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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00494-01

Fecha
5 de diciembre de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2015-00494-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de marzo de 2023, por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2015-00494-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

5 de diciembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 13001-23-33-000-2015-00494-01(2818-2024)1
Demandante : Distrito de Cartagena de Indias
Demandado : José María Morales González y otro2
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 2080
de 2021
Temas : Lesividad - Reconocimiento pensional -
Decisión decaimiento del acto administrativo.
Apelación sentencia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia de 31 de marzo de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1 Pretensiones

El Distrito de Cartagena de Indias, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de la Resolución 6648 del 1 de octubre de 2014, por
medio de la cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de jubilación;
expedida por el Director Administrativo del Fondo Territorial de Pensiones
del Distrito de Cartagena de Indias.

1
Expediente digital, puede ser consultado en la herramienta electrónica Samai, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1300123330002015004940111001
03
2
Cleofe Córdoba Baldrich, sucesor procesal

2

N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

A título de restablecimiento del derecho, pidió que i) se ordene excluir de
la nómina de pensionados del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena de Indias al demandado; ii) la devolución de las sumas de dinero
que llegare a recibir por concepto de mesadas pensionales provenientes del
Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena de Indias; y iii) la
devolución al Distrito de Cartagena de las sumas de dinero que llegare a
recibir por concepto de mesadas pensionales.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Relató la parte actora que el señor José María Morales González, prestó sus
servicios a las Empresas Públicas Distritales de Cartagena, como trabajador
oficial; desde el 1 de abril de 1982 hasta el 30 de julio de 1993. Este retiro
se produjo como consecuencia de acogerse al Programa de Oportunidades
Distritales de Cartagena, de conformidad con la Resolución 15973 del 27 de
julio de 1993.

Informó que el acuerdo laboral definitivo y su anexo único del 4 de agosto de
1995, celebrado entre la alcaldía mayor de Cartagena, la empresa de
servicios públicos distritales en liquidación y sus extrabajadores estableció
los requisitos de tiempo de servicio y edad que debía cumplir cada ex
trabajador para ser beneficiario del derecho a la pensión.

Indicó que el demandado se retiró de manera voluntaria de la empresa, el 30
de julio de 1993, a la edad de 49 años, fecha para cual no se encontraba
vigente el Acuerdo Laboral mencionado [1995], por consiguiente, no era
beneficiario de lo pactado.

Sostuvo que el director del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena, de manera irregular, expidió la Resolución 6648 del 1 de octubre
de 2014, por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de la pensión de
jubilación a favor del demandado, en los términos del Acuerdo Laboral

3
Por la cual se autoriza el pago de la bonificación del programa de oportunidad de retiro voluntario del personal,
de las cesantías definitivas y demás prestaciones sociales.

3

N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

definitivo suscrito entre la alcaldía de Cartagena, la Empresa de Servicios
Públicos Distritales de Cartagena y sus extrabajadores.

1.2 Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política, los artículos 4, 48 y 209
Del Código Sustantivo del Trabajo, el artículo 467
Acuerdo Laboral Definitivo y su anexo único del 4 de agosto de 1995,
celebrado entre la Alcaldía de Cartagena, la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena, en liquidación, y sus extrabajadores.

La parte demandante sostuvo que la ilegalidad del acto demandado se
concreta en que el destinatario del derecho no tenía los requisitos para
acceder al mismo, de acuerdo con la normatividad y las circunstancias de
hecho y de derecho en las que se encontraba al momento de la expedición
del acto demandado, esto porque no cumplía con la totalidad de los
requisitos previstos en el Acuerdo Laboral definitivo y su Anexo único del 4
de agosto de 1995.

Informó que, para ser beneficiario del mencionado Acuerdo Laboral definitivo
de 1995, era indispensable cumplir con los requisitos previstos en el mismo,
a 31 de diciembre de 1995; añadió que este es un documento que goza de
total validez en los términos de los artículos de la Constitución Política
enunciado y conforme con la interpretación que ha dado la Corte
Constitucional sobre la validez de las reglas pensionales vertidas en
acuerdos laborales.

Precisó que, de conformidad con el artículo 6º del Acuerdo Laboral definitivo
del 4 de agosto de 1995 y su Anexo único, para ser beneficiario de las
disposiciones prestacionales en él contenidas, el trabajador debía: i) tener
contrato vigente a 26 de junio de 1995, ii) mínimo 10 años de servicios
prestados a la empresa y iii) contar con la edad de 45 años, cumplidos hasta
el 31 de diciembre de 1995. Disposición que resulta clara y no admite
ninguna interpretación.

Argumentó que los beneficios que otorgó el Acuerdo fueron pactados por las

4

N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

partes, entre ellas, los trabajadores y que el demandado no acreditó el
cumplimento de todos los requisitos, por consiguiente, no tiene derecho al
reconocimiento pensional otorgado mediante el acto administrativo
cuestionado.

2. Contestación de la demanda

La demandada guardó silencio4.

Debe aclararse que el ciudadano demandado falleció el 6 de septiembre de
2015, en la ciudad de Cartagena – Bolívar, según registro civil de defunción
No. 08839982.

Luego la señora Cleofe Córdoba Bladrich solicitó el reconocimiento de la
sustitución pensional el cual le fue concedido por la entidad a través de la
Resolución No. 2093 del 7 de abril de 2016.

