Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01204-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01204-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2020-01204-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 76001-23-33-000-2020-01204-01 (6614-2024)
Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Medio de Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437
control: de 2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia
Decisión: Sentencia segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del 15 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca1, que accedió a las pretensiones de la
demanda. Para el efecto, se tendrán en cuenta los siguientes:
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.
1.1. Pretensiones.
La señora Doris Castellanos Nova, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad de las Resoluciones RDP 007534 del 25 de marzo de
2020 y RDP 011279 del 8 de mayo de 2020, por medio de las cuales la Unidad
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección
Social (UGPP) negó el reconocimiento de la pensión gracia.
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Magistrado ponente: Andrés González Arango
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Expediente digital Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
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Numero interno: 6614-2024
Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
A título de restablecimiento del derecho, pidió que se declare que la señora
Doris Castellanos Nova tiene derecho al reconocimiento y pago de una
pensión gracia, a cargo de la UGPP, a partir del 10 de septiembre de 2009, en
cuantía del 75% de los salarios y con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el año inmediatamente anterior al cumplimiento del
status.
Se condene a la UGPP a pagar, debidamente, todas las mesadas pensionales
desde la fecha de constitución del derecho, y con los aumentos automáticos
anuales previstos en la Ley 71 de 1988; el pago de intereses moratorios, de
conformidad con el artículo 192 y el numeral 4 del artículo 195 del CPACA; el
cumplimiento del fallo dentro del término previsto en los artículos 189, 192, 194
y 195 del CPACA; por las costas y agencias en derecho.
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La demandante aseguró que nació el 10 de septiembre de 1959 y puso de
presente que prestó sus servicios como educadora por más de 20 años,
funciones que desempeñó con honestidad, idoneidad y buen crédito, a través
de las siguientes vinculaciones y tiempos:
1. Desde el 2 de junio de 1980 hasta el 8 de noviembre de 1995, designada
por el alcalde del municipio de Caicedonia con Decreto 041 del 2 de
junio de 1980.
2. Desde el 9 de noviembre de 1995 nombrada por Decreto 1758 del 30
de octubre de 1995, emanado de la gobernación del Valle del Cauca,
hasta el 19 de junio de 2019.
La peticionaria sostuvo que adquirió el estatus pensional el 10 de septiembre
de 2009, cuando cumplió 50 años de edad y, el 11 de diciembre de 2019,
solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición
negada con los actos administrativos demandados, porque la entidad
consideró que los tiempos de servicio acreditados son del orden nacional.
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Numero interno: 6614-2024
Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
1.2. Normas violadas y concepto de violación.
Los artículos 2, 13, 25, 48 y 58 de la Constitución Política, las leyes 114 de
1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, la Ley 91 de 1989, la Ley 4ª de
1976, el artículo 2° de la Ley 153 de 1987, el artículo 9 de la Ley 71 de 1988,
los artículos 150 y 279 de la Ley 100 de 1993, el artículo 81 de la Ley 812 de
2003, los artículos 1, 2 y 36 del Decreto 2277 de 1979.
La parte demandante, sostuvo que la pensión gracia se obtiene con la
demostración de 20 años como docente del servicio público territorial y/o
nacionalizado y 50 años de edad, no haber sido sancionado y no tener
procesos disciplinarios en curso.
La accionante expuso que el interesado puede acreditar los 20 años de trabajo
docente con la suma de periodos territoriales y/o nacionalizados continuos o
discontinuos, laborados en cualquier época, siempre y cuando se demuestre
alguna vinculación antes del 31 de diciembre de 1980.
La señora Castellanos Nova aseveró que cuando se trate de periodos
discontinuos, esta Corporación precisó que, en caso de divergencia con los
certificados laborales, se debe cotejar con los actos de nombramiento o vinculación,
prevaleciendo el tipo de vinculación acreditado en estos últimos; y. si el nombramiento fue
expedido por el alcalde o gobernador con destino a un establecimiento territorial o
nacionalizado, así sea después del 1 de enero de 1990, la clasificación debe coincidir con el
tipo de establecimiento, así en los decretos o resoluciones aparezca la firma del Delegado del
Ministerio de Educación Nacional ante el Fondo Educativo Regional –FER.
Que, la tipología del nombramiento de los docentes oficiales resulta de las
definiciones de los artículos 1 de la Ley 91 de 1989 y del artículo 2 del Decreto
196 de 1995. En este asunto, la demandante es docente territorial, fue
nombrada por una autoridad de esa índole, para prestar sus servicios en un
establecimiento de esta misma naturaleza.
