Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00673-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2022-00673-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2022-00673-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
19 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 76001-23-33-000-2022-00673-01
Actora: Consuelo Salazar Salazar
Demandado: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga
Tema: Impugnación de las sentencias de tutela / deber de cumplir con una carga
argumentativa mínima
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la sentencia de
tutela de 21 de julio de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, por medio del cual negó las pretensiones del amparo.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. La actora, obrando en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga, porque, a su juicio, al
proferir los autos de 21 de noviembre de 2021 y 22 de junio de 2022, dentro del
proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 76111-33-33-001-2018-00293-00,
vulneró su derecho fundamental al debido proceso.
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Actora: Consuelo Salazar Salazar
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Indicó que Fanny Cardona Gómez y otros presentaron demanda contra el
Municipio de Tuluá - Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad Municipal –
Comisaría de Familia, en ejercicio del medio de control de reparación directa1, al
considerar la existencia de una falla en el servicio al no haber dado trámite de las
denuncias interpuestas por Norma Andrea Cardona ante los organismos
competentes, como tampoco brindaron medidas de protección, permitiendo que el
señor Jhon Javier Mona Saavedra, compañero permanente de Norma Andrea
cometiera un posible feminicidio en su contra.
4. Señaló que con posterioridad de que ocurriera un “[…] feminicidio en el
municipio de TULUA […]”, la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y diversidad
sexual de la Gobernación del Valle del Cauca, incurrió en una extralimitación de
sus funciones, al haber llevado a cabo una sección extraordinaria de la mesa de
erradicación de violencia contra la mujer, realizando funciones que tiene a su
cargo la Procuraduría General de la Nación.
5. Afirmó que “[…] En esa sección extraordinaria de la mesa de erradicación de
violencia contra la mujer se expidió una ACTA DE REUNION 02 elaborada por
GISEL GALLEGO que conforme articulo (sic) 29 de la CONSTITUCION POLITICA
DE 1991, es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido
proceso, donde le asignaron funciones a LA PROCURADURIA Y DEFENSORIA
DEL PUEBLO […]”.
6. Adujo que “[…] Dicha prueba obtenida con violación al debido proceso y nula de
pleno derecho fue aportada mediante apoderada judicial ANA LUCIA ARIAS
1
Al interior del proceso de reparación directa fueron llamados en garantía: i) Consuelo Salazar Salazar, ii)
Mónica Ramírez Palacio, iii) Jhon Bairon Zapata y iv) Diana Vanessa Escobar.
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Actora: Consuelo Salazar Salazar
GIRALDO dentro del proceso de reparación directa formulado por FANNY
CARDONA GOMEZ Y OTROS CONTRA EL MUNICI´PIO (sic) DE TULUA el dia
(sic) 26 de septiembre de 2018 que conoce el JUZGADO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE LA ORALIDAD DE BUGA por reparto y con radicación
2018-293 […]”.
7. Expresó que “[…] El dia (sic) 24 de Noviembre de 2021 se llevo (sic) acabo (sic)
la audiencia inicial DIRIGIDA POR LA JUEZA PRIMERA ADMINISTRATIVA DE
LA ORALIDAD DE BUGA donde mediante acta 161, mediante auto interlocutorio
934, le dio valor probatorio a dicha prueba aportada por la parte demandante y se
pronunció FRENTE AL MUNICIPIO DE TULUA En (sic) relación con la solicitud de
rechazo de la prueba documental allegada con la demanda, consistente en el Acta
de Reunión No. 02 de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género, y Diversidad
Sexual, del Departamento del Valle del Cauca, visible a folios 21 a 26 […]”.
