Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00329-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2021-00329-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00329-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00329-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
2 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
Tema: Pensión por aportes docente. Aplica Ley 71 de 1988 porque la
vinculación al servicio educativo fue anterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003.
Decisión: Confirmar y adicionar la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandada contra la sentencia del 27 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
2. Se pretende la nulidad del acto administrativo ficto configurado el 24 de
febrero de 2021, como consecuencia de la falta de respuesta por parte de la
Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali, frente a la petición
radicada el 20 de noviembre de 2020, mediante la cual solicitó el reconocimiento de
la pensión de jubilación por aportes.
3. A título de restablecimiento del derecho solicitó el reconocimiento y pago de
dicha prestación equivalente al 75% de los salarios y las primas devengados en el
año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, con los respectivos
reajustes de ley; el pago de intereses moratorios; el cumplimiento de la sentencia en
los términos de los artículos 192 y 195 del C.P.A.C.A.; y de condene en costas a la
entidad demandada.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
4. La señora Beatriz Eugenia Velasco Perafán manifestó que nació el 21 de
diciembre de 1962, por lo que cumplió 55 años de edad el 21 de diciembre de 2017.
Afirmó haber efectuado 431 semanas de cotización a Colpensiones,
1 Los documentos del proceso se encuentran visibles en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica
de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo – SAMAI.
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
correspondientes a tiempos laborados en el sector privado.
5. Indicó que se desempeñó como docente oficial mediante diferentes
modalidades de vinculación. Inicialmente, mediante orden de prestación de servicios
no. 0717, desde el 19 de mayo de 1987 hasta el 18 de agosto de 1987.
Posteriormente, fue nombrada en provisionalidad desde el 10 de noviembre de 2006,
cargo que ejerció hasta el 30 de enero de 2007. Finalmente, mediante Resolución
no. 0126, fue vinculada nuevamente en provisionalidad a partir del 1° de febrero de
2007 hasta por lo menos la fecha de presentación de la demanda.
6. Precisó que una vez cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 71 de 1988,
presentó reclamación administrativa ante la Secretaría de Educación Municipal de
Cali, la cual mediante oficio No. 4143.020.13.1.000501 de 24 de diciembre de 2020,
informó que el expediente había sido remitido para estudio a Fiduprevisora S.A., sin
emitir una decisión de fondo.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
7. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículo 7° de la Ley 71
de 1988; artículo 15, numerales 1° y 2°, de la Ley 91 de 1989; artículo 6° de la Ley
60 de 1993; artículo 115 de la Ley 115 de 1993; artículo 279 de la Ley 100 de 1993;
artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y artículos 1° y 2° del Decreto 3752 de 2003.
8. En resumen, adujo que se encontraba vinculada a la docencia oficial con
anterioridad al 26 de junio de 2003, y que realizó aportes al antiguo ISS, por lo que
considera que cumple con los presupuestos exigidos en las Leyes 812 de 2003 y 71
de 1988, a saber, 1000 semanas de cotización y 55 años de edad, sin atender al
retiro definitivo del cargo para gozar de dicha prestación, en compatibilidad con el
salario.
1.4. Contestación de la demanda2
9. El Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio a través de apoderado judicial, se opuso a la totalidad de las
pretensiones, argumentando que la demandante no cumple los requisitos para
acceder a la pensión de jubilación bajo la Ley 33 de 1985 ni la Ley 71 de 1988, toda
vez que su vinculación al FOMAG se produjo con posterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003. Por lo tanto, el régimen aplicable es el establecido
en la Ley 100 de 1993, que exige 57 años de edad y 1.300 semanas de cotización.
10. Alegó además que los períodos laborados bajo órdenes de prestación de
servicios (OPS) son de naturaleza civil y no pueden ser computados para efectos
pensionales, salvo que exista un proceso previo que declare la existencia de una
verdadera relación laboral, lo cual no ocurrió. Como excepciones propuso: i) la
2 La demanda fue presentada el 25 de febrero de 2021 y admitida el 12 de agosto de 2021, y contestada a través
de memorial ContestacióndelaDemanda(1).pdf que reposa en el expediente digital
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
legalidad de los actos administrativos demandados, ii) la inexistencia de la obligación
y iii) la caducidad de la acción.
