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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2023-00164-02

Fecha
2 de octubre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2023-00164-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Once (11) de abril de Dos mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por la señora Amanda Zapata Ángel contra la Fiscalía General de la Nación. SEGUNDO. – MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia del Once (11) de abril de Dos mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: «CUARTO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social en pensión que se deben realizar en favor del demandante por el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2005 hasta el 12 de febrero de 2016. En virtud del reconocimiento del derecho a los funcionarios de la Fiscalía para devengar la prima especial como una adición al salario básico y la previsión legal de que aquella debe conformar la base de liquidación de las cotizaciones en pensión y salud, habrá de ordenarse reliquidar los aportes a seguridad social integral teniendo en cuenta también el 30% de la prima especial de servicios. También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones. En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los mismos» TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2023-00164-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

2 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de Dos mil Veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-000-2023-00164-02 (1875-2025)1
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación
Tema: Prima de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia del once (11) de abril de Dos mil Veinticinco (2025), proferida por la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

La señora Amanda Zapata Angel, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente3:

(i) La inaplicación por inconstitucionalidad del artículo 6 del Decreto 53 de
1993, el artículo 7 de los decretos 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996,
52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999 y del 685 de 2002, el artículo 8 de
los decretos 2743 de 2000 y del 2729 de 2001; artículo 15 de los decretos

1
Expediente digital
2
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 8, pag 189.
3
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2, C01, archivo 01 pág. 27

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007,
665 de 2008, 1047 de 201, 875 de 2012, 1035 de 2013 y del 205 de 2014;
artículo 16 de los decretos 53 de 1993, 685 de 2002, 730 de 2009, 1395
de 2010,1087 de 2015 y del 219 de 2016; artículo 17 de los decretos 49
de 1995, 108 de 1996, 52 de1997, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de
2001 y 989 de 2017; y artículo 18 de los decretos 108 de 1994 y 50 de
1998
(ii) la nulidad de la resolución No. 2-1492 del doce (12) de junio de Dos Mil
Diecinueve (2019), expedida por el Subdirector Regional de Apoyo del
Pacífico y el oficio No. SRAP-31000-69 del doce (12) de marzo de Dos
Mil Diecinueve (2019), por medio de la cual, se resuelve un recurso de
apelación, expedido por la Subdirectora de Talento Humano. Actos
administrativos mediante los cuales, se le negó el derecho al
reconocimiento y pago de la prima especial.

A título de restablecimiento del derecho solicitó: (i) ordenar a la entidad demandada
el reconocimiento, liquidación y pago por concepto de prima especial, desde el 1 de
enero de 1993 hasta la fecha en la cual se inicie el reconocimiento del incremento,
adición o agregado al salario; (ii) pagar las prestaciones sociales como prima de
servicio, prima de navidad, prima de vacaciones, cesantías, bonificación anual por
servicios prestados, cotización a seguridad social y demás prestaciones y
emolumentos de carácter laboral; (iii) actualizar los valores de acuerdo al índice de
precios al consumidor; (iv) declarar y condenar todas las pretensiones ultra y
extrapetita de los derechos ciertos e irrenunciables que resulte probados dentro del
proceso4.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes5:

La demandante informó que se vinculó a la Fiscalía General de la Nación, desde el
veintinueve (29) de septiembre de Dos mil Cuatro (2004) como secretaría judicial I.
Y, a partir del cuatro (4) de mayo de Dos Mil Cinco (2005) se desempeña como
Fiscal.

4
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2, C01, archivo 01 pág. 27-30 – se cita conforme se relacionan las pretensiones en la
demanda. Se advierte, que existe un error en la fecha que relacionó el apoderado de la demandante, pues la actora no se había vinculado a la
fiscalía el 1 de enero de 1993
5
La sala hace un resumen de los hechos conforme a la relación del material probatorio, puntualmente las constancias de servicios prestados
en aras de dar mayor precisión y claridad a las fechas de vinculación.

2

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

Aduce que, durante el tiempo de vinculación no se le ha cancelado la prima espacial
como un incremento, adición o agregado al salario como lo establece el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, modificada por la Ley 332 de 1996, ni tampoco las prestaciones
de carácter laboral.