8. Manifestó que “[…] El dia (sic) 22 de Junio de 2022 se expidió el auto de
sustanciación NO. 333 expedido por la JUEZA PRIMERA ADMINISTRATIVA DE
LA ORALIDAD DE CALI , donde ordena redireccionar la consecución de la prueba
a la PROCURADURIA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, DEFENSORIA DEL
PUEBLO REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA Y MUNICIPIO DE TULUA informe
sobre las actuaciones realizadas con ocasión ACTA DE REUNION 02 elaborada
por GISEL GALLEGO que es una prueba nula de pleno derecho por obtenicion
(sic) de violación de garantías constitucionales y se expiden los respectivos oficios
[…]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
9. La actora solicitó en su escrito de tutela:
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Actora: Consuelo Salazar Salazar
“[…] Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente le solicito a usted señor Juez Constitucional, me conceda la
protección de mis derechos sobre los siguiente (sic):
1. Ordenar a (sic) JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE LA ORALIDAD DE
BUGA representada legalmente por su señora JUEZA, mayor de edad e
identificada con cedula de ciudadanía conforme a su hasta (sic) de posesión por
incurrir en la vulneración del derecho fundamental que deje de darle valor
probatorio a la prueba nula de pleno derecho obtenida con violación al debido
proceso ACTA 02 de reunión 04 y 06 de diciembre de 2017 y los oficios dirigidos
PROCURADURIA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, DEFENSORIA DEL
PUEBLO REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA Y MUNICIPIO DE TULUA a (sic)
favor (sic) a favor de CONSUELO SALAZAR SALAZAR, mayor de edad e
identificada con cedula de ciudadanía 31.202.435 de Tuluá, domiciliada y residente
en Tuluá,
2. Se reconozca la amenaza y vulneración de mis derechos fundamentales y
principios constitucionales a mi favor que son los siguientes: 29 de la Constitución
Política de 1991 en contra (sic) JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE LA
ORALIDAD DE BUGA representada legalmente por su señora JUEZA, mayor de
edad e identificada con cedula de ciudadanía conforme a su hasta (sic) de
posesión por incurrir en la vulneración del derecho fundamental y a favor de
CONSUELO SALAZAR SALAZAR, mayor de edad e identificada con cedula de
ciudadanía 31.202.435 de Tuluá, domiciliada y residente en Tuluá,
3. Que se profiera la respectivas sentencias con las facultades extra y ultra petita
del JUEZ CONSTITUCIONAL […]”.
10. La Sala al revisar los argumentos jurídicos expuestos por la actora, evidencia
que estructuró un defecto fáctico por indebida valoración probatoria.
Actuación
11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por auto de 11 de julio de 2022;
i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buga, concediéndole el término de un (1) día para que
rindiera informe sobre el particular.
Intervención de la demandada
12. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Buga expresó que:
“[…] Como puede observarse el trámite dado al decreto de pruebas dentro del
medio de control de Reparación Directa 76-111-33-33-001-2018-00293-00, ha sido
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Actora: Consuelo Salazar Salazar
ajustado a las disposiciones de las Leyes 1437 de 2011 y 1564 de 2012, desde el
traslado de los documentos presentados con el escrito de demanda y contestación
de esta, pasando por el decreto de las mismas hasta el recaudo y
redireccionamiento de las mismas.
Como se puede apreciar, con el escrito de demanda fue aportada el Acta No. 002
de la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género, y Diversidad Sexual, del
Departamento del Valle del Cauca, de la Sesión extraordinaria de la mesa de
erradicación de violencia contra la mujer del Municipio de Tuluá, de la misma se
dio traslado tanto a la parte demandante como a los llamados en garantía junto
con la notificación de la demanda llevada a cabo por parte de la Secretaría de este
Despacho, por lo que contaron con la oportunidad pertinente para formular la tacha
o desconocimiento del documento, de conformidad con los lineamientos que para
el efecto ha demarcado el artículo 272 del Código General del Proceso […]”.
La sentencia impugnada
13. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia de 21 de
julio de 2022, resolvió lo siguiente:
“[…] NEGAR la acción de tutela instaurada por la señora Consuelo Salazar
Salazar, conforme a las consideraciones expuestas […]”.
14. Consideró que:
“[…] Así las cosas, encuentra la Sala de Decisión varios aspectos a precisar,
siendo el primero de aquellos lo contemplado en el CGP sobre la tacha de
falsedad y desconocimiento de documentos, contemplados en los artículos 269 y
272:
“Artículo 269. Procedencia de la tacha de falsedad. La parte a quien se atribuya un
documento, afirmándose que está suscrito o manuscrito por ella, podrá tacharlo de
falso en la contestación de la demanda, si se acompañó a esta, y en los demás
casos, en el curso de la audiencia en que se ordene tenerlo como prueba.
