), por ejemplo, cuando pierden vigencia las normas de rango
superior en las que dicho acto se fundamenta.
70.El Consejo de Estado, por su parte, ha definido el decaimiento del acto
administrativo como “la extinción de ese acto jurídico producida por
17 T-169 de 2023
15
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circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de
hecho o de derecho indispensable para la existencia del acto: a) derogación
o modificación de la norma legal en que se fundó el acto administrativo; b)
declaratoria de inexequibilidad de la norma constitucional o legal hecha por
el juez que ejerce el control de constitucionalidad, en los países donde ello
existe; c) declaratoria de nulidad del acto administrativo de carácter general
en que se fundamenta la decisión de contenido individual o particular; y d)
desaparición de las circunstancias fácticas o de hecho que determinaron el
reconocimiento de un derecho o situación jurídica particular y concreta”
(subrayas fuera de texto original).
71.El decaimiento, a diferencia de la nulidad, no es un vicio en la formación
del acto, sino que se produce por situaciones sobrevinientes y posteriores a
su expedición. De tal suerte que un supuesto vicio ocurrido y conocido antes
del proferimiento del acto administrativo, en modo alguno habilita la
aplicación de la figura del decaimiento».
2.2.4. Pruebas recaudadas.
i. Cédula de ciudadanía de la señora Nelly Stella Falla Mazuera18, que da
cuenta que nació el Veintidós (22) de noviembre de Mil Novecientos
Cincuenta y Ocho (1958).
ii. Solicitud incoada ante Colpensiones por la señora Falla Mazuera el
Veintisiete (27) de diciembre de Dos Mil Trece (2013)19, deprecando la
pensión de vejez.
iii. Resolución GNR 45479 del Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Catorce
(2014)20, por medio de la cual Colpensiones le reconoció pensión de vejez,
con aplicación la Ley 797 de 2003, efectiva desde el Primero (1) de marzo
de Dos Mil Catorce (2014).
iv. Recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por la accionada
el Dieciocho (18) de marzo de Dos Mil Catorce (2014), en contra de la
anterior decisión21.
v. Resolución GNR 317005 del Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014)22, por medio del cual la entidad demandante modifica la anterior
resolución y reliquida la pensión de vejez reconocida con fundamento en
18
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GRP-DDI-PB-
2014_2206156-20140318085139.pdf.
19
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GRP-FSP-
2013-9267606-20140722021454.PDF.
20
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GRP-AAD-IR-
2014_2205823-20140318085930.pdf.
21
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GRF-REP-
AF-2014_2205823-20140318085930.pdf.
22
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GEN-GDE-
GU-2014_6951557-20141030014601.PDF.
16
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Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
el Decreto 758 de 1990 con tasa de reemplazo del 90%.
vi. Resolución VPB 37516 del Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Quince
(2015)23, por medio del cual Colpensiones resuelve el recurso de apelación
confirmando en todas sus partes las Resoluciones GNR 45479 del
Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Catorce (2014) y, GNR 317005 del
Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014).
vii. El Tres (3) de marzo de Dos Mil Quince (2015) 24 , el Juzgado Octavo
Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, en el proceso ordinario
con radicado 76001-41-05-008-2014-00696-00, declaró que la señora
Nelly Stella Falla Mazuera tenía derecho al reconocimiento del incremento
adicional de su pensión del 14% sobre el salario mínimo mensual por
persona a cargo.
viii. Colpensiones profirió la Resolución GNR 393768 del Cuatro (4) de
diciembre de Dos Mil Quince (2015)25, en cumplimiento del fallo proferido
por el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali,
con el cual fue reconocido el 14% de incremento pensional por persona a
cargo.
ix. Petición elevada por la demandada el Veintisiete (27) de enero de Dos Mil
Diecisiete (2017)26, solicitando la reliquidación de la pensión de vejez.
x. Resolución GNR 42498 del Siete (7) de febrero de Dos Mil Diecisiete
(2017)27, mediante la cual la entidad demandante reliquidó la pensión de
vejez a favor de la accionada con base en lo dispuesto en el Decreto 758
de 1990, aplicando una tasa de reemplazo del noventa por ciento (90%).
xi. Resolución APSUB 1893 del Tres (3) de junio de Dos Mil Diecisiete
(2017) 28 , por medio de la cual Colpensiones solicita autorización para
revocar a la accionada, las Resoluciones GNR 317005 del Once (11) de
septiembre de Dos Mil Catorce (2014) y GNR 42498 del Siete (7) de
febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), en las cuales se aplicó el Decreto 758
de 1990.
xii. Resolución SUB 191460 del Once (11) de septiembre de Dos Mil Diecisiete
23
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo grf-aat-rp-
2014_2205823_2-20150425022548.PDF.
