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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2022-00292-01

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 76001-23-33-000-2022-00292-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 76001-23-33-000-2022-00292-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación 760012333000202200292011
Recurso de apelación contra la sentencia de 25 de marzo de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
Solicitante: SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO

TESIS: SI BIEN SE CONFIGURÓ EL ELEMENTO OBJETIVO DE LA CAUSAL DE
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS
PÚBLICOS POR RECONOCER Y PAGAR CUATRO SESIONES EXTRAORDINARIAS
EN EXCESO, LO CIERTO ES QUE NO SE EVIDENCIÓ CONFIGURADO EL
ELEMENTO SUBJETIVO EN CABEZA DEL ACCIONADO EN CALIDAD DE
SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA ANTE LA PRESENCIA DE
ERROR PROVOCADO POR UN TERCERO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el

solicitante y el Ministerio Público contra la sentencia de 25 de marzo

de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,

por medio de la cual denegó la pérdida de investidura del concejal

del municipio de Cartago (Valle del Cauca), elegido para el período

constitucional 2016-2019, señor ALFREDO DUQUE VALENCIA.

1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo

que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.

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Número único de radicación: 76001 23 33 000 2022 00292 01
Solicitante: SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO

I.- ANTECEDENTES

I.1.- El señor SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO, actuando en

calidad de Procurador 18 Judicial II Administrativo de Cali, solicitó

decretar la pérdida de la investidura del señor ALFREDO DUQUE

VALENCIA, concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca), por

hechos ocurridos dentro del período constitucional 2016-2019, al

considerar que incurrió en la causal prevista en los artículos 55,

numeral 3, de la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y 48, numeral 4,

de la Ley 617 de 6 de octubre de 20003, esto es, por indebida

destinación de dineros públicos.

I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los

siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de

pérdida de investidura invocada:

Señaló que el señor ALFREDO DUQUE VALENCIA, militante del

Partido Conservador Colombiano, fue elegido concejal del municipio

de Cartago (Valle del Cauca), para el período constitucional 2016-

2 “[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.
3 “[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario

1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional […]”.

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2019, pero cuando hizo parte de la Mesa Directiva de esa corporación

en calidad de segundo vicepresidente, para la vigencia 2017, le pagó

honorarios al concejal JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO, por

concepto de veinticuatro (24) sesiones extraordinarias, esto es, que

sobrepasó el tope establecido legalmente, conforme lo certifica el

mismo secretario de ese concejo municipal.

Mencionó que, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 136, a los

concejales de municipios catalogados como de Cuarta Categoría se

les puede reconocer y pagar honorarios anuales hasta por 70

sesiones ordinarias y 20 sesiones extraordinarias, como es el caso

del municipio de Cartago (Valle del Cauca); y que el pago irregular

se hizo más evidente y concretó la indebida destinación de dineros

públicos porque después de dos años de haber incurrido en dicho

proceder, se realizó la devolución de los recursos pagados en exceso,

como consta en la certificación de esa corporación.

Comentó que si bien son varios los actos administrativos que

ordenaron el reconocimiento y pago de los honorarios al referido

concejal municipal, el pago indebido se materializó con la Resolución

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núm. 006 de 31 de diciembre de 20174, suscrita por todos los

miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Cartago

(Valle del Cauca), siendo estos ordenadores del gasto y, por ende,

responsables del cuidado y protección de los recursos públicos para

la vigencia 2017.

Manifestó que, respecto del señor VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ

MEJÍA, en calidad de presidente del Concejo Municipal de Cartago

(Valle del Cauca), y miembro de la Mesa Directiva para la vigencia

fiscal 2017, quien igualmente suscribió los actos administrativos de

ordenación del gasto, se adelantó un proceso similar de pérdida de

investidura ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del

Cauca, con radicación núm. 76001-23-33-000-2021-01006-00, en el

que también se incluyó el pago irregular de las sesiones ordinarias

de noviembre de 2017, toda vez que el concejal JORGE HERNÁN

LOAIZA MURGUEITIO se encontraba por fuera del país, -Estados

Unidos de Norteamérica-, lo que en la práctica impedía su presencia

en el cabildo municipal.

4 En realidad, se refiere a la Resolución núm. 077 de 21 de diciembre de 2017 “[…] Por
medio de la cual se reconoce el pago de honorarios a un concejal del municipio de Cartago,
Valle del Cauca, por concepto de sesiones extraordinarias del mes de diciembre de 2017
[…]”.

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Anotó que el desvío de recursos públicos, generalmente, lo realizan

los ordenadores del gasto, sin que ello sea una regla inquebrantable;

que en el escenario del Concejo Municipal de Cartago (Valle del

Cauca), ese deber funcional le podría corresponder al presidente del

Concejo Municipal como jefe de la corporación; sin embargo, debe

considerarse lo establecido en su reglamento interno con relación a

las funciones del presidente y Mesa Directiva.

Sostuvo que para la fecha en que se produjo la orden de pago que

superó los topes de sesiones extraordinarias establecidos en la ley,

el referido Reglamento Interno estaba contenido en el Acuerdo núm.

010 de 2017; y que aunque su artículo 40 estableció como función

del presidente la ordenación del gasto del presupuesto de la

Corporación, el numeral 6º del artículo 45, previó como función de la

Mesa Directiva “[…] Suscribir las resoluciones para el efecto de

reconocimiento de honorarios a los concejales por su asistencia

comprobada a las sesiones plenarias, y ordenar su publicación en el

medio oficial de información del Concejo (art.65 de la Ley 136 de

1994) […]”.

Agregó que la Mesa Directiva de ese entonces dio una destinación

que no correspondía a los dineros de la Corporación, al pagar sumas

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adicionales a las legalmente establecidas, en referencia a las cuatro

sesiones extraordinarias, lo que incrementó el patrimonio del señor

JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO, sin que tuviera derecho a

ello; y que aunque la cuantía no sea significativa, ordenar el

reconocimiento y pago de esos honorarios afectó el erario por su

destinación indebida, al haberse pagado valores adicionales a los que

legalmente correspondía, que pudieron utilizarse en otras actividades

propias de la entidad, por lo que, desde la perspectiva sancionatoria

de la pérdida de investidura, lo que se reprocha es que quien era

competente para disponer de la utilización de los recursos públicos,

lo hiciere en forma indebida, irregular o con destinación diferente a

la legalmente establecida.

Indicó que el reintegro de los recursos no hace desaparecer la

irregularidad ocurrida, sino que permite apreciar que durante dos

años estuvieron por fuera de la órbita competencial y de protección

del Estado, corroborando así la indebida destinación, y no constituye

una causal de reducción de la sanción misma, como pudiera ocurrir

en otros procesos como el penal.

Enfatizó en que por las condiciones del accionado, -ordenador del

gasto-, al ostentar esa dignidad y por estar inmerso en actividades

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públicas del orden local, le correspondía tener claridad sobre el

número de sesiones habilitadas para el pago a los concejales del

municipio y la forma como se hacía ese reconocimiento,

comportamiento gravemente culposo al mediar recursos del erario

puestos a su disposición para su cuidado, protección y la destinación

clara y precisa fijada en la ley.

Adujo que efectuar un pago adicional al que corresponde por ley,

permitiendo incrementar el patrimonio de un tercero sin causal que

lo justifique, desconoce el marco regulatorio, sin que exista una

causal de justificación válida para ello, toda vez que el

comportamiento de los ordenadores del gasto es trascendental

debido a su dignidad y por lo que la sociedad espera de ellos como

sus representantes legítimos.

I.3.- El concejal, por conducto de apoderado judicial, se opuso a la

prosperidad de las pretensiones de la solicitud, para lo cual propuso

las excepciones de ‘falta de legitimación en la causa por pasiva’,

‘ausencia de antijuridicidad’ y ‘ausencia del elemento subjetivo’.

En cuanto a la falta de legitimación en la causa por pasiva, alegó que

de acuerdo con el manual de funciones de la entidad, vigente en el

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año 2017, dentro de las funciones del segundo vicepresidente no se

encontraba la de ordenar el gasto del concejo municipal, razón por

la cual no puede imputarse responsabilidad alguna al accionado por

estos hechos; y que el presidente de la corporación, VÍCTOR

ALFONSO ÁLVAREZ MEJÍA, fue quien autorizó el pago de las

sesiones extraordinarias durante la vigencia 2017 al concejal JORGE

HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO.

Respecto de la ausencia de antijuridicidad, aseguró que la conducta

objeto de reproche no es antijurídica en materia de pérdida de

investidura. Recalcó la importancia del análisis sobre la finalidad de

la norma que se considera infringida, siendo necesario examinar el

propósito de la causal de destinación indebida de recursos públicos,

al igual que el de la norma que limita el pago de las sesiones de los

concejales.

Sostuvo que el elemento tipificador de la causal de pérdida de

investidura invocada es que el corporado, en ejercicio de sus

competencias, traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos

estatales para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o

propósitos no autorizados, o a otros si autorizados, cuando la

finalidad es obtener un incremento patrimonial personal o de terceros

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o cuando derive un beneficio no necesariamente económico en su

favor o de terceras personas.

Indicó que ninguna de las finalidades de la causal en ciernes se

presentó en el caso concreto, toda vez que no se probó que el pago

de los honorarios se hubiera realizado con el fin de obtener un

incremento patrimonial a favor de un tercero y mucho menos que el

pago de más se realizó para alargar el trámite de un proyecto de

acuerdo.

Finalmente, en lo que tiene que ver con la ausencia del elemento

subjetivo, alegó que no ha incurrido en causal alguna de pérdida de

investidura puesto que verificó que se había cumplido el

procedimiento establecido por la entidad para que el ordenador del

gasto autorizara el pago; y que las pruebas que ampararon dicho

razonamiento fueron allegadas al plenario y los hechos son los

mismos del proceso con radicación núm. 76001-23-33-000-2021-

01006-00, en cuya sentencia se estableció que no existen elementos

para estructurar la desinvestidura del concejal, pues si a tal

conclusión se llegó y con razón, frente a quien ordenó el gasto en

aquel expediente, lo mismo aplica para él.

