Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00661-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2018-00661-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2018-00661-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
18 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Dieciocho (18) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)
Radicado: 76001233300020180066102 (1374-2025)
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandada: Nación – Ministerio de Defensa Nacional –
Dirección Ejecutiva de Justicia Penal Militar
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios jueces, (artículo 14 de
la Ley 4 de 1992)
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, que declaró probada la excepción de prescripción extintiva del derecho
reclamado y en virtud de ello negó las pretensiones, excepto el pago de
aportes pensionales.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda1.
1.1. Pretensiones.
La señora María Liliana Yaruro Yanine, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, y
solicitó lo siguiente:
1
Expediente digital – Samai – índice 2 – 4ED_CORREO_CorreoOutlookpdf(.pdf) – expediente Tribunal - índice 23,
folio 3 a 71.
2
Número Interno: 1374-2025
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
La nulidad del oficio No. 20173172062081 del 20 de noviembre de 2017,
mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la prima especial
de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
A título de restablecimiento del derecho deprecó el reconocimiento y
pago de la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 desde el momento de su vinculación a la entidad
demandada, esto es, desde el 1 de septiembre de 1992, en adelante; así
como, el pago de las diferencias salariales que se hubieran causado a
su favor al haberse pagado por asignación básica tan solo el 70% del
monto fijado anualmente, junto con la reliquidación de sus prestaciones
teniendo como base el 100% de la asignación básica; sumado a lo
anterior, la reliquidación de su pensión teniendo en cuenta la citada
prima como factor base de la liquidación.
Se ordene el cumplimiento de la sentencia dentro del término establecido
por el articulo 192 y 195 de la Ley 2437 de 2011.
1.1.2 Hechos
La señora María Liliana Yaruro Yanine señaló que, desde el Primero (1°) de
septiembre de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), prestó sus servicios a
la entidad demandada, en el cargo de juez 19 de Instrucción Penal Militar con
sede en Cali, labor que desempeñó hasta el Treinta y Uno (31) de julio de Dos
Mil Doce (2012), momento en el cual le es aceptada su renuncia al cargo a
través de la Resolución No. 469, para gozar de pensión.
Afirmó la demandante que, durante su vinculación con la entidad demandada
le fue pagada su salario de manera disminuida, dada la interpretación errada
que se le dio a la prima especial de servicios de que trata el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, yerro que influyó de forma negativa también en su mesada
pensional, habiéndose liquidado aquella sin tener en cuenta el 30% de la citada
prima.
3
Número Interno: 1374-2025
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
1.2. Concepto de violación.
La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: artículos 1,
2, 3, 6, 13, 25, 29, 53, 83, 89, 121, 122, 123, 209, 217, 220, 228, 229 y 230 de
la Constitución Política; artículos 1, 2, 3 y 14 de la Ley 4 de 1992; artículo 1 de
la Ley 332 de 1996; artículos 13, 14, 21, 132, 306 y 340 del Código Sustantivo
del Trabajo y; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 36, 88, 103, 104, 106, 138 y 206
del CPACA.
Indicó que, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 creó una prima especial de
servicios a favor de, entre otros, los jueces de instrucción penal militar;
posteriormente, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor para la
liquidación de la pensión.
La demandante resaltó que, en su calidad de juez, tiene derecho a percibir la
prima especial de servicios; lo anterior, teniendo en cuenta el principio de
favorabilidad laboral, irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales,
entre otros.
2. Contestación de la demanda2.
La entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda al
considerar que, el acto administrativo fue expedido conforme a la normativa
vigente y, por tanto, no hay lugar a declarar su nulidad.
Expuso que, conforme lo dispuesto en el artículo 150, numeral 19, literales e)
y f) de la Constitución Nacional corresponde al Congreso de la República fijar
el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, facultad que
delegó en el ejecutivo por medio de la Ley 4 de 1992; la citada ley en su artículo
14 creó la prima especial de servicios a favor de algunos servidores del Estado,
entre ellos, los jueces, disponiendo que no tendría carácter salarial.
La Corte Constitucional a través de la sentencia C-279 de 1996, declaró
exequible la expresión “sin carácter salarial” contenida en la Ley 4 de 1992; en
2
Expediente digital – Samai – índice 2 – 4ED_CORREO_CorreoOutlookpdf(.pdf) – expediente Tribunal – índice 27.
