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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2020-00115-02

Fecha
5 de marzo de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
3 providencias

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2020-00115-02

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

5 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., cinco (5) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Demanda ejecutiva
Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá

Tema: proceso ejecutivo. Subtema 1: providencia judicial como título ejecutivo.
Subtema 2: ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación. Subtema 3: excepción de pago.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 11 de
noviembre de 2022, que declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir
adelante con la ejecución.

1. Síntesis del caso

El señor Juan Carlos Restrepo Martínez presentó demanda ejecutiva con el propósito
de obtener el pago del capital adeudado, con los respectivos intereses moratorios, por
concepto de la condena impuesta en las sentencias del 15 de octubre de 2013 y 2 de
marzo de 2017, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado, respectivamente, que ordenaron reconocer horas extras,
reajustes de los recargos nocturnos, dominicales y festivos y la reliquidación de las
cesantías, puesto que la entidad demandada calculó en forma errónea dicha
obligación, lo que causó un saldo insoluto. Dicho tribunal declaró no probada la
excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución, al encontrar que la
accionada no sufragó el valor total de las diferencias adeudadas.

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Juan Carlos Restrepo Martínez, mediante apoderado, presentó demanda
ejecutiva el 31 de enero de 20201, en contra del Distrito Capital, Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que se librara
mandamiento de pago en los siguientes términos:

PRIMERA: Librar Mandamiento Ejecutivo de Pago en contra del DISTRITO CAPITAL-
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICAL DE BOMBEROS DE
BOGOTÁ, y a favor del señor JUAN CARLOS RESTREPO MARTÍNEZ, por la suma
de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO
MIL CIENTO UN MIL PESOS ($245.225.101) MONEDA CORRIENTE, por concepto
de capital indexado hasta la ejecutoria de la sentencia del 2 de marzo de 2017 proferida
por el H. Consejo de Estado Sección Segunda Subsección “A”, dentro del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho expediente 25000 23 25000 2010
00 473 01 demandante JUAN CARLOS RESTREPO MARTÍNEZ, demandado
DISTRITO CAPITAL – UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICAL DE
BOMEBROS DE BOGOTÁ, liquidación realizada conforme con la sentencia, capital
correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 2006 al 30 de enero de
2019.

SEGUNDA: Incluir además en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar
los intereses moratorios, liquidados a la tasa máxima autorizada por la
Superintendencia Financiera obrante en la certificación original que se allega con la
demanda, respecto a la suma de $245.225.101 entre noviembre de 2017 hasta cuando
se realice el pago total de la obligación de la primera pretensión.

TERCERA: Condenar en costas a la Entidad demandada acorde con lo consagrado
en la Ley 1437 de 2011 en su artículo 188 en concordancia con el Código General del
Proceso [sic para toda la cita].

2.2. Trámite procesal en primera instancia

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
libró mandamiento de pago en auto del 23 de abril de 20212, en los siguientes
términos:

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del señor Juan Carlos
Restrepo Martínez y en contra del Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos y a favor del señor Pedro Antonio Cepeda Peña por las
siguientes sumas:

Por la suma de ciento treinta y un millones quinientos nueve mil cuatrocientos ochenta
y siete pesos ($131.509.487), valor que corresponde a las diferencias no canceladas
por concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos dominicales ordenadas

1 Folios 1 a 19.
2 Folios 121 a 134.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

en las sentencias proferidas por esta Corporación y por el H. Consejo de Estado los
días 15 de octubre de 2013 y 2 de marzo de 2017.

Por la suma de ochenta y ocho millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento
cuarenta y seis pesos con ochenta y seis centavos ($88.459.146,86) que corresponden
a los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 31 de
marzo de 2021.

Por los intereses moratorios que se generen desde el 1 de abril de 2021 hasta la fecha
en que se dé cumplimiento integral a la sentencia.

Esta obligación deberá ser cancelada por en el término de cinco días contados a partir
de la ejecutoria de la presente providencia, conforme lo dispuesto en el artículo 431
del C. G. del P.
[…]

3. Mediante proveído del 16 de septiembre de 20213, esta Subsección confirmó
la precitada providencia, al estimar que el valor por el que fue librado el mandamiento
de pago fue el resultado de un análisis cuidadoso de las horas extras laboradas en
confrontación con los turnos trabajados y las órdenes de las sentencias base de
recaudo.

2.3. Contestación de la demanda

4. El Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá4, a través de apoderado, propuso las siguientes excepciones:

5. Excepción de pago, por cuanto dio estricto cumplimiento a la orden judicial
materia de recaudo, mientras que la liquidación desconoció el límite que debe
atenderse de 190 horas, correspondiente a la jornada máxima legal, para luego
verificar la procedencia frente al reconocimiento de las 50 horas extras diurnas, de
modo que en ningún momento era posible tener las 360 horas como jornada y de allí
calcular horas nocturnas, dominicales y festivas (diurnas y nocturnas).

6. Afirmó que la demandada ya había pagado todos los conceptos adeudados,
solo que con un común denominador de 240 horas mensuales, por ende, conforme al
fallo judicial solo se debía la diferencia, en virtud de su reliquidación sobre 190 horas;
respecto de lo cual deberá ordenarse la deducción frente a los aportes pensionales.

