Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01202-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-01202-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2021-01202-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2021-01202-01 (0028-2025)
Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
Demandado: Municipio de Palmira (Valle del Cauca)
Tema: Pensión de jubilación. Situaciones pensionales amparadas por
el artículo 146 de la Ley 100 de 1993
Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual se negó las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Humberto Bobadilla Rodríguez presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad del oficio del 14 de julio de 2014, por medio del
cual el alcalde de Palmira [Valle del Cauca] negó la pensión de jubilación extralegal.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento y pago de una pensión de jubilación «con efectos fiscales
a 22 de marzo de 2008», con el 75% de todos los factores salariales devengados
durante el último año de servicio «incluyendo la mesada adicional correspondiente al
mes de junio»; ii) la condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
1 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Humberto Bobadilla Rodríguez nació el 6 de agosto de 1946, prestó sus servicios
durante 20 años, 11 meses y 2 días, así: i) en la E.S.E. Hospital San Vicente de
Paul desde el 25 de octubre de 1984 hasta el 13 de noviembre de 1987; ii) como
profesional universitario en el municipio de Palmira [Valle del Cauca] desde el 23 de
noviembre de 1987 hasta el 22 de junio de 1990; iii) en la Contraloría del Valle del
Cauca desde el 1° de octubre de 1990 hasta el 21 de enero de 1992; iv) como
supernumerario en el municipio de Palmira desde el 6 de septiembre de 1994 hasta
el 29 de noviembre de 1994; y v) como técnico operativo grado 04 desde el 19 de
mayo de 1995 hasta el 21 de enero de 2009.
3.2. El 31 de diciembre de 2003 fue suscrita una convención colectiva entre el
municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos
de Palmira, la cual fue prorrogada desde el 19 de noviembre de 2005 hasta el 31 de
diciembre de 2010, aquella propuso que «el Municipio de Palmira jubilaría a sus
trabajadores oficiales y servidores públicos activos con 50 años de edad y 20 años de
servicio continuos y discontinuos que hayan laborado con otras entidades estatales de
cualquier orden con el 75% del promedio del salario devengado en el último año;
estableciendo en la letra A que las pensiones por invalidez, vejez y muerte que sean
reconocidas por los Fondos de Pensiones correspondientes son compatibles con la de
jubilación que pague el Municipio de acuerdo a lo determinado por el presente artículo».
3.3. El 20 de diciembre de 2012 solicitó el reconocimiento de la pensión de jubilación
a partir del 20 de marzo de 2008, sin que mediara respuesta, por parte de la
administración.
3.4. El 18 de diciembre de 2013 solicitó la extensión de la jurisprudencia unificada
del 29 de septiembre de 2011, proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, expediente 08001-23-31-000-2005-02866-03 [2434-2010], con el fin de que
«se le reconociera la pensión de jubilación con efecto retroactivo a 20 de marzo de 2008
teniendo como ingreso base de liquidación el 75% del promedio del salario devengado en
el último año, incluyendo la mesada adicional correspondiente al mes de junio».
3.5. La Alcaldía de Palmira profirió el oficio del 14 de julio de 2014 mediante el cual
negó la solicitud prestacional, con fundamento en la inviabilidad de acceder a un
reconocimiento en términos contrarios a la ley y la Constitución Política.
3.6. El Municipio de Palmira no se pronunció frente a la solicitud de extensión de
jurisprudencia, por lo que el 14 de marzo de 2014 presentó ante el Consejo de
Estado dicha solicitud la cual fue rechazada por improcedente.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señaló el parágrafo 3 transitorio del artículo 1 del Acto Legislativo
01 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política y del artículo 60
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
de la Convención Colectiva 2005-2010 suscrita entre el municipio de Palmira y el
Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del municipio 2.
4.1. En cuanto al concepto de violación, expuso que el municipio de Palmira violó
flagrantemente la normatividad vigente al inaplicar el régimen de transición previsto
en el Acto Legislativo 01 de 2005 y, como consecuencia, negar el reconocimiento
de la pensión de jubilación extralegal, puesto que el «15 de julio de 2005» fue suscrita
el acta mediante la cual fue prorrogada la vigencia de la convención colectiva 2003-
2005 hasta el 31 de diciembre de 2010.
4.2. La Corte Constitucional ha concluido que la ley no puede limitar la negociación
colectiva de beneficios pensionales, «por lo tanto, las convenciones colectivas que
beneficien a empleados públicos en materia pensional gozan de pleno vigor, ya que los
artículos 414 y 416 del Código Sustantivo del Trabajo, los textos 12 y 10 de la Ley 4 de
1992 y el precepto 291 del Régimen Municipal que las prohibió, carecen de fuerza legal
para prohibirlas, debido a que esta prohibición solo puede hacerse por medio de normas
constitucionales».
1.2. Contestación de la demanda
5. El municipio de Palmira se opuso a la prosperidad de las pretensiones con
fundamento en las siguientes consideraciones3:
5.1. El acto demandado se profirió dentro del marco de las normas vigentes en el
momento de los hechos, toda vez que la competencia para fijar el régimen
prestacional de los servidores públicos es concurrente entre el Congreso de la
República y el gobierno nacional de conformidad con el artículo 150 de la
Constitución Política de 1991 y la Ley 4 de 1992 «sin que ninguna autoridad o
Corporación Pública pueda abrogarse tal facultad; en ese orden no le es permitido a las
Corporaciones Municipales o Departamentales expedir normas sobre pensiones, y mucho
menos a las autoridades públicas crearlas a favor de un grupo de servidores públicos, pues
debe recordarse que el artículo 6° de la Constitución Política dispone que los servidores
públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las Leyes y
por omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, lo que significa que la
actuación del servidor debe desenvolverse en el estricto marco prefigurado en la
Constitucional, las Leyes y demás disposiciones» [sic].
