Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2022-00016-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2022-00016-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2022-00016-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
14 de noviembre de 2024
Radicación: 41-001-23-33-000-2022-00016-01 (5155-2022)
Demandante: María Cristina Silva Cuellar
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41-001-23-33-000-2022-00016-01 (5155-2022)
Demandante: María Cristina Silva Cuellar
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema: sanción moratoria por el pago tardío de cesantías parciales: leyes 244 de 1995
y 1071 de 2006. Subtema. Prescripción extintiva de la sanción por mora en el pago
tardío de cesantías parciales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida
el 17 de mayo de 2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se
declaró probada la excepción de prescripción y se negaron las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora María Cristina Silva Cuellar solicitó la nulidad del acto administrativo a través
del cual el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006. Afirmó que tiene derecho al reconocimiento y pago de esta, equivalente
a un día de salario por cada día de retardo en la cancelación de las cesantías parciales
reconocidas a su favor, hasta cuando se hizo efectivo el pago, esto es, el 21 de
diciembre de 2016.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
1. Por medio de escrito presentado el 23 de octubre de 2019, la señora María
Cristina Silva Cuellar, por conducto de apoderado, formuló demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra de la Nación -
1 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 3 a 18.
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Radicación: 41-001-23-33-000-2022-00016-01 (5155-2022)
Demandante: María Cristina Silva Cuellar
Demandado: Nación- Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, de conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho
que a continuación se sintetizan.
2.1.1. Pretensiones2
2. La parte actora solicitó que se declare la nulidad del Oficio 1112 de 3 de mayo
de 2019 a través del cual la Secretaría de Educación Municipal de Neiva negó la
solicitud de reconocimiento y pago de la sanción por mora derivada del pago tardío de
las cesantías parciales que le fueron reconocidas mediante la Resolución 637 de 7 de
abril de 2015.
3. A título de restablecimiento del derecho pidió que se ordene a la entidad
accionada reconocer y pagar a su favor la referida sanción, equivalente a un día de
salario por cada día de retardo en el pago de las cesantías parciales, según las leyes
244 de 1995 y 1071 de 2006, que se generó «65 días» hábiles después de la fecha en
la que se radicó la solicitud del auxilio ante la administración y hasta cuando se hizo
efectivo el pago, por valor equivalente a $63.368.998. Además, que se dé
cumplimiento a la sentencia en los términos de lo dispuesto en el artículo 192 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA).
4. Solicitó que las sumas reconocidas sean indexadas de acuerdo con el artículo
187 ibidem y, sobre ellas, se reconozcan y paguen intereses moratorios, desde el día
siguiente de la ejecución de la sentencia y hasta que se efectúe el pago de la sanción
moratoria pretendida.
5. Por último, requirió que se condene en costas a la entidad demandada según lo
establecido en el artículo 188 del CPACA.
2.1.2. Hechos3
6. La Sala resume los supuestos fácticos de la demanda así:
7. La señora María Cristina Silva Cuellar se vinculó como docente oficial4 y
presentó el 5 de febrero de 2015 ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, petición de reconocimiento y
pago de cesantías parciales.
8. Mediante la Resolución 637 de 7 de abril de 2015, le fueron reconocidas las
cesantías parciales para la compra de vivienda; sin embargo, el pago se hizo efectivo
hasta el 21 de diciembre de 2016 por intermedio de entidad bancaria.
9. Después de advertir que dicho pago se efectuó luego de vencido el plazo
previsto por las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 para el efecto, la accionante el 13
de junio de 2018 presentó una petición ante la entidad demandada en la que solicitó
2 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 3 a 4.
3 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 4 a 6.
4 Según la Resolución 637 de 7 de abril de 2015, prestó sus servicios desde el 7 de febrero de 1974.
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el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la cancelación tardía de las
cesantías parciales.
10. Mediante Oficio 1112 de 3 de mayo de 2019, la Secretaría de Educación
Municipal de Neiva negó el reconocimiento reclamado; acto administrativo cuya
nulidad se pretende con la demanda.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación5
• Constitución Política, preámbulo, artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 13°, 25°, 29°, 48°,
53° y 58°.
• Ley 244 de 1995, artículos 1° y 2°.
• Ley 962 de 2005, artículo 56.