11. En esta oportunidad, el Municipio de Santiago de Cali no contestó la
demanda3.
11.1 Sentencia de primera instancia4
12. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de 27 de octubre
de 2023, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
13. Consideró demostrado que la actora se vinculó como docente oficial antes de
la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, razón por la cual le resulta aplicable el
régimen anterior previsto en la Ley 71 de 1988 y en la Ley 91 de 1989. Para arribar
a esta conclusión, la Sala reconoció que los períodos laborados mediante órdenes
de prestación de servicios (OPS) debían computarse como servicio oficial válido, en
tanto la evidencia probatoria acreditó que las funciones desempeñadas
correspondían a labores propias del servicio público educativo y que concurrieron
los elementos materiales de la relación laboral —personalidad, subordinación y
remuneración—, conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formas.
14. Así, descartó la tesis de la entidad demandada que exigía la existencia de un
proceso independiente de contrato realidad, al estimar que trasladar la carga de la
omisión en la afiliación y el pago de aportes al trabajador sería contrario a la finalidad
protectora de la Ley 71 de 1988 y a la jurisprudencia vigente sobre derechos
pensionales.
15. Por último, determinó que la demandante adquirió su estatus jurídico de
pensionada el 23 de marzo de 2018, al cumplir 55 años de edad y 20 años de servicio
oficial, y en consecuencia ordenó el reconocimiento de la pensión de jubilación por
aportes en cuantía del 75%, precisando que el Ingreso Base de Liquidación (IBL) se
calcularía exclusivamente con la asignación básica (sueldo) y las horas extras
devengadas durante el último año de servicio, excluyendo otros factores, en
aplicación de la sentencia de unificación SUJ-014 de 2019. Adicionalmente, dispuso
que el reconocimiento no quedaba condicionado al retiro definitivo del cargo docente,
garantizando la compatibilidad entre salario y pensión en el régimen del Magisterio.
Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de
Cali, y no se impuso condena en costas por no evidenciarse temeridad ni actuación
dilatoria de las partes.
15.1 Recurso de apelación5
16. La parte demandada presentó recurso de apelación contra la sentencia de
3 Dicha entidad fue desvinculada del proceso en la sentencia de primera instancia por falta de legitimación en la
causa por pasiva.
4 033_SENTENCIA.pdf archivo visible en el expediente digital que reposa en el aplicativo SAMAI
5 034_MemorialWeb_Recurso_Indice_39_1.pdf archivo visible en el expediente digital que reposa en el
aplicativo SAMAI
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
primera instancia; argumentó que la demandante se vinculó laboralmente después
de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003). En
consecuencia, se encuentra sujeta al régimen pensional de prima media regulado
por la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de 2003, que establece como requisitos 57 años
de edad y 1.300 semanas cotizadas.
17. Sostuvo que los tiempos laborados bajo órdenes de prestación de servicios
no pueden ser tenidos en cuenta, porque constituyen vínculos de naturaleza civil y
no laboral, y que para su reconocimiento es indispensable una decisión judicial
previa que declare la existencia de relación laboral. Alegó que la tesis de la primacía
de la realidad no puede aplicarse de manera indirecta en este proceso, sin que medie
un pronunciamiento específico sobre la existencia de contrato realidad.
18. Finalmente, indicó que la demandante no es beneficiaria del régimen de
transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues al 1° de abril
de 1994 tenía 32 años de edad y no acreditaba 15 años de servicio cotizados, razón
por la cual no puede acogerse a la Ley 71 de 1988.
18.1 Trámite correspondiente a la segunda instancia
19. Mediante auto de 12 de junio de 2024, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada.
20. A su turno, la actora, solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por
cuanto considera que le asiste el derecho a la pensión por aportes.
21. Por su parte, la parte demandada y el Agente del Ministerio Público que
actúa ante esta Corporación guardaron silencio.
22. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
23. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo6. Así, al tenor de lo dispuesto en
el artículo 328 del Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en el
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.»
