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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06314-01

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-06314-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de diciembre de 2025 de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo y, en su lugar, DECLARAR la improcedencia por falta de relevancia constitucional, por las razones indicadas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-06314-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-06314-01
Accionante: LEONOR GARCÍA LEÓN
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN F

Temas: Revoca negativa y, en su lugar, declara la improcedencia por
no superar el requisito de procedibilidad por falta de
relevancia constitucional1. Pensión convencional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Esta Sección es competente para asumir el conocimiento de la impugnación presentada
por la parte actora en contra del fallo de 15 de diciembre de 2025, proferido por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio del cual negó el
amparo deprecado. Ello, de conformidad con lo dispuesto en los decretos 2591 de 1991
y 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como en
el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena de esta corporación.

Por auto del 8 de octubre de 20253, el a quo la admitió, y mediante la providencia del 4
de febrero del presente año4 concedió la impugnación.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Leonor García León, por medio de apoderado judicial, interpuso acción
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales «a la

1 Sobre la falta de relevancia constitucional de tutelas que buscan reabrir el debate resuelto por los jueces

naturales de la causa, resulta pertinente consultar, entre otras, las siguientes decisiones del Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencias del 19 de febrero de 2026,
expediente 11001-03-15-000-2026-00027-00, MP. Pedro Pablo Vangas Gil. Expediente 11001-03-15-
000-2026-00508-00, MP. Gloria María Gómez Montoya. Expediente 11001-03-15-000-2026-00407-00,
MP. Omar Joaquín Barreto Suárez. Expediente 11001-03-15-000-2026-00586-00, MP. Luis Alberto
Álvarez Parra.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Índice 4 Samai. En esta providencia, se admitió la demanda contra el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y la Unidad Administrativa de Gestión Pensional y
Parafiscales (UGPP). Así mismo, se ordenó la vinculación del Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo
Oral del Circuito Judicial de Bogotá. Además, negó la medida provisional solicitada por la parte actora.
4 Índice 19 Samai.

1
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Accionante: Leonor García León
Accionado: Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F
Radicado: 11001-03-15-000-2025-06314-01

seguridad social en pensiones, debido proceso, igualdad, legalidad de los actos y
actuaciones, confianza legítima y respeto por el acto propio».

2. La accionante le atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a la
sentencia de 26 de agosto de 2025, proferida por la autoridad judicial accionada en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
11001-33-42-051-2022-00452-02. En dicha providencia, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F revocó la decisión del Juzgado
Cincuenta y Uno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá del 26 de octubre
de 2023, que había negado las pretensiones y, en su lugar, accedió a ellas, toda vez
que no se demostró la condición de trabajador oficial al momento del retiro de la
empresa Puertos de Colombia, para tener derecho a la pensión convencional.

3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1. Que se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la
seguridad social en pensiones, a la legalidad de los actos y actuaciones administrativas, a
la confianza legítima, al respeto por el acto propio, a los derechos adquiridos, al mínimo
vital y a la protección especial de las personas de la tercera edad, de los cuales es titular
la señora LEONOR GARCÍA LEÓN, en su condición de pensionada de sobrevivientes.

2. Que se declare que el Honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección F, con ponencia de la Magistrada Dra. Patricia
Salamanca Gallo, vulneró los derechos fundamentales invocados, al proferir la sentencia
del veintiséis (26) de agosto de dos mil veinticinco (2025), notificada el 17 de septiembre
de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, mediante la cual se anuló la Resolución No. 511 del 23 de
julio de 1991, expedida por la Empresa Puertos de Colombia, que reconoció pensión de
vejez especial al señor Juan Gabriel Armando Gómez Chaparro (Q.E.P.D.), así como la
Resolución RDP No. 023255 del 6 de septiembre de 2021, mediante la cual la UGPP
reconoció pensión de sobrevivientes a la señora Leonor García León, con efectos desde
el 7 de diciembre de 2006, fecha del fallecimiento de su cónyuge.

3. Que, en consecuencia, se deje sin efectos jurídicos la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho antes referido,
por configurar una VÍA DE HECHO JUDICIAL y por desconocer el precedente
constitucional y jurisprudencial aplicable a la materia pensional de los extrabajadores de
la extinta Empresa Puertos de Colombia.