24
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 23_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNVPB3751(.pdf)
25
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 19_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR3937(.pdf).
26
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GRP-FSP-af-
2017-899975-20170127111124.PDF.
27
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 17_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR4249(.pdf).
28
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 15_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNSUB189(.pdf).
17
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(2017)29, a través de la cual negó la solicitud de reliquidación de la señora
Nelly Stella Falla Mazuera, al establecerse que, la mesada percibida era
superior a la legalmente debida, por lo que, dispuso la remisión del
expediente pensional a la dirección de defensa judicial de Colpensiones.
xiii. Resolución DIR 17147 de Cuatro (4) de octubre de Dos Mil Diecisiete
(2017) 30 , por medio de la cual Colpensiones niega nuevamente la
reliquidación de la demandada y solicita a la gerencia de defensa judicial
el estudio de la acción de lesividad.
xiv. Resolución SUB 75167 de Veintiuno (21) de marzo de Dos Mil Dieciocho
(2018)31, a través de la cual Colpensiones da alcance a la Resolución GNR
393768 del Cuatro (4) de diciembre del Dos Mil Quince (2015) en
cumplimiento al fallo judicial proferido por Juzgado Octavo Municipal De
Pequeñas Causas Laborales De Cali y, en consecuencia, reconoce un
pago único por incrementos pensionales de la pensión de vejez.
xv. Reporte de semanas cotizadas de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones), del Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veinte
(2020) 32 , donde se registran cotizaciones desde el Trece (13) de
Septiembre de Mil Novecientos Setenta y Nueve (1979), hasta el Treinta y
Uno (31) de enero de Dos Mil Catorce (2014), para un total de 1.757,71
semanas.
2.2.5. Caso concreto.
Con miras a resolver el problema jurídico planteado, teniendo en cuenta los
elementos de prueba allegados al proceso, tenemos acreditado que:
Colpensiones a través de la Resolución GNR 45479 del Diecinueve (19) de
febrero de Dos Mil Catorce (2014)33, le reconoció pensión de vejez a la
demandada, con aplicación la Ley 797 de 2003, efectiva desde el Primero (1)
de marzo de Dos Mil Catorce (2014).
Asimismo, que mediante Resoluciones GNR 317005 del Once (11) de
29
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 22_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNSUB1914(.pdf).
30
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 16_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNDIR1714(.pdf).
31
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 20_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNSUB7516(.pdf)
32
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 14_SUBSANACIONDEMANDA_HISTORIALABORAL(.pdf).
33
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GRP-AAD-IR-
2014_2205823-20140318085930.pdf.
18
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septiembre de Dos Mil Catorce (2014)34 y, GNR 42498 del Siete (7) de febrero
de Dos Mil Diecisiete (2017)35, realizó la reliquidación de la pensión de vejez a
la accionada con fundamento en el Decreto 758 de 1990.
La primera resolución en cita fue objeto de recurso de reposición y apelación,
confirmada por Colpensiones a través de las Resoluciones GNR 317005 del
Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014)36 y VPB 37516 del
Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Quince (2015)37.
De otra parte, mediante Resolución GNR 393768 del Cuatro (4) de diciembre
de Dos Mil Quince (2015)38, Colpensiones da cumplimiento al fallo proferido
por el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Cali, con
el cual fue reconocido el 14% de incremento pensional por persona a cargo y,
mediante la Resolución SUB 75167 de Veintiuno (21) de marzo de Dos Mil
Dieciocho (2018)39, da alcance a la anterior resolución y, en consecuencia,
reconoce un pago único por incrementos pensionales de la pensión de vejez.
Se recuerda entonces que, lo primero que debe definir la Sala es si las
Resoluciones GNR 317005 del Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014)40, VPB 37516 del Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Quince (2015)41,
GNR 393768 del Cuatro (4) de diciembre de Dos Mil Quince (2015) 42, GNR
42498 del Siete (7) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017)43 y, SUB 75167 de
Veintiuno (21) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018)44, aquí acusadas, están
ajustadas a derecho.
