Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00126-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00126-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00126-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
13 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 66001-23-33-000-2018-00126-02 (4546-2024)
Demandante: Ingrid Soraya Jiménez Miguez
Demandada: Nación – Fiscalía General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de
1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 26 de junio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
La señora Ingrid Soraya Jiménez Miguez, por intermedio de apoderado judicial, acudió a
la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de los siguientes actos
administrativos expedidos por la Fiscalía General de la Nación:
• Oficio No. DS-SSAG-14-12-0131 del 9 de mayo de 2017, por medio del cual se
negó el reconocimiento y reliquidación del 30% de la prima especial, así como la
reliquidación de las prestaciones sociales.
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Samai, índice 3, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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Número Interno: 4546-2024
Demandante: Ingrid Soraya Jiménez Miguez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
• Resolución No. 22687 del 31 de agosto de 2017, que resolvió de manera negativa
el recurso de apelación contra la decisión del 9 de mayo de esa anualidad.
A título de restablecimiento del derecho
La demandante solicitó que se condene a la Nación – Fiscalía General de la Nación a
reconocer y pagar, desde el 14 de mayo de 2001 y hasta la fecha de la sentencia y en
adelante mientras se mantenga su vínculo como fiscal local—, la prima especial mensual
equivalente al 30 % del salario básico legalmente establecido, prevista en el artículo 14
de la Ley 4ª de 1992, como un componente adicional de su remuneración básica
mensual, la cual no le ha sido reconocida ni pagada hasta la fecha. Lo anterior, teniendo
en cuenta que el salario básico está integrado por la asignación básica y los gastos de
representación.
En los mismos términos, solicitó la reliquidación de todas sus prestaciones sociales,
salariales y laborales, en particular los aportes al sistema de seguridad social en
pensiones, así como los demás emolumentos y derechos laborales que puedan resultar
afectados por el carácter salarial de la prima reclamada, incluidas las diferencias
salariales que se hayan causado o se causen en el futuro.
Finalmente pidió el reconocimiento y pago, «[..] desde el 14 de Mayo de 2001 hasta la
fecha de la sentencia y en adelante, mientras permanezca vinculado como Fiscal Local,
el valor de las diferencias salariales, laborales y prestacionales, primordialmente la
seguridad social en salud y pensión, existente entre la liquidación que hasta ahora ha
hacho la administración y el valor que resulte de reliquidar todas sus prestaciones y
seguridad social incluyendo con carácter salarial, la prima mensual equivalente al 30%
del salario básico prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, teniendo en cuenta que
este – salario básico lo confirman los gastos de representación y asignación básica […]
como consecuencia de todo lo anterior, la ajuste y actualice los valores reclamados de
acuerdo al índice de precios al consumidor, con el reconocimiento de intereses, de
conformidad con el Art. 187 del CPACA.» (sic)
Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:
La señora Ingrid Soraya Jiménez Miguez, está vinculada a la Fiscalía General de la
Nación desde el 14 de mayo de 2001 y continúa actualmente en el cargo de Fiscal Local
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Número Interno: 4546-2024
Demandante: Ingrid Soraya Jiménez Miguez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
de La Virginia, Risaralda. Dado que su vinculación ocurrió después de la expedición del
Decreto 53 de 1993, le resulta aplicable el régimen salarial establecido en dicho decreto.
Manifestó que, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 instituyó la prima especial de servicios,
y a partir del artículo primero de la Ley 332 de 1996, este beneficio se extendió al personal
de fiscales, integrándose como parte del ingreso base para la liquidación de la pensión.
Continuó indicando que, los decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009
dispusieron la equiparación salarial entre fiscales y los jueces ante quienes actúan. Así,
el salario de un fiscal especializado es igual al de un juez penal especializado, el de un
fiscal delegado ante juez de circuito es igual al del juez penal de circuito, y el de un fiscal
delegado ante juez municipal o promiscuo corresponde al del juez municipal respectivo.