7. Excepción que denominó obligación de pagar intereses de mora, toda vez que
existía la posibilidad de que al momento de proceder a realizar la liquidación
correspondiente era dable que pudiese arrojar diferencias a favor de la entidad y en
contra del demandante, cuanto más si en la sentencia título ejecutivo no quedó
determinado un valor concreto al respecto. En todo caso, pidió dar aplicación a las
circulares externas núm.10 del 13 de noviembre de 2014 y 12 del 22 de diciembre de

3 Folios 161 a 169.
4 Folios 182 a 184 vuelto.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

2014 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en armonía con la
jurisprudencia del Consejo de Estado.

8. Excepción de compensación, frente a la cual adujo que solo adeudaba la
diferencia generada al haber liquidado inicialmente sobre el común denominador de
240 horas mensuales, los cuales, conforme al título ejecutivo, se debían calcular sobre
190 horas; por ende, «resulta totalmente disparatado considerar como trabajado una
jornada de 360 horas y proceder a liquidar esa cantidad, estableciendo dentro de ese
periodo jornadas nocturnas, dominicales, festivas (diurnas y nocturnas) y horas extras
(en periodo ordinario, nocturno, dominical y festivo)»; adicionalmente, solo era
procedente el pago de horas extras diurnas.

9. Mediante auto del 26 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dispuso correr traslado de las excepciones de pago y compensación,
mientras que la de «obligación de pagar intereses de mora» la rechazó por
improcedente5.

10. Al correrse el traslado de las excepciones, el ejecutante presentó escrito en el
que indicó que la excepción de pago no tenía vocación de prosperidad, por cuanto las
pruebas documentales (planillas y desprendibles de pago) demostraban que nunca se
habían liquidado y pagado las horas extras al actor y que los recargos del 35 %, 200
% y 235 % han sido pagados de manera incompleta, o sea sobre 240 horas
mensuales, en abierta violación de lo ordenado en las sentencias base de recaudo,
que dispusieron su reconocimiento sobre 190 horas mensuales. Tampoco resultaba
procedente la compensación, porque no tenía ninguna deuda con la entidad, por ende,
no se colmaban los presupuestos de los artículos 1714, 1715 y 1716 del Código Civil6.

2.4. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en la sentencia del 11 de noviembre de 20227, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de pago propuesta por el Distrito
Capital- Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos conforme lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN a favor del señor
Juan Carlos Restrepo Martínez y en contra del Distrito Capital- Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos por las siguientes sumas:

Por setenta y nueve millones doscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y
cuatro pesos ($79.244.864), valor que corresponde a las diferencias no canceladas
por concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos dominicales ordenadas

5 Folio 203.
6 Folios 210 a 222.
7 Folios 224 a 243.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

en las sentencias proferidas por esta Corporación y por el H. Consejo de Estado los
días 15 de octubre de 2013 y 2 de marzo de 2017.

Por la suma de ciento catorce millones trescientos ochocientos setenta y ocho mil
ochocientos setenta y ocho pesos con setenta y siete centavos ($114.375.878,77) que
corresponden a los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia
hasta el 31 de octubre de 2022.

Los intereses moratorios seguirán causándose a partir del 1º de noviembre de 2022 y
hasta que se pruebe el pago total de la obligación, tomando como base tomando lo
que se adeudan por concepto de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y
festivos (esto es, por $79.244.864), aplicando como tasa de interés el 1,5 veces del
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

TERCERO: ORDENAR la realización de la liquidación del crédito, la cual deberá
efectuarse conforme las previsiones del artículo 446 del C. G. P.

CUARTO: NO CONDENAR en costas.

12. Consideró que, en atención al certificado de salarios, horas laboradas y
recargos reconocidos al señor Juan Carlos Restrepo Martínez desde el 29 de mayo
de 2006 hasta el 31 de enero de 2019, se estableció que la suma total de $
268.226.186 debió sufragarse por concepto de horas extras (50 horas diurnas
mensuales) y recargos nocturnos, recargos festivos diurnos y recargos festivos
nocturnos durante tal período, en aplicación de la fórmula señalada por el Consejo de
Estado —con el factor hora determinado a partir de la división de la asignación básica
mensual sobre 190 horas mensuales—.

13. Aclaró que la demandada pagó los recargos nocturnos, festivos diurnos y
festivos nocturnos durante dicho lapso, con base en el factor hora sobre una jornada
máxima de 240 horas y no de 190, para un total de $ 161.024.773, por lo que,
descontados los valores reconocidos por la entidad, el monto adeudado, en virtud de
las sentencias que comportan título ejecutivo, era de $ 129.693.553.

14. No obstante, precisó que, de conformidad con los artículos 1.º del Decreto
1158 de 1994 y 33 de la Ley 1393 de 2010, debía descontarse lo atinente a los
porcentajes que le correspondían al trabajador por aportes a salud y pensión (por valor
de $ 10.375.484), lo que arrojaba un total a reconocer a favor del ejecutante por horas
extras y recargos de $ 119.318.069.

