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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01200-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01200-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: INAPLICAR, para el caso concreto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, según lo considerado en precedencia. SEGUNDO: REVOCAR, la sentencia del 23 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en su lugar, ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente asunto. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-01200-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., seis (06) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 76-001-23-33-000-2021-01200-01 (0114-2025)1
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones.
Demandado : María del Rosario Gorrón Saavedra
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Lesividad-pensión de vejez. Excepción de caducidad.
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por el
apoderado judicial de la parte demandada contra la sentencia del 23 de octubre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual,
se declaró probada la excepción de caducidad y se negaron las pretensiones de la
demanda, relacionadas con la nulidad de un acto administrativo mediante el cual
Colpensiones reconoció una pensión de vejez a la demandada.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1 Pretensiones

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, actuando por
conducto de apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con
el fin de solicitar:

• La nulidad parcial de la Resolución No. 30756 del 20 de septiembre de 2012,
mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales – ISS reconoció y ordenó el

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Expediente digital puede ser consultado en el aplicativo Samai.
2
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – gestionar documentos- archivo
zip- NroActua 3-archivo de nombre 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIA.

2
Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

ingreso en nómina de pensionados de la señora María del Rosario Gorron
Saavedra, a partir del 1° de agosto de 2012, por concepto de pensión de
vejez, de conformidad con la Ley 797 de 2003, al haberse concedido una
mesada superior a la que legalmente correspondía.

A título de restablecimiento del derecho, la parte actora solicitó:

Se ordene a la demandada reintegrar las sumas de dinero que haya recibido en
exceso por concepto del reconocimiento y pago de la pensión de vejez, hasta que
se conceda la nulidad deprecada, debidamente indexadas, y se ordene el pago de
los intereses legales correspondientes, como consecuencia de los pagos realizados
en virtud del acto administrativo demandado.

Asimismo, se solicitó la condena en costas a la parte pasiva.

1.2 Hechos

Señaló el apoderado de la entidad demandante que, mediante Resolución No.
20430 del 28 de mayo de 2012, el Instituto de Seguros Sociales –ISS– reconoció a
la señora María del Rosario Gorron Saavedra una pensión de vejez a partir del 1°
de julio de 2012, con una mesada inicial de $2.824.202, calculada sobre un ingreso
base de liquidación (IBL) de $3.654.506, al cual se le aplicó una tasa de reemplazo
del 77.28%, con fundamento en 1.687 semanas cotizadas, teniendo como
fundamento legal lo dispuesto en la Ley 797 de 2003.

Indicó que, mediante Resolución No. 30756 del 20 de septiembre de 2012, el ISS
modificó el acto anterior, calculando una pensión por valor de $2.824.208 y un IBL
de $3.654.514, disponiendo el ingreso en nómina de la mencionada pensión a partir
del 1° de agosto del mismo año.

Relató que, el 4 de junio de 2021, la señora Gorron Saavedra solicitó a
Colpensiones la reliquidación de su pensión de vejez. En respuesta, la entidad
realizó un nuevo estudio del reconocimiento pensional y evidenció que la afiliada
contaba con un total de 11.899 días laborados, equivalentes a 1.699 semanas
cotizadas al sistema general de pensiones, y que había nacido el 6 de noviembre
de 1954, teniendo entonces 66 años de edad.

Explicó que, al efectuar la reliquidación de la prestación, Colpensiones estableció
que el valor de la mesada pensional para el año 2021 ascendía a $3.889.312, suma

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

inferior a la que se venía pagando en nómina, la cual era de $3.910.120. Señaló
que dicha disminución se originó por la incorporación de doce semanas adicionales
a las reconocidas inicialmente.

Sostuvo que, al pagarse una mesada superior a la que legalmente correspondía, se
configuró un error en la liquidación original que causó un perjuicio al erario
administrado por Colpensiones.

Manifestó que, como consecuencia de lo anterior, mediante Auto de Pruebas No.
APSUB 2682 del 11 de octubre de 2021, Colpensiones solicitó a la señora Gorron
Saavedra autorización para revocar la Resolución No. 30756 de 2012, por
encontrarse percibiendo un valor superior al que en derecho le correspondía. Dicho
auto fue notificado de manera efectiva el 14 de octubre de 2021, sin que la
beneficiaria emitiera respuesta alguna.