Si bien el proceso se inició contra José María Morales González, el Tribunal
mediante auto del 27 de agosto de 2018, declaró la nulidad de lo actuado y
la tuvo como sucesora procesal del fallecido a la señora Cleofe Córdoba
Bladrich.

A partir de esta actuación, se admitió nuevamente la demanda por auto del
13 de septiembre de ese mismo año, pero teniendo como demandada a la
señora Cleofe Córdoba Bladrich.

Aunque notificada de esta actuación, la sucesora procesal del señor José
María Morales González, no contestó la demanda según se advierte de la
constancia secretarial del 2 de septiembre de 2019.

La señora Cleofe Córdoba Bladrich a través de abogado participó de la
audiencia inicial celebrada el 27 de octubre de 2020 según se advierte del
acta que certifica dicho acto procesal. Ante el cierre probatorio y la solicitud

4
No hay prueba en el expediente digitalizado de la contestación de la demanda, también lo informó el magistrado
ponente en la audiencia inicial, llevada a cabo el 12 de octubre de 2017; cuaderno 1, folio 219. Expediente digital
cargado en el índice 2 aplicativo Samai.

5

N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

para que las partes alegaran de conclusión dicha oportunidad procesal fue
aprovechada por el abogado de Cleofe Córdoba Bladrich.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 31 de marzo
de 20235, accedió a las pretensiones de la demanda

Consideró que de una interpretación del Acuerdo Laboral del 4 de agosto de
1995 y su Anexo Único, se evidenció que este se orientó a establecer
soluciones a las posibles consecuencias que afrontarían los trabajadores de
la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena debido a su finalización de
operaciones, ofreciéndoles soluciones de sostenimiento atendiendo su edad
y tiempo de vinculación con el Estado, de allí que sea razonable concluir que
sus destinatarios son únicamente los trabajadores que tuvieron vinculación
laboral vigente al 26 de junio de 1995, fecha en la cual la compañía fue
relevada en la prestación de los servicios públicos del ente territorial.

Aclaró que, la Corte Constitucional interpretó el contenido del acuerdo laboral
definitivo entre la alcaldía de Cartagena, la empresa de servicios públicos y
el sindicato de trabajadores, y precisó que el periodo laborado para la
compañía quedó congelado el 26 de junio de 1995, fecha en la que se dio
por terminada, por mutuo consentimiento, el contrato de trabajo, los
destinatarios del acuerdo solamente son los trabajadores con vinculación
laboral vigente a esa fecha, en la cual la compañía fue relevada de la
prestación de servicios públicos, los trabajadores que se encontraban
representados por el sindicato eran los que tenían contrato vigente; .

Concluyó que como el demandado no tenía vinculación laboral con la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena a 26 de junio de
1995, no era beneficiario del Acuerdo Laboral del 4 de agosto de 1995 y, por
consiguiente, no tenía derecho a pensionarse de acuerdo con el plan
pensional allí previsto.

5
Visible en el índice 2 de la herramienta electrónica Samai

6

N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

Añadió que no se accede a la solicitud de devolución de las mesadas
pagadas porque de conformidad con la línea jurisprudencial de esta Sección,
no hay lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a los
particulares de buena fe, salvo que se pruebe que el demandado incurrió en
conductas deshonestas fraudulentas o dolosas, lo que no ocurrió en el
trámite del proceso.

4. El recurso de apelación6

La parte demandada, el abogado de Cleofe Córdoba Bladrich, solicitó
revocar la sentencia de primera instancia7.

Indicó que es cierto que el señor Morales González salió de la empresa antes
del 26 de junio de 1995, esto es, el 30 de julio de 1993, pero que también es
verdad que había cumplido con creces con los requisitos exigidos,
posteriormente, por el numeral 6 del Acuerdo Laboral y su Anexo único, para
ser beneficiario de la pensión de jubilación, como lo eran: tener a 31 de
diciembre de 1995, 55 puntos, es decir, mínimo 10 años de servicio y 45
años de edad, puesto que al momento de su retiro de la empresa contaba
con 49 años de edad, 13 años, 3 meses y 24 días de servicio a las Empresas
Públicas Distritales de Cartagena, por lo tanto, se configuran los requisitos
necesarios para solicitar y obtener su pensión de jubilación como bien se
estableció en la resolución hoy demandada

Advirtió que el Tribunal dejó de lado los principios retroactividad y
retrospectividad de la ley en materia pensional, porque el Acuerdo Laboral
Definitivo y su Anexo, si podía ser aplicado a su caso, a pesar de no estar
vinculado como trabajador de la empresa al 26 de junio de 1995, como quiera
que al momento de salir de la empresa, esto es el 30 de julio de 1993, dejó
consolidado los requisitos que posteriormente fueron regulados por el
mencionado Acuerdo Laboral, del cual se beneficiaron trabajadores que
contaban con la misma edad y el mismo tiempo de servicio de Morales
González, que no aplicar esta normatividad a la parte demandada implica
una violación al derecho a la igualdad.