15. Advirtió que la entidad demandada, mediante la Resolución 673 de 8 de julio
de 2021, reconoció a favor del ejecutante la suma de $ 40.073.205 por horas extras y
reliquidación de recargos ordinarios nocturnos, festivos diurnos y festivos nocturnos,
que pagó el 13 de julio de 2021, motivo por el cual el capital adeudado por esos
conceptos era de $ 79.244.864; por consiguiente, no le asistía razón a la accionada
en la excepción de pago propuesta.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

16. Precisó que el valor reconocido en esta sentencia se diferenciaba de aquel por
el que se libró mandamiento de pago, en la medida que en este tampoco se efectuaron
los descuentos para salud y pensión sobre las diferencias generadas por concepto de
horas extras y reliquidación de recargos, pese a que estos legalmente integran el
ingreso base de cotización para el sistema de seguridad social, ni se tuvo en cuenta
la proporción de los meses de mayo de 2006 y enero de 2019.

17. Por otro lado, en relación con las cesantías, arguyó que, si bien en el título
ejecutivo se ordenó su reliquidación, entre los valores pretendidos en la demanda no
se solicitó reconocimiento de monto alguno por este concepto, razón por la cual no se
emitía pronunciamiento sobre el particular.

18. En lo concerniente a los intereses moratorios, explicó que correspondían a los
causados sobre las diferencias adeudadas desde mayo de 2006 hasta el 8 de
noviembre de 2017 por $ 105.954.308, que variaban a partir del 14 de julio de 2021 a
$ 65.881.103 (dado el pago de la entidad por $ 40.073.205 del día 13 anterior). Así
mismo, se liquidaron entre el 9 de noviembre de 2017 (día siguiente a la ejecutoria de
la sentencia) y el 9 de febrero de 2017 (fecha de vencimiento de los tres primeros
meses) y del 12 de febrero de 2018 y al 31 de octubre de 2022 (mes anterior al de la
expedición de este fallo), cuyo resultado arrojó la cuantía de $ 100.256.072,77.

19. De igual modo, calculó los intereses causados sobre las diferencias generadas
con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia (9 de noviembre de 2017 a 31 de
enero de 2019), para lo cual tuvo en cuenta los anteriores períodos de liquidación, de
lo que resultó un monto de $ 14.119.806,19.

20. Concluyó que las sumas adeudadas fueron las siguientes:

RESUMEN
Por horas extras, recargos nocturnos y recargos $ 79.244.864
dominicales
Intereses moratorios $ 114.375.878,77
Suma total adeudada $ 193.620.742,77

21. Por último, advirtió que los intereses moratorios se seguirían causando hasta
que se verificara el pago total de la obligación a partir del 1.º de noviembre de 2022,
para lo cual se tomaría como base lo que se adeuda por concepto de horas extras y
recargos nocturnos, dominicales y festivos, esto es, $ 79.244.864, «aplicando como
tasa de interés el 1,5 veces del interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Financiera».

2.5. Recurso de apelación

22. El Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá, mediante su apoderado, interpuso recurso de apelación8 para que se

8 Folios 251 a 254.

6

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
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Bomberos de Bogotá

revocara la sentencia de primera instancia y se declarara la excepción de pago total
de la obligación, como quiera que se dio cumplimiento a la condena impuesta en el
título ejecutivo, o «siquiera, de forma parcial», dados los «desembolsos efectuados».

23. Estimó que el tribunal, al liquidar los recargos, superó la jornada de 44 horas
semanales sobre la base de 190 horas permitidas, con desconocimiento de la
jurisprudencia del Consejo de Estado; por lo tanto, debió observarse lo dispuesto en
los artículos 34, 35 y 39 del Decreto 1042 de 1978, «por lo que la reliquidación de
tales conceptos no puede superar la jornada ordinaria, debido a que aquellas horas
que la superaren deben ser atendidas con los descansos compensatorios que fueron
debidamente acreditados».

24. Por otra parte, solicitó modificar el fallo apelado en relación con los aportes en
salud, porque «no tienen una incidencia futura y, tampoco, se presentó riesgo alguno
en el periodo en los que se causó ese salario, razón por la cual […] no se debe ordenar
su pago conforme a lo dispuesto, por ejemplo, en la decisión de segundo grado
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda,
Subsección “C”, sentencia del día 19 de agosto de 2020, radicación:
11001334205620180020001 […]», en la que se anotó que «[…] si en su momento el
contratista realizó las cotizaciones con destino a salud obtuvo la cobertura en ese
momento y se garantizó su derecho, y en consecuencia la Sala observa que se
cumplió con la finalidad de los aportes […]».

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

25. Mediante auto del 9 de noviembre de 20239, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

26. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

27. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 32810 del Código General del Proceso (CGP),
9 Samai, índice 10.
10 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá

7

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Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
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Bomberos de Bogotá

corresponde a la Sala definir si:

28. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo en cuenta la base de
liquidación o el límite de 190 horas como jornada máxima legal y las 44 horas
semanales?

