Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00029-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00029-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de febrero de 2025
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00029-01 (3346-2024)
Demandante: Johanna Alejandra Sánchez Delgado
Demandado: Fomag
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00029-01 (3346-2024)
Demandante: Johanna Alejandra Sánchez Delgado
Demandado: Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio1
Tema: pensión de jubilación docente. Subtema 1: docente vinculado después de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003. Subtema 2: derecho fundamental a la
seguridad social y competencias del juez contencioso–administrativo en asuntos
pensionales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 7 de
diciembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual
se negaron sus pretensiones.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La demandante, en su calidad de docente oficial, solicitó al Fomag el reconocimiento y
pago de una pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988, pues cotizó para
pensión a través de entidades públicas y privadas. La entidad demandada contestó la
solicitud de forma negativa a los intereses de la docente por haberse vinculado al
servicio público educativo después de la vigencia de la Ley 812 de 2003, por lo que le
es aplicable, para el reconocimiento de la pensión, el régimen de prima media
establecido en la Ley 100 de 1993.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
1.Johanna Alejandra Sánchez Delgado, por conducto de apoderado judicial, presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho2 de acuerdo con las pretensiones,
hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se enuncian.
1
En adelante Fomag.
2
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso–Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 12 de enero
de 2021 de acuerdo con el «acta individual de reparto» visible en el índice 3 del expediente electrónico de Samai del
Tribunal, archivo «2_Paso de Secretaria a Sustanciacion_002 ACTADEREPARTO2021-00029-00 EALB NRDL
.pdf(.PDF) NroActua 3». En el mismo índice también se puede ver la demanda en el archivo llamado «1_Paso de
Secretaria a Sustanciacion_001 DEMANDA ANEXOS Y CONSTANCIA DE ENVIO JOHANNA ALEJANDRA
SANCHEZ DELGADO.pdf(.PDF) NroActua 3». Y en el índice 6 del expediente electrónico de Samai del Tribunal se
observa la reforma de la demanda, en el archivo denominado
«6_ALLEGAMEMORIAL_REFORMAALADEMANDA(.PDF) NroActua 6».
1
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Demandante: Johanna Alejandra Sánchez Delgado
Demandado: Fomag
2.1.1. Pretensiones
2.La demandante solicitó que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido
en la Resolución 4143.010.21.0.00835 del 22 de febrero de 2021, expedida por la
Secretaría de Educación del Distrito de Cali, que negó el reconocimiento y pago de la
pensión de jubilación.
3.A título de restablecimiento del derecho pidió que se condenara a la Nación,
Ministerio de Educación, Fomag a: (i) reconocer y pagar una pensión de jubilación
equivalente al 75% de los salarios y prestaciones recibidas antes del cumplimiento del
estatus, a partir del 17 de diciembre de 2017, sin que se exigiera el retiro del servicio
por compatibilidad con el salario de la docencia oficial, (ii) dar cumplimiento al fallo de
conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA, con el respectivo ajuste de su valor.
2.1.2. Hechos
4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:
1) La demandante nació el 17 de diciembre de 1962.
2) Realizó aportes al Instituto de Seguros Sociales, ISS, interrumpidamente, desde el
10 de septiembre de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2010, por lo que tiene 774,43
semanas cotizadas en Colpensiones.
3) Luego, fue vinculada a la docencia oficial el 9 de agosto de 2010 y a la fecha de
presentación de la demanda es docente oficial.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación
5. La demandante citó como normas violadas las siguientes: Ley 71 de 1988, artículo
7; Ley 91 de 1989, artículo 15, numerales 1 y 2; Ley 60 de 1993, artículo 6; Ley 115 de
1993, artículo 115; Ley 100 de 1993, artículo 279; Ley 812 de 2003, artículo 81 y
Decreto 3752 de 2003, artículos 1 y 2.
6. En el concepto de violación expuso que estuvo vinculada a la docencia oficial antes
del 23 de junio de 2003 y efectuó cotizaciones al ISS, por lo que sus aportes para
pensión debían ser tenidos en cuenta para la aplicación del régimen de transición del
artículo 81 de la Ley 812 de 2003, por ser docente del orden nacional.
7. Si la docente se encontraba vinculado antes del 26 de junio de 2003 y realizó aportes
a alguna entidad de previsión del sector público o al ISS, debió respetársele el régimen
de transición del mencionado artículo 81 de Ley 812 de 2003.
8.La transición que trata dicha norma, no solo se aplicaría a un docente que aportaba
como servidor público antes del 26 de junio de 2003 sino que incluyó a aquellos
docentes que a la fecha lograron acreditar aportes privados al ISS, conforme a la Ley
71 de 1988. Que cuando la Ley 812 de 2003 fijó el régimen aplicable para los docentes
que se encontraban vinculados al sector público docente antes del 26 de junio de 2003,
extendió su aplicación a los docentes que lograban acreditar aportes al ISS antes de
esa fecha.
9.Por lo anterior, consideró que podía beneficiarse de la pensión por aportes de la Ley
71 de 1998, que les permitió a los docentes percibir la prestación pensional en
compatibilidad con el salario sin que se le exigiera el retiro definitivo del servicio.
2
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Demandante: Johanna Alejandra Sánchez Delgado
Demandado: Fomag
2.2. Contestación de la demanda
10. El Fomag se opuso a las pretensiones de la demanda3. En concreto argumentó:
a) De conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 los docentes afiliados al
Fomag a partir de su entrada en vigencia, 27 de junio de 2003, gozarían de los
beneficios del sistema general de pensiones establecido en la Ley 100 de 1993,
mientras que los que estaban vinculados con anterioridad, les aplicaría las
disposiciones de las leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y 62 del mismo año.
b) La demandante se vinculó al Fomag como docente oficial a partir del 9 de agosto de
2003, por lo que le resultó aplicable el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
la Ley 797 de 2003. Además, nació el 17 de septiembre de 1962 y cumplió la edad el
17 de septiembre de 2019, sin que a esa fecha consolidara su derecho, pues al
momento de contestar la demanda no acreditaba las semanas o tiempo de servicio para
acceder a la pensión.
c) Con la demanda se rompe el principio de congruencia, pues en la vía administrativa
solicitó el reconocimiento de la pensión de vejez o jubilación sin hacer señalamiento a
la pensión por aportes aquí pretendida.
