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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01540-01

Fecha
3 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2020-01540-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Seis (6) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024) proferida por el Tribunal Administrativa del Valle del Cauca, mediante la cual, accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María del Carmen Ocampo Marín en contra del FOMAG. SEGUNDO: Declarar la prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada por la señora María del Carmen Ocampo Marín, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas en instancia. CUARTO: Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2020-01540-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 76001233300020200154001 (6076-2024)
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: Nación-Ministerio de Educación -Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Gobernación del
Valle del Cauca
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 2080 de 2021
Tema: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías. Ley 244
de 1995, adicionada y modificada por la Ley 1071 de 2006.
Decisión: Decide recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra
de la sentencia del Seis (6) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca1, que accedió a las pretensiones de
la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

La señora María del Carmen Ocampo Marín, por intermedio de apoderada judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y

de lo Contencioso Administrativo CPACA, para solicitar la nulidad del acto ficto que se
configuró el 27 de mayo de 2020, frente a la reclamación radicada el 27 de febrero de

1
Magistrado ponente Omar Edgar Borja Soto
2. Expediente digital en SAMAI, archivo
“2_760012333000202001540002PASODESECRETA202012994816.pdf2 Índice 00003 .

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

2020 ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, en cuanto no respondió la solicitud de reconocimiento de la sanción
moratoria, en los términos de las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al reconocimiento y pago de la aludida sanción; que se cumpla la sentencia
en los términos del artículo 192 de la Ley 1437 del 2011 y, al pago de los ajustes de
valor a los que haya lugar.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El 11 de mayo de 2015, la señora María del Carmen Ocampo Marín, en su condición
de docente de los servicios educativos estatales, solicitó al FOMAG el reconocimiento
y pago del auxilio de cesantías parciales.

Que mediante Resolución No. 7078 del 2 de septiembre de 2015, notificada el día 8
del mismo mes y año, se reconoció y ordenó el pago de las cesantías parciales las
cuales fueron pagadas el 14 de marzo de 2018 mediante entidad bancaria, por un valor
de Cinco Millones Ciento Veinticuatro Mil Seiscientos Veinte Pesos $ 5,124.620.

Agregó que, el plazo para el pago del auxilio de cesantías cesó el Veinticinco (25) de
agosto de Dos Mil Quince (2015), pero en realidad, se pagaron hasta el Catorce (14)
de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), por lo cual, debe entenderse que han
transcurrido 931 días de mora, contados a partir de los 65 días hábiles que tenía la
entidad para cancelar la cesantía hasta el momento en que se efectuó el pago.

Finalmente, manifestó que el Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Veinte (2020),
pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el retardo en el
reconocimiento y pago de la prestación, pero trascurrido el plazo legalmente otorgado,
la entidad guardó silencio y, por ello, se configuró el silencio administrativo negativo.

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

Como consecuencia de lo anterior, solicitó ante la Procuraduría
General de la Nación, la fijación de audiencia prejudicial, siendo está declarada fallida
el Diecinueve (19) de octubre de Dos Mil Veinte (2020)3. Definido lo anterior, la
accionante quedó habilitada, para acudir a la jurisdicción.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Los artículos 5, 9 y 15 de la Ley 91 de 1989.
Los artículos 1 y 2 de la Ley 244 de 1995.
Los artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

La parte demandante manifestó que las leyes 244 de 1995 y 1071 de 1995 regularon
el pago de las cesantías parciales y definitivas de los servidores públicos y se
estableció que estas deben ser reconocidas dentro de los 15 días después de hacerse
la solicitud y el pago efectuarse, en los 45 días siguientes al reconocimiento.

Afirmó que, aun cuando, las normas son claras y la interpretación que ha dado esta
Corporación, también lo es, el FOMAG pagó por fuera del término de 70 días hábiles
y, por ello, debe reconocer y pagar la sanción moratoria.

2. Contestación de la demanda4.

La NACIÓN-MINEDUCACIÓN-FOMAG a través de su administradora la
FIDUPREVISORA, se opuso a las pretensiones de la demanda. Precisó que, en la
actualidad, el procedimiento para reconocer una prestación, incluyendo el pago de
cesantías, es un procedimiento complejo que involucra a la entidad territorial y a la

Fiduprevisora S.A., de acuerdo con el artículo 56 de la Ley 962 de 2005.