5.2. Además, el artículo 146 de la Ley 100 de 1993 convalidó los derechos
prestacionales otorgados hasta el 30 de junio de 1995 [para los entes territoriales]
con sustento en normas irregulares promulgadas antes de su entrada en vigencia,
lo cual aplicó para «los derechos adquiridos pero frente a las convenciones, laudos,
pactos o acuerdos válidamente celebrados, circunstancia que no ocurre en este caso […]
lo cual no permite que se consolide ese principio constitucional del derecho adquirido».
2 Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.ZIP) NroActua 3.
3 Índice 12 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
6_CONTESTACIONDEDEMANDA_ILOVEPDF_MERGED45(.pdf) NroActua 12.
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
5.3. Por último, propuso la excepción que denominó «de oficio o innominada».
1.3. La sentencia apelada
6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el 30 de septiembre de 2024 negó
las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, luego de realizar un recuento legal
y jurisprudencial aplicable al asunto, fundamentó su decisión en lo siguiente 4:
6.1. La convención colectiva de la cual se pretende el beneficio pensional fue pactada
entre el municipio de Palmira [Valle del Cauca] y el Sindicato de Trabajadores
oficiales y empleados públicos de Palmira, «inicialmente para el periodo 2003 a 2005,
y posteriormente ampliada hasta el año 2010, coligiéndose así que no resulta viable su
aplicación a la luz del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, ya que surgió con posterioridad
a la entrada en vigencia de dicha norma» [sic].
6.2. Asimismo, tampoco resultaba aplicable el parágrafo transitorio 3 del artículo 1
del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que, «como quedó ampliamente analizado,
dicho parágrafo opera respecto de convenciones colectivas válidamente celebradas, lo cual
no ocurre en el particular ya que los empleados públicos, como es el caso del demandante
y que además no está en discusión, no pueden beneficiarse válidamente de convenciones
colectivas» [sic].
6.3. Aunado a lo anterior, tampoco era procedente la « aplicación del parágrafo
transitorio 3 del artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2005, para otorgarle la pensión de
jubilación al señor Humberto Bobadilla Rodríguez, como quiera que es el mismo parágrafo
el que determina textualmente que no pueden estipularse condiciones pensionales más
favorables que las que se encuentren actualmente vigentes, pero al leer detenidamente la
convención colectiva de la cual quiere hacerse beneficiario el demandante, se aprecia
claramente que las condiciones pensionales allí señaladas son mucho más beneficiosas
que las previstas en el régimen general de pensionas de la Ley 100 de 1993, norma vigente
al momento de elevarse la solicitud pensional (20 de diciembre de 2012)» [sic].
1.4. El recurso de apelación
7. Humberto Bobadilla Rodríguez interpuso recurso de apelación con fundamento en
los siguientes argumentos5:
7.1. El
reconocimiento de la pensión de jubilación extralegal pretendido se
fundamenta en el parágrafo transitorio tercero del artículo 1 del Acto Legislativo 1
de 2005 que «condicionó la aplicación de los acuerdos convencionales a que se
encontraran vigentes a la fecha de su promulgación, que fueran válidamente celebrados y
que su vigencia no fuera más allá del 31 de julio de 2010» [sic], así las cosas, toda vez
4 Índice 24 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
20Sentenciaquen_Niegapret_R20210120200Municipi(.pdf) NroActua 24.
5 Índice 28 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
22_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACION20(.pdf) NroActua 28.
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que «la convención colectiva suscrita para los años 2003-2005 entre el municipio de
Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de esta entidad
territorial, al prorrogarse mediante acta que se suscribió el 15 de julio de 2005 se extendió
hasta el 31 de diciembre de 2010», lo anterior resultaba suficiente para acreditar el
«requisito de validez que exige el parágrafo transitorio tercero del artículo 1 de dicho acto
legislativo».
7.2. Asimismo «no es admisible que el Tribunal […] considere que la convención colectiva
suscrita no se puede aplicar, debido a que no es válidamente celebrada, ya que confunde
la validez de una convención colectiva con su ilegalidad que a la fecha no se ha producido,
pues precisamente en lo que se refiere a la validez de las convenciones colectivas».
1.5. Trámite en segunda instancia
8. En auto proferido el 20 de febrero de 20256, fue admitido el recurso de apelación
interpuesto por el demandante y de no mediar solicitud probatoria el expediente
ingresará al despacho para fallo, según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 247
del CPACA.
1.6. Concepto del Ministerio Público
9. En esta etapa procesal el procurador delegado ante el Consejo de Estado no
emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
10. Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación 7, el
problema jurídico se circunscribe a determinar, ¿si Humberto Bobadilla Rodríguez
era beneficiario del régimen convencional dispuesto en la Convención Colectiva
2003-2005, que estuvo vigente hasta el año 2010, con ocasión de lo dispuesto en
el parágrafo transitorio 3 del Acto Legislativo 01 de 2005?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
2.2.1. De las situaciones pensionales definidas por disposiciones
municipales, departamentales y por convenciones colectivas suscritas por
sindicatos de empleados públicos en vigencia de la Ley 100 de 1993
6 Índice 4 de Samai, actuación denominada: 4Autoqueadmite_00282025admiteapelac(.pdf)
NroActua 4.