2.3. Sentencia de primera instancia
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del 7 de diciembre
de 20234 resolvió negar las pretensiones de la demanda, sin condena en costas,
porque:
a) La demandante nació el 17 de diciembre de 1962 y se afilió al sistema de seguridad
social en pensión el 10 de septiembre de 1991; a la fecha de entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993 laboraba en la Sociedad Educando Ltda., tenía 31 años de edad y
79.29 semanas cotizadas, por lo que no fue beneficiaria del régimen de transición
establecido en su artículo 33, y no le aplicó la Ley 71 de 1988.
b) Johanna Alexandra Sánchez Delgado cotizó como docente al servicio público durante
10 años y 2 días, desde el 9 de agosto de 2010, por lo que no acreditó vinculación al
servicio público de la docencia antes del 26 de junio de 2003, requisito necesario para
beneficiarse del régimen especial de jubilación de docente.
c) No fue posible contabilizar los tiempos cotizados en la institución Educando Ltda.,
pues esta era de naturaleza privada, y no permitía acreditar un vínculo como docente
oficial, por lo que el régimen pensional aplicable a la demandante es el contenido en la
Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias.
2.4. Recurso de apelación
12. Laaccionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que insistió en los argumentos de su demanda, y adicionó lo siguiente5:
3
Índice 19 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «
20_CONTESTACIONDEDEMANDA_CONTESTACION_DEMANDA(.ZIP) NroActua 19».
4
Índice 38 del expediente digital de Samai del Tribunal, archivo «4_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA(.pdf)
NroActua 38».
5
Índice 43 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «36_MemorialWeb_Recurso(.pdf) NroActua
43».
3
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Demandado: Fomag
a) La sentencia apelada descartó que la demandante hizo aportes al ISS antes de la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y que las semanas cotizadas se
encontraban en Colpensiones, además, que laboró como docente oficial desde el año
2010, lo que desconoció el artículo 1 del Decreto 2709 de 1994.
b) Laboró por 25 años en entidades públicas y privadas, luego su derecho pensional
debía regirse por la Ley 71 de 1988 que posibilitó, para cumplir con el tiempo de
servicios, computar tiempo laborado en el sector público, privado y de docencia oficial.
Por lo anterior, consideró que cumplió con los requisitos para la pensión.
c) El ejercicio de la docencia oficial fue excluido de la prohibición de devengar salario y
pensión concomitantemente de conformidad con el artículo 5 de la Ley 224 de 1972.
d) Por tener vinculación en el sector público como docente, y cotizaciones en el sector
privado, no cumplió con lo exigido en la Ley 33 de 1985, a saber: 20 años de servicios
continuos o discontinuos en el sector público.
2.5. Intervenciones en segunda instancia
13. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67
de la Ley 2080 de 20216, no hubo traslado a las partes para alegar porque no fue
necesario el decreto de pruebas. El Ministerio Público no emitió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Derecho fundamental a la seguridad social y competencias del juez
contencioso–administrativo en asuntos pensionales.
15. El derecho a la seguridad social se encuentra dispuesto en el artículo 48 de la
Constitución Política como un derecho fundamental orientado a garantizar el bienestar
y la protección de las personas frente a las contingencias derivadas de la vejez, la
invalidez y la muerte, entre otras. En ese sentido, esta norma lo prevé como un derecho
irrenunciable, de aplicación prioritaria e inmediata, lo cual implica que el Estado tiene la
obligación de adoptar las medidas necesarias que aseguren su acceso efectivo.
16. Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho7:
«30. El artículo 48 de la Constitución Política establece el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación. Se trata de un derecho fundamental y de un servicio público
de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado.
31. Su carácter fundamental se sustenta en el principio de la dignidad humana. En virtud
de este principio, resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
6
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso–administrativo, Ley
1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la
jurisdicción.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-026 de 2023.
4
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actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos8.
32. Según lo ha interpretado esta Corporación, los objetivos de la seguridad social
guardan necesaria correspondencia con los fines esenciales del Estado social de
derecho9».
17. En ese orden de ideas, tratándose de las competencias del juez contencioso–
administrativo al conocer de un proceso en el que se debate un asunto pensional, para
esta Sala es relevante recordar lo señalado en las sentencias de unificación del 12 de
abril de 201810 y del 4 de octubre de 201811, en las que esta Sección estableció que la
ausencia de una referencia expresa a determinada norma no limita el análisis del caso,
siempre que exista una normativa aplicable al mismo. Así, la regla jurisprudencial quedó
establecida de la siguiente manera:
«En materia pensional, por tratarse de un derecho fundamental, irrenunciable y de
aplicación inmediata, el juez contencioso–administrativo no está limitado para conocer
del fondo del asunto a la luz del régimen pensional que invoque la parte que reclama el
reconocimiento de la prestación, sino que tiene la obligación de aplicar el derecho y de
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento conforme la normativa pensional
que corresponda y a los supuestos fácticos de la litis, de conformidad con el artículo 103
de la Ley 1437 de 2011».
18. Lo anterior implica que, en asuntos pensionales, el juez contencioso–administrativo
tiene la facultad de aplicar la normatividad que estime pertinente, sin que ello constituya
una infracción al principio de justicia rogada o una vulneración al debido proceso. Su
función, en este contexto, es garantizar el acceso efectivo a un derecho fundamental
como lo es la seguridad social.
19. En consecuencia, aunque en el presente caso se discute si la demandante tiene
derecho a que le reconozcan una pensión conforme a la Ley 71 de 1989, ello no impide
que resuelto dicho debate, la Sala pueda analizar si tiene derecho al reconocimiento de
la pensión conforme a las reglas previstas en las demás normas de la Ley 100 de 1993,
pues hacer lo contrario, esto es, dejar de estudiar si tiene o no derecho a la pensión
bajo esta normatividad, sería desconocer el carácter fundamental del derecho a la
seguridad social y como consecuencia vulnerar esta garantía constitucional cuya
finalidad, como se dijo, es la protección de las personas contra las contingencias, en
este caso, derivadas de la vejez.
3.3. Problema jurídico y metodología de su resolución
20. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir de los
siguientes problemas jurídicos:
1) ¿los tiempos de servicio prestados por Johanna Alejandra Sánchez Delgado que
fueron cotizados al ISS, hoy Colpensiones, la hacen beneficiaria del régimen de
transición establecido en el artículo 81 de la Ley 812 de 2003?
2) En caso de ser positiva la respuesta al interrogante anterior, se establecerá si ¿la
pensión regulada en la Ley 71 de 1988, o la norma que le resulte aplicable a la
8
Cit. de cit. sentencias T-628 de 2007, T-032 de 2012; T-072 de 2013 y T-146 de 2013
9
Cit. de cit. Sentencias C-575 de 1992 y T-628 de 2007.
