Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00553-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00553-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00553-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de junio de 2025
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00553-01 (6577-2024)
Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00553-01 (6577-2024)
Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema 1: naturaleza de la plaza. Subtema 2:
presupuestos para el reconocimiento de la pensión gracia. Tiempo de servicio. Ley 715 de
2001.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 26 de septiembre de 2024, que negó
las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Héctor Fabio Salcedo Cedano presentó demanda contra la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(en adelante UGPP), con el objetivo de obtener el reconocimiento y pago de la pensión
gracia. La UGPP negó la prestación al considerar que no cumple con el requisito de
20 años de servicio docente de carácter territorial y/o nacionalizado.
II. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
2.1.1. Pretensiones
1. Héctor Fabio Salcedo Cedano, mediante apoderado judicial, presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 24 de
mayo de 2021, con las siguientes pretensiones1:
1 Samai, gestión en otros despachos, índice 3. Expediente digital, PDF
1EXPEDIENTEDIGITAL_01DEMANDAPGRACIA, págs. 3 a 15.
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Radicación: 76001-23-33-000-2021-00553-01 (6577-2024)
Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandado: UGPP
(i) Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 025131 del 5 de noviembre de
2020, que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, y RDP 000850 del
18 de enero de 2021, que resolvió el recurso de apelación en el sentido de
confirmar la denegatoria del derecho.
(ii) Condenar a la UGPP a reconocer y pagar la pensión gracia a favor del
demandante, por reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio exigidos por la
Ley 114 de 1913, en cuantía equivalente al 75% del promedio salarial del último
año de servicio, con la inclusión todos los factores salariales, con los reajustes e
intereses moratorios previstos en el artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
(iii) Condenar en costas a la entidad demandada conforme al artículo 188 del
CPACA.
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(i) Nació el 14 de mayo de 1960, por lo que cumplió 50 años el 14 de mayo de
2010;
(ii) laboró por más de 20 años al servicio de instituciones educativas de carácter
territorial; la primera vinculación, como docente del departamento del Valle
del Cauca del 14 de febrero de 1978 al 30 de mayo de 1978; las otras al
servicio del municipio de Cali, del 15 de mayo de 1979 al 28 de agosto de
1997;
(iii) solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante la UGPP el 11 de julio de
2020, reclamación que fue negada mediante Resolución RDP 025131 del 5
de noviembre de 2020;
(iv) el 10 de noviembre de 2020 interpuso recurso de apelación contra la anterior
decisión, el cual fue resuelto por la UGPP mediante la Resolución RDP
000850 del 18 de enero de 2021, en el sentido de confirmar el acto recurrido.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El actor citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política, artículos
1, 2, 4, 6, 13, 25, 29, 53 y 58; Ley 114 de 1913; Ley 116 de 1928; Ley 37 de 1933; Ley
4 de 1966 y Ley 91 de 1989.
4. En el concepto de violación, la parte actora manifestó que los documentos
aportados como prueba acreditan la existencia de un vínculo docente de carácter
territorial desde 1980, razón por la cual cumplió los requisitos para acceder a la pensión
gracia.
2.2. Contestación de la demanda
5. El apoderado de la UGPP propuso las excepciones de inexistencia de la
obligación, ausencia de vicios en el acto administrativo, cobro de lo no debido y
prescripción. Para oponerse a las pretensiones, afirmó que al señor Héctor Fabio
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Demandado: UGPP
Salcedo Cedano no le asiste el derecho a la pensión gracia, dado que no acreditó el
requisito de 20 años de servicio docente del orden territorial o nacionalizado.
6. En apoyo de su argumento, la parte demandada señaló que, entre los documentos
allegados con la demanda, se encuentra la certificación electrónica de tiempos
laborados CETIL núm. 202006890399011900480012 del 5 de junio de 2020, expedida
por la Secretaría de Educación Municipal de Cali, en la que consta que el demandante
fue nombrado docente mediante el Decreto 8317 del 30 de agosto de 2012 con una
vinculación nacional y fuente de recursos de la Nación.