Así las cosas, en el presente caso, si bien la demandante radicó la solicitud de su
prestación el Quince (15) de mayo de 2015, la misma fue resuelta a través de la
Resolución No. 7078 del 02 de septiembre de 2015 que reconoció y ordenó el pago,
lo que evidencia que la entidad territorial superó con creces el término de 15 días
hábiles que le otorga la Ley para proferir el acto administrativo, por lo que se insiste,

3 Expediente digital, Folio 20 anexo de la demanda- índice 003 de samai.

4 Índice 00011 de expediente digital en SAMAI,
archivo“9_760012333000202100784002CONTESTACIONDE20211029155705.zip/MARTA SANTAMARIA.pdf”

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

se hace necesaria la vinculación del ente territorial al presente proceso.

Argumentó que, en caso de declarar nulo el acto administrativo demandado, se tenga
en cuenta que el incumplimiento de los plazos fijados por la ley obedeció
exclusivamente por culpa de la entidad territorial, esto es, la Secretaria de Educación,
quien incumplió los términos con los que contaba para proferir el acto administrativo
de reconocimiento de las cesantías parciales. De esta manera, en caso de una
eventual condena es ella la llamada a responder, conforme la Ley 1955 de 2019,
artículo 57 parágrafo 1°.

Como se ha establecido por la unificación de jurisprudencia, los ajustes a valor
presente de la sanción moratoria son improcedentes debido a que «la indemnización
moratoria es una sanción severa y superior al reajuste monetario» por lo que no es
moderado condenar al pago de ambas, «por cuanto se entiende que la sanción
moratoria, además de castigar a la entidad morosa, cubre una suma superior a la
actualización monetaria[.]». Por lo expuesto, propuso como excepciones de mérito las
que denominó: «Culpa exclusiva de un tercero, aplicación Ley 1955 de 2019,
Improcedencia de la indexación de la sanción mora y genérica».

3. La sentencia de primera instancia5.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el seis (6)
de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió a las pretensiones de la
demanda, y en consecuencia ordenó lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR no probadas las excepciones de “culpa exclusiva
de un tercero, aplicación Ley 1955 de 2019”, “prescripción” y “genérica”
propuestas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

Magisterio -FOMAG, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo ficto o presunto
de que trata el artículo 83 del CPACA, producto de la petición
presentada el 27 de febrero de 2020, expedido por el FOMAG, por
medio del cual negó la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías parciales reconocidas a la demandante, por los motivos
acuñados en la parte considerativa de este proveído.

5
Expediente digital, 0040 pdf.

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG,
que reconozca y pague a MARIA DEL CARMEN OCAMPO MARÍN, la
sanción moratoria equivalente a 1 día de salario por cada día de
retardo para el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 30 de
diciembre de 2015, teniendo en cuenta como base para calcular el monto
de la sanción, la asignación básica diaria devengada por el servidor
público para el momento en que se causó la mora.
CUARTO: DENEGAR la pretensión correspondiente a la indexación del
pago de las condenas aquí impuestas.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.

El tribunal de primera instancia consideró que, la demandante solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995 y
la Ley 1071 de 2006 el 27 de febrero de 2020, por el no pago oportuno de las cesantías
parciales. Esta petición fue resuelta de manera negativa por medio del acto
administrativo ficto que se generó con el silencio de la demandada; igualmente,
instauró la demanda el 09 de diciembre de 2020.

Explicó que, el término de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub lite empezó a
correr desde el 11 de mayo de 2015, recordándose que el plazo para el pago del auxilio
venció el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Quince (2015), por lo cual, el plazo
máximo

para reclamarla vencía el Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Dieciocho (2018),
empero al ser reclamada el Veintisiete (27) de febrero de Dos Mil Veinte (2020) en
sede administrativa y radicada la demanda en el año 2020, no se configuró la
prescripción extintiva de tres años y por ello, se declaró no probada la excepción de
prescripción.