4. Que se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda –
Subsección F, proferir una nueva decisión judicial, respetuosa del precedente
constitucional, de la confianza legítima y de los derechos fundamentales de la señora
Leonor García León, manteniendo la vigencia de los actos administrativos que
reconocieron su derecho pensional.

5. Que se ordene a la UGPP mantener el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes de la señora Leonor García León, en los mismos términos en que fue
reconocida mediante la Resolución RDP No. 023255 de 2021, garantizando la continuidad
en el goce efectivo de su derecho fundamental a la seguridad social y al mínimo vital.

6. Que se adopten las demás medidas necesarias para garantizar la efectividad de los
derechos fundamentales invocados, incluida la remisión del expediente a la Corte
Constitucional para eventual revisión, conforme a los artículos 86 y 241 de la Constitución
Política. [Énfasis del texto].

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1.2. Hechos

4. La Unidad Administrativa de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (en adelante, UGPP) inició un proceso judicial para anular la
Resolución 511 del 23 de julio de 1991, emitida por la Empresa Puertos de Colombia.
Este acto administrativo reconocía la pensión convencional5 de vejez a Juan Gabriel
Armando Gómez Chaparro (Q.E.P.D.). Además, también buscaba anular la Resolución
RDP 23255 del 6 de septiembre de 2021, por la cual se otorgó la pensión de
sobrevivientes a Leonor García León, a partir del 7 de diciembre de 2006, debido al
fallecimiento de aquel.

5. La accionante señaló que, mediante sentencia del 26 de octubre de 2023, el
Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo Oral de Circuito Judicial de Bogotá negó las
peticiones de la UGPP. Sin embargo, la entidad apeló esta decisión y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, a través de
providencia del 26 de agosto de 2025, revocó el fallo anterior, toda vez que no se
demostró la condición de trabajador oficial al momento del retiro de la empresa Puertos
de Colombia, para tener derecho a la pensión convencional y, por lo tanto, resolvió:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia emitida el 26 de octubre de 2023 por el Juzgado
Cincuenta y Uno (51) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que negó las
pretensiones de la demanda; y en su lugar se dispone:

“PRIMERO: DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones Nos. 511 del 23 de julio
de 1991, proferida la Empresa Puertos de Colombia mediante la cual se reconoció
pensión de vejez especial al señor Juan Gabriel Armando Gómez Chaparro (QEPD) y
RDP 023255 de 6 de septiembre de 2021 expedida por la UGPP por medio de la cual
se reconoció una pensión de sobrevivientes a la señora Leonor García León a partir del
7 de diciembre de 2006, con ocasión del fallecimiento del señor Juan Gabriel Armando
Gómez Chaparro (QEPD).

SEGUNDO: NIEGÁNSE las demás pretensiones de la demanda.” [Énfasis del original].

1.3. Sustento de la vulneración

6. La accionante adujo que la sentencia de 26 de agosto de 2025, dictada por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F afectó sus
derechos fundamentales «a la seguridad social en pensiones, debido proceso, igualdad,
legalidad de los actos y actuaciones, confianza legítima y respeto por el acto propio».

7. Lo anterior, al sostener que el tribunal incurrió en un grave error al ignorar las

5 Conforme con la Resolución 297 del 3 de mayo de 1991 de la Gerente General de la Empresa Puertos

de Colombia, por medio de la cual «fija condiciones para el retiro de los empleados oficiales de la empresa
puertos de Colombia, oficina principal Bogotá», así: «[…] 2 .- Los Empleados Oficiales de la EMPRESA
PUERTOS DE COLOMBIA, Oficina Principal - Bogotá, que a la fecha de la vigencia de la presente
Resolución o durante el término de liquidación de la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, Oficina
Principal - Bogotá, tuvieren quince (15) años o más y menos de veinte (20) años de servicio a entidades
públicas y cuenten con cuarenta (40) años o más de edad, tendrán derecho a la pensión de jubilación
proporcional con un mínimo de tiempos de servicio s a la EMPRESAPUERTOS DE COLOMBIA […]».
Luego, la Junta Directiva Nacional de Colpuertos expidió el Acuerdo 022 de septiembre 11 de 1991 que
en su artículo 1° resolvió: «ARTÍCULO 1°. - Autorizar al Gerente General de la Empresa Puertos de
Colombia en liquidación, para acordar, unificar y extender a los Empleados Públicos de la Empresa las
condiciones de retiro actualmente vigentes para los empleados de la Oficina Principal – Bogotá, en un
solo acto administrativo».