7 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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11. Conforme con lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la
Constitución Política8 corresponde al Congreso de la República expedir las leyes
por medio de las cuales el gobierno nacional debe fijar el régimen salarial y
prestacional de los empleados públicos. Dicha competencia se reiteró con la
expedición de la Ley 4ª de 1992, la cual dispuso:
«Artículo 1o. El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos
contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional de:
a) Los empleados públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, cualquiera que sea su sector,
denominación o régimen jurídico;
b) Los empleados del Congreso Nacional, la Rama Judicial, el Ministerio Público, la
Fiscalía General de la Nación, la Organización Electoral y la Contraloría General de la
República;
c) Los miembros del Congreso Nacional, y
d) Los miembros de la Fuerza Pública.
Artículo 2o. Para la fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores
enumerados en el artículo anterior, el Gobierno Nacional tendrá en cuenta los siguientes
objetivos y criterios:
a) El respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto del régimen
general, como de los regímenes especiales. En ningún caso se podrán desmejorar sus
salarios y prestaciones sociales;
b) El respeto a la carrera administrativa y la ampliación de su cobertura;
c) La concertación como factor de mejoramiento de la prestación de los servicios por
parte del Estado y de las condiciones de trabajo;
d) La modernización, tecnificación y eficiencia de la administración pública;
e) La utilización eficiente del recurso humano;
f) La competitividad, entendida como la capacidad de ajustarse a las condiciones
predominantes en las actividades laborales;
g) La obligación del Estado de propiciar una capacitación continua del personal a su
servicio;
h) La sujeción al marco general de la política macroeconómica y fiscal;
i) La racionalización de los recursos públicos y su disponibilidad, esto es, las limitaciones
presupuestales para cada organismo o entidad;
j) El nivel de los cargos, esto es, la naturaleza de las funciones, sus responsabilidades y
las calidades exigidas para su desempeño;
8 «Articulo 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes
funciones:
(…)
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse
el Gobierno para los siguientes efectos:
(…)
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso
Nacional y la Fuerza Pública».
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k) El establecimiento de rangos de remuneración para los cargos de los niveles
profesional, asesor, ejecutivo y directivo de los organismos y entidades de la Rama
Ejecutiva y de la Organización Electoral;
l) La adopción de sistemas de evaluación y promoción basados en pruebas generales
y/o específicas. En el diseño de estos sistemas se tendrán en cuenta como criterios, la
equidad, productividad, eficiencia, desempeño y la antigüedad;
ll) El reconocimiento de gastos de representación y de salud y de primas de localización,
de vivienda y de transporte cuando las circunstancias lo justifiquen, para la Rama
Legislativa.
(…)
Artículo 10. Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo las
disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.
Artículo 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE>9 El régimen prestacional
de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno
Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad.
Parágrafo. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando
equivalencias con cargos similares en el orden nacional».
12. De acuerdo con lo anterior, le corresponde al Congreso de la República dictar
las normas generales y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe
sujetarse el gobierno nacional al momento de fijar el régimen salarial y prestacional
de los empleados públicos; es decir que «se presenta una competencia compartida
entre el legislador y el ejecutivo para efectos salariales y prestacionales, en tanto que el
Congreso de la República determina, mediante la ley marco, los parámetros generales
conforme a los cuales el Gobierno nacional habrá de fijar todos los elementos propios del
régimen salarial y prestacional respecto de los empleados públicos. Lo anterior, en atención
a lo dispuesto en los artículos 48 y 150, numeral 19 literales e) y f) de la Constitución
Política»10.
13. Así las cosas, resultan contrarias al ordenamiento constitucional y legal, las
disposiciones de carácter local como ordenanzas, acuerdos municipales,
resoluciones o acuerdos de establecimientos públicos, nacionales o
departamentales, que regulen el régimen prestacional de los empleados públicos,
así como las normas de orden convencional.
9 Artículo declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante
Sentencia C-315-95 de 19 de julio de 1995, MP. Eduardo Cifuentes Muñoz: «siempre que se
entienda que las facultades conferidas al gobierno se refieren, en forma exclusiva, a la fijación del
régimen prestacional de los empleados públicos territoriales, al régimen prestacional mínimo de los
trabajadores oficiales territoriales y al límite máximo salarial de los empleados públicos de las
entidades territoriales».
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 4 de noviembre de 2021,
radicado 76001 23 31 000 2010 01286 02 (6097-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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14. No se desconoce que el artículo 55 de la Constitución Política11 garantiza el
derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales; no obstante,
dicha prerrogativa no aplica para los empleados públicos. Al respecto, la Corte
Constitucional en la sentencia C-110 de 1994, consideró que una de las
excepciones al derecho a la negociación colectiva es el caso de los empleados
públicos.
15. Con todo, en la sentencia C-1234 de 2005, la Corte concluyó que los empleados
públicos i) tienen derecho a realizar negociaciones colectivas, pues gozan del
ejercicio del derecho de presentar peticiones y consultas, y ser oídos y tenidos en
cuenta, con el objeto de alcanzar una concertación voluntaria y libre de las
condiciones de trabajo, a fin de garantizar la participación de todos en las decisiones
que los afectan; y ii) si bien no gozan de los plenos derechos de asociación y
convención colectiva, como ocurre con los trabajadores oficiales, de acuerdo con
las normas de orden constitucional y en atención a lo dispuesto en y los Convenios
151 y 154 de la OIT, incorporados a la legislación interna a través de las Leyes 411
de 1998 y 524 de 1999, a estos servidores sí se les permite participar en la
determinación de sus condiciones de empleo, siempre y cuando se entienda que la
decisión final corresponde al gobierno nacional.