Finalmente, señaló que mediante Resolución SUB 306445 del 18 de noviembre de
2021, Colpensiones resolvió el trámite del mencionado auto de pruebas y remitió
copia del acto administrativo a la Dirección de Procesos Judiciales, con el fin que
se adelantaran las acciones legales a que hubiere lugar.

1.3 Normas violadas y concepto de violación

El apoderado de la parte actora fundamentó su demanda en el artículo 48 de la
Constitución Política y en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificados
por la Ley 797 de 2003, normas que regulan los requisitos y el monto de la pensión
de vejez.

Sostuvo que, el acto administrativo acusado no se ajusta a dichos preceptos legales,
de modo que el reconocimiento de la prestación económica vulnera directamente la
Constitución y la ley. Explicó que se presentó una errada liquidación de la mesada
pensional, al no haberse tenido en cuenta doce semanas adicionales de cotización.
Su inclusión afectó el ingreso base de liquidación y redujo la cuantía de la pensión
reconocida, haciendo que el acto inicial resultara contrario a derecho y causara un
perjuicio al erario.

Indicó que, con base en la revisión realizada en 2021, el valor que en derecho le
corresponde a la señora María del Rosario Gorron Saavedra asciende a $3.889.312,
suma inferior a la que viene recibiendo actualmente, la cual es de $3.910.120.

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

2. Contestación de la demanda3

La parte demandada propuso como excepciones de mérito que denominó: legalidad
del acto administrativo, inexistencia de la obligación y el cobro de lo no debido,
prescripción trienal, buena fe y la innominada.

En cuanto a la legalidad del acto, sostuvo que la pensión de vejez reconocida a la
señora María del Rosario Gorron Saavedra mediante Resolución No. 20430 del 28
de mayo de 2012 se ajustó a derecho, al haberse otorgado con base en lo dispuesto
en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993, modificados por la Ley 797 de 2003.

Señaló que la liquidación se realizó correctamente, con un ingreso base de
$3.654.506 y una tasa de reemplazo del 77.28%, calculada sobre 1.687 semanas
cotizadas.

Frente a la excepción de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido,
argumentó que el monto reconocido fue incluso inferior al que legalmente
correspondía, y que en ningún caso se generó un pago indebido. Sobre la
prescripción, invocó la trienalidad establecida en el régimen laboral, aplicable a las
obligaciones de tracto sucesivo exigibles tres años antes de la presentación de la
demanda. Afirmó, además, que su representada actuó en todo momento con buena
fe, cumpliendo con los requisitos legales exigidos para acceder a la pensión.

En respaldo de su defensa, desarrolló argumentos constitucionales y legales sobre
el sistema pensional colombiano, destacando la aplicación del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al cual la beneficiaria tenía
derecho por cumplir los requisitos de edad y tiempo de cotización antes del 1° de
abril de 1994. Sostuvo que debía aplicarse el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por
el Decreto 758 del mismo año, conforme a la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, especialmente la sentencia SL-1947 de 2020, que permite acumular
semanas cotizadas al ISS y tiempos laborados en el sector público.

Indicó que, la señora Gorron Saavedra reunió 1.699 semanas cotizadas en total, y
que, en 2010, solicitó su pensión de vejez. Esta fue reconocida inicialmente
mediante la Resolución No. 20430 de 2012 y posteriormente modificada por la

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Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 11.

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

Resolución No. 30756 del 20 de septiembre del mismo año, que ordenó su ingreso
en nómina desde el 1° de agosto de 2012 y el pago del retroactivo correspondiente.

Expuso que, en 2021, la actora solicitó la reliquidación de su pensión conforme al
régimen de transición, la cual fue negada mediante Resolución No. SUB 306445 del
18 de noviembre de 2021, al no haberse autorizado la revocatoria directa del acto
previo. Según los cálculos aportados, la mesada resultante bajo el régimen de
transición ascendería a $3.346.223, monto inferior al actualmente percibido. Advirtió
que dicha situación está siendo discutida en el proceso ordinario laboral tramitado
ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cali.

Finalmente, resaltó que, algunos periodos laborados no fueron incluidos en la
historia laboral por mora patronal, y que su inclusión podría modificar el monto final
de la pensión, aspecto que también está siendo objeto de análisis en dicho proceso
judicial.

3. Sentencia de primera instancia4

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia de primera
instancia proferida el 23 de octubre de 2024, declaró de oficio la caducidad del
medio de control y negó las pretensiones de la demanda.