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
caso de la referencia, únicamente la parte demandada presentó recurso de alzada,
el análisis se encuentra limitado a lo allí plasmado.
2.2. Problema jurídico
24. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Beatriz
Eugenia Velasco Perafán, tiene derecho a que se le aplique el régimen pensional
establecido en la Ley 71 de 1988 al haber cotizado tanto en el sector público como
privado como lo dispuso el a quo, o, por el contrario, no reúne los requisitos legales
exigidos para acceder a dicho beneficio pensional como alega la entidad en el
recurso de apelación.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Del derecho pensional de los docentes
25. La Ley 812 de 20038 en torno al sector de educación nacional, definió el
régimen prestacional de los docentes, distinguiendo entre quienes se vincularon
antes de la entrada en vigencia de dicha ley, y quienes lo hicieron con posterioridad
a esta. Se destaca:
“ARTÍCULO 81. RÉGIMEN PRESTACIONAL DE LOS DOCENTES OFICIALES. El
régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se
encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el
Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.
Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, serán
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tendrán los
derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción de la
edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y mujeres.
(…)”
26. Dicho régimen anterior no es otro que el contemplado en la Ley 33 de 1985,
que en su artículo 1° dispone el reconocimiento de una pensión de jubilación; la cual
fue modificada por la Ley 62 de 1985, en la que enlistan los factores a tener en
cuenta para efectos de liquidación de la mentada prestación, a saber: asignación
básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional
y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.
27. De manera que, existía un régimen prestacional para los empleados públicos,
y otro para los trabajadores del sector privado. Así entonces, respecto de quienes no
alcanzaban a completar los requisitos exigidos en uno u otro régimen, surge la Ley
71 de 1988, por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras
8 mediante la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, hacia un Estado comunitario
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
disposiciones, y que en el artículo 7° dispuso los requisitos para acceder a una
pensión a partir de la suma de los períodos cotizados y laborados tanto en el sector
público como en el privado:
“ARTÍCULO 7.º A partir de la vigencia de la presente Ley, los empleados oficiales y
trabajadores que acrediten veinte (20) años de aportes sufragados en cualquier tiempo y
acumulados en una o varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces,
del orden nacional, departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el
Instituto de los Seguros Sociales, tendrán derecho a una pensión de jubilación siempre
que cumplan sesenta (60) años de edad o más si es varón y cincuenta y cinco (55) años
o más si es mujer.
El Gobierno Nacional reglamentará los términos y condiciones para el reconocimiento y
pago de esta prestación y determinará las cuotas partes que correspondan a las
entidades involucradas.”
28. En ese orden de ideas, debe verificarse si la mentada pensión de jubilación
por aportes es aplicable al sector docente, y de ser así, que requerimientos deben
cumplirse para el efecto. Para dar respuesta a ello, es menester señalar que dicho
análisis demanda la aplicación de la sentencia de unificación de 25 de abril de 2019
(SUJ-014-CE-S2-2019), expedida por la Sección Segunda del Consejo de Estado 9,
dado que fijó reglas respecto a la forma de liquidación de la pensión de jubilación a
los docentes, teniendo en cuenta las disposiciones de la Ley 91 de 1989. Y a su vez
se analizaron los diferentes regímenes aplicables a dicho sector, atendiendo a la
fecha de ingreso al servicio docente, ello en consonancia con lo dispuesto en el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003.
29. Por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas fijadas en ésta tienen
valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos los casos pendientes de
solución tanto en vía administrativa como en vía judicial a través de acciones
ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del
principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
30. De manera que, del fallo de unificación referenciado, se advierte que para
efectos del régimen pensional del docente, resulta relevante establecer la fecha de
su primera vinculación al magisterio, pues, en concordancia con el artículo 81 de la
Ley 812 de 2003 i) los educadores que estuvieren vinculados al servicio oficial les
será aplicable el régimen dispuesto para el Magisterio en las disposiciones vigentes
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley, a saber, el 27 de junio de
2003; normativa que no sería otra que la referida en el artículo 15 de la Ley 91 de
198910 , como más adelante se explicará. Y ii) los docentes oficiales que ingresen a
partir de la vigencia de la ley mencionada, les resultaría aplicable el régimen
pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con
los requisitos previstos en el, con excepción de la edad de pensión de vejez que será
de 57 años para hombres y mujeres.