En ese orden de ideas, la Sala precisa que, las Resoluciones GNR 393768 del
34
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GEN-GDE-
GU-2014_6951557-20141030014601.PDF.
35
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 17_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR4249(.pdf).
36
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GEN-GDE-
GU-2014_6951557-20141030014601.PDF.
37
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo grf-aat-rp-
2014_2205823_2-20150425022548.PDF.
38
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 19_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR3937(.pdf).
39
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 20_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNSUB7516(.pdf)
40
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GEN-GDE-
GU-2014_6951557-20141030014601.PDF.
41
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo grf-aat-rp-
2014_2205823_2-20150425022548.PDF.
42
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 19_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR3937(.pdf).
43
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 17_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR4249(.pdf).
44
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 20_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNSUB7516(.pdf)
19
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Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
Cuatro (4) de diciembre de Dos Mil Quince (2015)45 y SUB 75167 de Veintiuno
(21) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018)46, fueron expedidas en
cumplimiento de una orden judicial en el marco de un proceso ordinario laboral,
por lo que, resultan ser actos de ejecución, no obstante, dicha situación no
enerva la posibilidad del control judicial. Frente al tema ya se ha pronunciado
la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado quien, en
providencia del Seis (6) de agosto de Dos Mil Quince (2015)47, expuso:
«En otras palabras, es procedente, excepcionalmente, demandar a través del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, los actos de
ejecución, cuando éstos i) se apartan de la decisión judicial, ii) se abstienen de
dar cumplimiento a la misma, iii) se introducen modificaciones sustanciales al
acto administrativo o a la sentencia judicial que se pretenda ejecutar y/o iv) se
presentan circunstancias que afectan la competencia de la entidad demandada
o condenada. Lo anterior por cuanto en el caso de presentarse cualquiera de los
eventos atrás enumerados, se altera, adiciona, modifica o suprime la voluntad
real de la administración de justicia y se genera una nueva situación jurídica para
el administrado, susceptible de control de legalidad.
Aclarado lo anterior, esto es, la posibilidad que tiene esta jurisdicción para
emitir pronunciamiento sobre los actos acusados; la Sala precisa que, en ese
sentido, Colpensiones en las referidas resoluciones da cumplimiento al fallo
proferido por el Juzgado Octavo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de
Cali, con el cual fue reconocido el 14% de incremento pensional por persona
a cargo y, reconoce un pago único por incrementos pensionales de la pensión
de vejez.
Ahora bien, frente a las Resoluciones GNR 317005 del Once (11) de
septiembre de Dos Mil Catorce (2014)48 y, GNR 42498 del Siete (7) de febrero
de Dos Mil Diecisiete (2017)49, por medio de las cuales Colpensiones realizó
la reliquidación de la pensión de vejez a la demandada con fundamento en el
régimen de transición del Decreto 758 de 1990, se encuentra acreditado lo
siguiente:
En el sub lite se tiene que la demandada nació el Veintidós (22) de noviembre
45
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 19_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR3937(.pdf).
46
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 20_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNSUB7516(.pdf)
47
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, proceso con radicado 410012333000201200137 014594-
2013. C.P Sandra Lisset Ibarra Vélez (E).
48
Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GEN-GDE-
GU-2014_6951557-20141030014601.PDF.
49
Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 17_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR4249(.pdf).
20
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de Mil Novecientos Cincuenta y Ocho (1958).
Para la fecha de entrada en vigencia del Sistema General en Pensiones para
los empleados del sector privado50, Primero (1°) de abril de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994)51, tenía la señora Nelly Stella Falla Mazuera, 35 años
de edad, 4 meses y 8 días.
De la historia laboral52 de la señora Falla Mazuera, allegada por Colpensiones,
se identifica que, la demandada se trasladó al Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad y regresó al Régimen de Prima Media con Prestación Definida,
toda vez que, fueron recibidos pagos provenientes del (RAIS) con destino al
(RPM), a partir del periodo 1999/0353 hasta el 2003/0754.