6
Expediente digital,
7
Índice 2 ibidem.

7

N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

Alegó que se vulnera, igualmente, el principio de confianza legítima, que
exige la aplicación de las garantías del debido proceso cuando la autoridad
persigue la revocatoria unilateral de actos que han creado una situación
consolidada o la previsión de mecanismos de transición cuando se realice
una modificación en situaciones jurídicas que, si bien no dieron lugar a un
derecho o posición jurídica consolidada, sí generaron en el ciudadano la
confianza en su realización, como ocurrió en el caso de marras.

5. Alegatos de conclusión

En auto del 18 de junio de 20248, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por el demandado y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 9,
el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos en el recurso de apelación.

3. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del

8
Índice 4 Samai
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia».

8

N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la
demanda.

Para el efecto se analizará, sí el señor José María Morales González tenía
derecho al reconocimiento y pago de una pensión con fundamento en el
Acuerdo Laboral definitivo suscrito entre la alcaldía mayor de Cartagena, la
Empresa de Servicios públicos distritales de Cartagena en liquidación, y sus
ex trabajadores, representados por su organización sindical, o si, por el
contrario, carece de este derecho, como lo concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 3.1. Sobre los servidores públicos y el derecho a la negociación
colectiva; 3.2. El Acuerdo Laboral entre la alcaldía de Cartagena, la Empresa
de Servicios Públicos de Cartagena y el sindicato de trabajadores de la
empresa; 3.3. El decaimiento del acto administrativo; 3.4 Hechos probados;
y 3.5. Caso concreto.

3.1. Sobre los servidores públicos y el derecho a la negociación
colectiva

El Convenio 154 de la OIT10,, dispone:

«[…]
Articulo 2
A los efectos del presente Convenio, la expresión negociación colectiva
comprende todas las negociaciones que tienen lugar entre un
empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias
organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o
varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de:
▪ (a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
▪ (b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o
▪ (c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y
una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr
todos estos fines a la vez. […]»

10
Aprobado por Colombia mediante Ley 524 de 1999.

9

N.º Interno: 2818-2024
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Demandado: José María Morales González y otro

Por su parte, el Convenio 15111 de la OIT establece en el artículo 7º la
necesidad de los Estados, de

«adoptar medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y
fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre
las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados
públicos acerca de las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos
que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la
determinación de dichas condiciones»

Ahora bien, el artículo 55 de la Constitución Política garantiza el derecho a
la negociación colectiva como un mecanismo para regular las relaciones
laborales y el Estado debe promoverlo, así como los demás instrumentos
diseñados para la solución pacífica de los conflictos colectivos en el trabajo.

Sobre el tema de la negociación colectiva entre empleados y empleadores,
la Corte Constitucional12 se ha pronunciado en diferentes oportunidades y
precisó que

«[…]Al artículo 2º del Convenio ya se ha hecho alusión en acápites anteriores
de la presente decisión pues define la expresión “negociación colectiva” en un
sentido amplio, de manera tal que “comprende todas las negociaciones que
tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización
o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización
o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las
condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y
trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones
y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos
estos fines a la vez”.

La anterior definición ha sido frecuentemente empleada por la jurisprudencia
constitucional para precisar el alcance del artículo 55 constitucional, e indicar
que este derecho puede hacerse efectivo por una pluralidad de instrumentos
los cuales no se reducen a las convenciones y pactos colectivos.
[…]

11
“«Sobre la protección del derecho de sindicalización y los procedimientos para determinar las condiciones de
empleo en la administración pública», adoptado en la 64 Reunión de la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo de Ginebra en 1978 y aprobado por Colombia mediante la Ley 411 de 1997
12
Sentencia C-063 de 2018, expediente D6869, MP Clara Inés Vargas Hernández

10

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Demandado: José María Morales González y otro

Cabe recordar, como lo ha considerado esta corporación, que la expresión
“negociación colectiva” de que tratan el Convenio 154 y el artículo 55 de la
Constitución, no se reduce a pliegos de peticiones o convenciones colectivas,
sino que abarca todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador,
un grupo de empleadores o una organización o varias organizaciones de
empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de
trabajadores, por otra, con el fin de fijar las condiciones de trabajo y empleo, o
regular las relaciones entre empleadores y trabajadores y una organización o
varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez. Puede
afirmarse entonces, que la negociación colectiva es el género y la convención
colectiva y el pliego de peticiones son la especie y como especie, pueden ser
objeto de algunas restricciones

Finalmente se advierte que La Ley 411 de 1997 y su Decreto reglamentario
Decreto 160 de 5 de febrero de 201413 disponen los procedimientos de la
negociación colectiva y la resolución de las controversias entre los servidores
públicos y su empleador.

Los servidores públicos tienen el derecho de asociación y a través de las
organizaciones sindicales pueden buscar soluciones negociadas sobre sus
condiciones laborales, sin perjuicio de la facultad conferida por la
Constitución Política a las autoridades para fijar las condiciones de empleo.

3.2. El Acuerdo Laboral entre la alcaldía de Cartagena, la Empresa de
Servicios Públicos de Cartagena y el sindicato de trabajadores de la
empresa

De acuerdo con el acervo probatorio arrimado al proceso se advierte que,
entre la alcaldía de Cartagena, la Empresa de Servicios públicos Distritales
de Cartagena y sus trabajadores, representados por su organización
sindical, se suscribió un acuerdo laboral en el cual, entre otras cosas se
convino:

1. Que los contratos de trabajo terminarían por mutuo acuerdo a partir
del 27 de junio de 1995.

13
Decreto fue expedido por el Gobierno Nacional en uso de la potestad reglamentaria derivada del numeral 11 del
artículo 189 de la C.P.