Manifestó que, radicó derecho de petición ante el subdirector de apoyo a la gestión
seccional Cali solicitando el reconocimiento y pago de la prima especial de servicios,
correspondiente al 30% sobre su salario básico mensual, al igual que las sumas de
dinero que corresponde a los emolumentos de carácter laboral. No obstante, su
solicitud fue negada.

Finalmente, la demanda fue presentada el Catorce (14) de noviembre del Dos Mil
Diecinueve (2019).

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La demandante explicó que el acto enjuiciado vulneró las siguientes normas de
carácter constitucional y legal:

Los artículos 1°, 2°, 5°, 12°, 13° y 209 de la Constitución Política, los artículos 2° y
14 de la Ley 4ª de 1992, el numeral 7° del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

La parte demandante argumentó que, la prima especial fue reglamentada hasta el
año 2002 para los funcionarios de la Fiscalía que se acogieron al régimen
establecido en el Decreto 53 de 1993 y allí se estableció que debía pagarse el 30%
del salario básico. Ante la existencia de un imperativo legal y el reconocimiento de
un derecho por vía reglamentaria que posteriormente es suprimido, el operador
debe aplicar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos sociales,
en este caso concreto, aquellos derivados de una relación de derecho administrativo
laboral.

Además, bajo el principio de igualdad, favorabilidad, de progresividad y prohibición
de regresividad se deben proteger los derechos de carácter laboral, el cual no se ha

3

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

cristalizado por disposición del Gobierno Nacional vulnerando la normatividad
protegida internacionalmente.

1.3 Contestación de la demanda6

La Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, al
considerar que, la prima especial de servicios fue reconocida en el Decreto 53 de
1993, que, de acuerdo con la sentencia del Quince (15) de diciembre de Dos mil
Veinte (2020) esta prestación solamente tiene efectos para la liquidación de los
aportes a la pensión de jubilación, por ello, no es procedente ordenar su
reconocimiento como factor salarial de las prestaciones.

Finalmente, formuló como excepciones las que denominó: « prescripción trienal de
derechos salariales».

2. La sentencia de primera instancia7.

La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia proferida el Once (11) de abril de Dos mil Veinticinco (2025) accedió
parcialmente a pretensiones de la demanda, sin condena en costas:

El A-quo estimó que, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, tiene incidencia como factor salarial únicamente en las
cotizaciones al sistema de seguridad social en pensiones y salud, tal como lo
concluyó la Sentencia de Unificación del 15 de diciembre de 20208.

Adujo que, a partir de la revisión del material probatorio, encontró acreditado que la
demandante se ha desempeñado en el cargo de Fiscal. Por tanto, es beneficiario
de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir del 4 de
mayo de 2005 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos
de servicio prestados por la parte demandante como Fiscal.

6
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 42, archivo “ek2572009 AMANDA ZAPATA ANGEL 30% pdf”
7
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 54
8
Consejo de Estado, sentencia del 15 de diciembre de 2020, Rad.: No. 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18) SUJ-023- CE-S2-2020.

4

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

Declaró la prescripción de los derechos salariales de los valores adeudados con
anterioridad al 13 de febrero de 2016, siguiendo lo dispuesto en los artículos 41 y
102 del Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969. Sin que la prescripción se extienda
a los aportes a seguridad social en pensiones durante el período comprendido entre
el 4 de mayo de 2005 hasta el 12 de febrero del 2016, por ser imprescriptibles en
armonía con lo dispuesto por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del
25 de agosto de 2016.

Igualmente, ordenó realizar los aportes al sistema de seguridad social en salud por
el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al
Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual de la contemplada en el
Sistema General de Pensiones.

Finalmente, señaló que no tenía la facultad para declarar competente a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos para asumir el conocimiento de las
pretensiones parcialmente negadas en el presente fallo, razón por la cual denegó
esta petición.

En atención a lo expuesto, ordenó lo siguiente:

«RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la nulidad del Oficio SRAP-31000-69 de 12 de marzo de 2019, expedido
por el Subdirector Regional de Apoyo del Pacifico y la Resolución No. 2- 1492 de 12 de junio
de 2019 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de apelación”, expedido por la
Subdirectora de Talento Humano.

SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, condenar a la parte demandada a
reconocer y pagar la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir
del 13 de febrero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos
de servicio prestados por la parte demandante como Fiscal, sin que en ningún caso pueda
superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional, a lo cual deberá dar estricto
cumplimiento la entidad.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2016 y hasta el 31
de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que
a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la
prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la
asignación básica, y constituye factor salarial únicamente para las cotizaciones en seguridad
social.

5

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

Dentro de la liquidación se deben deducir las sumas que por concepto de prima especial de
servicios haya recibido la beneficiaria por vía administrativa o judicial en virtud de
transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas, entre otras

TERCERO: Declarar probada la excepción de prescripción de los valores reconocidos con
anterioridad al 13 de febrero de 2016, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa
de esta providencia.

CUARTO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social en pensión que
se deben realizar en favor del demandante por el periodo comprendido entre el 4 de mayo de
2005 hasta el 12 de febrero de 2013. En virtud del reconocimiento del derecho a los
funcionarios de la Fiscalía para devengar la prima especial como una adición al salario básico
y la previsión legal de que aquella debe conformar la base de liquidación de las cotizaciones
en pensión y salud, habrá de ordenarse reliquidar los aportes a seguridad social integral
teniendo en cuenta también el 30% de la prima especial de servicios.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo
declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley
100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social
en Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los
aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los
respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los mismos

QUINTO: Las sumas reconocidas deberán ajustarse a la indexación conforme a la fórmula
señalada en la presente sentencia.

SEXTO: Ordenar a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los términos de
los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011.
(….)
OCTAVO: Sin condena en costas en la instancia»

4. El recurso de apelación9.

La Fiscalía General de la Nación, solicitó la revocatoria de la sentencia esbozando
de forma general el siguiente punto:

• Frente a la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social

Adujo que, aunque en la parte considerativa del fallo se hace referencia a la
sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2- 2020, de fecha quince (15) de diciembre
de 2020, en la parte resolutiva10 se indica que se acoge lo resuelto en la sentencia
de Unificación Jurisprudencial del 2 de septiembre de 2019. Por lo tanto, esta
decisión va en contravía del precedente fijado por el Consejo de Estado, en la
sentencia de unificación del Quince (15) de diciembre de Dos mil Veinte (2020), toda
vez que, la situación jurídica de los Fiscales es distinta a la de los jueces.

9
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 57
10
Samai, índice 57, pag 5. Se refiere al numeral cuarto del resuelve de la sentencia de primera instancia.

6

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

Por lo tanto, señala que en la sentencia de unificación no se mencionó ni se dirimió
el criterio relacionado con el factor pensional, específicamente si dicho pago se ve
afectado por el fenómeno de la prescripción.

Igualmente, citó la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Antioquia en
sentencia de segunda instancia del once (11) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024)
con radicado 0500133302420210019201, en la cual el apelante de la providencia
que se está citando, cuestionó la negativa de concederle los aportes a pensión por
todos los años en que ha ejercido como fiscal, destacando lo siguiente:

«Entonces, sobre la imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social, esta Sala desde ya dirá
que no le asiste razón a la recurrente, en tanto que del contenido del artículo 48 constitucional se
ha derivado vía jurisprudencial la imprescriptibilidad del derecho mismo a la pensión, no así de
las mesadas pensionales, asunto que ha sido revisado por la Corte Constitucional, entre otras,
en sentencia de unificación SU-567 de 2015, en la que expuso [….]
[….]
En conclusión, la imprescriptibilidad de la pensión se predica del derecho considerado en sí
mismo, pero no de las prestaciones periódicas o mesadas que él implica y que no han sido
cobradas, las cuales se encuentran sometidas a la regla general de prescripción de las acreencias
laborales de tres (3) años, prevista en el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social»

En atención al citado precedente, preciso que, los aportes a pensión constituyen
prestaciones periódicas y, por tanto, deben ser objeto de análisis en materia de
prescripción, dado que lo que resulta imprescriptible es el derecho a la pensión. En
este caso, aunque desde el año en que inició funciones como fiscal y hasta la fecha
se han reconocido aportes a pensión sobre el setenta por ciento (70 %) del salario
decretado, ello no afecta el derecho pensional.