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Numero interno: 6614-2024
Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
Por todo lo anterior, concluyó que los actos acusados se produjeron con
infracción de las normas en que debían fundarse, por ello, se encuentran en
las circunstancias previstas en el artículo 138 del CPACA y, en consecuencia,
amerita la declaración de la nulidad y el restablecimiento del derecho a favor
de la demandante.
2. Contestación de la demanda3.
La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda. Afirmó que la entidad
actuó conforme a las normas procedentes al expedir los actos demandados.
La UGPP sostuvo que la demandante no cumple con los requisitos para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia deprecada, porque no acreditó
20 años de servicios docentes del orden territorial o nacionalizado.
La entidad agregó que, de acuerdo con los certificados del FOMAG, la señora
Doris Castellanos tuvo una vinculación nacional, por eso, el tiempo de
servicios no puede ser tenido en cuenta para el reconocimiento de la pensión
gracia. Dado que los beneficiarios de esta prestación son los docentes
territoriales o nacionalizados.
Agregó que «lo importante de la prueba del tiempo de servicios y de la vinculación, no es
la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de los datos puntuales
que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace, la institución
educativa a la que prestará los servicios, su naturaleza y, por supuesto, los extremos
temporales; a efecto de esclarecer el cumplimiento de los requisitos especiales de que trata
la Ley 114 de 1913 en los términos analizados».
Como excepciones propuso las que denominó: inexistencia de la obligación y
cobro de lo no debido, ausencia de vicios en los actos administrativos,
prescripción, buena fe de la entidad demandada, y la genérica o innominada.
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Expediente digital Samai tribunales
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Numero interno: 6614-2024
Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
3. La sentencia de primera instancia4.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
15 de mayo de 2024, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
así:
PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de Inexistencia de la
obligación y cobro de lo no debido, ausencia de vicios en los actos
administrativos demandados, buena fe e innominadas propuestas por la
entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de
prescripción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: DECLARAR la nulidad de las resoluciones: No. RDP 007534 del
25 de marzo de 2020 y RDP 011279 del 08 de mayo de 2020 que negaron el
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
CUARTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y
Parafiscales -UGPP- a reconocer y pagar la pensión gracia a favor de la señora
Doris Castellanos Nova identificada con cedula de ciudadanía No. 29.327.542,
a partir del 10 de septiembre de 2009, equivalente al 75% del promedio de
todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a
la consolidación de su estatus pensional, con efectos fiscales a partir del 10 de
septiembre de 2009 con los respectivos ajustes de Ley.
QUINTO: DECLARAR prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 11
de diciembre de 2016.
SEXTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Pensiones y
Parafiscales -UGPP- hará la actualización sobre las sumas adeudadas, de
conformidad con el artículo 187 (inciso final) del CPACA, teniendo en cuenta
los índices de inflación certificados por el DANE y mediante la aplicación de la
fórmula matemática adoptadas por el Consejo de Estado, a saber: R = Rh.
Índice final Índice inicial
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Samai Tribunal Administrativo del Valle del Cauca índice 33
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Numero interno: 6614-2024
Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
SÉPTIMO: La Unidad Administrativa Especial de Pensiones y Parafiscales -
UGPP deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
indicado en el artículo 192 del CPACA.
OCTAVO: CONDENAR en costas a la demandada. Las agencias en derecho
se fijan en un (1) SMLMV a la fecha de ejecutoria de la sentencia.
NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda
El A-quo consideró probado el requisito de la edad, porque la demandante
cumplió 50 años el 10 de septiembre de 2009, estuvo vinculada por
nombramiento del alcalde del municipio de Caicedonia como maestra
municipal, con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, esto es desde el 2 de
junio de 1980, y este nombramiento se prolongó hasta el 8 de noviembre de
1995.
Concluyó que la demandante ostenta una vinculación al servicio docente
anterior a diciembre de 1980 y que prestó sus servicios como maestra territorial
por más de 20 años, además, cumplió con los demás requisitos para acceder
a la pensión, en consecuencia, encontró procedente la declaratoria de nulidad
de los actos enjuiciados y el consecuente restablecimiento del derecho,
relacionado con el reconocimiento y pago de la pensión gracia a favor de la
demandante. Asimismo, desvirtuó las excepciones propuestas por la entidad
demandada, excepto la de prescripción que la encontró probada parcialmente.