11

N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

2. El reconocimiento pensional se haría de la siguiente manera: una
pensión equivalente al porcentaje que arroje la suma de puntos de
edad más el tiempo de servicios i) quienes a 31 de diciembre de 1995
sumasen 55 puntos con un mínimo de 10 años de servicios en la
empresa y 45 años de edad; ii) quienes a 31 de diciembre de 1995
sumasen 59 puntos con un mínimo de 15 años de servicio y 44 de
edad, en este caso la pensión sería el porcentaje que arroje la suma
de puntos de edad más el tiempo de servicios.

3. El mínimo de toda pensión será del equivalente al 65% del salario
promedio del trabajador, sin exceder el 75% del promedio del mismo.

4. El tiempo de servicio quedó congelado a 26 de junio de 1995, por ser
la fecha en que se dio por terminado, por mutuo consentimiento el
contrato de trabajo.

3.3 El decaimiento del acto administrativo

El decaimiento del acto administrativo está regulado en el numeral 2 del
artículo 91 de la Ley 1437 de 2011:

“PÉRDIDA DE EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. Salvo
norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán
obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no
podrán ser ejecutados en los siguientes casos:

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
…”

Sobre esta causal, el Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en su obra
Compendio de Derecho Administrativo Segunda Edición dice:

1540. El fenómeno del decaimiento del acto administrativo también goza
de regulación en nuestro ordenamiento positivo. El numeral 2 del artículo
91 establece dos hipótesis a través de las cuales un acto producido
válidamente puede llegar a perder fuerza en el ámbito de la eficacia al
desaparecer sus fundamentos de hecho o de derecho. La doctrina
identifica precisamente esas circunstancias como las determinantes del
decaimiento o muerte del acto administrativo por causas imputables a sus
mismos elementos, debido a circunstancias posteriores, mas no
directamente relacionadas con la validez inicial del acto. Cintra do Amaral
identifica el decaimiento como las modificaciones de orden legal que le

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N.º Interno: 2818-2024
Demandante: Distrito Especial de Cartagena de Indias
Demandado: José María Morales González y otro

retiran los fundamentos de validez a un acto que ha sido producido
válidamente.
1541. El decaimiento del acto en el derecho colombiano esta en intima
relación con la motivación del acto, se configura por la desaparición de los
elementos integrantes del concepto motivante del acto. Recordemos que
al estudiar los elementos externos del acto administrativo identificábamos
como uno de los principales el denominado de los motivos o razones del
acto administrativo, elementos que involucra una relación lógica entre los
argumentos facticos y las razones de orden jurídico que le sirven a la
administración para determinar su competencia e igualmente para
resolver sustancialmente el conflicto planteado. Al desaparecer uno de
esos elementos se configura en el derecho colombiano el fenómeno del
decaimiento.
1542 Al instituir el llamado decaimiento del acto administrativo dentro del
concepto genérico de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo,
desarrolla una limitante expresa al mundo de la eficacia del acto. Para
estos efectos resulta de especial interés mirar el alcance que tiene la
causal en cuanto a la fuerza ejecutoria, por la desaparición de los
fundamentos fácticos o jurídicos que le han servido de base a la decisión.
Luego de analizar el contexto mismo de dicha norma, se puede llegar a la
siguiente conclusión: en ciertos eventos, así desaparezcan algunos de los
fundamentos del acto administrativo como pueden ser los jurídicos, el acto
continua en el mundo jurídico surtiendo efectos. No toda desaparición del
elemento jurídico lleva a la pérdida de fuerza ejecutoria de un acto
administrativo. Nuestro ordenamiento respeta las situaciones jurídicas
consolidadas, esto es las que se refieren de manera directa a los derechos
subjetivos de los asociados.

Sobre esta figura la Corte Constitucional14 ha dicho:

69.Según el artículo 91.2 del CPACA, los actos administrativos en firme
pierden su obligatoriedad -y por ende, su fuerza ejecutoria-, entre otros
casos, cuando desaparecen sus fundamentos de hecho o de derecho. A
este fenómeno se le conoce en la doctrina y la jurisprudencia como
decaimiento del acto administrativo, y ocurre “cuando desaparecen sus
fundamentos de hecho o de derecho, en razón de circunstancias
posteriores mas no directamente relacionadas con la validez inicial del
acto” (subrayas fuera de texto original), por ejemplo, cuando pierden
vigencia las normas de rango superior en las que dicho acto se
fundamenta.

70.El Consejo de Estado, por su parte, ha definido el decaimiento del acto
administrativo como “la extinción de ese acto jurídico producida por
circunstancias supervinientes que hacen desaparecer un presupuesto de
hecho o de derecho indispensable para la existencia del acto: a)
derogación o modificación de la norma legal en que se fundó el acto
administrativo; b) declaratoria de inexequibilidad de la norma
constitucional o legal hecha por el juez que ejerce el control de
constitucionalidad, en los países donde ello existe; c) declaratoria de
nulidad del acto administrativo de carácter general en que se fundamenta
la decisión de contenido individual o particular; y d) desaparición de las
circunstancias fácticas o de hecho que determinaron el reconocimiento de
un derecho o situación jurídica particular y concreta” (subrayas fuera de
texto original).