7. Agregó que, antes del 1 de enero de 1981, el actor no tuvo una vinculación docente
de carácter permanente, como lo evidencian las resoluciones de nombramiento en las
que se indica que fue vinculado para cubrir licencias.
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 26 de
septiembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar
en costas.
9. Al sustentar la decisión, el tribunal afirmó que los certificados de servicio CETIL
demuestran que el señor Héctor Fabio Salcedo Cenado laboró como docente durante
18 años, 7 meses y 28 días, de la siguiente manera: (i) del 14 de febrero de 1978 al
30 de mayo de 1978 (Resolución 10178 del 14 de febrero de 1978); (ii) del 15 de mayo
de 1979 al 10 de septiembre de 1992 (Decreto 0828 del 11 de abril de 1979), y (ii) del
11 de agosto de 1992 al 28 de agosto de 1997 (Resolución 40733 del 11 de septiembre
de 1992).
10. A partir de lo anterior, concluyó que, si bien el demandante acreditó experiencia
como educador antes del 31 de diciembre de 1980, el tiempo de servicio bajo una
vinculación nacionalizada no fue igual o superior a 20 años, requisito exigido por la ley
para acceder al derecho pensional.
2.4 . Recurso de apelación
11. El demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia. Para el
efecto, presentó reparos frente al tiempo de servicio que computó el tribunal, pues
consideró que realizó una valoración incompleta de las pruebas que obran en el
expediente, en especial de la Resolución 4143.0.21.8317 del 30 de agosto de 2012,
mediante la cual el alcalde del municipio de Cali lo nombró, de manera provisional, en
un cargo docente en la institución educativa Juan Pablo II. Agregó que ese acto
administrativo, expedido por la autoridad nominadora, muestra una vinculación
territorial válida para el cómputo del tiempo de servicio.
12. Que en la Resolución 4143.010.21.0.03062 del 31 de mayo de 2021, mediante la
cual el Fondo de Prestaciones Sociales de Magisterio reconoció y ordenó el pago de
una pensión de vejez a su favor, relacionó el tiempo que laboró como docente al
servicio de la Secretaría de Educación de Cali.
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13. Adicionalmente, alegó que la UGPP se limitó a señalar que el tiempo laborado
después del año 2012 era de carácter nacional, sin hacer un estudio de fondo ni
presentar pruebas en apoyo a tal afirmación.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
14. Esta corporación, por auto del 7 de marzo de 2025, admitió el recurso de apelación
presentado por la entidad demandada y, conforme al artículo 247-5 del CPACA, pasó
el expediente al despacho para dictar sentencia al no haber solicitudes probatorias por
decretar y practicar2.
III. CONSIDERACIONES
3.1 . Competencia
15. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo conoce el presente
asunto en atención a la competencia que le confiere el inciso primero del artículo 150
del CPACA para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
16. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 320 y 328 del CGP, teniendo en cuenta
los argumentos del recurso de apelación interpuesto por la UGPP, la Sala procede a
resolver el siguiente problema jurídico:
17. ¿El tiempo de servicio prestado por el actor como docente del municipio de Cali,
a partir del año 2012, es válido para acceder al reconocimiento y pago de la pensión
gracia?
3.4. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–
18. La Ley 114 de 19133 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (ii) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres4; (iii) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
19. La Ley 116 de 19285 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 19336 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.
2 Samai, índice 4, Auto que admite recurso de apelación.
3 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
4 Derogado por la Ley 45 de 1931.
5 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento
de pensiones.
6 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
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20. La Ley 43 de 19757 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la Nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «La educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán dé cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».
21. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización, estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980.
22. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger
la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.
23. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 19758, de manera que la plaza a ocupar
7 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
8 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
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haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio
presupuesto.
24. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 19979, en los siguientes
términos:
La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad (…) También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.
25. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018, estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior, porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente
de las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.
Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
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iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados10, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
26. En sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022, la
Sección Segunda unificó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en
vigencia de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para acceder
a esa prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2-a, de
donde explicó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:
[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio
activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que
el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada
calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó
el legislador para restringir el acceso a la prestación.
Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión
gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma
no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que
los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la
referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre
y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.
10 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
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[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las
normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados
en la forma indicada […].
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas […].
2.5. Regla de unificación
[…] Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento.
3.5. Análisis de la Sala en el caso concreto
3.5.1. Verificación de los tiempos de servicio y naturaleza de la vinculación
27. En punto a la vinculación docente, la copia del Decreto 828 del 11 de abril de 1979,
suscrita por el gobernador del departamento del Valle del Cauca, da cuenta de que el
señor Héctor Fabio Salcedo Cedano fue nombrado docente en el distrito educativo
núm. 3 de Buenaventura11, cargo del que tomó posesión el 15 de mayo de 1979, según
consta en la correspondiente acta12.
28. La copia de la certificación electrónica de tiempos laborados CETIL
202002890399029901130031, del 28 de febrero de 2020, registra que el demandante
se vinculó como docente en el Centro Educativo Alegría el 15 de mayo de 197913.
29. La copia del formato único para la expedición de certificado de historia laboral,
suscrito el 24 de febrero de 2020 por la profesional especializada del FOMAG, acredita
que el demandante prestó servicios mediante vinculaciones de carácter nacionalizado,
en los siguientes periodos14:
11 Samai, gestión en otros despachos, índice 3. Expediente digital, DEMANDAPGRACIA, págs. 31 a 35.
12
Samai, gestión en otros despachos, índice 19. Expediente digital, ContestacionDemanda, pág. 71.
13 Samai, gestión en otros despachos, índice 3. Expediente digital, DEMANDAPGRACIA, pág. 37.
14 Samai, gestión en otros despachos, índice 3. Expediente digital, DEMANDAPGRACIA, págs. 57 a 63
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Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandado: UGPP
(i) Del 14 de febrero de 1978 al 30 de mayo de 1978, nombrado mediante
Resolución núm. 078 del 14 de febrero de 1978;
(ii) del 15 de mayo de 1979 al 10 de septiembre de 1992, nombrado por Decreto
0828 del 11 de abril de 1979;
(iii) del 11 de septiembre de 1992 al 28 de agosto de 1997, en virtud de la
Resolución 40733 del 11 de septiembre de 1992.
30. Mediante Resolución 41430.0.21.8317 del 30 de agosto de 2012, el secretario de
educación municipal de Cali nombró al señor Héctor Fabio Salcedo Cedano en el cargo
de docente en la Institución Educativa Juan Pablo II de dicho municipio. En las
consideraciones de la resolución se indica lo siguiente15:
Que cumplidos los requerimientos exigidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil
en el instructivo expedido el 18 de agosto de 2010 y lo dispuesto en los artículos 13 y 14
del decreto 1278 de 2002, la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali,
mediante oficio (…), solicitó autorización para realizar un nombramiento provisional en
el área de PRIMARIA de la planta de cargos de docentes pagada por el Sistema General
de Participaciones.
31. El actor tomó posesión del cargo referido el 10 de septiembre de 2012, según
consta en el acta correspondiente16.
32. La copia del formato único para la expedición del certificado de historia laboral,
expedido por el subsecretario de despacho del FOMAG el 8 de agosto de 2019, da
cuenta de que el demandante fue vinculado como docente en la sede educativa
Portete de Tarqui del municipio de Cali, desde el 10 de septiembre de 2012. En el
documento se relacionó que fue trasladado a la sede educativa La Anunciación el 19
de enero de 2015, mediante Resolución 336 de la misma fecha, y que el 1 de febrero
de 2016 fue trasladado a la sede educativa Isaías Gamboa conforme lo dispuso en la
Resolución 9491 del 28 de diciembre de 2015, con estado activo para la fecha de
expedición del certificado17.