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normas y decisiones previas de la Corte Constitucional6 y la jurisprudencia aplicable
sobre las pensiones de los extrabajadores de la antigua Empresa Puertos de Colombia.
Además, señaló que se equivocó al considerar que el puesto de «jefe de oficina» era
igual al de «jefe Unidad Coordinadora Banco Mundial», que desempeñó en vida el señor
Juan Gabriel Armando Gómez Chaparro, sin que hubiera pruebas en el expediente de
un acto oficial de nombramiento o posesión para ese cargo. Tampoco se comprobó si
ambas funciones eran realmente equivalentes, lo que significa que no se demostró,
como exige la ley, que los puestos fueran iguales o tuvieran el mismo nivel jerárquico.

8. Además, destacó que el tribunal simplemente aceptó, sin analizar ni comprobar
con pruebas, lo que afirmaba la UGPP en su demanda. De este modo, no cumplió con
su obligación de basar la decisión en elementos de convicción aportados y valorados
correctamente, como lo exigen los artículos 167 y 176 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y la jurisprudencia de la
Sección Segunda del Consejo de Estado7, que pide demostrar con claridad la naturaleza
del empleo y las funciones realizadas para saber si era empleado público o trabajador
oficial.

9. También, precisó que la decisión impugnada pasó por alto la jurisprudencia del
Consejo de Estado, según la cual no todos los cargos denominados «jefe» en la
Empresa Puertos de Colombia tenían naturaleza pública, sino únicamente aquellos
expresamente definidos como tales en los acuerdos y decretos de la entidad. Pese a
ello, el tribunal concluyó, con base en una convención colectiva, que el fallecido era
empleado público y no trabajador oficial, aun cuando contaba con un contrato laboral.
Esta interpretación vulnera el principio de legalidad del empleo estatal, pues la
clasificación de un servidor solo puede fijarse por ley o reglamento, no mediante pactos
negociados. En consecuencia, incurrió en un error sustancial y desconoció la
jurisprudencia al otorgar prevalencia a la convención colectiva sobre la normativa legal.

10. Por último, señaló que la actuación del tribunal incurrió en un error de hecho y
violó el debido proceso probatorio, porque puso sobre la demandada (la beneficiaria de
la pensión) la carga de demostrar que el fallecido seguía siendo trabajador oficial al
retirarse, lo que, a su juicio, fue injusto, ya que correspondía a la UGPP probar, con
documentos sólidos y verificables, la existencia de un acto de nombramiento y posesión
que determinara la naturaleza de empleado público.

1.4. Intervenciones

11. El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo Oral de Circuito Judicial de
Bogotá8 allegó el expediente de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de
cuestionamiento constitucional, sin realizar pronunciamiento alguno.

6 En la tutela no especificó qué sentencia de la Corte Constitucional fue desconocida, en este punto

manifestó: «En el caso objeto de análisis, la decisión del Tribunal, incurre en un desconocimiento del
precedente jurisprudencial, por cuanto se apartó de manera injustificada de las reglas fijadas tanto por la
Corte Constitucional como por el propio Consejo de Estado respecto de la presunción de trabajador oficial
en los casos en que la vinculación laboral con empresas industriales y comerciales del Estado, como la
Empresa Puertos de Colombia (COLPUERTOS), se haya configurado mediante contrato de trabajo, sin
que obren actos administrativos de nombramiento ni posesión».
7 Citó apartes de: «Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, en sentencia del 28 de mayo

de 2020, C.P. Dr. William Hernández Gómez (Rad. 47001-23-33-000-2015-00108-01(1956-17)».
8 Índice 9 Samai.