Asimismo, la actora tiene por vinculaciones las siguientes:
Períodos Total
Empleador
Desde Hasta días
Ortega U Hernando 13/09/79 17/12/92 4845
Caja compensación familiar 2/04/93 8/04/93 7
Caja compensación familiar 4/05/93 31/05/93 28
Caja compensación familiar 18/06/93 31/08/93 75
Extras Cali LTDA 31/08/93 1/10/93 32
Caja compensación familiar 22/10/93 1/04/94 162
Total: 14 años, 1 mes y 9 días.
5149
Teniendo en cuenta que, el régimen de transición para el sector privado entró
en vigencia el primero (1º) de abril de mil novecientos noventa y cuatro (1994),
y que, la demandada inició sus cotizaciones el trece (13) de septiembre de Mil
Novecientos Setenta y Nueve (1979), se logra establecer que, le asiste razón
a la entidad demandante, toda vez que, aquella no acreditaba los quince (15)
años de servicios exigidos para conservar el régimen de transición previsto en
50
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 23 de
octubre de 2014, radicación 25000-23-25-000-2011-01087-01(0803-13), consejero ponente: Gerardo Arenas
Monsalve, actor: Nubia María López Pérez, demandado: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal), Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). Sección
Segunda, mediante Sentencia de 6 de abril de 2011, Exp 1095-07, acción de simple nulidad contra el literal b) del
artículo 3 del Decreto 3800 de 29 de diciembre de 2003, por el cual se reglamentó el literal e) del artículo 13 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
51
Entrada en vigencia Ley 100 de 1993.
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Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 14_SUBSANACIONDEMANDA_HISTORIALABORAL(.pdf).
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Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 14_SUBSANACIONDEMANDA_HISTORIALABORAL(.pdf),
páfina 7.
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página 8.
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Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
la Ley 100 de 1993 y efectuar el traslado, en cualquier tiempo, del régimen de
ahorro individual al régimen de prima media con prestación definida. En
consecuencia, no existe una norma anterior al sistema general de pensiones
que le sea aplicable, razón por la cual, su situación pensional se rige por lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993, conforme a las modificaciones introducidas
por la Ley 797 de 2003.
En ese orden de ideas, no era posible que a favor de la demandada se otorgara
la reliquidación pensional con base en las disposiciones del Decreto 758 de
1990, como se hizo en las Resoluciones GNR 317005 del Once (11) de
septiembre de Dos Mil Catorce (2014)55 y, GNR 42498 del Siete (7) de febrero
de Dos Mil Diecisiete (2017)56, toda vez que, las personas que se trasladen al
régimen de ahorro individual con solidaridad y no hayan reunido los 15 años
de servicios cotizados al Primero (1) de abril de Mil Novecientos Noventa y
Cuatro (1994), pierden la oportunidad de percibir una prestación periódica a la
luz de la transición de la Ley 100 de 1993.
En ese sentido, según lo acreditado en el plenario, la demandada al Primero
(1) de abril de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), solo cotizó 735,571
semanas al sistema general de pensiones; por tanto, no puede gozar de la
reliquidación de la pensión en los términos del Decreto 758 de 1990, con
fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Así las cosas,
la Sala declarara la nulidad de las Resoluciones GNR 317005 del Once (11)
de septiembre de Dos Mil Catorce (2014)57 y, GNR 42498 del Siete (7) de
febrero de Dos Mil Diecisiete (2017) 58 , así como, la nulidad parcial de la
Resolución VPB 37516 de Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Quince (2015),
proferidas por Colpensiones, por haber otorgado la reliquidación de la
prestación de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 758 de 1990, al
amparo del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.
Ahora bien, respecto de la Resolución VPB 37516 de Veinticuatro (24) de abril
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Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GEN-GDE-
GU-2014_6951557-20141030014601.PDF.
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Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 17_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR4249(.pdf).
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Samai – tribunal de origen, índice 00010, documento;
24_SUBSANACIONDEMANDA_157SUBSANACIÓNDEM(.pdf), documento CC-31841970.rar, archivo GEN-GDE-
GU-2014_6951557-20141030014601.PDF.
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Samai – tribunal de origen, índice 00010, archivo; 17_SUBSANACIONDEMANDA_RESOLUCIÔNGNR4249(.pdf).
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Demandada: Nelly Stella Falla Mazuera
de Dos Mil Quince (2015), la Sala declarará la nulidad parcial, únicamente en
cuanto a reliquidación de la pensión de vejez, en los términos del Decreto 758
de 1990, con fundamento en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993.
