Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00407-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-00407-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-00407-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 00407 01
Accionante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Accionados: Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B y
otro
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la sentencia de tutela de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir el requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el accionante en contra del fallo de tutela
proferido el 19 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que
declaró improcedente el amparo solicitado.
1. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Héctor Fabio Salcedo Cedano, actuando por conducto de apoderado, interpuso
acción de tutela en contra del Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y para ello formuló las siguientes
pretensiones1:
1. Se amparen los derechos fundamentales de mi poderdante, vulnerados con las
sentencias de primera y de segunda instancia emitidas por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA y el CONSEJO DE ESTADO -
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN B, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de
derecho con número de radicado 76001-2333-000-2021-00553-00.
2. Que se deje sin efectos la sentencia del 06 de junio de 2025, proferida por el
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO Contencioso ADMINISTRATIVO -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B, dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento de derecho radicado 76001-2333-000-2021-00553-00.
3. Que se ordene al CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B emitir una
sentencia que resuelva conforme a derecho el recurso de apelación presentado
en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el TRIBUNAL
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00407 00
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00407 01
Accionante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA. [Mayúsculas y negrillas del escrito
de tutela].
2. SITUACIÓN FÁCTICA
El accionante informó que el 25 de mayo de 2021 presentó el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), con el propósito
de obtener la declaratoria de nulidad de las Resoluciones núm. RDP 025131 del 5 de
noviembre de 2020 y RDP 000950 del 18 de enero de 2021, mediante las cuales se negó
el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación a su favor.
Señaló que el proceso fue asignado al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el
cual, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024, negó las pretensiones de la
demanda. Contra esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación y el Consejo
de Estado - Sección Segunda - Subsección B mediante sentencia del 6 de junio de 2025,
la confirmó.
Como fundamento de la acción de tutela, el accionante sostuvo que la providencia
acusada vulnera sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y a la
seguridad social.
En ese sentido, afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución Política. Respecto
del defecto fáctico, alegó una indebida valoración probatoria, al no haberse tenido en
cuenta que el señor Salcedo Cedano era docente municipal, nombrado en el municipio
de Cali, así como los formatos y certificaciones expedidos por la Secretaría de Educación
Municipal de Santiago de Cali que acreditaban dicha condición.
En cuanto al desconocimiento del precedente, señaló que omitió aplicar la sentencia del
Consejo de Estado del 26 de junio de 2025, radicado núm. 2021-00154-01 (0393-2023),
en la cual se resolvió una situación similar a la del caso concreto.
Al respecto, alegó que, en dicha providencia, se reconoció la prestación solicitada a un
docente nombrado de manera provisional con posterioridad a la vigencia del Decreto
1278 de 2002, en el municipio de Tumaco, mediante el Decreto 127 de 2004. Destacó
que tanto en ese caso como en el suyo la vinculación se produjo después de la entrada
en vigor de las Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, por lo que no encuentra justificación
para el trato diferenciado recibido.
Finalmente, frente a la violación directa de la Constitución Política, sostuvo que no se
trata de una mera controversia legal, sino de la vulneración efectiva de los derechos
fundamentales invocados, máxime cuando se encuentra retirado del servicio y percibe
una pensión de vejez precaria, sin contar con otra fuente de ingresos.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00407 01
Accionante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
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3.1. La tutela fue radicada el 22 de enero de 20262 y correspondió por reparto a la Sección
Quinta de esta Corporación que, por auto del 26 de enero de 20263 la admitió y dispuso
notificar4 al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, como partes accionadas; así como vincular a la UGPP
como tercero con interés en las resultas del proceso.
De igual forma, requirió al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y al
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que allegara copia digital del expediente
correspondiente al proceso identificado con el radicado núm. 76001 23 33 000 2021
00553 00/01.
3.2. La magistrada ponente de la providencia cuestionada rindió informe5 en el que indicó
que en la sentencia acusada se expuso de manera detallada el marco normativo y
jurisprudencial aplicable a la pensión gracia y se valoraron las pruebas allegadas, en
especial la Resolución 4143.0.21.8317 de 2012, que dispuso la designación provisional
del actor como docente.