En consecuencia, respecto de los efectos de la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en pensión, se desconocen aspectos de carácter jurídico y
económico que no se ajustan a los lineamientos establecidos en la sentencia de
unificación del quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020). Lo procedente es
reconocer únicamente los descuentos por concepto de pensión sobre las
diferencias no cotizadas, equivalentes al treinta por ciento (30 %) correspondiente
a la prima especial de servicios. En cuanto al sistema de salud, no se reconoce
ningún valor adicional.

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Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

5. Trámite segunda instancia

En auto del Veintinueve (29) de agosto de Dos mil Veinticinco (2025)11, el despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y,
de conformidad con el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió
traslado a las partes para alegar.

CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)12, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia de la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. Para el efecto:

i) Se determinará, si es admisible la tesis formulada por la parte demandada,
según la cual, sí prescriben los aportes a la seguridad social.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; y 2.4. Caso concreto.

2.3 Marco normativo aplicable al presente caso

11
Samia, índice 4
12
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar
puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia.»

8

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Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

La Ley 4ª de 1992, en el artículo 14 creó la prima especial de servicios como un
emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin
carácter salarial», para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores
de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público
delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces
de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de
los servidores de la fiscalía general de la Nación se encontraba disperso en distintas
normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un
nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se
acogieran voluntariamente a este.

Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de
servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la
Ley 476 de 1998 aclaró que la excepción que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, «[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se
acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se
vincularen con posterioridad a dicho decreto», por lo que estos servidores tienen
derecho a recibir la aludida prima, que tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta
Corporación en varias ocasiones13. No obstante, el criterio vigente en la actualidad,
es el plasmado por la Sala Plena de Conjueces, en la sentencia SUJ-023-CE-S2 de
15 de diciembre de 202014.

En dicha sentencia, se establecieron los parámetros para que proceda el pago de

13
Así, en sentencia de 3 de marzo de 200513, la Sección Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al
estimar que «[…] no le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª
de 1992], otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del salario básico
mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».
14
Consejo de Estado; Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre
de 2020; expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18); conjuez ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba.

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Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los fiscales a
quienes se aplica el Decreto 53 de 1993. En esa oportunidad, esa Colegiatura sentó
las siguientes reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y
pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la
Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se
hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de
servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en
ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo
el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial
consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con
posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del
30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,
de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

Por otra parte, a través del fallo de 21 de septiembre de 202215, la Sala de
Conjueces se pronunció sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos
anuales expedidos por el gobierno Nacional modificatorios del régimen salarial y
prestacional de la Fiscalía General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto a
desentrañar la naturaleza y forma de liquidación de la prima creada por el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992.

En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico
mensual de los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima
especial de servicios», pues «[…] no puede ser imputada como parte del salario,
sino sumada, agregada, adicionada a éste», y, al declarar la nulidad de las normas
acusadas, precisó que «[…] del hecho de desaparecer del mundo jurídico esos

15
Consejo de Estado; Sección Segunda; sentencia de 21 de septiembre de 2022; expediente 11001032500020180110100;
conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.

10

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

decretos, no se sigue que la prima especial de servicios allí contenida haya también
desaparecido. Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de esa
sentencia», y reiteró que «[…] la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del
salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha
construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no
solo frente a la asignación básica prevista para los fiscales en sus diferentes
órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y prestacionales que
integran el respectivo régimen de asignaciones.

No obstante, la Subsección considera ahora necesario efectuar algunas precisiones
sobre las reglas adoptadas en sentencia SUJ-023-CE-S2 de 15 de diciembre de
2020, que, con el fin de solucionar las relacionadas con la citada prima especial,
resultan pertinentes a la hora de abordar los casos concretos.

2.3.1 Reliquidación de factores salariales y prestacionales sobre el 100 % de
la asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial.

En el fallo en referencia, la Sala de Conjueces advirtió que «[l] Los empleados públicos
de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan
vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la
inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial »; no obstante, dicha

elaboración dejó de incluir los factores de salario cuya base de liquidación incluye
la asignación básica del respectivo empleo (tales como la bonificación por servicios
prestados o la prima de servicios) y que, naturalmente, no tienen la naturaleza de
prestación social.

Sobre el particular, la teoría clásica de derecho social del trabajo impone diferencias
marcadas entre la naturaleza salarial o prestacional de determinada asignación, en
la medida que, los primeros, se orientan a remunerar directamente el servicio
prestado, mientras que los segundos tienen por objeto cubrir contingencias o
riesgos a los que pueda verse expuesto el trabajador, por efecto directo o indirecto

11

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

de la actividad laboral.

