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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00407-00

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00407-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor Héctor Fabio Salcedo Cedano por no cumplir el presupuesto de la relevancia constitucional. SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro Radicado: 11001-03-15-000-2026-00407-00 eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-00407-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

19 de febrero de 2026

Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00407-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-00407-00
Demandante: HÉCTOR FABIO SALCEDO CEDANO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la improcedencia de
la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 22 de enero de 2026, el señor Héctor Fabio Salcedo
Cedano, por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela contra del Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B y del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso y a la seguridad social.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión de las sentencias
del 6 de junio de 2025 y del 26 de septiembre de 2024, mediante las cuales las
autoridades judiciales accionadas denegaron el reconocimiento de la pensión gracia
dentro del medio de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-
33-000-2021-00553-00/01, promovido contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, vulnerados con las
sentencias de primera y de segunda instancia emitidas por el TRIBUNAL

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Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00407-00

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA y el CONSEJO DE ESTADO – SALA DE
LO CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con número de
radicado 76001-23-33-000-2021-00553-00.

2. Que se deje sin efectos la sentencia del 06 de junio de 2005, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 76001-23-33-000-2021-00553-00.

3. Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B emitir una sentencia
que resuelva conforme a derecho el recurso de apelación presentado en contra de la
sentencia de primera instancia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
este fallo:

Relató que (i) nació el 14 de mayo de 1960, por lo que cumplió 50 años el 14 de
mayo de 2010; y (ii) laboró por más de 20 años al servicio de instituciones
educativas de carácter territorial; la primera vinculación, como docente del
departamento del Valle del Cauca del 14 de febrero de 1978 al 30 de mayo de 1978;
y las demás, al servicio del municipio de Cali, del 15 de mayo de 1979 al 28 de
agosto de 1997.

Explicó que, el 11 de julio de 2020, solicitó de la UGPP el reconocimiento de la
pensión gracia, reclamación que fue negada a través de la Resolución RDP 025131
del 5 de noviembre de 2020. Decisión que fue apelada y confirmada por la
Resolución RDP 000850 del 18 de enero de 2021.

Reseñó que acudió a la jurisdicción, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con el fin de reprochar los aludidos actos
administrativos, el cual fue repartido al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca;
instancia que, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024, denegó las
pretensiones porque el tiempo de vinculación que acreditó como docente
nacionalizado (18 años, 7 meses y 28 días) no es suficiente para cumplir los 20
años de servicio que prevén las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933 para
el reconocimiento de la pensión gracia.

Destacó que apeló el anterior pronunciamiento para que se valore, en debida forma,
la resolución de nombramiento provisional 4143.0.21.8317 del 30 de agosto de 2012
y, en esa medida, el período de tiempo laborado en el municipio de Cali entre el 11
de septiembre de 2012 y el 8 de agosto de 2019.

Refirió que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, a través del fallo
del 6 de junio de 2025, confirmó lo resuelto por el a quo. Fundamentó su
pronunciamiento en que no podía computarse dicho lapso para efecto del
reconocimiento de la pensión gracia, por cuanto la Resolución 4143.0.21.8317 de
2012 (i) se apoyó en el Decreto 1278 del 19 de junio de 2002, previsión que hace
parte del proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria que

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inició con la Ley 43 del 11 de diciembre de 1975; (ii) requirió autorización previa del
Ministerio de Educación Nacional; y (iii) no precisó la naturaleza de la plaza provista,
lo que impide establecer «con certeza si se trataba de un docente con vinculación
territorial o nacionalizada en los términos de la Ley 91 de 1989 o de un maestro con
vinculación departamental, distrital o municipal conforme a la Ley 60 de 1993».

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante aseveró que la solicitud de amparo cumple los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Especificó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca incurrieron en defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.