• Ley 1071 de 2006, artículos 4° y 5°.
• Decreto 1775 de 1990, artículo 5°.
• Decreto 2831 de 2005.
11. Al explicar el concepto de violación expuso los siguientes argumentos:
12. El acto administrativo acusado se expidió con infracción de las normas en que
debía fundarse y adolece de falsa motivación.
13. Las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron un término de 70 días hábiles a
partir de la radicación de la solicitud de cesantías parciales o definitivas, para que la
administración pague a favor del trabajador el referido auxilio. Ello, con el fin de que
se expida la resolución de reconocimiento de forma oportuna, evitando que la entidad
demore su respuesta.
14. La demandante solicitó al fondo accionado el reconocimiento y pago del auxilio
de cesantías parciales, pero este accedió a lo solicitado con posterioridad al plazo
otorgado para el efecto por las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, razón por la que se
hace exigible la sanción moratoria que ahora se reclama.
2.2. Contestación de la demanda6
15. La Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio pidió que se nieguen las pretensiones de la demanda. Como
argumentos de defensa expuso lo siguiente:
16. La Ley 91 de 1989 prevé que todos los docentes vinculados a partir de su
entrada en vigencia, afiliados al fondo, tienen derecho a que se les pague un mes de
salario por cada año laborado por concepto de auxilio de cesantías, prestación que se
liquida de manera anualizada con base en el último salario devengado.
17. A dichos docentes les es aplicable la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley
1071 de 2006, que establece el procedimiento de reconocimiento de cesantías a
5 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 6 a 15.
6 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 56 a 71.
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servidores públicos y dispone la causación de una sanción por mora, correspondiente
a un día de salario por cada día de retardo en el reconocimiento y pago del auxilio,
luego de transcurrido el término de 70 días hábiles contados a partir de formulada la
solicitud de la prestación ante la administración.
18. La sanción por mora que reclama la parte actora no corresponde a aquella
verdaderamente causada. Además, de acuerdo con la sentencia de unificación del 18
de julio de 2018 proferida por el Consejo de Estado, no procede la indexación de tal
penalidad, pues ello sería imponer un castigo doble al empleador.
19. De acuerdo con la certificación de pago expedida por el Fondo, que obra en el
expediente, la mora en la que incurrió la entidad por el retraso en el pago de las
cesantías parciales es de 26 días y no de 701 días, como lo alega la parte demandante.
20. La entidad accionada solicitó que no se le condene al pago de costas, teniendo
en cuenta el carácter subjetivo de estas, pues dentro del proceso ha actuado con
buena fe y acorde a los principios constitucionales.
2.3. Sentencia de primera instancia7
21. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 17 de mayo de 2022, en
la que (i) declaró la nulidad del Oficio 1112 del 3 de mayo de 2019; (ii) probada la
excepción de prescripción en relación con el derecho a la sanción moratoria causada
a favor de la actora del 22 de mayo al 16 de junio de 2015; (iii) negó el restablecimiento
solicitado, así como las demás pretensiones de la demanda; y (iv) no condenó en
costas a la parte vencida. La providencia se fundó en las siguientes consideraciones:
22. Es procedente el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el no pago
oportuno de las cesantías, establecida en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, a
favor de los docentes oficiales mientras se encuentren afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio por tratarse de servidores públicos, según las
reglas jurisprudenciales fijadas en la sentencia de unificación proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018.
23. De acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 1071 de 2006, la sanción
moratoria comienza a correr fenecidos los 70 días hábiles siguientes a la radicación
de la petición de reconocimiento y pago de las cesantías; término que corresponde a:
(i) 15 días para proferir la resolución;
(ii) 10 días de ejecutoria del acto administrativo; y
(iii) 45 días para efectuar el pago.
24. Aun cuando no procede la indexación de la sanción por mora aludida,
tratándose de una penalidad impuesta al empleador, según lo dispuesto en la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, ello no impide que se indexe el monto
definitivo al que sea condenada la entidad por concepto de tal sanción, pues el artículo
187 del CPACA prevé que las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida
de dinero se ajustarán a partir del IPC.