Artículo 272. Desconocimiento del documento. En la oportunidad para formular la
tacha de falsedad la parte a quien se atribuya un documento no firmado, ni
manuscrito por ella podrá desconocerlo, expresando los motivos del
desconocimiento. La misma regla se aplicará a los documentos dispositivos y
representativos emanados de terceros. No se tendrá en cuenta el desconocimiento
que se presente fuera de la oportunidad prevista en el inciso anterior, ni el que
omita los requisitos indicados en el inciso anterior.
De la manifestación de desconocimiento se correrá traslado a la otra parte, quien
podrá solicitar que se verifique la autenticidad del documento en la forma
establecida para la tacha.
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Actora: Consuelo Salazar Salazar
La verificación de autenticidad también procederá de oficio, cuando el juez
considere que el documento es fundamental para su decisión.
Si no se establece la autenticidad del documento desconocido carecerá de eficacia
probatoria.”
Visto los artículos precedentes, se advierte que ambas figuras están encaminadas
a debatir la autenticidad de los documentos presentados como pruebas, operando
la tacha cuando se atribuye a la parte un documento indicando que fue suscrito o
manuscrito por ella y esta manifiesta que es falso; y el desconocimiento cuando la
parte pretende desconocer un documento presentado que no ha sido suscrito o
manuscrito por ella […]”.
[…]
“[…] Así pues, queda claro que el desconocimiento y tacha de falsedad, apuntan
en definitiva a controvertir el origen y la autenticidad de la prueba, por lo que,
vistos los reproches del Municipio de Tuluá y las llamadas en garantía – Consuelo
Salazar y Mónica Ramírez- se entrevé que lo propuesto no fue ni tacha de
falsedad ni desconocimiento del documento por cuanto no pretendieron alegar que
el Acta No. 02 de 2017 fuera falsa como tampoco pretendían poner en entredicho
su autoría, pues por un lado, el acta no fue suscrita o manuscrita por ninguna de
las partes, ni se les está atribuyendo que sí, como tampoco los demandados están
colocando en entredicho la autoría de aquella, de hecho, claramente manifestaron
que el acta la elaboró la Secretaría de Mujer, Equidad de Género, y Diversidad
Sexual, del Departamento del Valle del Cauca.
Lo que perturba a los recurrentes y a la hoy accionante está encaminado es la
legalidad de la prueba y no a su autenticidad, indicando que aquella fue obtenida
en sede administrativa con violación al debido proceso al haber operado la
Secretaría de Mujer, Equidad de Género, y Diversidad Sexual, del Departamento
del Valle del Cauca como un ente de control sin comprender tales funciones por lo
que hubo una extralimitación.
De suerte que, si bien el operador judicial en la audiencia inicial dio trámite de la
solicitud de rechazo de la prueba del Municipio de Tuluá como un desconocimiento
de documento, lo cual técnicamente no fue lo solicitado, lo cierto es que, la
exposición de motivos para descartar la solicitud de rechazo si fue acertada al
manifestar que “no se dará trámite a la misma, por cuanto la argumentación en la
que la parte Demandada funda su petición, hace alusión al contenido de la
prueba…”
De modo que, es claro para esta instancia que el reproche de la parte actora en
efecto versa sobre el contenido de la prueba y su obtención -a su juicio- de forma
indebida en sede administrativa, por lo que, manifiesta su oposición a que se le de
valor probatorio, no obstante, con dichas afirmaciones es claro que la discusión se
sitúa es en la valoración probatoria que pueda otorgar el juez al momento de dictar
sentencia y no a la incorporación de la misma en el expediente.
Lo anterior habida cuenta que la prueba no es plausible desterrarla del proceso de
reparación directa por cuanto no fue obtenida en el medio de control de forma
ilegitima (sic) o ilegal, contrario a ello, fue una prueba que se allegó con la
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demanda, respetándose las oportunidades probatorias y de la cual se dio pleno
traslado a cada uno de los accionados y llamados en garantía, entre ellos a la hoy
accionante, de suerte que, es importante avizorar que el reproche a la presunta
ilicitud en la obtención de la prueba no es referente a este proceso, es decir, el
reproche no obedece a un indebido actuar del operador judicial en contravención
de los derechos de los demandados -circunstancia en la que si sería procedente la
acción de tutela por vulneración al debido proceso-, sin embargo, lo debatido
atiende es a su formación y creación como prueba -se repite- en sede
administrativa.