Condenó en costas a la parte accionada.
4. El recurso de apelación.
La parte demandada solicitó revocar la sentencia de primera instancia5.
Afirmó que el «Consejo de Estado ha explicado, frente a la descentralización territorial, que
el servicio público de educación se prestaría a través de instituciones educativas que resultan
ser dependencias de las Secretarías de Educación, lo que conllevó el traslado de personal
docente a las entidades territoriales, inicialmente a los departamentos y, después, a los
5
Memorial adjuntado a la herramienta electrónica para la gestión judicial denominada Samai, archivo «EXPEDIENTE
DIGITAL» índice 2.
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Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
municipios certificados; no obstante, lo importante de la prueba del tiempo de servicios y de la
vinculación, no es la denominación que se le dé, ni la forma que adopte, sino el contenido de
los datos puntuales que ofrezca alrededor del tipo de nombramiento, la autoridad que lo hace,
la institución educativa a la que prestará los servicios, su naturaleza, y por supuesto los
extremos temporales».
La UGPP añadió que, la señora Doris Castellanos Nova no cumple con los
requisitos que la Ley 91 de 1989 y la Ley 114 de 1913, en relación con los 20
años de servicios como docente departamental, distrital o municipal, dado que
en los certificados de tiempo servido se consignó, en el tipo de vinculación,
que ostentaba la calidad de docente nacional. Por lo tanto, no puede tenerse
en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia solicitada, conforme a
lo establecido por el por el numeral 3, articulo 4 Ley 114 de 1913, y la reiterada
jurisprudencia del Consejo de Estado (Sentencia S-699 del 26 de agosto de
1997 M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda) y de la Corte Constitucional (sentencias
C-479 de 1998, C-954 de 2000, T-218 de 2012).
Que, en la vinculación de la hoy demandante intervino el respectivo Fondo
Educativo Regional (FER), porque los recursos para el pago de sus acreencias
laborales provienen de la Nación, por lo tanto, su vinculación es de carácter
nacional.
Por lo anterior, el apelante único, concluyó que es claro, contrario a la
dispuesto por el Tribunal, que a la señora Doris Castellanos Nova, no le asiste
el derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque pretende se
computen a su favor tiempos de servicios de carácter nacional, situación
contraria a la normativa y jurisprudencia actualmente vigente y aplicable al
caso, en consecuencia, la sentencia de primera instancia debe ser revocada.
5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 1 de abril de 20256, el despacho sustanciador admitió el
recurso de apelación y precisó que como el asunto del epígrafe se rige por la
Ley 2080 de 25 de enero de 2023, de acuerdo con el numeral 4 del artículo
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Índice 4
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Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
247 del CPACA, no corrió traslado para alegar de conclusión.
II. CONSIDERACIONES
2.2. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 7, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.
2.3. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer ¿si la señora Doris Castellanos Nova le
asiste razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión
gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan?
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; 2.2.
Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.
2.4. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.
En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento
7
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
a su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la
actividad educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:
El artículo 1º de la Ley 114 de 19138 consagró por primera vez la pensión
gracia:
Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio
por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de
jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente Ley.
El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la
gracia de la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q] ue no ha
recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».
De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el
propósito de esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que
recibían los profesores de primaria en las entidades territoriales respecto de
las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la
Nación; tal diferencia surgía porque, de acuerdo con la Ley 39 de 19039, la
educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 116 de 192810 amplió el beneficio de la pensión gracia
a los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:
Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los
Inspectores de Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos
que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a ésta complementan. Para el
cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas,
tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.
Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la
exigencia de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder
8
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
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«[S]obre Instrucción Pública».
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«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».
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Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
a la pensión gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida
en la Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario,
limitación que también consagra el artículo 128 de la Carta actual11.
La Ley 37 de 193312 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos
contenidos en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la
pensión de gracia a los profesores que prestaran sus servicios en el nivel
secundario.
La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199813,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4 (numeral 3) de la Ley 114 de 1913, expresó:
En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913,
que consagra como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber
recibido ni recibir actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional,
no encuentra la Corte que viola la Ley Suprema, concretamente el principio de
igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades que la misma Carta le
confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,
incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.
Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado
para satisfacer el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y,
por tanto, es perfectamente legítimo que se establezcan ciertos
condicionamientos o restricciones para gozar de una pensión de jubilación. En
este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una justificación
objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la
Constitución de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre
la prohibición de recibir doble asignación del Tesoro Público, salvo las
excepciones que sobre la materia establezca la ley.
A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
11
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
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«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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M. P. Carlos Gaviria Díaz.
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Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
de 197514, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, porque, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y
secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de
esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos
docentes del sector oficial.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto
de las pensiones, preceptuó:
(…)
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato
de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las
hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad
de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de
Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar esta a cargo total o
parcial de la Nación.
B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y
nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año. Estos
pensionados gozarán del régimen vigente para los pensionados del sector
público nacional y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.»
Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido que el artículo 15 (numeral 2) de
la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los derechos
adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los docentes
nacionalizados.
14
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
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Numero interno: 6614-2024
Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:
(…) La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que
se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los
requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114
de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “[...]
con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total
o parcial de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos
docentes, en cuanto ésta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia
quien recibiera “[…] otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
(…)
5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su
propósito, como se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el
proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales.
6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se
hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no
existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en
el literal B del mismo precepto, o sea la “[…] pensión de jubilación equivalente al
75% del salario mensual promedio del último año”, que se otorgará por igual a
docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15 Ib.) hecho que
indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia. También,
que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos
los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice
la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre
de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre
y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91
de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo
15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión,
pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales,
dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente
le asignó la ley15.”
15
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro
Peñaranda.
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Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2 del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que se fijó la siguiente regla en torno al tema, así:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo
SU-14 de 202016, esa disposición «(…) «solo tiene una lectura posible, esto es, la
interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores de primaria, los
empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los
docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de
diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y
cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento, se reconoció
la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su estatus
con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese
año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que
precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores
y, por ende, ser acreedor de esa prestación.
En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la
Ley 91 de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero
de 1999, expuso:
(…)
Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.
16
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
14
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Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los
“docentes oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la
educación primaria como la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo
de la Nación”, lo que significa que culminado el tránsito entre el régimen anterior
y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre de 1980, no subsistió la antigua
distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos pasaron a ser
pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.
Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo
15, numeral 2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como
docentes oficiales hasta el 31 de diciembre de 1980 y por mandato de las
leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 y, para entonces “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión gracia”, continuarían con ese
derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los requisitos
legales correspondientes.
(…)
Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la
educación primaria y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser
cumplida en un período de cinco años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980,
existían dos categorías de docentes oficiales, a saber: los nacionales, vinculados
laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación Nacional; y los
territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía a
la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada
“pensión gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a
otros docentes por las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, como tampoco se opone
la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes actualmente la
disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella antes
del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o
departamento), permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una
excepción al principio general prohibitivo de devengar dos asignaciones del
Tesoro Público, situación ésta que resulta igualmente acompasada con la
Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo 4º, numeral 3º
Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por el
artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y
discriminado “por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua,
religión, opinión política o filosófica”, nada de lo cual ocurre en este caso.
La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13
de la Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En
efecto, el legislador, conforme a lo establecido por el artículo 150 de la
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Constitución Nacional, en ejercicio de la función de “hacer las leyes”, que
asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la Constitución anterior,
puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.
La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya
preceptuado que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los
maestros oficiales de primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se
conserve como derecho para quienes estaban vinculados al servicio antes
del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los vinculados con posterioridad
a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho adquirido”, es decir,
no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita, simplemente,
a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad
de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que,
precisamente por serlo, podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador,
pues a nadie se afecta en un derecho ya radicado en cabeza suya de manera
particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las situaciones fácticas de
quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron después del
1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de
la vinculación laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al
expedir la normatividad cuya exequibilidad se cuestiona, son razones que
legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, objeto
de la acusación17 [se subraya y destaca].
De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales, distritales
o municipales por un término no menor de veinte (20) años y que estuviere
vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta (50) años de
edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.
17
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913,
continúa teniendo vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como
acaba de verse, el legislador expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980”
que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que ella no rige para los vinculados a partir del
1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho “sólo a una pensión de
jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas de la
Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
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2.5. Hechos probados.
1) Según la cédula de ciudadanía y el registro civil, la demandante nació el 10
de septiembre de 195918.