16. No obstante lo expuesto hasta ahora, para establecer el régimen prestacional
de los empleados públicos en el nivel territorial existían regímenes prestacionales
extralegales contrarios al ordenamiento superior, lo que impuso que, con el fin de
salvaguardar derechos laborales consolidados, la Ley 100 de 1993 resolviera dejar
a salvo las situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a
su entrada en vigencia, en desarrollo del artículo 58 constitucional que ampara los
derechos adquiridos.
17. Así, el artículo 146 de la aludida ley dispuso lo siguiente:
«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones Municipales o
Departamentales en materia de pensiones de jubilación extralegales en favor de
empleados o servidores públicos o personas vinculadas laboralmente a las entidades
territoriales o a sus organismos descentralizados, continuarán vigentes.
También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones, quienes con
anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido los requisitos exigidos en
dichas normas.
Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas a que
se refiere este artículo.
11 Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales,
con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado promover la concertación y los demás
medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo [Resalta la Sala].
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Las disposiciones de este artículo regirán desde la fecha de la sanción de la presente
Ley».
18. Ahorabien, la Corte Constitucional al analizar la constitucionalidad del
mencionado artículo, en la sentencia C- 410 del 28 de agosto de 1997, concluyó:
«El inciso primero de la norma en referencia se encuentra ajustado a los preceptos
constitucionales y en especial a lo previsto en el artículo 58 de la Constitución Política,
según el cual ‹se garantizan los derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los
cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores›.
En efecto, ha expresado la jurisprudencia de la Corporación, que los derechos adquiridos
comprenden aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han consolidado y
definido bajo la vigencia de la ley, y por ende ellos se encuentran garantizados, de tal
forma que no pueden ser menoscabados por disposiciones futuras, basado en la
seguridad jurídica que caracteriza dichas situaciones.
Desde luego que lo que es materia de protección constitucional se extiende a las
situaciones jurídicas definidas, y no a las que sólo configuran meras expectativas.
(…)
De esta manera, teniendo en cuenta la intangibilidad de los derechos adquiridos de los
pensionados por jubilación del orden territorial antes de la expedición de la ley 100 de
1993, las situaciones jurídicas individuales definidas con anterioridad, por disposiciones
municipales y departamentales, deben continuar vigentes.
Por lo tanto, se declarará la exequibilidad del inciso primero del artículo acusado, así
como del inciso segundo, en la parte que reconoce el derecho a pensionarse con arreglo
a las disposiciones municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales, para quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo hayan cumplido
los requisitos exigidos en dichas normas. Ello con fundamento en la garantía de los
derechos adquiridos, reconocida por el artículo 58 superior, por tratarse de situaciones
adquiridas bajo la vigencia de una ley anterior al nuevo régimen de segundad social (ley
100 de 1993).
No sucede lo mismo con la expresión contenida en el citado inciso segundo acusado, en
virtud de la cual tendrán igualmente derecho a pensionarse con fundamento en las
disposiciones señaladas, quienes cumplan ‹dentro de los dos años siguientes› los
requisitos exigidos en dichos preceptos para pensionarse. A juicio de la Corte, ello
quebranta el ordenamiento superior, ya que equipara una mera expectativa con un
derecho adquirido. Ello impide que los que están próximos a pensionarse -es decir,
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley- y que tan solo tienen
una mera expectativa de adquirir el derecho, puedan hacerse acreedores a los beneficios
propios de la ley 100 de 1993»12. (subrayado fuera de texto)
19. En línea con lo expuesto, se concluye que la Ley 100 de 1993 protegió los
derechos de quienes se pensionaron o cumplieron con los requisitos para ello con
regímenes territoriales con anterioridad a su vigencia, pese a su origen extralegal.
12 Corte Constitucional, sentencia C-410 del 28 de agosto de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara.
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
20. Ahora bien, valga señalar que la jurisprudencia ha considerado que los
reconocimientos pensionales individuales sustentados en convenciones colectivas
también están comprendidos dentro de los supuestos establecidos en el aludido
artículo. Particularmente, esta corporación, en sentencia de unificación del 29 de
septiembre de 201113 dispuso:
«(…) la negociación colectiva es una manifestación particular del diálogo social, y está
considerado como un derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical, que
en su momento se dio por el convencimiento errado de que la Autonomía Universitaria
incluía la potestad de darles un régimen salarial y prestacional a sus empleados y que el
Legislador en su libertad configurativa, que no fue declarada inconstitucional la validó o
refrendó.
Ahora bien, la seguridad jurídica, es un principio del Derecho según el cual los
ciudadanos tienen la certidumbre de que el derecho a aplicar, es el previsto en las
normas jurídicas y por ello, el Estado debe acatar las normas legales que regulan, en
nuestro caso, las relaciones laborales para garantizar los derechos de los asociados.
En otras palabras, la aplicación de las normas legales en materia pensional constituyen
la realización de la seguridad jurídica pues los empleados públicos tienen que tener la
certeza de quién, cómo y cuándo obtener sus derechos para que entren a formar parte
de su patrimonio y puedan denominarse ‹derechos adquiridos›.