33.Las pruebas documentales referidas demuestran que el demandante ejerció la
docencia en instituciones educativas de carácter territorial y nacional, así:
Institución Cargo Acto Período Tiempo laborado
educativa administrativo Fecha de Fecha de
de vinculación inicio finalización
y/o reubicación
Distrito Docente Resolución núm. 14/02/1978 30/05/1978 3 meses, 16 días
Educativo núm. 078 del 14 de
3 de febrero de 1978
Buenaventura
Docente Decreto 0828 del 15/05/1979 10/09/1992 13 años, 3 meses, 25 días
11 de abril de
1979
Docente Resolución 40733 11/09/1992 28/08/1997 4 años, 11 meses y 17
del 11 de días
septiembre de
1992
15 Samai, gestión en otros despachos, índice 3. Expediente digital, DEMANDAPGRACIA, págs. 53 a 55.
16 Samai, gestión en otros despachos, índice 19. Expediente digital, «ContestacionDemanda», pág. 76.
17 Samai, gestión en otros despachos, índice 19. Expediente digital, «ContestacionDemanda», pág. 65
9
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Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandado: UGPP
Institución Docente Resolución núm.
Educativa Juan 41430.0.21.8317
Pablo II del 30 de agosto
de 2012
Sede Educativa Docente Resolución 336 10/09/2012 08/08/2019
La Anunciación del 19 de enero (fecha de 6 años, 10 meses, 29 días
de 2015 (traslado) expedición del
certificado)
Sede Educativa Docente Resolución 9491
Isaías Gamboa del 28 de
diciembre de
2015
(traslado)
Total de tiempo de servicio 25 años, 5 meses y 27
días
34. Ahora, en lo atinente al último tiempo laborado como docente en el municipio de
Cali, desde el 11 de septiembre de 2012 hasta el 8 de agosto de 2019, el acto de
nombramiento señala que fue nombrado, «previa autorización», para ocupar uno de
los cargos de la planta docente pagada por el Sistema General de Participaciones.
Frente a esta vinculación, la entidad afirmó en la contestación de demanda que se trata
de una plaza de naturaleza nacional, pagada con recursos de la Nación. La sentencia
apelada no relacionó el periodo prestado en virtud de esta vinculación en el cómputo
del tiempo válido para acceder al derecho pensional.
35. El actor presentó reparo por la «valoración incompleta» de los medios de prueba,
al considerar que el tribunal omitió contabilizar el tiempo laborado como docente oficial
en virtud de la resolución 41430.0.21.8317 del 30 de agosto de 2012, dictada por el
secretario de educación municipal de Cali, en la Institución Educativa Juan Pablo II de
dicho municipio, con «previa autorización» para realizar un nombramiento provisional.
36. La resolución citada también precisa que el nombramiento provisional se efectuó
en virtud del artículo 13 del Decreto No. 1278 del 19 de junio de 200218, «Por el cual
se expide el Estatuto de Profesionalización Docente», con el objeto de «regular las
18 «Artículo 11. Provisión de cargos. Cuando se produzca una vacante en un cargo docente o directivo docente, el
nominador deberá proveerla mediante acto administrativo con quien ocupe el primer lugar en el respectivo listado
de elegibles del concurso. Sólo en caso de no aceptación voluntaria de quien ocupe el primer lugar, se podrá
nombrar a los siguientes en estricto orden de puntaje y quien rehúse el nombramiento será excluido del
correspondiente listado.
(…)
Artículo 13. Nombramientos provisionales. Cuando se trate de proveer transitoriamente empleos docentes, los
nombramientos deben realizarse en provisionalidad con personal que reúna los requisitos del cargo, en los siguiente
casos:
a) En vacantes de docentes cuyos titulares se encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación
temporal, el nombramiento provisional será por el tiempo que dure la respectiva situación administrativa. En este
caso deberá hacerse uso del listado de elegibles vigente y su no aceptación no implica la exclusión del mismo;
b) En vacantes definitivas, el nombramiento provisional será hasta cuando se provea el cargo en período de prueba
o en propiedad, de acuerdo con el listado de elegibles producto del concurso.