9 Expediente 68001-23-33-000-2015-00569-01 (0935-17)
10 Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
31. Aunque se establecieron esos dos escenarios para la aplicación de las
normas que rigen el reconocimiento pensional de los docentes de acuerdo con su
fecha de vinculación; la Sección Segunda no hizo ningún tipo de diferenciación frente
al tipo de vinculación, ya sea en propiedad o provisionalidad, para catalogar los
tiempos de servicios, ni tampoco se indicó que perderían los derechos a la aplicación
de la Ley 33 de 1985 en caso de presentarse el fenómeno de la solución de
continuidad establecido en el Decreto 3135 de 1968.
32. En dicha oportunidad, dado que los fundamentos de hecho no daban lugar a
ello, no se analizó el supuesto en que el educador bajo dicho vínculo oficial no
alcanza el cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión, no obstante, tiene
acreditadas cotizaciones en virtud de una labor desarrollada en el sector privado,
aportes que se hicieron en su momento al Instituto de Seguro Social, hoy,
Colpensiones.
33. Ante ese panorama, se estima que no existe ninguna justificación jurídica que
imposibilite extender la aplicación de la Ley 71 de 1988 a los docentes, máxime que
los antecedentes legislativos11 de la Ley 91 de 1989, la cual en su artículo 15 remite
al régimen jurídico del sector público nacional, dan cuenta que se contempló y validó
que la mentada Ley 71 beneficia también a los educadores del magisterio 12. A lo que
se suma que la Sección Segunda del Consejo de Estado sentencia de 19 de enero
de 2023,13 también avaló la aplicación de la Ley 71 de 1988 al sector docente,
teniendo en cuenta además las previsiones de la sentencia de unificación de 2019,
tantas veces mencionada14, precisando a su vez que los factores de liquidación
corresponden a los enlistados en la Ley 62 de 1985, sobre los cuales se hubieran
efectuado cotizaciones.
34. Sobre este último aspecto relacionado con los factores de liquidación, la Sala
estima que hay que tener en cuenta además de lo dispuesto en la Ley 62 de 1985,
los factores que en disposiciones posteriores se les haya dado carácter salarial,
como por ejemplo la bonificación mensual de docentes y directivos docentes
(Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica (Decreto 2354 de 2018); no
siendo posible extenderse a incluir la totalidad de factores sobre los que hubiere
cotizado en el año anterior a la adquisición del estatus, pues, ello podría tener como
consecuencia la existencia de distintos regímenes al interior del servicio docente,
que conllevaría a la vulneración de derechos como el de igualdad, y desconocería lo
dispuesto en la sentencia de unificación del 25 de abril de 2019, con la cual se
abandonó el criterio jurisprudencial de la sentencia del 4 de agosto de 2010, que
11 Gaceta del Congreso de la República 103 de fecha 17 de octubre de 1989.
12 “Acerca del artículo 15 habría que referirse finalmente a dos aspectos: la Ley 71 de 1988 sobre pensiones de
jubilación; recoge amplias aspiraciones del movimiento pensional que al beneficiar al Magisterio exonera de la
repetición en este texto. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recibe la autorización legal
de extender los servicios asistenciales a las familias de los docentes, cuando su situación financiera lo permite.
13 C.P. William Hernández Gómez – Expediente 15001-23-33-000-2019-00103-01 (3083-2022)
14 Se aclaró también que no les es aplicable el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 (artículo 36), y por
ende tampoco están sometidos al ingreso base de liquidación contemplado en el artículo 21 de aquella, los
educadores vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
avalaba dicha liquidación con todos los emolumentos percibidos, al margen de si
estaba o no contenidos en las disposiciones de liquidación pensional.
35. Así entonces, concluye la Sala lo siguiente:
35.1 Que los docentes vinculados antes del 27 de junio de 2003, se les aplica el
régimen prestacional vigente con anterioridad a la Ley 812 de 2003, a saber, el
contenido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, que en el numeral 2° inciso 2°
establece que los educadores vinculados a partir del 1 de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1 de
enero de 1990, se les tendrá en cuenta el régimen pensional del sector público
nacional.