El a quo consideró que, la demanda cuestionaba la legalidad de la Resolución No.
30756 del 20 de septiembre de 2012, por medio de la cual se reconoció e ingresó a
nómina la pensión de vejez de la demandada, la cual fue presentada el 16 de
diciembre de 2021, es decir, más de cinco años después de la expedición del acto
acusado, excediendo el término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.

Explicó que dicha norma, vigente desde su promulgación en julio de 2024, establece
que las acciones contencioso administrativas contra actos de reconocimiento
pensional solo podrán ejercerse dentro de los cinco años siguientes a su expedición,
salvo casos de fraude o delito, circunstancias que no se acreditaron en el
expediente. En consecuencia, concluyó que la acción fue presentada
extemporáneamente.

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Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMA – gestión en otros despachos – índice 37.

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

Asimismo, el Tribunal desestimó la solicitud de suspensión por prejudicialidad
formulada por la parte demandada, en la que se alegaba la existencia de un proceso
ordinario laboral en curso. Consideró que, dado que se acreditó la configuración del
fenómeno de caducidad, resultaba innecesario pronunciarse sobre dicha petición,
en aplicación del principio de economía procesal.

Finalmente, el A- quo se abstuvo de imponer condena en costas, al tratarse de un
proceso relacionado con el reconocimiento de derechos pensionales, en el que se
debate un interés público, conforme a lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA.

4. Recurso de apelación5

Inconforme con la decisión de primera instancia, Colpensiones interpuso recurso de
apelación donde cuestionó la declaratoria de caducidad, al considerar que el juez
de primera instancia aplicó de forma indebida el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
norma que aún no se encontraba vigente al momento de la presentación de la
demanda.

En cuanto al fondo del asunto, Colpensiones expuso que, mediante la Resolución
20430 de 2012, se reconoció a María del Rosario Gorron Saavedra una pensión de
vejez, la cual fue modificada posteriormente por la Resolución 30756 del mismo
año. Sin embargo, en un estudio de reliquidación realizado en 2021, se estableció
que el valor inicialmente reconocido de la mesada pensional excedía el monto
realmente debido, generando así un presunto pago de lo no debido por una suma
superior a los $78.000.000. En consecuencia, la entidad adelantó el procedimiento
para revocar directamente el acto administrativo, sin que la beneficiaria respondiera
a la solicitud.

Se argumentó que la demanda había sido presentada en el año 2022, momento en
el cual se encontraba vigente el artículo 164 del CPACA, que permitía acudir al
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo
respecto de actos que reconocieran prestaciones periódicas. Afirmó que aplicar
retroactivamente la nueva norma procesal constituía una vulneración del debido
proceso y desconocía los principios de legalidad y seguridad jurídica.

Finalmente, insistió en que el reconocimiento pensional se efectuó sin respaldo
normativo válido, lo que generó un enriquecimiento sin causa en favor de la

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Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – índice 40 .

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

beneficiaria y afectó negativamente la sostenibilidad financiera del sistema
pensional. Por ello, solicitó la revocatoria de la sentencia apelada, la declaración de
legalidad de las actuaciones administrativas de Colpensiones y la devolución de los
valores pagados indebidamente, así como la condena en costas a la parte
demandada.

5. Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Mediante auto del 1 de abril de 20256, este despacho admitió el recurso de
apelación conforme a lo previsto en el artículo 2477 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

No hubo pronunciamiento del Ministerio Público.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el inciso 18 el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte actora,
corresponde a la Sala determinar si, en el presente caso, era procedente declarar
de oficio la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, o si, por el contrario, debía
aplicarse lo previsto en el numeral 1, literal c, del artículo 164 de la Ley 1437 de
2011, norma vigente al momento de la presentación de la demanda.

En el evento que no sea viable dar aplicación a lo dispuesto en la citada Ley 2381
de 2024 deberá analizarse sí: i) procede la declaratoria de nulidad del acto
demandado y la consecuente devolución de las sumas percibidas sin justa causa;
al haberse presentado un error en la liquidación de la pensión reconocida a la

6
Expediente digital – SAMAI – Índice 04-segunda instancia.
7
Modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
8
modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021
9
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio
de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

señora María del Rosario Gorrón Saavedra; o ii) en su defecto, en aras de garantizar
los principios de acceso material a la administración de justicia, doble instancia y
debido proceso, es del caso devolver el expediente al Tribunal de origen con el fin
que emita pronunciamiento de fondo sobre lo pretendido.