Al respecto, cabe destacar que los fiscales, en sus distintos órdenes y niveles,
perciben las siguientes asignaciones:

Otros Otros emolumentos
emolumentos que que no integran el
Factores salariales Prestaciones sociales
integran el IBC de IBC de aportes al
aportes al SGSS SGSS
Prima de vacaciones Otros servicios
Bonificación por Prima especial 30% autorizados por la ley
servicios prestados Prima de navidad
Bonificación por Bonificación por
Prima de servicios Cesantías compensación actividad judicial

En concreto, en el caso de los fiscales, soslayar el reajuste de los factores de salario
en casos como el presente, comportaría una trasgresión de los derechos y principios
previstos en el artículo 53 de la Constitución Política, al menos, en los siguientes
sentidos:

(i) se estaría desconociendo la naturaleza salarial e incidencia de la asignación
básica piedra angular, primer y principal instrumento liquidatorio de todos los
factores salariales y prestacionales.

(ii) el sistema de remuneraciones previsto para la Fiscalía General de la Nación
conforma un universo de pautas y asignaciones que genera relaciones de
causalidad y consecuencia liquidatoria entre estas, pues, algunas de ellas,
integren la base de liquidación de otras asignaciones.

Verbigracia: la bonificación por servicios prestados (factor salarial) se calcula
en un porcentaje de la totalidad del sueldo básico; esta, a su vez, sumada a
la asignación básica, conforma la base de liquidación de la prima de servicios
(factor salarial). A su turno, la prima de vacaciones (prestación social), se
liquida con base en el salario básico, la bonificación por servicios prestados
y la prima de servicios16.

Por lo tanto, dejar de efectuar el ajuste de los factores salariales con sustento en el
30% de asignación básica sustraído, finalmente, terminaría por afectar la cuantía de

16
Ver Decreto 1045 de 1978.

12

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las prestaciones que, con la regla adoptada en la mencionada sentencia, se
pretenden restablecer.

2.4. Hechos probados

A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de
juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese sentido, y con
base en el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con los hechos
constatados por esta Corporación, se destaca:

a) Derecho de petición radicado ante la Fiscalía General de la Nación el trece (13)
de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019), en la cual, solicita el reconocimiento y
pago de la prima de servicio, al igual que la reliquidación de las prestaciones
sociales17

b) Oficio No. 31200-69, del Doce (12) de marzo de Dos mil Diecinueve (2019)18,
por medio del cual, se negó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios.

c) Resolución No.2-1492 del doce (12) de junio de Dos Mil Diecinueve (2019), por
medio de la cual, la fiscalía general de la nación resolvió recurso de apelación19.

d) Extracto de hoja de vida de la doctora AMANDA ZAPATA ANGEL expedida por
la Coordinadora Sección de Talento Humano de la Fiscalía General de la
Nación. En este documento se da constancia que la demandante ingresó a la
entidad el veintinueve (29) de septiembre de Dos mil Cuatro (2004) en el cargo
de Secretario Judicial I Fiscal General.20

17
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 42, archivo “Dr.Robinson Herrera-ser amanda zapata ángel pdf”
18
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2, C01, archivo 02, pag 9-16
19
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2, C01, archivo 02, pag 1-7
20
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 2, C01, archivo 02, pag 17-20

13

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Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

e) Constancia de Servicios Prestados, suscrito por la Fiscalía General de la
Nación, donde, se detalla los cargos desempeñados por la señora Amanda
Zapata Ángel. En este documento se verifica que la demandante se desempeñó
como fiscal a partir del cuatro (4) de mayo de Dos mil Cinco (2005) y el último
cargo desempeñado fue el de fiscal delegado ante los jueces municipales21.

f) Obra en el plenario certificado del seis (6) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro
(2024) donde se relaciona los salarios y prestaciones devengados y deducidos
por la actora, durante el período comprendido entre el primero (1) de octubre de
Dos Mil Diez (2010) hasta enero del 202222.

