Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00910-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00910-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-00910-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D.C., Nueve (9) de Julio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado: 76001-23-33-000-2021-00910-01 (6380-2024)1
Demandante: Martha Lucía Villada Aguirre
Demandados: Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del Cinco (5) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la
Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda3
1.1.1. Pretensiones
1. La señora Martha Lucía Villada Aguirre, por intermedio de apoderada judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad del acto ficto por la
1
Expediente electrónico.
2
El consejero de Estado sustanciador del proceso aclara que, en anteriores ocasiones, y conforme a la causal contenida en el artículo
141.9 del CGP, ha manifestado su impedimento para conocer en segunda instancia asuntos tramitados por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca en cuya decisión haya participado el Dr. Óscar Valero Nisimblat, con quien me une una amistad íntima. No
obstante, en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, en esta ocasión no efectuará dicha declaración, toda vez que
la Sala de Subsección, con auto de 18 de septiembre de 2024, declaró infundado un impedimento basado en la misma causa, dentro
del expediente 76001-23-33-000-2014-01033-01 (0264-2023).
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Tribunal de origen, índice 3.
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
no respuesta a la petición elevada el Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Veinte (2020),
que negó el reconocimiento y pago de la sanción mora establecida en la Ley 1071 de
2006.
2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: (i) el reconocimiento y pago de la
sanción por mora establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, equivalente a
un (1) día de su salario por cada día de retardo, contados desde los sesenta y cinco (65)
días hábiles después de haber radicado la solicitud de las cesantías ante la entidad y
hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma; (ii) la indexación de la condena; (iii)
el cumplimiento al fallo en los términos de los artículos 192 y siguientes del CPACA; (iv)
la actualización de la condena de acuerdo con la variación del Índice de Precios al
Consumidor; (v) el pago de los intereses moratorios y (vi) la condena en costas a la
demandada.
1.1.2. Hechos
3. La señora Martha Lucía Villada Aguirre, afirmó que, en calidad de docente, solicitó el
Veintidós (22) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018) el reconocimiento y pago de sus
cesantías parciales ante la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo y que, mediante
la Resolución No. 227 del Catorce (14) de febrero siguiente, la entidad reconoció la
prestación solicitada.
4. Señaló que, aunque la Ley 1071 de 2006 establece que la administración dispone de
15 días hábiles para resolver la solicitud y de 45 días hábiles adicionales para efectuar el
pago una vez quede en firme el acto administrativo, las cesantías solo fueron canceladas
el Veintidós (22) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019).
5. Indicó que, el plazo máximo para el pago vencía el Cuatro (4) de mayo de Dos Mil
Dieciocho (2018), por lo que la entidad incurrió en una mora de 383 días, circunstancia
que daría lugar al reconocimiento de la sanción moratoria consistente en un día de salario
por cada día de retraso.
6. Expuso que, el Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Veinte (2020), solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria; sin embargo, la administración guardó
silencio y se configuró un acto ficto negativo, por lo que, agotada sin éxito la conciliación
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
prejudicial, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para
obtener el reconocimiento y pago de dicha sanción.
1.1.3. Concepto de violación
7. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:
7.1. Legales y reglamentarias: artículos 5 y 15 de la Ley 91 de 1989; artículos
1 y 2 de la Ley 244 de 1995; y artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
8. Sostuvo que, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio incumplió de
manera reiterada los términos legales para el reconocimiento y pago de las cesantías de
los docentes afiliados, llegando en algunos casos a demorar varios años su cancelación,
a diferencia de lo que ocurría con otros servidores públicos. Asimismo, señaló que las
cesantías constituían una prestación social de carácter salarial destinada a amparar al
trabajador cuando cesaba en sus funciones.