En ese sentido, existe un derecho adquirido cuando hay situaciones individuales y
subjetivas que se han definido bajo el imperio de la ley, de manera que deban ser
respetados por las leyes posteriores; sin embargo, en el asunto sub judice ocurrió fue lo
contrario, pues el derecho sólo se adquirió a partir de que la ley lo garantizó, antes no
estaba cobijado bajo este manto; es más, puede decirse que el derecho sólo se consolidó
a partir de la declaración que sobre el derecho se profiera y en los demás asuntos que
están sub júdice.
(…)
Por lo mismo, el juez no puede alterar la voluntad del legislador, en la aplicación del
principio de la confianza legítima, pues el beneficiario de las prestaciones pensionales,
inicialmente extralegales, recibe el aval del competente para continuar percibiendo los
dineros necesarios para su jubilación, situación que conlleva, también a un derecho
adquirido.
En síntesis, aun cuando la Convención Colectiva fue emanada de autoridades
incompetentes para la regulación del régimen pensional de los empleados públicos,
dicha situación fue convalidada por expresa disposición del legislador a través del
referido artículo 146 de la Ley 100 de 1993, cuya constitucionalidad fue avalada por el
Órgano que de conformidad con la Constitución Política de 1991 es el encargado de
mantener la guarda e integridad del ordenamiento superior».
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de septiembre de 2011, expediente 08001-
23-31-000-2005-02866-03 (2434-2010) M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
21. Así las cosas, resulta claro que en materia pensional el legislador previó la
protección especial para aquellas personas que con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 adquieran el derecho acorde con disposiciones
municipales y territoriales, incluidas las regulaciones contenidas en convenciones
colectivas de trabajo.
2.3. Caso en concreto
22. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
22.1. Humberto Bobadilla Rodríguez nació el 5 de agosto de 194614.
22.2. Convención Colectiva de Trabajo 2003-2005 de la cual se transcriben los
siguientes apartes:
«En la presente Convención Colectiva de Trabajo se plasma un Estado Social de
Derecho que permite a los Trabajadores del Municipio de Palmira, afiliados a nuestro
Sindicato y vinculados a una Entidad Prestadora de Servicios a la comunidad, mejorar
las relaciones y condiciones de trabajo, por consiguiente su texto está concebido de tal
manera que no menoscabe la libertad, la dignidad humana, los derechos de asociación,
la contratación colectiva y los mecanismos de solución de conflicto colectivo, tales como
huelga tribunal de arbitramento y mesas de trabajo […]
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 2003-2005
En Palmira (Valle) siendo las 2:00 PM. del 12 de diciembre de 2003, se reunieron en la
Oficina Asesora de Control Interno del Municipio, ubicada en el séptimo piso del Edificio
de la Alcaldía Municipal de Palmira, el Alcalde Miguel Antonio Motoa Kuri y las
comisiones negociadoras del pliego de peticiones presentado por el sindicato de
Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos del municipio de Palmira […]
REGIMEN CONTRACTUAL
ARTICULO 1º. VIGENCIA. La vigencia de la presente Convención Colectiva de Trabajo
será de dos (2) años, es decir, desde el 19 de noviembre del 2003 hasta el 18 de
noviembre del 2005 […]
ARTICULO 3º. VINCULACIÓN. Están vinculados al Municipio todos los trabajadores
oficiales que ejerzan funciones en propiedad, con contrato a término indefinido.
ARTICULO 4º COMITÉ OBRERO-PATRONAL
A) OBJETO: La convocatoria del Comité Obrero Patronal. Tendrá como finalidad
coadyuvar e intervenir en todos los procesos que se adelanten en contra de los
Trabajadores Oficiales al servicio del Municipio en desarrollo en lo establecido en la ley
200 de 1995, para tal efecto, cada vez que se inicie un proceso administrativo en contra
14Índice 3 de Samai del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, actuación denominada:
1_EXPEDIENTEDIGITAL_01PRIMERAINSTANCIAZ(.ZIP) NroActua 3.
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
de un Trabajador Oficial, la Administración tiene una obligación de informar de manera
inmediata al SINTRAMUNICIPIO de tal hecho.
B) CONSTITUCIÓN. Estará conformado el Comité Obrero Patronal de la siguiente forma.
Por el Sindicato de Trabajadores Oficiales y empleados públicos del Municipio de
Palmira, habrá dos (2) Representantes con sus respectivos suplentes, elegidos por la
Asamblea General o por la Junta Directiva; por el Municipio habrá dos (2)
Representantes con sus respectivos suplentes elegidos todos por el señor Alcalde
Municipal.
C) PERIODO: Será de dos (2) años calendario […]
[…]
CAPITULO II
BENEFICIOS SINDICALES
ARTICULO 10. BENEFICIOS DE LA CONVENCIÓN: Se benefician de la Convención
Colectiva de Trabajo los Servidores Públicos y Trabajadores Oficiales que laboren al
servicio del Municipio y tendrán las mismas obligaciones estipuladas en ellas, sean o no
afiliados al sindicato […]
[…]
NIVELES Y CARGOS […]
[…]
ARTICULO 60. JUBILACIÓN: El Municipio de Palmira jubilará a sus Trabajadores
Oficiales y Servidores Públicos con veinte (20) años de servicio al Municipio, continuos
o discontinuos y cincuenta (50) años de edad con el cien por ciento 100% del promedio
del salario devengado en el último año.