Precisó que dicho acto se expidió con fundamento en el Decreto 1278 de 2002 y que
requirió autorización del Ministerio de Educación Nacional y no identificó la naturaleza de
la plaza, lo que impidió computar el período comprendido entre el 11 de septiembre de
2012 y el 8 de agosto de 2019 para efectos del reconocimiento de la prestación. Por ello,
se concluyó que el señor Salcedo Cedano no acreditó 20 años de servicio docente bajo
un vínculo territorial o nacionalizado y, en consecuencia, no tenía derecho a la pensión
gracia.
Indicó que la sentencia del 26 de junio de 2025 no correspondía a un caso con supuestos
fácticos similares, pues en esa oportunidad se demostró que otro docente laboró durante
más de 21 años en una plaza territorial, lo que permitía el reconocimiento de la pensión
sin necesidad de analizar una designación provisional posterior. Asimismo, advirtió que
el accionante reiteró en sede de tutela los mismos argumentos ya planteados en el
recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
3.3. El subdirector de defensa judicial pensional de la UGPP6 allegó escrito en el que
señaló que el mecanismo de tutela resulta improcedente, dado que el señor Salcedo
Cedaño pretende sustituir un pronunciamiento judicial que ya se encuentra ejecutoriado
y reabrir un litigio previamente debatido y resuelto.
Precisó que, en todo caso, no se cumple el requisito de subsidiariedad, puesto que no
existe evidencia de que se haya acudido al recurso extraordinario de revisión, ni de la
vulneración de derecho fundamental alguno, ni de la configuración de un perjuicio
irremediable. Finalmente, consideró que la acción de tutela no constituye la vía idónea
para reclamar prestaciones económicas que han sido negadas mediante decisión judicial.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00407 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00407 00.
4 Esta orden se cumplió el 28 de enero de 2026. Visto en el índice 7 de la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 00407 00.
5 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00407 00.
6 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
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3.4. El magistrado ponente de la sentencia de primera instancia allegó escrito7 en el que
indicó que el accionante pretende reabrir el debate ya surtido y, cuestionar la decisión
judicial que está en firme, buscando con ello una tercera instancia. Por lo que solicita
entonces declarar la improcedencia de la acción de tutela.
4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 19 de febrero de 2026,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional.
Inicialmente, expuso que dicho requisito no se cumple pues existe una insuficiente carga
argumentativa que permita evidenciar las razones por las cuales se considera que la
providencia cuestionada amenaza o vulnera los derechos fundamentales invocados por
la parte accionante.
En ese sentido, indicó que la acción de tutela no puede emplearse como una instancia
adicional para reabrir debates probatorios ni para imponer una interpretación distinta a la
adoptada por el juez natural, sino que exige la acreditación de una afectación concreta
de derechos fundamentales.
Adicionalmente, anotó lo siguiente:
[…] la Sala encuentra que los argumentos que expone el tutelante, dirigidos a
evidenciar una indebida valoración probatoria y una controversia que trasciende
el ámbito legal (defecto fáctico y violación directa de la Constitución), no cuentan
con la carga argumentativa para ser estudiados, en el marco de la trasgresión de
derechos fundamentales, en la medida en que están encaminados a controvertir
las conclusiones a las que arribó esta Corporación. […].
Frente al desconocimiento del precedente judicial indicó que «resulta pertinente
evidenciar que es posterior al que se cuestiona del 6 de junio de 2025 y, en esa medida,
no tiene la connotación de precedente en un sentido amplio. Situación que, por demás,
le impide a la Sala efectuar un juicio integrado de igualdad»
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó8
señalando lo siguiente:
Manifestó que no pretende reabrir el debate probatorio del proceso ordinario, sino señalar
que la providencia cuestionada desconoció la Sentencia de Unificación de 2018, al imponer
una carga probatoria inexistente. Asimismo, que se desconoció una de las reglas de
unificación, conforme a la cual la vinculación docente no depende exclusivamente del acto
de nombramiento y puede acreditarse mediante la historia laboral, certificaciones y la fuente
de financiación de la plaza.