10
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicación: 810012333000201400012-01 (1321-2015) CE-SUJ-SII-010-
2018.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Radicación número: 05001-23-33-000-2013-00741-01(4648-15) CE-SUJ2-
013-18.
5
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docente, es compatible con el salario percibido en ejercicio de la docencia o está
supeditada al retiro del servicio?
21. Para resolver los problemas jurídicos planteados, la Sala estudiará, en primer lugar,
el régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Después, aludirá al régimen pensional aplicable
a los docentes oficiales - sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril
de 2019, luego, se referirá a la posibilidad de aplicar la Ley 71 de 1988 a los docentes
oficiales, y la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente. Por
último, estudiará el caso en concreto.
3.4. El régimen pensional de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
22. El régimen pensional de los docentes oficiales se encuentra exceptuado del Sistema
General de Pensiones por mandato expreso del artículo 279 de la Ley 100 de 1993,
que establece lo siguiente: «[e]l Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la
presente Ley no se aplica [...] a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
23. Esta excepción se debe a la existencia previa de un sistema especial de
administración y financiamiento de las prestaciones sociales del magisterio, establecido
por la Ley 91 de 198912, que creó un fondo especial con el objetivo específico de atender
las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados.
24. La Ley 91 de 1989 establece un esquema especial de financiamiento que difiere del
régimen general. En su artículo 8 dispone un sistema de aportes donde los docentes
contribuyen con el 5% de su sueldo básico mensual, mientras que la Nación aporta el
8% sobre los factores salariales que forman parte del rubro de pago por servicios
personales. Este esquema de financiamiento diferenciado constituye una de las
principales razones que justifican la excepción del régimen general.
25. La naturaleza exceptuada del régimen se refuerza con el artículo 15 de la Ley 91 de
1989, que establece reglas específicas para el reconocimiento de las prestaciones
económicas y sociales de los docentes, y diferencia entre el personal nacionalizado
vinculado hasta el 31 de diciembre de 1989, y los docentes que se vinculen a partir del
1 de enero de 1990.
26. Es importante señalar que la normativa especial para los docentes se mantiene
incluso después de la expedición de la Ley 812 de 200313. Aunque esta norma [en su
artículo 81] estableció que los docentes vinculados a partir de su vigencia [27 de junio
de 2003] se regirían por el régimen de prima media de las leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, mantuvo una particularidad importante: la edad de pensión unificada en 57 años
para ambos géneros. Esto confirma que, incluso bajo el nuevo esquema, los docentes
mantienen características especiales que justifican su tratamiento diferenciado.
27. El Acto Legislativo 01 de 2005 ratificó el carácter exceptuado del régimen, al
establecer en su parágrafo transitorio 1 que «[e]l régimen pensional de los docentes
nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el
artículo 81 de esta».
12
Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
13
Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario. Diario Oficial No.
45.231, de 27 de junio de 2003.
6
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28. La excepción del régimen general se justifica, entonces, no solo por la existencia de
un sistema especial de administración y financiamiento sino también por la necesidad
de mantener la unidad en el manejo de las prestaciones sociales del Magisterio, y
garantizar así la sostenibilidad financiera del sistema y la adecuada prestación del
servicio público de educación.
3.5. El régimen pensional aplicable a los docentes oficiales según la sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de abril de 2019
29. A propósito de este régimen pensional, debe prestarse especial atención a la
sentencia de unificación proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 25
de abril de 201914, a través de la cual se precisaron las reglas para determinar el ingreso
base de liquidación de la pensión ordinaria de jubilación del personal docente oficial
afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
30. En efecto, en la aludida sentencia se precisó que de conformidad con el parágrafo
transitorio 1 del Acto Legislativo 01 de 2005 y el artículo 81 de la Ley 812 de 2003,
existen dos regímenes prestacionales para el reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación para los docentes oficiales, nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya
aplicación está supeditada a la fecha de ingreso al servicio educativo. Tales regímenes
son:
31. En primer lugar, los docentes vinculados antes de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, que con ocasión de la Ley 91 de 1989 gozan del mismo régimen pensional
de los servidores públicos del orden nacional, establecido en la Ley 33 de 1985, «por
la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las
prestaciones sociales para el Sector Público», en el que los únicos factores que se
deben tener en cuenta en el ingreso base de liquidación son aquellos sobre los que se
hayan realizado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de
la Ley 62 de 1985.
32. Al respecto se indicó que: «En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son
solo aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo».
33. En consecuencia, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981, tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1 de enero de 1990, pero antes del 27 de junio de 2003, cuando
entró a regir la Ley 812 de 2003, se regula por las siguientes reglas, conforme con las
leyes 91 de 1989 y 33 de 1985:
ü Edad: 55 años para hombres y mujeres.
ü Tiempo de servicio: 20 años.
ü Tasa de remplazo: 75%.
ü Ingreso base de liquidación que comprende (i) el periodo del último año de
servicios docentes y (ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica; gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
14
Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-
S2 -2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-17).
7
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Demandante: Johanna Alejandra Sánchez Delgado
Demandado: Fomag
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.
34. Vale la pena aclarar frente a las consideraciones del fallo de unificación, en cuanto
a los factores a tener en cuenta para determinar el ingreso de base de liquidación, que
además de los antes señalados, deben considerarse los de naturaleza salarial según
las normas posteriores, por ejemplo, la bonificación pedagógica [Decreto 2354 de
2018]15.
35. En segundo lugar, a los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les
aplica el régimen pensional de prima media regulado en las leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres. El
ingreso base de liquidación se rige por lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, con los
factores del Decreto 1158 de 1994, sobre los que se realizaron las respectivas
cotizaciones. En relación con dichos docentes, en la sentencia de unificación se fijó la
siguiente regla:
«Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los
requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para
hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de liquidación
son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se efectuaron las respectivas
cotizaciones».
36. En tal sentido, los parámetros que se deben tener en cuenta para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados con
posterioridad a la Ley 812 de 2003 son:
ü Edad: 57 años para hombres y mujeres.
ü Semanas de cotización: artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003.
ü Tasa de remplazo: 65%-85%16, con la precisión de que a partir del año 2005
«(e)l valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso
base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima», según el último inciso del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 10 de la Ley 797 de
2003.