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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA

El Tribunal, mediante sentencia de 25 de marzo de 2022, denegó la

solicitud de pérdida de investidura del señor ALFREDO DUQUE

VALENCIA, concejal municipal de Cartago (Valle del Cauca), para lo

cual sostuvo que no se probó que el concejal estuviera incurso en la

causal de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros

públicos, prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48,

numeral 4, de la Ley 617, como quiera que en el primer supuesto, -

pago de cuatro sesiones extraordinarias en exceso-, la valoración del

componente subjetivo advierte sobre la ausencia de culpabilidad; y

en el segundo supuesto, -pago por sesiones ordinarias no asistidas

durante el mes de noviembre de 2017-, no se probó el elemento

objetivo de la causal.

Manifestó que, en efecto, se configuró el elemento objetivo del

primer escenario porque se presentó una indebida destinación de

recursos públicos ante el pago de las últimas cuatro (4) sesiones

extraordinarias reconocidas por la Mesa Directiva, habida cuenta que

el análisis conjunto de las resoluciones por medio de las cuales se

reconocieron honorarios al concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

MURGUEITIO, con motivo de asistencia a sesiones extraordinarias

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durante la vigencia 2017, da cuenta que se le pagaron honorarios

por un total de veinticuatro (24), a pesar de que la norma fija para

los municipios de Cuarta Categoría, como Cartago (Valle del Cauca),

un tope de veinte (20) sesiones extraordinarias.

Con relación al segundo escenario, indicó que no se configuró el

elemento objetivo, habida cuenta que al concejal JORGE HERNÁN

LOAIZA MURGUEITIO no le fueron reconocidos supuestos

honorarios por sesiones ordinarias durante los días que estuvo en los

Estados Unidos, siendo consonante con ello las respectivas actas de

asistencia a sesiones ordinarias programadas por el Concejo

Municipal de Cartago (Valle del Cauca), en la que consta que estuvo

ausente del 24 al 27 de noviembre de 2017 y no asistió a tales

reuniones.

En cuanto a la configuración del elemento subjetivo por el

reconocimiento de las cuatro (4) sesiones extraordinarias

indebidamente pagadas al concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

MURGUEITIO, el a quo acudió al precedente horizontal establecido

por ese mismo Tribunal en el proceso similar al actual, con supuestos

fácticos idénticos, por haberse abordado el mismo trámite

administrativo que conllevó al pago de los honorarios en exceso con

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motivo de las sesiones extraordinarias pagadas al referido concejal,

esto es la sentencia de 13 de diciembre de 2021, -radicación 76001-

23-33-000-2021-01006-00-, en la que se exoneró de

responsabilidad al presidente del Concejo Municipal de Cartago (Valle

del Cauca).

Adujo que en aquella se concluyó que de acuerdo con el

procedimiento establecido, resultó evidente que el accionado, -en

ese caso el presidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de

Cartago (Valle del Cauca), período 2017-, antes de proceder a

realizar el reconocimiento de las sesiones, solicitó la respectiva

verificación al secretario general de la Corporación, quien era el

encargado de verificar, registrar y certificar la asistencia de los

concejales a las sesiones plenarias; es decir, que actuó con la debida

diligencia con el fin de comprobar si le asistía derecho al concejal

JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO al pago de las sesiones

extraordinarias solicitadas.

Agregó que se determinó que dicho presidente siguió el

procedimiento establecido al interior de la Corporación para esta

clase de requerimientos, con el fin de establecer si era procedente el

pago, de lo cual no pudo aducirse un comportamiento doloso o

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gravemente culposo, sino que, por el contrario, la actuación

desplegada tenía la entidad suficiente de acreditar una conducta

diligente, previo a la autorización del pago, mediante una

certificación del funcionario competente encargado de avalar tal

reconocimiento.

Mencionó que, en esa providencia, además se dejó constancia de

que: “[…] el secretario general de la época cometió un error en la

verificación de las asistencias de dicho concejal, por lo que se debe

solicitar el reintegro por valor de $761.804, que corresponden a las

4 sesiones pagadas por error […]”, circunstancia que no se adecuó a

un comportamiento gravemente culposo.

Señaló que, por lo tanto, tales razonamientos plasmados en la citada

sentencia de 13 de diciembre de 2021, -radicación 76001-23-33-

000-2021-01006-00-, son plenamente aplicables al concejal

ALFREDO DUQUE VALENCIA, más aún cuando dentro del trámite

interno del Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca) las

solicitudes de reclamaciones de honorarios no pagados a los

concejales son tramitados a través del presidente de la corporación

administrativa y el secretario general, que no del segundo

vicepresidente. Que, en ese procedimiento especial, salvo la

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suscripción de la resolución de reconocimiento de honorarios, ningún

otro rol expreso se le asigna por normas internas al segundo

vicepresidente de la corporación, como tampoco ostenta la calidad

de ordenador del gasto, existiendo entonces razones adicionales para

desvirtuar el aspecto subjetivo necesario para configurar la pérdida

de investidura.

Finalmente, sostuvo que no es factible aplicar por analogía los

criterios sobre el dolo y la culpa de las normas previstas para el

ejercicio del medio de control de repetición o el enfoque sobre

afectación a la moralidad pública tratándose de la vulneración de

derechos e intereses colectivos. Ello, por cuanto en materia

sancionatoria la interpretación extensiva y analógica está proscrita,

debido a que la jurisprudencia establece el carácter taxativo y la

interpretación restrictiva de las causales de pérdida de investidura,

reglas y razonamientos diseñados para los fines exclusivos de esas

materias.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS

III.1.- El solicitante, actuando en su calidad de Procurador 18

Judicial II Administrativo, interpone recurso de apelación contra la

citada sentencia, en el cual solicita sea revocada y, en su lugar, se

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acceda a la desinvestidura del concejal ALFREDO DUQUE

VALENCIA, para lo cual reitera los fundamentos de hecho y de

derecho de la solicitud, únicamente, en lo relacionado con la

conducta consistente en el reconocimiento y pago de las cuatro (4)

sesiones extraordinarias al concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

MURGUEITIO, por parte de la Mesa Directiva del Concejo Municipal

de Cartago (Valle del Cauca), período 2017.

Menciona que no existe controversia alguna sobre el pago irregular

o en exceso que se realizó por concepto de honorarios de sesiones

extraordinarias al concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

MURGUEITIO, durante la vigencia fiscal 2017, lo cual es ratificado

con la devolución respectiva de ese pago en exceso, como lo

registran las pruebas documentales anexas al plenario.

No obstante, lo que sí reprocha es que ese pago indebido, irregular

o con destinación diferente a la que prevé el marco regulatorio, no

se habría concretado sin la comparecencia del segundo

vicepresidente, quien suscribió los actos administrativos de

reconocimiento y pago de los honorarios por asistencia a sesiones

del Concejo Municipal. Que esa presencia personal e institucional en

la confección de los referidos actos administrativos no puede ser

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considerada como una actuación inane, pues, por el contrario, es el

mismo reglamento interno del Concejo Municipal de Cartago (Valle

del Cauca), el que impone esa obligación conjunta para propugnar

por una verdadera participación de los partidos políticos que

conforman la Mesa Directiva y a la vez para tener unos mayores

controles sobre los gastos que ordinariamente debe afrontar la

entidad corporativa.

Alega que los votantes directos esperarían de aquellas personas que

hubieren sido elegidas popularmente, que al menos actúen dentro

del más estricto marco de la legalidad, lo cual no tuvo ocurrencia

cuando realizaron pagos que desbordaron los máximos permitidos, -

esto es, con desviación de la destinación legalmente establecida-, y

es por ello que, desde la perspectiva legal y democrática, quien se

desempeña como miembro de la Mesa Directiva de un concejo

municipal de Cuarta Categoría como lo es Cartago (Valle del Cauca),

dignidad que implica no únicamente el honor de serlo sino que

conlleva obligaciones administrativas y de ordenación del gasto, debe

actuar con máximo rigor de apego a la normatividad y la realidad de

los hechos.

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Indica que si bien no se está ante un comportamiento

eminentemente doloso, esos procederes de reconocimiento y pago

de honorarios superando los topes máximos, se adecúan a un

comportamiento gravemente culposo, sobre todo cuando son

recursos del erario que ha sido puesto a su disposición para su

cuidado, protección y, sobre todo, para la destinación clara y precisa

que le establece la legislación colombiana. Que, en este sentido,

cuando se hace una pago adicional al que realmente corresponde, se

desconoce ese marco regulatorio, sin que pudiere existir una causal

de justificación válida en cuanto se refiere a la máxima protección

que debe dársele a los recursos públicos; y si bien pudiere aducirse

que existían unos controles internos a los que se les pasó esta

problemática, ello no le resta la trascendencia comportamental que

le asiste a los ordenadores del gasto, en razón de su dignidad y lo

que espera la sociedad de ellos como sus representantes legítimos.

Sostiene que no puede ser de recibo el argumento paladín de que

una tercera persona, llámese secretario de Concejo o cualquier otro

subalterno, hubiere realizado las verificaciones, pues lo que se

espera es que al menos constate si los valores a pagar se

compadecen con lo que realmente se ha ejecutado, sin que sea una

excusa valida el simple purito de que se cumplió con el

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procedimiento. Que, de ser así, cuantas irregularidades y desfalcos

se han realizado al patrimonio público bajo el sofisma de que se

cumplió con el procedimiento, verbigracia las licitaciones, pero que

al realizar un análisis más juicioso y detallado de lo que realmente

ha tenido ocurrencia se han develado grandes focos de corrupción.