9. Expuso que, las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron un plazo máximo de 15 días
hábiles para resolver la solicitud de cesantías y de 45 días hábiles adicionales para
efectuar su pago, de manera que el trámite no debía superar los 65 días hábiles contados
desde la radicación de la petición. En consecuencia, afirmó que, al haberse efectuado el
pago por fuera de dicho término, se configuró la sanción moratoria consistente en un día
de salario por cada día de retraso, contado desde el vencimiento del plazo legal hasta la
fecha en que se hizo efectivo el pago de la prestación.
1.2. Contestación de la demanda4
10. La entidad demandada sostuvo que, no obraba en el expediente prueba idónea que
demostrara la mora en el pago de las cesantías ni la fecha efectiva en que se realizó
dicho pago. Asimismo, afirmó que, la parte actora no acreditó haber presentado una
solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria ni la existencia de una demora
imputable a la administración, razón por la cual consideró improcedente acceder a las
pretensiones de la demanda.
11. Igualmente, señaló que el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes
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Tribunal de origen, índice 20.
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se encontraba
regulado por el procedimiento especial previsto en el Decreto 2831 de 2005, norma que
debía prevalecer sobre la Ley 1071 de 2006. Explicó que, las solicitudes debían
tramitarse ante las secretarías de educación, encargadas de expedir los actos
administrativos de reconocimiento, mientras que el pago de las prestaciones
correspondía a la sociedad fiduciaria administradora de los recursos del Fondo, una vez
surtidos los trámites legales respectivos.
12. Finalmente, propuso como excepciones las siguientes: «litisconsorcio necesario por
pasiva»; «legalidad de los actos administrativos atacados de nulidad»; «improcedencia de la indexación de
las condenas»; «compensación»; «salario a tener en cuenta»; «falta de legitimidad por pasiva»;
«caducidad»; «prescripción»; y «genérica».
1.3. Sentencia de primera instancia5
13. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia del Cinco (5) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
14. Como sustento de lo anterior, el Tribunal expuso que, la demandante presentó
solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales el Veinticuatro (24) de enero
de Dos Mil Dieciocho (2018), asimismo, que por medio de la Resolución No. 227 del
Catorce (14) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), notificada el Quince (15) de febrero
siguiente, la Secretaría de Educación del Municipio de Yumbo, reconoció y ordenó el
pago de las cesantías a la demandante por valor de Treinta y Cuatro Millones Trescientos
Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Veinticinco pesos ($34.355.925), las cuales fueron
puestas a disposición de la demandante el Quince (15) de mayo de Dos Mil Diecinueve
(2019).
15. Señaló que, a través de petición elevada por la demandante el Veintitrés (23) de junio
de Dos Mil Veinte (2020), solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
establecida en la Ley 1071 de 2006, por la tardanza en el pago de las cesantías
reconocidas.
16. En ese sentido, el Tribunal precisó que, conforme a los artículos 4 y 5 de la Ley 1071
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Tribunal de origen, índice 51.
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
de 2006, la administración disponía de 15 días hábiles para expedir el acto de
reconocimiento de las cesantías, 10 días hábiles para su ejecutoria y 45 días hábiles
adicionales para efectuar el pago. En el caso concreto, encontró acreditado que la
solicitud fue presentada el Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018) y
resuelta oportunamente mediante acto expedido el Catorce (14) de febrero siguiente.
Además, como la docente renunció a los términos de ejecutoria al momento de la
notificación, el plazo para el pago comenzó a contarse desde el Dieciséis (16) de febrero
de Dos Mil Dieciocho (2018).
17. Con fundamento en ello, concluyó que el término para pagar las cesantías venció el
Veinticuatro (24) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018) y que, al haberse realizado el pago
únicamente el Quince (15) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), se configuró una mora
de 385 días. En consecuencia, reconoció a la demandante la sanción moratoria
equivalente a un día de salario por cada día de retraso, liquidada con base en la
asignación básica vigente para el año 2018.
18. Asimismo, el Tribunal precisó que, la sanción moratoria no puede indexarse durante
el período en que se causa, pues constituye una penalidad económica equivalente a un
día de salario por cada día de retardo y no una prestación susceptible de actualización.
