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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01393-01

Fecha
3 de abril de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01393-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de abril de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01393-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 76001-23-33-000-2020-01393-01 (4336-2024)
Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG1) y al departamento del Valle del Cauca
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Vinculados: Fiduciaria La Previsora S.A; La Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones); y La
Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP)
Tema: Reconocimiento de pensión de jubilación por
aportes conforme a la Ley 71 de 1988; maestro
vinculado con posterioridad a la Ley 812 de 2003
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 4 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

El señor Miguel Montenegro Collazos por intermedio de apoderada judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de

1
En adelante FOMAG.
2
Las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.

2

Número Interno: 4336-2024
Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
para solicitar la nulidad del acto ficto negativo derivado de la ausencia de
respuesta a la petición incoada el 25 de septiembre de 2019, mediante la cual,
la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, del departamento del Valle del Cauca negó el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes.

A título de restablecimiento del derecho

El demandante solicitó que, se condene a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del
departamento del Valle del Cauca a reconocer y ordenar el pago de una
pensión de jubilación equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas,
anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir, a partir
del 30 de noviembre de 2017, con base en la Ley 71 de 1988.

El señor Miguel Montenegro Collazos pidió, además, reconocer y ordenar el
pago de los ajustes con ocasión a la disminución del poder adquisitivo de las
sumas adeudadas y de las mesadas pensionales de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 192 del CPACA; por otro lado, que la parte demandada cumpla
la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

La parte actora, finalmente, solicitó el pago de intereses y la condena en costas
al demandado.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El señor Miguel Montenegro Collazos nació el 30 de noviembre de 1957.

El demandante puso de presente que, realizó aportes al ISS hoy Colpensiones
en total de 518.42 semanas. Asimismo, al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, en el periodo comprendido del 21 de noviembre de
2003 al 18 de julio de 2019.

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Número Interno: 4336-2024
Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

Posteriormente, fue vinculado como docente oficial para la Institución
Educativa Camilo Torres del municipio de Dagua, el 21 de noviembre de 2003,
cargo que desempeña en la actualidad.

Indicó que, con la petición del 25 de septiembre de 2019, solicitó a la parte
accionada, el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación; no obstante,
mediante oficios del 30 de octubre de 2019 y del 12 de diciembre de 2019, la
reclamación fue devuelta al no anexar la documentación pertinente.

Finalmente, señaló que el 27 de diciembre de 2019, allegó los documentos
para acceder el reconocimiento de la pensión, pero dicha petición fue negada
a través del acto ficto o presunto derivado de la ausencia de respuesta a la
petición incoada.

1.2. Concepto de violación.

La apoderada del demandante argumentó que se vulneró el artículo 7 de la
Ley 71 de 1988, artículo 15 numerales 1 y 2 de la Ley 91 de 1989, artículo 6
de la Ley 60 de 1993, artículo 115 de la Ley 115 de 1993, artículo 279 de la
Ley 100 de 1993, artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1 y 2 del Decreto
3752 de 2003.

Expuso que el señor Miguel Montenegro Collazos estuvo vinculado con
anterioridad al 23 de junio de 20033 (sic), y realizó aportes al ISS, motivo por
el cual se entiende como vinculado para efectos del cumplimiento del artículo
81 de la Ley 812 de 2003, toda vez que el artículo 7 de la Ley 71 de 1988, es
aplicable a todos los servidores públicos de la rama ejecutiva del poder público.

2. Contestación de la demanda.

2.1 Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)4. Manifestó que la parte
accionante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión, teniendo en

3
índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00.
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índice 15 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00.

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Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

cuenta que su vinculación al FOMAG fue con posterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003 y formuló como excepciones, la legalidad de los actos
administrativos, la inexistencia de la obligación, la caducidad, la prescripción,
y la genérica.

2.2 Departamento del Valle del Cauca5. Solicitó negar todas las pretensiones
de la demanda toda vez que la competente para el reconocimiento de la
pensión es el FOMAG y propusó las excepciones de falta de legitimación en
la causa por pasiva, la innominada y la genérica.

2.3 La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)6. Señaló
que carece de competencia para conocer de las pretensiones del demandante
y planteó como excepciones la falta de legitimación en la causa por pasiva, la
inexistencia de la obligación, la prescripción, la innominada y la buena fe.

2.4 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)7. Alegó la
falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no es la entidad
encargada de realizar el reconocimiento pensional solicitado y expuso como
excepciones la prescripción, la buena fe y la innominada.

2.5 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado8. Pidió que «[…] en
aplicación de las reglas fijadas en la Sentencia de Unificación de Jurisprudencia del Consejo
de Estado del 28 de agosto de 2018 (Expediente 2012-00143), se profiera sentencia
anticipada NEGANDO las pretensiones de la demanda».

2.6 Fiduciaria La Previsora S.A. Guardó silencio.

3. Reforma de la demanda.

Por medio de escrito del 9 de marzo de 20229, la parte actora presentó reforma

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índice 14 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00.
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Índice 17 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00.

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Demandante: Miguel Montenegro Collazos
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de la demanda, al señalar que la Secretaría de Educación departamental del
Valle del Cauca le notificó el 2 de diciembre del 2021, de manera
extemporáneamente la Resolución No. 03488 del 29 de octubre de 202110, a
través de la cual le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes y en su lugar, le reconoció la pensión de vejez conforme a los artículos
33 y 34 de Ley 100 de 1993, por lo que en su sentir el referido acto
administrativo debe ser declarado nulo, teniendo en cuenta que, no fue lo
solicitado a favor de la docente.