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12. La UGPP9 aclaró que no es la responsable de responder a este reclamo, ya que
la inconformidad del demandante surge de una sentencia del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, y no de un actuar de aquella. Por lo tanto, la entidad enfatizó en que no
ha vulnerado ningún derecho fundamental, pues su única actuación ha sido cumplir
estrictamente con las órdenes que los jueces dictaron sobre la pensión del fallecido
señor Gómez Chaparro. Finalmente, solicitó su desvinculación por no estar legitimada
en la causa por pasiva.

13. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, no se pronunció, pese a que fue debidamente notificado.

1.5. Sentencia de primera instancia

14. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en decisión del
15 de diciembre de 202510, negó el amparo deprecado.

15. Para lo anterior, explicó que la señora Leonor García León presentó una acción
de tutela alegando que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F vulneró sus derechos fundamentales al anular la pensión de sobreviviente
derivada de la convencional especial de vejez que había sido reconocida a su esposo
por la antigua empresa Puertos de Colombia. Sostuvo que dicha autoridad judicial
desconoció pruebas y precedentes jurídicos sobre la naturaleza laboral del cargo
desempeñado por el causante.

16. El a quo constitucional analizó primero si la tutela cumplía los requisitos para
estudiar decisiones judiciales. Tras verificar que el asunto era relevante
constitucionalmente y que no existían otros recursos contra la sentencia cuestionada,
revisó los supuestos defectos alegados por la accionante: defecto sustantivo, fáctico y
desconocimiento del precedente.

17. Frente al defecto sustantivo, concluyó que el demandado sí llevó a cabo un
estudio adecuado de la normativa aplicable para determinar si el cargo desempeñado
por el señor Gómez Chaparro era de trabajador oficial o empleado público. En ese
sentido, indicó que el tribunal examinó los decretos y acuerdos (convenciones
colectivas) que regulaban los cargos en Puertos de Colombia y fundamentó su decisión
en normas vigentes y en jurisprudencia pertinente, por lo cual no se configuraba el error
alegado.

18. En cuanto al defecto fáctico, encontró que el tribunal valoró correctamente las
pruebas obrantes en el expediente, donde solo reposaba un contrato de trabajo del
primer cargo del causante (instructor especializado), pero no existía probanza sobre la
naturaleza del último cargo (jefe de unidad), que era el relevante para la pensión
especial. Además, consideró válido que aplicara la carga dinámica de la prueba,
exigiendo a la beneficiaria demostrar la calidad de trabajador oficial del causante al
momento del reconocimiento pensional, puesto que ella estaba en mejor posición para

9 Índice 10 Samai.
10 Índice 13 Samai.

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aportar dicha información y no lo hizo durante el proceso ordinario, al considerar:

Aunado a lo anterior, la autoridad accionada, aplicó el principio de la carga dinámica de la
prueba, «[…] según el cual corresponde asumir la carga probatoria a la parte que se encuentra en mejor posición para
acreditar los hechos relevantes, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y el equilibrio procesal.»,
determinando que «[…] tratándose de una pensión especial sujeta a requisitos específicos —como la calidad de
trabajador oficial beneficiario de la convención colectiva vigente—, era la parte demandada quien debía demostrar que el
causante cumplía efectivamente con tales exigencias al momento de ejercer el cargo. Esta información se encuentra bajo el
control de la beneficiaria, quien ostenta el reconocimiento pensional y, por tanto, debía acreditar que el vínculo laboral del
causante se ajustaba a los parámetros del régimen convencional.».

En efecto, para la Sala es válida tal interpretación si se tiene en cuenta que quien reconoció
la pensión especial de vejez al causante fue la empresa Puertos de Colombia, no la UGPP,
por lo que, la beneficiaria de la prestación, desde que tuvo conocimiento de la demanda
impetrada en su contra, pudo ejercer los mecanismos necesarios en procura de allegar los
medios probatorios idóneos que permitieran demostrar la calidad de trabajador oficial de
su cónyuge; ya que, del escrito de tutela se extrae que, para la actora es clara la importancia
de establecer la calidad de la vinculación del señor Gómez Chaparro (Q.E.P.D); sin
embargo, se advierte que no presentó contestación a la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, así como tampoco, solicitó ni allegó ningún medio de prueba
que permitiera reforzar su defensa.