En cuanto al defecto fáctico, precisó que las autoridades judiciales accionadas
efectuaron una indebida valoración probatoria, en especial: (i) de la Resolución
4143.010.21.0.03062 del 31 de mayo de 2021, que claramente dice que es docente
municipal; (ii) de la Resolución 4143.0.21.8317 del 30 de agosto de 2012, que lo
designó, en provisionalidad, en un cargo de docente del municipio de Cali; (iii) del
formato único para la expedición de certificado de historia laboral del 19 de febrero
de 2020; y (iv) del certificado de salarios expedido por la Secretaria de Educación
del municipio de Cali.

Estimó que, concretamente, su designación del 30 de agosto de 2012 no fue
realizada con autorización del Ministerio de Educación Nacional, sino de la Comisión
Nacional del Servicio Civil, tal como expresamente lo indica la Resolución
4143.0.21.8317, así:

Que cumplido los requisitos exigidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil en el
instructivo expedido el 16 de agosto de 2010 y lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del
decreto 1278 de 2002, la Secretaría de Educación del Municipio de Santiago de Cali,
mediante oficio radicado con el No. 2012-41433-0003838 del 21/08/2015, solicitó
autorización para realizar un nombramiento provisional en el área de PRIMARIA de la
planta de cargos de docentes pagada por el Sistema General de Participaciones.

Arguyó que la Comisión Nacional del Servicio Civil, de acuerdo con la Circular 28
del 5 de enero de 2007, debe autorizar a las entidades territoriales para efectuar
nombramientos de docentes en provisionalidad. Imperativo que encuentra en el
artículo 18 del Decreto 2982 de 2006.

Señaló que las autoridades accionadas tampoco tuvieron en cuenta que la
Resolución 4143.010.21.0.03062 del 31 de mayo de 2021, que le reconoció la
pensión de vejez y determinó que se trataba de un docente del orden municipal.

Enfatizó que no se puede desconocer que, en todo caso, la UGPP no tachó de
falsas las pruebas aportadas, las cuales daban cuenta que laboró como docente
municipal en el interregno que se echa de menos; y la mencionada Resolución
4143.010.21.0.03062 conserva su presunción de legalidad.

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Detalló que en la Resolución 4143.0.21.8317 de 2012, y en los certificados de
tiempo de servicio y de salarios no se consigna que era un docente del orden
nacional.

Respecto del desconocimiento del precedente, argumentó que el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del 26 de junio de 2025
emitida dentro del radicado 52001-33-33-000-2021-00154-01, resolvió un caso de
contornos similares al suyo de forma diferente, pues valoró un nombramiento
docente provisional después de la entrada en vigor del Decreto 1278 de 2002 y, en
ese orden, efectuó el reconocimiento que ahora se persigue.

Evidenció que en su caso y en el que se referencia hubo una vinculación posterior
a la entrada en vigor de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, razón por la cual no
entiende por qué hubo un trato diferenciado.

Mencionó que en el fallo que reprocha del 6 de junio de 2025 no se hizo alusión a
la sentencia de unificación SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018 ni a sus reglas
segunda y sexta, que (i) precisan que los entes locales son propietarios de los
recursos que le gira la Nación; e (ii) identifican las pruebas que sirven para acreditar
la calidad de docente territorial.

En lo que atañe a la violación directa de la Constitución, afirmó que no plantea una
discusión meramente legal, sino la vulneración de los derechos invocados, máxime
cuanto se encuentra retirado del servicio con una pensión de vejez que es precaria
y no cuenta con otra fuente de ingresos.

1.5. Trámite y contestaciones

Mediante auto del 26 de enero de 2026, se admitió la solicitud de tutela y se ordenó
notificar a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
y del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en calidad de accionados.

Así mismo, se ordenó vincular a la UGPP como tercero con interés en las resultas
del proceso.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1 El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B enfatizó que en la
sentencia del 6 de junio de 2025 se explicó el marco normativo y jurisprudencial de
la pensión gracia, y se valoraron las pruebas oportunamente aportadas, en especial,
la Resolución 4143.0.21.8317 de 2012, que designó provisionalmente al actor en el
cargo de docente de la Institución Educativa Juan Pablo II.