PARÁGRAFO: El Municipio de Palmira jubilará a sus Trabajadores Oficiales y Servidores
Públicos activos con cincuenta (50) años de edad y veinte (20) años de servicio,
continuos y descontinuos que hayan laborado con otras entidades estatales de cualquier
orden con el 75% por ciento del promedio del salario devengado en el último año.
A. Las pensiones por invalidez, vejez y muerte que sean reconocidos por los fondos de
pensiones correspondientes son compatibles con la jubilación que pague el Municipio a
sus Trabajadores Oficiales y Servidores Públicos, de acuerdo por lo determinado por el
presente artículo, o sea, que el Trabajador Oficial y Servidor Público tendrá derecho al
ciento por ciento (100%) de la jubilación que pague el Municipio y al ciento por ciento
(100%) de la pensión de su respectivo fondo pensional.
PARÁGRAFO: El Municipio de Palmira garantizará la continuidad de los contratos de
trabajo de aquellos trabajadores que lleven laborando cinco (5) años con el Municipio y
estén pensionados por vejez por cualquier Fondo Pensional, no podrán ser
desvinculados hasta que cumplan con los requisitos de jubilación que se encuentran
pactados convencionalmente entre el Municipio entre las partes, o sea que el Trabajador
tendrá derecho al ciento por ciento (100%) de la pensión por vejez de su respectivo
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
Fondo Pensional y al ciento por ciento (100%) de la jubilación convencional por parte del
Municipio» [sic].
22.3. El 19 de marzo de 2004, la subdirectora administrativa de prestaciones sociales
de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca certificó que el demandante
había prestado sus servicios desde el 1º de octubre de 1990 [según la Resolución
1272 y el acta de posesión 1328] hasta el 21 de enero de 1992 [según la Resolución
0062], en ejercicio del cargo de visitador fiscal. «Total tiempo laborado un (01) años,
tres (03) meses y veintiún (21) días».
22.4. El 12 de mayo de 2005 se levantó el acta del acuerdo convencional de la
vigencia de la Convención Colectiva de Trabajo 2003-2005, en los siguientes
términos:
«hemos acordados celebrar el presente acuerdo convencional que vincula a las partes
que se representan, consignado en los siguientes términos y que tiene como propósito
incluir algunas modificaciones a la Convención Colectiva suscrita entre las partes y que
se encuentra vigente.
1. VIGENCIA:
La Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el Municipio de Palmira y el Sindicato
de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos, tendrá una vigencia a partir del 19 de
noviembre del 2005 hasta el 31 de diciembre del 2010 […]
[…]
4. JUBILACIÓN: […] y se le adiciona:
Para efectos del beneficio establecido en el artículo 60 de la Convención Colectiva de
Trabajo Vigente, tendrán derecho a jubilarse únicamente quienes a la fecha de la firma
del presente acuerdo de voluntades se encuentren vinculados a la administración
municipal y hasta el 31 de diciembre del 2010 cumpliere 22 años de servicio sin tener en
cuenta la edad.
Por el servicio continuo o discontinuo en la entidad territorial se le reconocerá como
pensión de jubilación del 100% del promedio del salario devengado en el último año y
para quienes hallan compartido dicho tiempo con otras entidades del estado se le
reconocerá el 75% del salario devengado en el último año […]
[…]
El presente acuerdo convencional tendrá efectos y plena validez entre las partes a partir
de la firma debiéndose depositar ante la Oficina de Protección Social – Seccional Palmira
para los efectos legales».
22.5. El 14 de abril de 2014, la directora administrativa grado II de talento humano de
la Secretaría General de la Alcaldía de Palmira constató que Humberto Bobadilla
Rodríguez había prestado sus servicios en los siguientes términos:
«En calidad de PROFESIONAL UNIVERSITARIO desde el 23/11/1987 hasta el
22/06/1990.
En calidad de SUPERNUMERARIO desde el 06/09/1994 hasta el 29/11/1994
En calidad de TÉCNICO OPERATIVO GRADO 04 desde el 19/05/1995 hasta el
21/01/2009.
Actualmente ha sido reintegrado en CUMPLIMIENTO A SENTENCIA No. 0104 de mayo
26 de 2010 emanada de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
Distrito Judicial de Buga de acuerdo a la Resolución No. 491 de noviembre 22 de 2010,
en el cargo de TECNICO OPERATIVO GRADO 04 CODIGO 314, desde el 01/12/2010
con una asignación mensual de $1’845.941,00, hasta la fecha; anotando que no existió
solución de continuidad entre los dos periodos descritos, según orden expresa del Juez
de Tutela mediante la sentencia descrita».
22.6. El 4 de julio de 2014, la coordinadora general de la E.S.E. Hospital San Vicente
de Paul en liquidación certificó que el demandante había laborado en la institución
desde el 25 de octubre de 1984 hasta el 13 de noviembre de 1987, en el cargo de
jefe de personal. «TIPO DE VINCULACIÓN: EMPLEADO PÚBLICO/ JORNADA
LABORAL: Ocho (8) Horas diarias/ INTERRUPCIONES LABORALES: Ninguna».