7 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00407 00.
8 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00407 00.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00407 01
Accionante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
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Adicionalmente, sostuvo que las autoridades accionadas exigieron un requisito que dicha
sentencia no estableció, lo que configuró un exceso ritual manifiesto.
Insistió en la configuración de un defecto fáctico, al haberse dado por probado que el
nombramiento del accionante fue autorizado por el Ministerio de Educación Nacional,
cuando en realidad el trámite se adelantó ante la Comisión Nacional del Servicio Civil y el
acto fue expedido por el municipio de Cali. Al respecto, señaló que la Corte Constitucional,
en las sentencias SU-424 de 2021 y T-264 de 2018, ha establecido que dicho defecto se
configura cuando el juez funda su decisión en un hecho no probado.
Agregó que en la sentencia de tutela de primera instancia no se efectuó un análisis sobre
la posible vulneración de su derecho a la igualdad en la aplicación del derecho, y que se
evidencia un trato distinto frente a otros casos resueltos por la misma corporación bajo las
reglas de la misma sentencia de unificación. En ese sentido, afirmó que el Consejo de
Estado, como órgano de cierre, está llamado a garantizar la correcta aplicación de sus
propias decisiones, razón por la cual solicitó revocar el fallo de tutela proferido el 19 de
febrero de 2026 y, en consecuencia, realizar un estudio de fondo de la solicitud de amparo.
5.2. Por auto proferido el 5 de marzo de 2026 se concedió la impugnación9 y la misma fue
asignada a esta Sección por acta de reparto del 22 de enero de 202610.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 11, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201512, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202113, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201914, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
9 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00407 00.
10 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 00407 01.
11 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
12 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
13 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
14 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente15:
6.2.1. El señor Héctor Fabio Salcedo Cedano, actuando por conducto de apoderado,
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la UGPP con
el fin que se declarara la nulidad de las Resoluciones núm. RDP 025131 del 5 de
noviembre de 2020 y núm. RDP000950 del 18 de enero de 2021 por medio de las cuales
se le negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho solicitó que condenara a la entidad demandada
a reconocer y pagar a su favor la pensión gracia, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 11 de 1913, 116 de 1928,37 de 1933 y 91 de 1989, en una cuantía del 75% efectiva
a partir de cuando el demandante adquirió el estatus pensional, así mismo, se ordene a
liquidar y pagar las mesadas pensionales adeudadas al accionante, causadas por el
reconocimiento de dicha pensión.
6.2.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca16 que, mediante sentencia del 26 de septiembre de 2024, negó las pretensiones
de la demanda.
6.2.3. Inconforme con la anterior decisión, el señor Salcedo Cedano interpuso recurso de
apelación y el Consejo de Estado – Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia
del 6 de junio de 202517 la confirmó.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
Teniendo en cuenta lo que es motivo de impugnación, la Sala considera necesario
resolver si, en este caso, frente a los reparos expuestos por el accionante en el escrito
de tutela y analizado en el fallo de primera instancia, se reúne el requisito general de
relevancia constitucional, y para ello, examinará: (i) los criterios que la jurisprudencia
constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de
evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.
6.3.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
15 Lo que se desprende del expediente identificado con el radicado núm. 76001-23 33-000-2021-00553-
00/01.
16 Al medio de control se le asignó el núm. único de radicación 76001-23-33-000-2021-00553-00.
17 Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. Visto
en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15
000 2026 00407 01.
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resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […]18.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades19:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 20. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
6.3.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha dicho que21:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los
derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal […].
(Se destaca).
En la sentencia SU 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
18 Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba Triviño.
19 Este criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
20 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente núm. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
21 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso, resulta evidente que este mecanismo constitucional
está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el proceso ordinario y como una
instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo la autonomía e independencia
del juez natural.