Previo a lo cual, se analizará si resulta procedente la aplicación de la figura de
prejudicialidad aducida por la parte demandada.

2.2.1. Improcedencia de la suspensión del proceso por prejudicialidad

La suspensión del proceso por prejudicialidad, prevista en el artículo 161.1 del
Código General del Proceso, exige la existencia de un proceso paralelo cuya
decisión sea determinante para el fallo del asunto en curso, de manera que exista
una relación de dependencia directa y necesaria que impida resolver
adecuadamente sin conocer previamente la resolución del otro litigio.

En el presente caso, la parte demandada solicitó la suspensión del proceso con
fundamento en la existencia de un proceso ordinario laboral en curso, promovido
por la señora María del Rosario Gorrón Saavedra contra Colpensiones, con el fin de
obtener la reliquidación de su pensión de vejez con base en el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990.

Sin embargo, la Sala advierte que no se configura una relación de
prejudicialidad en los términos exigidos por la ley, por cuanto el objeto del
proceso que se tramita ante la jurisdicción laboral ordinaria no tiene incidencia
directa ni condiciona la decisión que debe adoptarse en el presente proceso
contencioso-administrativo, el cual tiene por objeto analizar la validez del acto
administrativo contenido en la Resolución No. 30756 de 2012, expedida por el
extinto Instituto de Seguros Sociales, bajo la óptica de un presunto error en la
liquidación de la pensión que habría generado un pago indebido y un perjuicio al
erario.

En efecto, mientras que en la jurisdicción laboral se discute un eventual mejor
derecho de la señora Gorrón Saavedra a percibir una pensión superior en virtud de
un régimen prestacional especial, en esta causa se debate si el acto de
reconocimiento pensional que le otorgó una mesada mensual determinada se ajustó
o no a los parámetros legales aplicables al momento de su expedición, bajo el

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

supuesto que se omitieron semanas cotizadas. El proceso contencioso versa,
por tanto, sobre la legalidad del acto administrativo vigente y la liquidación
que en ese momento se hizo, teniendo en cuenta un número de semanas como
cotizadas, y no sobre la procedencia de una reliquidación más favorable,
como tampoco del régimen pensional que mejor le resulta a la
demandada, que son las pretensiones que se debaten ante el juez laboral.

Adicionalmente, el hecho que ambos procesos se refieran a la pensión de la misma
persona no implica, por sí solo, que exista un nexo de prejudicialidad. La existencia
de decisiones diferentes o incluso contradictorias entre jurisdicciones no basta para
justificar la suspensión, si no se demuestra que la definición del primer proceso
constituye un presupuesto lógico-jurídico para resolver el segundo, lo que no
ocurre en el presente caso.

Así lo ha sostenido el Consejo de Estado, al precisar que la suspensión por
prejudicialidad solo es procedente cuando existe una dependencia directa entre la
definición del asunto principal y el proceso paralelo, sin que sea suficiente la simple
coincidencia de sujetos o hechos. En este caso, la Sala ya ha podido analizar el
fondo del asunto y decidir sobre la legalidad del acto sin que ello dependa del
resultado del litigio laboral, lo cual ratifica la improcedencia de la suspensión
solicitada.

2.2.2 Reforma del término de caducidad según lo dispuesto en la Ley 2381 de
2024

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción
fueron consagrados en el artículo 164 del CPACA que, en relación con el ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, prevé:

i. Como regla general, cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del
derecho, la demanda debe ser presentada dentro del término de cuatro (4)
meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación,
ejecución o publicación del acto administrativo, según corresponda, so pena
del suceso de la caducidad de la acción.

ii. A manera de excepción, cuando la demanda sea promovida contra actos que
reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, o contra
actos producto del silencio administrativo9, puede presentarse en cualquier
tiempo.

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

Así, conforme a las reglas contenidas en el CPACA, la configuración del fenómeno
jurídico procesal de la caducidad, en asuntos de nulidad y restablecimiento del
derecho, solo resulta predicable respecto de las demandas adelantadas contra
actos administrativos expedidos por la administración que no versen sobre el
reconocimiento y pago de prestaciones periódicas.