Recalcó que en dicho acto se fundó en el Decreto 1278 de 2002; requirió de
autorización previa del Ministerio de Educación Nacional; y no identificó la
naturaleza de la plaza a proveer (vinculación territorial o nacionalizada en los
términos de la Ley 91 de 1989 o departamental, distrital o municipal conforme a la
Ley 60 de 1993), lo que impidió computar el período del 11 de septiembre de 2012
al 8 de agosto de 2019 para efectos del reconocimiento de la pensión gracia.

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Insistió en que, por lo esbozado, resulta claro que el señor Salcedo Cedano no
acreditó 20 años de servicio docente bajo un vínculo de carácter territorial o
nacionalizado y, por lo mismo, no tiene derecho a la prestación que persigue.

Analizó que, en la sentencia de 26 de junio de 2025, no abordó un caso de
supuestos fácticos similares al del tutelante, en la medida en que allí se acreditó
que el señor Fulton Dajome Sánchez laboró en una plaza territorial desde el 7 de
septiembre de 1971 hasta el 30 de diciembre de 1992 (21 años, 3 meses y 23 días),
lapso considerable que le habilitaba el derecho a percibir la pensión gracia y no
hacía necesario abordar lo relativo a una designación provisional posterior.

Finalmente, indicó que el accionante reiteró, en sede de tutela, los argumentos que
planteó en el recurso de apelación que interpuso contra la decisión del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

1.5.2 La UGPP señaló que este mecanismo es improcedente porque lo pretendido
por el señor Salcedo Cedaño es sustituir el pronunciamiento judicial ejecutoriado y
abrir un litigio que ya fue ventilado

Determinó que, en todo caso, no se supera el requisito de la subsidiaridad en razón
a que no hay evidencia de que se hubiera acudido al recurso extraordinario de
revisión, vulnerado derecho alguno y configurado un perjuicio irremediable.

Consideró que la acción de tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones
económicas negadas en sede judicial.

1.5.3 El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca puso en evidencia que este
mecanismo pretende erigirse en una tercera instancia para cuestionar una decisión
judicial que se encuentra en firme.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y 1069
de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como en el
Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

Si bien el escrito inicial de este mecanismo está dirigido contra lo decidido por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, la Sala se enfocará solo en la sentencia de segunda instancia,
por cuanto fue la que puso fin al proceso.

2.3. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el accionante, el material
probatorio recaudado y los informes presentados, la Sala deberá establecer si el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B vulneró los derechos

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fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la seguridad social, con ocasión
de la sentencia del 6 de junio de 2025, proferida dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-23-33-000-2021-00553-
01.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) los requisitos adjetivos de
procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso
concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

[…] [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: (i) que sea
relevante constitucionalmente; (ii) que no se trate de tutela contra tutela; (iii)
inmediatez, y (iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios

1 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: (i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y (ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.5. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva

2.5.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada.»

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte,
el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la
decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto tribunal
constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación
de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para verificar
si se supera esta exigencia, los cuales son:

[...] (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia
judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o
violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la Sala, el señor Héctor Fabio Salcedo Cedano presentó
acción de tutela en contra del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B,

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porque en el fallo del 6 de junio de 2025, mantuvo la determinación de denegar el
reconocimiento de la pensión gracia.

En criterio del accionante, la aludida autoridad judicial incurrió en (i) defecto fáctico
por indebida valoración probatoria, en especial, de las Resoluciones
4143.010.21.0.03062 del 31 de mayo de 2021 y 4143.0.21.8317 del 30 de agosto
de 2012 y de los certificados de historia laboral y de salarios; (ii) en desconocimiento
del precedente, en concreto, de la sentencia del 26 de junio de 2025; y (iii) en
violación directa de la Constitución, porque su inconformidad no es meramente
legal, sino que trasciende a la vulneración de los derechos fundamentales
invocados.

Para descender al caso concreto, se observa que el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, mediante fallo del 6 de junio de 2025, confirmó lo resuelto
en primera instancia. Explicó que el tiempo que no se computó, esto es el período
comprendido entre el 11 de septiembre de 2012 y el 8 de agosto de 2019,
corresponde a un nombramiento provisional que (i) se efectuó «previa autorización»
para ocupar un cargo de la planta docente pagado por el sistema general de
participaciones; y (ii) conforme a lo señalado por la UGPP, en la contestación de la
demanda, es del orden nacional.