7 Samai, índice 02, ED_SENTENCIA_26_41001233300020220(.pdf).
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25. En el expediente, se logró acreditar que la accionante en condición de docente
presentó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales el 5 de febrero de
2015, la cual debió resolverse el 26 del mismo mes y año; pero la respuesta se profirió
de forma favorable el 7 de abril de 2015, mediante la Resolución 637 de ese mismo
día.
26. El 21 de diciembre de 2016, contrario a lo alegado por la parte actora, no puede
considerarse como la fecha de pago de las cesantías parciales, toda vez que el
comprobante de pago del banco BBVA aportado con la demanda no da cuenta de
consignación alguna a favor de la accionante, en tanto dicho documento simplemente
corresponde a la asignación de clave de una tarjeta de crédito.
27. El tribunal sostuvo que los 10 días de ejecutoria del acto de reconocimiento de
cesantías fenecieron el 12 de marzo de 2015, y los 45 días para el pago vencieron el
21 de mayo de 2015; no obstante, este ocurrió el 17 de junio de 2015, según la
certificación expedida por la Fiduprevisora allegada por la entidad accionada. En
consecuencia, se presentó una mora por el periodo del 22 de mayo al 16 de junio de
2015, que desvirtúa la presunción de legalidad del acto acusado, el cual infringe las
normas en que debió fundarse, sin que sea necesario estudiar la falsa motivación
alegada.
28. Resulta claro que la accionante tiene derecho a la sanción moratoria prevista
en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, pero sobre esta operó la prescripción trienal
extintiva, establecida en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social. Esto, teniendo en cuenta que como el derecho se hizo exigible a
partir del 22 de mayo de 2015, la accionante tenía hasta el 22 de mayo de 2018 para
presentar la reclamación respectiva ante el fondo y lo hizo hasta el 13 de junio de 2018.
29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA adicionado por
el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, no hay lugar a condenar en costas.
2.4. Recurso de apelación8
30. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia, para que se revoque,
con fundamento en lo siguiente:
31. De acuerdo con las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tenía un plazo de 70 días hábiles para efectuar
el pago de las cesantías parciales solicitadas por la demandante, lo que se corrobora
con la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018 proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
32. La entidad accionada no logró probar el medio a través del cual notificó (llamada
telefónica, correo electrónico, documento) a la accionante acerca de haber puesto a
disposición el pago de las cesantías parciales que le fueron reconocidas, pues el recibo
del banco BBVA allegado al plenario demuestra que la fecha en la que le fue cancelada
la prestación a la accionante (21 de diciembre de 2016) es una totalmente diferente a
8 Samai, Gestión en otros despachos, índice 19,
30_RECEPCIONRECURSOAPELACION_APELACION_RECURSODEAPELACION(.pdf).
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aquella en que se puso a disposición el dinero en la entidad bancaria (17 de junio de
2015), y que fue tenida en cuenta por el tribunal como fecha en la que cesó la mora.
33. Reiteró que tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
el pago tardío de cesantías parciales, toda vez que el auxilio tenía una destinación
específica y al no pagarse oportunamente se le causó un perjuicio material y moral.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia9
34. Mediante auto del 26 de enero de 2023, el despacho ponente admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de primera
instancia. Además, prescindió del periodo para correr traslado a las partes, al señalar
que no existían pruebas por decretar en segunda instancia.
2.6. Ministerio Público10
35. No rindió concepto.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
36. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso primero del artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, según el cual el Consejo de Estado
conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.
3.2. Problema jurídico
37. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia, corresponde a la Sala definir si:
38. ¿La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, como
consecuencia del pago tardío de las cesantías parciales, a la que tiene derecho la
señora María Cristina Silva Cuellar se causó hasta el 21 de diciembre de 2016, como
lo alega la parte actora?
39. Seguidamente, se establecerá si operó la prescripción extintiva del derecho a la
sanción por mora reclamada.
40. Para resolver los interrogantes que integran los problemas jurídicos, la Sala
abordará los siguientes temas:
(i) la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006;
(ii) las reglas jurisprudenciales previstas en la sentencia de unificación CE-
SUJ2-012-18 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18
de julio de 2018; y
9 Samai, índice 05.
10 Samai, índice 12.
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(iii) la prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías.