No obstante, el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024, normatividad
que estableció una restricción temporal para el ejercicio de las acciones contencioso
administrativas relacionadas con pensiones, de la siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las
entidades facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con
ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.»

Entonces, la citada disposición consagra una modificación en cuanto a los términos
de caducidad para incoar demandas en contra de actos administrativos que
reconozcan pensiones, incluso de aquellos que se encontraban en curso al 16 de
julio de 2024, día en que dicha ley fue publicada en el Diario Oficial No. 52.819 de
16 de julio de 2024 y empezó a regir, de manera general, según lo dispuesto en su
artículo 9510, y las demandas que ya habían sido decididas de fondo, a quienes se
les faculta para incoar el recurso extraordinario de revisión; disponiendo que el plazo
será de cinco años, so pena de configurarse el fenómeno en mención.

2.3. Hechos probados

a. María del Rosario Gorron Saavedra, nació el 6 de noviembre de 1954 e inició
su vinculación al sistema pensional el 18 de julio de 197511.

10
Ley 2381 de 2024. ARTÍCULO 95. DEROGATORIAS. la presente ley rige a partir de su sanción y deroga las disposiciones que
le sean contrarios. (…)
11
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – gestionar documentos- archivo
zip- NroActua 3-archivo de nombre 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ- carpeta 003Anexos- archivo de
nombre HL31271701.pdf que contiene el reporte de semanas cotizadas.

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

b. El Instituto de Seguros Sociales reconoció a la mencionada ciudadana el
derecho a una pensión de vejez mediante Resolución No. 20430 del 28 de mayo
de 2012, con efectividad desde el 1° de julio de 2012, con un IBL de $3.654.506,
una tasa de reemplazo del 77.28% y un monto mensual de $2.824.202, con base
en 1.687 semanas cotizadas12.

c. Mediante Resolución No. 30756 del 20 de septiembre de 2012, el ISS modificó
la anterior decisión para establecer como fecha de inicio de la pensión el 1° de
agosto de 2012; así como, fijó como mesada pensional la suma de $2.824.208
y un IBL de $3.654.51413.

d. El 26 de octubre de 2018, la señora Gorrón Saavedra solicitó la reliquidación de
su pensión de vejez, la cual fue negada mediante Resolución SUB 321506 del
10 de diciembre de 201814.

e. El 4 de junio de 2021, la afiliada presentó una nueva solicitud de reliquidación
(Rad. 2021_6450993). Colpensiones encontró que acreditaba 1.699 semanas
cotizadas al 1° de agosto de 201215.

f. Colpensiones estableció un nuevo IBL de $2.756.291, una tasa de reemplazo de
77.23% y un valor de mesada pensional inicial para el año 2012 de $2.128.684 16.

g. Con base en lo anterior, la demandante solicitó autorización a la señora Gorrón
Saavedra para revocar la Resolución 30756 de 2012, conforme al artículo 97 del
CPACA. La afiliada no otorgó dicha autorización17.

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Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – gestionar documentos- archivo zip-
NroActua 3-archivo de nombre 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ- carpeta 003Anexos- archivos
ADM31271701.1.pdf, ADM31271701.3.pdf
13
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – gestionar documentos- archivo zip-
NroActua 3-archivo de nombre 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ- carpeta 003Anexos- archivo de nombre
M31271701.3.pdf
14
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – gestionar documentos- archivo zip-
NroActua 3-archivo de nombre 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ- carpeta 003Anexos- archivo de nombre
ADM31271701.1.pdf,
15
Expediente obrante en la herramienta electrónica SAMAI – gestión en otros despachos – gestionar documentos- archivo zip-
NroActua 3-archivo de nombre 1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ- carpeta 003Anexos- archivos
ADM31271701.2.pdf, ADM31271701.3.pdf
16
Archivo ADM31271701.2.pdf ibidem.
17
ADM31271701.3.pdf ibidem.

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

h. En vista de la falta de autorización, Colpensiones negó la solicitud de
reliquidación y remitió el expediente a la Dirección de Procesos Judiciales para
acción de lesividad18.

i. Según certificado de devengados, Colpensiones giró $151.694.209 entre
octubre de 2018 y octubre de 2021, con deducciones por salud y préstamos por
$78.791.87019.

j. La afiliada figura con estado 'activo' en el sistema pensional20.