19. Además, determinó que el tribunal no desconoció el precedente judicial, pues sí
analizó las decisiones citadas por la accionante. En consecuencia, concluyó que la
sentencia cuestionada no vulneró derechos fundamentales ni incurrió en errores graves
que justificaran la intervención del juez constitucional.

20. Finalmente, negó la solicitud de desvinculación de la UGPP.

1.6. Impugnación

21. El apoderado de la tutelante allegó escrito11 en el que manifestó:

La presente impugnación se formula de manera genérica, por cuanto el ordenamiento
jurídico no exige la sustentación simultánea del recurso de impugnación en el trámite de
la acción de tutela, ni condiciona su procedencia a la exposición inmediata de los
argumentos de inconformidad; pese a ello, se basan en el desconocimiento de los
derechos fundamentales de mi representada, conculcados por la entidad accionada.

II. CONSIDERACIONES

22. La Sala revocará la sentencia de primera instancia proferida el 15 de diciembre
de 2025 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado, por medio de la
cual negó el amparo deprecado y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción
de tutela por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, como pasa a
explicarse.

2.1. Caso concreto

23. El Consejo de Estado12 y la Corte Constitucional13 han condicionado la

11 Índice 17 Samai.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,

M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio
Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
13 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388

de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.

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procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de
ciertos requisitos generales14 y a la configuración de algún defecto especial15 en el que
puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y
determinar si se configura el defecto invocado, la Sala determinará si se superan los
presupuestos generales de procedencia.

24. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto. Cumplidos
esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los
defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

25. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con
todos los requisitos de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales, como pasa
a explicarse.

26. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que
quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado
sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

27. La señora Leonor García León está legitimada en la causa por activa, comoquiera
que fue la parte demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió la UGPP, en el que se expidió la sentencia aquí reprochada. Del
mismo modo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F está legitimado en la causa por pasiva, por ser la autoridad judicial que
adoptó la decisión de 26 de agosto de 2025, que se cuestiona en esta oportunidad.

28. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte
Constitucional16, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que la actora
cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus derechos
fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto
no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las
inconformidades del accionante frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se trate de
asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la
providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta
que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates
jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional
se tratase.

29. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, puesto que la parte actora presentó

14 A saber: (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez;

(v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores
del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia
de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
15 Estos son: (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto

material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
16 Sentencia SU-215 de 2022.

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argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y, con ello, reabrir
el debate normativo y probatorio zanjado por el juez natural de la causa. Además, el
asunto gira en torno a una cuestión meramente legal, relativa a la definición de la
naturaleza del cargo.

30. En el proceso ordinario, el tribunal determinó que el punto central del caso
consistía en establecer si el señor Juan Gabriel Armando Gómez Chaparro, causante
de la pensión, tenía la calidad de trabajador oficial o de empleado público al momento
de su retiro en 1991. Esta definición era esencial, pues la pensión convencional especial
otorgada por la Empresa Puertos de Colombia solo aplicaba a trabajadores oficiales
conforme a la Resolución 297 de 1991 y a los acuerdos colectivos vigentes.

31. Tras revisar la normativa aplicable (Decretos 3135 de 1968, 2465 de 1981, 2318
de 1988 y 287 de 1991; Convenciones colectivas 1987 a 1993)17, señaló que no basta
la denominación de «jefe» para suponer la calidad de trabajador oficial, ya que algunos
cargos con esa nominación eran expresamente empleos públicos. A partir de lo anterior,
concluyó que el último cargo ejercido por el causante fue el de «Jefe de Unidad
Coordinador del Proyecto Banco Mundial», el que no estaba dentro de los clasificados
como de trabajador oficial por las normas mencionadas, sino que lo catalogaba como
empleado público.