41. A partir de las anteriores consideraciones (iii) se destacarán los hechos
probados relevantes y (iv) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema
jurídico planteado.
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. La sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
42. La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan los términos para el pago
oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», prevé el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos. En el parágrafo del artículo 2°
se regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
obligada, consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de estas11.
43. Tal sanción se estableció con el propósito de «proteger el derecho de los
servidores públicos que se retiran del servicio a percibir oportunamente la liquidación
definitiva de sus cesantías», o el derecho que tienen a pedirlas de manera parcial para
educación o vivienda, buscando con ello que la administración expida las resoluciones
en forma oportuna y expedita para evitar corrupción, favorecimientos indebidos y
perjuicios a los trabajadores.
44. La referida norma fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio
de 2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación» (art.1). Igualmente, dispuso el término para la expedición de la resolución
que reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria en los artículos
4° y 5°, así:
ARTÍCULO 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
PARÁGRAFO. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al
recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
ARTÍCULO 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
11 «PARÁGRAFO. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable de éste».
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administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para
el Fondo Nacional de Ahorro.
PARÁGRAFO. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de
los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra
el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa
imputable a este.
45. De acuerdo con lo expuesto, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir dentro de los 15 días
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías
definitivas o parciales, la respectiva resolución de reconocimiento. En el evento en que
la solicitud esté incompleta, deberá informársele al peticionario para que la subsane.
A su vez, tendrá como plazo máximo 45 días hábiles, a partir de la fecha en que cobre
firmeza el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías, para
cancelarlas. En caso de mora, la entidad obligada debe reconocer y pagar al
beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las cesantías.
3.3.2. Reglas jurisprudenciales - sentencia de unificación CE-SUJ2-012-18
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 18 de julio de 2018
46. La Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia en mención definió
que a los docentes oficiales les son aplicables las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006,
que establecen la sanción por mora en el reconocimiento y pago tardío de las
cesantías, toda vez que integran la categoría de servidores públicos, «en atención a la
naturaleza del servicio prestado, la regulación de la función docente y a su ubicación
dentro de la estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado, y la implementación
de la carrera docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio».
47. Así, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace exigible la
sanción por mora, desarrolló las siguientes reglas jurisprudenciales:
3.5.1 Unificar jurisprudencia en la sección segunda del Consejo de Estado, para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley
244 de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por el pago
tardío de sus cesantías.
3.5.2 Sentar jurisprudencia precisando que cuando el acto que reconoce las cesantías
se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria
corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto;
y iii) 45 días para efectuar el pago.
194. Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la
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ley12 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual
modo, que cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria,
el acto de reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En
ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del empleador
como computables para sanción moratoria.
195. De otro lado, también se sienta jurisprudencia precisando que cuando se
interpone el recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el acto que lo
resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía, correrán
pasados 15 días de interpuesto.
48. Por último, se advierte que la citada sentencia de unificación sentó
jurisprudencia en cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la
imposibilidad de indexar esa base, sin perjuicio de la actualización de la respectiva
condena, en los términos del artículo 187 del CPACA, así:
3.5.3 Sentar jurisprudencia señalando que, tratándose de cesantías definitivas, el
salario base para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la
fecha en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las
cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación
básica vigente al momento de la causación de la mora, sin que varíe por la prolongación
en el tiempo.
3.5.4 Sentar jurisprudencia, reiterando que es improcedente la indexación de la
sanción moratoria. Lo anterior, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 187 del CPACA.
3.3.3. Prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías
49. En la sentencia de unificación CE-SUJ004 proferida por la Sección Segunda de
esta corporación, el 25 de agosto de 201613, se definió que la sanción por mora en el
pago tardío o no pago de las cesantías es una penalidad que no puede ser considerada
como un derecho imprescriptible, razón por la cual está sometida a la prescripción
trienal.
50. El mismo criterio se mantuvo en la sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-
2023 dictada por la Sección Segunda el 2 de noviembre de 202314, en la que se señaló
que la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 depende
de que el derecho a las cesantías se haga exigible; además, la posibilidad de reclamar
efectivamente tal sanción existe mientras no haya vencido el término de prescripción.