Ahora, debe agregarse que el reparo puntual obedece a que la Secretaría de
Mujer, Equidad de Género, y Diversidad Sexual, del Departamento del Valle del
Cauca, presuntamente se extralimitó en sus funciones dando origen a un acta de
la cual no tenía condiciones legales para expedirla, trasgrediendo a su paso el
debido proceso de los involucrados en dicha acta; circunstancia de peso que
únicamente puede ser valorada a fondo por el operador judicial al momento de
resolver el asunto sometido a consideración, lo cual se adelanta claramente en la
sentencia del pleito.
En consecuencia, atendiendo que la inconformidad no está dirigida a la forma
como llegó la prueba al proceso, sino a su creación y contenido en sede
administrativa de cara a las funciones del organismo que la expidió, es claro para
esta instancia judicial que el pretendido análisis tiene por momento justo la
sentencia y, por tanto, no puede alegarse al a quo el retiro de una prueba que en
el curso del proceso, se ajustó a las oportunidades probatorias, no ha sido tachada
de falso, ni de desconocimiento de documento, reiterándose que no se cuestiona
su autenticidad, sino su valor probatorio […]”.
[…]
“[…] De otra parte, en cuanto a la réplica del Auto No. 333 del 22 de junio de 2022,
se observa que mediante dicha providencia, el a quo está ordenando a la
“PROCURADURÍA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA, a l DEFENSORÍA DEL
PUEBLO REGIONAL VALLE DEL CAUCA y al MUNICIPIO DE TULUÁ para que
en el término improrrogable de CINCO (05) DÍAS, remitan con destino a este
proceso informe acerca de las actuaciones y/o decisiones tomadas, con ocasión
de la remisión del Acta de Reunión No. 02, llevada a cabo durante los días 04 y 06
de diciembre de 2017, adjuntando la documentación respectiva.”
La anterior decisión en identidad de términos fue decretada a favor del Ministerio
Público en la audiencia inicial sin que ninguna de las partes interpusieran recurso
alguno, sumado que, en gracia de discusión de querer apreciarse como un nuevo
decreto de pruebas, lo cierto es que el operador judicial está revestido de las
facultades contempladas en el artículo 213 del CPACA que le permite, en
cualquiera de las instancias decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad; ello reiterándose que el análisis
probatorio corresponde a la sentencia […]”.
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Actora: Consuelo Salazar Salazar
La impugnación
15. La actora impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] CONSUELO SALAZAR SALAZAR, mayor de edad e identificada con
cedula (sic) de ciudadanía 31.202.435 de Tuluá, domiciliada y residente en
Tuluá, quien actúa a nombre propio. Por medio del presente escrito, presento
impugnación sobre sentencia de Tutela No. 140 del 22 (sic) de Julio de 2022, por
no estar de acuerdo a la parte considerativa y resolutiva […]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
señalados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
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Problemas jurídicos
18.En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en determinar si, en efecto:
i) es procedente conocer y decidir de fondo la impugnación presentada por la
actora contra la sentencia de tutela proferida el 21 de julio de 2022, por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, y de ser así;
ii) establecer si, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento
de los requisitos generales y especiales de procedibilidad contra providencias
judiciales.
19.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) la impugnación de las sentencias de tutela; ii) los sujetos de
especial protección constitucional dentro del marco del Estado Social de Derecho,
iii) análisis del caso concreto, y finalmente las iv) conclusiones de la Sala.
La impugnación de las sentencias de tutela
20.El artículo 31 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 4 dispone lo
siguiente:
“[…] Artículo 31. Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su
notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el
solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente,
sin perjuicio de su cumplimiento inmediato.
Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte
Constitucional para su revisión […]”.
21.En ese orden de ideas, dentro del marco de la acción de tutela se establece el
derecho de la doble instancia en la que la parte actora podrá lograr por medio del
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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
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respectivo escrito de impugnación, que su caso sea estudiado y revisado por otro
juez constitucional, y cuenta, además, con la posibilidad de que la sentencia de
tutela adversa a sus pretensiones sea revisada eventualmente por la Corte
Constitucional. La Corte Constitucional, frente al alcance de la impugnación, ha
dicho5:
“[…] La jurisprudencia constitucional ha señalado en reiteradas ocasiones que la
doble instancia guarda estrecha relación con el debido proceso como forma de
garantizar la recta administración de justicia, y se constituye en un mecanismo
para que el superior jerárquico de la autoridad judicial que realizó el
pronunciamiento, evalúe los argumentos debatidos y adopte una decisión
definitiva, bien sea confirmando o revocando la sentencia de primera instancia
[…]”.