32. Para adoptar su decisión, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F resaltó la importancia del principio de carga dinámica de la
prueba, según el cual la parte que se encuentra en mejores condiciones de aportar
pruebas debe hacerlo. En este caso, correspondía a la beneficiaria (demandada)
demostrar que el causante conservaba la calidad de trabajador oficial al momento del
reconocimiento pensional, pues era ella quien pretendía mantener el beneficio. A partir
de lo cual, consideró:

En este caso, tratándose de una pensión especial sujeta a requisitos específicos -como la
calidad de trabajador oficial beneficiario de la convención colectiva vigente-, era la parte
demandada quien debía demostrar que el causante cumplía efectivamente con tales
exigencias al momento de ejercer el cargo. Esta información se encuentra bajo el control de
la beneficiaria, quien ostenta el reconocimiento pensional y, por tanto, debía acreditar que
el vínculo laboral del causante se ajustaba a los parámetros del régimen convencional.

La Sala Mayoritaria considera que, en este caso, no puede trasladarse a la UGPP la carga
de probar hechos que escapan a su esfera de conocimiento, como lo son la naturaleza
jurídica del vínculo, la aplicabilidad de la convención colectiva y los actos administrativos
que sustentaron el reconocimiento de la pensión. En ese sentido, la omisión de la parte
demandada en aportar prueba idónea sobre tales aspectos impide verificar si el causante
cumplía efectivamente los requisitos exigidos, lo que constituye una falla en el deber de
colaboración procesal.

[…]

Advierte la Sala que en el expediente obra un escrito dirigido por el señor Juan Gabriel
Armando Gómez Chaparro (q.e.p.d.) al Coordinador de Pensiones del Ministerio de
Protección Social, en el que afirma:

17 Ver folios 10 a 13 de la sentencia cuestionada, donde el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

Sección Segunda, Subsección F analizó: «4.1. De la naturaleza de los cargos» de la Empresa Puertos de
Colombia.

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1. Que su vinculación laboral con Puertos de Colombia se realizó en noviembre de 1976
mediante contrato de trabajo por término indefinido, lo que le otorgó la calidad de
trabajador oficial, situación que mantuvo hasta el final de su relación laboral.

2. Que su penúltimo cargo fue el de Jefe de la División de Estudios y Proyectos, en
calidad de trabajador oficial, y que fue trasladado horizontalmente para ejercer
funciones como Jefe de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Rehabilitación
Portuaria, sin que existiera acto de nombramiento ni documento de posesión que
acreditara el ejercicio de un cargo público.

Para la Sala Mayoritaria, este acto constituye una confesión de que el señor Juan Gabriel
Gómez Chaparro ejerció el cargo de Jefe de la División, catalogado como empleado
público, por el Decreto 2318 de 1988 cargos que se mantuvo en esa clasificación con el
Decreto 287 del 28 de enero de 1991, y posteriormente pasó a ejercer funciones de Jefe de
Unidad por “traslado horizontal” y “sin nombramiento ni posesión”, lo que implica que se trata
del mismo empleo el cual, se reitera, es de empleado público y no de trabajador oficial.

Además, no se especifica la fecha en que pasó a ejercer como jefe de Unidad, para
establecer si tal transición estuvo cobijada por alguna Convención Colectiva.

Así las cosas, para la Sala Mayoritaria no quedó probado que al causante podía aplicarse
la pensión especial prevista para los trabajadores oficiales. La responsabilidad de probar
esa condición recae, conforme al principio de carga dinámica, en quien pretende
beneficiarse de ella. Y al no haber cumplido con ese deber, lo procedente es revocar el
reconocimiento pensional concedido.

En consecuencia, se declarará la nulidad de los actos administrativos que reconoció la
pensión a favor del señor Juan Gabriel Armando Gómez Chaparro (QEPD) y reconoció
una pensión de sobrevivientes a la señora Leonor García León con ocasión del
fallecimiento del señor Gómez Chaparro. [Énfasis del original y sic a toda la transcripción].

33. Como se observa de la lectura de las anteriores consideraciones, el tribunal
concluyó que no existían pruebas suficientes que demostraran que el señor Gómez
Chaparro era trabajador oficial al desempeñar el cargo de Jefe de Unidad, por cuanto
en el expediente no aparecían contratos, actos de nombramiento ni documentos que
certificaran que la vinculación continuaba siendo contractual y no la propia de un
empleado público. Además, una comunicación firmada por el mismo causante indicaba
que su penúltimo cargo fue el «Jefe de la División de Estudios y Proyectos» y el último,
el de «Jefe de la Unidad Coordinadora del Proyecto de Rehabilitación Portuaria», los
que conforme con las normas estudiadas por la autoridad judicial era de empleado
público.

