Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00860-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00860-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00860-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D. C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 76001-23-33-000-2021-00860-00 (1459-2025)
Demandante: Laura Andrea Marín Rivera
Demandado: La Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Remuneración abogado asesor de Tribunal Judicial. Aplicación
de la Sentencia de Unificación de 2 de noviembre de 2023 y la
de nulidad simple del 23 de octubre de 2024. MODIFICA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de
la sentencia proferida el treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se accedió a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora Laura Andrea Marín Rivera instauró demanda en contra de La Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución No. DESAJCLR20-3819 de 15 de
diciembre de 2020, y del acto ficto presunto negativo al recurso de apelación. Se
inaplique por inconstitucional o ilegal la denominación «abogado asesor grado 23»
contenida en: a) el numeral 3 del artículo 86 del Acuerdo No. PSAA15-10402 de
2015; b) numeral 1 y 2 del artículo 87 del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015 y; c)
numeral 1 del artículo 88 del Acuerdo PSAA15-10402 de 2015.
A título de restablecimiento del derecho, que se reconozca y pague el salario
conforme a la asignación salarial establecida en el numeral 2 del artículo 4 del
Decreto 194 de 2014 y sus modificaciones; las diferencias salariales existentes; las
prestaciones sociales y demás emolumentos devengados desde el año 2016 con
base en la asignación salarial establecida en las normas citadas.
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Que se indexen las sumas adeudadas.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que ejerció el cargo de abogado asesor del Tribunal Superior de Cali desde el 8 de
septiembre de 2016 hasta el 29 de octubre de 2018.
Que solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali el
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales entre el cargo que
desempeñó y el de «Abogado asesor de tribunal judicial», lo cual se resolvió de
manera negativa mediante los actos cuya nulidad se solicita.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida por auto del 28 de febrero de 2022 y se notificó a la entidad
demandada, quien guardó silencio.
Por auto del 14 de marzo de 2023 se resolvió dar trámite de sentencia anticipada,
en consecuencia, se fijó el litigio, se abrió a pruebas y se corrió traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara el
respectivo concepto. Se dictó sentencia, y fue apelada por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del 30 de
noviembre de 2023, accedió a las pretensiones, destacando la Sentencia de
Unificación Jurisprudencial SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, en
la cual se precisó el debate en torno a la remuneración salarial que le corresponde
al cargo de «abogado asesor grado 23» de los tribunales administrativos y
superiores del país.
Que el Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para asignar a
los cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a los previstos en
el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno
Nacional en los que se regule el régimen salarial y prestacional de los empleados
de la rama judicial.
Que, en efecto, la normativa expedida anualmente por el Gobierno Nacional
permitía observar que el cargo de «abogado asesor de tribunales judiciales» se
encontraba expresamente nominado y que los decretos anuales reservaron una
escala subsidiaria para aquellos cargos innominados.
Que, el cargo de abogado asesor se encuentra expresamente nominado en el
decreto mencionado, así como su escala salarial, que resulta superior a la prevista
para los empleos sin denominación correspondiente al grado 23.
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Que, la demandante percibió el salario de «abogado asesor grado 23» desde el 10
de diciembre de 2017 hasta el 29 de octubre de 2018, con lo que su remuneración
fue inferior a la establecida anualmente para el cargo de «abogado asesor de
tribunal judicial».
Que respecto de los periodos reclamados por la demandante antes del 10 de
diciembre de 2017 operó la prescripción y resolvió condenar en costas.
Ordenó que se realizaran los respectivos descuentos de los aportes.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandada interpuso recurso de apelación en el que insistió en que el Consejo
Superior de la Judicatura es autónomo para adoptar las medidas encaminadas a
mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, dentro de las que se
encuentra la creación de cargos para descongestionar los despachos judiciales y
por esa razón procedió a la creación del cargo cuestionado
Que desde la vigencia del Acuerdo PSAA15-10402 a la fecha, existe en los
despachos de magistrado de los tribunales administrativos y superiores el cargo de
abogado asesor grado 23 y no el de «abogado asesor» puesto que desde su
creación ha sido muy clara su denominación, la cual no se asimila a la de la Ley 4°
de 1992 sino a la que estableció el Consejo Superior de la Judicatura dentro de su
autonomía administrativa brindada en la Constitución Política y en la ley estatutaria
de administración de justicia.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 30 de mayo de 2025, fue admitido el recurso de apelación disponiéndose que,
una vez ejecutoriado el auto, el expediente pasaría a Despacho para dictar
sentencia sin necesidad de traslados y se advirtió que el Ministerio Público podría
emitir concepto hasta antes de que el proceso ingresara a Despacho.
Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Subsección deberá resolver si el Consejo Superior de la Judicatura desbordó sus
facultades legales al fijarle el grado 23 al cargo de «abogado asesor» de Tribunal y
asignarle una remuneración salarial y prestacional diferente a la establecida por el
Gobierno Nacional para el cargo de “abogado asesor de tribunal judicial”.
Además, deberá determinarse si la demandante tiene derecho al reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales por concepto de la aplicación de
la escala salarial señalada para el cargo de «abogado asesor» de tribunal judicial
establecida en el numeral 2°, del artículo 4 del Decreto 194 de 2014 modificado por
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los Decretos 1257 de 2015, Decreto 245 de 2016, Decreto 1013 de 2017, Decreto
337 de 2018 y los demás que se profieran; y, de ser procedente, si a partir del 1º de
julio de 20221 debe continuar su remuneración como abogado asesor de tribunal.
Marco normativo y jurisprudencial
Mediante la Sentencia de Unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 23 de noviembre de
20232 la Sección Segunda de esta Corporación fijó las pautas que en adelante se
deben considerar en torno a los casos que por aspectos fácticos y jurídicos se
enmarquen en iguales o similares circunstancias a las descritas en ese asunto.
Debe resaltarse que en dicha sentencia se precisó que «(…) las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con el tema objeto de unificación
constituye (sic) precedente vinculante en los términos del artículo 10 de la Ley 1437
de 2011, para todos los casos en discusión, tanto en vía administrativa como
judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación son
retrospectivos».
En la referida providencia esta Corporación analizó la competencia del Consejo
Superior de la Judicatura para la fijación del grado 23 y la respectiva remuneración
para el cargo de «abogado asesor» y se concluyó que, con la expedición de la
normativa reglamentaria en ese sentido, se desbordó la competencia de la entidad,
pues el cargo de «abogado asesor de tribunal judicial» contaba con una
denominación y remuneración reglamentadas en los decretos anuales que expide
el Gobierno Nacional.
Dicha conclusión se extendió a lo señalado en el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022,
que modificó la denominación del cargo «abogado asesor grado 23» por la de
«profesional especializado grado 23». Respecto de este, se encontró que en el
cambio de denominación se mantuvieron los requisitos del cargo y las mismas
funciones y responsabilidades, lo que llevó a concluir que el objetivo de la variación
fue económico, «(…) al tratar de mantener la remuneración del citado cargo con la
escala salarial del grado 23 y así sustraerlo del artículo 4 de los decretos expedidos
por el Gobierno Nacional frente a la remuneración del cargo de abogado asesor
nominado».
De allí que quienes a partir del 1 de julio de 2022 estuvieran ocupando el cargo de
«profesional especializado grado 23» también debían remunerarse con el salario
que los decretos del gobierno nacional fijan para el cargo de «abogado asesor
nominado de tribunal».
Adicionalmente, en la sentencia de unificación se puntualizó que se debían atender
los términos de prescripción establecidos en los artículos 41 del Decreto 3135 de
1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969, que regulan el régimen prestacional de los
1 Teniendo en cuenta que mediante el Acuerdo PCSJA22-11968 del 30 de junio de 2022 se resolvió cambiar la
denominación del cargo “abogado asesor grado 23” por la de “profesional especializado grado 23”, con vigencia
a partir del 1 de julio de 2022.
2 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 2 de noviembre de 2023. Radicado 08001-23-33-000-
2018-00529-01 (3071-2019).
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00860-00 (1459-2025)
empleados públicos, según los cuales aquel lapso es de tres (3) años, que se
interrumpe por una sola vez con el reclamo escrito del trabajador. Situación diferente
ocurre frente a las diferencias generadas sobre los aportes para pensión a cargo
del empleador, que pueden reclamarse en cualquier tiempo.
Bajo la misma línea de análisis respecto de las competencias del Consejo Superior
de la Judicatura, esta Corporación, mediante sentencia del 23 de octubre de 20243,
proferida en el medio de control de nulidad simple, declaró la nulidad de: (i) los
apartes que contenían la denominación «grado 23» del Acuerdo PSAA15-10402 del
29 de octubre de 2015 y (ii) la totalidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 20224.
Como dicha providencia al estar ejecutoriada configuró el fenómeno de cosa
juzgada5 respecto de la falta de competencia del Consejo Superior de la Judicatura
para asignar a los cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferentes a
los expedidos por el Gobierno Nacional en los que se regule el régimen salarial y
prestacional de los empleados de la rama judicial; resulta inadecuado declarar la
excepción de ilegalidad para inaplicar las disposiciones reglamentarias, porque
estas dejaron de existir y de producir efectos, de manera que, deberá estarse a lo
resuelto en el fallo en mención.