Mediante auto del 29 de abril de 202211, el Tribunal rechazó la reforma de la
demanda, al concluir la pérdida de competencia de la entidad para
pronunciarse frente a la petición del demandante una vez fue notificado el auto
admisorio de la demanda de conformidad con los artículos 83 y 173 del
CPACA.

4. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el
4 de abril de 202412, negó en su totalidad las pretensiones de la demanda y se
abstuvo de condenar en costas.

El Tribunal consideró que el demandante al haber sido vinculado en calidad
de docente a partir del 25 de agosto de 2003, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), no le aplica
la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988, sino la consagrada
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 de prima media y Ley 100 de 1993.

5. El recurso de apelación

El accionante13 solicitó revocar la decisión contenida en la sentencia al
considerar que cumplió con los requisitos para la pensión conforme con los
parámetros de la Ley 71 de 1988, toda vez que «[…] su vinculación bajo la modalidad

10
Ibid.
11
Índice 19 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00.
12
Índice 45 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00.
13
índice 48 del aplicativo Samai radicado 17001-23-33-000-2022-00145-00.

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de orden y/o contrato de prestación de servicios, a la docencia oficial y cotizando en el antiguo
ISS hoy en día COLPENSIONES, data desde el año 2003, tal y como se relaciona en la
demanda, fecha que es anterior a la de entrada en vigencia de la primera ley en cita -26 de
junio de 2003, razones por las cuales se le deben aplicar las contenidas en la ley 71 de 1988
y reconocerse una pensión por aportes, en concordancia con los principios del derecho laboral
y constitucionales».

En consecuencia, solicitó que se le conceda la pensión de jubilación, de
acuerdo con la Ley 71 de 1988, otorgando efectos fiscales a la fecha en la que
consolidó el derecho, en compatibilidad con el salario devengado como
docente activo.

6. Trámite de segunda instancia

Mediante auto del 10 de febrero de 202514, el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67
de la Ley 2080 de 2021 y, al no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, el proceso ingresó al Despacho para fallo el 5 de marzo siguiente.

La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Asimismo, el Ministerio
Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De
igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)15, el

14
índice 11 del aplicativo Samai.
15
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.”

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juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante,
le corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.
Para el efecto se analizará si al accionante le asiste derecho al reconocimiento
de la pensión de jubilación por aportes prevista en la Ley 71 de 1988; o, por el
contrario, carece de razón, pues su vinculación al servicio oficial docente fue
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, como lo
concluyó el a quo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 3. Marco normativo y jurisprudencial; 4. Hechos probados; y 5. Caso
concreto.

3. Marco normativo y jurisprudencial.

3.1 El derecho fundamental a la seguridad social

Como es bien sabido, la seguridad social es un derecho reconocido como un
derecho fundamental. La Constitución Política de Colombia en su artículo 48
define la seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio que
debe ser prestado bajo la dirección, coordinación y control del Estado a través
de las entidades dispuestas para ello, como una garantía irrenunciable de
todas las personas16.

Ciertamente este derecho, guarda una estrecha relación con la dignidad
humana puesto que permite que cualquier persona haga frente a las
circunstancias que las privan de su capacidad para ejercer plenamente sus
derechos y disfrutar de los aspectos sencillos de la vida. Se ha reconocido, por

16
Corte Constitucional Sentencia T-321 de 1999.

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Número Interno: 4336-2024
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las Naciones Unidas que la seguridad social desempeña una importante labor
en la reducción y el alivio de la pobreza y la prevención de la exclusión social.

Ahora bien, la protección que el orden constitucional le confiere al derecho a
la seguridad social también encuentra respaldo en varios instrumentos
internacionales que reconocen este derecho. Así sucede con la Declaración
Universal de Derechos Humanos la cual establece que: “Toda persona, como
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de
la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos
económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre
desarrollo de su personalidad”.

Por su parte, el artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la
Persona afirma que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le
proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la
imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”.

En igual sentido, el artículo 9° del Pacto Internacional de Derechos Sociales y
Culturales pregona que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen
el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”.

De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales prescribe que: “Toda persona tiene derecho a la
seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la
incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios
para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las
prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”.

Como se infiere de las normas internacionales mencionadas, el derecho a la
seguridad social busca proteger a todas las personas que, se encuentran en
imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le

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Número Interno: 4336-2024
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permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una
enfermedad o incapacidad laboral.

La Corte Constitucional, se ha pronunciado sobre la necesidad que existe de
cubrir riesgos que son propios a la condición humana que no pueden
desconocerse y requieren un alto grado de protección. Tal es el caso, de la
pensión de vejez, que es uno de los mecanismos que, en virtud del derecho a
la seguridad social, protege a las personas cuando se produce una disminución
de la producción laboral que impide o dificulta obtener los recursos para
disfrutar de una vida digna”17 .

En este sentido, la pensión de vejez ha sido definida por la jurisprudencia
constitucional como un "salario diferido del trabajador, fruto de su ahorro
forzoso durante toda una vida de trabajo". Por lo tanto, "el pago de una pensión
no es una dádiva súbita de la Nación, sino el simple reintegro que, del ahorro
constante durante largos años, es debido al trabajador"18.