4
Número Interno: 1374-2025
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
virtud de ello, no es posible darle ese carácter a la prima especial de servicios,
concluyéndose entonces que la liquidación de los salarios y prestaciones de
la actora han estado ajustados a derecho; por cuanto no es posible que la
pluricitada prima especial de servicios sea considerada como un factor salarial
base en la liquidación de aquellas.
Propuso las excepciones que denominó «falta de legitimación en la causa por
pasiva»; «indebida integración del contradictorio»3; «legalidad normativa del acto
administrativo acusado»; y «carencia del derecho del demandante e inexistencia de
la obligación de la demanda».
3. La sentencia de primera instancia4.
La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia proferida el Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025),
declaró probada la excepción de prescripción extintiva, la imprescriptibilidad
de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones y negó las demás
pretensiones de la demanda, sin condena en costas, de la siguiente manera:
PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva
propuesta por el extremo demandado, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de
seguridad social en pensiones que deben realizar en favor de la parte
demandante, señora María Liliana Yaruro Yanine identificada con la C.C. No.
39.689.038 en los periodos que fungió como Juez de Instrucción Penal Militar,
esto es, del 19 de diciembre de 1996 al 1 de agosto de 2012, teniendo en cuenta
en la base de liquidación pensional de la prima especial de que trata el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como un sobresueldo y sobre el 100% de la asignación
básica mensual.
También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud
por el periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo
1º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud debe ser igual a la
contemplada en el Sistema General de Pensiones.
En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada
debe realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda
facultada para realizar los respectivos descuentos de ley al demandante con la
finalidad de que se realicen los mismos.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: No condenar en costas en esta instancia.
3
Las dos excepciones primeras fueron despachadas desfavorablemente por medio del auto No. 330 del 2 de agosto
de 2024, obrante en el Expediente digital – Samai – índice 2 – 4ED_CORREO_CorreoOutlookpdf(.pdf) – expediente
Tribunal – índice 49
4
Expediente digital – Samai – índice 2 – 4ED_CORREO_CorreoOutlookpdf(.pdf) – expediente Tribunal – índice 61.
5
Número Interno: 1374-2025
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
[…]
Como sustento de su decisión el Tribunal indicó que, acreditado quedó que la
señora María Liliana Yaruro Yanine, se vinculó a la entidad demandada desde
el Primero (1°) de septiembre de Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), en el
cargo de juez de Instrucción Penal Militar, hasta el Primero (1°) de agosto de
Dos Mil Doce (2012), momento para el cual era titular del Juzgado 71 de
Instrucción Penal Militar con sede en la ciudad de Cali.
Expuso que, la demandante tiene derecho a percibir la prima especial de
servicios desde la entrada en vigencia del Decreto 57 de 1993, por cuanto para
ese momento ya estaba vinculada a la entidad, y hasta el momento en que fue
desvinculada, esto es, 1 de agosto de 2012; no obstante, afirmó que, como la
reclamación administrativa se incoó el 11 de septiembre de 2017, operó la
prescripción de las acreencias laborales y prestaciones causadas con
anterioridad al 11 de septiembre de 2015 (sic), razón por la cual negó las
pretensiones, excepto el reconocimiento y pago de los aportes a la seguridad
social integral, aduciendo que estos eran imprescriptibles.
En virtud de lo anterior, ordenó el pago de los aportes a pensión y salud por el
periodo comprendido desde el Diecinueve (19) de diciembre de Mil
Novecientos Noventa y Seis (1996)5, al Primero (1°) de agosto de Dos Mil
Doce (2012), teniendo en cuenta como base de la liquidación el 100% de la
asignación básica más el 30% de la prima especial de servicios.
Finalmente, negó la reliquidación de la pensión de jubilación aduciendo que en
la proposición jurídica demandada no se integró el acto administrativo que
reconoció la pensión, por tanto, no era posible emitir un pronunciamiento de
fondo.
4. El recurso de apelación6
La parte demandada interpuso recurso de apelación al considerar que, al
5
Fecha que señaló como el momento en que entró en vigencia de la Ley 332 de 1996.