71.El decaimiento, a diferencia de la nulidad, no es un vicio en la formación
del acto, sino que se produce por situaciones sobrevinientes y posteriores
a su expedición. De tal suerte que un supuesto vicio ocurrido y conocido
antes del proferimiento del acto administrativo, en modo alguno habilita la
aplicación de la figura del decaimiento.

14
T-169 de 2023

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3.4 Hechos probados15

a) Acuerdo Laboral, en el que se lee:

ACUERDO LABORAL DEFINITIVO ENTRE LA ALCALDIA MAYOR DE
CARTAGENA DE INDIAS DT Y LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DISTRITALES DE CARTAGENA EN LIQUIDACIÓN Y SUS EX
TRABAJADORES, REPRESENTADOS ESTOS POR SU
ORGANIZACIÓN SINDICAL, QUIENES ACTUAN EN NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN Y EN EL DE SUS REPRESENTADOS.

LAS PARTES SUSCRIPTORAS DEL PRESENTE DOCUMENTO
CONVIENEN:

1. Los contratos de trabajo terminan por mutuo acuerdo de las partes, a
partir del 27 de junio de 1995.
2. Se suscribirán actas de Conciliación individuales con la declaratoria de
paz y salvo mutuo, con la intervención del Ministerio de Trabajo.
3. Se cancelarán las prestaciones sociales legales y convencionales,
incluida la compensación económica equivalente a eventual
indemnización. PARAGRAFO: Quien reciba la compensación
económica manifestará bajo la gravedad de juramento que no tiene
tiempo de servicios acumulados en otras entidades oficiales o
particulares para reclamar la pensión de jubilación ante la Empresa de
Servicios Públicos Distritales de Cartagena y/o al Distrito de Cartagena,
reservándose estos el derecho a la acción penal correspondiente en el
evento en que el ex trabajador que reciba la compensación económica
presente posteriormente certificados con el objeto de solicitar la pensión
de jubilación a la Empresa de Servicios Públicos Distritales de
Cartagena, en Liquidación, y/o al Distrito de Cartagena.
4. Son excluidos de la compensación a la cual se refiere el numeral
anterior, quienes por cualquier medio tengan derecho a acceder a
pensión de jubilación
5. Las partes aceptan que no hay lugar a la sustitución patronal ni a la
unidad de empresas entre la Empresa de Servicios Públicos Distritales
de Cartagena, en Liquidación y Aguas de Cartagena S.A, ESP.
6. [. Ilegible] pensional así: 1) quienes, a 31 de diciembre de 1995,
sumasen 55 puntos con un mínimo de 10 años de servicios a la
Empresa y con cuarenta y cinco (45) años de edad, pensión que será
igual al porcentaje que arroje la suma de los puntos de edad más el

15
Expediente digital

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Demandado: José María Morales González y otro

tiempo de servicio. 2) quienes a 31 de diciembre de 1995 sumasen 59
puntos, con un mínimo de quince (15) años de servicios y cuarenta y
cuatro (44) años de edad, pensión que será igual al porcentaje que
arroje la suma de puntos de edad más el tiempo de servicios.
PARAGRAFO PRIMERO: Al total de puntos que arrojen los numerales
1 y 2, anteriormente citados, se les sumarán 10 puntos más, es decir,
que el mínimo de la pensión de jubilación será de sesenta y cinco (65%)
por ciento del salario promedio del trabajador sin que exceda del
setenta y cinco (75%) por ciento del mismo.
PARAGRAFO SEGUNDO: El tiempo de servicios a que se refieren los
numerales 1 y 2, anteriormente señalados, quedarán congelados a 26
de junio de 1995; fecha en la cual se da por terminado por mutuo
consentimiento el contrato de trabajo que vinculó a las partes.

PARAGRAFO TERCERO: Se entiende para los efectos jubilatorios
preindicados que el tiempo de servicios incluye el lapso laborado en
otra u otras entidades oficiales, o el servido en contratos de aprendizaje
(SENA), o como supernumerario a la Empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena en Liquidación, o l del servicio militar, siempre
en términos de Ley y excluidos los lapsos de contratación de naturaleza
diferente a la laboral, cualquiera que sea el status del servidor.

7. Se pagará una bonificación adicional, por una sola vez, no constitutiva
de factor de salario equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la
compensación económica a quienes deseen vincularse a Aguas de
Cartagena SA-ESP, y de cuarenta por ciento (40%) del valor de la
compensación económica y quienes no deseen vincularse a Aguas de
Cartagena S.A-ESP, siempre que voluntariamente manifiesten no
iniciar ninguna acción judicial contra la empresa de Servicios Públicos
Distritales de Cartagena, en Liquidación y/o el Distrito de Cartagena de
Indicas.
PARAGRAFO: Quienes salieron pensionados, a cualquier título, no
tendrán derecho alguno, ni a la compensación económica (numeral 3),
ni a la bonificación adicional (numeral 7).
[…]
10. .Los trabajadores y la Empresa de Servicios Públicos Distritales de
Cartagena en Liquidación, de común acuerdo elaborará la lista de los
trabajadores que fueron desvinculados laboralmente el día 26 de Junio
de 1995 que se encuentran muy próximos al plan pensional anticipado
y convenido, peor que a la fecha no alcanzan a acceder a este
beneficio, por faltarles edad y/o tiempo de servicio, a efectos de que se
les dé prelación en la contratación con Aguas de Cartagena S.A. ESP.
En ningún caso, esta preferencia constituye pretermisión d ellos

15

N.º Interno: 2818-2024
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Demandado: José María Morales González y otro

requisitos que para la selección y la contratación laboral exija Aguas
de Cartagena S.A. E.S.P.
[…]

Para constancia se firma en el Despacho del señor alcalde Mayor de
Cartagena de Indicas D.T.C., a los cuatro (4) días del mes de agosto de
1995.