Por su parte, el Convenio núm. 102 “Sobre la Seguridad Social” de la
Organización Internacional del Trabajo establece un deber de los estados
miembros de garantizar el derecho a la seguridad social.

3.2 Marco normativo y jurisprudencial del régimen pensional docente

En un inicio, los docentes oficiales fueron destinatarios de la pensión de
jubilación prevista por la Ley 6ª de 1945, según la cual, quien acumulara 20
años de servicio y llegara a 50 años de edad, tendrían derecho a una pensión
vitalicia de jubilación liquidada con el 75% del «promedio de los sueldos
devengados durante el último año». Posteriormente, sus derechos
pensionales fueron regidos por la Ley 33 de 1985, norma que consagró el
derecho a obtener una pensión de jubilación para aquellos que acumularan 20
años de servicio y cumplieran 55 años de edad, liquidada con el 75% «del
salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de
servicio».

17
Sentencia T 163 de 2013
18
Sentencia C.177 de 1998.

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Con la Ley 91 de 1989 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio concebido como una cuenta especial de la nación, que tenía
como finalidad realizar el pago de las prestaciones sociales de los docentes.
En estos términos, el Fondo tiene dentro de sus funciones, reconocer la
pensión de jubilación, post mortem, de retiro por vejez, de invalidez y la
sustitución pensional.

Ahora bien, en la misma ley mencionada, se determinó que a los docentes
afiliados a dicho Fondo se les aplicaría el mismo régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. Así lo prescribe, el artículo 15 literal b)
de la Ley 91 de 1989 según el cual “para los docentes vinculados a partir del
1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se
nombren a partir del 1 de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de
Ley, se reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del
régimen vigente para los pensionados del sector público nacional y
adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una mesada
pensional”. (Subrayado fuera de texto).

En ese orden, aunque si bien es cierto que el artículo 15 de la Ley 91 de 1989
determinó que la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
corresponderá al equivalente al 75% del salario mensual promedio del último
año de servicios, también lo es que, no especificó los requisitos de
reconocimiento de la prestación, y por ello, remite al régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional. Ahora bien, ese régimen atendiendo
a la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 19,
corresponde al consagrado para el sector público en la Ley 33 de 1985, esto
teniendo en cuenta que el régimen de seguridad social en materia pensional
establecido en la Ley 100 de 1993 no se aplica a los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por expreso mandato del
artículo 279 de esta normativa.

19
Sentencia del 20 de octubre de 2014, proferida por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado.
Radicado 68001233100020110027601.

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De acuerdo con lo anterior, el artículo 1º de la Ley 33 de 1985 consagra que
el empleado oficial que sirva o haya servido 20 años continuos o discontinuos
y llegue a la edad de 55 años tendrá derecho a que la respectiva Caja de
Previsión le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último
año de servicio. Por su parte, el artículo 3° de esta misma disposición,
modificado por el artículo 1° de la Ley 62 de 1985, indica que la base de
liquidación de los aportes estará constituida por la asignación básica, los
gastos de representación, la prima técnica, los dominicales y feriados, las
horas extras, la bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en días de descanso obligatorio. Y precisa
que, en todo caso, “las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan servido de
base para calcular los aportes”.

Así las cosas, la expedición de la Ley 100 de 1993, no varió las condiciones
de como se venían reconociendo las pensiones para el sector docente, puesto
que como dicho gremio estaba exceptuado, se les seguía aplicando las
condiciones fijadas, en la ya mencionada Ley 91 de 1989 en concordancia con
los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este
último derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985.

Esta realidad cambió con la expedición de la Ley 812 de 2003 “Por la cual se
aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado
comunitario", puesto que a través del artículo 8120introdujo importantes
cambios en el régimen de los docentes oficiales, con el fin de incorporar a este
sector al sistema de seguridad en pensiones regulado por la Ley 100 de 1993.

En efecto, el artículo 81 en cita, determinó que el régimen de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales que se encontraban vinculados al
servicio público educativo oficial sería «[…] el establecido para el Magisterio
en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de [esa]

20
Reglamentado Parcialmente por el Decreto Nacional 2341 de 2003, Reglamentado Parcialmente por el Decreto
Nacional 3752 de 2003.

12

Número Interno: 4336-2024
Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

ley»; sin embargo, en seguida reguló que los docentes oficiales vinculados a
partir de su entrada en vigor (27 de junio de 2003), deben ser afiliados al
Fomag y tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, «con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres».

El Acto Legislativo 01 de 2005, por medio del cual se reformó el artículo 48 de
la Constitución Política, ratificó el alcance del art. 81 de la Ley 812 de 2003 en
relación con el régimen docente. En el parágrafo transitorio núm.1 o dispuso
que “El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido
para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la
entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de
esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia
de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes
del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley
812 de 2003”.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en el marco del anunciado
cambio legislativo, profirió la Sentencia de unificación SUJ-014 -CE-S2 de 25
de abril de 201921, en la cual estableció que para definir el régimen pensional
que regula el derecho a la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes
nacionales, nacionalizados o territoriales, es necesario tomar como punto de
partida la fecha de ingreso al servicio educativo oficial docente. En esos
términos quedó explicado en la citada sentencia:

«[…]
I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de 1985 para los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio público
educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que se
vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. A estos
docentes, también afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho régimen,

21
Expediente con radicación 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-2017), M.P. César Palomino Cortés.

13

Número Interno: 4336-2024
Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres».