2) Decreto 041 del 2 de junio de 198019, por la cual se nombra «una maestra
Municipal»
3) Acta de posesión número 062, del 29 de mayo de 198020, en el cargo de
maestra municipal escuela rural mixta No. 17, designada según Decreto 041
del 2 de junio de 1980.
4) Certificado de tiempo de servicios N° 5769921, expedido por la Secretaría
de Educación del Valle del Cauca, el 30 de septiembre de 2009.
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Expediente administrativo, expediente digital, índice 2 Samai
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5) Certificación de la Secretaría de Servicios Administrativos del municipio de
Caicedonia, del 22 de junio de 200922, en el que se hace constar que la señora
Doris Castellanos Nova se desempeñó como docente municipal durante el
periodo comprendido desde el 2 de junio de 1980 hasta el 8 de noviembre de
1995.
6) Certificación de la secretaría de Servicios Administrativos del municipio de
Caicedonia, del 21 de septiembre de 200923, en el que se indica que la señora
Doris Castellanos Nova se desempeñó como docente municipal durante el
periodo comprendido desde el 2 de junio de 1980 hasta el 8 de noviembre de
1995, designada por Decreto N° 041 y acta de posesión 062.
7) Certificado de sueldos N°00924 de la rectora y pagadora de la Institución
Educativa Bolivariana de la ciudad de Caicedonia – Valle, donde informó que
la demandante se desempeñó en la Institución, sede San José Eusebio Caro,
en el cargo de docente de tiempo completo, grado en escalafón 13, desde el
30 de octubre de 1995 hasta diciembre de 1995; desde enero a diciembre de
2008, y de enero a septiembre de 2009, recibió los siguientes factores
salariales: salario básico mensual, prima de vacaciones y prima de navidad.
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8) Declaración25 rendida bajo juramento por la señora Doris Castellanos Nova,
ante la notaría Única del Circuito de Caicedonia - Valle, del 17 de septiembre
de 2009, en la que afirmó que es una persona honorable, con acciones y
conducta intachable, que desempeñó la labor docente por más de 29 años con
honestidad, trasparencia, responsabilidad, amor y entrega total.
9) Certificado de antecedentes ordinario N° 13956807, del 17 de septiembre
de 2009, expedido por la Procuraduría General de la Nación en el que se
afirma que la demandante no presenta sanciones ni inhabilidades vigentes.
10) Certificación de la Secretaría de gobierno municipal de Caicedonia Valle,
del 8 de octubre de 199526, en la consta que la demandante «viene laborando al
servicio de este Municipio desde el 2 de junio de 1980, según acta de posesión no 062, hasta
la fecha de la presente certificación ejerciendo el cargo de maestra Municipal ».
11) Constancia de la alcaldesa municipal de Caicedonia, del 9 de marzo de
1996, en la que indica que la demandante laboró al servicio de ese municipio
desde el 2 de junio 1980, acta de posesión N°.062, hasta el 8 de noviembre
de 199527.
12) Decreto N°1758 del 30 de octubre de 1995 (artículo 33)28, por el cual el
gobernador del departamento del Valle del Cauca, en uso de sus atribuciones
legales, luego de un proceso de selección, designo, entre otros a la señora
Doris Castellanos Nova para ocupar el cargo de docente N°23 El Socorro de
la vereda Guayabal, municipio de Riofrio, Distrito Educativo No.5. Se insertan
los apartes pertinentes de este acto administrativo:
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13) Acta de posesión 907 de la División de Recursos Humanos de la
Secretaría de educación del Valle del Cauca, del 9 de noviembre de
199529, por medio de la cual la señora Castellanos Nova tomó posesión como
seccional centro docente #23 El Socorro, vereda Guayabal, distrito educativo
#5 Tuluá, nombrada por Decreto 1758 del 30 de octubre de 1995, en
propiedad; suscrita por la jefe de la División de Recursos Humanos de la
Secretaría de Educación departamental del Valle y por la demandante.
14) Certificación de ausencia de pensión expedida por CAJANAL el 28 de
octubre de 200930.
15) La accionante solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, 11 de diciembre de 201931.
16) La UGPP negó el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la señora
Doris Castellanos Nova, a través de la Resolución N° RDP 007534 del 24 de
marzo de 202032, expedida por la UGPP, al considerar que la demandante se
desempeñó como docente nacional.
17) Resolución N° RDP 011279 del 8 de mayo de 202033, por medio de la
cual la UGPP confirmó la Resolución N° RDP 7534 del 24 de marzo de 2020,
en sede del recurso de apelación.