De acuerdo con lo anterior, accedió a las pretensiones primera y segunda de la
demanda, y como consecuencia de ello, condenó al FOMAG, al pago de la sanción
moratoria dispuesta por Ley 1071 de 2006, equivalente a 1 día de salario por cada día
de retardo para el periodo comprendido entre el 27 de agosto y el 30 de diciembre de
2015, teniendo en cuenta que, la base para calcular el monto de la sanción
corresponde a la asignación básica diaria devengada por el servidor público para el
momento en que se causó la mora.

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

Finalmente precisó que, debido a que, la indemnización moratoria
es una sanción severa y superior al reajuste monetario, no es moderado condenar a la
entidad al pago de ambas, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria, además
de castigar a la entidad morosa, cubre una suma superior a la actualización monetaria
y es por ello, que, se considera improcedente la indexación del valor a pagar por sanción
moratoria toda vez que constituiría una doble sanción, en consecuencia, se denegará
la pretensión relativa a la actualización de los valores que resulten a favor del
demandante.

4. El recurso de apelación6.

La parte demandada en su recurso de alzada, reprochó el fallo de primera instancia
concretamente en lo siguiente: primero, expresó que contrario a lo señalado por el A
quo, sí operó la prescripción, ello porque para el 27 de febrero de 2020, momento en
el que la parte actora radicó la solicitud a fin de pedir el pago de la sanción moratoria
causada respecto de las cesantías requeridas el 11 de mayo de 2015, ya habían
trascurrido más de tres años, dado que la obligación se causó el 27 de agosto de 2015,
la reclamación administrativa se radicó el 27 de febrero de 2020, luego el plazo previsto
por el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral se había superado. Son estas
razones suficientes para que la decisión no sea otra que negar su reconocimiento.

En segundo lugar, argumentó que la indexación de la sanción moratoria no es
procedente de ninguna forma, al no satisfacer las características propias de la
depreciación de la moneda y al tener un origen y una finalidad diferente a la generación
de la sanción mora por pago tardío de las cesantías. Así afirmó que, “si bien le asiste
al docente el derecho a la sanción moratoria, no es viable que se conceda la indexación
de dicha penalidad, máxime cuando si bien, la Sentencia del 26 de agosto de 2019,
proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” refiere a la
indexación, es importante entender que la misma tiene efectos interpartes, sumando a
que para el tema en particular existe sentencia de unificación en donde se indica la

prohibición de la indexación y la cual no puede desconocerse a la luz de este nuevo
pronunciamiento”(sic).

6
Expediente digital, 0041 pdf.

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

Por último, explicó que, no hay lugar a la condena en costas en contra de la entidad
demandada, por cuanto no se probó en el curso del proceso que haya actuado de mala
fe o temeridad.

5. Trámite en segunda instancia

En auto del 18 de junio de 20247, el despacho sustanciador admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante y, en virtud del numeral 5 del artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado para alegar comoquiera que no hubo
pruebas por practicar.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)8, el juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada la Sala
debe decidir si en el presente caso: (i) es procedente o no el pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías reconocidas a la señora María del
Carmen Ocampo Marín en la Resolución No. 7078 del 2 de septiembre de 2015 y; ii)
en caso afirmativo, determinar si operó el fenómeno jurídico de la prescripción.

7 Índice 00005 de Samai Consejo de Estado
8 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia»

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo sobre el reconocimiento de cesantías; 2.2. Hechos probados;
2.3. Caso concreto y 2.4. Condena en costas.

2.1. Marco normativo de las cesantías anualizadas de docente oficial.

De acuerdo con el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes oficiales se
benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías de acuerdo con los parámetros
establecidos por el artículo 15 numeral 3 de la Ley 91 de 1989, norma que distingue
entre los que se benefician del régimen de cesantías retroactivas y aquellos a quienes
les es aplicable el de cesantías anualizadas con pago de intereses y sin retroactividad,
así:

3. Cesantías:

Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de
salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el
último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes
nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías
generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al
31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la
suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema
financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente,
acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los
empleados públicos del orden nacional.