Aduce que al accionado le era exigible un comportamiento más

juicioso, esto es, que no se supliera únicamente con que un tercero

subalterno había revisado el procedimiento, sino que ante el manejo

de recursos públicos lo que al menos se esperaba de él y de los

demás miembros de la Mesa Directiva, era que constataran el

número de sesiones a las que asistió el concejal municipal y cuántas

ya le habían sido pagadas, para evitar ese pago adicional e irregular.

III.2.- De igual forma, el Agente del Ministerio Publico apela la

referida sentencia y solicita sea revocada para, en su lugar, acceder

a la desinvestidura del concejal ALFREDO DUQUE VALENCIA, para

lo cual aduce que no es cierto que el concejal no fungiera como

ordenador del gasto, debido a que según el reglamento del Concejo

Municipal las órdenes de gasto debían ser suscritas por los

integrantes de la Mesa Directiva.

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Indica que con ese deber que se le atribuye y atendiendo al principio

de responsabilidad que atañe a los servidores públicos, se puede

considerar ordenador del gasto al accionado por lo que esa función

no es inamovible en cabeza del presidente del Concejo Municipal de

Cartago (Valle del Cauca), sino que esa facultad es de aquellas que

puede delegarse, sin que ello implique que el delegante no continúe

con las responsabilidad frente a los actos del delegatario, tal como

se percibe del concepto núm. 311661 de 2021, expedido por el

Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, de 24 de

agosto de 2021, radicación núm. 20216000311661, al expresar que

la función de ordenación del gasto puede ser delegada en los

integrantes de la Mesa Directiva de los concejos municipales.

Aduce que ha quedado probado el comportamiento desde el punto

de vista objetivo y los aspectos subjetivos que permiten señalar con

certeza que se ha configurado la casual invocada de pérdida de

investidura, reiterando para ello la conclusión a la que se arribó en

el concepto rendido por dicha agencia del Ministerio Público en el

caso bajo estudio.

IV.- TRASLADO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN

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El traslado de los recursos de apelación, previsto en el artículo 14,

numeral 3, de la Ley 1881, no fue descorrido por el concejal.

V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1.- Problema jurídico

De conformidad con lo esgrimido en los citados recursos de

apelación, le corresponde a la Sala establecer, exclusivamente, si el

concejal del municipio de Cartago (Valle del Cauca), señor ALFREDO

DUQUE VALENCIA, al incurrir objetivamente en la causal prevista

en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136, y 48, numeral 4, de la

Ley 617, esto es, indebida destinación de dineros públicos, desplegó

una conducta dolosa o gravemente culposa al suscribir, en calidad de

miembro de la Mesa Directiva del Concejo Municipal, -segundo

vicepresidente-, durante la vigencia 2017, la Resolución núm. 077 de

21 de diciembre de 2017, por medio de la cual se le reconocieron y

ordenaron pagar cuatro (4) sesiones extraordinarias a favor del

concejal JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO, excediendo con

ello el límite de honorarios que por veinte (20) sesiones

extraordinarias se pueden cobrar en un municipio de Cuarta

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Categoría, según lo prevé el artículo 66 de la Ley 136, modificado

por el artículo 1º de la Ley 1368 de 29 de diciembre de 20095.

En este punto la Sala pone de presente que si bien en ambos recursos

se mencionan, indistintamente, las disposiciones que regulan el

reconocimiento y pago de sesiones ordinarias y extraordinarias, lo

cierto es que ninguno de los dos escritos rebate de fondo la decisión

de la sentencia de 25 de marzo de 2022, relacionada con la ausencia

del elemento objetivo en el supuesto pago de honorarios por

concepto de sesiones ordinarias a las que no asistió el concejal

ALFREDO DUQUE VALENCIA, por encontrarse de viaje en el

exterior del país, sino que, por el contrario, aquellos se dedican a

controvertir, in extenso, las razones por las cuales el Tribunal

exoneró de responsabilidad al accionado, aun después de haber

encontrado probado el elemento objetivo por el pago excesivo de

honorarios de cuatro (4) sesiones extraordinarias, aspecto único que

será el abordado en la presente providencia.

V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como

causal de pérdida de investidura6

5 “[…] Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se

dictan otras disposiciones […]”.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera

ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único

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Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se

advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la

presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la

Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:

“[…] Ley 136

Artículo 55. Pérdida de la investidura de concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)

3. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).

“[…] Ley 617

Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados,
Concejales Municipales y Distritales y de Miembros de
Juntas Administradoras Locales. Los diputados y concejales
municipales y distritales y miembros de juntas administradoras
locales perderán su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]”
(Negrillas y subrayas por fuera de texto).
Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran

desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las

ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que

esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3

de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,

con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes

de radicación 50001233300020200008001; 29 de marzo de 2019, número único de
radicación 66001233300020180024601; y de 23 de julio de 2021, número único de
radicación 50001233300020200002101.

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miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los

concejales, precisó:

“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos
a unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:

a. Cuando destina los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución,
la ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias
innecesarias o injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en
el de terceros […]”7 (Negrillas y subrayas fuera de texto).

De igual forma, ha explicado que:

“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de
pérdida de investidura, tampoco describe la conducta. No
obstante, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado ha delimitado los presupuestos para que se configure.
En este sentido, como su denominación lo indica, se realiza
cuando un congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos a
actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos
que estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre

de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.

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En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de
los dineros públicos no corresponde a los fines estatales
preestablecidos por la Constitución, la ley o el reglamento:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros
públicos no está definida en la Constitución ni en las
normas legales que rigen el ejercicio de la acción de
pérdida de investidura. Es, entonces, pertinente
consignar el sentido y alcance con que esta Corporación
le ha definido. La causal de indebida destinación de
dineros públicos se configura cuando el concejal
destina los dineros públicos a unas finalidades y
cometidos estatales distintos a los establecidos en
la Constitución, en la ley o en los reglamentos […]”8
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Respecto a los elementos constitutivos de este tipo
disciplinario, la Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de
20039 también señaló: “[…] Por consiguiente, el elemento
tipificador de la causal de pérdida de investidura en
referencia, está en el hecho de que el congresista, en su
condición de servidor público, que lo es (art. 123 de la
Constitución), con su conducta funcional, al ejercer las
competencias de las que ha sido revestido, traiciona,
cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales
preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas, etc. ‘En
los eventos como los antes indicados, la conducta del
congresista bien puede ser delictiva o no, ajustada o no a un
procedimiento legal de ordenación del gasto o de contratación,
pero, su finalidad es otra muy distinta a la señalada en la

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia

de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera
ponente Olga Inés Navarrete Barrero.

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Constitución, la ley o los reglamentos’ […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).

De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la
Ley o el Reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o que estando
autorizados sean diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o haya destinado o utilizado los recursos
a materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas; o perseguido la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros; o hubiere
pretendido derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas.

En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta
con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público,
toda vez que es imperativo cuidar los bienes del Estado para
evitar su menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha
señalado que la causal comporta dos elementos: i) la
conducta y ii) el fin. La Sentencia del 1 de noviembre de
200510 señaló: “[…] Para la configuración de la causal de
indebida destinación de dineros públicos prevista en el
num. 4º del artículo 183 de la Constitución Política
(reproducida en el numeral 4º del artículo 298 de la Ley
5ª de 1992) se destacan o requieren dos elementos
como son la conducta y el fin […]”

En el primero –como se exige para las demás causales por las
que se puede demandar la pérdida de investidura- es
necesario, que el sujeto activo que la agota ostente la calidad
de Congresista y precisamente que en esa condición ejerza
competencias para las que fue investido.

El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta,
es decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos,

10Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.

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no necesarios o injustificados; iii) obtenga un
incremento patrimonial para sí o a favor de terceros, o
iv) pretenda derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o en el de terceras personas, etc.
[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha

expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de

investidura por indebida destinación de dineros públicos que:

“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
se encuentra definida en la Constitución ni en las normas
legales que regulan el ejercicio de la acción de pérdida de
investidura. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación
se ha referido en distintas oportunidades al sentido y alcance
que esta causal tiene.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación, en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente
núm. AC-9877, Consejero ponente doctor Germán Rodríguez
Villamizar), se pronunció sobre los alcances del concepto de
indebida destinación de dineros públicos, señalando que el
elemento tipificador de esta causal de pérdida de investidura
“[…] está en el hecho de que el Congresista, en su
condición de servidor público, con su conducta funcional
al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines o cometidos
estatales, preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas […]”.

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Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la
misma Sala Plena de lo Contencioso Administrativo11 y también
por la Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en
sentencias de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-
00194, Consejero ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), 9 de noviembre de 2006 (Expediente núm. 2005-
01133, Consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade),
16 de julio de 2009 (Expediente núm. 2008-00700, Consejera
ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón) 14 de diciembre de
2009 (Expediente núm. 2009-00012 (Expediente núm. 2009-
00012, Consejero ponente doctor Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente núm. 2011-
00009, Consejera ponente María Elizabeth García González) y
1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”12
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo

jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros

públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad

económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el

propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las

necesidades que demanda el interés general […]” 13, por lo que, en

el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida

11 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001

(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias

de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de
radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo

de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas.

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destinación14 son aquellos en los que un miembro de la corporación

pública territorial de elección popular los asigna para:

i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.

ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están

autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales

están previamente asignados.

iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente

prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.

iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.

v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de

terceros.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.

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vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la

finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente

económico, en su favor o en el de terceros.

Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la

corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del

gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o

utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los

dineros públicos15.

V.3.- Examen del elemento subjetivo en la conducta del

accionado

En cuanto al análisis de culpabilidad del concejal ALFREDO DUQUE

VALENCIA, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala en

sentencia de 25 de mayo de 201716, que al tenor indicó:

“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada
por el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del
respeto a sus garantías al Debido Proceso sancionatorio y en
aras de establecerse si en aquélla estuvo presente o no el
elemento de la culpabilidad en los términos explicados, se

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril

de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

25 de mayo de 2017, número único de radicación 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI),
consejera ponente María Elizabeth García González.