ü Ingreso base de liquidación que comprende: (i) el promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales cotizó el afiliado durante los 10 años anteriores al
reconocimiento de la pensión y (ii) los factores salariales dispuestos en el
Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual; gastos de representación;
prima técnica [cuando sea factor de salario]; primas de antigüedad, ascensional
de capacitación cuando sean factor de salario; remuneración por trabajo
dominical o festivo; bonificación por servicios prestados y remuneración por
trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna.
15
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de julio de 2024, Rad.
15001-23-33-000-2021-00637-01 (3167-2023).
16
Porcentajes que varían de acuerdo con lo previsto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.
8
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37. Lo anterior, sin perjuicio de lo indicado líneas atrás, sobre la existencia de normas
especiales que reconozcan o establezcan que un factor salarial hace parte del ingreso
base de cotización.
38. Como puede apreciarse, la sentencia de unificación fue enfática en que el factor
determinante para la aplicación de uno u otro régimen es la fecha de vinculación inicial
al servicio docente, esto es, antes o después del 27 de junio de 2003. Estas reglas
tienen importantes implicaciones prácticas, que han sido destacadas en la
jurisprudencia de esta Sección17, tales como:
1) No se requiere continuidad en el servicio para mantener el régimen anterior a la Ley
812 de 2003, siempre que la vinculación inicial al servicio público educativo oficial
haya sido anterior a su vigencia.
2) Los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003 mantienen su régimen
pensional incluso si tienen interrupciones en el servicio, aspecto que cobra especial
relevancia en casos de vinculaciones mediante contratos de prestación de servicios.
3) La aplicación del régimen está determinada por la fecha de la primera vinculación,
independientemente de la modalidad (carrera docente, provisional o por contrato de
prestación de servicios), siempre que haya sido en el servicio público educativo
oficial.
39. Este criterio diferenciador establecido por la Ley 812 de 2003 responde a la
necesidad de preservar las expectativas legítimas de quienes ingresaron al servicio
público docente bajo un régimen específico, mientras se implementa progresivamente
el nuevo sistema para las vinculaciones posteriores, y garantizar la sostenibilidad
financiera del sistema sin afectar derechos adquiridos.
3.6. El reconocimiento pensional según la Ley 71 de 1988 para los docentes
oficiales
40. La necesidad de revisar la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 en materia de
pensiones docentes surge de una realidad práctica: muchos educadores han prestado
servicios tanto en el sector público como en el privado durante su vida laboral, y han
acumulado aportes en diferentes regímenes pensionales. Esta situación genera un
interrogante jurídico fundamental, pues si bien los docentes están exceptuados del
régimen general de pensiones por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, y tienen su
propio régimen en la Ley 91 de 1989, existía discusión sobre si podían acceder a los
beneficios de la pensión por aportes establecida en la Ley 71 de 1988.
41. La discusión cobra especial relevancia para aquellos docentes vinculados antes de
la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003, pues en algunos casos, la aplicación de la
Ley 71 de 1988 podría resultar más favorable que el régimen general docente,
especialmente cuando no alcanzan el tiempo de servicio requerido exclusivamente en
el sector público, pero sí cuentan con el tiempo necesario al sumar sus aportes en
diferentes sectores.
42. En efecto, la Ley 71 de 1988 establece un régimen específico para la pensión por
aportes, con los siguientes requisitos según su artículo 7:
17
Ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de
lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de noviembre de 2024, rad. 25000-
23-42-000-2019-00655-01 (2532-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2020. Rad. 66001-23-33-000-2017-00470-01(3514-
2019). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
6 de febrero de 2020. Rad. 54001-23-33-000-2014-00363-01(2960-2015).
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• Para mujeres: 55 años.
• Para hombres: 60 años.
• 20 años de aportes acumulados en cualquier tiempo entre entidades de previsión
social del sector público y el ISS [hoy Colpensiones].
• Tasa de reemplazo: 75% del salario promedio base para los aportes durante el
último año de servicios.
43. Respecto al ingreso base de liquidación, el Decreto 2709 de 1994 que reglamentó
esta ley, establece en sus artículos 6 y 8 que la pensión se liquida con el 75% del salario
promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios. Ello,
con la inclusión de los factores previstos en la Ley 62 de 1985 y demás normas
especiales que creen emolumentos con carácter de factor salarial, y que, en
consecuencia, sirven de base para calcular los aportes a pensión.
44. Ahora bien, sobre la referida discusión esta Subsección recientemente, mediante
sentencia del 30 de enero de 202518 expuso a saber, cinco razones fundamentales por
las cuales la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes:
1) La intención legislativa expresada en los debates de la Ley 91 de 1989 incluía la
aplicación de la Ley 71 de 1988, al considerar que esta última hacía parte del
«régimen vigente para los pensionados del sector público nacional».
2) La Ley 71 de 1988 «de manera explícita señaló que regula las pensiones de todos
los servidores públicos, sin excepción», por lo que encaja en la remisión que hace
la Ley 91 de 1989 (art. 15, literal b), para efectos pensionales de los docentes, al
régimen del sector público nacional.
3) La Ley 71 de 1988 hace parte de la normatividad que contiene los «derechos
mínimos» en materia pensional aplicables al sector público en general, que no
pueden ser desconocidos a ningún servidor público. Dicho de otro modo, excluir a
los docentes del artículo 7 de la Ley 71 de 1988 supondría suprimir uno de estos
derechos esenciales, al impedirles completar el requisito de tiempo de servicios
mediante la acumulación de aportes en los sectores público y privado.
4) No existe mandato legal que exija a los docentes ejercer durante toda su vida laboral
la enseñanza en el sector público para acceder a los beneficios pensionales.
5) Si bien la «[l]ey 33 de 1985 en su artículo 1 dispuso que quedaban cobijados por
sus reglas todos los empleados públicos salvo “los empleados oficiales que trabajan
en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya
determinado expresamente, ni aquellos que por ley disfruten de un régimen especial
de pensiones”, lo cierto es que tal enunciado normativo que establece una
excepción tan estricta no implica que a los docentes no los pueda gobernar otra
norma en temas pensionales porque las leyes 71 de 1988 y 91 de 1989 se
expidieron con posterioridad».
45. Es importante aclarar que la aplicabilidad de la Ley 71 de 1988 no reemplaza ni
excluye la posibilidad que tienen los docentes vinculados antes de la Ley 812 de 2003
de pensionarse exclusivamente con tiempo público bajo la Ley 33 de 1985. Por el
contrario, constituye una opción adicional y favorable para aquellos docentes que han
acumulado tiempos tanto en el sector público como en el privado. Esta interpretación
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de
enero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022).