6
Expediente digital – Samai – índice 2 – 4ED_CORREO_CorreoOutlookpdf(.pdf) – expediente Tribunal – índice 64.
Aquí debe tenerse en cuenta que la parte actora también interpuso recurso de apelación, pero este fue rechazado
por extemporáneo a través del auto No. 57 del 8 de mayo de 2025 proferido por el Tribunal – índice 67
6
Número Interno: 1374-2025
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
haberse declarado la prescripción del derecho a percibir el reajuste salarial y
prestacional deprecado, igual suerte debió correr la obligación de efectuar los
aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, comoquiera que “la
suerte de lo principal es la suerte de lo accesorio”.
Confirma que la actora prestó sus servicios desde el Diecinueve (19) de
diciembre de Mil Novecientos Noventa y Seis (1996), hasta el Primero (1°) de
agosto de Dos Mil Doce (2012), como Juez Penal Militar; quien presentó la
reclamación administrativa respectiva el 11 de septiembre de 2017; esto es,
cuando ya había operado el fenómeno de la prescripción y, en consecuencia,
no hay lugar a reconocer a su favor ninguna prestación ni el pago de los
aportes ordenados en la sentencia objeto de reproche.
5. Trámite de segunda instancia
Con auto de Treinta (30) de Julio de Dos Mil Veinticinco (2025)7, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247
del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso
ingresó al Despacho para fallo.
La demandante no se pronunció sobre el recurso de apelación. La parte
demandada8 reiteró los argumentos del recurso de alzada. Por su parte, el
Ministerio Público no emitió concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia
este proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243
y 247 del CPACA.
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Expediente digital – Samai - Índice 4
8
Expediente digital – Samai - Índice 9
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Número Interno: 1374-2025
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 328 9 del
Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2 Problema jurídico
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
le corresponde a la Sala analizar si, a pesar de haberse declarado el fenómeno
de la prescripción sobre el derecho reclamado al reajuste salarial y
prestacional con base en la prima especial de servicios de que trata el artículo
14 de la Ley 4 de 1992, es procedente ordenar a la entidad demandada el
pago de los aportes a la seguridad social integral (salud y pensión).
Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo; 2.2.2. Pruebas recaudadas; y 2.2.3 Caso
concreto.
2.2.1 Marco normativo aplicable al presente caso
Para efectos de resolver el caso concreto, la Sala de Subsección, atenderá a
las reglas que, sobre la prima especial de servicios, consagrada en el artículo
14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala Plena de Conjueces, de la Sección
Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019,
proferida el 2 de septiembre de 2019.
La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la
naturaleza y alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó
que, la mencionada prima, corresponde a un valor adicional al ingreso de los
servidores, que implica un aumento en la remuneración derivada del vínculo
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
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Número Interno: 1374-2025
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
laboral y no puede entenderse, en ningún caso, como un elemento de
deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador. En la
sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o
asignación básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En
consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta
sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto
de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor
salarial para efectos de la pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere
el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama
Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre otros, tienen derecho a la prima
especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que
se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de
la Fiscalía General de la Nación) tienen derecho a la reliquidación de
las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén
sometidos a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá
superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la
prima especial de servicios, se tendrá en cuenta, en cada caso, la fecha
de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se
reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con
el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos
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equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80% de lo que por todo
concepto devenguen anualmente los magistrados de Alta Corte, que es
igual a lo que por todo concepto reciben los congresistas, incluido el
auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
Con fundamento en los derroteros trazados por la jurisprudencia de la Sala
Plena de Conjueces, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se
procede a decidir el presente caso.
2.2.2. Pruebas recaudadas.
a) Resolución No. 000469 del Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Doce
(2012)10, por la cual se retira del servicio a la demandante a partir del
Primero (1°) de agosto de Dos Mil Doce (2012).
b) Hoja de servicios No 3-39689038 del Trece (13) de septiembre de Dos Mil
Doce (2012)11, que establece las partidas computables devengadas por la
actora, donde se evidencia que percibió la prima especial y se indica como
norma que regula su caso el Decreto 57 de 1993.
c) Resolución No. 8468 del Veintisiete (27) de noviembre de Dos Mil Doce
(2012)12, a través de la cual se reconoce y ordena el pago de la pensión
de jubilación a favor de la señora María Liliana Yaruro Yanine.