GUILLERMO PANZA RICARDO
Alcalde de Cartagena
RAUL QUINTERO LYONS
Gerente liquidador EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DISTRITALES DE CARTAGENA. EN LIQUIDACIÓN.
ASESORES LABORALES
JUNTA DIRECTIVA SINTRA EPD
CUT Bolívar
DIRECTORA REGIONAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL»

b) Anexo único, en el que se expresó:

ACUERDO ENTRE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS
D.T. Y C, AGUAS DE CARTAGENA S.A.-ESP LA EMPRESA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DISTRITALES DE CARTAGENA EN LIQUIDACIÓN Y LOS
EXTRABAJADORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DISTRITALES DE CARTAGENA EN LIQUIDACIÓN, REPRESENTADO POR
SU ORGANIZACIÓN SINDICAL.

Con el ánimo de colaborar en el sentido de buscar solución a las discrepancias
existentes entre el Distrito de Cartagena de Indicas D.T. y C, la Empresa de
Servicios Públicos Distritales de Cartagena en Liquidación y el Sindicato de
Extrabajadores de esta, la Sociedad de Economía Mixta Aguas de Cartagena
S.A.-E.S. P, ofrece lo siguiente:

1. Vincular un número de ex trabajadores de la empresa de servicios Públicos
Distritales de Cartagena en Liquidación, a su planta de personal, entre 250
y 270 como máximo.
2. La forma de vinculación será directa entre los extrabajadores
8individualmente considerados) y Aguas de Cartagena S.A.-.S. P,
mediante contrato a término indefinido con un periodo de prueba de 2
meses, tiempo este que servirá para conocer, evaluar y capacitar al
trabajador
3. La vinculación anterior se hará dentro del término de tres (3) meses

16

N.º Interno: 2818-2024
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Demandado: José María Morales González y otro

contados a partir de la fecha.
En el evento que, dentro del periodo de prueba, la empresa decida terminar el
contrato de trabajo, esta a su vez, se compromete a contratar en las mismas
condiciones del numera 2 a otro ex trabajador de la Empresa de Servicios
Públicos de Cartagena en Liquidación. En todo caso manteniendo los números
mínimos y máximos señalados en el numeral 1 salvo que no hubiere oferta
suficiente de extrabajadores seleccionables.
PARAGRAFO: […]
Se firma por todos los que intervinieron hoy (4) de agosto de 1995.
Por aguas de Cartagena S.A. ESP
Gerente
Asesor Laboral
Por el sindicato de trabajadores de la empresa a de servicios públicos
distritales de Cartagena, en liquidación
[…]
Firmas
[…] »

c) Contrato de trabajo, del 1 de abril de 1982, suscrito entre el
representante de las Empresas Públicas Publicas de Cartagena y
José María Morales González.

d) Registro civil de nacimiento y cédula de ciudadanía del señor José
María Morales González, que dan cuenta de su nacimiento el 12
de agosto de 1946.

e) Certificación, del 21 de noviembre de 2014, expedida por el
director del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena de Indicas en el cual se precisó que el demandado
prestó sus servicios a la Empresa de Servicios Públicos Distritales
de Cartagena desde el 1 de abril de 1982 hasta el 30 de julio de
1993.

f) Resolución 1597 del 27 de julio de 1993, por la cual se autoriza
el pago de la Bonificación del programa de Oportunidad de retiro
voluntario de personal, de las cesantías definitivas, y demás
prestaciones sociales; reconoce y ordena el pago a favor del
accionado de $23.384.600.

g) Resolución 6648 del 1 de octubre de 2014, por la cual el director

17

N.º Interno: 2818-2024
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administrativo del Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena de Indias «[…]reconoce pensión de jubilación a partir del 26
de Junio de 1995, en un porcentaje del 72% de su salario promedio, por cumplir
los requisitos del artículo sexto del Acuerdo Laboral Definitivo del 4 de Agosto
de 1995[…]»

h) Resolución No. 2093 del 7 de abril de 2016, por medio de la cual
se concede sustitución pensional a la señora Cleofe Córdoba
Bladrich en un 100% como conyugue supérstite del pensionado
José María Morales González.

i) Registro civil de defunción No. 08839982, donde se indica que el
6 de septiembre de 2015 falleció el señor José María Morales
González, en la ciudad de Cartagena – Bolívar.

j) Audiencia inicial celebrada el 27 de octubre de 2020 en el Tribunal
Administrativo de Bolívar, donde se tramita el proceso contra la
señora Cleofe Córdoba Bladrich como sustituta del señor José
María Morales González

3.5 Caso concreto

El Distrito de Cartagena de Indias acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la modalidad de lesividad, para solicitar la
anulación del acto administrativo por el cual el Fondo Territorial de Pensiones
del Distrito de Cartagena reconoció una pensión de jubilación al señor José
María Morales González (q.e.p.d.), al considerar que no es destinatario del
Acuerdo Laboral suscrito por la empresa y el sindicato en 1995.

El Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones de la
demanda, por considerar que no cumple con los presupuestos para ser
beneficiario del Acuerdo laboral entre la alcaldía de Cartagena, la empresa
de servicios públicos de Cartagena y el sindicato de trabajadores.

La parte demandada interpuso recurso de apelación en el que manifestó que,
en virtud del principio de retroactividad, el acuerdo si le es aplicable y,
además, el fallo cuestionado vulneró el principio de confianza legitima y

18

N.º Interno: 2818-2024
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retroactividad de la ley laboral.

Pues bien, en el sub examine se advierte que el señor José María González
(q.e.p.d.) se vinculó a la Empresa de Servicios Públicos de Cartagena, por
medio de contrato de trabajo y prestó sus servicios desde el 1 de abril de
1982 hasta el 30 de julio de 1993, como lo certificó el Distrito de Cartagena,
así mismo, se advierte que su desvinculación se dio voluntariamente al
acogerse a un programa de retiro de personal que en su momento ofreció la
Empresa de Servicios Públicos Distritales de Cartagena, hecho que se
encuentra acreditado con la Resolución 1597 del 27 de julio de 1993 y
además es reconocido por la parte accionada.

Ahora, el 4 de agosto de 1995, dos (2) años después de la desvinculación
voluntaria del causante, entre la alcaldía de Cartagena, la Empresa de
Servicios Públicos de la misma ciudad y el sindicato de trabajadores de dicha
empresa, se suscribió un acuerdo laboral definitivo, en el que se estipuló,
entre otras cosas, unas prerrogativas pensionales. La pensión del causante
fue reconocida con fundamento en el mentado acuerdo, como se lee en el
acto demandado.

De la lectura del Acuerdo laboral, junto al material probatorio recaudado en
el proceso, la Sala concluye, que aun cuando en el texto de dicho documento
no se indicó quienes eran sus beneficiarios, lo cierto es que el causante no
hizo parte de dicho acuerdo, dado que no podía ser representado por el
sindicato de la empresa que suscribió el acuerdo en dicha calidad, porque
como se vio, se había retirado voluntariamente de la empresa, por
consiguiente, no es destinatario de lo que ahí se acordó.

Además, de acuerdo con lo pactado, el periodo laborado para la empresa
quedó congelado el 26 de junio de 1995, fecha en la que se dio por
terminado el vínculo laboral, tampoco puede perderse vista que, aun cuando
no se expresó en el documento, es claro que el acuerdo pretendió solucionar
una controversia entre las partes que lo suscribieron, entre las que no se

19

N.º Interno: 2818-2024
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encontraba el causante, porque, se repite, se desvinculó voluntariamente de
la empresa dos (2) años antes; y el convenio pretendió precaver
consecuencias desfavorables para quienes en ese momento se encontraban
vinculados a la empresa; por consiguiente, son estos los únicos destinatarios
de lo acordado16.

Para la Sala, no son de recibo los argumentos de la apelante sobre la
vulneración del principio de confianza legitima. Sobre este principio, la Corte
Constitucional17, precisó que:

«[…] en esencia, la confianza legítima consiste en que el ciudadano debe
poder evolucionar en un medio jurídico estable y previsible, en el cual pueda
confiar. Para Müller, este vocablo significa, en términos muy generales, que
ciertas expectativas, que son suscitadas por un sujeto de derecho en razón
de un determinado comportamiento en relación con otro, o ante la comunidad
jurídica en su conjunto, y que producen determinados efectos jurídicos; y si
se trata de autoridades públicas, consiste en que la obligación para las
mismas de preservar un comportamiento consecuente, no contradictorio
frente a los particulares, surgido en un acto o acciones anteriores, incluso
ilegales, salvo interés público imperioso contrario.

Se trata, por tanto, que el particular debe ser protegido frente a cambios
bruscos e inesperados efectuados por las autoridades públicas. En tal
sentido, no se trata de amparar situaciones en las cuales el administrado sea
titular de un derecho adquirido, ya que su posición jurídica es susceptible de
ser modificada por la Administración, es decir, se trata de una mera
expectativa en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica
no serán modificadas intempestivamente. De allí que el Estado se encuentre,
en estos casos, ante la obligación de proporcionarle al afectado un plazo
razonable, así como los medios, para adaptarse a la nueva situación.»

Dentro de este orden de ideas, la confianza legitima constituye una garantía
frente a los cambios inesperados de la autoridad pública, bien puede ser del
poder ejecutivo, legislativo o del judicial, en este caso no se advierte el
desconocimiento de dicho principio dado que resulta evidente que el derecho
prestacional fue reconocido al amparo de una disposición que no le era
aplicable al pensionado y, por consiguiente, el acto demandado debe

16
Conclusiones a las que también arribó la Corte Constitucional en sede de revisión de varias acciones de tutela
interpuestas contra la demandada. Sentencia T-375 de 2015, 23 de junio de 2015 MP Guillermo Guerrero Pérez
17
C 131 de 2004

20

N.º Interno: 2818-2024
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excluirse del ordenamiento jurídico, por ser contrario al principio de orden
constitucional de legalidad.