Parágrafo. Los educadores contratados por órdenes de prestación de servicio que tienen el derecho a ser
vinculados en provisionalidad en virtud del artículo 38 de la Ley 715 de 2001, serán regidos por las normas de este
Estatuto y, por ende, nombrados provisionalmente de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo, en los
cargos vacantes de la planta de personal que fije la Nación en ejercicio de su competencia especial dada por el
artículo 40 de la Ley 715 de 2001.
Para ser vinculados en propiedad. y gozar de los derechos de carrera deben superar el concurso de méritos y
obtener evaluación satisfactoria del período de prueba, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto.
Artículo 14. Encargos. Hay encargo cuando se designa temporalmente a una persona ya vinculada en propiedad
al servicio, para asumir otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de
las propias de su cargo».
10
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relaciones del Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia
sea ejercida por educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación,
experiencia, desempeño y competencias como los atributos esenciales que orientan
todo lo referente al ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y
buscando con ello una educación con calidad y un desarrollo y crecimiento profesional
de los docentes».
37. El marco normativo que sustentó el nombramiento provisional del actor en agosto
de 2012 forma parte de la evolución de la prestación del servicio de educación oficial,
que inició con el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria
previsto en la Ley 43 del 11 de diciembre de 197519, que en su momento (i) conservó
la facultad de los entes territoriales para realizar el nombramiento del personal en los
planteles que se nacionalizaron a partir de dicha ley y los nacionalizados anteriormente
(art. 1), con la precisión de que, (ii) «en adelante», no podían crear nuevas plazas de
maestros y profesores con cargo a la Nación sin la previa autorización del Ministerio
de Educación Nacional (art. 10). La atención de los gastos de personal del servicio
educativo asumido por la Nación se llevó a cabo, de manera progresiva, desde el 1 de
octubre de 1975 hasta el 31 de diciembre de 1980 (art. 8).
38. La Ley 29 de 198920 mantuvo en los entes territoriales la facultad para «nombrar,
trasladar, remover, controlar y, en general, administrar el personal docente y
administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados», con
la precisión de que la Nación «no asume responsabilidad alguna por los
nombramientos que excedan las plantas de personal (…), ni nacionalizará el personal
así designado» (art. 9).
39. Con posterioridad, la Ley 91 de 198921 estableció la forma en que los entes
territoriales y la Nación asumirían las obligaciones del personal docente 22 y previó el
19 Por la cual «se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
20 Por la cual se modifica parcialmente la Ley 24 de 1988 [Por la cual se reestructura el Ministerio de Educación
Nacional y se dictan otras disposiciones].
21 Por la cual «se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
22 Artículo 2. «(…) 1. Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de promulgación
de la presente ley, así como los reajustes y la sustitución de pensiones son de cargo de la Caja Nacional de
Previsión Social y el Fondo Nacional de Ahorro y en consecuencia seguirán siendo pagadas por dichas entidades,
o las que hicieren sus veces.
2. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado causadas hasta el 31 de diciembre de 1975, así como los
reajustes y la sustitución de pensiones, son de cargo de las respectivas entidades territoriales o las cajas de
previsión, o las entidades que hicieren sus veces, a las cuales venía vinculado este personal y, en consecuencia,
seguirán siendo pagadas por dichas entidades.
3. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas en el período correspondiente al proceso de
nacionalización (1º de enero de 1976 a 31 de diciembre de 1980), así como los reajustes y la sustitución de
pensiones, son de cargo de la Nación o de las respectivas entidades que hicieren sus veces. La nación pagará
pero estas entidades contribuirán, por este período con los aportes de la ley para la cancelación de las prestaciones
sociales en los mismos porcentajes definidos en el artículo 3º de la Ley 43 de 1975.
4. Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas y no pagadas en el período comprendido entre
el 1º de enero de 1981 y la fecha de promulgación de la presente ley, serán reconocidas y pagadas por las
respectivas entidades territoriales o las cajas de previsión social, o las entidades que hicieren sus veces, a las
cuales estaba vinculado dicho personal.