22.7. Por medio del Oficio FO-DTH-100 [fecha: 04-29-2011] del 14 de julio de 2014,
el alcalde de Palmira negó el reconocimiento de la pensión de jubilación, con
sustento en lo siguiente:
«Revisada su hoja de vida laboral, se encuentra que está vinculado al Municipio de
Palmira ocupando un empleo que de acuerdo con su naturaleza jurídica y su clasificación
legal, es un cargo de empleado público […]
Ahora bien la atribución para fijar el régimen prestacional de los servidores públicos es
compartido entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional tal como lo
disponía la Constitución Política de 1886 y ahora el artículo 150 numeral 19 de la Carta
Política de 1991 y el artículo 12 de Ley 4 de 1992, sin que ninguna autoridad o
Corporación Pública puede abrogarse tal facultad; en ese orden no les es permitido a las
Corporaciones Municipales o Departamentales expedir normas sobre pensiones, y
mucho menos a las autoridades públicas crearlas a favor de un grupo de servidores
públicos, pues debe recordarse que el artículo 6º de la Constitución Política dispone que
los servidores públicos son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución
y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, lo que significa
que la actuación del servidor debe desenvolverse en el estricto marco prefigurado en la
Constitución, las Leyes y demás disposiciones […]
Por lo que debe entenderse que el Acto Legislativo 01 de 2005 cuando establece que a
partir de la vigencia del mismo no podrá establecerse en pactos, convenciones
colectivas, laudos etc., condiciones personales diferentes a las establecidas en las Leyes
del Sistema General de Pensiones e igualmente cuando manifiesta que las reglas de
carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia en ese Acto Legislativo se
mantendrán en todo caso hasta el 31 de julio de 2010, es referido únicamente a aquellas
normas que fueron pactadas o acordadas bien con trabajadores particulares o en los
público con trabajadores oficiales más no con empleados públicos, pues es claro que el
artículo 10 de la Ley 4 de 1992 reitera esa prohibición».
2.5. Análisis sustancial del caso concreto
23. El
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que la «convención colectiva de la cual pretende beneficiarse el
actual demandante Humberto Bobadilla Rodríguez, fue pactada entre el municipio de
Palmira (V.) y el sindicato de trabajadores oficiales y empleados públicos del municipio de
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
Palmira, inicialmente para el periodo 2003 a 2005, y posteriormente ampliada hasta el año
2010, coligiéndose así que no resulta viable su aplicación a la luz del artículo 146 de la Ley
100 de 1993, ya que surgió con posterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma».
24. Humberto Bobadilla Rodríguez solicitó que se revocara la anterior decisión, para
lo cual argumentó que el reconocimiento de la pensión de jubilación extralegal
pretendido se fundamentó en el parágrafo transitorio 3 del artículo 1 del Acto
Legislativo 1 de 2005 que «condicionó la aplicación de los acuerdos convencionales a
que se encontraran vigentes a la fecha de su promulgación, que fueran válidamente
celebrados y que su vigencia no fuera más allá del 31 de julio de 2010» [sic], así las cosas,
toda vez que «la convención colectiva suscrita para los años 2003-2005 entre el municipio
de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados Públicos de esta entidad
territorial, al prorrogarse mediante acta que se suscribió el 15 de julio de 2005 se extendió
hasta el 31 de diciembre de 2010», lo anterior resultaba suficiente para acreditar el
«requisito de validez que exige el parágrafo transitorio tercero del artículo 1 de dicho acto
legislativo».
25. Al respecto, se advierte que el demandante pretende el reconocimiento de una
pensión de conformidad con lo acordado en una convención colectiva suscrita entre
el municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados
Públicos del ente territorial.
26. Con el fin de resolver el problema jurídico planteado se precisa que, como se
expuso en el marco normativo y jurisprudencial de esta providencia, la competencia
para establecer el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos se
encuentra en cabeza del Congreso de la República y el gobierno nacional. Ahora
bien, en desarrollo de dicha competencia, el legislador expidió la Ley 4ª de 1992,
cuyo artículo 12 dispuso que el régimen prestacional de los servidores públicos de
las entidades territoriales sería fijado por el gobierno nacional y prohibió
expresamente a las corporaciones públicas territoriales arrogarse dicha facultad,
así:
«ARTÍCULO 12. <Artículo CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El régimen
prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el
Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la
presente Ley.
En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta
facultad».
27. Adicionalmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado15 ha señalado que, a
partir del Acto Legislativo 1 de 1968, las corporaciones territoriales perdieron la
facultad de crear prestaciones sociales y salariales autónomas, debido a que la
fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos quedó
15 Al respecto ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
Subsección B, sentencia del 26 de enero de 2012, radicado 15001-23-31-000-2004-01293-01 (1510-
10), C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y sentencia del 26 de julio de 2012, rad. 05001-23-31-
000-2005-00971-01 (1865-11), C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
reservada al legislador y al gobierno nacional. En consonancia, desde antes de la
Constitución Política de 1991, resultaba contrario al ordenamiento jurídico las
disposiciones a través de las cuales las autoridades territoriales regulaban el
régimen prestacional de los empleados públicos, incluso si estas se encontraban
contenidas en instrumentos como las convenciones colectivas.
28. Ahora bien, descendiendo a la situación fáctica objeto del presente litigio, se
advierte que Humberto Bobadilla Rodríguez prestó sus servicios en entidades
públicas del orden territorial y, de conformidad con lo certificado por la secretaria
general de la Alcaldía del municipio de Palmira, el último empleo desempeñado fue
el de técnico operativo grado 04, código 314, esto es, en calidad de empleado
público. Vinculación que inició el 19 de mayo de 1995 y se encontraba vigente el 14
de abril de 201416.