Que los decretos anuales del Gobierno Nacional que regularon la prima especial
establecieron que “el 30% del salario básico se considerará como la prima especial sin
carácter salarial”. Sin embargo, el Consejo de Estado, mediante sentencia del 29 de abril
de 2014, declaró la nulidad de estos decretos por considerarlos inconstitucionales, ya que
no creaban un ingreso adicional, sino que simplemente reclasificaban parte del salario
básico como prima, reduciendo en la práctica la asignación básica en un 30% para
efectos de prestaciones.
Aseguró que, mientras estuvieron vigentes los decretos anulados, la entidad demandada
pagó un salario básico reducido al 70% y registró el 30% restante como prima especial,
lo que implicaba que realmente no se estaba pagando la prima especial. Posteriormente,
aunque la liquidación de las prestaciones se hizo sobre el 100% del sueldo básico, no se
reconoció ni pagó el 30% adicional correspondiente a la prima especial de servicios. Es
relevante considerar que el salario comprende tanto la asignación básica como los gastos
de representación.
Dijo que el 28 de abril de 2017, presentó una solicitud formal para el reconocimiento y
pago de la prima especial equivalente al 30% del salario básico, así como la reliquidación
de todas sus prestaciones, incluyendo dicho emolumento como factor salarial y
prestacional, pero la demandada negó el reconocimiento del derecho mediante los actos
administrativos que ahora son objeto de la presente demanda.
1.2. Concepto de violación.
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Número Interno: 4546-2024
Demandante: Ingrid Soraya Jiménez Miguez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
La apoderada del demandante argumentó que se vulneró los artículos 1, 2, 4, 5, 13, 25 y
53 de la Constitución Política; artículos 2 y 14 de la Ley 4 de 1992, numeral 7 del artículo
152 de la Ley 270 de 1996, artículo 1 de la Ley 332 de 1996 y artículo 1 de la Ley 446 de
1998.
Expuso que, desde el año 2003, el ejecutivo eliminó de los decretos anuales que
establecen el régimen salarial y prestacional del órgano de instrucción, el concepto de
prima, dejando a los fiscales sin ese emolumento y haciendo que desapareciera de las
nóminas de sus empleados. Esta acción va en contra de la jurisprudencia, ya que la prima
no debió desaparecer, sino que debía pagarse como un adicional al salario, en un
porcentaje del 30%.
Además, la Ley 4 de 1992, en su artículo 14, modificado por la Ley 332 de 1996 y aclarado
por la Ley 476 de 1998, establece claramente que los fiscales son beneficiarios del
emolumento, incluyendo a la demandante, quien ingresó después del Decreto 53 de
1993.
Por otra parte, el ordenamiento jurídico equipara la remuneración de los delegados ante
los jueces con la de estos últimos, como ocurre con los agentes del Ministerio Público,
según lo dispuesto en el artículo 280 de la Constitución. Lo mismo aplica a los fiscales,
según los Decretos 3901 de 2008, 707 de 2009 y 1251 de 2009. Además, no se puede
olvidar que la Fiscalía forma parte de la Rama Judicial.
Desde esta perspectiva, los fiscales tienen derecho a recibir el 30% de su salario básico
como una prima especial, entendida como un rubro adicional o complementario. La falta
de pago de esta prima implica una remuneración inferior a la de los jueces ante quienes
están delegados, lo cual viola el principio de igualdad y los derechos adquiridos del
personal fiscal.
Por lo tanto, los actos administrativos en cuestión vulneran los artículos 13, 25 y 53 de la
Constitución, al desconocer el principio de progresividad, la remuneración vital y móvil
proporcional al trabajo, y la prohibición de reducir las garantías laborales mínimas.
Asimismo, incumplen el precedente jurisprudencial establecido por el Consejo de Estado
en varias sentencias, incluida la sentencia de unificación del 29 de abril de 2014, que es
de cumplimiento obligatorio.