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recuerda y reitera lo considerado recientemente por la Corte
Constitucional en su sentencia SU424 de 2016:

“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:

• La pérdida de investidura es una acción pública17, que
comporta un juicio de naturaleza ética que tiene como
propósito proteger la dignidad del cargo que ocupan los
miembros de cuerpos colegiados, y permite imponer como
sanción no solo la desvinculación de un congresista de su cargo
de elección popular, sino también la imposibilidad futura
de volver a ocupar un cargo de la misma naturaleza, si
éste llega a incurrir en alguna de las causales de
procedencia de la figura señaladas en la Carta Política.

• Son causales de pérdida de investidura18: el incumplimiento
de los deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen
de inhabilidades e incompatibilidades19; la indebida destinación
de dineros públicos20; el conflicto de intereses21 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado22.

• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el
proceso de pérdida de investidura se lleve a cabo con
observancia del debido proceso, particularmente, de los
principios pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las
causales son taxativas y no hay lugar a aplicar normas
por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir
que el análisis de responsabilidad que realiza el juez en el
proceso sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo,
pues en un Estado de Derecho los juicios que implican un
reproche sancionador, por regla general, no pueden operar
bajo un sistema de responsabilidad objetiva, y las sanciones
que se adopten en ejercicio del ius puniendi deberán
verificar la ocurrencia de una conducta regulada en la ley

17 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003, magistrado ponente Manuel José
Cepeda Espinosa.
18 Artículo 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en

el artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
19 Artículo 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de

2003); 180, 181 y 183 de la Constitución Política.
20 Artículo 183 de la Constitución Política.
21 Artículo 182 y 183 de la Constitución Política.
22 Artículo 183 de la Constitución Política. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207

de 2003, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil.

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(principio de legalidad o tipicidad), contraria al
ordenamiento jurídico (principio de antijuridicidad) y
culpable.

Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración
de la causal, el juez de pérdida de investidura examina si
en el caso particular se configura el elemento de
culpabilidad (dolo o culpa) de quien ostenta la dignidad,
esto es, atiende a las circunstancias particulares en las
que se presentó la conducta y analiza si el demandado
conocía o debía conocer de la actuación que desarrolló y
si su voluntad se enderezó a esa acción u omisión.

En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que
ésta aparezca acreditada, existe alguna circunstancia
que excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea
porque haya actuado de buena fe o, en caso de que la
causal lo admita, se esté ante una situación de caso
fortuito o fuerza mayor, o en general exista alguna
circunstancia que permita descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto
político existente entre el elector y el elegido, que es un
elemento fundamental de la democracia representativa. En
efecto, cuando el candidato se presenta ante el
electorado hace una declaración de no estar incurso en
causal de inhabilidad que impida su elección y si tal
declaración no es cierta, el elegido viola ese pacto
político, evento en el que procede la pérdida de la
investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad de
las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de
investidura impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a
los ahora accionantes generó un defecto sustantivo en la
sentencia porque omitió la aplicación de una norma claramente
aplicable al caso. En efecto, como se vio en los
fundamentos jurídicos 24 a 34 de esta providencia, el
proceso sancionador de pérdida de investidura exige la
aplicación del principio de culpabilidad, pese a lo cual
ese elemento no fue valorado en los procesos y, por el
contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en este
asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:

La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo

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algunos casos propios del derecho administrativo sancionador
en los que aún se ha admitido la responsabilidad únicamente
por el resultado, en los procesos que tienen por objeto
reprochar y castigar la realización de una conducta prohibida o
restringida, la valoración de la culpa es determinante e
ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa. En
consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del
derecho a ser elegido de un ciudadano y el derecho a
elegir al candidato del electorado, tal es la prohibición
vitalicia para aspirar a cargos de elección popular, es
lógico entender que las garantías del debido proceso
sancionador también deben ser aplicadas al proceso de
pérdida de investidura. Luego, el principio de
culpabilidad en el proceso de pérdida de investidura
constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.

La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad
pueda interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en
dos procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida
de investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el
derecho que otorgue un sentido útil a la autonomía de los
procesos diseñados para el efecto. De esta manera, la
diferencia sustancial, y no solo formal, entre los
procesos electoral y de pérdida de investidura,
consistiría en valorar el tipo de reproche a efectuar, pues
mientras en el primero la consecuencia puede medirse
únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras,
mientras el juicio electoral evalúa la adecuación de la
causal de inhabilidad en forma objetiva (estaba o no
estaba inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida
de investidura analiza la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma subjetiva, esto es, con culpa del
demandado (sabía o debía saber que estaba
inhabilitado).

La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la
sanción de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar
la ausencia de culpa en la configuración de la causal de
inhabilidad aplicada. Por la conducta asumida por los
demandantes en este caso es fácil inferir que se
inscribieron al cargo de elección popular con la
convicción de que no se encontraban inhabilitados para
su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes

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Solicitante: SOLÍS OVIDIO GUZMÁN BURBANO

en la averiguación del estado actual de la jurisprudencia
en torno a la interpretación de la causal en debate, sino
también actuaron con sujeción al precedente vigente y
vinculante de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del
derecho sancionatorio, dado que la sanción impone la
restricción perpetua de los derechos políticos, era obligatorio
dotar de amplias garantías el procedimiento jurisdiccional. En
ese sentido, en virtud del artículo 29 de la Constitución, que
dispone el principio de presunción de inocencia, del cual se
desprende la culpabilidad, es necesario verificar culpa o
dolo en la conducta reprochable para imponer el castigo
de inhabilitación para ser elegido a perpetuidad, razón
por la cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
indicado que el proceso de pérdida de investidura se
desarrolla en el ámbito de la responsabilidad subjetiva
[…]”23 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).

El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir
de estos claros parámetros, la observancia del derecho
fundamental al debido proceso del demandado,
particularmente, de los principios pro homine, in dubio pro reo,
de legalidad (las causales son taxativas y no hay lugar a aplicar
normas por analogía), objetividad, razonabilidad, favorabilidad,
proporcionalidad y culpabilidad.

Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines
constitucionales que se protegen, es clara la autonomía
sustancial entre el juicio de pérdida de investidura y el
electoral: “[…] el primero, conlleva la ponderación de la
ética pública y los derechos del elegido, pues su núcleo
de protección es la dignidad que implica el mandato
otorgado en ejercicio de la democracia; y el segundo,
pondera la regularidad del proceso democrático y los derechos
de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.24

Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que
estaba inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del

23 Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, número único de radicación 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI),
consejero ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
24 Ídem.

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Municipio de Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a
demostrar que optó por inscribirse y participar de los comicios,
muy a pesar de que conocía o debía conocer esa actuación
vetada para los ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser
elegidos Concejales, esto es, la intervención en la celebración
de contratos con entidades públicas dentro del año anterior a
su elección.

Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-
501 de 6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora
Myriam Ávila Roldán), señaló que como quiera que en los
procesos de pérdida investidura no es posible calificar el grado
de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto tampoco
es posible modular la sanción, se requiere acreditar un mínimo
de culpabilidad para que sea impuesta la sanción.

En efecto, al respecto sostuvo:

“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha
delimitado varios de los aspectos más relevantes que
caracterizan al proceso de pérdida de investidura como un
proceso jurisdiccional especial. No obstante, existen ciertos
elementos de la pérdida de investidura que no han sido fijados
por la doctrina constitucional debido a la escasa regulación que
la propia Constitución realizó sobre su procedimiento, el cual,
adicionalmente, debe ser observado con estricto rigor dado su
carácter estricto y restringido. Como explicó la sentencia C-237
de 201225 “la pérdida de la investidura tiene a la Constitución
de 1991 como fuente principalísima en su regulación, lo que
hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.

52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de
establecer el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en
cuenta que se trata de un proceso que juzga el incumplimiento
de obligaciones disciplinarias sobre la conducta del
representante popular.26 En efecto, en el proceso de

25 Corte Constitucional, sentencia C-237 de 22 de marzo de 2012, magistrado ponente
Humberto Antonio Sierra Porto.
26 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo
dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta.
En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de
inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el
reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por
el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

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pérdida de investidura no es posible calificar el grado de
culpabilidad (dolo, culpa grave o leve), y por tanto
tampoco es posible modular la sanción, pues como ha
señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un
sistema que establece una sanción de manera rígida y única, la
pérdida de investidura.

53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad
del sistema de responsabilidad de la pérdida de
investidura se deriva de su carácter excepcional dentro
de “ius puniendi estatal”27, carácter cuya
excepcionalidad deriva en una sanción rígida en el que
se requiere el mínimo de culpabilidad para que sea
impuesta la sanción más severa a los derechos políticos.
En síntesis, tratándose del proceso de pérdida de investidura,
se trata de un sistema excepcional de juzgamiento de carácter
político-disciplinario el cual establece una sanción rígida y
única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas fuera de
texto)”.

Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere
el análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la
intención positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la
segunda atañe a un concepto que está ligado a la diligencia
debida para el desarrollo de determinada actividad.

Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con
culpa, deben analizarse los elementos que constituyen el
aspecto subjetivo de la misma, los cuales corresponden al
conocimiento tanto de los hechos como de la ilicitud, esto es,
si el sujeto conocía o debía conocer que su comportamiento
resultaba contrario al ordenamiento jurídico.

En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una
causal de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación
de total intención en la realización de la misma y, por ende, de
un grado de culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que
se concluya que el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta,
pero que en virtud de la diligencia requerida para el desarrollo
de su actividad debía saber que la misma resultaba contraria a
derecho, se está ante un comportamiento culposo, de no
mediar sólidas circunstancias que se lo hubieran impedido.

Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
27 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.

Humberto Antonio Sierra Porto).

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Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO
HINESTROZA ANGULO conocía o debía conocer que la suya era
constitutiva de inhabilidad, con miras a determinar si existió
dolo o culpa en su comportamiento.