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se alinea con el principio de favorabilidad en materia laboral, pues amplía las
posibilidades de acceso a la pensión sin eliminar las ya existentes.
46. En conclusión, la sentencia precisó que la Ley 71 de 1988 es aplicable a los docentes
vinculados antes de la Ley 812 de 2003, como parte del «régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional» al que remite la Ley 91 de 1989. La Ley 71
de 1988 establece una modalidad pensional que requiere 55 años para mujeres y 60
para hombres y 20 años de aportes, los cuales pueden ser acumulados entre el sector
público y privado. En cualquier caso, la pensión se liquidará con el 75% del promedio
del salario que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios.
47. Ahora bien, no puede perderse de vista que la sentencia del 30 de enero de 2025 se
pronunció frente a la situación particular de una docente vinculada con anterioridad a la
Ley 812 de 2003. Por lo tanto, las consideraciones desarrolladas en ella no pueden
entenderse como una imposibilidad de la aplicación de la Ley 71 de 1988 a quienes
iniciaron su vinculación laboral docente después del 27 de junio de 2003. Esto se debe
a que esta podría ser la norma a tener en cuenta por vía del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en especial, cuando la normativa anterior resulta más
favorable.
48. Lo anterior supondría, según la interpretación que se ha hecho del señalado artículo
36, en especial en la sentencia del 28 de agosto de 2018 de la Sala Plena de lo
Contencioso–Administrativo de esta corporación19, la aplicación de la normativa
señalada (v.gr. la Ley 71) en cuanto a tiempo de servicios, edad y tasa de reemplazo,
pero no respecto del ingreso base de liquidación, pues este se calcularía a partir de los
artículos 21 y 36, inciso 3, de la Ley 100 de 1993.
3.7. Sobre la compatibilidad de la pensión y la prestación del servicio docente
49. Como lo ha precisado esta Sección en anteriores oportunidades20, sobre la presunta
incompatibilidad entre la pensión y la prestación del servicio docente, debe
considerarse el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, que expresamente señala que para
los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio las prestaciones
«serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración».
50. Este carácter compatible reconocido por la Ley 100, en otros momentos ha sido
otorgado por las siguientes disposiciones:
1) El Decreto 224 de 197221 (art. 5) que estableció que el ejercicio de la docencia no
sería incompatible con el goce de la pensión de jubilación.
19
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso–Administrativo, fallo del 28 de agosto de 2018, proceso con
radicado 52001-23-33-000-2012-00143-01.
20 Ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de noviembre de 2012, rad. 15001
233100020040269501 (0133-10). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto
de 2019, rad. 05001-23-33-000-2013-01456-01 (1499-2015). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,
providencia del 25 de septiembre de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-01579-01 (3862-2014). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de junio de 2023,
rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-
2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
20 de noviembre de 2024, rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, rad. 66001-23-
33-000-2020-00492-01 (0391-2022). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 18 de abril de 2024, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de noviembre de
2024, rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de enero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2020-
00492-01 (0391-2022).
21
Por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente.
11
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2) El artículo 70 del Decreto 2277 de 197922 que señaló que el goce de la pensión no
sería incompatible con el ejercicio de empleos docentes; norma que se advierte, fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 20
febrero de 1981.
3) La Ley 60 de 199323 (art. 6) que ratificó, durante su vigencia24, esta compatibilidad
al establecer que el régimen prestacional de los docentes incluía este beneficio.
4) Específicamente para la pensión por aportes, el artículo 2° del Decreto 2709 de 1994
que reglamenta la Ley 71 de 1988, si bien establece que «la pensión de jubilación
por aportes, para los servidores públicos se hará efectiva una vez se retiren del
servicio», agrega: «salvo las excepciones previstas en la ley».
5) A las anteriores disposiciones debe añadirse el literal g) del artículo 19 de la Ley 4
de 1992, que entre las excepciones para percibir doble asignación del tesoro
público, establece «(l)as que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley
beneficien a los servidores oficiales docentes pensionados», respecto de la cual
tratándose del régimen pensional docente, esta Subsección ha considerado que no
hace alusión a los docentes pensionados para el momento en que entró en vigor la
norma, sino a las disposiciones que para la misma fecha beneficiaban a los
docentes pensionados. Sobre el particular, en providencia del 8 de agosto de 201925
se reiteró:
«Ahora bien, respecto de la excepción a la que alude el literal g) del artículo 19 de la
Ley 4 de 1992, esta corporación, en sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente
05001-23-31-000-1995-01799-01, magistrado ponente Alejandro Ordóñez Maldonado,
sostuvo:
Al establecer la excepción, no se estaba señalando a los docentes que ya
estaban pensionados, sino a las disposiciones que en esa fecha beneficiaban a
los docentes pensionados, pues se trataba era de establecer excepciones a la
prohibición, no de aclarar situaciones ya definidas como eran los docentes
pensionados:
Es la lectura que debe darse a la disposición, pues no resultaría comprensible
que el legislador, en vez de establecer excepciones, como lo anuncia, derogue
las existentes.
El sentido de la ley, al establecer las excepciones a la prohibición de percibir
simultáneamente más de una asignación del tesoro público, al expresar que a la
fecha de entrar en vigencia dicha ley beneficiaran a los servidores oficiales
docentes pensionados, contempló la posibilidad de que tales servidores se
siguieran beneficiando de la normatividad que les permitía percibir
simultáneamente pensión y sueldo o pensión ordinaria de jubilación y pensión
gracia, siempre y cuando cumplieran todas las exigencias legales.
La anterior apreciación la corrobora el mismo legislador, que en los años
siguientes a la expedición de la Ley 4 de 1992, reiteró la compatibilidad en
examen, como lo establecen, los artículos 6° de la Ley 60 de 1993, 279 de la Ley
100 del mismo año y 115 de la Ley 115 de 1994.
En esas condiciones, entendiendo que la Ley 4' de 1992, art. 19, literal g) al
establecer las excepciones en examen, contempló las disposiciones que al entrar
en vigencia dicha ley, beneficiaban a los docentes pensionados, una de ellas, es
el artículo 50 del Decreto 224 de 1972 que dispone:
'El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de
jubilación siempre y cuando el beneficiario esté mental y físicamente apto para
22
Por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente.
23
Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones.
24
Porque fue derogada por el artículo 113 de la Ley 715 de 2001.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de agosto de 2019, Rad. 05001-23-33-000-
2013-01456-01 (1499-2015).