2.3. Caso concreto

Según lo acreditado en el plenario, la demandante se vinculó a la Fiscalía General
de la Nación, como secretario judicial I el veintinueve (29) de septiembre de Dos Mil
Cuatro (2004), y posteriormente ejerció el cargo de fiscal a partir del cuatro (4) de
mayo de Dos Mil Cinco (2005), es decir, cuando ya había entrado en vigor el
Decreto 53 de 1993. Por tanto, su régimen salarial y prestacional corresponde al
contenido en dicha normatividad y a las disposiciones que la han contemplado o
modificado, siendo su último empleo el de fiscal delegado ante Jueces Municipales

21
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 42, archivo constancia de servicios prestados (cargos-encargos) siaf amanda zapata ángel
pdff”
22
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 42,

14

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

y Promiscuos, con fecha de retiro el treinta y uno (31) de diciembre del Dos Mil
Veintiuno 202123.

Asimismo, está probado que presentó reclamación administrativa el trece (13) de
febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)24, solicitando la reliquidación de sus salarios
y prestaciones sociales, con la inclusión de la prima especial establecida en la Ley
4 de 1992. Dicha petición fue negada por la entidad demandada mediante Oficio
No. SRAP-31000-69 del doce (12) de marzo de Dos Mil Diecinueve (2019), decisión
que fue ratificada mediante Resolución No. 2-1492 del doce (12) de junio del mismo
año.

Del certificado salarial obrante en el plenario, expedido el seis (6) de septiembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024)25, así como el histórico de devengados por la señora
Amanda Zapata Ángel26, se puede concluir con certeza que, desde el año 2021 la
entidad demandada le pagó la prima especial de servicio, sin que exista evidencia
que en años anteriores se le hubiera reconocido dicho emolumento.

Aclarado lo anterior, se procede a resolver los puntos de inconformidad formulados
por la entidad demandada.

i) Se determinará, si es admisible la tesis formulada por la parte demandada,
según la cual, sí prescriben los aportes a la seguridad social.

Para resolver el planteamiento, lo primero que debe precisar la Sala es que en este
caso no existe controversia sobre la vinculación de la señora Amanda Zapata Ángel
a la Fiscalía General de la Nación, en el cargo de fiscal desde el cuatro (4) de mayo
de Dos Mil Cinco (2005). Tampoco se discute el derecho que le asiste para recibir
el reconocimiento y pago de la prima especial establecida en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992.

23
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 42, archivo constancia de servicios prestados (cargos-encargos) siaf amanda zapata ángel
pdff”
24
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 42, archivo “Dr.Robinson Herrera-ser amanda zapata ángel pdf”
25
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 28
26
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 8, pag 50-88

15

Número interno: 1875-2025
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La controversia respecto al fallo de primera instancia se enfoca en la aplicación de
precedentes jurisprudenciales que regulan las pretensiones de los jueces, pero que
no son aplicables a los fiscales. En particular, se resalta el debate sobre la
imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social.

Así y de acuerdo con el material probatorio allegado legal y oportunamente al
proceso, se destaca lo siguiente:

En la parte considerativa de la sentencia de primera instancia, específicamente en
el acápite «4.7 Prescripción del derecho a la prima especial de servicios» 27, si bien el A quo
citó la sentencia de unificación del dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019) con el propósito de establecer que, a partir de dicho precedente, se zanjó la
tesis según la cual, la exigibilidad del derecho se predica desde la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992, que creó la prima y con la expedición del decreto que
la reglamentó inicialmente, el Tribunal fue claro en señalar que dicha postura se
refería exclusivamente a los funcionarios judiciales.

No obstante, siguiendo la misma regla de prescripción trienal desde el momento en
que se configura el derecho, se indicó que el Máximo Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, en sentencia de unificación del quince (15) de diciembre de Dos
Mil Veinte (2020), estudió la aplicación del fenómeno prescriptivo en los empleados
de la Fiscalía General de la Nación, determinando que este se configura a los tres
años contados desde la exigibilidad del derecho, la cual, en el caso del ente
acusador, se establece con la vigencia de la Ley 476 de 1998 y la fecha de
presentación de la reclamación administrativa ante la entidad demandada.

A su vez, en el acápite «4.10.2 Imprescriptibilidad de la obligación de la administración de
realizar aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Deber del juez administrativo de
pronunciarse sobre el particular en su proveído 28», se expuso que la regla de prescripción

de los derechos laborales no resulta aplicable frente a los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones, dado que estos tienen carácter periódico y, por tanto,
pueden reclamarse en cualquier momento.