(…)
5. Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la
promulgación de la presente Ley, son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones
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régimen prestacional de dichos servidores, de la siguiente manera: (i) los docentes
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que «llegaren a tener derecho a la
pensión de gracia se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los
requisitos»; (ii) los docentes vinculados «a partir del 1º de enero de 1981, nacionales
o nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990,
cuando se cumplan los requisitos de Ley, se reconocerá sólo una pensión de
jubilación» (art. 15).
40. En lo atinente a la administración del personal docente, la Ley 60 de 199323 reiteró
la facultad de los entes territoriales para realizar los nombramientos en las plantas que
adopten, conforme con los requisitos del estatuto docente y la carrera administrativa.
Asimismo, estableció «el régimen prestacional aplicable a los actuales docentes
nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o
distritales sin solución de continuidad y para las nuevas vinculaciones será el
reconocido por la Ley 91 de 1989 (…). El personal docente de vinculación
departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la
respectiva entidad territorial» (art. 6).
41. El Acto Legislativo 01 de 2001 modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y sustituyó el situado fiscal por el Sistema General de Participaciones (SGP)
con el fin de garantizar la financiación de los servicios de salud y educación a cargo
de las entidades territoriales. Esta reforma buscó consolidar la descentralización del
gasto público, reconociendo la responsabilidad directa de los departamentos,
municipios y distritos en la prestación de estos servicios esenciales.
42. En atención a lo anterior, el legislador expidió la Ley 715 de 2001, por la cual
dispuso que los municipios y distritos certificados en educación tendrían a su cargo la
prestación del servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media24. Dicha
norma trajo consigo la necesidad de definir la situación de los docentes vinculados al
servicio educativo oficial antes y después de su entrada en vigor, así: (i) provisión de
vacantes de un cargo docente o directivo docente con quien ocupe el primer lugar en
el respectivo listado de elegibles del concurso, (ii) vinculación provisional de quienes
al 1 de noviembre de 2000 estaban contratados por órdenes de prestación de
servicios, condicionando su incorporación definitiva al cumplimiento de los requisitos
de carrera docente; (ii) permanencia de los docentes, directivos y administrativos
inscritos en carrera de continuar en los cargos sin necesidad de nuevo nombramiento
ni concurso con el fin de proteger los derechos adquiridos conforme al régimen del
Decreto 2277 de 1979.
Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de
Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán al Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha
de promulgación de la presente Ley a dicho personal, por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no
exigibles».
23 «Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
24
Artículo 7. Competencias de los distritos y municipios certificados. // 7.1. Dirigir, planificar y prestar el servicio
educativo en los niveles de preescolar, básica y media, en condiciones de equidad, eficiencia y calidad, en los
términos definidos en la presente ley.
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43. Bajo ese marco normativo, el Decreto 1278 de 2002, citado en el acto de
nombramiento del actor, estableció el nuevo estatuto de profesionalización docente
por medio del cual previó la provisión de cargos docentes mediante el nombramiento
de quienes integran la lista de elegibles y, de manera excepcional, con nombramientos
en provisionalidad.
44. En este caso, se encuentra demostrado que el actor fue nombrado por el
secretario de educación municipal de Cali el 30 de agosto de 2012, con autorización
del Ministerio de Educación Nacional para nombrarlo en provisionalidad conforme al
Decreto 1278 de 2002, norma dictada en ejercicio de las facultades previstas en la Ley
715 de 2001, entre las que se encuentra la conferida a los municipios para
«[a]dministrar, ejerciendo las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de
1994, las instituciones educativas, el personal docente y administrativo de los planteles
educativos, sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la
presente ley. Para ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal
requerido administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los
recursos de la participación para educación del Sistema General de Participaciones
asignado a la respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre instituciones
educativas, sin más requisito legal que la expedición de los respectivos actos
administrativos debidamente motivados».