De acuerdo con esta interpretación, la Sección Segunda concluyó que para
quienes se hayan vinculado al servicio público educativo oficial con
anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, lo cual ocurrió el 27
de junio del mismo año22 la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación
sería la que corresponde “al mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación
para los servidores públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985,
los factores que se deben tener en cuenta son solo los aquellos sobre los que
se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la
Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo”23.

Ahora bien, para los docentes que ingresaron al servicio educativo a partir de
la Ley 812 de 2003, en el mismo fallo se dispuso lo siguiente:

«[…] 68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del régimen pensional de prima
media en las condiciones previstas en la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo
en lo que tiene que ver con la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley
812 de 2003 se unificó para hombres y mujeres en 57 años 24. Esto quiere decir,
que para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe tenerse
en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994.
69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del sistema de
pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de 1989. Los factores que se
deben incluir en el ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto
1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones […]».

En resumen, a los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003 se les
aplicarán las leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 71 de 1988. Requisito de edad:
55 años. Requisito de tiempo o semanas: 20 años de servicio. Monto: 75% con
un IBL o Componente temporal: del último año anterior a la adquisición del
derecho a la pensión, en consideración de la compatibilidad del ejercicio de la
docencia con el goce de la pensión de jubilación prevista por el art. 5º de la
Ley 224 de 1972; o último año de prestación de servicios, según corresponda.

22
Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003.
23
0937-2017. MP CésarPalomino Cortés.
24
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó el
artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.

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En contraste, a los docentes vinculados a partir del 27 de junio de 2003, se les
aplicará la Ley 100 de 1993 y Ley 797 de 2003. Requisito de edad: 57 años.
Requisito de tiempo de servicios: según corresponda de acuerdo con el
artículo 33 de la Ley 100 de 1993. Monto: el que resulte de aplicar las reglas
previstas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, según corresponda en el
tiempo y con IBL o componente temporal de los últimos 10 años o toda la vida
laboral, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

De acuerdo con lo anterior, el régimen de los docentes vinculados con
antelación a la promulgación de la Ley 812 de 2003, es el previsto en la Ley
91 de 1989 que, a su vez, remite al «[…] régimen vigente para los pensionados
del sector público nacional», contenido en los artículos 17 de la Ley 6ª de 1945
y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último derogado por el artículo 25 de la
Ley 33 de 1985.

Es importante destacar, aunque parezca de perogrullo que, el régimen de los
pensionados del sector público nacional, consagrado en la Ley 33 de 1985,
solo permite sumar los tiempos públicos servidos al sector oficial.

3.4 La Ley 71 de 1988- Finalidad y alcance

Con anterioridad a la Ley 71 de 1988, no era posible que los trabajadores del
sector público y del sector privado sumaran el tiempo servido en los dos
sectores para efectos de obtener su derecho pensional, esto traía como
consecuencia que unos y otros no logran en varias oportunidades completar
el tiempo para acceder a dicha prestación.

Con dicha normativa, el legislador buscó dar solución a esta contingencia
consagrando la “pensión de jubilación por acumulación de aportes”, según el
artículo 7º de esta disposición, como aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización en el sector público y privado. De acuerdo con ello, a
partir de esta ley, los empleados oficiales y públicos y los trabajadores
particulares que acrediten, 55 años si es mujer y 60 años si es varón, y 20
años de aportes sufragados en cualquier tiempo en una o varias entidades de

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previsión social o de las que hagan sus veces, con los efectuados ante el
I.S.S., tendrán derecho a acceder a la prestación jubilatoria mediante la
acumulación de aportes y cotizaciones derivados de la relación contractual
particular u oficial y la legal y reglamentaria.

Es importante mencionar que, el nacimiento en el ordenamiento jurídico de la
Ley 71 de 1988, no produjo ninguna modificación en los regímenes ordinarios
de pensión que existían hasta ese momento. Así quedó claramente señalado
en el artículo 11º de la misma Ley 71 en el que se indicó que "esta ley y las
leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 4a. de 1976, 44 de 1980, 33 de 1985, 113 de
1985 y sus decretos reglamentarios, contienen los derechos mínimos en
materia de pensiones y sustituciones pensionales y se aplicarán en favor de
los afiliados de cualquier naturaleza de las entidades de previsión social, del
sector público en todos sus niveles y de las normas aplicables a las entidades
de previsión social del sector privado, lo mismo que a las personas naturales
y jurídicas que reconozcan y paguen pensiones de jubilación, vejez e
invalidez".

La Corte Constitucional en la Sentencia C-012 de 1994 puso de presente que
con anterioridad a la Ley 71 de 1998 “los regímenes jurídicos sobre pensiones
no permitían obtener el derecho a la pensión de jubilación acumulando el
tiempo servido en entidades oficiales, afiliadas a instituciones de previsión
social oficiales y a las cuales se habían hecho aportes, con el tiempo servido
a patronos particulares, afiliados al Instituto Colombiano de los Seguros
Sociales, y al cual, igualmente se había aportado, aun cuando si era
procedente obtener el derecho a la pensión acumulando el tiempo servido a
diferentes entidades oficiales, cuando se hubieren hecho aportes a diferentes
entidades de previsión social oficial o al ISS".