Otro de los argumentos traídos por la recurrente para cuestionar el fallo de
primera instancia, es la aplicación retroactiva del convenio laboral, sobre el
particular la Sala precisa que la retroactividad supone aplicar una disposición
nueva a una situación anterior a la misma; de otro lado la irretroactividad de
la ley implica que la nueva ley rige a todos los hechos y actos que se
materialicen con posterioridad a su expedición, en este caso, el convenio
laboral no previo que sus efectos se extenderían a las personas retiradas
antes de la negociación, además de la lectura del pacto laboral se concluye
que solamente era aplicable a quienes estaban vinculados a la empresa y
hasta la congelación de los servicios laborales por la terminación del vínculo
laboral, lo que sucedió el 26 de junio de 1995, fecha para cual el causante
no hacía parte de la empresa.

Aunado a lo anterior, no existe en el plenario prueba que de cuenta que el
causante hubiera cotizado a otro fondo o laborado a otra entidad para efecto
de contabilizarlos y hacer el estudio pensional con otra normatividad.

Razones suficientes para confirmar el fallo apelado.

Debe decir la Sala que ante esta declaración de nulidad operó el fenómeno
del decaimiento de la Resolución No. 2093 del 7 de abril de 2016, luego que
a través de aquella la entidad le sustituyó la Resolución 6648 del 1 de octubre
de 2014.

En ese sentido, como en este caso se esta declarando la nulidad del acto
administrativo que reconoció la pensión de jubilación al causante José María
Morales González, y este derecho prestacional se sustituyó en cabeza
Cleofe Córdoba Bladrich, a través de la Resolución No. 2093 del 7 de abril
de 2016, éste último decayó o perdió fuerza ejecutoria por haber
desaparecido el fundamento de hecho y de derecho que justificó dicha
determinación.

21

N.º Interno: 2818-2024
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Demandado: José María Morales González y otro

Bien lo dijo18 esta Subsección:

“Ahora, la pérdida de ejecutoria opera automáticamente y hacia el futuro; no
se requiere declaración judicial; basta el desaparecimiento de las
circunstancias de hecho o los presupuestos de derecho en que se basaron
los actos administrativos, y que se requerían para su existencia para que
dejen de surtir efectos. Al respecto, la Corte Constitucional ha expresado:
«[…] en relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo
por desaparición de los fundamentos de derecho que lo sustentaban, la
jurisprudencia19 y la doctrina especializada20 han dicho reiteradamente que
opera ipso iure, esto es, que no requiere ser declarada ni en sede
administrativa ni mucho menos en sede judicial, pues, incluso, no puede
solicitarse al juez contencioso administrativo porque no existe una acción
autónoma que lo permita (recuérdese que el decaimiento del acto
administrativo no constituye causal de nulidad del mismo 21). Su análisis
puede hacerse en la vía judicial, de manera excepcional, cuando, por
ejemplo, para evitar la ejecución forzosa se interpone la excepción de pérdida
de fuerza ejecutoria» (sentencia T-152 de 2009).

De lo anterior concluye la Sala que la anulación del acto administrativo que
sirvió de fundamento a los aquí acusados hizo que estos perdieran
automáticamente su sustento jurídico y, por consiguiente, dejaran de ser
aplicables.”

Lo que se traduce en que la Resolución No. 2093 del 7 de abril de 2016 deja
de ser aplicable a partir de la declaratoria de nulidad de la Resolución 6648
del 1 de octubre de 2014.

3.6. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha
sido del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar
la actuación procesal de la parte vencida, debe tener certeza de su
causación y que la conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no
basta el simple hecho de las resultas del proceso.

18
Subsección B, C.P.: Carmelo Perdomo Cuéter, once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018), radicación número:
11001-03-25-000-2012-00209-00(0828-12), Actor: Germán Luis Alvarino Soracá, Demandado: Empresa
Colombiana De Petróleos (Ecopetrol S.A.)
19
Al respecto: Sentencias del 8 de mayo de 2008, expediente 00487-01. C.P. Camilo Arciniegas, del 3 de agosto
de 2000, expediente 5722, C.P. Olga Inés Navarrete y 22 de noviembre de 2007, expediente 7430-05 Jaime Moreno
García.
20
Pueden consultarse, entre otros, Gordillo, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Parte Especial. 1ª edición
colombiana 1998. Editorial Biblioteca Jurídica Dike.1998; Bielsa, Rafael. Derecho Administrativo. Tomo II. Sexta
Edición. Editorial La ley. Buenos Aires. 1980.
21
En este sentido, pueden consultarse las sentencias del 30 de enero de 2004, expediente 7397, C.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo y del 5 de julio de 2006, expediente 21051, C.P. Ruth Stella Correa Palacios.

22

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En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandada fue vencida
en el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la
actuación, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa
propia de sus intereses, por consiguiente, no se condenará en costas en esta
instancia.

DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de marzo de 2023, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió a las pretensiones de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto

23

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Demandado: José María Morales González y otro

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

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