No obstante, aclaró que ello no impide que la condena judicial resultante sea ajustada
conforme al artículo 187 del CPACA una vez reconocida en sentencia. Asimismo, se
abstuvo de condenar en costas, al no encontrarse acreditados gastos procesales ni
elementos que justificaran el reconocimiento de agencias en derecho.
19. Finalmente, señaló que, no operó la prescripción extintiva del derecho, toda vez que,
la sanción moratoria se causó entre el Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Dieciocho
(2018) y el Catorce (14) de mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), mientras que la
demandante presentó la reclamación administrativa el Veintitrés (23) de junio de Dos Mil
Veinte (2020) y la demanda el Cuatro (4) de febrero de Dos Mil Veintiuno (2021), es decir,
dentro del término de tres (3) años previsto para reclamar la sanción.
1.4. Recurso de apelación6
20. La parte demandada, a través de apoderada judicial, interpuso recurso de apelación
al considerar que, no se configuró mora en el pago de las cesantías de la señora Martha
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Tribunal de origen, índice 54.
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
Lucía Villada Aguirre. Para sustentar su inconformidad, afirmó que obraba en el
expediente una certificación expedida por Fiduprevisora S.A., según la cual los recursos
correspondientes a las cesantías parciales fueron puestos a disposición de la beneficiaria
el Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), fecha que, a su juicio, debía
tenerse como la del pago efectivo de la prestación.
21. Con fundamento en ello, señaló que, la solicitud de cesantías fue presentada el
Veinticuatro (24) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018), la prestación fue reconocida el
Catorce (14) de febrero siguiente y el acto administrativo quedó ejecutoriado el Veintiocho
(28) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018), por lo que el término máximo para efectuar
el pago vencía el Ocho (8) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018). En consecuencia,
sostuvo que, la mora solo podía configurarse a partir del Nueve (9) de mayo siguiente y
que, como las cesantías fueron puestas a disposición de la demandante el Veintisiete
(27) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), la entidad cumplió oportunamente su
obligación, incluso cuarenta y tres (43) días antes del vencimiento del plazo legal, razón
por la cual, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada.
1.5 Trámite de segunda instancia
22. Por medio de auto del Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada de conformidad
con lo previsto en el artículo 247 del CPACA. Asimismo, negó la prueba solicitada por la
accionada en el recurso de alzada, por no cumplir con los requisitos establecidos en el
artículo 212 ibidem; Sin embargo, decretó de oficio dicho medio probatorio, al estimarlo
necesario para el esclarecimiento de la verdad, de conformidad con el artículo 213 del
CPACA. Finalmente, ordenó correr traslado a las partes.
23. Las partes guardaron silencio durante el trámite de segunda instancia. Por su parte,
el Ministerio Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
24. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
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Samai, índice 4.
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Número Interno: 6380-2024
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proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).
2.2 Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
25.1 ¿Procede el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de
2006, pese a que, la entidad demandada sostiene que las cesantías parciales fueron
puestas a disposición de la demandante dentro del término legal para su pago?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Sobre la sanción moratoria
26. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 « por medio de la cual se fijan términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones», señala el procedimiento para la liquidación y pago de las cesantías
definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2 regula la
sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública empleadora
consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago efectivo de las
mismas8.
27. Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de 2006, con el
objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales a los trabajadores y
servidores del Estado, así como su oportuna cancelación» (art. 1). Igualmente, estipuló el término
para la expedición de la resolución que reconoce las cesantías y la procedencia de la
sanción moratoria, en los artículos 4 y 5 así:
Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios,
la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las
cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos
determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
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“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará
de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas,
para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta
en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena
la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para cancelar esta
prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al
beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de
las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto
en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.
28. Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 estudió las distintas
hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y oportunidad del acto de
reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la
notificación, interposición de recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y
determinó las siguientes reglas jurisprudenciales9:
SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías,
las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se expida por
fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre 70 días hábiles
después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para
expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para determinar
cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la ley 10 para que la
entidad intentará notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir
la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el peticionario renuncia a
los términos de notificación y de ejecutoria, el acto adquiere firmeza a partir del día que así lo
manifieste. En ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto
que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán
pasados 15 días de interpuesto.
29. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia en cuanto
al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base
9
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías
parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación
de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la
petición se presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir
del día en que quedó en firme la resolución”.
10
Artículo 69 CPACA.
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
(sin perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para calcular la sanción
moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se produjo el retiro del servicio
del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta
para el mismo efecto la asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin
que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para
señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las
cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA .
2.4 . Pruebas recaudadas
30. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las siguientes:
• Petición de Veintidós (22) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018)11, a través de la cual,
la accionante solicitó ante la Secretaría de Educación del Municipio de Yumbo el
reconocimiento de unas cesantías parciales, para sustentar la solicitud, aportó copia
de su documento de identidad, certificaciones de tiempo de servicios y salarios,
extracto de intereses a las cesantías, constancia del Fondo Nacional del Ahorro,
contrato de promesa de compraventa relacionada con la adquisición de vivienda en
el proyecto «Parques del Pinar», copia de la cédula del beneficiario y certificado de
libertad y tradición del inmueble.
11
Tribunal de origen, índice 3, páginas 22 a 23.
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
• Resolución 227 de Catorce (14) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018)12, con la
que la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo, reconoció las cesantías
parciales a la señora Martha Lucía Villada Aguirre, por valor de Treinta y Cuatro
Millones Trescientos Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Veinticinco pesos
($34.355.925), destinados a la adquisición de vivienda, disponiendo su giro a favor
de la Unión Temporal Parques del Pinar.
• Notificación de la Resolución 227 de Catorce (14) de febrero de Dos Mil Dieciocho
(2018)13, que data de Quince (15) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018).
• Resolución 158 de Dos (2) de Mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)14, con la que se
modifica la anterior resolución únicamente frente al destinatario del giro de los
recursos, disponiendo que el pago se efectuara a nombre de Alianza Fiduciaria S.A.,
en lugar de la Unión Temporal Parques del Pinar, para la adquisición de vivienda;
siendo notificada el Dos (2) de Mayo de Dos Mil Dieciocho (2018) 15 . En los
antecedentes de dicho acto administrativo se indicó que la modificación obedecía a
una solicitud formulada por la demandante; sin embargo, tal petición no obra dentro
del material probatorio allegado al expediente.
12
Tribunal de origen, índice 3, páginas 24 a 26.
13
Tribunal de origen, índice 3, pagina 26.
14
Tribunal de origen, índice 3, páginas 26 a 27.
15
Tribunal de origen, índice 3, pagina 27.
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Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
• Comprobante de consignación emitido por el banco BBVA 16 , que registra una
consignación efectuada el Quince (15) de Mayo de Dos Mil Diecinueve (2019), por
valor de Treinta Cinco Millones de pesos ($35.000.000).
• Petición radicada el Veintitrés (23) de junio de Dos Mil Veinte (2020)17 , mediante
correo electrónico ante la Secretaría de Educación Municipal de Yumbo, en la que, la
actora solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías.
• Acta de conciliación extrajudicial emitida por la Procuraduría 19 Judicial II para
Asuntos Administrativos de Veinticinco (25) de enero de Dos Mil Veintiuno (2021), que
se declaró fallida por no existir ánimo conciliatorio entre las partes18.
• Certificado del Doce (12) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), expedido por
la Fiduprevisora S.A. - FOMAG, mediante la cual se hace constar el pago de las
16
Tribunal de origen, índice 3, página 29
17
Tribunal de origen, índice 3, páginas 30 a 32.
18
Tribunal de origen, índice 3, páginas 33 a 34.
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Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
cesantías parciales reconocidas a la señora Martha Lucía Villada Aguirre, el
Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018)
2.5 . Caso concreto.