En el contexto descrito, el establecimiento de la pensión de jubilación por
aportes se convirtió en una garantía para los empleados oficiales y públicos y
los trabajadores particulares, de sumar todas las cotizaciones realizadas en su
historia laboral, independientemente de si estas tuvieron origen en el sector
público o privado, para cubrir su riesgo de vejez.

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La Sección Segunda, también se ha pronunciado sobre las implicaciones que
ha tenido la expedición de la Ley 71 de 1998 al consagrar la pensión por
aportes. Sobre dicha prestación, esta Corporación25 también se ha
pronunciado de la siguiente manera:

«[…] En el modelo de prestaciones sociales y de seguridad social anterior a la
Constitución de 1991 y la Ley 100 de 1993, el sistema pensional aplicable a los
trabajadores del sector privado era diferente al aplicable a los servidores
públicos, al punto de que por regla general no era posible, para efectos de la
pensión, sumar el tiempo servido en una u otra calidad de vínculo laboral. Para
remediar esta situación el Congreso expidió la Ley 71 de 1988, la cual, en su
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 consagró la denominada “pensión de jubilación
por acumulación de aportes”, es decir, aquella que se obtiene sumando los
tiempos de cotización y de servicios en el sector público y en el privado.»

De acuerdo con todo lo dicho, la pensión por aportes representó la oportunidad
para empleados públicos y privados de sumar sus aportes para efectos
pensionales.

3.5 Aplicación de la pensión por aportes regulada por la Ley 71 de 1988,
a los docentes vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.

Aunque en oportunidades anteriores, el suscrito ponente de esta decisión
había salvado el voto en asuntos como el que se discute en esta ocasión, a
partir de la Sentencia del 30 de enero del 202326 acompaño la posición
mayoritaria de la Sala, en la que se determinó que la Ley 71 de 1988 si era
aplicable a los docentes estatales.

Ciertamente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
llegó a la mencionada conclusión al interpretar la Ley 71 de 1988, de
conformidad con lo previsto en los artículos 81 de la Ley 812 de 2003 y 15,
numeral 2, literal b), de la Ley 91 de 1989. La Sala expresó en esta oportunidad

25
Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección B; sentencia de 9 de junio de 2011; expediente: 25000-23-25-
000-2005-05520-01(1117-09); consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 30 de enero de 2023, radicado núm. 0391-2022. MP Juan
Enrique Bedoya Escobar.

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varios razonamientos que dan lugar a esta interpretación. En síntesis, estos
fueron los siguientes:

En primer lugar, el legislador tuvo la intención al establecer en el numeral 2, literal
b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 que los docentes «gozarán del régimen
vigente para los pensionados del sector público nacional» lo que significa que dicha
expresión también incluye que puedan ser beneficiarios de la Ley 71 de 1988 puesto
que esta normativa esta dirigida a todos los empleados públicos en general, sin
hacer exclusión expresa de algún sector.

En segundo lugar, interpretar que el artículo 15.2 literal b), de la Ley 91 de 1989 no
remitió también al 7 de la Ley 71 de 1988 implicaría aceptar que los docentes no
hacen parte de la categoría de «empleados oficiales» 27 a los que esta última norma
gobierna. Tal entendimiento conllevaría a aseverar, sin ser cierto, (i) que esta última
ley no contiene un régimen pensional aplicable a los empleados «del sector público
nacional» cuando los cobija a todos; y (ii) que la Ley 33 de 1985 es la única aplicable
a esta clase de trabajadores, cuando no es así.

En tercer lugar, la Ley 71 de 1988, fijó unos derechos pensionales que no pueden
ser desconocidos a ningún servidor público o trabajador privado. En efecto, en su
artículo 11, analizado antes en esta providencia y que debe ser interpretado de
manera sistemática con el 7 por ser parte de un mismo texto legal y referirse a igual
materia, determinó que su contenido y las disposiciones que quedaron vigentes de
las leyes 4 de 1976, 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985, junto con
la Ley 33 de 1985, comprenden los «derechos mínimos» en materia de pensiones y
sustituciones pensionales aplicables «al sector público en general y en todos los
niveles».

En cuarto lugar, no hay un mandato legal que disponga que los docentes oficiales
deben ejercer durante toda su vida laboral la enseñanza en el sector público para
que se les aplique el numeral 2 literal b), del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, esto
es, para tener derecho a pensionarse con las normas del régimen pensional de los
empleados del sector público nacional. En efecto, el numeral referido trae como
única condición la de ser docente oficial nacional o nacionalizado vinculado a partir
del 1.° de enero de 1981 o del 1.° de enero de 1990. En ninguno de sus apartes
exige que deba ejercerse durante un determinado tiempo la docencia oficial.

En quinto lugar, si bien la Ley 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban
cobijados por sus reglas todos los empleados públicos salvo «los empleados

27
El Decreto 2277 de 1979 «Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente» los clasificó
en su artículo 3 como «empleados oficiales de régimen especial».

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oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción
que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un
régimen especial de pensiones», lo cierto es que tal enunciado normativo que
establece una excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda
gobernar otra norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de
1989 se expidieron con posterioridad.