35.2 Este régimen pensional del sector público nacional, no sería otro que el
contenido en las Leyes 33 de 1985, 62 de 1985 y la Ley 71 de 1988.
35.3 Así, la liquidación de la pensión jubilación por aportes deberá efectuarse con
base en el 75% del promedio de los salarios y factores devengados en el último
año anterior a la causación del estatus pensional, sobre los que hubiere cotizado,
y que figuren enlistados en la Ley 62 de 1985 -atendiendo las previsiones de la
sentencia de unificación de 25 de abril de 2019; pero también los establecidos en
disposiciones posteriores a los que se les haya dado carácter salarial, como por
ejemplo los Decretos 63315 y 634 de 200716, la bonificación mensual de docentes
y directivos docentes (Decreto 1566 de 2014) y la bonificación pedagógica
(Decreto 2354 de 2018).
35.4 Mientras que los docentes vinculados con posterioridad a la vigencia de la
Ley 812 de 2003, están sujetos sujetos al régimen de prima media con prestación
definida regulado por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción en la
edad, que será de 57 años tanto para hombres como para mujeres, según el
artículo 81 de la Ley 812 de 2003. Y los factores a tener en cuenta para liquidar
serán los dispuestos en el Decreto 1158 de 1994.
2.4. Caso concreto
36. Da cuenta el material probatorio que la actora, el 24 de noviembre de 2020
solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento
y pago de una pensión de jubilación, no obstante, en el presente caso se configuró
el acto ficto negativo, en la medida en que la administración guardó silencio frente a
la solicitud.
37. Ahora, teniendo en cuenta lo expuesto en el acápite del marco normativo y
jurisprudencial, es necesario establecer las disposiciones que regulan la situación de
la demandante, atendiendo a su fecha de ingreso al servicio docente oficial. Pues
bien, para la Sala, contrario a lo sostenido por la entidad recurrente, en el plenario
15 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio
del Estado en los niveles de preescolar, básica y media y se dictan otras disposiciones de carácter salarial para
el sector educativo oficial.
16 Por el cual se modifica la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos docentes al servicio
del Estado en los niveles de preescolar, básica y media que se rigen por el Decreto-ley 1278 de 2002 y se dictan
otras disposiciones de carácter salarial y prestacional para el sector educativo oficial.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
está demostrado que la señora Beatriz Eugenia Velasco Perafán prestó servicios
como docente oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, lo que
permite la aplicación de la Ley 91 de 1989, que remite al régimen anterior en materia
pensional contemplado en la Ley 33 de 1985 o la Ley 71 de 1988.
38. Véase entonces que el material probatorio evidencia que la actora nació el 21
de diciembre de 196217, y laboró en el sector público como docente en los siguientes
períodos:
Desde – Tipo de Entidad Aportes Tiempo
hasta vinculación contratante o pensionales
empleadora
19/05/1987 al Contrato de Departamento No figura 91 días (3
18/08/1987 prestación de del Valle del meses)
servicio Cauca
10/11/2006 al Provisionalidad Departamento FOMAG 81 días (2
30/01/200718 del Valle del meses y 20
Cauca días)
1°/02/2007 al Provisionalidad Municipio de FOMAG 5.039 (13
18/11/202019 Santiago de años, 9
Cali meses y 17
días)
Total tiempo de servicio 14 años, 3
meses y 7
días.
39. Importante destacar que, contrario a lo señalado por la entidad demandada
en el recurso de alzada, para efectos del reconocimiento pensional que se reclama
no tiene incidencia alguna el hecho de que la labor docente se haya ejecutado en
virtud de contratos de prestación de servicios, pues, tal como lo ha dispuesto esta
corporación en la sentencia de unificación CESUJ2-5 del 25 de agosto de 2016 la
actividad educativa desarrollada mediante dichos contratos no difiere a la adelantada
en virtud de una designación legal y reglamentaria, e incluso en materia de docentes
en esa oportunidad se señaló que es viable presumir la existencia de un vínculo
laboral, y tener en cuenta dicho tiempo servido, entre otros, para efectos
pensionales.