d) Certificación de tiempo expedida por el Grupo de Administración de
Personal – Archivo DEJPM, el Diecinueve (19) de agosto de Dos Mil
Catorce (2014)13, donde se señala el tiempo de servicios prestados por la
demandante como juez de Instrucción Militar.
e) Solicitud formulada por la demandante ante la entidad demandada del
Once (11) de septiembre del Dos Mil Diecisiete (2017)14, deprecando el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios y la reliquidación
de la pensión de jubilación a favor de la actora.
f) Oficio con radicado No. 20173172082081 del Veinte (20) de noviembre de
Dos Mil Diecisiete (2017),15 a través del cual la parte demandada negó la
anterior solicitud.
10
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 23, páginas 87 a 88.
11
Samai-Tribunal, índice 37, páginas 8 a 9.
12
Samai-Tribunal índice 37, páginas 43 a 45.
13
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 23, páginas 83 a 84.
14
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 23, páginas 77 a 79.
15
Samai-Tribunal- expediente digital, índice 23, página 81.
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2.5. Caso concreto.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido enfática en señalar que la
prima especial de servicios debe ser un factor adicional al 100% del salario
básico y/o asignación básica, y no una parte de este, como se venía
liquidando por la entidad accionada; así mismo, ha quedado sentado que
aquella solo es factor salarial para el pago de aportes pensionales y, en
consecuencia, no sirve de base para la liquidación de prestaciones sociales; no
obstante, tales prestaciones sociales deben ser liquidadas teniendo en cuenta
el 100% de la asignación básica, sin sumarle o restarle el 30% de la prima
especial de servicios. Son beneficiarios de la citada prima, entre otros, quienes
desempeñen cargos de juez, como ocurre en este caso.
En este caso se acreditó que la señora María Liliana Yaruro Yanine ejerció
como juez de Instrucción Penal Militar desde el Primero (1°) de septiembre de
Mil Novecientos Noventa y Dos (1992), hasta el Primero (1°) de agosto de Dos
Mil Doce (2012), fecha en que se retiró del servicio para gozar de pensión.
Así mismo, con base en la documentación allegada se puede concluir que la
actora optó por el régimen salarial establecido en el Decreto 57 de 1993; así se
desprende de hoja de servicios No 3-39689038 del Trece (13) de septiembre
de Dos Mil Doce (2012).
Se acreditó también que la demandante agotó la reclamación administrativa
mediante petición radicada el Once (11) de septiembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), solicitando el reconocimiento y pago de la prima especial establecida
en la Ley 4 de 1992 como un incremento salarial del 30 % sobre la asignación
básica. Solicitud que fue negada por la entidad accionada mediante el acto
administrativo demandado.
El Tribunal en la sentencia objeto de reproche concluyó que la demandante
tenía el derecho al reajuste salarial y prestacional con base en la prima especial
de servicios; sin embargo, al no haber sido aquel reclamado en forma oportuna
se configuró el fenómeno de la prescripción, excepto frente a la obligación de
pago de aportes a la seguridad social integral.
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Número Interno: 1374-2025
Demandante: María Liliana Yaruro Yanine
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional y otro
Sin embargo, tenemos que el A-quo omitió declarar la nulidad de los actos
administrativos acusados, lo cual resulta procedente dado que aquellos
negaron el derecho a la demandante bajo el argumento que no era viable
ordenar a su favor la prima especial de servicios, aspecto que, conforme lo
precisó el Tribunal no se acompasa a la realidad, dado que, aquella en su
calidad de juez sí le asiste el derecho a percibirla; ante ello, se adicionará la
sentencia con miras a declarar la nulidad de los actos acusados.
Ahora, la parte accionada considera que no hay lugar a pagar los aportes
comoquiera que, sobre aquellos debe operar también la figura de la
prescripción.
En ese sentido, la Sala resalta que, tal como lo definió el A-quo, al haberse
incoado la reclamación administrativa el Once (11) de septiembre de Dos Mil
Diecisiete (2017), y la demandante haber prestado sus servicios hasta el
Primero (1°) de agosto de Dos Mil Doce (2012), operó la prescripción sobre el
derecho al reajuste salarial y prestacional pretendido.