Para la Sala, los argumentos expuestos en esta oportunidad, no solo ofrecen
una interpretación sistemática de las normas que regulan el régimen docente,
sino además de ello, corresponden a una intelección que materializa el
principio de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la
Constitución Política. Ciertamente, considerar que la denominada pensión por
aportes creada por la Ley 71 de 1988, es aplicable a los docentes oficiales,
conlleva a la obligación de optar por la situación más favorable al empleado,
incluso cuando de la norma surjan varias interpretaciones posibles, como en
el presente, en donde respecto al numeral 2, literal b), del artículo 15 de la Ley
91 de 1989 en donde se afirma que los docentes «gozarán del régimen vigente
para los pensionados del sector público nacional» podría acogerse una
primera interpretación que los excluye, porque expresamente no se mencionó
la Ley 71 de 1988, y una segunda, que si los incluye, bajo la idea que los
docentes como empleados públicos también pueden acceder al régimen
pensional por aportes señalado en la pluricitada Ley 71 de 1988, postura que
fue expuesta por la Sala.

De igual manera, esta posición, también encuentra sustento en una
interpretación finalista de la Ley 71 de 1988 que como se expuso en párrafos
precedentes, tenía como objetivo que cualquier empleado del sector público o
privado, contara con la posibilidad de sumar sus cotizaciones, sin importar el
origen del sector en donde éstas fueron causadas, en tal sentido, considerar
que los docentes no tienen derecho a sumar sus aportes a la luz de dicha
normativa, trae como consecuencia, una transgresión al derecho a la igualdad
de este sector de la población, puesto que mientras el art. 7º de la Ley 71 de
1988 permite que accedan a la pensión por aportes todos los empleados
públicos, oficiales y los trabajadores privados, una interpretación restrictiva los

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excluiría, y con ello se crea una barrera de acceso al derecho a la pensión de
aquellos que no puedan obtenerla sumando únicamente los tiempos públicos.

Ciertamente aplicar una interpretación favorable, según la cual los docentes
también puedan acumular las semanas sin importar que cambien de
empleador, permite sin duda que se materialice el derecho fundamental a
percibir una pensión de vejez, que solamente tiene origen en el trabajo
continuado del trabajador que espera en algún momento recibir el ahorro que
ha guardado para disfrutar de un descanso remunerado y en condiciones
dignas.

3.6 Marco Normativo para reconocer el pago de la pensión de jubilación
por aportes.

Bajo el contexto que se ha descrito, los docentes tienen derecho a que se
aplique la Ley 71 de 1988, siempre y cuando se hayan vinculado al ejercicio
docente público oficial con anterioridad al 27 de junio de 2003, fecha en la que
entró en vigencia la Ley 812 del mismo año. Cumplida esta condición, y en el
evento en que los docentes hayan prestado sus servicios en entidades
públicas y privadas, podrán acceder al reconocimiento de la pensión por
aportes, de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 7º de dicha
normativa, que dispone lo siguiente:

«Artículo 7. A partir de la vigencia de la presente ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier
tiempo y acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que
hagan sus veces, del orden nacional, departamental, municipal, intendencial,
comisarial o distrital y en el Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a
una pensión de jubilación siempre que cumplan sesenta (60) años de edad o
más si es varón y cincuenta y cinco (55) años o más si es mujer.

El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el
reconocimiento y pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que
correspondan a las entidades involucradas».

Esta disposición, fue reglamentada por el Decreto 2709 del 13 de diciembre
de 1994, de la siguiente manera:

«Artículo 1°. Pensión de jubilación por aportes. La pensión que se refiere el
artículo 7o. de la Ley 71 de 1988, se denomina pensión de jubilación por aportes.

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Tendrán derecho a la pensión de jubilación por aportes quienes al cumplir 60
años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es mujer, acrediten en
cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes continuos o
discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de las
entidades de previsión social del sector público.

Artículo 2°. Efectividad y pago de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez
se retiren del servicio. Para los demás trabajadores, se requiere la desafiliación
de los seguros de invalidez, vejez o muerte y accidente de trabajo y enfermedad
profesional, salvo las excepciones previstas en la ley.

Artículo 3°. Incompatibilidad de la pensión de jubilación por aportes. La pensión
de jubilación por aportes es incompatible con las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez y retiro por vejez. El empleado o trabajador podrá optar por la
más favorable cuando haya concurrencia entre ellas.

Artículo 4°. Entidad de previsión. Para efectos de la pensión de jubilación por
aportes, se tendrá como entidad de previsión social a cualquiera de las cajas de
previsión social, fondos de previsión, o las que hagan sus veces del orden
nacional, departamental, intendencial, comisarial, municipal o distrital y al
Instituto de los Seguros Sociales.
[…]

Artículo 6º. Salario base para la liquidación de la pensión de jubilación por
aportes. El salario base para la liquidación de esta pensión, será el salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios,
salvo las excepciones contenidas en la ley.

Si la entidad de previsión es el ISS se tendrá en cuenta el promedio del salario
base sobre el cual se efectuaron los aportes durante el último año y dicho instituto
deberá certificar lo pagado por los citados conceptos durante el período
correspondiente.

Artículo 8o. Monto de la pensión de jubilación por aportes. El monto de la pensión
de jubilación por aportes será equivalente al 75 % del salario base de liquidación.
El valor de la pensión de jubilación por aportes, no podrá ser inferior al salario
mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo
lo previsto en la ley».