En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a
determinar el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre
que determinada conducta (en este caso la celebración del
contrato), genera la inhabilidad, pues ante dicho conocimiento,
la ejecución de la conducta demuestra la intención en la misma.

Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene
que estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer
su ilicitud en virtud de la diligencia que para la inscripción como
candidato al Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era
menester desplegar.

Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el
cual prevé:

“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de
culpa o descuido.

Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste
en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún
las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear
en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale
al dolo.

Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente
en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación,
significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone
a la diligencia o cuidado ordinario o mediano.

El que debe administrar un negocio como un buen padre de
familia, es responsable de esta especie de culpa.

Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada
diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración
de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a
la suma diligencia o cuidado.

El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la
persona o propiedad de otro”.

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En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el
marco normativo que rige el cargo al cual se aspira, es
una obligación general para quien pretende acceder a la
función pública, incluso en los eventos de elección
popular, sin embargo el entendimiento de dichos
requisitos debe analizarse de acuerdo con las
condiciones personales del sujeto, esto es el grado de
formación, su profesión, las circunstancias que lo
rodearon, así como a los actos que haya realizado para
conocer dicho marco normativo, por ejemplo solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de
la referida inhabilidad, para con base en ello, determinar
si se obró con el cuidado requerido y así definir si su
conducta es culposa o si, por el contrario, se está ante
una situación de buena fe exenta de culpa que impida el
reproche subjetivo de su obrar.

Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la
falta de cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
los negocios propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las
calidades o requisitos positivos con los que debe contar un
candidato para ser elegido Concejal Municipal, esto es, ser
ciudadano en ejercicio y haber nacido o ser residente del
respectivo municipio o de la correspondiente área
metropolitana durante los seis (6) meses anteriores a la fecha
de la inscripción o durante un período mínimo de tres (3) años
consecutivos en cualquier época.

A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al
Concejo para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales
se encuentra, como ya se ha explicado, haber intervenido en el
año anterior a las elecciones, en la celebración de contratos con
entidades públicas en interés propio o de terceros, para ser
ejecutados en el mismo Municipio al cual aspira a ser concejal.

Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia,
revisión y análisis previos por parte de todo ciudadano que
pretenda ser elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia
que surge como debida en el ordinario transcurrir del proceso
de inscripción del respectivo candidato, siéndole por demás
exigible en medio de las normales medidas de cuidado y
precaución que tenía que adelantar para llegar a la certeza del
cumplimiento de los mismos y, por ende, de una candidatura
reglamentaria y sometida a las condiciones legales para ejercer
el cargo de Cabildante.

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Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de
examen de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que
en dicha ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:

“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la
Carta anterior, que implícitamente recogía el principio de
igualdad. Y al desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo
elaborado por el Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad
jurídica, que otorga iguales facultades e impone idénticos
deberes, y da igual protección a unos y a otros. Esto es, se
repite, una igualdad de derechos y no de medios. Si no

se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del
orden jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares,
o sea, en un sistema de estatutos privados privilegiados (…)

(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio
de la igualdad constitucional y generador del caos
jurídico”28 […]29” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Como se puede advertir de lo consignado en la precitada sentencia,

la revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que rige

el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien

pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos

los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de

dichos elementos podría analizarse de acuerdo con las condiciones

personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,

las circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que haya

realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar

conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida

28 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
29 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.

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inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el

cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el

contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que

impida el reproche subjetivo de su obrar30.

Lo anterior, sin dejar de lado que, tal como se previno, la ignorancia

de las leyes no sirve para excusar su transgresión, al tenor del

artículo 9°, del Código Civil, habida cuenta que las disposiciones que

regulan el ejercicio del cargo que se pretende ocupar, o que se está

ocupando, son de obligatoria observancia y diligente entendimiento

a la luz de cada circunstancia en particular, con el fin de determinar,

al menos con certeza promedio, si el individuo está inmerso, o no,

en las prohibiciones ordenadas por la Constitución Política y la ley.

Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201931, que modificó

el artículo 1º de la Ley 1881, estableció que el proceso sancionatorio

de pérdida de investidura es un juicio de responsabilidad subjetiva y

la acción se ejercerá en contra de los congresistas que, con su

conducta dolosa o gravemente culposa, hubieren incurrido en una de

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
31 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones

[…]”.

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las causales de pérdida de investidura establecidas en la

Constitución, lo que aporta, significativamente, en aquellos factores

que también deben verificarse en el comportamiento desplegado por

los miembros de las corporaciones públicas territoriales, -dolo o culpa

grave-.

V.4.- Del caso concreto

Descendiendo al caso concreto, se tiene que de las pruebas allegadas

al expediente está demostrado que el señor ALFREDO DUQUE

VALENCIA fue elegido concejal del municipio de Cartago (Valle del

Cauca), por el Partido Conservador Colombiano, para el período

constitucional 2016-2019, de conformidad con el Formulario E26CON

de 30 de octubre de 2015.

Asimismo, obran:

• Las resoluciones por medio de las cuales la Mesa Directiva del

Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca), integrada por el

accionado como segundo vicepresidente, reconoció el pago de

honorarios al concejal del mismo municipio, JORGE HERNÁN

LOAIZA MURGUEITIO, con motivo de asistencia a veinticuatro (24)

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sesiones extraordinarias durante la vigencia 2017, así: Resolución

núm. 006 de 31 de enero de 2017, diez (10) sesiones

extraordinarias, cada una $190.451, un total de $1.904.510;

Resolución núm. 064 de 30 de octubre de 2017, diez (10) sesiones

extraordinarias, cada una $190.451, un total de $1.904.510; y la

Resolución núm. 077 de 21 de diciembre de 2017, cuatro (4)

sesiones extraordinarias, cada una $190.451, un total de

$761.804.

• La certificación de la Unidad de Tesorería del Municipio de Cartago,

expedida el 3 de diciembre de 2021, en la que consta que una vez

revisados los expedientes de pagos del Sistema de Información

Financiera y archivo físico del despacho, para el período fiscal 2017:

(i) las órdenes de pago (resoluciones) enviadas por el Concejo

Municipal evidencian que su mesa directiva ejercía como ordenador

del gasto y (ii) al señor JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO le

fueron reconocidas por el Concejo Municipal y pagadas por el

despacho que certifica, 24 extraordinarias.

• La certificación del secretario general del Concejo Municipal de

Cartago, expedida el 3 de diciembre de 2021, en la que consta la

asistencia por parte del concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

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MURGUEITIO, a las sesiones extraordinarias durante la vigencia

fiscal 2017, que a continuación se relacionan: (i) enero de 2017, días

asistidos: 2, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 y 31, diez (10) sesiones;

(ii) junio de 2017, días asistidos: 16, 17, 20, 21, 22, 23, 27, 28 y 29,

nueve (9) sesiones; octubre de 2017, días asistidos: 20, 21, 23, 25,

26, y 28, seis (6) sesiones.

• El certificado de movimientos migratorios expedido el 28 de marzo

de 2022, por el cual la U.A.E. MIGRACIÓN COLOMBIA hizo constar

que el señor JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO registró dos

movimientos migratorios en el mes de noviembre de 2017,

información que es valorada por la Sala en el marco del carácter

reservado que ostenta este documento32.

32 Decreto 1067 de 26 de mayo de 2015 “[…] Por medio del cual se expide el Decreto Único

Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores […]”: “[…] Artículo
2.2.1.11.4.3. Reserva. <Inciso modificado por el artículo 53 del Decreto 1743 de 2015. El
nuevo texto es el siguiente:> Por estar relacionados con la seguridad nacional, así como por
involucrar la privacidad de las personas, de conformidad con las normas que rigen la
materia, tienen carácter reservado en los archivos de la Unidad Administrativa
Especial Migración Colombia, el registro de extranjeros, los documentos que
contienen información judicial e investigaciones de carácter migratorio y el
movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros.

No obstante, la anterior información que se lleva en la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia podrá ser entregada a:

1. Los funcionarios judiciales y de policía que adelanten investigaciones respecto
de la persona registrada.
(…)

Parágrafo. Para efectos de la entrega de la información de que trata el presente
artículo, los funcionarios que la solicitan, señalados en los numerales 1 y 2, deberán
contar con las autorizaciones que establezcan los Códigos y las demás disposiciones
pertinentes en cada caso.

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• El auto de 15 de marzo de 2022, a través del cual el Despacho

sustanciador del Tribunal solicitó al magistrado VÍCTOR ADOLFO

HERNÁNDEZ DÍAZ, copia del proceso digital de pérdida de

investidura identificado con número único de radicación 76001-23-

33-000-2021-01006-00, prueba que fue practicada, recaudada y

reposa íntegramente en el expediente digital33.

Cabe señalar que desde la solicitud inicial34, el actor ya había

allegado todas las pruebas y piezas procesales recaudadas en el

citado expediente 76001-23-33-000-2021-01006-00, -en el que se

había proferido sentencia de primera instancia el 13 de diciembre de

2021-, las cuales recopiló en su acápite de pruebas documentales y

presentó como fundamento de su solicitud de desinvestidura, por lo

que frente a éstas el concejal tuvo la oportunidad de pronunciarse y

controvertirlas durante el traslado de su contestación, -lo que en

efecto ocurrió-, habilitándose así su valoración integral en el asunto

bajo examen, no como ‘prueba trasladada’, sino como evidencia que

Igualmente les corresponde a todos quienes acceden a la información asegurar la
reserva de los documentos y datos que lleguen a conocer en desarrollo de lo
prescrito en el presente artículo […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
33 Índice 2, SAMAI.
34 Ver página 19, solicitud de pérdida de investidura de 16 de febrero de 2022.