Según lo anterior, corresponde al FOMAG liquidar y reconocer el auxilio de cesantías
parciales o definitivas de los docentes oficiales afiliados, actividad que, en virtud de la
“prestación descentralizada de los servicios” consagrada en el artículo 3 de la Ley 91
de

1989 y de la delegación de que trata el artículo 9 ibidem, desarrolla a través de las
secretarías de educación de los entes territoriales. Mientras que el pago de la
prestación debe ser efectuado a través de la sociedad fiduciaria que administre los
recursos del fondo, que en la actualidad es la Fiduprevisora SA.

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

En paralelo, correspondía a cada entidad territorial el reconocimiento de las cesantías
del personal docente no afiliado al FOMAG, situación que en términos del artículo 7
del Decreto 196 de 1995, la hacía responsable del pago de las prestaciones sociales
de los docentes departamentales, distritales o municipales causadas antes de su
incorporación al Fondo. Más adelante, el Decreto 3752 de 2003 dispuso que los
docentes del servicio público educativo vinculados a las plantas de personal de los
entes territoriales deberían ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, norma a partir de la cual el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y definitivas estuvo concentrado en esa entidad.

Ahora bien, la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006,
con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los
trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación » (art. 1). Estipuló el

término para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías de la siguiente
manera:

Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de
la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los
peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y
pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los
requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago
de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término

Nº Interno: 6076-2024
Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando
se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.

Ahora bien, se tiene que los docentes vinculados a partir del 1°. de enero de 1990
gozan del régimen de cesantías anualizadas; no obstante, en armonía con los criterios
fijados por la Corte Constitucional, en fallos SU-098 de 2018 y SU-573 de 2019, y la
Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 de 11 de octubre de 20239, el sistema especial de administración de cesantías
de los docentes afiliados al FOMAG es incompatible con el artículo 99 de la Ley 50 de
1990. En efecto, en esta última providencia se fijó la siguiente regla:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista
en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al
personal docente en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

La precitada regla de unificación de la jurisprudencia encuentra sustento en las
siguientes consideraciones:

En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 amplió la aplicación de
las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la salvedad, de que ello es «sin
perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989». Esto se traduce en que lo allí dispuesto no
incluyó al personal docente, a esta misma conclusión llegó la Corte Constitucional en la
sentencia C-928 de 2006, en la cual estudió la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91
de 1989.

148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto 1252 de 2000 al disponer que
los empleados públicos tienen derecho «al pago de las cesantías en los términos establecidos
en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el caso […]», aun cuando exista
un «régimen especial» que los regule. Lo anterior, por cuanto este último contiene la precisa
referencia al pago de la prestación, que es tan solo uno de los elementos que integran el
régimen anualizado, lo cual, en efecto se cumple, pues los eventos en los que hay lugar a
aquel son comunes en cada uno de los sistemas especiales cuyo rigor se mantiene, de
acuerdo con el inciso señalado.

149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252 de 2000, se
deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados públicos quedaran
sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por regla general es el regulado por la
Ley 50 de 1990, sin que ello implicara que todos quedaran cobijados por dicho sistema de
administración. Esta conclusión es coherente con la mención de la Ley 432 de 1998, cuyos
destinatarios conservaron las reglas a las que se encontraban sometidos y no a la Ley 50 de
1990. En consecuencia, la falta de precisión frente a la Ley 91 de 1989 en modo alguno podía
conllevar la modificación de la normativa que los gobernaba, sino que se acompasa con la
disposición del 2000, puesto que el personal docente ya estaba regulado por un régimen
anualizado de cesantías.
[…]

9 C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

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Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

2.2.4. Regla jurisprudencial

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes 50 de 1990
y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la sanción moratoria
causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al
FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema
que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera
que se trata de un sistema especial que establece unas normas acordes con su
funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al FOMAG el
docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento de los intereses
a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no existiría, de modo que le
reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría
derecho a la sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador.

De conformidad con lo anterior, a los docentes estatales que se encuentren afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) no le serán
aplicables las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en
particular, lo atinente a la sanción moratoria, por resultar incompatible con el sistema
de administración de cesantías establecido en la Ley 91 de 1989, toda vez que, en el
FOMAG se requiere de la disponibilidad de recursos para el pago de las prestaciones
sociales exigibles en cada anualidad, por lo que si bien, paga intereses sobre las
cesantías, la forma de realizar dicho cálculo y el plazo no es igual al establecido en la
Ley 50 de 1990.