40. Así mismo, aun cuando en este asunto no hay lugar a establecer la existencia
de una verdadera relación laboral respecto al tiempo prestado como docente en
establecimientos oficiales mediante contrato de prestación de servicios, en tanto no
17 pág. 28 archivo 01 expediente digitalizado
18 Se toma extremo temporal del certificado de historial laboral visible en la pagina 29 del archivo de la
demanda
19 Se toma extremo temporal del certificado de historial laboral visible en la pagina 31 y 32 del archivo de la
demanda
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
hace parte de la controversia, nada impide valorar dichos períodos para efectos de
la prestación que se reclama, máxime que el tipo de vinculación20 no le resta valor
al hecho probado de que se ejecutó la actividad docente oficial, aun cuando la
entidad no desconoce la ejecución del servicio docente.
41. Seguidamente, observa la Sala que en el reporte de semanas cotizadas
emitido por Colpensiones de fecha 20 de noviembre 2020 que reposa en el
expediente se registró una totalidad de 431,00 semanas correspondientes al periodo
comprendido entre el 23 de septiembre de 1987 y de manera discontinua hasta el 31
de diciembre de 2003, en el marco de labores realizadas en el sector privado,
equivalentes a para un total de 8 años, 4 meses y 17 días21.
42. Ahora, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y el parágrafo
transitorio 120 del artículo 48 de la Constitución Política, los maestros que ingresaron
a la docencia oficial antes del 27 de junio de 2003 se rigen por las disposiciones
vigentes con anterioridad a esa fecha, mientras que quienes lo hicieron después
quedan sujetos al régimen de prima media regulado en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, con la particularidad de que la edad de jubilación se fija en 57 años tanto
para hombres como para mujeres.
43. Sobre este aspecto, la sentencia de unificación del Consejo de Estado (SUJ-
014-CE-S2-19 de 25 de abril de 2019) estableció que los educadores vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003 se sujetan al régimen especial previsto
en la Ley 91 de 1989, que remite a las disposiciones de la Ley 33 de 1985 y, en
ciertos supuestos, también a la Ley 71 de 1988. Esta última resulta aplicable cuando
el interesado acredita tiempos de servicio en el sector público y en el privado, pues
permite la acumulación de aportes.
44. En ese orden debe destacarse que, contrario a lo señalado por la entidad
demandada, a la actora no le son aplicables las disposiciones de las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, y su acceso al régimen pensional de la Ley 71 de 1988 no está
condicionado al cumplimiento de los requisitos de la transición que establece el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
45. De otro lado, se tiene que, conforme al principio de condición más beneficiosa,
lo relevante para determinar el régimen aplicable no es la permanencia continua en
el cargo al momento de la expedición de la Ley 812 de 2003, ni el tipo de vinculación
que da lugar a la labor docente oficial sino la fecha de la primera vinculación como
docente oficial. En este sentido, la jurisprudencia de la Sección Segunda ha
sostenido que la existencia de interrupciones en la prestación del servicio no
desvirtúa la posibilidad de aplicar el régimen especial vigente antes de 2003, en tanto
20 Se itera, mediante contrato de prestación de servicios
21 431,00 semanas × 7 = 3.017 días /
3.017 ÷ 360 = 8 años (restan 137 días)
137 ÷ 30 = 4 meses (restan 17 días)
Resultado: 8 años, 4 meses y 17 días
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
la finalidad de la norma es proteger las expectativas legítimas de quienes ya habían
ingresado al magisterio.
46. Bajo esta regla, no resulta atendible la inconformidad de la parte recurrente
en cuanto a que el tiempo laborado mediante contratos de prestación de servicios
no es posible tenerlo en cuenta para los efectos pensionales que se reclama, en
tanto, se requiere la declaración de la existencia del vínculo legal y los respectivos
aportes; pues, por un lado, en la sentencia de unificación CESUJ2-5 de 25 de agosto
de 2016 emitida por esta Corporación, se explicó que la modalidad de vinculación no
resulta relevante para efectos pensionales, pues la actividad docente desarrollada
mediante contratos de prestación de servicios es equiparable a la realizada mediante
nombramientos legales o reglamentarios. Y por otra parte, en torno a los aportes
esta Corporación en asuntos de similar naturaleza ha precisado que el hecho de que
no se hubieren realizado los mismos, no imposibilita el reconocimiento pensional 22,
pues, en este caso el Fomag debe adelantar las gestiones administrativas
necesarias para obtener los mismos, como así se ha ordenado de manera reiterada.