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Demandante: Ingrid Soraya Jiménez Miguez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
Finalmente, se señala que, al tratarse de un emolumento que debe pagarse
mensualmente, tiene carácter de factor salarial, por lo que debe incluirse en la base de
liquidación de las prestaciones sociales. Por ello, debe pagarse el 30% como prima
especial y reliquidar las prestaciones sociales considerando ese factor salarial.
2. Contestación de la demanda.
La parte demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda y
señaló que, el Consejo de Estado en la sentencia de unificación SUJ-023-CE-S2-2020
del 15 de diciembre de 2020, confrontó el tema del reconocimiento de la prima especial
de servicios, prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en relación con los
funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que optaron por el régimen salarial
establecido en el Decreto 53 de 1993, así como de aquellos que se incorporaron
posteriormente, estableciendo las pautas jurisprudenciales aplicables al asunto,
enfatizando en la prescripción del derecho para reclamar la referida prima.
Formuló como excepciones las que denominó: “prescripción”, “carencia de objeto”,
“inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión
de jubilación” e “improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4° de la Ley
4ª de 1992”.
3. La sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia proferida el 26 de junio
de 20242, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la entidad demandada.
En la decisión de primera instancia, el a-quo, encontró acreditada la vinculación de la
demandante como fiscal a partir del 15 de mayo de 2001; advirtió de las certificaciones y
constancias salariales de esta, no dan cuenta del pago de sobresueldo por concepto de
prima especial del año 2003 al 2021.
Así las cosas, ordenó la liquidación de la prima especial como un incremento del 30%
respecto del 100% del salario básico a partir del 15 de mayo de 2001 y hasta el 31 de
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Samai, índice 23, Tribunal Administrativo de Boyacá.
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diciembre de 2020, según los tiempos de servicios prestados como fiscal, sin que pudiera
superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional y, en consecuencia,
ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad del Oficio DS-SSAG-14-12-01231 del 9 de mayo de 2017
y la Resolución No. 22687 del 31 de agosto de 2017.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada a
reconocer y pagar en favor de la señora Ingrid Soraya Jiménez Miguez identificada con C.C.
No. 51.737.072, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir
del 15 de mayo de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según los tiempos
de servicio prestados por la parte demandante como Fiscal, sin que en ningún caso pueda
superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional, a lo cual deberá dar estricto
cumplimiento la entidad. La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta
sentencia siempre y cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 15 de mayo de
2001 y hasta el 31 de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin
pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera
expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma
adicional a la asignación básica y constituye factor salarial únicamente para las cotizaciones
en seguridad social.
TERCERO: DECLARAR probada parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN de los
valores reconocidos con anterioridad al 28 de abril de 2014, de acuerdo a lo expuesto en la
parte considerativa de esta providencia.
[…]
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos
indicados en la parte motiva de esta providencia […]».
4. El recurso de apelación
La Fiscalía General de la Nación3 solicitó la revocatoria parcial de los numerales
segundo y tercero de la sentencia de primera instancia, en lo referente al reconocimiento
de los aportes a pensión por fuera de la prescripción, para lo cual indicó:
«Es importante destacar, al respecto que la sentencia SUJ-023-CE-S2- 2020, no estudia el
tema de la prescripción de los aportes a pensión, y sería importante para ello tener en cuenta
el fallo la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
a través de la sentencia 13392 del 30 de julio de 2004 señaló que el término de prescripción
para los aportes al Sistema de Seguridad Social debe ser el mismo aplicable a los aportes
fiscales por remisión del artículo 54 de la Ley 383 de 1997 y en esa medida, la acción de
cobro de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral prescribe en el término de cinco
(5) años, contados a partir de la fecha en que se hicieron legalmente exigibles al tenor del
artículo 817 del Estatuto Tributario. Teniendo en cuenta dicho argumento, debe revocarse el
numeral primero parcialmente de la sentencia del a quo y negarse dicha pretensión, pues no
fue pedida por la apoderada del demandante y estaríamos ante un fallo ultra petita, pues de
conformidad con el principio de congruencia el cual se erige como una verdadera garantía del
derecho fundamental al debido proceso a las partes en el proceso judicial, en el sentido que
al juez de la causa solo le resulta permitido emitir pronunciamiento con base en lo pretendido,
lo probado y lo excepcionado dentro del mismo, sin que sea dable dictar sentencias por más
de lo pedido.»