2.4.1. Caso concreto

En el presente asunto, la Administradora Colombiana de Pensiones –Colpensiones,
solicitó la nulidad del acto administrativo mediante el cual el extinto Instituto de
Seguros Sociales reconoció a la señora María del Rosario Gorrón Saavedra una
pensión de vejez, con efectos a partir del 1° de julio de 2012. Dicha prestación fue
liquidada inicialmente con una mesada inicial de $2.824.202, calculada sobre un
ingreso base de liquidación (IBL) de $3.654.506 y una tasa de reemplazo del
77.28%, con fundamento en 1.687 semanas cotizadas; posteriormente, fue
reliquidada por medio de la Resolución No. 30756 del 20 de septiembre de 2012,
calculando una pensión por valor de $2.824.208 y un IBL de $3.654.514,
disponiendo el ingreso en nómina de la mencionada pensión a partir del 1° de
agosto del mismo año.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda
al considerar configurada la caducidad del medio de control. Contra dicha decisión
la parte actora interpuso recurso de apelación al considerar que dicho término no
resultaba aplicable al presente asunto.

Con miras a resolver el primer problema jurídico planteado es necesario recordar
que:

Los términos para presentar oportunamente las demandas ante esta Jurisdicción
fueron consagrados inicialmente en el artículo 164 del CPACA; no obstante, con
posterioridad se expidió la Ley 2381 de 2024, norma que estableció una restricción

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ibidem
19
Archivo CN31271701.pdf ibidem.
20
Archivo CN31271701.pdf ibidem.

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Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

temporal para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas relacionadas
con pensiones, de la siguiente manera:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de
cinco (5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la
vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley.»

En los precisos términos expuestos por el Legislador, la citada disposición comporta
una modificación del régimen de oportunidad contemplado por el artículo 164 del
CPACA, con vocación de aplicación inmediata, incluso para los procesos en los que
se debate la legalidad de actos administrativos que reconocieron una pensión y se
encontraban en curso a 16 de julio de 2024, día de promulgación de la comentada
ley.

No obstante, en criterio de la Sala, el artículo en comento no puede ser aplicado de
manera contraria a los postulados esenciales que rigen la implementación de reglas
concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios consagradas en el artículo
40 de la Ley 153 de 1887, pues si bien es cierto que las normas de derecho procesal
son de orden público y «[…] prevalecen sobre las anteriores desde el momento en
que deben empezar a regir», también lo es que «[…] los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias
iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y
las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando
se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias

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Número interno: 0114-2025
Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o
comenzaron a surtirse las notificaciones».

Por tanto, se concluye que el término de caducidad establecido por la Ley 2381 de
2024 solo resulta oponible respecto de las demandas formuladas después de su
promulgación, pues conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, no resulta viable
superponer a los procesos en curso un término que no existía en el momento en
que fueron iniciados. Dicha conclusión, además, se acompasa con los principios de
confianza legítima y legalidad y el derecho fundamental al debido proceso
consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

En consecuencia, comoquiera que el artículo 187 del CPACA prevé que en «[…] la
sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que
el fallador encuentre probada» y que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 plantea
la eventual configuración de la caducidad de la acción en procesos como el que nos
ocupa, la Subsección considera pertinente inaplicar, para este caso concreto, la
acotada modificación procesal, tal como será dispuesto en la parte resolutiva de
este fallo.

Lo anterior, se insiste, como medida de satisfacción y garantía de los principios y
prerrogativas constitucionales que rigen los derechos de acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva.

En ese orden de ideas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle el 23 de octubre de 2024, que declaró probada la caducidad
de la acción dando aplicación a lo dispuesto en la citada Ley 2381 de 2024.

En este punto debe precisarse que si bien, en casos como el que nos ocupa, lo
propio sería que se emitiera una decisión de fondo de segunda instancia, se
considera que aquello no es posible en aras de garantizar los principios de acceso
material a la administración de justicia, doble instancia y debido proceso, como se
pasa a exponer:

Tanto en la demanda como en su contestación las partes expusieron los
argumentos de defensa en aras que salieran avante sus pretensiones, por la parte
actora que se declarara la nulidad del acto demandado que reconoció una pensión

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Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

de al demandante y se ordene el reintegro de las mesadas pensionales; por parte
del demandado que se deniegue tal solicitud y pueda continuar gozando de su
pensión, alegando que aquella fue obtenida dentro del marco legal que rige la
materia.