Tal como lo ha planteado el Consejo de Estado6, la consecuencia directa de un fallo
como el referido es la propia anulabilidad de los actos particulares que hubiesen
materializado la situación jurídica concreta, pues la nulidad conlleva efectos hacia
el pasado, lo que implica que tanto las normas violadas como el concepto de
violación, así como las causales y los argumentos expuestos en la sentencia de la
acción de simple nulidad, necesariamente se trasladan o se hacen extensibles al
litigio derivado de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por
el administrado afectado, ya que, en ese contexto, se habla de la unidad de criterios
de ilegalidad por estar directamente relacionados entre sí el acto general y el
particular.
Aun así, lo expuesto no quiere decir que sus efectos sean retroactivos, sino
retrospectivos, es decir, que solo afectan todo aquello que no se haya consolidado
al momento de la sentencia y que por tanto aún esté pendiente de discusión en vía
administrativa o judicial, pues lo cierto es que lo que se configuró en virtud de los
fenómenos de cosa decidida7 o cosa juzgada, ya no son susceptibles de
3 Radicado: 11001-03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017)
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 23 de octubre de 2024. Radicado 11001-
03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017).
5 El artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, consagra que la sentencia que declare la nulidad de un acto
administrativo en un proceso tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes. La que niegue la nulidad pedida
producirá cosa juzgada erga omnes pero solo en relación con la causa petendi juzgada. (…)”.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 10
de diciembre de 2015. Radicado: 13001-23-31-000-2001-00817-01 (1723-11). Al respecto: «[…] La declaratoria
de nulidad del acto administrativo afecta su validez y, por lo mismo, sus efectos se proyectan hacia el pasado.
Así pues, la doctrina ha señalado de manera unánime, como lo establece Sayagués Laso que “Al dictarse
sentencia anulatoria, el acto se extingue de pleno derecho en virtud de pronunciamiento jurisdiccional. Además,
como la extinción se funda en la invalidez del acto, considerase (sic) que ésta no ha tenido existencia válida y
por tanto los efectos de la extinción se proyectan hacia el pasado (Giorgi) SAYAGUES LASO, Enrique, Tratado
de Derecho Administrativo, Tomo II, Clásicos Jurídicos Uruguayos, Ed. Fundación de Cultura Universitaria,
Montevideo, 2005, No. 1068, p. 548 y 549. […]»
7 La cosa decidida se ha entendido doctrinalmente como el símil de la figura de la cosa juzgada respecto de los
actos administrativos que cobran plena validez y resultan inmodificables cuando una vez en firme al haberse
concluido la actuación administrativa en primera y segunda instancia (si la hubo), nunca fueron demandados
ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo oportunamente, esto es, dentro del correspondiente
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00860-00 (1459-2025)
modificación alguna en observancia del principio de seguridad jurídica 8.
Resolución al caso concreto
Del acervo probatorio se puede establecer lo siguiente:
• Que en certificación expedida el 9 de julio de 2021, la Dirección Ejecutiva Seccional
de Administración Judicial del Valle del Cauca acreditó que la demandante ocupó el
cargo de «abogado asesor grado 23» durante el periodo comprendido entre el 08
de septiembre de 2016 y el 29 de octubre de 2018, devengando como asignación
básica $4.850.010.
Es pertinente advertir que si bien el Consejo Superior de la Judicatura tiene
competencia para crear los cargos, determinar las funciones, señalar los requisitos
y no establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado
para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales, no podía arrogarse
la competencia para fijar una remuneración al cargo de «abogado asesor» de
Tribunal, que se encontraba dentro del listado de los cargos nominados en los
decretos expedidos por el presidente de la República en uso de las competencias
señaladas en la Ley 4 de 1992, por lo que tampoco podía asignarle grados, códigos
adicionales o determinarle una remuneración diferente, porque la competencia para
ello recae únicamente en el Gobierno Nacional.
Aplicando en este caso la regla de unificación fijada en la sentencia SUJ-033-CE-
S2-2023 del 2 de noviembre de 2023, se advierte, como se hizo en la sentencia
apelada, que el salario que se le canceló a la demandante como «abogado asesor
grado 23» fue inferior al establecido anualmente por el presidente de la República
para el cargo de «abogado asesor» de Tribunal Judicial.
Adicionalmente, es necesario precisar que, como quedó definido en la sentencia de
unificación jurisprudencial a la que se ha hecho referencia, los servidores que
venían desempeñándose como «abogados asesores grado 23» de tribunales
judiciales deben continuar siendo remunerados, a partir del 1° de julio de 2022,
como abogados asesores nominados de Tribunal.