Al respecto, se explicó que:
69. […] la causación de la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006, depende de que el derecho al auxilio de cesantía sea exigible, entendiendo que
este derecho pueda ser reclamado tanto en sede administrativa como judicial, toda vez
que si el interesado pierde la oportunidad de reclamar el reconocimiento y pago de la
12 Artículos 68 y 69 CPACA.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número: 08001 23 31
000 2011 00628-01 (0528-14).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicación número:
080012333000201200200-02 (2459-2014).
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prestación social por su inactividad, mal podría comprenderse que continúa abierta la
posibilidad de conminar el pago de la sanción moratoria, puesto que esta penalidad nace
a la vida jurídica con el único propósito de garantizar el pago oportuno de la prestación,
[…]
71. Además de lo expuesto, el derecho a reclamar la sanción moratoria radica en que no
haya fenecido la posibilidad de exigir la ejecución o la declaración del reconocimiento de
esta penalidad, con lo cual se impone considerar que será un deber del beneficiario el
actuar proactivamente para que esta penalidad no se pierda.
72. En lo que tiene que ver con este aspecto, se enfatiza que el interesado disipa la
posibilidad de obtener el reconocimiento y pago de la sanción cuando reclama ante la
administración de forma extemporánea o acude tardíamente a la administración de
justicia, escenario que acarrea la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva,
[…].
51. En la misma providencia se indicó que, según el criterio pacífico de la
jurisprudencia de la Sección Segunda, el término de la prescripción extintiva para
efectos de la sanción moratoria es el previsto en el artículo 151 del CPTSS, el cual
dispone lo siguiente:
ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se
haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el
{empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la
prescripción, pero sólo por un lapso igual.
52. Lo anterior, comoquiera que la prescripción establecida en los Decretos 3135
de 196815 y 1848 de 196916, solo se refiere a los derechos de que tratan esas normas,
entre los que no figura la sanción moratoria, en tanto para el momento en el que fueron
dictadas tal penalidad no se había instituido.
3.4. Hechos probados
53. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se evidencia lo
siguiente:
54. La señora María Cristina Silva Cuellar en calidad de docente presentó el 5 de
febrero de 2015 solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales ante la
accionada, según lo relata la parte actora en el acápite de hechos de la demanda y el
acto de reconocimiento del auxilio de cesantías17.
55. Mediante la Resolución 0637 del 7 de abril de 2015, la Secretaría de Educación
Municipal de Neiva en representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
15 Artículo 41. Las sanciones que emanen de los derechos consagrados en este decreto prescribirán en tres años
contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o
trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la
prescripción, pero solo por un lapso igual.
16 Artículo 102. Prescripción de acciones.
1. Las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho
o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero solo por un lapso igual.
17 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 5 y 26.
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del Magisterio reconoció a favor de la demandante unas cesantías parciales para la
compra de vivienda y ordenó pagar la suma reconocida a través de la entidad fiduciaria
La Previsora18. Dicho acto administrativo se notificó el 13 de abril de 201519.
56. El día 17 de junio de 2015 el dinero correspondiente al pago de las cesantías
parciales reconocidas a la accionante se dejó a su disposición por parte de la
Fiduprevisora, conforme con la certificación expedida por la misma entidad20.
57. El 21 de diciembre de 2016, el banco BBVA, sucursal Neiva, expidió
«comprobante de asignación de clave tarjeta débito», con nombre de cliente: M.C.
Silva Cuellar, cuya copia se aportó con la demanda21.
58. El 13 de junio de 2018 la demandante presentó ante el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación Municipal
de Neiva, solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en
las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el pago tardío de sus cesantías parciales
por los servicios prestados como docente22.
59. Mediante Oficio 1112 de 3 de mayo de 2019, la secretaría de educación en
mención negó el reconocimiento de la sanción por mora pretendida por la accionante23.
3.5. Caso concreto. Análisis de la Sala
3.5.1. Resolución del primer problema jurídico – Derecho al reconocimiento de
la sanción por mora en el reconocimiento y pago tardío de cesantías parciales
60. La inconformidad de la parte actora con la sentencia de primera instancia es el
periodo de causación de la mora por el no pago oportuno de las cesantías parciales
reconocidas a su favor, el cual sostiene finaliza el 21 de diciembre de 2016, pues el
pago se efectuó a través de entidad bancaria ese día, sin que la entidad accionada
hubiese acreditado que con anterioridad comunicó a la docente sobre el giro del dinero
a la entidad bancaria.