Mostró que la resolución que materializó la designación descrita, esto es la
4143.0.21.8317 del 30 de agosto de 2012, se fundamentó en el artículo 13 del
Decreto 1278 del 19 de junio de 2002, previsión que hace parte del proceso de
nacionalización de la educación primaria y secundaria que inició con la Ley 43 del
11 de diciembre de 1975.

Expuso que si bien es cierto esta última ley conservó la facultad de los entes
territoriales para efectuar nombramientos de personal, también lo es que, en lo
sucesivo, señaló que no podían crear nuevas plazas de maestros y profesores con
cargo a la Nación. De ahí que las Ley 29 de 1989 indicó que la Nación «no asume
responsabilidad alguna por los nombramientos que excedan las plantas de personal
[…], ni nacionalizará el personal así designado» (artículo 9), y las Leyes 91 de 1989,
60 de 1993 y 715 de 2001, consolidaron esa línea.

Razonó que, en ese contexto de nacionalización y profesionalización, el Decreto
12789 de 2002 previó la provisión de cargos docentes con quienes integran la lista
de elegibles y, de manera excepcional, con designaciones en provisionalidad.

Concretó que, en el asunto sub examine, se conoce que el señor Salcedo Cedano
fue nombrado docente, en provisionalidad, por el secretario de educación del
municipio de Cali, con autorización del Ministerio de Educación Nacional; empero,
la Resolución 4143.0.21.8317 de 2012 no precisa la naturaleza de la plaza provista,
lo que impide determinar «con certeza si se trataba de un docente con vinculación
territorial o nacionalizada en los términos de la Ley 91 de 1989 o de un maestro con
vinculación departamental, distrital o municipal conforme a la Ley 60 de 1993».

Enfatizó que, en todo caso, no existe prueba que diera cuenta que el actor haya
ejercido la actividad docente en una plaza territorial o nacionalizada y que conserve
esa categorización aún después del nombramiento en provisionalidad realizado
mediante la Resolución 41430.0.21.8317 del 30 de agosto de 2012. Por lo anterior,

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Demandante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2026-00407-00

no tuvo en cuenta el período comprendido entre el 11 de septiembre de 2012 y el 8
de agosto de 2019 para efectos del cómputo requerido para acceder a la pensión
gracia. En lo relevante, se destaca:

44. En este caso, se encuentra demostrado que el actor fue nombrado por el secretario
de educación municipal de Cali el 30 de agosto de 2012, con autorización del Ministerio
de Educación Nacional para nombrarlo en provisionalidad conforme al Decreto 1278
de 2002, norma dictada en ejercicio de las facultades previstas en la Ley 715 de 2001,
entre las que se encuentra la conferida a los municipios para «[a]dministrar, ejerciendo
las facultades señaladas en el artículo 153 de la Ley 115 de 1994, las instituciones
educativas, el personal docente y administrativo de los planteles educativos,
sujetándose a la planta de cargos adoptada de conformidad con la presente ley. Para
ello, realizará concursos, efectuará los nombramientos del personal requerido
administrará los ascensos, sin superar en ningún caso el monto de los recursos de la
participación para educación del Sistema General de Participaciones asignado a la
respectiva entidad territorial y trasladará docentes entre instituciones educativas, sin
más requisito legal que la expedición de los respectivos actos administrativos
debidamente motivados».

45. Así entonces, si bien el acto de nombramiento en provisionalidad fue dictado por el
secretario de educación territorial con autorización para nombrar bajo esa modalidad,
este no precisa la naturaleza de la plaza provista conforme al Decreto 1278 de 2002,
para establecer con certeza si se trata de un docente con vinculación territorial o
nacionalizada en los términos de la Ley 91 de 1989 o de un maestro con vinculación
departamental, distrital o municipal conforme a la Ley 60 de 199325. Tampoco existe
prueba que dé cuenta que el actor haya ejercido la actividad docente en una plaza
territorial o nacionalizada que conserve esa categorización aun después del
nombramiento en provisionalidad realizado mediante la Resolución 41430.0.21.8317
del 30 de agosto de 2012.