29. Así las cosas, en consideración a la naturaleza jurídica del empleo desempeñado
por el demandante, de conformidad con el ordenamiento jurídico no podía ser
beneficiario de una convención colectiva, esto, puesto que, si bien el constituyente
garantizó el derecho de negociación colectiva en el marco de la relaciones laborales,
lo cierto es que dicha prerrogativa tiene mayores límites cuando se trata de
empleados públicos, en tanto, pese a que son titulares del derecho a realizar
negociaciones colectivas, en el sentido de presentar peticiones y consultas, y ser
oídos y tenidos en cuenta en aras de garantizar la participación de todos en las
decisiones que los afectan, no gozan de los plenos derechos de asociación y
convención colectiva, esto como consecuencia de la reserva legal que existe frente
a la competencia para fijar el régimen salarial y prestacional como se explicó antes.
30. Por lo anterior, el demandante no era acreedor del régimen convencional
pretendido, toda vez que, al procurar regular el régimen prestacional de los
empleados públicos del municipio de Palmira, resulta contrario al régimen
constitucional y legal, al desconocer las normas de competencia y la prohibición
establecida en el artículo 12 de la Ley 4 de 1992 carece de efectos jurídicos y no
tiene la fuerza vinculante para crear situaciones jurídicas que puedan entenderse
como derechos adquiridos. En ese sentido el artículo 10 de la norma en mención
dispuso:
«ARTÍCULO 10.- Todo régimen salarial o prestacional que se establezca contraviniendo
las disposiciones contenidas en la presente Ley o en los decretos que dicte el Gobierno
Nacional en desarrollo de la misma, carecerá de todo efecto y no creará derechos
adquiridos.»
31. En ese sentido, se concluye que, pese a la literalidad de la convención colectiva
suscrita entre el municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y
Empleados Públicos del ente territorial, de acuerdo con la naturaleza del empleo
que desempeñaba Humberto Bobadilla Rodríguez no podía ser beneficiario del
régimen pensional creado a través de dicho instrumento, porque dichas
16 Fecha de expedición de la certificación.
16
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Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
disposiciones resultan contrarias al ordenamiento legal y constitucional, en tanto
fueron expedidas sin competencia.
32. De otra parte, el apelante sustentó su pretensión de revocatoria de la sentencia
proferida por el tribunal de primera instancia en la supuesta transición establecida
en el parágrafo transitorio 3 del artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2005, según el
cual:
«ARTÍCULO 1o. Se adicionan los siguientes incisos y parágrafos al artículo 48 de la
Constitución Política:
[…]
Parágrafo transitorio 3o. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de
vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de
trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término
inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre
la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse
condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente
vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010.»
33. En relación con la referida reforma constitucional, se advierte que el constituyente
derivado estableció la prohibición de establecer, a través de, entre otros, pactos o
convenciones colectivas «condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las
leyes del Sistema General de Pensiones17», sin embargo, con el fin de mantener las
expectativas que ostentaban algunos trabajadores frente a regímenes
prestacionales extralegales, estableció la transición contenida en el parágrafo antes
transcrito, no obstante, según la literalidad de la norma constitucional, esta solo
beneficia a aquellas reglas de carácter pensional válidamente establecidos.
34. Así las cosas, en el sub judice no es posible aplicar la referida transición con el
fin de efectuar el reconocimiento pretendido, en tanto, como se explicó en líneas
anteriores, las reglas pensionales contenidas en la convención colectiva suscrita
entre el municipio de Palmira y el Sindicato de Trabajadores Oficiales y Empleados
Públicos del ente territorial que pretendían beneficiar a los empleados públicos
resultaban contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que, carecen de la validez
requerida por la norma constitucional.
35. En ese orden, las expectativas que resultan amparadas por el parágrafo
transitorio en estudio son aquellas que con anterioridad se encontraban ajustadas
al ordenamiento jurídico, puesto que «solo pueden tener la entidad suficiente para
ofrecer la garantía que se comenta, los actos que respetan el ordenamiento jurídico18». Así
las cosas, en consideración a que el instrumento en el que se sustenta la pretensión
17 Parágrafo 2 del Acto Legislativo 01 de 2005: «A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo
no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno,
condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de
Pensiones».
18 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección A, C. P.
Rafael Francisco Suárez Vargas, fallo de 9 de julio de 2020, expediente 25000-23-42-000-2013-
00499-01 (3558-17).
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01202-01 (0028-2025)
Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
resulta inconstitucional frente a los empleados públicos, no es posible entender que
es posible aplicarla con fundamento en la mencionada transición.
36. Por lo expuesto, esta Subsección confirmará la sentencia proferida el 30 de
septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, toda vez que
el régimen pensional convencional, en relación con los empleados públicos
resultaba contrario al ordenamiento jurídico.
2.6. Costas
37. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA, la cual dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
38. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
39. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma21.
40. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
41. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.
3. Conclusión
42. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Humberto Bobadilla
Rodríguez no tenía derecho al reconocimiento de la pensión convencional
pretendida, toda vez que la entidad territorial no tenía competencia para establecer
un régimen prestacional para los empleados públicos. Asimismo, de conformidad
con lo anterior, se encuentra que, en tanto, la mencionada prestación era contraria
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Radicado: 76001-23-33-000-2021-01202-01 (0028-2025)
Demandante: Humberto Bobadilla Rodríguez
al ordenamiento jurídico no se encontraba dentro de aquellas convalidadas por el
parágrafo transitorio tercero del Acto Legislativo 01 de 2005.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2024 por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por Humberto Bobadilla Rodríguez en contra del municipio de
Palmira, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
VMT
19
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