27
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 54, pag 11, 12
28
Samai, actuaciones del Tribunal de origen, índice 54, pag 18, 19

16

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Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

Para sustentar esta afirmación, la Sala Transitoria citó la sentencia de unificación
del veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), donde se interpretó la
imprescriptibilidad de dicha obligación, criterio que ha sido utilizado para
fundamentar el carácter imprescriptible de los aportes por parte de la Rama Judicial.
Se resaltó, además, que esta directriz debe extenderse a los casos en los que se
reclama el pago de la prima especial de servicios por parte de los empleados
públicos de la Fiscalía General de la Nación, en tanto, su reconocimiento tiene
impacto en materia pensional, conforme a lo dispuesto en la Ley 476 de 1998.

En consecuencia, no se aplicaron de manera arbitraria criterios jurisprudenciales
para resolver las pretensiones de los fiscales. Por el contrario, se fundamentó
adecuadamente en las reglas que han sido desarrolladas para los jueces y que, por
su naturaleza y alcance, han sido extendidas también a los fiscales.

A su vez, el Tribunal, en el numeral cuarto de la parte resolutiva, en ningún momento
enuncia ni hace alusión a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de
seguridad social con ocasión a la sentencia del dos (2) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), como lo afirma el apelante. Dicha decisión se fundamentó en la
sentencia de unificación del veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016),
criterio que debe hacerse extensivo a la Fiscalía General de la Nación, conforme lo
ha dispuesto la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado29.

En ese orden, el A-quo dispuso que no operaría el fenómeno de la prescripción sobre
los aportes a la seguridad social en pensión, decisión que se considera ajustada a
derecho; lo anterior por cuanto, los aportes pensionales están ligados al derecho a
la pensión, el cual es un derecho irrenunciable e imprescriptible. Así lo ha expuesto
esta Sala en otras providencias donde se ha indicado: «frente a estos aportes al sistema
general en pensiones, no aplica bajo ninguna circunstancia, este fenómeno jurídico»30.

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencia del 06 de febrero de 2024, Conjuez Ponente:
Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, Exp. No. 170012333000201700738-02, No. Interno 5600-2019
30
C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera, Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 12 de junio de 2025, Rad.
No. 66001-23-33-000-2018-00126-02 (4546-2024).

17

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En igual sentido se pronunció la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado31, quien manifestó: «el fenómeno de la prescripción no opera sobre
derechos que recaigan sobre las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones, por tratarse este de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce a
favor de los funcionarios que prestan sus servicios laborales al Estado».

Bajo este entendido, no le asiste razón a la entidad demandada en el reparo
formulado contra la sentencia de primera instancia, en lo relacionado con el pago
de los aportes pensionales, por cuanto estos deben efectuarse desde el momento
en que entró en vigencia la Ley 332 de 1996, norma que estableció su
obligatoriedad. Por lo tanto, el argumento según el cual, los aportes al tratarse de
prestaciones periódicas, se les debe realizar un análisis de prescripción, pues lo
que se considera imprescriptible es el derecho a la pensión, no es válido.

En consecuencia, la Fiscalía está en la obligación de proceder con la reliquidación
de los aportes pensionales, tal como lo ordenó la Sala Transitoria.

Aclarado lo anterior, se pasa a analizar la inconformidad de la parte pasiva respecto
al pago de aportes a la seguridad social en salud.

Frente a ello, debe advertirse que, esta Sección, ha explicado que, «los recursos del
sistema de la Seguridad Social en salud son rentas parafiscales. Por ello, en virtud de esa naturaleza
parafiscal, estos aportes son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no
constituyen un crédito en favor del interesado»32.

En este punto, debe recordarse que el pago de aportes a pensión es obligatorio,
conforme a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993; normativa según la
cual, durante la vigencia de la relación laboral, deben efectuarse cotizaciones
obligatorias al Sistema de Seguridad Social en salud y pensión por parte de los
afiliados, empleadores y contratistas, con base en el salario o ingresos que
devenguen.