12
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la tarea docente, pero se decretará el retiro forzoso al cumplir sesenta y cinco
(65) años de edad'.
Las razones antes expuestas permiten a la sala concluir que los docentes oficiales
siguen gozando de la prerrogativa de acceder a la pensión y seguir percibiendo sueldo,
por permitirlo así expresamente la normatividad antes citada.
El anterior derrotero jurisprudencial fue acogido por la sala de consulta y servicio civil de
esta Corporación en concepto de 23 de noviembre de 2000 y reiterado en fallo de 22 de
noviembre de 2012, expediente 15001-23-31-000- 2004-02695-01 (0133-10), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero».
6) También debe considerarse el artículo 1926 de la Ley 344 de 199627, al dejar a salvo
lo dispuesto en las leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, «disposiciones de
las que se desprende la compatibilidad entre la pensión y el salario percibido con
ocasión del ejercicio docente28.
7) La única disposición que textualmente estableció una incompatibilidad entre el
salario de los docentes y la pensión de jubilación fue el artículo 4529 del Decreto
1278 de 200230, declarado inexequible por la Corte Constitucional (sentencia C-
1157 de 2003), al advertir que el Ejecutivo legisló sobre una materia para la que no
fue habilitado; circunstancia en virtud de la cual esta Subsección en providencia del
20 de noviembre de 202431 indicó:
«Este planteamiento de la Corte Constitucional para declarar inexequible el precepto
bajo estudio, demuestra que el legislador, en el marco de sus potestades, había
contemplado una clara excepción a la prohibición del artículo 128 de la Constitución
Política en cabeza de los docentes estatales, la cual no podía ser modificada por el
Ejecutivo, en razón a que claramente, desde la concepción de la Ley 4ª de 1992, se
pretendió eliminar la incompatibilidad para tales servidores de percibir el salario y la
pensión de jubilación de manera concomitante, ello para nivelar sus condiciones
remunerativas y la especialidad diferenciadora de su labor dentro de la función
pública32.
Así las cosas, la posición jurisprudencial asumida por esta Subsección en asuntos con
contornos similares ha sido pacífica al interpretar que los maestros oficiales pueden
devengar salario y pensión de forma simultánea, sin que incurran en ninguna
incompatibilidad».
51. La anterior conclusión, ha sido reiterada por esta Subsección, en casos en los que
se discute la compatibilidad de la pensión y el salario de los docentes, ya sea vinculados
26
Artículo 19. Sin perjuicio de lo estipulado en las Leyes 91 de 1989, 60 de 1993 y 115 de 1994, el servidor público
que adquiera el derecho a disfrutar de su pensión de vejez o jubilación podrá optar por dicho beneficio o continuar
vinculado al servicio, hasta que cumpla la edad de retiro forzoso. Los docentes universitarios podrán hacerlo hasta
por diez años más. La asignación pensional se empezará a pagar solamente después de haberse producido la
terminación de sus servicios en dichas instituciones.
27
Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
28
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de
abril de 2024, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022).
29
Artículo 45. Además de las establecidas en la Constitución y en las leyes para todos los servidores públicos, el
ejercicio de cargos en el sector educativo estatal es incompatible con: a) El desempeño de cualquier otro cargo o
servicio público retribuido; b) El goce de la pensión de jubilación, vejez, gracia o similares».
30
Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente.
31
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 20 de
noviembre de 2024, rad. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-2024).
32
A dicha conclusión arribó la Sección Segunda, Subsección A de esta Corporación, en la sentencia del 22 de junio
de 2023, rad. 17001-23-33-000-2017-00853-01 (0276-2021).
13
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con anterioridad33 o posterioridad34 a la Ley 812 de 2003, por cuanto, de acuerdo con
el desarrollo normativo, aquella se estableció a favor de quienes prestan sus servicios
como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con ocasión de
un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a
aquellas pensiones reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un
requisito o límite establecido por el legislador.
52. Es importante precisar que la compatibilidad entre la pensión y la remuneración está
limitada al ejercicio de la docencia oficial. Esta precisión resulta fundamental pues
delimita el alcance de la excepción a la prohibición general de recibir doble asignación
del tesoro público, circunscribiéndola específicamente al ejercicio de la función docente
oficial.
53. Por tanto, no es dable condicionar la pensión de jubilación del docente a la
desvinculación del servicio. Esta compatibilidad constituye uno de los elementos
diferenciadores del régimen exceptuado del magisterio.
3.8. Caso en concreto
54. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala establece que la demandante
nació el 17 de diciembre de 1962, por lo que a la fecha en que solicitó la pensión de
jubilación, 23 de septiembre de 2020, tenía 57 años de edad35.
55. Según reporte de semanas cotizadas de Colpensiones expedido el 7 de septiembre
de 2020, la demandante cotizó, interrumpidamente, entre el 1 de septiembre de 1991 y
el 31 de julio de 2010, un total de 774,43 semanas, es decir 14,85 años
aproximadamente36.
56. De conformidad con el formato único para la expedición de certificado de historia
laboral con consecutivo 56872, emitido el 10 de agosto de 2020 por la Secretaría de
Educación de Santiago de Cali, la demandante se encontraba activa a la fecha del
certificado, vinculada en vigencia de la Ley 812 de 2003, así37:
57.
Novedad Tipo de A.A. Desde Hasta
Ing. y Reing. Institución Educativa
Resolución 5730
Juana de Caicedo y Cuero – sede 09/08/2010 -
23/07/2010
principal Cali (Val) (Sic)
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de
enero de 2025, rad. 66001-23-33-000-2020-00492-01 (0391-2022). En esta providencia se analizó con detalle la
aplicabilidad del régimen de pensión por aportes, para los docentes vinculados con anterioridad al 27 de junio de
2003, fecha de entrada en vigor de la Ley 812.
34
Ver, por ejemplo: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 18 de abril de 2024, rad. 25000-23-42-000-2020-00549-01 (3118-2022). En esta providencia se indicó:
«Finalmente, es importante concluir que la compatibilidad entre salario y pensión de la que son beneficiarios los
docentes se encuentra vigente, incluso con posterioridad a la expedición de la Ley 812 de 2003, que incorporó a los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio al régimen pensional de prima media establecido
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, por cuanto, de acuerdo con el desarrollo normativo, aquella se estableció
a favor de quienes prestan sus servicios como maestros oficiales, esto es en razón a la actividad docente y no con
ocasión de un régimen prestacional determinado. Por lo que, no es dable limitar esta excepción a aquellas pensiones
reconocidas bajo un régimen específico, puesto que no fue un requisito o límite establecido por el legislador».