47. Así entonces, dado que no está en discusión la actividad como docente oficial
prestada por la aquí demandante, se tiene que hay lugar a valorar el tiempo servido
como docente mediante contrato de prestación de servicio en el año 1987 y que se
relacionó en cuadro anterior, por lo que acertó el tribunal al dar aplicación a la Ley
71 de 1988, encontrándose probados además los requisitos de edad (55 años
acreditados el 21 de diciembre de 2017) y tiempo de servicios tanto en el sector
privado (entre los años 1987 a 2003 de manera discontinua) como en el público (en
los años 1987, 2006 y de 2007 a 2020)23, de manera que tiene derecho la señora
Velasco Perafán al reconocimiento de la pensión por aportes, habiendo alcanzado
el estatus el 24 de marzo de 2018- cuando acreditó los 20 años de aportes-,
momento para el cual ya había acreditado 55 años de edad, como bien lo dispuso el
a quo.
48. Respecto a la forma de liquidación de la prestación, se recuerda que esta
debe sujetarse exclusivamente a los factores enlistados en el artículo 1º de la Ley
62 de 1985 y los que mediante normas posteriores se les ha dado el carácter de
22 Ver sentencia de 21 de agosto de 2025, expediente 15001-23-33-000-2021-00635-01 (6197-2024), C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez, en la que se señaló:
“Ahora, en atención al marco normativo y jurisprudencial aplicable, lo primero que debe recordarse es que,
contrario a las afirmaciones del juez de primera instancia, las vinculaciones de un docente bajo la modalidad
contractual de OPS no impide considerar tales interregnos para contabilizarlos a fin de cumplir el requisito del
tiempo de servicio, ello incluso al margen de la efectiva contribución al sistema de seguridad social mientras
laboró como contratista, pues este no fue el criterio fijado para tal fin en la sentencia de unificación del 25 de abril
de 2019, sino el de la demostración de algún tiempo de labor oficial educativa antes de que entrara a regir la ley
de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006.
No obstante, como ya lo ha advertido la Subsección en casos similares 18, si bien los artículos 4 y 9 de la Ley 797
de 2003 que modificaron los artículos 17 y 33 de la Ley 100 de 1993, establecieron como exigencia para el
reconocimiento de la pensión de jubilación bajo el régimen de prima media que se demostraran los aportes al
sistema pensional, en el caso particular, la referida disposición normativa no resulta aplicable al actor al ser este
beneficiario de la Ley 33 de 1985.”
23 Anualidad esta última para la cual aún seguía vigente en el servicio docente
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
factor salarial para el sector docente, como se explicó en el punto del marco
normativo y jurisprudencia.
49. En ese orden, se tiene que, en el año anterior a la adquisición del estatus
(marzo 2017 a marzo 2018), la docente devengó asignación básica, bonificación
mensual docentes, prima de antigüedad, bonificación pedagógica24, primas de
navidad, servicios y de vacaciones25. El tribunal ordenó la inclusión de la asignación
básica y las horas extra 2017, por lo que, si bien habría lugar a determinar la inclusión
de otros emolumentos de los devengados, lo cierto es que ello no resulta posible,
pues, la parte interesada -la demandante-, no apeló dicho aspecto del fallo, y
proceder a modificar este último reformaría en peor la situación de la entidad como
apelante único.
50. En punto al fenómeno de la prescripción, se advierte que siendo exigible el
derecho a partir del 24 de marzo de 2018, la actora tenía hasta el mismo día y mes
del año 2021 para presentar la reclamación respectiva, lo cual hizo el 24 de
noviembre de 2020, interrumpiendo el término por 3 años; y la demanda la radicó el
25 de febrero de 2021, esto es, de manera oportuna, por lo que no hay lugar a
declarar la prescripción de mesadas. coincidiendo esto último con lo expuesto por el
a quo.