3
Samai, índice 039, Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
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5. Trámite de segunda instancia
Mediante auto del 10 de febrero de 20254, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó
al Despacho para fallo.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)5, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.
2. Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, que accedió a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, se
analizará lo relativo a la prescripción respecto de los aportes al Sistema de General de
Seguridad Social en Pensiones a cargo de la Fiscalía General de la Nación, como
consecuencia de la orden impartida en primera instancia.
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.
2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades
Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,
4
índice 0004 de Samai.
5
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”
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Demandante: Ingrid Soraya Jiménez Miguez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».
Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo
14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.
Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los
servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba disperso en distintas
normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el
Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo
régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran
voluntariamente a este.
Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de
servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación», mientras que la Ley 476 de 1998
aclaró que la excepción que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, «[…] no se refiere a los
Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto
53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto» , por lo que estos servidores
tienen derecho a recibir la aludida prima, que tiene carácter salarial para efectos de la
determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.
La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta
Corporación en varias ocasiones. Así, en sentencia de 3 de marzo de 2005 6, la Sección
Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no
le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de
1992], otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del
6
Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 3 de marzo de 2005; expediente 11001-03-25-000-1997-17021-01(17021);
consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero.
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».
Posteriormente, la «Sala Plena de Conjueces» profirió sentencia SUJ-023-CE-S2 de 15 de
diciembre de 20207, en la cual estableció los parámetros que consideró adecuados frente
al cómputo de la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los fiscales
a quienes se aplica el Decreto 53 de 1993. En esa oportunidad, esa Colegiatura sentó
las siguientes reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual
de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que
por concepto de la prima resulten a su favor.
2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación.
3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía
que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan
vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como
un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en
el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad tienen derecho
desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico
y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de
prima especial.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
Finalmente, con fallo de 21 de septiembre de 20228, la Sala de Conjueces se pronunció
sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos anuales expedidos por el
Gobierno Nacional modificatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía
General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la naturaleza y forma de
liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de los
servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios», pues «[…] no
puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste», y, al declarar
la nulidad de las normas acusadas, precisó que «[…] del hecho de desaparecer del mundo jurídico
esos decretos, no se sigue que la prima especial de servicios allí contenida haya también desaparecido.
7
Consejo de Estado; Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020;
expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18); conjuez ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba.
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Consejo de Estado; Sección Segunda; sentencia de 21 de septiembre de 2022; expediente 11001032500020180110100; conjuez
ponente: Néstor Raúl Correa Henao.
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Esta prima sigue vigente, pero en los términos establecidos de esa sentencia» , y reiteró que «[…] la
prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición
a éste».
Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha construido
esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992,
es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente a la
asignación básica prevista para los fiscales en sus diferentes órdenes, sino respecto de
los demás factores salariales y prestacionales que integran el respectivo régimen de
asignaciones.
2.2 Hechos probados. A continuación, procede la Sala a analizar las particularidades
del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que rige la materia. En ese
sentido, y con base en el material probatorio aportado al plenario y de conformidad con
los hechos constatados por esta Corporación, se destaca:
a) Reclamación administrativa radicada el 28 de abril de 2017 ante la entidad demandada,
mediante la cual la señora Ingrid Soraya Jiménez Miguez solicitó el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios, equivalente al 30 % de la asignación básica, así
como la reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos a los que tenga
derecho, incluyendo dicha prima como factor salarial.