La Sala considera que, en este evento, tal como lo indicó el a quo, no se cumple el
requisito de relevancia constitucional, comoquiera que el tercer elemento que la
compone, esto es, impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces, no está superado.
Lo anterior, por cuanto la petición de amparo está siendo utilizada por la parte actora para
reabrir el debate resuelto en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que sus inconformidades están encaminadas a controvertir la valoración probatoria
realizada por el juez natural de la causa, al asegurar que hubo una indebida y errónea
apreciación de las pruebas documentales allegadas al proceso ordinario.
Bajo dicho contexto, la Sala observa que la parte accionante está utilizando la acción de
tutela como una instancia adicional al proceso ordinario para cuestionar lo decidido las
autoridades judiciales accionadas e insistir en su derecho al reconocimiento y pago de la
pensión gracia, aspecto que ya fue objeto de debate y decisión.
En efecto, en la sentencia de segunda instancia cuestionada, la Subsección B, Sección
Segunda de esta Corporación concluyó que el accionante no acreditó el requisito legal
de 20 años de servicio docente bajo una vinculación de carácter territorial o
nacionalizada.
Asimismo, señaló que el nombramiento provisional efectuado por el secretario de
Educación del municipio de Cali no podía ser tenido en cuenta para efectos del cómputo
del tiempo exigido, al tratarse de una vinculación posterior a la entrada en vigor de las
Leyes 60 de 1993 y 715 de 2001, y ante la ausencia de prueba que permitiera establecer
la naturaleza territorial o nacionalizada de la plaza, conforme a lo previsto en la Ley 91
de 1989.
En ese sentido, la Sala advierte que la accionante pretende que el juez constitucional
reexamine un asunto ya decidido por el juez natural de la causa, con el propósito de
obtener una decisión distinta y favorable a sus intereses, lo cual implica, en esencia,
controvertir nuevamente los argumentos y conclusiones de las decisiones judiciales
cuestionadas.
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Así, aunque la parte actora invoca la configuración de causales específicas de
procedencia de la tutela contra providencia judicial, lo que realmente se evidencia es su
desacuerdo con la valoración probatoria y con la interpretación normativa realizada por
la autoridad judicial accionada, sin que se advierta una argumentación orientada a
demostrar una vulneración concreta de derechos fundamentales.
En este punto, la Sala recuerda que el proceso judicial se estructura a partir de las
pretensiones, excepciones y hechos propuestos por las partes, y que la decisión del juez
se fundamenta en las pruebas y en las normas aplicables al caso, en ejercicio de las
competencias que le han sido atribuidas por la Constitución y la ley. Por ello, cuando el
juez resuelve la controversia sometida a su conocimiento, no le corresponde al juez de
tutela intervenir para replantear el debate probatorio o jurídico, so pena de desbordar el
ámbito de sus competencias.
En esa medida, permitir que a través de la acción de tutela se reabra el debate definido
por el juez natural implicaría desconocer la autonomía e independencia judicial, así como
desnaturalizar este mecanismo constitucional, convirtiéndolo en una instancia adicional
para discutir asuntos de mera legalidad.
Ahora bien, una situación distinta se presentaría si la decisión judicial cuestionada se
hubiera apartado de los hechos o del marco jurídico planteado por las partes, o si hubiera
sorprendido a estas con una decisión ajena al debate procesal, comprometiendo el
derecho de defensa. Sin embargo, tal circunstancia no se configura en el presente asunto,
pues la parte accionante no plantea un reproche en ese sentido, sino que insiste en una
valoración distinta de las pruebas y del derecho aplicable.
En consecuencia, la Sala concluye que la acción de tutela es improcedente por no cumplir
con el requisito general de relevancia constitucional, por lo que confirmará el fallo
proferido el 19 de febrero de 2026 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de febrero de 2026, proferida por la Sección
Quinta de esta Corporación, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del 30 de
abril de 2026.
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Radicación: 11001 03 15 000 2026 00407 01
Accionante: Héctor Fabio Salcedo Cedano
Accionados: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección B y otro
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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