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hace parte del soporte probatorio de la solicitud inicial, como ya se

indicó, de la siguiente forma:

• Comunicación de 19 de diciembre de 2017 dirigida al concejal

VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MEJÍA, en su condición de

presidente, por la cual el concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

MURGUEITIO solicitó que se ordenara el pago de cuatro (4)

sesiones extraordinarias que le fueron informadas le eran adeudadas

por el secretario general de la Corporación.

• Oficio 941 de 19 de diciembre de 2017, dirigido al secretario

general, GERARDO ANTONIO TORO DUQUE, por parte del

presidente del Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca), señor

VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MEJÍA, para que verificara lo

manifestado por el concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

MURGUEITIO en su solicitud e informara si procedía el pago de las

referidas sesiones.

• Oficio (número ilegible) de 21 de diciembre de 2017, por el cual la

auxiliar administrativa del Concejo Municipal, señora LUZ JENNY

DÍAZ G. le informó al presidente del concejo, señor VÍCTOR

ALFONSO ÁLVAREZ MEJÍA, que verificado con el secretario general

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de la corporación, la asistencia de sesiones extraordinarias del

concejal JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO, “[…] el señor

secretario general [encontró] que resta el pago de 04 sesiones

extraordinarias para completar las 20 sesiones extraordinarias a las

que se tiene derecho, razón por la cual procede su pago y por tal

motivo anexamos el proyecto de resolución que ordena el pago para

su firma […]”.

• Oficio de 4 de noviembre de 2019, por el cual la Secretaría General

del Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca), informó al

concejal JUAN MANUEL GARCÍA PAREJA, presidente en ese

momento de la corporación, que se debía solicitar el reintegro por

valor de $761.804, correspondiente a las cuatro (4) sesiones

pagadas de más al concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

MURGUEITIO, comoquiera que la revisión de los pagos por

concepto de honorarios por asistencia a sesiones por parte de los

concejales en la vigencia 2017, adelantada con la Secretaría de

Hacienda Municipal, evidenció que al referido concejal le fueron

pagadas noventa y cuatro (94) sesiones, cuando de acuerdo con la

Ley 136 de 1994, para la categoría del municipio, solo se podían

pagar 90 sesiones. Refiere que el secretario general de la época

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cometió un error en la verificación de las asistencias de dicho

concejal.

• Cuenta de cobro núm. 9010037955 de 13 de noviembre de 2019,

expedida por el Municipio de Cartago (Valle del Cauca), al señor

JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO por concepto de

‘REINTEGRO RECURSOS PROPIOS’, de cara al valor pagador de más

por honorarios de sesiones extraordinarias, vigencia 2017, por la

suma total de $761.804. El estado de cuenta corriente emitido por el

Banco AV VILLAS del período comprendido entre el 1o. al 30 de

noviembre de 2019, en el que consta nota crédito recaudo referencia

9010037955, por valor de $761.804, realizada el 13 de noviembre

de 2019.

• Oficio núm. 623 de 3 de diciembre de 2021, por el cual el secretario

general del Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca), rindió el

siguiente informe al interior del proceso de pérdida de investidura

con número único de radicación 76001-23-33-000-2021-01006-00:

“[…] I. ¿Cuál es el procedimiento realizado para el pago
de los honorarios a los concejales del municipio de
Cartago?

(…) Ahora bien, cuando sucede que en algunas ocasiones los
concejales no están conformes con la certificación de la

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asistencia realizada, y con ello el monto reconocido,
reconsiderando que han asistido a más sesiones de las
reconocidas, en este caso, el procedimiento es el siguiente:

1. El concejal eleva la solicitud de reconocimiento de pago de
sesiones de más o de revisión de la liquidación realizada al
presidente o a la mesa directiva.

2. El presidente decide el curso que deba darse a la petición
(Numeral 27 del artículo 40 del acuerdo 010 de 2017) y envía
al secretario general para que verifique certifique lo establecido
por el concejal, a efectos de determinar si procede o no el
reclamo.

3. En caso de no proceder, el secretario general extiende
comunicación al concejal solicitante explicando las razones de
la negativa (Numeral 8 del artículo 51 del acuerdo 10 de 2017),
o en caso de certificar que en efecto asistió, da la instrucción
de proyectar el respectivo acto administrativo al auxiliar
administrativo y lo suscribe en señal de certificación de la
asistencia a las sesiones relacionadas y lo envía a la mesa
directiva para su suscripción (numeral 6 del artículo 45 del
acuerdo municipal 010 de 2017).

4. Una vez suscrito el acto administrativo es enviado a la
tesorería municipal para que procedan a su pago.

II. Certificar si el señor JORGE HERNÁN LOAIZA
MURGUEITIO identificado con cédula de ciudadanía No.
16.218.161, solicitó el pago de 4 sesiones
extraordinarias en el mes de diciembre del año 2017 y
cuál fue el trámite dado a esta solicitud.

Una vez revisados los archivos de la corporación, certifico a su
despacho lo siguiente:

1. El señor JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO solicitó
mediante el oficio de fecha 19 de diciembre de 2017,
dirigido al presidente de la corporación, y recibido ese
mismo día, el pago de cuatro sesiones extraordinarias.

Así mismo certificó, conforme a los documentos encontrados
en el archivo de la corporación, que el trámite que se le dio a
la solicitud fue el siguiente:

1. El H.C. JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO solicitó
mediante el oficio de fecha 19 de diciembre de 2017

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dirigido al presidente de la corporación, y recibido ese
mismo día, el pago de cuatro sesiones extraordinarias.

2. El presidente de la corporación, mediante
comunicación oficial de fecha 19 de diciembre de 2017,
solicitó verificar la solicitud realizada por el H.C. Jorge
Hernán Loaiza Murgueitio.

3. Mediante oficio de fecha 21 de diciembre de 2017 la
auxiliar administrativa del concejo informa al presidente
de la corporación que se verificó la asistencia a sesiones
extraordinarias del H.C. Jorge Hernán y que procede su
pago, anexando el proyecto de resolución para la firma
del presidente.

4. A través de la resolución No 077 del 21 de diciembre
de 2017 se ordenó el pago de las 4 sesiones
extraordinarias las H.C. Jorge Hernán Loaiza la cual está
debidamente suscrita por la mesa directiva y por el
secretario general, certificando la asistencia a las
sesiones […]”.
De lo anterior, la Sala advierte que en efecto, y aunque ello no es

materia del presente recurso de apelación, sí se encuentran

presentes los elementos para la configuración objetiva de la causal

de pérdida de investidura por indebida destinación de dineros

públicos, como lo evidenció el Tribunal.

Esta Sección ha señalado que los dineros con los cuales se realiza el

pago de los honorarios de los concejales por la asistencia a sesiones,

son públicos35; que de acuerdo con el artículo 312 de la Constitución

35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

10 de diciembre de 2021, número único de radicación 47001-23-33-000-2021-00310-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. Reiterado en Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de febrero de 2022,
número único de radiación 50001-23-33-000-2020-00032-01, consejero ponente Hernando
Sánchez Sánchez.

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Política, en consonancia con el artículo 65 de la Ley 136, los

concejales tienen derecho a percibir honorarios por su asistencia

comprobada a sesiones ordinarias y extraordinarias; y que de

conformidad con el artículo 66 de la Ley 136, “[…] En los municipios

de categoría especial, primera y segunda, se pagarán anualmente

ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y hasta cuarenta (40)

extraordinarias al año. En los municipios de categoría tercera a

sexta se pagarán anualmente setenta (70) sesiones ordinarias y

hasta veinte (20) sesiones extraordinarias al año […]”.

Por lo tanto, está acreditado que el accionado suscribió, entre los

actos administrativos relacionados, la última de las resoluciones que

reconoció y ordenó pagar honorarios por concepto de cuatro (4)

sesiones extraordinarias en exceso, a favor del concejal JORGE

HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO, durante la vigencia 2017, esto es

la núm. 077 de 21 de diciembre de 2017, arrojando así, en el balance

final, un total de veinticuatro (24) sesiones extraordinarias asumidas

con cargo al presupuesto de esa corporación, cuando el tope era de

veinte (20).

En el mismo sentido, le asiste razón a los apelantes al señalar que la

devolución del dinero pagado irregularmente por parte del concejal

JORGE HERNÁN LOAIZA MURGUEITIO no puede dar lugar a

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enervar la configuración de la causal de pérdida de investidura,

puesto que la conducta reprochada al concejal ALFREDO DUQUE

VALENCIA efectivamente se materializó y es claro que el régimen

jurídico que regula la pérdida de investidura no establece la

devolución de los dineros indebidamente destinados como eximente

de responsabilidad.

En lo que respecta al elemento subjetivo, se advierte que por

idénticos hechos, causal de indebida destinación y fundamentos

jurídicos de sustentación, en recientes sentencias de 5 de mayo y 14

de julio de 2022, proferidas en el marco de los procesos de pérdida

de investidura con números únicos de radicación 76001-23-33-000-

2021-01006-01 y 76001-23-33-000-2022-00294-01, fueron

analizadas por esta Sala las conductas del presidente y primer

vicepresidente de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Cartago

(Valle del Cauca), vigencia 2017, señores VÍCTOR ALFONSO

ÁLVAREZ MEJÍA y JUAN MANUEL GARCÍA PAREJA,

respectivamente, quienes junto con el accionado suscribieron los

actos administrativos de reconocimiento de honorarios a los

miembros de esa corporación, entre estos la Resolución núm. 077 de

21 de diciembre de 2017, mediante la cual se pagaron, en exceso,

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las cuatro (4) sesiones extraordinarias al concejal JORGE HERNÁN

LOAIZA MURGUEITIO.