b) Oficio DS-SSAG-14-12-01231 del 9 de mayo de 2017, mediante el cual la Fiscalía
General de la Nación negó lo solicitado, al estimar que los salarios y prestaciones han
sido pagados conforme a las normas que rigen la situación laboral de la demandante, y
que la prima reclamada no tiene la connotación de factor salarial, por lo que no es
procedente su inclusión para la reliquidación de las prestaciones sociales.
c) Recurso de apelación interpuesto contra la decisión anterior, radicado el 12 de junio
de 2017 ante la entidad demandada, reiterando los precedentes judiciales en los que se
resolvió favorablemente lo pretendido por la demandante.
d) Resolución No. 00320 del 23 de junio de 2017, por medio de la cual se concedió el
recurso de apelación, ordenando la remisión de los antecedentes de la actuación
administrativa a la Subdirección de Talento Humano de la entidad demandada para que
se pronunciara al respecto.
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Demandante: Ingrid Soraya Jiménez Miguez
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación
e) Resolución No. 22687 del 31 de agosto de 2017, mediante la cual se resolvió
negativamente el recurso de apelación interpuesto, señalando que las sentencias
relacionadas no resultaban aplicables a la situación salarial y prestacional de la
demandante, y que además carecían de efectos vinculantes para el caso particular.
f) Constancia de servicios prestados por la señora Ingrid Soraya Jiménez Miguez,
expedida por la entidad demandada el 7 de julio de 2021, en la cual se relaciona la
siguiente información:
a) Certificación de vinculación, novedades y salarial, expedido el 7 de julio de 2021, por
la sección de talento humano de la Fiscalía General de la Nación.
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2.3 Caso concreto.
En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, disponiendo, como primera medida,
declarar la nulidad del Oficio DS-SSAG-14-12-01231 del 9 de mayo de 2017 y de la
Resolución No. 22687 del 31 de agosto de ese mismo año. En consecuencia, a título de
restablecimiento del derecho, condenó a la Fiscalía General de la Nación al
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992, liquidada como un incremento del 30 % sobre el 100 % del salario básico,
a partir del 15 de mayo de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con los
tiempos de servicios prestados, precisando que en ningún caso podrá superarse el tope
máximo establecido por el Gobierno Nacional.
Asimismo, indicó que la entidad demandada deberá asumir el pago ordenado, siempre
que la liquidación del período señalado arroje valores a favor de la demandante,
advirtiendo que, a partir de la entrada en vigor del Decreto 282 de 2021, se estableció
expresamente el pago mensual de la prima especial como una suma adicional a la
asignación básica, con carácter de factor salarial para efectos de las cotizaciones al
sistema de seguridad social.
El a quo, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción, respecto «de los
valores reconocidos con anterioridad al 28 de abril de 2014, de acuerdo a lo expuesto en la parte
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considerativa de esta providencia.», siendo en este aspecto, donde radica la inconformidad de
la apoderada judicial del ente demandado.
En pronunciamientos recientes, la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo
de Estado9, indicó:
En efecto, como bien fue precisado en reciente pronunciamiento de esta Sección al abordar
un asunto similar10, el fenómeno de la prescripción no opera sobre derechos que recaigan
sobre las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por
tratarse este de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce a favor de
los funcionarios que prestan sus servicios laborales al Estado. Este precepto corresponde a
la postura unificada de la Sección Segunda del Consejo de Estado relativa a la prescripción
extintiva de los aportes a pensión, según la cual:
«(…) la Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para
pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace
imprescriptibles, pues aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en
cualquier época, mientras que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una
sola vez, sí son susceptibles del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos
económicos temporales. (…)
En este orden de ideas, las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema
integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de
imprescriptibles y prestaciones periódicas, están exceptuadas no solo de la prescripción
extintiva sino de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral
1, letra c, del CPACA), y por ende, pueden ser solicitados y demandados en cualquier
momento, puesto que la Administración no puede sustraerse al pago de los respectivos
aportes al sistema de seguridad social en pensiones, cuando ello puede repercutir en el
derecho de acceso a una pensión en condiciones dignas y acorde con la realidad laboral,
prerrogativa que posee quien ha servido al Estado mediante una relación de trabajo. (…)” 11»
Así las cosas, no le asiste razón a la parte demandada al considerar que, para efectos
del cálculo de la prescripción, deben contabilizarse los cinco (5) años anteriores a la
reclamación de la prima especial, pues frente a estos aportes al sistema general en
pensiones, no aplica bajo ninguna circunstancia, este fenómeno jurídico. Por lo tanto, el
recurso de apelación no está llamado a prosperar.