35
Cédula de ciudadanía visible en el índice 3 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «1_Paso de
Secretaria a Sustanciacion_001 DEMANDA ANEXOS Y CONSTANCIA DE ENVIO JOHANNA ALEJANDRA
SANCHEZ DELGADO.pdf(.PDF) NroActua 3».
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Índice 3 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «1_Paso de Secretaria a Sustanciacion_001
DEMANDA ANEXOS Y CONSTANCIA DE ENVIO JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ DELGADO.pdf(.PDF)
NroActua 3».
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Índice 3 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «1_Paso de Secretaria a Sustanciacion_001
DEMANDA ANEXOS Y CONSTANCIA DE ENVIO JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ DELGADO.pdf(.PDF)
NroActua 3».
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00029-01 (3346-2024)
Demandante: Johanna Alejandra Sánchez Delgado
Demandado: Fomag
Prom propiedad Institución
Educativa Juana de Caicedo y Resolución 0434
08/03/2011 -
Cuero – sede principal Cali (Val) 26/01/2011
(Sic)
Ascensos
Institución Educativa Juana de Resolución 8931
12/07/2017 -
Caicedo y Cuero – sede principal 07/11/2017
Cali (Val)
2 días, y 10 años38 equivalente a
Tiempo total
521,714 semanas aproximadamente
58. Mediante escrito del 23 de septiembre de 2020 la demandante solicitó al Fomag el
reconocimiento de la pensión de jubilación por aportes de la Ley 71 de 1988, a partir
del 17 de diciembre de 2017 por acreditar 25 años y 24 días de servicio privados y
públicos y llegar a la edad de 55 años de edad39.
59. La Secretaría de Educación de Santiago de Cali emite la Resolución
4143.010.21.0.00835 del 22 de febrero de 2021 «[p]or la cual el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio niega una pensión de jubilación por aportes» pues
fue vinculada al servicio educativo oficial de manera posterior a la vigencia de la Ley
812 de 2003, por lo que le resultó aplicable la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley
797 de 2003, y que, sin embargo, no cumplió los requisitos de esta norma al no acreditar
1.300 semanas cotizadas40.
3.9. Análisis sustancial de la Sala
60. El Tribunal negó lo pretendido por la demandante al considerar que no pudo
beneficiarse del régimen de transición del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 ya que
ingresó al servicio público docente el 9 de agosto de 2010 y no acreditó vínculo a la
docencia oficial antes del 26 de junio de 2003. Que tampoco la amparó el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 porque a su entrada en vigencia tenía
31 años de edad y 79,29 semanas cotizadas, por lo que no le es aplicable la Ley 71 de
1988. Que no es posible computar los tiempos cotizados en la institución Educando
Ltda., pues su naturaleza es privada, y no acreditó un vínculo como docente oficial, por
lo que el régimen pensional de la demandante es el contenido en la Ley 100 de 1993 y
sus normas complementarias.
61. Johanna Alejandra Sánchez Delgado en el recurso de apelación manifestó que la
sentencia apelada desconoció los aportes efectuados al ISS antes de la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003, además que laboró como docente oficial desde el año
2010 lo que le permitiría acceder a la pensión por aportes de la Ley 71 de 1988 que
posibilita, para cumplir con el tiempo de servicios, computar tiempo laborado en el
sector público, privado y de docencia oficial sin perjuicio de continuar con el salario
como docente oficial de forma compatible con el reconocimiento pensional.
62. De las pruebas que obran en el expediente la Sala encuentra que Johanna Alejandra
Sánchez Delgado se vinculó por primera vez al servicio docente oficial el 9 de agosto
de 2010, a su vez, demostró que laboró y cotizó en el sector privado interrumpidamente,
entre el 1 de septiembre de 1991 y el 31 de julio de 2010, con un total de 774,43
semanas. No obstante, no está probado que estos últimos hayan sido prestados al
servicio público educativo oficial, por lo que no se evidencia vínculo de la demandante
38
Al tiempo de la certificación, 10 de agosto de 2020, misma que establece que la demandante se encuentra activa
a la fecha.
39
Índice 3 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «1_Paso de Secretaria a Sustanciacion_001
DEMANDA ANEXOS Y CONSTANCIA DE ENVIO JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ DELGADO.pdf(.PDF)
NroActua 3».
40
Índice 6 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo
«6_ALLEGAMEMORIAL_REFORMAALADEMANDA(.PDF) NroActua 6».
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Demandado: Fomag
como docente oficial antes del 26 de junio de 2003, requisito necesario para la
aplicación del régimen de transición del artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Por
consiguiente, a través de esta norma no le es aplicable el régimen de los servidores
públicos del orden nacional anteriores a la Ley 100 de 1993, esto es, leyes 33 de 1985
o 71 de 1988.
63. Ahora bien, no le asiste razón a la apelante cuando alega que al acreditar el vínculo
o los aportes a pensión antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 es
suficiente para ser beneficiario del régimen de transición establecido en su artículo 81,
pues la norma establece de manera explícita que la vinculación debe ser en el sector
público educativo oficial, circunstancia que, como se dijo, no acredita.
64. Por otro lado, estima la Sala que la aplicación de las leyes 33 de 1985 y 71 de 1988
también es procedente a través del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100
de 199341, norma que se ajusta a la demandante debido a que su vinculación al sector
educativo oficial fue posterior al 27 de junio de 2003, en vigencia de la Ley 812 de 2003.
65. Para lo anterior, está probado que Johanna Alejandra Sánchez Delgado nació el 17
de diciembre de 1962, por lo que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, 1 de
abril de 1994, tenía 31 años y 53,71 semanas cotizadas, es decir, 1 año y 22 días de
servicio, aproximadamente42, luego no cumplió con los requisitos del régimen de
transición y no es posible, por este medio, dar aplicación a la Ley 71 de 1988, tal como
lo estableció el Tribunal en el fallo objeto de apelación.
66. Por ende, no aplica a la demandante ninguno de los regímenes de transición
analizados, ni el del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 ni el del artículo 36 de la Ley 100
de 1993. Dicho esto, su reconocimiento pensional se rige por los requisitos dispuestos
en las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, régimen de prima medida, excepto la edad,
que para el caso de los docentes es de 57 años para hombres y mujeres43.
67. Aun así, considera la Sala que, a pesar de no ser factible el reconocimiento pensional
de conformidad con la Ley 71 de 1988, es deber del juez analizar si este es posible a
través del cumplimiento de los requisitos del artículo 33 de la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.