Como quiera que el asunto bajo examen gira alrededor del

reconocimiento y pago indebido de sumas a cargo de los integrantes

de la Mesa Directiva, -presidente, primer vicepresidente y segundo

vicepresidente-, lo cual se manifestó mediante la expedición de un

acto administrativo suscrito por éstos, sin distingo alguno ni

elemento diferenciador de sus conductas individualmente

observadas, -más allá de sus firmas personales-, la Sala procederá a

citar, in extenso, las consideraciones y estudio probatorio que le

impidieron encontrar configurado el elemento subjetivo en los

referidos procesos 76001-23-33-000-2021-01006-01 y 76001-23-

33-000-2022-00294-01, y que ahora se prohíjan en su integridad

ante la inmutabilidad de las circunstancias de hecho y de derecho

que rodean a los tres, así:

“[…] Siguiendo las actuaciones anteriormente
mencionadas y el parámetro normativo expuesto, es
posible admitir que el concejal acusado actuó bajo la
convicción de que la información suministrada por el
secretario general del concejo municipal era acertada,
no obstante, este habría incurrido en error en la
verificación de las asistencias, lo que querría decir que
fue inducido a error por aquel servidor público.

Es más, de la comunicación de 19 de diciembre de 2017 citada
anteriormente, resulta evidente que no solo el acusado fue
inducido a error sino que lo fue, igualmente, el concejal Jorge

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Hernán Loaiza Murgueitio, puesto que la reclamación de los
emolumento se hace «[D]e acuerdo con lo indicado por el
secretario general de la corporación, en el sentido de que
se me adeuda el pago de cuatro sesiones extraordinarias».

La premura para cancelar dichos emolumentos por parte de la
Mesa Directiva de la Corporación y del mismo secretario
general de la Corporación, que puede ser la causa de los errores
que se presentaron en el reconocimiento y pago de las sesiones
extraordinarias al concejal Jorge Hernán Loaiza Murgueitio,
se puede explicar por la aplicación de las normas
presupuestales y, en particular, del principio de anualidad fiscal
previsto en el artículo 14 del Decreto n.° 111 de 199636, cuya
consecuencia, conforme lo ha señalado la Sala de Consulta y
Servicio Civil de esta Corporación37, consiste en que, por regla
general ─que admite excepciones38─, «(…) las partidas o
apropiaciones contenidas en el presupuesto solo pueden ser
utilizadas como autorización máxima de gasto dentro de la
vigencia anual respectiva, vencida la cual expiran», atendiendo
que la reclamación del concejal fue presentada el 19 de
diciembre de 2017 y la Resolución n.° 077 fue expedida el 21
de diciembre de 2017, esto es a unos días de expirar
precisamente la anualidad39.

36 “[…] ARTÍCULO 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el lo. de enero y termina el 31 de

diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con
cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha y los saldos de apropiación
no afectados por compromisos caducarán sin excepción (Ley 38/89, artículo 10) […]”.
37 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 5 de julio de 2016,

número único de radicación 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), consejero ponente
Germán Bula Escobar (E).
38 “[…] Tal concepto indica que: Lo anterior no significa que solo se pueden comprometer

recursos apropiados en una vigencia fiscal para ser ejecutados en la misma vigencia, pues
la legislación orgánica reguló la posibilidad de comprometer recursos de vigencias
presupuestales futuras diferentes a aquella en que se realiza el compromiso.
Este mecanismo denominado vigencias futuras es de dos clases: las vigencias futuras
ordinarias, respecto de la asunción de obligaciones que comprenden recursos de la vigencia
fiscal en curso38, y las vigencias futuras excepcionales, cuando se asumen obligaciones sin
apropiación en el presupuesto del año en que se concede la autorización38[…]”.
39 El no pago de dichos emolumentos y que daría lugar a que, conforme al artículo 89 del

Decreto n.° 111 de 1996, se procediera a la constitución de reservas presupuestales. El
citado artículo indica: «ARTICULO 89. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General
de la Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser
ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de
diciembre de cada año estas a autorizaciones expiran y, en consecuencia, no podrán
comprometerse, adicionarse, transferirse ni contracreditarse.
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestases
los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando
y legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas
presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les
dieron origen.

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La Sala, entonces, descarta la existencia del dolo en el
obrar del concejal Álvarez Mejía, en la medida en que, de
la valoración de las pruebas que obran en el expediente,
no es posible deducir una intención positiva del acusado
para desplegar la conducta proscrita por el
ordenamiento jurídico, esto es, la indebida destinación
de dineros públicos.

En segundo lugar, y en cuanto atañe a la culpa grave, es de
anotar que de acuerdo con el citado artículo 63 del Código Civil,
tal modalidad de culpa está asociada a una negligencia,
imprudencia o impericia extremas, por lo que solo se configura
cuando la conducta que se analiza está «desprovista de un
mínimo de cuidado y diligencia en el ejercicio de sus deberes,
al punto que ni siquiera una persona descuidada o “de poca
prudencia” la hubiera ejecutado».

Lo anterior implica que, aunque es cierto, como lo indican los
apelantes, que la función de ordenación del gasto, -en cabeza
de la mesa directiva del concejo municipal-, no se limita a
suscribir los documentos que le son proyectados, la realidad
es que no resulta evidente que el acusado, concejal
Víctor Alfonso Álvarez Mejía, hubiese desplegado una
conducta desprovista de un mínimo de cuidado y
diligencia en el ejercicio de sus deberes.

Se observa que aquel siguió el procedimiento que se
encontraba previsto en las normas internas del concejo
municipal para el reconocimiento de los honorarios al
concejal Jorge Hernán Loaiza Murgueitio, trámite en el
cual se certificó por parte del funcionario competente, -
el secretario general de la corporación-, que resultaba
procedente el reconocimiento y pago de tales
emolumentos, con lo que el acusado, al suscribir la
Resolución n° 77 de 21 de diciembre de 2017, tenía el
convencimiento de que la información que le fue
suministrada era veraz y soportada en los archivos que
reposaban en la corporación y que por ello se debía
acceder al pago de las sesiones solicitado por el concejal
Loaiza Murgueitio.

Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las
obligaciones correspondientes a los anticipas pactados en los contratos y a la entrega de
bienes y servicios.
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el
cumplimiento del presente artículo (Ley 38/89, artículo 72, Ley 179/94, artículo 38, Ley
225/95, artículo 8o.)».

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La Sala encuentra que la conducta desplegada por el acusado,
si bien, reitera, configuró objetivamente la causal de pérdida
de investidura que se le atribuye, esto es, la indebida
destinación de dineros públicos, -lo cual evidenció la primera
instancia y no fue objeto de debate-, no se adecua, de
acuerdo con el artículo 63 del Código Civil, al grado de
culpabilidad exigido por artículo 1° de la Ley 1881 de
2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003 de
201940, esto es, el dolo y la culpa grave.

En efecto, el análisis de los hechos juzgados daría lugar a
encuadrar su conducta, siguiendo la citada disposición del
Código Civil, a la «Culpa o descuido levísimo es la falta de
aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en
la administración de sus negocios importantes. Esta especie de
culpa se opone a la suma diligencia o cuidado», puesto que,
si bien la exigencia de validar la información certificada
por el secretario general de la corporación es el reflejo
de suma diligencia o cuidado, a lo cual debe sumarse,
como se señaló líneas atrás, que el acusado fue inducido
a error por parte del entonces secretario general del
concejo municipal.

Es importante resaltar el papel de la confianza en el
ejercicio de la función pública en la medida en que hace
posible la distribución de funciones en la administración
toda vez que no es viable que se escudriñe todos y cada
una de las actuaciones y tareas que realizadas por los
servidores públicos, no obstante, no resulta acertado
esgrimir tal predicamento como excluyente de la
culpabilidad en el presente asunto, en la medida en que,
como se advirtió líneas atrás, no se cumplieron a
cabalidad ciertos deberes de vigilancia y control.

En este caso, de acuerdo con la Resolución n.° 052 de 1 de
septiembre de 201641, le correspondía al «(…) Secretario
General (…) Código (…) 054 (…) Grado 05 (…) Dependencia (…)
Concejo Municipal (…) Cargo del jefe inmediato (…)
Presidente», entre otras funciones, las de «III. DESCRIPCIÓN
DE FUNCIONES ESENCIALES (…) 9. Recibir y dar trámite a todo
documento o petición que llegue al Concejo con destino a la
Secretaría General de la Corporación (…) 12. Registrar y
certificar la asistencia de los Concejales a las sesiones plenarias

40 Diario Oficial núm. 51.142 de 19 de noviembre 2019.
41 “[…] POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y DE

COMPETENCIAS LABORALES PARA LOS EMPLEOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL
CONCEJO MUNICIPAL DE CARTAGO, VALLE DEL CAUCA […]”.

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(…) 22. Ser jefe administrativo de los empleados al servicio de
la Corporación»42.

El acusado, entonces, confió en que el secretario general
de la corporación, -y sus subalternos pues aquel es jefe
administrativo de los empleados al servicio de la
Corporación-, desarrolló las funciones que le son
asignadas de manera correcta, estimando, se reitera, de
buena fe, que la información suministrada respondía a
las evidencias que reposaban en los archivos de la
entidad, presumiendo por ello que se estaban
cumpliendo las previsiones legales que impiden el
reconocimiento de un número mayor de 20 sesiones
extraordinarias al año.

Los apelantes exigen, entonces, que esta Sala evalúe la
conducta del acusado bajo un parámetro distinto de aquel que
se requiere para acreditar el elemento subjetivo en el medio de
control de pérdida de investidura, esto es, la culpa levísima,
cuya existencia no es suficiente para configurar el
elemento subjetivo en este tipo de medios de control.

Cabe precisar que el asunto que se debate en este proceso
resulta ser distinto del que dio lugar a que se profiriera la
sentencia de 10 de diciembre de 2021 en el expediente n.°
47001 2333 000 2021 00310 0143, toda vez que en aquel
proceso el asunto juzgado era determinar si el acusado había
incurrido:

[e]n la conducta descrita en el artículo 48.4 de la Ley
617 de 2000, norma que consagra la indebida
destinación de dineros públicos como causal de pérdida
de investidura de los concejales. Ello en razón a que el
señor Edgardo Enrique López Vergara, como
presidente de la corporación político-
administrativa de Aracataca, Magdalena, ordenó el
reconocimiento de unos honorarios a favor de unos
concejales pese a que no asistieron a las sesiones
realizadas los días 19 y 24 del mes de febrero de
2021.