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18) Formato Único para la expedición de certificado de historia laboral,
consecutivo N° 112502018, del 19 de junio de 201934, de la Secretaría de
Educación del Valle del Cauca, en donde se indica que la señora Doris
Castellanos Nova prestó sus servicios como docente de primaria, así:
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19) Certificación electrónica de tiempos laborados CETIL
N°202005890399029901940042 del 21 de mayo de 2020, en la que consta
que la demandante prestó sus servicios como docente, en propiedad, del nivel
nacional, adscrita a la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, desde el
9 de septiembre de 1995.
Actuación administrativa
i) El 11 de diciembre de 2019 la señora Castellanos Nova formuló reclamación
administrativa ante la UGPP, orientada a obtener la pensión gracia.
ii) Mediante Resolución RDP 7534 del 25 de marzo de 2020, la UGPP negó
el reconocimiento de la pensión gracia pedida por la demandante el 11 de
diciembre de 2019, dado que no acreditó su vinculación a la docencia oficial
por 20 años, porque el tiempo acreditado corresponde a uno de carácter
nacional. Acto que fue confirmado por la Resolución RDP 011279 del 8 de
mayo de 2020.
2.6. Caso concreto.
La señora Doris Castellanos Nova acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar la anulación de los actos
administrativos por los que la UGPP negó el reconocimiento de la pensión
gracia.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a las pretensiones de la
demanda, al considerar que la demandante prestó sus servicios en calidad de
docente territorial, como lo certificó la Secretaría de Educación del Valle del
Cauca, vinculación que ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980 (2 de junio
de 1980), desempeñó el cargo con honradez y buena conducta; por lo que, es
destinataria de la pensión gracia.
La parte demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, en dicho recurso insiste que la vinculación de la docente es de
carácter nacional.
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De conformidad con los antecedentes normativos expuestos, se observa que
la pensión gracia beneficia a los docentes que hubiesen prestado sus servicios
en establecimientos públicos, que cumplan 20 años de servicios con
nombramientos del orden departamental, distrital, municipal o nacionalizado,
con la observancia de buena conducta y acrediten una vinculación antes del
31 de diciembre de 1980; sin que les sea dable acumular tiempos en el orden
nacional.
La Sala entrará a revisar el cumplimiento de los requisitos por parte de la
señora Doris Castellanos Nova, para establecer si le asiste razón para
reclamar la pensión gracia.
Edad: la señora Doris Castellanos Nova nació el 10 de septiembre de 1959;
por lo que, el 11 de diciembre de 2019 (fecha de la reclamación) contaba con
más de 50 años. Por tanto, cumple con el requisito contemplado en el numeral
6 del artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
Buena conducta: la accionante acreditó que desempeñó el empleo con
honradez y consagración; por lo tanto, honró la exigencia prevista en el
numeral 1 de la norma antes referida.
Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980:
Para acreditar el cumplimiento de este requisito la Sala observa que, la señora
Castellanos Nova aportó: i) el Decreto 041 de 1980 (hecho probado número
2); ii) acta de posesión N° 062 del 29 de mayo de 1980 de la Alcaldía de
Caicedonia (hecho probado número 3); así mismo, iii) las certificaciones de la
Secretaría de Servicios Administrativos del municipio de Caicedonia (hechos
probados número 5 y 6), iv) certificación de la alcaldesa de Caicedonia del 9
de marzo de 1996 (hecho probado N°11).
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Demandante: Doris Castellanos Nova
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Ahora bien, sobre esta vinculación, esto es, la ocurrida desde el 29 de mayo
de 1980, se observa que se trató de una designación con carácter territorial
porque fue realizada por el alcalde de Caicedonia, para una plaza territorial,
como se concluye de la revisión del Decreto de nombramiento N°041 de 1980,
relacionado ut supra y del acta de posesión que se mencionó en líneas
anteriores en el hecho probado número 3.
Por consiguiente, este periodo de servicio inició con anterioridad al 31 de
diciembre de 1980, puede ser contabilizado para el reconocimiento de la
pensión gracia.
La Sala le resta credibilidad a la indicación, en relación con el tipo de
vinculación de la demandante, consignada en el formato para la expedición de
historia laboral (hecho probado 18) y a la certificación electrónica Cetil (hecho
probado 9), en el que se afirmó que la señora Doris Castellanos fue docente
nacional; esto porque al proceso se aportaron los actos de nombramiento y
las actas de posesión de la docente, en las que se evidencia que fue designada
como maestra por disposición de la autoridad territorial correspondiente, en
uso de sus facultades legales (hechos probados 2,3, 12 y 13)35.