El análisis de tales pretensiones no se surtió por parte del tribunal dado su decisión
de dar aplicación a las disposiciones del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 y, en
consecuencia, declarar probada la excepción de caducidad.

Ante ello, en aplicación de los principios de acceso material a la administración de
justicia, doble instancia y debido proceso, estima la Sala necesario que el
expediente retorne a la referida autoridad, a fin que se analicen de fondo los
argumentos de expuestos por las partes, así como sus pretensiones y excepciones
propuestas; lo anterior, dado que de emitir un pronunciamiento de fondo por parte
esta instancia solo se podría analizar los argumentos expuestos por el recurrente –
en aplicación a lo dispuesto en el artículo del 328 CGP-, lo cual conllevaría a no tener en

cuenta los argumentos de la parte pasiva -no recurrente-, lesionado con ello su
derecho de defensa; cuando lo pertinente es que se haga por parte de la autoridad
judicial un análisis integral de todo lo expuesto por los sujetos procesales.

Este criterio de administración de justicia y garantía de la doble instancia ha sido
aplicado con anterioridad por esta Subsección, por ejemplo, en sentencia del 25 de
mayo de 202321 y en más reciente pronunciamiento del 10 de abril de 202522, en la
que dispuso revocar el fallo inhibitorio proferido en primera instancia y, en su lugar,
que el a quo se pronunciara de fondo; en la primera providencia en cita se indicó:

«Ahora bien, al desvirtuarse el impedimento para emitir decisión de fondo,
correspondería examinar los cargos propuestos en la demanda. No obstante, se
encuentra que no es posible emitir pronunciamiento sobre los reproches de nulidad
presentados por la parte actora, habida cuenta que aquellos no fueron analizados
por el Tribunal de primera instancia, autoridad a la que le correspondía adelantar
dicho examen.

Efectivamente en el caso sub lite, se debe devolver el expediente al a quo para que
estudie los cargos de la demanda que no realizó, pues resolver de fondo la
controversia en segunda instancia, equivaldría a convertirla en única instancia,
privando de esta manera a la parte desfavorecida del derecho fundamental de
ejercer legítimamente su defensa y contradicción, íntimamente ligado al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia».

21
Expediente núm. 18001-23-33-000-2014-00002-01. M.P. Cesár Palomino Cortés.
22
Expediente núm. 05001-23-33-000-2021-01187-02 (6687-2024) M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera
.

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Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

Entonces, en aras de garantizar garantizar los principios de acceso material a la
administración de justicia, doble instancia y debido proceso, a pesar que se revoca
la sentencia recurrida, en los términos antes indicados, se dispondrá la devolución
del expediente al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, para que dicte una
nueva sentencia donde se analicen los argumentos expuestos por las partes y se
profiera la decisión que en derecho corresponda.

2.5. Condena en costas.

De la interpretación del artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, esta Sala ha sido del
criterio que la norma transcrita deja a disposición del juez valorar la procedencia o
no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal
de la parte vencida, debe tener certeza de su causación y que la conducta
desplegada adolece de temeridad y mala fe, no basta el simple hecho de las resultas
del proceso.

En el caso concreto, no se evidencia temeridad o mala fe, sino simplemente la
defensa propia de sus intereses por parte de los intervinientes, por consiguiente, no
se condenará en costas.
DECISIÓN

En atención a lo anterior, la Sala revocará la sentencia del 23 de octubre de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la
excepción de caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en su
lugar, inaplicará dicha disposición legal; no obstante, en aras de garantizar los
principios de acceso material a la administración de justicia, doble instancia y debido
proceso se ordenará la devolución del proceso para que dicha instancia profiera la
decisión de fondo de primera instancia que corresponda, analizando todos los
argumentos expuestos por los sujetos procesales; sin condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

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Demandante: Colpensiones
Demandada: María del Rosario Gorrón Saavedra

FALLA

PRIMERO: INAPLICAR, para el caso concreto, el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024, según lo considerado en precedencia.

SEGUNDO: REVOCAR, la sentencia del 23 de octubre de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que declaró probada la excepción de
caducidad conforme lo establecido en la Ley 2381 de 2024, y en su lugar,
ORDENAR al citado tribunal que dicte sentencia de fondo en el presente asunto.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Por Secretaría, devolver el expediente al tribunal de origen para lo de su
cargo.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Ausente en comisión Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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