31
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentercia del 6 de junio de 2023, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, expediente No. 73001-23-33-
000-2017-00228-01 (5613-2018)
32
C.P, Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 9 de septiembre de 2021, Rad. No. 05001-23-
33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

18

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Asimismo, el parágrafo 1 del artículo 204 ibídem consagró que, la base de cotización
de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores
públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud,
será la misma contemplada en el Sistema General de Pensiones de dicha ley.

Por su parte, la Ley 1393 de 2010, en su artículo 33, consagró que las cotizaciones
al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la misma
base de las cotizaciones a los riesgos profesionales y pensiones.

En ese orden de ideas, con miras a garantizar la sostenibilidad del sistema de
seguridad social, esto es, la capacidad para que aquel pueda mantenerse
financieramente viable y operativo a largo plazo, garantizando con ello la protección
y cobertura a toda la población frente a los riesgos que este ampara; es necesario
que las cotizaciones al sistema de seguridad social integral se forje sobre la base
de todo el salario o ingresos que perciba el trabajador, cotizaciones que deben
realizarse sobre la misma base salarial, tanto para los aportes pensionales como
para los aportes a salud.

Estos aportes, además, ayudan a garantizar el principio de solidaridad en el sistema
de seguridad social, según el cual, los recursos y esfuerzos se comparten de
manera que se proteja a los grupos más vulnerables y se distribuya la carga
económica de manera equitativa. Esto implica que quienes tienen mayor capacidad
contributiva aportan más, y esos recursos financian la protección social de quienes
tienen menor capacidad o están en situación de riesgo.

Por tanto, se considera que, sobre el reajuste salarial y prestacional que se deriva
de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, esto es, la
prima especial de servicios, se debe pagar no solo los aportes pensionales, sino
también los aportes al sistema de seguridad social en salud; en aras de garantizar
los citados principios de solidaridad y sostenibilidad del sistema. Así las cosas, el
recurso formulado no tiene ánimo de prosperidad.

19

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Finalmente, la Sala observa que existe una discrepancia en la parte considerativa y
resolutiva del fallo apelado, respecto del período en el que se declara la
imprescriptibilidad de los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensión y en
salud, pues en el acápite «4.10.2. Imprescriptibilidad de la obligación de la administración de
realizar aportes al sistema de seguridad social en pensiones. Deber del juez administrativo de
pronunciarse sobre el particular en su proveído» se determinó:

«Periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2005 hasta el 12 de febrero de 2016»

Sin embargo, en el numeral cuarto de la sentencia recurrida, se declaró la
imprescriptibilidad de los aportes, así:

«Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social en pensión que se deben
realizar en favor del demandante por el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2005
hasta el 12 de febrero de 2013»

Por lo tanto, y aunque no fue un motivo de apelación, de conformidad con el artículo
328 y 285 del Código General del Proceso, esta Sala ordenará de oficio la aclaración
del período de imprescriptibilidad, precisándose como se expuso en la parte considerativa del
fallo del tribunal, que dicho rango se extiende hasta el Doce (12) de febrero de Dos

Mil Dieciséis (2016). En consecuencia, se modificará el numeral cuarto de la
sentencia de primera instancia.

2.4 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no
se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:
por tanto, no se condenará.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

20

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

FALLA:

PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Once (11) de abril de
Dos mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda promovida por la señora Amanda Zapata Ángel contra la Fiscalía
General de la Nación.

SEGUNDO. – MODIFICAR el numeral CUARTO de la sentencia del Once (11) de
abril de Dos mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

«CUARTO: Declarar la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de social en pensión que se
deben realizar en favor del demandante por el periodo comprendido entre el 4 de mayo de 2005
hasta el 12 de febrero de 2016. En virtud del reconocimiento del derecho a los funcionarios de
la Fiscalía para devengar la prima especial como una adición al salario básico y la previsión
legal de que aquella debe conformar la base de liquidación de las cotizaciones en pensión y
salud, habrá de ordenarse reliquidar los aportes a seguridad social integral teniendo en cuenta
también el 30% de la prima especial de servicios.

También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el periodo
declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley
100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en
Salud debe ser igual a la contemplada en el Sistema General de Pensiones.

En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar los
aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar los
respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los mismos»

TERCERO.- Sin condena en costas en esta instancia

CUARTO.- Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto

21

Número interno: 1875-2025
Demandante: Amanda Zapata Angel
Demandada: Nación - Fiscalía General de la Nación

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

22

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