La demandada también sostuvo que la demandante es docente nacional
porque en el acto de su vinculación intervino el representante del FER; sin
embargo, aunque en el Decreto N°1758 del 30 de octubre de 1995, mediante
el cual se designó a la educadora participó el delegado del Ministro de
Educación Nacional ante el departamento del Valle del Cauca, lo cierto es que,
conforme a la jurisprudencia de esta Corporación36, no puede concluirse que
los docentes con vinculación territorial y/o posteriormente nacionalizados
adquieren automáticamente la calidad de educadores nacionales por el solo
hecho que en el acto de vinculación, intervenga el delegado permanente del
35
Sentencia de unificación SU-04683 de 2018, magistrado ponente Carmelo Perdomo Cueter, radicación 25000-23-
42-2013-04683-01 (3805-14) 21 de junio de 2018. «(…) vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia
de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente
claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto,
también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. Se
destaca.
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter, Actor: Gladys
Amanda Hernández Triana
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Ministerio de Educación Nacional como integrante de la junta administradora
del respectivo FER, junto con el representante legal de la entidad territorial.
Por consiguiente, para la Sala no son de recibo los planteamientos de la
entidad y, se reitera, este tiempo es válido para ser contabilizado para el
reconocimiento de la pensión gracia a favor de la accionante.
Prestación de servicio como docente territorial o nacionalizado por 20
años. Para acreditar este requisito, además del ya indicado en líneas
anteriores, esto es, el realizado a partir del Decreto 041 del 2 de julio de 1980,
se encuentran en el expediente los siguientes documentos:
El Decreto 1758 del 30 de octubre de 1995, por medio del cual el gobernador
del departamento del Valle del Cauca designó a la demandante como maestra
en el plantel educativo El Socorro del municipio del Retiro, como se observa
en el hecho probado número 12. El acta de posesión N°907 de la División de
Recursos Humanos de la gobernación de Valle del Cauca (hecho probado
número 13).
Así mismo, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral consecutivo 112502018, del Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, secretaria de Educación del Valle del Cauca del 19 de junio de
2019; en este certificado también se consignó que esta vinculación de la
señora Castellanos inició el 9 de noviembre de 1995; con el que se concluye
que la demandante ingresó al servicio docente oficial en propiedad el 9 de
noviembre de 1995 y se encontraba vinculada para la fecha de expedición, con
lo que alcanzó más de 30 años de servicios.
Siendo, así las cosas, la Sala encuentra que de las pruebas que obran en el
expediente, la demandante logró acreditar los 20 años de servicios docentes
de la siguiente manera:
Tiempo
Acto de laborado
Nominador Desde Hasta
nombramiento
a. m. d.
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Demandada: UGPP
Decreto 041 de 8 de
29 de mayo
Municipio de 2 de junio de noviembre
Caicedonia 1980
de 1980
de 1995
15 5 10
Departamento Decreto 1758 del 9 de
19 de junio
del Valle del 30 de octubre de noviembre
de 201937
23 7 10
Cauca 1995 de 1995
Total tiempo de servicio 39 0 20
Finalmente se tiene que, la demandante cumplió los requisitos para acceder a
la pensión gracia, en los términos indicados con anterioridad.
2.6 Condena en costas.
De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido
del criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la
procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la
actuación procesal de la parte vencida, tener certeza de su causación y que la
conducta desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple
hecho de las resultas del proceso.
En el caso concreto, si bien es cierto que la parte demandante fue vencida en
el proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación,
no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de
sus intereses, de modo que no se condenará en cosas en esta instancia.
Por lo anterior, se revocará la condena en costas dispuesta en la sentencia
impugnada.
III. DECISIÓN
Con fundamento en lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará
parcialmente la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió a las súplicas de la demanda.
37
Esta es la fecha de expedición del último certificado, en el que no se precisó la demandante que se hubiese retirado
del servicio
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Demandante: Doris Castellanos Nova
Demandada: UGPP
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del 15 de mayo de 2024,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió a
las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
promovida por la señora Doris Castellanos Nova, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Revocar la condena en costas impuesta en la sentencia de
primera instancia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
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