Resulta relevante señalar que, en las consideraciones de la decisión de primera instancia,
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca anunció la procedencia del reconocimiento
y pago de la prima especial consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 en favor
de la demandante, aclarando que, dicho emolumento constituye factor salarial solo para
el sistema de seguridad social. No obstante, esta postura no quedó consignada
específicamente en la parte resolutiva de la sentencia.
9
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentercia del 6 de junio de 2023, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, expediente No. 73001-
23-33-000-2017-00228-01 (5613-2018)
10
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sala de Conjueces. Sentencia del 11 de abril de
2023, Rad. No. 73001-23-33-000-2017-00229-01 (5637-2018). C.P. Hugo Alberto Marín Hernández.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de Unificación del 25 de agosto de 2016,
Rad. No. 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-15). C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
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Por el contrario, al declarar parcialmente probada la excepción de prescripción, hizo
alusión de manera genérica a los «valores reconocidos con anterioridad al 28 de abril de 2014», sin
indicar en éste u otro numeral, lo referente a las cotizaciones en seguridad social para
pensión.
Por lo tanto, la Sala confirmará parcialmente el fallo recurrido, en el sentido de adicionar
el numeral segundo, para ordenar a la Fiscalía General de la Nación, a reliquidar y pagar
las cotizaciones o aportes efectuados al Sistema General de Seguridad Social en
pensiones, en favor de Ingrid Soraya Jiménez Miguez desde el 15 de mayo de 2001,
adicionando al ingreso base de liquidación el 30% de su salario base, correspondiente a
la prima especial de servicios.
2.4 Condena en costas.
No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos
por el artículo 188 del CPACA, pues esta Sala ha sostenido que dichas normas otorgan
al juez la facultad de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la
actuación procesal de la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que
la conducta desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado
adverso del proceso.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de la demandada a lo
largo del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, se revoca la condena
impuesta en primera instancia y se abstendrá de imponerlas en esta sede.
III. DECISIÓN
En atención a lo anterior, la Sala confirmará parcialmente la sentencia del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
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Demandante: Ingrid Soraya Jiménez Miguez
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FALLA:
PRIMERO. – CONFIRMAR parcialmente la sentencia del veintiséis (26) de junio de dos
mil veinticuatro (2024), proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: ADICIONAR la providencia del 26 de junio de 2024, emitida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en los siguientes términos:
“SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte demandada
a reconocer y pagar en favor de la señora Ingrid Soraya Jiménez Miguez identificada con
C.C. No. 51.737.072, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley
4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico,
a partir del 15 de mayo de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2020, en todo caso según
los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Fiscal, sin que en ningún
caso pueda superarse el tope máximo establecido por el Gobierno Nacional, a lo cual
deberá dar estricto cumplimiento la entidad.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2001 y hasta el 31
de diciembre de 2020 arroje valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto
que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que
la prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a
la asignación básica y constituye factor salarial únicamente para las cotizaciones en
seguridad social.
CONDENAR a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reliquidar y pagar las cotizaciones
o aportes hechos al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones en favor de INGRID
SORAYA JIMÉNEZ MIGUEZ, del 15 de mayo de 2001 y hasta el 31 de diciembre de 2020,
adicionando al ingreso base de liquidación el 30% de su salario base, correspondiente a la
misma prima especial de servicios.»
TERCERO. – Sin condena en costas en ninguna de las instancias.
CUARTO. - Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente en comisión Aclara voto
Cfr.Rad.AV.05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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