29. ¿No es dable descontar los aportes al sistema de seguridad social en salud,
calculados sobre las diferencias causadas a favor del ejecutante, por cuanto no tienen
incidencia futura?

30. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) disposiciones generales sobre el recurso de apelación; (ii) ámbito de
competencia del juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación, (iii)
formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones contenidas en
una providencia judicial, (iv) la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la
excepción de pago. A partir de las anteriores consideraciones, (v) se destacarán los
hechos probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos planteados.

3.3. Disposiciones generales sobre el recurso de apelación

31. El CGP establece en su artículo 320 que «el objeto del recurso de apelación es
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión».

32. Por su parte, el artículo 322 del mismo código dispone que «cuando se trate de
apelación de sentencia, el apelante al interponer el recurso en audiencia, si hubiere
sido proferida en ella o dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la
notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar
brevemente los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará
la sustentación que hará ante el superior».

33. Ahora bien, para que se cumpla la finalidad del recurso de apelación, es
necesario que el recurrente supla la carga procesal de argumentar los motivos de
inconformidad con la decisión que está impugnando, los cuales analizará el juez de
segunda instancia para determinar la legalidad de ésta y decidir si la confirma, revoca
o modifica.

34. En ese sentido, esta corporación ha señalado que «la sustentación es la

pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación
de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».

8

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oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad
con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como
demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se
pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció»11.

35. Igualmente, se ha estimado que «la debida sustentación del recurso materializa
el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el tribunal de
instancia, necesariamente, debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de
primera instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de
apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada,
revocada o modificada, según el caso»12. Tal y como lo precisó la Corte Constitucional
en la sentencia SU-418 de 2019:

La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretende probar
suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos
supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgado de
primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la
apelación deba ser sustentada.

36. Esta exigencia de sustentación deviene del contenido del artículo 328 del CGP
que como quedó visto, limita la competencia del juez de segunda instancia para
resolver el recurso. Ello, porque, no le corresponde al fallador asumir cargas ni
tampoco interpretar el querer de las partes, ni mucho menos ajustar los argumentos
para poder efectuar el análisis de la providencia recurrida. Quien controvierte una
decisión debe poner en conocimiento del juez las razones que, en su criterio, la dejan
sin fundamento; debe controvertir los fundamentos de hecho y de derecho que le
sirvieron de sustento, no solo porque la decisión fue contraria a sus intereses sino
porque existe una razón válida que le hace concluir que lo decidido no fue acertado al
no corresponder a la realidad procesal.

3.4. Ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación

37. El artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA,
limita el pronunciamiento del juez de segunda instancia «solamente a los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos que establece la ley».

38. Así las cosas, la competencia en esta instancia queda demarcada por los
reparos concretos que el apelante expone en el recurso contra la providencia que
considera adversa. Así, se ha precisado que «el marco conformado por la providencia
y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda
instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,

proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328).
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25

de marzo de 2021, proceso con radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).

9

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
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Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

que a su juicio debieron ser invocados en contra de lo resuelto»13.

3.5. Formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial

39. La formulación de excepciones debe someterse a las reglas previstas en el
artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece: «cuando se trata de cobro de
obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por
quien ejerza función jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones de
pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de
la cosa debida».

40. En consecuencia, las únicas excepciones que pueden proponerse cuando el
título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, son las enunciadas en la norma
citada.

3.6. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago.
Reiteración jurisprudencial14

41. Sea lo primero precisar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 1625
del Código Civil (CC), el pago es una forma de extinción de las obligaciones, al
preceptuar:

Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla
por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;
[...]

42. La anterior disposición normativa en armonía con los artículos 1626 y 1627 del
CC, los cuales, en su orden, prevén que el pago efectivo «es la prestación de lo que
se debe» y este se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la
obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes»;
además de que el artículo 1649 del mismo Código establece que «El pago total de la
deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban».

43. De tales normas se colige que la obligación se extinguirá únicamente cuando
se cumpla en su integridad, es decir, cuando se pague al acreedor no solo el capital,
sino también los intereses cuando exista retardo, por lo que el deudor deberá acreditar

13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 25

de julio de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).

10

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

ante el juez el documento que evidencie, sin ningún atisbo de duda, la entrega del
correspondiente dinero al acreedor, de conformidad con el artículo 1757 del CC, según
el cual «Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
Sobre el particular, en la sentencia del 30 de mayo de 2024 15, esta Subsección
sostuvo:

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación
recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167
del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional obligación
de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

90. Asimismo, la doctrina16 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a
las normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que
encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el
cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

44. Ahora bien, en torno a la orden de seguir adelante con la ejecución, en la
precitada providencia esta Sala reiteró:

93. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional17 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que
decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando
se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en
la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las
operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar
en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se
establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]»
[se resalta].

94. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un acto
procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se
puntualizó que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago
parcial que haya sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento

15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado

25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
16 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
17 Sentencia C-814 de 2009.

11

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

ejecutivo»18.

95. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el mandamiento
ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después de este
momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el mandamiento] y, por
consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida en cuenta al momento
de liquidar el crédito.

96. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir adelante
con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la liquidación del crédito
con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará traslado a la otra parte, quien
«solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite
deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada», disposición
que, sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido proceso de las partes, pues,
si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del demandante, en el sentido de
descontar los abonos que hubiera efectuado.

97. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de actualizarla
en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la liquidación que
esté en firme».

98. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que (i) la
excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda; (ii)
cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá tomar
como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan efectuar
los descuentos correspondientes [por pagos parciales].

45. En este orden de ideas, la excepción de pago solo tendrá prosperidad en la
medida que se haya demostrado fehacientemente el pago de la obligación dineraria
por parte del deudor, por lo que, de no acreditarse su satisfacción total, se ordenará,
al momento de desestimar dicho medio exceptivo, seguir adelante con la ejecución,
para que en la etapa de liquidación del crédito se determinen los abonos realizados
durante el trámite ejecutivo y el valor del saldo insoluto.

3.7. Hechos probados

46. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:

47. Mediante sentencia del 15 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en Descongestión19, impuso las
siguientes condenas:
18 Óp. Cit. 14.
19 Folios 24 a 64.

12

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

SEGUNDO: Declarar la nulidad de los actos administrativos sometidos a control:
Oficio 20093330187171 del 2 de junio de 2009: Resolución 273 del 5 de agosto de
2009 suscritos por el Director de Gestión Humana de la Secretaría de Gobierno Distrital
y de los Oficios OAJ 2009-792 de 8 de julio de 2009 (No. 31), radicación S50054084
y del No. OAJ-2009-1173, radicado 2009EE7374 del 11 de septiembre de 2009, por
las razones expuestas en la parte motiva.

Condenar al Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá, a que liquide las horas extras, diurnas y nocturnas,
compensatorios, festivos y dominicales y recargo ordinario nocturno que hubiere
laborado el señor JUAN CARLOS RESTREPO MARTÍNEZ, identificado con la cédula
de ciudadanía No. 79.454.489 de Bogotá, desde el 29 de mayo de 2006 al 20 de
febrero de 2013, con fundamento en los artículos 33, 35, 36 y 39 del Decreto 1042 de
1978, deduciendo para tal efecto los días de descanso remunerado, vacancias,
licencias, permisos y demás situaciones administrativas que se le hayan presentado
al trabajador, con la precisión jurisprudencial en torno al tema del compensatorio de
dominicales y festivos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, y cancele
la diferencia que surja entre los valores cancelados por el sistema que venía aplicando
la entidad demandada y la orden que aquí se impone.

Si el citado cruce de cuentas genera un remanente a favor de la entidad demandada,
se deberá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del numeral 2º del artículo 136
del C.C.A., pues aquellas sumas que se le pagaron al actor, se entienden percibidas
de buena fe.

Así mismo, se condena a la demandada a reliquidar las primas de servicios,
vacaciones y de navidad, las cesantías y demás factores salariales y prestacionales
causados por el demandante, en el referido período, teniendo en cuenta los mayores
valores que se causen por virtud del presente fallo, de conformidad con lo previsto por
el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, y a pagar las diferencias que resulten de
tal reliquidación.

Las sumas que resulten adeudadas al demandante serán ajustadas en los términos
previstos en la parte motiva de esta providencia en cumplimiento de los previsto por el
artículo 178 del C.C.A., con aplicación de la siguiente fórmula:

R = Rh x índice final
índice inicial
[…]

CUARTO: Declarar de oficio la excepción de prescripción de las mesadas causadas
con anterioridad al 29 de mayo de 2006, por las razones expuestas en la parte motiva.

QUINTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo, según y se indicó en la motivación de esta
decisión. [sic para toda la cita]

48. La precitada providencia fue confirmada parcialmente por el Consejo de

13

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través del fallo del 2 de marzo de 201720,
en los siguientes términos:

CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de octubre de 2013, por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, mediante la cual
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por Juan Carlos
Restrepo Martínez contra Bogotá, D. C. Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá, EXCEPTO el numeral SEGUNDO que se MODIFICA, en el
sentido de precisar que no se limitará el reconocimiento y pago hasta el 20 de febrero
de 2013, y que la reliquidación se hará solo respecto de las cesantías y hasta la fecha
de ejecutoria de la sentencia.

49. Por medio de auto del 12 de julio de 201721, esta corporación negó una solicitud
de aclaración de la anterior providencia, la cual quedó ejecutoriada el 8 de noviembre
de 2017, según constancia secretarial22.

50. El 12 de febrero de 2018 el ejecutante solicitó de la entidad demandada el
cumplimiento de las sentencias base de recaudo23.

51. En la Resolución 32 de 9 de enero de 2018, la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos resuelve dar cumplimiento a los citados fallos a favor del
ejecutante y ordenó a la subdirección de gestión humana realizar la correspondiente
reliquidación24; no obstante, esta arrojó un valor negativo contra el señor Juan Carlos
Restrepo Martínez de $ 13.677.94725.