51. Ahora bien, resulta necesario precisar que el Tribunal de primera instancia,
no ordenó que se realizarán las gestiones interadministrativas necesarias para el
cobro de los aportes. En consecuencia, la Sala estima necesario adicionar la
sentencia a fin de ordenar a la demandada que proceda a realizar las gestiones
administrativas necesarias para el cobro de aportes pensionales por parte de la
señora Velasco Perafán y el departamento del Valle del Cauca respecto de los
aportes que debieron realizar como trabajadora y empleador, en las respectivas
proporcionales legales, durante el periodo comprendido entre 19 de mayo de 1987
al 18 de agosto de 1987, los cuales no figuran probados, y que obedecen a la labor
docente oficial ejecutada mediante contrato de prestación de servicio. Tal aspecto
no afecta al apelante único -entidad-, sino que por el contrario garantiza la
sostenibilidad del sistema pensional.
52. Y de igual forma, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá que el
FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para realizar el cobro de
las cuotas partes que correspondan por todos los aportes que Colpensiones ha
24 En este caso no había lugar a incluir la bonificación pedagógica, pues, esta fue creada mediante Decreto
2354 de 2018, y en el parágrafo del artículo 3 se indicó:
“PARÁGRAFO 1. El primer pago de la Bonificación Pedagógica se realizará en el mes de diciembre de 2018
en los términos señalados en el numeral 1 del artículo 2 del presente decreto a los docentes y directivos docentes
que hayan laborado un (1) año continuo de servicios efectivamente prestado.
De manera que, al haberse percibido en diciembre de 2018, está se encontraba por fuera del año anterior a la
adquisición del estatus, lo cual corresponde a 27 marzo de 2017 a 27 de marzo de 2018.
25 Conforme certificado de factores allegado con la demanda
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
recibido a nombre de la accionante. Dicho trámite tiene como finalidad garantizar la
financiación de la pensión de jubilación por aportes y no afectará en ningún caso el
pago de la mesada correspondiente.
2.5. Conclusión
53. Por lo anterior, se confirmará la sentencia en cuanto accedió a las
pretensiones ordenando reconocer la pensión por aportes a la actora, y se adicionará
en cuanto a ordenar a la entidad que realice las gestiones administrativas necesarias
para el cobro de aportes pensionales.
2.6. Condena en costas
53. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
54. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
55. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
56. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada -parte
vencida-, por cuanto no prospera el recurso de apelación interpuesto por aquella.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
57. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. ADICIONAR la sentencia de 27 de octubre de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el siguiente sentido:
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Radicado: 76001 23 33 000 2021 00329 01 (2224-2024)
Demandante: Beatriz Eugenia Velasco Perafán
“Octavo: Ordenar a la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio) que proceda a realizar las gestiones
administrativas necesarias para el cobro de aportes pensionales por parte de
la señora Velasco Perafán y el departamento del Valle del Cauca respecto de
los aportes que debieron realizar como trabajadora y empleador, en las
respectivas proporcionales legales, durante el periodo comprendido entre 19
de mayo de 1987 al 18 de agosto de 1987, los cuales no figuran probados, y
que obedecen a la labor docente oficial ejecutada mediante contrato de
prestación de servicio.
Y de igual forma, en aplicación de lo previsto en el artículo 5, numeral 5, de la
Ley 91 de 1989 y en el artículo 11 del Decreto 2709 de 1994, se dispondrá
que el FOMAG realice las gestiones administrativas pertinentes para
realizar el cobro de las cuotas partes que correspondan por todos los aportes
que Colpensiones ha recibido a nombre de la accionante. Dicho trámite tiene
como finalidad garantizar la financiación de la pensión de jubilación por
aportes y no afectará en ningún caso el pago de la mesada correspondiente.”
TERCERO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, por las razones
expuestas.
CUARTO. Condenar en costas en esta instancia a la parte vencida -demandada-,
por las razones expuestas en la motivación. Para tal efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
QUINTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.