46. Por tanto, el tiempo prestado en virtud del nombramiento provisional con
autorización, dictado por el secretario de educación del municipio de Cali el 30 de
agosto de 2012 conforme al Decreto 1278 de 2002, no es válido para el cómputo del
tiempo requerido para acceder a la pensión gracia, por tratarse de una vinculación
realizada luego de la entrada en vigor de las leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, frente a
la cual no existe prueba que demuestre que se trata de una plaza territorial o
nacionalizada en los términos previstos en la Ley 91 de 1989.

Sobre el particular, la Sala encuentra que los argumentos que expone el tutelante,
dirigidos a evidenciar una indebida valoración probatoria y una controversia que
trasciende el ámbito legal (defecto fáctico y violación directa de la Constitución), no
cuentan con la carga argumentativa para ser estudiados, en el marco de la
trasgresión de derechos fundamentales, en la medida en que están encaminados a
controvertir las conclusiones a las que arribó esta Corporación.

En efecto, se hace evidente que el señor Salcedo Cedano busca imponer su criterio,
el cual estima más acertado, sobre el del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, lo cual denota un desconcierto respecto al sentido de la decisión;
máxime si se tiene en cuenta que esa autoridad, centró su análisis en el Decreto
12789 de 2002 y su contexto normativo; y en el contenido de la Resolución
41430.0.21.8317 de 2012, el cual alude a un nombramiento docente, en
provisionalidad, que requirió autorización y no determinó la naturaleza de la plaza
provista. Situación que impidió (i) determinar si el accionante tuvo una vinculación
territorial o nacionalizada y si el periodo del 11 de septiembre de 2012 al 8 de agosto
de 2019 era válido para computarlo para efectos de reconocer la pensión gracia; y
(ii) refutar la afirmación de la UGPP consistente en que dicho lapso, corresponde a
una designación del orden nacional.

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En ese orden de ideas, se tiene que los señalamientos de indebida valoración
probatoria y violación directa de la Constitución no pretenden evidenciar una
actuación arbitraria o irracional en la decisión cuestionada que denote una
afectación de sus garantías ius fundamentales, sino, por el contrario, lo que buscan
es que la acción de tutela opere como una instancia adicional en la que se imponga
una valoración del caso distinta a la que utilizó el juez natural.

Ahora, no es suficiente que el interesado refiera que con la sentencia se
transgredieron determinados derechos superiores, ya que es menester que quien
se considera afectado cumpla con el deber de ahondar en el concepto de la
violación que se deriva de una decisión jurídica en abierta contradicción de los
postulados constitucionales.

En este punto, es importante traer a colación que la sentencia SU-215 de 2022
enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta Corte, como ocurre
en este caso, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre.

Por último, el señor Héctor Fabio Salcedo Cedano adujo que existe un
desconocimiento del precedente poque el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 26 de junio de 2025 emitida dentro del radicado
52001-33-33-000-2021-00154-01, resolvió un caso de contornos similares al suyo
de forma diferente.

Respecto de ese fallo, resulta pertinente evidenciar que es posterior al que se
cuestiona del 6 de junio de 2025 y, en esa medida, no tiene la connotación de
precedente en un sentido amplio. Situación que, por demás, le impide a la Sala
efectuar un juicio integrado de igualdad.

Por las razones expuestas, no se evidencia un argumento sólido que demuestre la
vulneración de garantías constitucionales que permita superar el requisito de
relevancia constitucional tratándose de acción de tutela contra providencia judicial.
De ahí que la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo de la
referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por el señor
Héctor Fabio Salcedo Cedano por no cumplir el presupuesto de la relevancia
constitucional.

SEGUNDO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, remitir el expediente
el día siguiente a la ejecutoria de esta providencia a la Corte Constitucional para su

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eventual revisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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