No obstante, en caso de que el maestro no haya sido afiliado al FOMAG por parte de
la entidad territorial correspondiente, en solo este evento será aplicable el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, que prevé la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías anuales, así:

Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha
diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales
por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía,
con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año
siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo
elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada
retardo. […]

Nótese que el régimen de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50 de 1990
dispone la realización de la liquidación anual de dicha prestación social con pago de
intereses, suma que deberá ser consignada en el respectivo fondo de cesantías antes
del 15 de febrero del año siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado con

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Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

el pago de un día de salario por cada uno de retardo. Empero, en lo concerniente a la
prescripción de tal sanción moratoria, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de

unificación de 25 de agosto de 201610, precisó:

1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las cesantías definitivas sí
están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de prescripción trienal
y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por la mora en la
consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo en que se produce la mora,
es decir, desde el 15 de febrero del año en que se debió realizar el pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la consignación de
las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la desvinculación del servicio.

5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el que devenga el
empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando concurren dos o más periodos
de cesantías y una mora sucesiva, el salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en
el momento en que se genera un nuevo periodo de mora, en los términos previamente
descritos.

No obstante, en auto de 7 de noviembre de 201911, esta Sección consideró necesario
aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas inconsistencias entre las
conclusiones adoptadas en relación con el cómputo del término prescriptivo de la
sanción moratoria y la solución dada al caso allí tratado, por lo que seleccionó el
expediente con fines de unificar jurisprudencia, escenario en el cual profirió la
sentencia CE-SUJ-SII-022 de 6 de agosto de 202012, por medio de la que fijó las
siguientes reglas:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del Consejo de Estado,
para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, las
siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la sanción
moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990, es desde su causación
y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación
administrativa deberá presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse
la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la consignación de
cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción prevista en la Ley 50 de 1990
deberá contabilizarse de manera independiente por cada año, de tal modo que el empleado
dispone de 3 años contados a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación para
reclamar la sanción moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción.

10
Expediente 08001-23-31-000-2011-00628-01 (528-14) CE-SUJ2-004-16, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
11
Expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16).
12
Consejo de Estado (sección segunda), expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01 (833-16), C. P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez.

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Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

En consecuencia, el término de prescripción de que trata el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la sanción por mora
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe computarse desde el primer día
en que se cause el incumplimiento, de manera que si la exigibilidad de aquella sanción
se origina el 15 de febrero frente a las cesantías correspondientes a la anualidad
inmediatamente anterior, la respectiva reclamación administrativa deberá ser
presentada dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción
extintiva. Así mismo, en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo
deberá contabilizarse de manera independiente por cada año.

2.3. Hechos probados.

(i) Solicitud del 11 de mayo de 2015 por medio de la cual, la demandante María
del Carmen Ocampo Marín, solicitó el reconocimiento y pago de cesantías
parciales.

(ii) Copia de la Resolución N° 7078 del 02 de septiembre de 2015 expedida por la
Secretaría de Educación del Departamento del Valle del Cauca, mediante la
cual reconoció y ordenó el pago de una cesantía parcial.

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Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
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(iii) Copia del oficio 1010403 proferido por la Fiduprevisora el 16 de julio de
2020, en el que se indicó lo siguiente:

2.4. Caso concreto.
De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, se tiene acreditado que la
demandante solicitó el pago de sus cesantías parciales el once (11) de mayo de Dos
Mil Quince (2015), por lo tanto, el acto administrativo debió expedirse en el término de
15 días exigido en el artículo 5° de la Ley 1071 de 2006, esto es, el 5 de junio de 2015,
de modo, que la Resolución No. 7078 del 2 de septiembre de 2015 fue expedida por
fuera del término.