61. En este orden de ideas, el primer problema jurídico propuesto se formuló
alrededor de si el pago de la sanción por mora prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006, a la que tiene derecho la accionante se causó hasta el 21 de diciembre
de 2016, conforme lo reclama.
62. Ahora bien, revisado el expediente se observa que la demandante presentó la
solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales el 5 de febrero de 2015
18 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 26 a 27.
19 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), pág. 28.
20 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), pág. 72.
21 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), pág. 32.
22 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 21 a 23.
23 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 24 a 25.
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ante el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG, que tenía
15 días hábiles para proferir el respectivo acto administrativo, esto es, hasta el 26 de
febrero de 2015.
63. Sin embargo, se tiene que la Resolución 637 - acto de reconocimiento de
cesantías - se expidió hasta el 7 de abril de 2015, esto es, por fuera del término
otorgado para el efecto. Por ende, conforme la sentencia de unificación del 18 de julio
de 2018 (regla 3.5.2) resumida en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, la sanción por mora corrió 70 días hábiles después de radicada la solicitud
de reconocimiento.
64. Precisado lo anterior, siguiendo las reglas jurisprudenciales de la sentencia de
unificación CE-SUJ2-012-18, en el caso particular los plazos descritos trascurrieron
así:
Término Fecha Caso concreto
Fecha de la reclamación de las
cesantías parciales 05/02/2015
Vencimiento del término para Fecha de
el reconocimiento - 15 días (Art. 4 L. 26/02/2015 reconocimiento: 07/04/2015
1071/2006
Vencimiento del término de ejecutoria – Notificación: 13/04/2015
10 días (Arts. 76 y 87 CPACA) 12/03/2015
Vencimiento del término para el pago - Fecha disposición del
45 días (Art. 5 L. 1071/2006) 21/05/2015 dinero: 17/06/2015
Período de
mora: 22/05/2015 – 16/06/2015
65. Según lo expuesto, se estima que la señora María Cristina Silva Cuellar tiene
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el parágrafo
del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, por cuanto quedó demostrado que la entidad
demandada le reconoció y pagó fuera del término legal las cesantías parciales
solicitadas.
66. En este punto, se señala que el pago efectivo de las cesantías que da lugar a
la cesación de la sanción por mora se configura cuando el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio pone el dinero correspondiente a disposición del
beneficiario en la institución bancaria respectiva, como se ha considerado en otras
oportunidades; por ejemplo, en sentencia del 28 de marzo de 2019, en la cual se
expuso que24:
(…) de acuerdo con la fecha en que se radicó la solicitud de retiro parcial de
cesantías con destino a construcción de vivienda, la sanción moratoria se causó
desde a partir del 7 de febrero de 2013, esto es, al día siguiente del vencimiento
de los 70 días hábiles con que contaba la administración para el reconocimiento
y pago de la prestación aludida, hasta el 30 de mayo de 2013, día anterior en
que se hizo efectivo el pago de la suma reconocida conforme a lo dispuesto por
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 28
de marzo de 2019, radicación número 68001-23-33-000-2016-00495-01 (2804-2018).
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el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 200625, toda vez que el pago por el
valor total reconocido tuvo lugar el 31 de mayo de 2013, tal como se evidencia
del certificado expedido en por la Fiduprevisora, pues el hecho de que el actor
haya retirado la suma correspondiente hasta el 14 de abril de 2014, no conlleva
a que la penalidad se causó hasta ese momento, pues la ley establece «hasta
que se haga efectivo el pago», lo cual ocurrió en el 2013.
67. Así las cosas, se señala respecto a la inconformidad de la parte actora frente a
la fecha tenida en cuenta como de cesación de la mora, que, esta se causó hasta el
momento en que se hizo el pago efectivo de la obligación, que corresponde al día en
que el giro por concepto de cesantías parciales se puso a disposición de la beneficiaria,
esto es, el 17 de junio de 2015, según se evidencia en la certificación expedida por la
Fiduprevisora que obra en el expediente26.