Siguiendo el tenor literal de las normas transcritas, para tener derecho a una
pensión de jubilación, bajo la Ley 71 de 1988, se requiere que los empleados
oficiales y trabajadores cumplan los siguientes requisitos: 1) que acumulen 20
años continuos o discontinuos cotizados en una o varias entidades de
previsión de cualquier orden y en el ISS (hoy Colpensiones); 2) que cumplan
la edad de 55 años si es mujer y 60 si es hombre.

De otra parte, en lo que se refiere al monto que se tiene en cuenta para liquidar
esta pensión de jubilación por aportes, este corresponde al 75% del salario
promedio base para los aportes durante el último año de servicios.

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4. Hechos probados.

i) Cédula de ciudadanía del actor28, la cual evidencia que el demandante nació
el 30 de noviembre de 1957.

ii)Reporte de semanas cotizadas de la Administradora Colombiana de
Pensiones (Colpensiones) del 20 de septiembre de 2019, que indica que el
accionante acreditó 575,00 semanas, comprendidas desde mayo de 1978 a
agosto de 2019.29

iii)Certificación del tiempo de servicio en el formato único para la expedición
de historia laboral, de la secretaría de educación del Valle del Cauca30, en la
que se observa que, el demandante es docente de básica secundaría con
escalafón 2B, que se encuentra activo, nombrado en propiedad.

28
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, página 32.
29
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 41 a 44.
30
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, página 33.

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iv) Orden de prestación de servicios suscrita entre el representante legal del
Departamento del Valle del Cauca y el accionante31, para la prestación de
servicio educativo en el Centro Docente No. 28 Camilo Torres del municipio de
Dagua, desde el 25 de agosto de 2003 hasta el 30 de octubre de 2003.

v) Certificado de salarios consecutivo No. 395732, por parte de la secretaría de
educación del Valle del Cauca, de los factores salariales del demandante,
desde el 01 de enero de 2016 hasta el 30 de junio de 2019.

vi) Por Decreto 1146 de 28 de octubre de 200333, fue nombrado como docente
en provisionalidad para la Institución Educativa Camilo Torres del municipio de

31
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, página 37.
32
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 38 a 40.
33
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 61 a 66.

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Dagua, con acta de posesión 2003-1658 del 21 de noviembre de 200334.

vii) Mediante Decreto 1450 del 06 de septiembre de 200435, fue nombrado
como docente en provisionalidad para la Institución Educativa Camilo Torres
del municipio de Dagua, con acta de posesión 2004-4029 del 20 de septiembre
de 200436.

viii) A través de Resolución 1053 del 19 de agosto de 200537, el actor fue
nombrado docente en periodo de prueba en la Institución Educativa Camilo
Torres del municipio de Dagua, con acta de posesión 6637 del 22 de agosto
de 200538.

ix) Por medio de Resolución 2141 del 22 de agosto de 200639, se nombró como
docente en propiedad al demandante en la Institución Educativa Camilo Torres
del municipio de Dagua.

x) Certificación de no pensión de la gerencia de determinación de derechos
dirección de nómina de pensionados de Colpensiones del 20 de septiembre
del 201940, suscrita por el director de nómina de pensionados, en la que se
hace constar que el accionante no figura percibiendo pensión por parte de esa
administradora.

xi) Resolución No. 03488 del 29 de octubre de 202141, proferida por la
Secretaría de Educación del municipio del Valle del Cauca, por medio de la
cual se reconoce y ordena el pago de una pensión de vejez al demandante,
en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, correspondiente
a la suma de ($1.446.550) a partir de la fecha de retiro.

34
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 38 a 67.
35
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 68 a 71.
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Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, página 72.
37
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 73 a 76.
38
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, página 77.
39
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 78 a 80.
40
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, página 52.
41
Índice 17 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 6 a 10.

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xii) Resolución No. 00644 del 28 de febrero de 202242, emanada de la
Secretaría de Educación del municipio del Valle del Cauca, por medio de la
cual resuelve recurso de reposición confirmando la Resolución No. 03488 del
29 de octubre de 202143.

4.1 Actuación administrativa.

Escrito del 25 de septiembre de 201944, mediante la cual el señor Miguel
Montenegro Collazos solicitó a la parte demandada la pensión de jubilación,
con fundamento en la Ley 71 de 1988; no obstante, mediante oficios del 30 de
octubre de 201945 y del 12 de diciembre de 201946, dicha petición fue devuelta
al no anexar la documentación pertinente.

A través del escrito del 27 de diciembre de 201947, el demandante allegó los
documentos para acceder el reconocimiento de la pensión, pero dicha petición
fue negada a través del acto ficto o presunto derivado de la ausencia de
respuesta a la petición incoada.

5. Caso concreto.

El señor Miguel Montenegro Collazos, acude en sede de nulidad y
restablecimiento del derecho para solicitar el reconocimiento de la pensión de
jubilación por aportes equivalente al 75% de los salarios y las primas recibidas,
anteriores al cumplimiento del estatus jurídico de pensionado, es decir a partir
del 30 de noviembre de 2017, con base en la Ley 71 de 1988.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la
demanda al considerar que el demandante al haber sido vinculado en calidad
de docente a partir del 25 de agosto de 2003, esto es, con posterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003), no le aplica

42
Índice 17 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 21 a 40.
43
Op cit.
44
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 59 a 55.
45
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, página 47.
46
Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 45 a 46.
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Índice 9 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 48 a 51.