22.Debe señalarse además, que el derecho a la doble instancia dentro del marco
de la acción de tutela constituye uno de los principales pilares del Estado Social de
Derecho, toda vez que garantiza, en forma eficaz y plena, el derecho fundamental
de defensa al permitir que el superior jerárquico del funcionario encargado de
tomar una decisión en primera instancia, pueda adoptar una nueva decisión
judicial, estudiando y revisando las pruebas y los argumentos jurídicos planteados
por el impugnante.
Los sujetos de especial protección constitucional dentro del marco del
Estado Social de Derecho
23. Los sujetos de especial protección constitucional son aquellas personas que,
debido a su condición psicológica, social o física, merecen acciones positivas por
parte del Estado, con el fin de lograr una verdadera igualdad real y efectiva. En
ese orden de ideas, los incisos segundo y tercero del artículo 13 de la Constitución
Política de 1991, disponen que:
“[…] El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva
y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
5
Corte Constitucional, Auto 235 de 13 de julio de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
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El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan […]”.
24.Respecto a los sujetos de especial protección constitucional ha dicho la Corte
Constitucional6:
“[…]Tratándose de sujetos de especial protección, esta Corporación ha sostenido
que el amparo reforzado de los sujetos de especial protección constitucional, parte
del reconocimiento que el Constituyente de 1991 hizo de la desigualdad formal y
real a la que se han visto sometidos históricamente. Así la Constitución Política en
su artículo 13 establece que “el Estado protegerá especialmente a aquellas
personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en
circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que
contra ellas se cometan.” Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado como
sujetos de especial protección a los niños y niñas, a las madres cabeza de familia,
a las personas en situación de discapacidad, a la población desplazada, a los
adultos mayores, y todas aquellas personas que por su situación de debilidad
manifiesta los ubican en una posición de desigualdad material con respecto al
resto de la población; motivo por el cual considera que la pertenencia a estos
grupos poblacionales tiene una incidencia directa en la intensidad de la evaluación
del perjuicio, habida cuenta que las condiciones de debilidad manifiesta obligan a
un tratamiento preferencial en términos de acceso a los mecanismos judiciales de
protección de derechos, a fin de garantizar la igualdad material a través de
discriminaciones afirmativas a favor de los grupos mencionados […]”.
25.En ese orden de ideas, dentro del marco del Estado Social de Derecho7, y con
fundamento en los principios de la dignidad humana y de la solidaridad, los sujetos
6
Corte Constitucional, sentencia T-736 de 17 de octubre de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos.
7
La Corte Constitucional en la paradigmática sentencia T-406 de 1992 con ponencia del magistrado Ciro
Angarita Barón, estableció el contenido y alcance de la cláusula del Estado Social de Derecho, al considerar
que: “[…] La incidencia del Estado social de derecho en la organización sociopolítica puede ser descrita
esquemáticamente desde dos puntos de vista: cuantitativo y cualitativo. Lo primero suele tratarse bajo el tema
del Estado bienestar (welfare State, stato del benessere, L'Etat Providence) y lo segundo bajo el tema de
Estado constitucional democrático. La delimitación entre ambos conceptos no es tajante; cada uno de ellos
hace alusión a un aspecto específico de un mismo asunto. Su complementariedad es evidente.a. El estado
bienestar surgió a principios de siglo en Europa como respuesta a las demandas sociales; el movimiento
obrero europeo, las reivindicaciones populares provenientes de las revoluciones Rusa y Mexicana y las
innovaciones adoptadas durante la república de Weimar, la época del New Deal en los Estados Unidos,
sirvieron para transformar el reducido Estado liberal en un complejo aparato político-administrativo jalonador
de toda la dinámica social. Desde este punto de vista el Estado social puede ser definido como el Estado que
garantiza estándares mínimos de salario, alimentación, salud, habitación, educación, asegurados para todos
los ciudadanos bajo la idea de derecho y no simplemente de caridad (H.L. Wilensky, 1975).b. El Estado
constitucional democrático ha sido la respuesta jurídico-política derivada de la actividad intervencionista del
Estado. Dicha respuesta está fundada en nuevos valores-derechos consagrados por la segunda y tercera
generación de derechos humanos y se manifiesta institucionalmente a través de la creación de mecanismos
de democracia participativa, de control político y jurídico en el ejercicio del poder y sobre todo, a través de la
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de especial protección constitucional, merecen un trato preferencial, en donde es
deber del Estado adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales.