Vistas así las cosas, siguiendo el criterio hermenéutico de la Sala, se tiene que el
término de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub lite empezó a correr desde el
22 de agosto de 2015, como se muestra en el siguiente cuadro:

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Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
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Reclamación para el pago de las cesantías 11 de mayo de 2015
parciales
Dia que se debió proferir la resolución de 2 de junio de 2015
reconocimiento
Vencimiento del término de 18 de junio de 2015
ejecutoria – 10 días (Arts. 76 y 87
CPACA)
Vencimiento del término para el pago - 45 días 26 de agosto de 2015
(Art. 5 Ley 1071 de 2006)
Reconocimiento de cesantías parciales 2 de septiembre de 2015
mediante Resolución No. 7078 de 2015
Fecha del pago 31 de diciembre de 2015

Ahora bien, según la entidad demandada el pago de las cesantías se realizó el Treinta
y uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), pero al no haber sido reclamado,
se reprogramó para el Catorce (14) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018). Así las
cosas, la fecha para contabilizar la sanción moratoria del pago de las cesantías, va
desde el Veintisiete (27) de agosto de Dos Mil Quince (2015) (día siguiente en el que
se debió realizar el pago) hasta el Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015), día en que la entidad puso a disposición de la demandante los recursos, tal
como se advierte del oficio N° 1010403 proferido por la Fiduprevisora, mencionado en
líneas anteriores.

En lo referente a si operó o no, el fenómeno de la prescripción en el presente caso,
que según la parte apelante sí tuvo ocurrencia, la Sala encuentra que, le asiste razón
a la entidad. Lo anterior teniendo en cuenta que, la petición se presentó el 11 de mayo
de 2015, y recordándose que el plazo para el pago del auxilio venció el 26 de agosto
de 2015 el término máximo para reclamarla vencía el 26 de agosto de 2018, sin
embargo, presentó la reclamación, el 27 de febrero de 202013 en sede administrativa,
lo que quiere decir que, se configuró la prescripción extintiva de tres años y por ello, se
declarará probada la excepción de prescripción.

De otra parte, en relación con el reparo presentado por la entidad apelante, según el
cual, no es procedente la indexación de la sanción moratoria, se advierte que dicho

13 30 Ver Índice 00003 de expediente digital de segunda instancia en SAMAI, carpeta de anexos - archivo “2020-
00193.pdf”(.pdf)”

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Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

argumento no es necesario estudiarlo, en tanto que se declarará la prescripción en el
presente caso.

Finalmente, en relación con el último argumento presentado por la entidad apelante,
según el cual, no se debió condenar en costas por la primera instancia, se advierte que
tampoco hay lugar a pronunciarse sobre ello, teniendo en cuenta que el numeral quinto
de la parte resolutiva de la sentencia indicó lo siguiente «[…]QUINTO: Sin condena en
costas en esta instancia[…]». De allí que, no hay lugar, a estudiar de fondo la mencionada
inconformidad.

De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala de decisión concluye que, hay lugar a revocar
la sentencia de primera instancia, proferida por el Tribunal Administrativa del Valle del
Cauca, mediante la cual, accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho presentada por María del Carmen Ocampo Marín en
contra del FOMAG, para en su lugar, declarar la prescripción respecto de la sanción
moratoria reclamada por la señora María del Campo Marín.

2.5. Condena en costas.

La Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte recurrente, en atención a lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA, dado que no se evidencia que la demanda
haya sido presentada con una manifiesta carencia de fundamento legal. Asimismo,
considerando la naturaleza del asunto, no se cumplen los presupuestos necesarios
para imponer dicha condena.

En el caso concreto, si bien es cierto que, la parte demandada fue vencida en el
proceso, no lo es menos que, revisado su proceder a lo largo de la actuación, no se
evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses,
de modo que, no se condenará en costas en ninguna instancia.

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
declarar la prescripción extintiva de la sanción moratoria, reclamada por la señora
María del Carmen Ocampo Marín.

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Demandante: María del Carmen Ocampo Marín
Demandado: FOMAG

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley.

FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Seis (6) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024) proferida por el Tribunal Administrativa del Valle del Cauca, mediante la cual,
accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por María del Carmen Ocampo Marín en contra del FOMAG.

SEGUNDO: Declarar la prescripción extintiva de la sanción moratoria reclamada por
la señora María del Carmen Ocampo Marín, en los términos expuestos en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en instancia.

CUARTO: Por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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