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Número Interno: 4336-2024
Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988, sino la consagrada
en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 de prima media y Ley 100 de 1993.

El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al
señalar que cumplió con los requisitos para la pensión, toda vez que su
vinculación bajo la modalidad contrato de prestación de servicios a la docencia
oficial y la cotización al antiguo ISS hoy Colpensiones, fueron en el año 2003,
es decir, con anterioridad al 26 de junio de 2003, motivo suficiente para que se
le conceda la pensión de jubilación, de acuerdo con la Ley 71 de 1988.

En el sub lite se tiene que el demandante (i) nació el 30 de noviembre de 1957,
(ii) estuvo vinculado a la docencia oficial por orden de servicio No. 3221, en el
Centro Docente No. 28 Camilo Torres del municipio de Dagua, desde el 25 de
agosto de 2003 hasta el 30 de octubre de 2003, (ii) en condición de docente,
en provisionalidad, desde el 21 de noviembre de 2003; posteriormente, (iii) en
período de prueba desde el 22 de agosto de 2005, y (iv) nombrado en propiedad
mediante la Resolución N° 2141 del 22 de agosto de 2006, finalmente, (v)
mediante escrito de 25 de septiembre de 2019, pidió a la parte demandada la
pensión de jubilación, con fundamento en la Ley 71 de 1988, frente a lo cual
no obtuvo respuesta.

De lo probado en el proceso, se resalta que el demandante se vinculó al
servicio público educativo a partir del 25 de agosto de 2003, lo que en
términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 lo ubica en aquellos docentes
con vínculo en el sector público oficial posterior al 27 de junio de 2003, a
quienes sin lugar a equívocos se les aplica el régimen de prima media de las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

En este orden de ideas, dado que la accionante se vinculó al servicio oficial
docente luego de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003 (25 de agosto de
2003) y no logró acreditar una vinculación legal y reglamentaria como docente
oficial anterior a la vigencia de la referida ley, no le asiste el derecho a la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 71 de 1988, tal como lo
determinó el a quo.

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Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

Por tanto, con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de
advertirse es que el demandante no está amparado por el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que para el
30 de junio de 199548 tenía 37 años de edad y contaba con menos de 11 años
cotizados ante el ISS hoy Colpensiones, por lo que no le asiste el derecho a la
pensión de jubilación de conformidad con la Ley 71 de 1988.

Así las cosas, dado que el demandante no es beneficiario del régimen de
transición del precitado artículo 36 y se vinculó al servicio oficial docente con
posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, en materia pensional
le son aplicables las normas contenidas en la Ley 100 de 1993, junto con las
modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003.

De acuerdo con lo anterior, el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado
por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, establece como requisitos para acceder
a la pensión de vejez son 55 años de edad si es mujer o 60 años de edad si
es hombre, no obstante, en virtud del artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la
edad será en ambos casos de 57 años y la cotización de un mínimo de 1000
semanas en cualquier tiempo, las cuales, se incrementan hasta llegar a 1300
en el año 2015.

Siguiendo el discurso planteado, la Sala observa que, de las pruebas
anteriormente enunciadas se desprende que el señor Miguel Montenegro
Collazos, al momento de la solicitud de la pensión, el 25 de septiembre de
2019, cotizó a Colpensiones 575,00 semanas y al Fomag, entre la fecha de
vinculación y la fecha de la reclamación de la pensión 15 años, 7 meses y 28
días, lo que equivale a 816,559 semanas.

Así las cosas, reúne con las exigencias de edad y semanas, (57 años
cumplidos el 30 de noviembre de 2014, semanas cotizadas: 1.391,559), motivo
por el cual, sí acreditó los requisitos de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
que es la normatividad del régimen de prima media para el reconocimiento

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Según el artículo 151 (parágrafo) de la Ley 100 de 1993, «El Sistema General de Pensiones para los servidores
públicos del nivel departamental, municipal y distrital, entrará a regir a más tardar el 30 de junio de 1.995, en la fecha
que así lo determine la respectiva autoridad gubernamental»

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Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

pensional.

No obstante, la Sala advierte que al plenario se allegó memorial por parte de
la parte demandante49 en el que pone de presente que a través de la
Resolución No. 03488 del 29 de octubre de 202150, emanada por la Secretaría
de Educación Municipio del Valle del Cauca, se le reconoció y ordenó el pago
de una pensión de vejez, en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley 100
de 1993, correspondiente a la suma de ($1.446.550) a partir de la fecha de
retiro, informando que no se le reconoció la pensión bajo los términos de la
Ley 71 de 1988, sin que sea procedente para la Sala realizar pronunciamiento
alguno, teniendo en cuenta que el referido acto administrativo no fue objeto de
discusión en el litigio, y por otro lado, no se solicitó en vía administrativa ni
judicial.

5.1 Condena en costas.

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos
exigidos por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365
del Código General del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas
normas otorgan al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo
cual implica examinar la actuación procesal de la parte vencida, verificar con
certeza su causación y constatar que la conducta desplegada revele temeridad
o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del proceso51.

En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes
a lo largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no
se impondrá condena en costas.

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Índice 17 del aplicativo Samai radicado 76001-23-33-000-2020-01393-00, páginas 6 a 10.
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Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Demandante: Miguel Montenegro Collazos
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag y otro

DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala confirmará la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de abril de 2024, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de
la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

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Demandante: Miguel Montenegro Collazos
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Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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