52. El 13 de julio de 2021 la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos realizó consignación a favor del señor Juan Carlos Restrepo por la suma
de $ 43.131.953, de los cuales $ 40.073.205 corresponden a las diferencias
calculadas por horas extras y recargos nocturnos, dominicales y festivos; y $
3.058.748 a la reliquidación de las cesantías26.

3.8. Caso concreto.

53. Como se dejó anotado, de conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala
delimita su competencia, como juez de segunda instancia, a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

54. El tribunal declaró no probada la excepción de pago propuesta por el Distrito
Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá; en
consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución por (i) $ 79.244.864,
correspondientes a las diferencias no canceladas por concepto de horas extras,
recargos nocturnos y recargos dominicales y festivos; (ii) $ 114.375.878,77, atinentes

20 Folios 66 a 78.
21 Folios 80 a 82.
22 Folio 82 vuelto.
23 Folio 84 a 86.
24 Folios 88 a 91.
25 Folio 93.
26 Folios 185 a 187.

14

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

a los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 31 de
octubre de 2022, y (iii) por los intereses moratorios que se causen a partir del 1º de
noviembre de 2022 y hasta que se pruebe el pago total de la obligación.

55. Por su parte, la entidad demandada, en su recurso de apelación, solicitó se
revocara la decisión de primera instancia, para decretar la excepción de pago (o en
forma parcial), al aducir que dio cumplimiento a la condena impuesta conforme a los
parámetros fijados en las sentencias base de recaudo, mientras que en la providencia
impugnada al liquidar la obligación se superó el límite de las 190 horas como jornada
máxima legal. Así mismo, pidió modificar la sentencia, ya que no es dable descontar
los aportes al sistema de seguridad social en salud. Por lo tanto, el examen respecto
de la providencia apelada se contraerá a estos dos argumentos orientados a
desvirtuar la decisión adoptada por el tribunal o a su modificación.

56. Aclarado lo anterior, sea oportuno advertir que en las sentencias que
constituyen título ejecutivo, se explicó que la liquidación de las horas extras y los
recargos nocturnos, dominicales y festivos debía realizarse sobre la base de 190 horas
(jornada ordinaria mensual), de conformidad con el artículo 33 del Decreto 1042 de
1978, que dispone una jornada de 44 horas semanales; y en el caso concreto se
acreditó que el señor Juan Carlos Restrepo Martínez laboró en promedio 360 horas
mensuales, cifra que excedía el tope máximo legal de 190.

57. El anterior criterio fue atendido por el tribunal en el fallo apelado, previo a
señalar los respectivos cálculos, al indicar: «las sumas […] debieron reconocerse por
horas extras (50 horas diurnas mensuales) y recargos nocturnos, recargos festivos
diurnos y recargos festivos nocturnos durante el período comprendido entre el 29 de
mayo de 2006 y el 31 de enero de 2019 (conforme lo solicitado en la demanda),
aplicando la fórmula señalada por el H. Consejo de Estado (esto es, determinando el
factor hora dividendo la asignación básica mensual sobre un total de 190 horas
mensuales)».

58. De igual modo, y en línea con el análisis realizado por esta Sala en la sentencia
del 13 de noviembre de 2025 en un asunto con similares supuestos fácticos al
presente27, al revisar la liquidación efectuada por el tribunal, para efectos de calcular
las horas extras y los recargos, se observa que se tomaron las asignaciones básicas
de mayo de 2006 a enero de 2019 y las mismas cantidades de horas indicadas por la
entidad demandada en la certificación del 23 de marzo de 202128, como a continuación
se puede evidenciar a manera de ejemplo para el año 2009:

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2025, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2020-00043-02 (1223-2023).
28 Folios 112 a 119.

15

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

• Certificación:

MES/AÑO HORAS HORAS RECARGO RECARGO RECARGO
LABORADAS DIURNAS ORDINARIO FESTIVO FESTIVO
REALES NOCTURNO DIURNO NOCTURNO
ENERO 2009 240 120 102 22 18
FEBRERO 2009 336 168 144 24 24
MARZO 2009 376 190 150 42 36
ABRIL 2009 360 180 144 36 36
MAYO 2009 344 170 138 28 36
JUNIO 2009 360 180 138 46 42
JULIO 2009 352 178 156 14 18
AGOSTO 2009 344 170 138 36 36
SEPTIEMBRE 2009 357 177 156 21 24
OCTUBRE 2009 376 190 156 26 30
NOVIEMBRE 2009 360 180 138 46 42
DICIEMBRE 2009 176 86 72 22 18

• Liquidación realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

Mes Horas Horas H. recargo H. trabajo H. trabajo
Totales Diurnas nocturno dominical dominical
y festivo y festivo
nocturno
ene-09 240 120 102 22 18
feb-09 336 168 144 24 24
mar-09 376 190 150 42 36
abr-09 360 180 144 36 36
may-09 344 170 138 28 36
jun-09 360 180 138 46 42
jul-09 352 178 156 14 18
ago-09 344 170 138 36 36
sept-09 357 177 156 21 24
oct-09 376 190 156 26 30
nov-09 360 180 138 46 42
dic-09 176 86 72 22 18

59. Así mismo, se aplicó el límite de 50 horas mensuales para efectos del
reconocimiento de las horas extras diurnas, tal como se ordenó en las sentencias que
integran el título ejecutivo, tanto es así que, por ejemplo, en diciembre de 2009 no se
calculó valor alguno a favor del señor Restrepo Martínez.