68. Lo anterior, porque están en discusión situaciones relacionadas con el derecho
fundamental a la seguridad social que es irrenunciable, de aplicación inmediata y de
tutela efectiva por parte de la administración de justicia, sin que esto rompa con los
principios de justicia rogada o de congruencia, ya que, en todo caso, el trámite tanto
administrativo como judicial se circunscribió a los derechos pensionales de la
demandante.
41
Artículo 36. Régimen de Transición. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco
(55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres. / La edad para acceder
a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de
las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son
mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será
la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables
a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley.
[…].
42
Según reporte de semanas cotizadas emitido por Colpensiones, cotizó entre 10 de septiembre de 1991 al 6 de
junio de 1992, del 29 de octubre de 1992 al 1 de enero de 1993 y del 17 de febrero al 1 de abril de 1994.
43
Ley 812 de 2003, artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley. / Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres. […]».
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Demandado: Fomag
69. Al respecto, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificada por el
artículo 9 de la Ley 797 de 2003, los requisitos para acceder a la pensión de vejez son
los siguientes:
(i) 55 años de edad si es mujer o 60 años de edad si es hombre, sin embargo,
de acuerdo al artículo 81 de la Ley 812 de 2003, la edad será en ambos casos
de 57 años; y
(ii) cotización de un mínimo de 1000 semanas en cualquier tiempo, las cuales,
se incrementan hasta llegar a 1300 en el año 2015.
70. En el caso de la demandante se tiene que nació el 17 de diciembre de 1962, por lo
que cumplió 57 años de edad el 17 de diciembre de 2019.
71. Respecto a las semanas cotizadas al momento de la solicitud de la pensión al
Fomag, 23 de septiembre de 2020 44 acreditó lo siguiente:
(i) Cotizó a Colpensiones 774,43 semanas45 y
(ii) al Fomag, entre la fecha de vinculación y la fecha de la reclamación de la
pensión 10 años, 1 mes y 15 días, lo que equivale a 527,91 semanas46.
72. Por lo que antecede, al momento en que Johanna Alejandra Sánchez Delgado radicó
ante la demandada la solicitud de su pensión de vejez, tenía 57 años de edad y un total
de 1.302,3447 semanas cotizadas, por lo que sí acreditó los requisitos del régimen de
prima media para el reconocimiento pensional.
73. Es del caso resaltar, que los docentes oficiales están exceptuados de la prohibición
de devengar doble asignación del erario, como se explicó en renglones precedentes,
de ahí que el reconocimiento y pago de la pensión de vejez no está supeditada al retiro
del servicio y la docente puede devengar la mesada pensional y ejercer el cargo de
docente hasta el cumplimiento de la edad del retiro forzoso.
74. En conclusión, como respuesta a los problemas jurídicos planteados, a Johanna
Alejandra Sánchez Delgado le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión
de vejez, de conformidad con las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, a partir de la fecha
en la que adquirió el estatus pensional, esto es, a partir del 9 de septiembre de 2020
[fecha en la que cumplió48 el requisito de las 1300 semanas cotizadas], sin que deba
acreditar el retiro del servicio.
75. Debido a lo anterior, se revocará la sentencia apelada en cuanto negó las
pretensiones de la demanda, y en su lugar, se declarará la nulidad de la Resolución
4143.010.21.0.00835 del 22 de febrero de 2021, por medio de la cual el Fomag a través
de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali, negó el reconocimiento de la
pensión a la demandante. En consecuencia, como restablecimiento del derecho, se
44
Se toma esta fecha debido a que al cumplimiento de la edad no contaba con el número de semanas cotizadas
exigidos por la ley.
45
Índice 3 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «1_Paso de Secretaria a Sustanciacion_001
DEMANDA ANEXOS Y CONSTANCIA DE ENVIO JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ DELGADO.pdf(.PDF)
NroActua 3».
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Índice 3 del expediente electrónico de Samai del Tribunal, archivo «1_Paso de Secretaria a Sustanciacion_001
DEMANDA ANEXOS Y CONSTANCIA DE ENVIO JOHANNA ALEJANDRA SANCHEZ DELGADO.pdf(.PDF)
NroActua 3».
47
Equivalente a 25 años y 2 semanas, aproximadamente, por lo que el requisito de las 1300 semanas cotizadas lo
cumplió alrededor del 9 de septiembre de 2020.
48
Equivalente a 25 años y 2 semanas, aproximadamente, por lo que el requisito de las 1300 semanas cotizadas lo
cumplió alrededor del 9 de septiembre de 2020.
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ordenará a la entidad demandada reconocer y pagar a la demandante la pensión de
vejez con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha en la
que adquirió el estatus, con el monto correspondiente según el número de semanas
cotizadas, el cual no podrá superar el 80% de la asignación básica mensual y demás
factores expresamente fijados en el Decreto 1158 de 1994, percibidos en el periodo
establecido, sin que le sea exigible el retiro del servicio educativo docente.
3.10. Costas
76. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario49 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de la
conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte demandada,
vencida en esta instancia, haya incurrido en las anteriores conductas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia de primera instancia proferida el 7 de diciembre de 2023
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda, por lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. En su lugar, declarar la nulidad de la Resolución 4143.010.21.0.00835 del
22 de febrero de 2021, «[p]or la cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio niega una pensión de jubilación por aportes» a Johanna Alejandra Sánchez
Delgado.
Tercero. A título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a
reconocer y pagar a la demandante, Johanna Alejandra Sánchez Delgado, la pensión
de vejez con el promedio de lo devengado durante los 10 años anteriores a la fecha en
la que adquirió el estatus, 9 de septiembre de 2020, con el monto correspondiente
según el número de semanas cotizadas, el cual no podrá superar el 80% de la
asignación básica mensual y demás factores expresamente fijados en el Decreto 1158
de 1994, percibidos en el periodo establecido, sin que le sea exigible el retiro del servicio
educativo docente. Las sumas que resulten deberán ser actualizadas de acuerdo con
49
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte
Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer
la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de
condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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la fórmula establecida para el efecto, según la cual el valor presente (R) se determinará
de multiplicar el valor histórico (Rh) por el guarismo que resulta de dividir el índice final
de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de la sentencia)
por el índice inicial (vigente a la fecha de la consolidación del estatus pensional). La
fórmula que debe aplicar es la siguiente:
R = Rh. índice final__
índice inicial
Cuarto. No condenar en costas.
Quinto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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