De esta forma, lo dicho en relación con el Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022, esto
es, que la variación de la denominación del cargo por la de «profesional
especializado grado 23» resulta también contraria a las competencias de la entidad,
máxime teniendo en cuenta que quienes se nombraron en tal calidad continuaron
ejerciendo las mismas funciones y percibiendo la misma remuneración que los
«abogados asesores grado 23». Por tanto, si la demandante se encontraba
término de caducidad, lo que los hace inviables de enjuiciamiento y anulación en vía judicial, generando a la
vez una firmeza plena de lo “decidido” o resuelto por la administración.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 10 de diciembre de 2015, radicación
número: 68001-23-31-000-2001-02679-01(1485-15), tesis reiterada en la sentencia del 19 de julio de 2018,
radicado: 68001-23-33-000-2001-02647-02(1166-15). Lo expuesto fue ratificado por esta corporación en un
proceso similar al presente en el que se planteó lo siguiente: «[…] es pertinente indicar que la nulidad declarada
de un acto general, de un acto regla, de una ley, deja de producir el efecto esperado, esto es, deja de ser parte
del ordenamiento jurídico. Lo que quiere decir que la sentencia no afecta las situaciones jurídicas consolidadas,
pero sí puede afectar aquellas que no lo están, como el caso objeto de estudio, que actualmente se debate en
la Sala. […]»
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00860-00 (1459-2025)
vinculada en el cargo que pasó a denominarse «profesional especializado grado
23» para el 1 de julio de 2022, y mientras permanezca o hubiere permanecido en el
mismo, su labor debe remunerarse como «abogado asesor nominado de tribunal
judicial».
Si bien en la sentencia de primera instancia se declaró probada la excepción de
prescripción de los derechos anteriores al 2017 pero nada se dijo acerca de los
aportes, se deberá aclarar esta decisión pues la sentencia de unificación antes
citada define que la prescripción no afecta los aportes a pensión que debe hacerse
como consecuencia del mayor valor al que se condena.
Por las anteriores consideraciones, se modificará la sentencia de primera instancia,
para: (i) revocar el ordinal primero, pues las disposiciones a inaplicar ya no hacen
parte del ordenamiento jurídico al ser declarada su nulidad, para en su lugar, estarse
a lo resuelto en la sentencia del 23 de octubre de 2024; y (ii) adicionar el ordinal
tercero, en el sentido de precisar que la medida de restablecimiento del derecho
tendrá lugar inclusive para el periodo en que el cargo «abogado asesor grado 23»
pasó a denominarse «profesional especializado grado 23», de haberlo ocupado la
demandante y mientras hubiere permanecido en el mismo y que la prescripción no
afecta los aportes a pensión anteriores al 2017.
De la condena en costas en segunda instancia
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada por cuanto se niegan
totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-00860-00 (1459-2025)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. REVOCAR el ordinal primero de la sentencia proferida treinta (30) de
noviembre de dos mil veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, para, en su lugar, ESTARSE a lo resuelto en la sentencia del 23 de octubre
de 2024, proferida en el medio de control de nulidad simple bajo el radicado 11001-
03-25-000-2017-00617-00 (2965-2017), mediante la cual se anularon los actos
administrativos cuya inaplicación se solicitó.
Segundo. MODIFICAR el ordinal TERCERO de la sentencia apelada, el cual
quedará así:
«TERCERO: CONDENAR a la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, en consecuencia, a pagar a la abogada LAURA
ANDREA MARÍN RIVERA, las diferencias de sueldo que corresponde al
cargo de abogado asesor de Tribunal, consagrado en los decretos No.
194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017, 337 de 2018 y
siguientes, durante el periodo de permanencia en tal cargo teniendo en
cuenta la prescripción, esto es desde el 11 de diciembre de 2017 hasta el
29 de octubre de 2018, y la respectiva reliquidación de todas las
prestaciones sociales que devengó la actora, como primas, vacaciones,
cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y
prestacionales causados, con base en el salario que por ley le
corresponda al cargo de abogado asesor de Tribunal; incluido el periodo
durante el cual el cargo pasó a denominarse “profesional especializado
grado 23”, de haberlo ocupado en tal calidad y mientras permanezca o
hubiere permanecido en el mismo.
Estos valores deberán ser actualizados en la forma indicada en la parte
motiva de esta providencia
Se ordena realizar los aportes correspondientes por todo el tiempo que
duró la vinculación en dichos cargos».
Tercero. CONFIRMAR en los demás aspectos la sentencia de primera instancia.
Cuarto. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada, las cuales
serán liquidadas por el a quo.
Quinto. DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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