60. En torno a las fórmulas para establecer los recargos nocturnos (35 %),
dominicales o festivos diurnos (200 %) y dominicales o festivos nocturnos (235 %), la
Sala evidencia que se aplicaron de acuerdo con los porcentajes ordenados y la base
de las 190 horas. Por ejemplo, en relación con los primeros, en el período
correspondiente a enero de 2009, el tribunal calculó el siguiente monto:

Mes H. recargo nocturno V. recargo nocturno
ene-09 102 $210.410

16

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

61. Y la fórmula a aplicar, conforme al título ejecutivo, es la siguiente:

$1.119.828 / 190 x 35 % x 102 = $ 210.409,78

62. Lo mismo se advierte respecto de los recargos festivos diurnos, como a
continuación se muestra:

Mes H. trabajo dominical y festivo V. recargo dominical y festivo
ene-09 22 $259.329

Fórmula: $1.119.828 / 190 x 200 % x 22 = $ 259.328,58

63. Igualmente, con los recargos festivos nocturnos, como se observa en el
siguiente ejemplo:

Mes H. trabajo dominical y festivo V. recargo dominical y festivo
nocturno nocturno
ene-09 18 $249.309

Fórmula: $1.119.828 / 190 x 235 % x 18 = $ 249.309

64. Ahora bien, la Sala advierte que, tanto en el escrito de contestación de la
demanda como en el memorial de alzada, el apoderado de la entidad demandada no
puntualizó reparo concreto en contra de los cálculos realizados por el tribunal, pues
se limitó a afirmar que se superó la jornada de 44 horas semanales sobre las 190
horas, sin especificar a qué períodos se refería ni en cuál cálculo radica la
equivocación abstracta que señaló. En similar sentido se pronunció esta Subsección,
en la sentencia del 13 de noviembre de 202529, al examinar un asunto análogo al
presente, en los siguientes términos:

75. Pero además, en los argumentos expuestos en el recurso de apelación la entidad
no expuso ningún reparo concreto en contra de los cálculos efectuados por el a quo.
Es así porque el periodo a liquidar [15 de septiembre de 2006 al 30 de agosto de 2011]
comprendía 58.5 meses, pero se limitó a señalar que superó la jornada de 44 horas
semanales sobre las 190 horas permitidas por la ley sin especificar a qué interregno
se refería. En un caso de idéntico contorno, la Subsección A30 consideró lo siguiente:

«Conforme se indicó, la entidad ejecutada a través del recurso propuesto discute
que el tribunal no tuvo en cuenta que eran aplicables los periodos nocturnos,
dominicales o festivos que se hubieran desarrollado dentro de la jornada de 44
horas semanales sobre la base de 190 horas al mes y que la liquidación y pago
realizada por la Subdirección de Gestión Humana está acorde con lo ordenado en
la sentencia que se invoca como título.

Inicialmente, se aprecia que, si bien la entidad recurrente pretende controvertir las
sumas por las cuales se ordenó seguir adelante con la ejecución, sus alegatos no

29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2025, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2020-00043-02 (1223-2023).
30 Sentencia del 25 de enero de 2024, radicación 25000-23-42-000-2021-00421-01 (7004-2023).

17

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

logran desvirtuar los valores tenidos en cuenta por el a quo, es decir, era del resorte
de la parte ejecutada especificar la presunta equivocación en la que el tribunal
habría incurrido al proferir la decisión, efectuando reparos concretos sobre las
sumas y valores utilizados en primera instancia.

[...] Así las cosas, el argumento sobre el trabajo suplementario que propuso la UAE
pareciera más un alegato para ser debatido en el proceso ordinario que en el
escenario del ejecutivo, elemento adicional para despachar de manera
desfavorable el recurso presentado.

Repárese, además, que en la providencia recurrida se estableció de manera precisa
las sumas que debieron ser reconocidas por cada uno de los conceptos indicados
en el título y lo solicitado por el ejecutante, teniendo en cuenta para ello los valores
ya pagados por la entidad, por lo que era del resorte de la entidad recurrente
desvirtuar lo señalado por el a quo.»

65. En este orden de ideas, se insiste, el Distrito Capital, Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a través de su apoderado, no planteó
un reparo concreto contra la liquidación que efectuó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; sin embargo, verificados los datos tomados y las fórmulas aplicadas
en lo concerniente al cálculo de las horas extras y los recargos —sobre lo cual recae
la disconformidad abstracta del recurrente— se advierte que resultan coincidentes con
la información suministrada por la entidad demandada y lo dispuesto en las sentencias
que integran el título ejecutivo.