68. A su vez, se estima que contrario a lo manifestado por la recurrente, la
consignación o giro de las cesantías a la entidad bancaria no es un acto administrativo
que, por ende, amerite notificarse o comunicarse al acreedor para que surta efectos,
en tanto se trata de un trámite en el que se da cumplimiento a la orden de
reconocimiento de las cesantías.
69. Sobre el particular, se aclara que la sanción es por el reconocimiento y pago
extemporáneo de las cesantías, de modo que la mora cesa con la cancelación de
estas, y no con la existencia de una comunicación al beneficiario sobre el desembolso
correspondiente, en tanto ello supondría sostener que la penalidad es por la tardanza
en notificar el cumplimiento de un acto administrativo, lo que no corresponde a lo
previsto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
70. Finalmente, se observa que la accionante afirmó que el 21 de diciembre de 2016
se efectuó el pago de las cesantías, para lo cual aportó un documento emitido por la
entidad bancaria BBVA27, que corresponde a un «comprobante de asignación de clave
tarjeta débito», por lo que hace alusión a una situación que no tiene relación con el
objeto de la controversia, dicho de otro modo, a un hecho totalmente ajeno al pago
oportuno de las cesantías que reclamó; razón por la cual no es idóneo para desvirtuar
que dicha prestación se canceló el 17 de junio de 2015.
71. Aclarado lo anterior, se tiene que en el caso concreto la sanción por mora en el
pago tardío de las cesantías parciales, como se mostró en el cuadro previo, se causó
del 22 de mayo de 2015 (día siguiente a aquel en el que fenecieron los 70 días hábiles
siguientes a la radicación de la petición de reconocimiento y pago de las cesantías) al
16 de junio de 2015 (día anterior a aquel en el que se puso a disposición de la
accionante la señalada prestación).
25 «Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la
entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de
retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se
demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este.»
26 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), pág. 72.
27 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), pág. 32.
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72. Resolución del segundo problema jurídico - prescripción de la sanción por
mora en el reconocimiento y pago tardío de cesantías parciales
73. En primer lugar, conforme con el acápite 3.3.3. de esta providencia, se resalta
que como la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales no es
imprescriptible, resulta necesario que el trabajador reclame la penalidad ante la
administración dentro del término de los tres años siguientes a su exigibilidad, según
lo dispuesto en el artículo 151 del CPTSS.
74. Así, se tiene que en el presente asunto como se analizó antes, la sanción
moratoria se hizo exigible a partir del 22 de mayo de 2015, razón por la cual la
accionante tenía hasta el 22 de mayo de 2018 para acudir al Fondo y solicitar el
reconocimiento de esta, sin embargo, lo hizo el 13 de junio de 201828; momento en el
que había fenecido el término para el efecto y, por ende, operó el fenómeno de la
prescripción extintiva del derecho.
75. En consecuencia, se debe confirmar la sentencia de primera instancia que
declaró probada la excepción de prescripción y negó las pretensiones de la demanda.
3.6. Conclusión de la decisión
76. A partir del estudio de la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018
proferida por la Sección Segunda de la corporación, se concluye que la señora María
Cristina Silva Cuellar en calidad de docente oficial tiene derecho a que se le reconozca
y pague la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, prevista en
las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, a partir del 22 de mayo de 2015 (fecha en la
que feneció el término de 70 días hábiles para el pago a partir de la radicación de la
petición de reconocimiento de las cesantías) y hasta el 16 de junio de 2015 (día anterior
al momento en que se puso a disposición el dinero para pago). No obstante, lo cierto
es que operó la prescripción extintiva del derecho, toda vez que causada la sanción a
partir del 22 de mayo de 2015, la solicitud del reconocimiento de esta ante la
administración se presentó el 13 de junio de 2018, es decir, transcurridos más de tres
años desde que el derecho se hizo exigible.
3.7. Costas
77. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 29 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
28 Samai, Gestión en otros despachos, índice 03,
1_EXPEDIENTEDIGITAL_EXPFISICO_0001EXPEDIENTEFISICO(.PDF), págs. 21 a 23.
29 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del artículo 188 no
morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya
14
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decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a imponer dicha
condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores
conductas.
78. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 17 de mayo de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Huila, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota
en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido: Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7 de abril de
2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
15
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