Aquí solo debe precisarse que, en la sentencia se indicó que el fenómeno de la
prescripción operada en virtud de lo dispuesto en los Decretos 3135 de 1958 y
1848 de 1969, normas que consagran una prescripción trienal; sin embargo,
cuando se estableció la prescripción del derecho se dijo que aquel operaba
sobre las acreencias causadas con anterioridad al Once (11) de septiembre de
Dos Mil Quince (2015), a pesar que la reclamación se presentó el Once (11) de
septiembre de Dos Mil Diecisiete (2017), ante lo cual el fenómeno en cita corrió
desde el Once (11) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014); sin embargo,
como para ese momento la demandante ya no estaba vinculada con la entidad
y, por tanto, no infiere en la decisión el yerro indicado, el cual por demás no fue
objeto de reclamo en el recurso de alzada, no se procederá a modificar la orden
judicial de primera instancia en tal sentido.
Ahora, el Tribunal dispuso que no operaría el fenómeno de la prescripción sobre
los aportes a la seguridad social en pensión, decisión que se considera ajustada
a derecho; lo anterior por cuanto, los aportes pensionales están ligados al
derecho a la pensión, el cual es un derecho irrenunciable e imprescriptible. Así
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lo ha expuesto esta Sala en otras providencias donde se ha indicado: «frente a
estos aportes al sistema general en pensiones, no aplica bajo ninguna circunstancia, este
fenómeno jurídico»16.
En igual sentido se pronunció la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado17, quien manifestó: «el fenómeno de la prescripción no opera sobre
derechos que recaigan sobre las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad
Social en Pensiones, por tratarse este de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible
que se reconoce a favor de los funcionarios que prestan sus servicios laborales al Estado».
En ese orden de ideas, no le asiste razón a la entidad demandada en el
reproche efectuado en contra de la sentencia del Tribunal referente al pago de
los aportes pensionales, por cuanto estos deben efectuarse desde el momento
en que entró en vigencia la Ley 332 de 1996, norma que estableció la
obligatoriedad de pago de aquellos; en ese orden de ideas, la entidad
demandada en este caso debe efectuar la reliquidación de los aportes
pensionales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica más el 30%
de la prima especial de servicios; pero debe aclararse que dicho pago se debe
realizar desde el 28 de diciembre de 1996, momento en el cual fue publicada
la ya citada Ley 332 de 1996 en el Diario Oficial No. 42.948 y, por tanto,
empezó a regir conforme lo indicó su artículo 3; y no desde el 19 de diciembre
de 1996, como lo señaló el A-quo; en tal sentido, la orden será modificada.
Adicionalmente, en cuanto al tema de aportes pensionales también se debe
ordenar a la demandada que, en caso de no haberlo hecho, desde el 7 de
enero de 1993, en que entró en vigencia del Decreto 57 de 1993 y la entrada
en vigor de la citada Ley 332 de 1996, realice el pago de los aportes
pensionales teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica.
Aclarado lo anterior, se pasa a analizar la inconformidad de la parte pasiva
respecto al pago de aportes a la seguridad social en salud.
Frente a ello, debe advertirse que, esta Sección, ha explicado que, «los recursos
del sistema de la Seguridad Social en salud son rentas parafiscales. Por ello, en virtud de esa
16
C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera, Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 12 de junio de 2025,
Rad. No. 66001-23-33-000-2018-00126-02 (4546-2024).
17
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentercia del 6 de junio de 2023, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo,
expediente No. 73001-23-33-000-2017-00228-01 (5613-2018)
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naturaleza parafiscal, estos aportes son de obligatorio pago y recaudo para un fin
específico y no constituyen un crédito en favor del interesado»18.
En este punto debe recordarse que, el pago de aportes a la pensión es
obligatorio conforme lo dispuesto en el el artículo 17 de la Ley 100 de 1993;
normativa según la cual, durante la vigencia de la relación laboral deben
efectuarse cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social en salud y
pensión por parte de los afiliados, empleadores y contratistas, con base en el
salario o ingresos que devenguen. Asimismo, el parágrafo 1 del artículo 204
ibidem consagró que, la base de cotización de las personas vinculadas
mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios
al Sistema General de Seguridad Social en Salud, sería la misma contemplada
en el sistema general de pensiones de dicha ley.