En aquella decisión judicial, frente al análisis del elemento
subjetivo, se mencionó lo siguiente:

42 ‘RESOLUCION 052 MANUAL DE FUNCIONES.pdf’
43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

10 de diciembre de 2021, número único de radiación 47001233300020210031001,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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“[…] 128. En relación con el examen del elemento
subjetivo de la conducta del accionado resulta de gran
relevancia el análisis de los testimonios de los señores
Heriberto Ropero Padilla y Alfonso Fabián Vargas de
Ávila, secretarios de Desarrollo Social y de Salud,
quienes fueron coincidentes en indicar que las
sesiones celebradas los días 17 y 24 de febrero de
2021 fueron presenciales. Así mismo, el primero de
los testigos indicó que era fácil identificar los
concejales ausentes pues el concejo municipal de
Aracataca está integrado por tan solo trece (13)
concejales. En igual sentido, resulta diciente el
testimonio de la secretaria cuando indicó que el
concejal acusado conocía sobre las ausencias de
los mencionados servidores públicos (…) 129. En el
sub examine se advierte que el señor Edgardo Enrique
López Vergara, en su condición de presidente del concejo
municipal de Aracataca y, por ello, ordenador del gasto
de esa corporación, dispuso que se efectuara el pago de
los honorarios a favor de los concejales Yoelmi Alberto
Jiménez Cantillo, Luis Alberto López Visbal y José Artemo
Marín Marulanda, develando con ello que no actuó con la
diligencia debida en el cumplimiento de sus funciones en
tanto permitió el reconocimiento de honorarios
injustificados, dando lugar así a la configuración de la
causal de pérdida de investidura de indebida destinación
de dineros públicos en la modalidad indirecta (…) 130.
También debe resaltarse que no reposa elemento de
prueba alguno encaminado a demostrar que el accionado
haya desplegado una conducta diligente dirigida a
descontar las sumas de dinero pagadas en exceso, antes
de ordenar el pago de los honorarios a favor de los
concejales para evitar encontrarse incurso en la causal
de pérdida de investidura y así garantizar que tales
erogaciones se realicen a la luz de las disposiciones
constitucionales y legales; todo ello a pesar de que
debía conocer de las ausencias en las sesiones de
los miembros de la corporación pública que él
mismo presenció de forma directa y era fácil su
identificación por tratarse de un concejo municipal
integrado tan solo por trece (13) cabildantes (…)
131. En este punto, la Sala destaca que en la
contestación de la demanda la defensa del concejal
acusado se circunscribió en señalar que la función
concerniente al llamado a lista y verificación de la
asistencia recaía en la secretaria general del concejo
municipal, la señora Margarita Rosa Villalobos Arrieta, de
conformidad con lo previsto en el numeral 3° del artículo

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40 del Reglamento Interno del concejo municipal de
Aracataca, Magdalena, y por ende, tal funcionaria fue
quien efectuó el llamado a lista y comprobación del
cuórum en las aludidas fechas. Sin embargo, se insiste
en que el accionado fue quien presidió las sesiones
en un concejo integrado por trece (13) concejales
donde fácilmente se puede advertir las ausencias
de los concejales y por tanto pudo constatar de
manera directa este hecho (…) 133. Para la Sala, no
resulta de recibo el argumento del accionado según el
cual su comportamiento resulta excusable, tras señalar
que actuó bajo la convicción que le otorgó la certificación
y las actas suscritas por la secretaria general,
documentos en los cuales se había indicado que habían
asistido la totalidad de los concejales a las sesiones
celebradas los días 17 y 24 de febrero de 2021. Lo
anterior, por cuanto era su deber actuar de manera
diligente en orden a verificar la autenticidad y veracidad
de lo consignado en dichos documentos, pues en su
condición de jefe de la corporación política-
administrativa y ordenador del gasto debe velar por el
correcto uso de los dineros públicos; cumplir y hacer
cumplir el reglamento y cuidar que el secretario y los
demás empleados de la corporación cumplan
debidamente sus funciones y deberes; lo que implica que
su actuar no estuvo amparado por la buena fe. Por tal
motivo, el acusado estaba en el deber de efectuar los
descuentos correspondientes a los concejales que no
asistieron a las reuniones celebradas en tales fechas
[…]”.

Como se puede evidenciar, la conducta del acusado resulta
cuestionada en la medida en que debió conocer de las
ausencias de los concejales a quienes se les reconocieron las
sesiones allí enunciadas puesto que aquel presenció tales
sesiones y resultaba relativamente fácil advertir tal situación
─la ausencia a las sesiones─, lo cual no ocurre en este
asunto, puesto que, no se cuestiona si el acusado asistió
o no a las sesiones extraordinarias realizadas por el
concejo de Cartago en el año 2017, por lo que la regla
jurídica expuesta en tal fallo no resulta aplicable a la
presente controversia.

Ahora bien, no sobra advertir que la responsabilidad del
acusado frente a los hechos que son juzgados no solo puede
ser discutida en este medio de control sino que, por el
contrario, puede ser ventilada en los ámbitos penal,
disciplinario y fiscal, de acuerdo a las normas sustanciales y

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procesales que dichos ámbitos le son aplicables, por lo que el
hecho de que, conforme a las normas que gobiernan este
medio de control, se haya encontrado que no se estuvo en
presencia del grado de culpabilidad requerido para aplicar la
respectiva sanción no implica la violación del principio de
responsabilidad.

En efecto, como lo indica el mismo artículo 3° numeral 7° de la
Ley 1437, las autoridades y sus agentes asumen la
responsabilidad por sus decisiones, omisiones o extralimitación
de funciones, de acuerdo precisamente a la Carta Política, a las
leyes y reglamentos.

Lo expuesto se confirma con el contenido del artículo 15 de la
Ley 1873 que luego de establecer la prohibición de tramitar
actos administrativos y obligaciones que afecten el presupuesto
de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se
configuren como hechos cumplidos, afirma que «El
representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos
hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente
por incumplir lo establecido en esta norma».

Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala pone de
presente que, si bien está demostrado que el elemento objetivo
de la conducta se configuró, en tanto ciertamente el concejal
del municipio de Cartago para el período 2016 – 2019, Víctor
Alfonso Álvarez Mejía, como ordenador del gasto,
efectivamente permitió que dineros públicos se destinaran para
los fines indebidos que se han puesto de presente en esta
providencia, la realidad es que al momento de analizar el
elemento subjetivo de la conducta en cuestión, se
aprecia que la misma no alcanza la gradación exigida
por el artículo 1° de la Ley 1881 -modificado por el
artículo 4° de la Ley 2003-, para efectos de decretar la
pérdida de investidura, puesto que no se encuentra que
el acusado haya obrado con dolo o con culpa grave […]”44
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Resulta evidente, entonces, que bajo los especiales y particulares

hechos que ocurrieron durante la comisión objetiva de la indebida

44 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de

5 de mayo de 2022, número único de radicación 76001-23-33-000-2021-01006-01,
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.

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destinación de dineros públicos, se tuvo que para atender la solicitud

presentada por el concejal JORGE HERNÁN LOAIZA

MURGUEITIO, tendiente al reconocimiento de cuatro (4) sesiones

extraordinarias al finales del año 2017, la Mesa Directiva, a través de

su presidente, solicitó la respectiva verificación al secretario general

del Concejo Municipal de Cartago (Valle del Cauca), quien era el

encargado, precisamente, de verificar, registrar y certificar la

asistencia de los concejales, lo cual es muestra de que el accionado

amparó su actuación en la debida diligencia surtida por el presidente

para acreditar si le asistía o no el derecho a tal reconocimiento.

La Mesa Directiva siguió el procedimiento interno del Concejo

Municipal de Cartago (Valle del Cauca), para atender esa clase de

requerimientos, lo cual, en criterio de la Sala, no puede ser evidencia

de un comportamiento doloso o gravemente culposo, por lo que

tuvieron el convencimiento justificado y razonable de no estar

incursos en una conducta constitutiva de indebida destinación de

dineros públicos.

Se puede inferir, por lo mismo, que en condiciones normales de

diligencia y prudencia el concejal, con la verificación efectuada por el

presidente y el secretario general de la Corporación, tuvo la certeza

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y convicción necesarias para la suscripción de la Resolución núm. 077

de 21 de diciembre de 2017, que ordenó el reconocimiento y pago

de las cuatro (4) sesiones extraordinarias adicionales, a lo cual se

suma que cuando ese Concejo Municipal, en noviembre de 2019,

detectó el pago irregular, adujo que éste se debió a un error cometido

por el secretario general de la época, lo que no permite adecuarse a

un comportamiento gravemente culposo.

Por lo tanto, no se demostró que el concejal ALFREDO DUQUE

VALENCIA, tuviera el propósito de obtener un incremento

patrimonial personal o de un tercero o derivar un beneficio no

necesariamente económico en su favor o de terceras personas, o que

con su conducta gravemente culposa hubiera propiciado tales

eventos.

La Sala, conforme a los argumentos expuestos en esta providencia,

constató que si bien se configuró objetivamente la causal de pérdida

de investidura prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136

y 48, numeral 4, de la Ley 617, esto es, la indebida destinación de

dineros públicos, no ocurrió lo mismo con el elemento subjetivo de

esta causal y, por tal motivo, procederá con la confirmación de la

sentencia de 25 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal

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Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se denegó la

solicitud de pérdida de investidura contra el concejal municipal de

Cartago (Valle del Cauca), señor ALFREDO DUQUE VALENCIA, por

los hechos ocurridos durante el ejercicio de su período constitucional

2016-2019.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 25 de marzo de 2022,

proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

SEGUNDO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el

expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y

aprobada por la Sala en la sesión del día 28 de julio de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

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NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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