31. Sobre el particular, de acuerdo con el devenir fáctico de la actuación, se tiene
acreditado que, la señora Martha Lucía Villada Aguirre solicitó el pago de sus cesantías
parciales el Veintidós (22) de enero de Dos Mil Dieciocho (2018). Por lo tanto, el acto
administrativo debió expedirse en el término de Quince (15) días exigido en el artículo 4
de la Ley 1071 de 2006, esto es, el Doce (12) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018).
32. Visto lo anterior, siguiendo el criterio hermenéutico de la Sala, se tiene que, el término
de exigibilidad de la sanción moratoria en el sub-lite empezó a correr desde el Veinticuatro
(24) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), como se muestra en el siguiente cuadro:
Reclamación para el pago de las 22 de enero de 2018
cesantías parciales
Término de 15 días para emitir acto 12 de febrero de 2018
administrativo
Vencimiento del término de ejecutoria
(Arts. 76 y 87 CPACA) renuncia de los 15 de febrero de 2018
términos de notificación y de ejecutoria
por parte de la demandante.
Vencimiento del término para el pago - 45 24 de abril de 2018
días (Art. 5 Ley 1071 de 2006)
Fecha disposición del dinero 27 de marzo de 2018
33. Así las cosas, se estima que la señora Martha Lucía Villada Aguirre no tiene derecho
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el parágrafo del artículo
5° de la Ley 1071 de 2006, por cuanto quedó demostrado que la entidad demandada
puso a disposición el valor de las cesantías parciales el Veintisiete (27) de marzo de Dos
Mil Dieciocho (2018), dentro del término legal.
34. En ese sentido, la Sala observa que, la certificación aportada por la entidad
demandada señala que los recursos correspondientes a las cesantías parciales de la
señora Martha Lucía Villada Aguirre fueron puestos a disposición el Veintisiete (27) de
marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), por valor de Treinta y Cuatro Millones Trescientos
Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Veinticinco pesos ($34.355.925). Además, identifica
a la beneficiaria, precisa que el pago corresponde a cesantías parciales y coincide con el
valor reconocido mediante los actos administrativos obrantes en el expediente, razón por
la cual constituye un elemento probatorio idóneo para acreditar la fecha en que la entidad
tuvo por cumplida su obligación.
35. Por el contrario, la Sala advierte que, si bien el comprobante emitido por el Banco
BBVA registra como beneficiario a Alianza Fiduciaria S.A., identifica la operación como
nómina de cesantías parciales y señala como fecha el Quince (15) de mayo de Dos Mil
Diecinueve (2019), lo cierto es que registra un valor de Treinta y Cinco Millones de pesos
($35.000.000), suma que no coincide con la reconocida mediante las Resoluciones 227
del Catorce (14) de febrero de Dos Mil Dieciocho (2018) y 158 del Dos (2) de mayo de
Dos Mil Dieciocho (2018), correspondiente a Treinta y Cuatro Millones Trescientos
Cincuenta y Cinco Mil Novecientos Veinticinco pesos ($34.355.925). Adicionalmente,
dicho documento no permite establecer el acto administrativo que sirvió de fundamento
al desembolso, circunstancia que le resta fuerza demostrativa frente a la certificación
expedida por la Fiduprevisora, la cual resulta concordante con las actuaciones
administrativas acreditadas en el proceso.
36. Ahora bien, la Sala resalta que, según se desprende de los antecedentes consignados
en la Resolución 158 del Dos (2) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), la modificación
allí efectuada obedeció a una petición encaminada a que el desembolso de los recursos
se realizara a favor de Alianza Fiduciaria S.A., identificada con NIT 800.194.297-4. No
obstante, la petición que habría dado lugar a la modificación no obra dentro del
expediente. En todo caso, mediante dicho acto administrativo la administración modificó
el destinatario del giro de los recursos, manteniendo incólume el reconocimiento y el valor
de las cesantías parciales previamente otorgadas.