34. Así las cosas, al no demostrarse la calidad de trabajador oficial, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F estableció que el
causante no cumplía los requisitos legales para acceder a la pensión especial
(convencional para trabajadores oficiales de la empresa Puertos de Colombia) otorgada
mediante la Resolución 511 de 1991. Por ende, el reconocimiento posterior de la
pensión de sobrevivientes a favor de la señora Leonor García León (Resolución RDP
023255 de 2021) también carecía de fundamento legal, pues se derivaba directamente
de un derecho pensional inicialmente indebido.

35. De lo expuesto anteriormente, esta Sala evidencia que los reproches formulados
por la parte actora, más allá de pretender demostrar los presuntos defectos sustantivo y
fáctico en los que, a su juicio, incurrió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, reflejan una mera inconformidad con la decisión a la

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que llegó el juez ordinario, la cual se fundamentó en las normas que estimó eran
aplicables al caso y las pruebas obrantes en el proceso.

36. Ahora bien, en relación con el presunto desconocimiento del precedente
«Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, en sentencia del 28 de mayo
de 2020, C.P. Dr. William Hernández Gómez (Rad. 47001-23-33-000-2015-00108-
01(1956-17)», es preciso resaltar que esta Sala ha considerado que la parte que lo
invoca debe cumplir con la carga mínima, como es la de identificar: i) la decisión que
considera desatendida; ii) la ratio aplicable a la solución del nuevo caso que se somete
a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y iii) la incidencia de esta en la
decisión final que adopte el fallador de instancia.

37. Sin embargo, aunque la tutelante identificó la providencia que alude como
desconocida en la sentencia objeto de análisis y solo manifestó ser un «caso
sustancialmente análogo», no obstante, no esbozó los argumentos que permitan
demostrar por qué esa decisión resultaba aplicable a su situación particular. Entonces,
es claro que el presunto desconocimiento del precedente no cumple con la carga
argumentativa exigida para adelantar su estudio.

38. En virtud de lo anterior, las razones presentadas por la accionante no
corresponden a una disputa en la que se advierta a priori una verdadera cuestión de
derechos fundamentales. Esto, porque todos sus reparos dan cuenta de una
controversia en la que pretende que se imponga su criterio sobre el del tribunal
accionado acerca de la naturaleza del cargo que desempeñó el causante para
determinar la legalidad del reconocimiento de la pensión convencional.

39. En efecto, la intención de la tutelante es que el juez de tutela lleve a cabo un juicio
de corrección sobre el proceder valorativo del tribunal, lo cual desnaturaliza la finalidad
para la que fue prevista este mecanismo constitucional. Lo anterior, en la medida en la
que en el escrito inicial la actora expuso cómo, en su criterio, debió darse solución al
problema jurídico planteado en el proceso ordinario, lo que evidencia que lo buscado es
simplemente manifestar la forma en la que, desde su perspectiva, debieron aplicarse las
normas que utilizó aquel y las pruebas valoradas por este, para resolver el proceso
ordinario.

40. Se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado
al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los jueces naturales de
la causa. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de
raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela, toda
vez que, si se analizaran todos los reparos por decisiones judiciales desfavorables, sin
el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se
atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas, se convertiría el
mecanismo constitucional en una tercera instancia.

41. En consecuencia, la Sala revocará la providencia de primera instancia proferida
el 15 de diciembre de 2025 por la Subsección B, Sección Segunda del Consejo de
Estado, por medio de la cual negó el amparo deprecado y, en su lugar, se declarará la
improcedencia por no haberse superado el requisito de relevancia constitucional.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 15 de diciembre de 2025 de la Subsección B,
Sección Segunda del Consejo de Estado que negó el amparo y, en su lugar,
DECLARAR la improcedencia por falta de relevancia constitucional, por las razones
indicadas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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