Finalmente, con relación a las Resoluciones GNR 393768 del Cuatro (4) de
diciembre de Dos Mil Quince (2015) y, SUB 75167 del Veintiuno (21) de marzo
de Dos Mil Dieciocho (2018), las cuales fueron expedidas por Colpensiones,
en cumplimiento de una orden judicial por parte del Juzgado Octavo Municipal
de Pequeñas Causas Laborales de Cali, en el proceso ordinario con radicado
76001-41-05-008-2014-00696-00, mediante sentencia del Tres (3) de marzo
de Dos Mil Quince (2015), donde resolvió que la señora Nelly Stella Falla
Mazuera, tenía derecho al reconocimiento del 14% de incremento pensional
por persona a cargo59, y, incrementos pensionales de la pensión de vejez,
previsto en el artículo 2160 del Decreto 758 de 1990, la Sala precisa que, como
en este caso, la señora Nelly Stella Falla Mazuera no era beneficiaria de la
transición de la Ley 100 de 199361, en consecuencia, desapareció el
fundamento de hecho y de derecho que justificó dicho reconocimiento.62
Bien lo dijo esta Subsección63:
59 «PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la demandada. SEGUNDO: CONDENAR
a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES representada legalmente por el DR.
Mauricio Olivera o quien haga sus veces a reconocer y pagar a la señora NELLY STELLA FALLA MAZUERA
identificada con la CC No. 31.841.970 expedida en Cali Valle, la suma de UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL
CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.129.058,oo) por concepto de incrementos por su compañero permanente
a cargo señor CARLOS HEIMAN SANCHEZ LONDOÑO identificado con la CC No. 16.588.106 expedida en Cali
Valle, correspondiente al 14% sobre su pensión mínima legal, causado entre el 01 de marzo de 2014 y el 28 de febrero
de 2015.
[…]
TERCERO: CONDENAR a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES para que a
partir del 01 de marzo de 2015, incremente sobre la pensión mínima del demandante el 14% por su compañero
permanente a cargo señor CARLOS HEIMAN SANCHEZ LONDOÑO identificado con la CC No. 16.588.106 expedida
en Cali Valle y hasta cuando subsista el supuesto factico que da origen al mismo. CUARTO: Las sumas anteriormente
mencionadas deberán ser indexadas mes a mes con base en el índice de devaluación certificado por el DANE a partir
del su causación y hasta cuando se efectué el pago. QUINTO: CONDENAR a la demandada a pagar la suma de
$120.000 por concepto de agencias en derecho (numeral 2 del art. 19 ley 1395/20109».
60 «Artículo 21. Incrementos de las pensiones de invalidez por riesgo común y vejez. Las pensiones mensuales
de invalidez y de vejez se incrementarán así:
[…]
b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del
beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.
[…]».
61 Sentencia SU140/19: M.P, Cristina Pardo Schlesinger. «3.2.5. Para la Corte es innegable entonces que el
artículo 21 del Decreto 758 de 1990 no produce efecto alguno respecto de quienes hayan adquirido el derecho a
pensión con posterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993; todo ello sin perjuicio de que, con arreglo al respeto
que la Carta Política exige para los derechos adquiridos, quienes se hayan pensionado con anterioridad a la
expedición de la Ley 100 y hayan en ese momento cumplido con los presupuestos de la norma, conserven el
derecho de incremento pensional que se les llegó a reconocer y de que ya venían disfrutando, siempre y cuando
mantengan las condiciones requeridas por el referido artículo 21».
62 Subsección B, C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, radicado 13001-23-33-000-2015-00494-01(2818-
2024), sentencia del 5 de diciembre de 2024.
63 Subsección B, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter, once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018), radicación
número: 11001-03-25-000-2012-00209-00(0828-12), Actor: Germán Luis Alvarino Soracá, Demandado: Empresa
Colombiana De Petróleos (Ecopetrol S.A.)