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Número Interno: 6380-2024
Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
37. No obstante, la puesta a disposición de los recursos registrada el Veintisiete (27) de
marzo de Dos Mil Dieciocho (2018) ocurrió con anterioridad a la expedición de la
Resolución 158 del Dos (2) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), mediante la cual, se
modificó el destinatario del giro. Por ello, cualquier actuación posterior relacionada con el
cambio de beneficiario del desembolso no puede ser atribuida a una mora de la
administración, pues, para ese momento, como quedó acreditado, la entidad ya había
puesto a disposición de la demandante los recursos reconocidos por concepto de
cesantías parciales.
38. Adicionalmente, no obra en el expediente prueba alguna que permita concluir que, la
demandante hubiese manifestado inconformidad respecto de la puesta a disposición
efectuada el Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), ni que hubiera
adelantado gestiones tendientes a reclamar la entrega de los recursos, o que la
administración hubiera obstaculizado, negado o retrasado su pago una vez estos se
encontraban disponibles. Tampoco se acreditó que hubiese solicitado la reversión,
anulación o corrección de la puesta a disposición inicialmente efectuada. Por el contrario,
la modificación posterior del destinatario del giro evidencia actuaciones encaminadas a
variar las condiciones inicialmente previstas para el desembolso, circunstancia que no
desvirtúa el hecho de que la obligación ya había sido atendida por la entidad dentro del
término legal.
39. En este punto, la Sala ha precisado que, «el pago de las cesantías no se refiere al cobro
efectivo del dinero por parte del docente, sino a que el Fomag lo deje a su disposición a través de la entidad
bancaria correspondiente».19 En consecuencia, una vez acreditada la disponibilidad de los
recursos, la obligación de pago se entiende cumplida, sin que la fecha en que el
beneficiario decida hacer efectivo su retiro tenga la virtualidad de extender el período de
mora.
40. Bajo ese entendido, la certificación expedida por la Fiduprevisora acredita que los
recursos correspondientes a las cesantías parciales reconocidas a la señora Martha
Lucía Villada Aguirre fueron puestos a su disposición el Veintisiete (27) de marzo de Dos
Mil Dieciocho (2018), esto es, antes del vencimiento del término de cuarenta y cinco (45)
19
Al respecto se pueden revisar, entre otras: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sentencias del 3 de septiembre de
2025, expediente 66001-23-33-000-2021-00396-01(2821-2024); del 28 de marzo de 2019, expediente 68001-23-33-000-2016-00495-
01 (2804-2018); del 22 de julio de 2021, expediente 05001-23-33-000-2017-02996-01 (659-2020); sentencia del 14 de noviembre de
2024, expediente 41001-23-33-000-2022-00016-01 (5155-2022).
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Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
días previsto en el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 para efectuar el pago. Por tanto, la
obligación fue atendida oportunamente y no se configuró mora alguna imputable a la
entidad demandada.
41. Aunado a ello, la demandante no acreditó que la administración hubiera impedido,
retrasado o negado el acceso a los recursos una vez estos se encontraban disponibles,
ni demostró circunstancias que desvirtuaran la puesta a disposición certificada por la
Fiduprevisora. Por el contrario, las actuaciones posteriores relacionadas con la
modificación del destinatario del giro obedecieron a circunstancias distintas al
cumplimiento de la obligación de pago y, por ende, no tienen la entidad suficiente para
prolongar el término de la mora ni para dar lugar al reconocimiento de la sanción
reclamada.
42. Siendo así las cosas, al encontrarse acreditado que las cesantías parciales fueron
puestas a disposición de la demandante dentro del término legal, la Sala revocará la
sentencia de primera instancia y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda,
conforme se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.
2.6 Condena en costas
43. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. REVOCAR la sentencia del Cinco (5) de Septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho, y, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda formulada por la señora Martha Lucía Villada Aguirre, contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
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Accionante: Martha Lucía Villada Aguirre
Accionados: Nación – Ministerio de Educación Nacional y otro
Magisterio (FOMAG), de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta
providencia.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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