45. Así entonces, si bien el acto de nombramiento en provisionalidad fue dictado por
el secretario de educación territorial con autorización para nombrar bajo esa
modalidad, este no precisa la naturaleza de la plaza provista conforme al Decreto 1278
de 2002, para establecer con certeza si se trata de un docente con vinculación
territorial o nacionalizada en los términos de la Ley 91 de 1989 o de un maestro con
vinculación departamental, distrital o municipal conforme a la Ley 60 de 199325.
Tampoco existe prueba que dé cuenta que el actor haya ejercido la actividad docente
en una plaza territorial o nacionalizada que conserve esa categorización aun después
del nombramiento en provisionalidad realizado mediante la Resolución
41430.0.21.8317 del 30 de agosto de 2012.
46. Por tanto, el tiempo prestado en virtud del nombramiento provisional con
autorización, dictado por el secretario de educación del municipio de Cali el 30 de
agosto de 2012 conforme al Decreto 1278 de 2002, no es válido para el cómputo del
tiempo requerido para acceder a la pensión gracia, por tratarse de una vinculación
realizada luego de la entrada en vigor de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, frente a
la cual no existe prueba que demuestre que se trata de una plaza territorial o
nacionalizada en los términos previstos en la Ley 91 de 1989.
25
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 15 de febrero de 2024. Exp. 3862-2019.
Sobre el particular, señaló: «resulta posible sostener que luego de la expedición de las Leyes 60 de 1993 y 715 de
2001 la administración tanto del personal docente como del servicio educativo quedó radicada en cabeza de los
entes territoriales certificados en educación; sin embargo, tales condiciones no generaron un cambio en la
naturaleza de la vinculación inicial de los educadores que habían sido nombrados con anterioridad a dicho proceso,
particularmente para aquellos que continuaron su relación legal y reglamentaria sin interrupción como sucede en el
caso del accionado. // En ese orden, se distribuyeron las competencias educativas entre la Nación y los entes
territoriales, de manera que a los departamentos se les atribuyó la dirección y administración directa y juntamente
con los municipios de los servicios de educación y los docentes dejaron de ser nacionales y nacionalizados, para
denominarse departamental, distrital o municipal, según el caso».
13
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Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandado: UGPP
47. De esta manera, la respuesta al problema jurídico es negativa, como quiera que
el tiempo de servicio prestado por el demandante como docente oficial en el municipio
de Cali, a partir del 10 de septiembre de 2012, no es válido para acceder al
reconocimiento y pago de la pensión gracia.
3.6. Conclusión
48. En atención a lo expuesto, la Sala concluye que Héctor Fabio Salcedo Cedano no
tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, porque no acreditó el requisito
legal de 20 años de servicio docente bajo una vinculación de carácter territorial o
nacionalizada. Lo anterior, porque el nombramiento provisional dictado por el
secretario de educación del municipio de Cali el 30 de agosto de 2012 no es válido
para computar el tiempo exigido, por tratarse de una vinculación realizada luego de la
entrada en vigor de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, respecto de la que no existe
prueba que acredite la naturaleza de la plaza como territorial o nacionalizada,
conforme a lo previsto en la Ley 91 de 1989.
4. Costas
49. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario26 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
5. Reconocimiento de personería
50. La abogada Rocío del Pilar Arenas España, en calidad de representante legal de
la organización jurídica Conde Abogados Asociados SAS, apoderada de la UGPP
conforme escritura pública 0155 del 17 de enero de 2025 (adjunta al expediente),
sustituyó poder al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina para que actúe en
representación de la parte demandada, por lo que procede el reconocimiento de
personería27.
26 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se ventila
un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
27 Samai, índice 47.
14
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Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandado: UGPP
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca el 26 de septiembre de 2024, que negó las pretensiones de la demanda
presentada por Héctor Fabio Salcedo Cedano en contra de la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP).
SEGUNDO. Reconocer personería jurídica al abogado Carlos Arturo Sánchez Medina
para que actúe como apoderado de la UGPP, en los términos de la sustitución de
poder otorgado por el representante legal de la organización jurídica Conde Abogados
Asociados SAS, que obra en el índice 47 de Samai.
TERCERO. Sin condena en costas en segunda instancia
CUARTO. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
15
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