Análisis del caso concreto
26.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
27.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del
Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la
actora en su respectivo escrito de tutela e impugnación.
Acervo y análisis probatorios
28. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el escrito
de tutela y el escrito de impugnación presentado por la actora.
Solución al caso en concreto
29. Es importante mencionar que esta Sección mediante la sentencia de 28 de
febrero de 20198, fijó unas sub reglas en relación con la carga argumentativa que
se debe exigir en las impugnaciones dentro del marco de la acción de tutela,
estableciendo lo siguiente:
consagración de un catálogo de principios y de derechos fundamentales que inspiran toda la interpretación y
el funcionamiento de la organización política […].
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de febrero de
2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 03163-01
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Actora: Consuelo Salazar Salazar
“[…] Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
autoridades públicas, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida en
primera instancia, no se le exigirá una carga argumentativa mínima, es decir, que
no habrá necesidad de sustentar la respectiva impugnación, donde basta que el
impugnante lo presente dentro del término legal correspondiente en los términos
del artículo 31 del Decreto 2591, con el fin de que se efectúe el respectivo trámite
del mismo, teniendo el ad quem, el deber constitucional de resolver el fondo del
asunto; i) analizando los argumentos jurídicos expuestos por el juez constitucional
de primera instancia, y el ii) acervo probatorio obrante en el expediente.
40.2 Cuando el caso bajo estudio consista en una acción de tutela contra
providencias judiciales, la parte que impugne la sentencia de tutela proferida
en primera instancia precisando que i) si obra en nombre propio o ii) por medio
de apoderado especial, debe cumplir con una carga argumentativa mínima9, en
donde exponga las razones jurídicas por las cuales una autoridad judicial,
incurrió en los defectos: i) orgánico; ii) procedimental; iii) fáctico; iv) sustantivo; v)
error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y
viii) violación directa de la Constitución, en los términos de la sentencia C-590 de
200510, proferida por la Corte Constitucional, postura jurisprudencial, que fue
acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
en sentencia de 31 de julio de 201211, salvo que se trate de un sujeto de especial
protección constitucional, a quien no se le exigirá dicha carga argumentativa, toda
vez que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias, para garantizar la
protección de sus derechos fundamentales, especialmente, el acceso a la
administración de justicia […]”.
9
Frente al tema ha dicho la Sección Quinta del Consejo de Estado:
“[…] Esta Sección ha reiterado en varias ocasiones que el recurrente tiene una carga argumentativa para
delimitar los motivos que sustenten la impugnación del fallo de tutela, especialmente cuando se trata de
providencias judiciales contra Altas Corte, las cuales, dada su naturaleza, exigen por parte de los jueces
constitucionales un estudio más riguroso y una procedencia excepcional.
Es menester recordar que frente a tutelas contra providencias judiciales, el juez constitucional no se encuentra
facultado para inmiscuirse de manera oficiosa o mecánica en la órbita de los asuntos dirimidos y desarrollados
por el juez natural, por lo que su estudio se debe centrar en los argumentos expuestos por el actor en las
instancias correspondientes. Realizar un análisis extensivo sobre puntos adicionales resultaría en un estudio
oficioso de la providencia judicial ya ejecutoriada, convirtiéndose en una nueva instancia, contrariando la
finalidad del amparo constitucional.
Es por ello que resulta indispensable una argumentación mínima que soporte la impugnación. De este modo
el ad quem podrá determinar los supuestos bajo los cuales debe analizarse lo propuesto por el interesado y
así establecer si la decisión adoptada en primera instancia debe revocarse, modificarse o confirmarse
Adicional a lo anterior, resulta indispensable cumplir de forma diligente con los términos previstos y con los
lineamientos establecidos por la ley. Para el caso particular, la parte actora en su escrito inicial de
impugnación, presentado el treinta (30) de octubre de 2018, no expuso, ni siquiera de forma sucinta, las
razones de desacuerdo respecto del fallo de primera instancia, por lo que resulta claro para la Sala que no
cumplió con la carga mínima argumentativa que le correspondía, y por tal razón, no es posible entrar a realizar
un estudio oficioso de la presente acción de tutela, así como tampoco de la decisión del a quo que impugnó
[…]”.(Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 6 de diciembre
de 2018, C.P Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación número: 11001-03-15-000-2018-02777-01).