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“Ahora, la pérdida de ejecutoria opera automáticamente y hacia el futuro; no se
requiere declaración judicial; basta el desaparecimiento de las circunstancias
de hecho o los presupuestos de derecho en que se basaron los actos
administrativos, y que se requerían para su existencia para que dejen de surtir
efectos. Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado: «[…] en relación con
la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por desaparición de los
fundamentos de derecho que lo sustentaban, la jurisprudencia64 y la doctrina
especializada65 han dicho reiteradamente que opera ipso iure, esto es, que no
requiere ser declarada ni en sede administrativa ni mucho menos en sede
judicial, pues, incluso, no puede solicitarse al juez contencioso administrativo
porque no existe una acción autónoma que lo permita (recuérdese que el
decaimiento del acto administrativo no constituye causal de nulidad del
mismo66). Su análisis puede hacerse en la vía judicial, de manera excepcional,
cuando, por ejemplo, para evitar la ejecución forzosa se interpone la excepción
de pérdida de fuerza ejecutoria» (sentencia T-152 de 2009).
De lo anterior concluye la Sala que la anulación del acto administrativo que
sirvió de fundamento a los aquí acusados hizo que estos perdieran
automáticamente su sustento jurídico y, por consiguiente, dejaran de ser
aplicables.”
Lo que se traduce en que las Resoluciones GNR 393768 del Cuatro (4) de
diciembre de Dos Mil Quince (2015) y, SUB 75167 del Veintiuno (21) de marzo
de Dos Mil Dieciocho (2018), dejan de ser aplicables.
Por último, pasa la Sala a analizar los argumentos de inconformidad de la
entidad accionante, quien depreca se acceda al restablecimiento pretendido
en la demanda.
En este punto debe indicarse que, en el plenario no se evidencia mala fe de la
señora Nelly Stella Falla Mazuera en la reliquidación pensional; dicha
reclamación fue realizada bajo el entendimiento que cumplía con los requisitos
para gozar de reliquidación de la pensión de vejez, con fundamento en el
régimen de transición y, del Decreto 758 de 1990. No demostró Colpensiones
que hubiera habido fraude, maniobras o actos ilegales tendientes a lograr ese
beneficio67; por tanto, resulta improcedente la recuperación de las sumas
pagadas a su favor en virtud de los actos acusados, por lo que, dicha
pretensión de la entidad demandante será negada.
64 Al respecto: Sentencias del 8 de mayo de 2008, expediente 00487-01. C.P. Camilo Arciniegas, del 3 de agosto
de 2000, expediente 5722, C.P. Olga Inés Navarrete y 22 de noviembre de 2007, expediente 7430-05 Jaime Moreno
García.
65 Pueden consultarse, entre otros, Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Parte Especial. 1ª edición
colombiana 1998. Editorial Biblioteca Jurídica Dike.1998; Bielsa, Rafael. Derecho Administrativo. Tomo II. Sexta
Edición. Editorial La ley. Buenos Aires. 1980.
66 En este sentido, pueden consultarse las sentencias del 30 de enero de 2004, expediente 7397, C.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y del 5 de julio de 2006, expediente 21051, C.P. Ruth Stella Correa Palacios.
67
C.P.: Jorge Edison Portocarrero Banguera, seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), Radicado: 68001-23-
33-000-2017-01292-01 (2025-2023).
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Frente a la devolución de los aportes por concepto de salud, dicha pretensión
no tiene vocación de prosperidad, toda vez que, teniendo en cuenta el
precedente citado por la Sala68, al tratarse de aportes efectuados por los
cotizantes y pensionados se convierten en contribuciones parafiscales, las
cuales tienen naturaleza pública y una destinación específica.
En estas condiciones, la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca el Veinte (20) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), será
revocada y, en su lugar, se accederá parcialmente a las pretensiones de la
demanda, de acuerdo a lo expuesto en precedencia.
2.6 Condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Veinte (20) de agosto de Dos Mil
Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones GNR 317005 del
Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014) y, GNR 42498 del Siete
(7) de febrero de Dos Mil Diecisiete (2017), expedidas por Colpensiones, a
través de cuales reliquidó la pensión de vejez a la demandada en los términos
68
Ibid.
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Ley 100 de 1993.
TERCERO: DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución VPB 37516 de
Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Quince (2015), proferida por
Colpensiones, únicamente en cuanto a reliquidación de la pensión de vejez en
los términos del Decreto 758 de 1990, con fundamento en el régimen de
transición de la Ley 100 de 1993.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin condena en costas, en esta instancia.
SEXTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con Aclaración de Voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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