Por su parte, la Ley 1393 de 2010, en su artículo 33, consagró que las
cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse
sobre la misma base de las cotizaciones a los riesgos profesionales y
pensiones.
En ese orden de ideas, con miras a garantizar la sostenibilidad del sistema de
seguridad social, esto es, la capacidad para que aquel pueda mantenerse
financieramente viable y operativo a largo plazo, garantizando con ello la
protección y cobertura a toda la población frente a los riesgos que este ampara;
es necesario que las cotizaciones al sistema de seguridad social integral se
hagan sobre la base de todo el salario o ingresos que perciba el trabajador,
cotizaciones que deben realizarse sobre la misma base salarial, tanto para los
aportes pensionales como para los aportes a salud.
Estos aportes, además, ayudan a garantizar el principio de solidaridad en el
sistema de seguridad social, según el cual, los recursos y esfuerzos se
comparten de manera que se proteja a los grupos más vulnerables y se
distribuya la carga económica de manera equitativa. Esto implica que quienes
tienen mayor capacidad contributiva aportan más, y esos recursos financian la
protección social de quienes tienen menor capacidad o están en situación de
18
C.P, Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 9 de septiembre de
2021, Rad. No. 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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riesgo.
Por tanto, se considera que, sobre el reajuste salarial y prestacional que se
deriva de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
esto es, la prima especial de servicios, se debe pagar no solo los aportes
pensionales, sino también los aportes al sistema de seguridad social en salud;
en aras de garantizar los citados principios de solidaridad y sostenibilidad del
sistema. Así las cosas, el recurso formulado no tiene ánimo de prosperidad.
Por último, la Sala precisa que el cumplimiento de la presente sentencia estará
condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la
parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos y en ese
sentido se adicionará el inciso tercero del ordinal segundo de la sentencia de
primera instancia.
2.6 Condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Veintiocho (28) de
marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual, la Sala Transitoria
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, declaró probada la excepción
de prescripción extintiva del derecho reclamado y en virtud de ello negó las
pretensiones, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: ADICIONAR la sentencia del Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil
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Veinticinco (2025), por medio de la cual, la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, así:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad del oficio No. 20173172062081 del 20 de noviembre
de 2017, mediante el cual se negó el reconocimiento y pago de la prima especial de
servicios que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.
TERCERO: En virtud de lo anterior se modifica el orden de los ordinales de la
sentencia del Veintiocho (28) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), así
como, se modifica el nuevo ordinal tercero de la sentencia referida, conforme
lo expuesto en la parte motiva, quedando así:
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva propuesta
por el extremo demandado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
TERCERO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad
social en pensiones que deben realizar en favor de la parte demandante, señora María
Liliana Yaruro Yanine identificada con la C.C. No. 39.689.038 en los periodos que fungió
como Juez de Instrucción Penal Militar. Ante ello, se ordena a la entidad demandada
proceda a reliquidar y pagar, en caso de no haberlo hecho, los aportes pensionales de
la actora desde el 7 de enero de 1993, en que entró en vigencia el Decreto 57 de 1993,
teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica; y, desde el 28 de diciembre de 1996
momento en el cual fue publicada y entró a regir la Ley 332 de 1996, teniendo en cuenta
como base salarial el 100% de la asignación básica más el 30% de la prima especial de
servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; lo anterior, hasta su
desvinculación de la entidad.
También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo en que la demandante ejerció como juez y en virtud de ello, era beneficiaria de
lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, conforme a lo expuesto.
En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada
para realizar los respectivos descuentos de ley al demandante con la finalidad de que
se realicen los mismos.
El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: No condenar en costas en esta instancia.
SEXTO: RECONOCER PERSONERÍA JUDICIAL a la abogada JULIANA ANDREA
GUERRERO BURGOS con T.P. No. 146.590 en los términos del memorial poder
conferido allegado con la contestación de la demanda.
SÉPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, sin que se haya interpuesto el recurso de
apelación, ORDENESE la devolución de los gastos si fueron consignados por el
demandante y ARCHÍVESE el expediente, previas las anotaciones de rigor.
CUARTO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del Veintiocho (28) de
marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria, del
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Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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