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, CP.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328.
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Núm. único de radicación: 76001-23-33-000-2022-00673-01
Actora: Consuelo Salazar Salazar
30.En ese orden de ideas, observa la Sala que la actora, en su escrito de
impugnación, no planteó ningún argumento jurídico de fondo con el fin de
efectuar algún reproche contra la sentencia proferida en primera instancia el 21
de julio de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
cuanto solamente indicó que: “[…] Por medio del presente escrito, presento
impugnación sobre sentencia de Tutela No. 140 del 22 (sic) de Julio de 2022, por
no estar de acuerdo a la parte considerativa y resolutiva […]”, pero en esta
instancia, no presentó ningún tipo de argumentación jurídica, por lo que la Sala no
puede emitir un pronunciamiento de fondo.
31.Frente al tema en cuestión, esta Sección ha dicho lo siguiente12:
“[…] En el presente caso, se advierte que el actor pretende que se ordene su
reintegro al empleo que desempeñaba en la Cámara de Representantes del
Congreso de la República y, en consecuencia, se le garantice el derecho a la salud
con el fin de acceder a un tratamiento oportuno e ininterrumpido a su enfermedad,
así como el pago de las incapacidades adeudadas.
Lo anterior, por cuanto padece una afectación grave en su salud que le impide
desempeñar cualquier empleo y, por ende, debe ser considerado como un sujeto
de especial protección que goza de estabilidad laboral reforzada, lo que impedía
su retiro de la Institución.
No obstante lo anterior, la Sala encuentra que no resulta procedente efectuar un
estudio de fondo del asunto, habida consideración que el actor en su escrito de
impugnación no cumplió con la carga argumentativa mínima que diera cuenta los
reparos respecto de la sentencia de primera instancia, razón por la que no se
encuentran los elementos necesarios para revisar si el fallo proferido por el
Tribunal se encuentra ajustado a derecho […]”.
32.En ese orden de ideas, se evidencia que la actora en el escrito de impugnación
solamente manifestó que “[…] Por medio del presente escrito, presento
impugnación sobre sentencia de Tutela No. 140 del 22 (sic) de Julio de 2022, por
no estar de acuerdo a la parte considerativa y resolutiva […]”, lo que evidencia
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre
de 2018, C.P (E) Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 44001234000020180011301. De
igual manera, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 11 de abril de 2019, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación: 11001-03-
15-000-2019-00237-01.
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Núm. único de radicación: 76001-23-33-000-2022-00673-01
Actora: Consuelo Salazar Salazar
que, dentro del término otorgado por el artículo 31 del Decreto núm. 2591 de 19 de
noviembre de 1991, no argumentó de manera razonable, persuasiva y convincente
las razones de índole jurídica por las cuales, a su juicio, la decisión proferida en
primera instancia debía revocarse.
33.Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a la
acción de tutela no puede considerarse absoluto13, pues es necesario satisfacer
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad
aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del
órgano autor de la amenaza o del agravio 14, el señalamiento de las razones
jurídicas de índole constitucional para demostrar por ejemplo que la sentencia
proferida en primera instancia no está ajustada a derecho, lo que implica para el
actor cumplir con una carga argumentativa mínima.
34. Además, resulta necesario precisar, como se señaló supra, que el Decreto
núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 no establece una oportunidad procesal
adicional para exponer los argumentos de la impugnación, de forma que, de
conformidad con el artículo 31 de la norma referida, corresponde al interesado
plantear los argumentos de su impugnación, dentro de los 3 días otorgados para
impugnar la sentencia de primera instancia.
Conclusiones de la Sala
35.En suma, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia el 21
de julio de 2022, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, teniendo en
cuenta que la actora no planteó argumento jurídico alguno en el escrito de
impugnación, con el fin de efectuar algún reproche contra dicha providencia
judicial.
13
Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio de 2011, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
14
Decreto núm. 2591 de 1991, artículo 14.
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Núm. único de radicación: 76001-23-33-000-2022-00673-01
Actora: Consuelo Salazar Salazar
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 21 de julio de 2022
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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