66. También cabe precisar que para establecer los valores respecto de las
diferencias adeudadas por concepto de horas extras y recargos, el tribunal descontó
lo pagado por la entidad demandada el 13 de julio de 2021 ($ 40.073.205), previo a la
firmeza del proveído que libró mandamiento de pago; por ende, lo pedido por el
recurrente acerca de deducir «los desembolsos» efectuados, carece de asidero fáctico
y probatorio, por cuanto el tribunal sí tuvo en cuenta ese único pago que se demostró
en el proceso; además de que no satisfizo la obligación en su integridad, por lo que
no hay lugar a decretar la excepción de pago propuesta en la contestación de la
demanda. En todo caso, se aclara que, de existir prueba de cualquier otro abono a
capital, deberá considerarse en la etapa de liquidación del crédito.

67. Por otra parte, en lo atinente a los aportes al sistema de seguridad social en
salud, frente a lo cual el apoderado de la entidad recurrente pidió no ordenarse
descuento por no tener incidencia futura, argumento que sustentó en una sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferida en un caso atañedero a una
relación laboral encubierta, la Sala advierte que en la providencia apelada se
consideró:

No obstante, es del caso advertir que de conformidad con lo previsto en el artículo 1º

18

Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

del Decreto 1158 de 199431 y en el artículo 33 de la Ley 1393 de 201032, la
remuneración por horas extras, por trabajo nocturno y en dominicales y festivos integra
la base de cotización al sistema general de pensiones y salud, motivo por el que estas
sumas (que corresponden al 4% por salud conforme el artículo 204 de la Ley 100 de
199333 y al 4% por pensiones según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 100 de
199334 en concordancia con el Decreto 4892 de 200735) deben descontarse del capital
que se causó a favor del ejecutante […].

68. Por lo tanto, además de que el fallo a partir del cual el apelante fundamenta su
reparo no comporta un precedente judicial vinculante para esta corporación, se
precisa que el tribunal al liquidar la obligación principal insoluta en virtud de las
providencias que constituyen título ejecutivo descontó los correspondientes aportes a
salud y pensión, calculados en los porcentajes a cargo del trabajador, dada su
obligatoriedad legal al reconocerse emolumentos de carácter salarial que comportan
base de cotización para esos efectos, que aunque no fueron ordenados en las
sentencias materia de recaudo, proceden por expresa disposición legal36, en atención
a su carácter parafiscal.

69. En particular, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en salud,
en la sentencia del 16 de octubre de 202537, esta Subsección reiteró:

48. En consonancia con lo expuesto, es claro que la sentencia transcrita[38] precisó que
los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud constituyen rentas parafiscales,
es decir, obligaciones legales que se recaudan de forma obligatoria para el
cumplimiento de los fines determinados por la ley. En este sentido, al tratarse de
recursos públicos, los aportes a dicho sistema no pueden extinguirse por el paso del
tiempo, ya que ello implicaría una afectación directa al derecho fundamental a la salud
y al equilibrio financiero.

31 Decreto 1158 de 1994, ARTÍCULO 1º. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así: "Base de cotización".

El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación básica mensual; b) Los
gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad,
ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f)
La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación
por servicios prestados;
32 Ley 1393 de 2010, artículo 33 “Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse

sobre la misma base de las cotizaciones efectuadas al Sistema de Riesgos Profesionales y de las realizadas al
Sistema General de Pensiones. (…)”.
33 ARTICULO. 204.- Monto y distribución de las cotizaciones. Modificado por el art. 10, Ley 1122 de 2007, el nuevo

texto es el siguiente: La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del
año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La
cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%...”
34 ARTICULO 20.- Modificado por el art. 7, Ley 797 de 2003 Monto de las cotizaciones. (…) Los empleadores

pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores, el 25% restante.
35 ARTÍCULO 1°. Cotización al Sistema General de Pensiones. A partir del 1° de enero del año 2008, la tasa de

cotización al Sistema General de Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización.
36 Ley 100 de 1993, artículo 204, parágrafo 1.°: «La base de cotización de las personas vinculadas mediante

contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, será la misma contemplada en el sistema general de pensiones de esta Ley».
Ley 1393 de 2010, artículo 33: «Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse
sobre la misma base de las cotizaciones efectuadas al Sistema de Riesgos Profesionales y de las realizadas al
Sistema General de Pensiones […]».
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de octubre de 2025, proceso con radicado

76001-23-33-000-2022-00835-02 (1592-2025).
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, proceso con

radicado 76001-23-33-000-2018-00661-02 (1374-2025).

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

49. De esta manera, lo que se busca con dichos recaudos es garantizar la
sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, asegurando que todos los
trabajadores coticen sobre la totalidad de sus ingresos. Esto fortalece el principio de
solidaridad, que permite redistribuir los recursos para proteger a los grupos más
vulnerables. Por lo tanto, quienes tienen mayor capacidad económica contribuyen en
mayor medida, lo que posibilita financiar a quienes cuentan con menores ingresos o
se encuentran en situación de riesgo, promoviendo así una cobertura equitativa y
universal.

50. Así las cosas, los argumentos de la entidad demandada no tienen vocación de
prosperidad. Por ello, esta deberá efectuar el pago no solo de los aportes al sistema
de pensiones, sino también de los correspondientes al sistema de salud. Esta
obligación responde a la necesidad de cumplir con los principios rectores del sistema
de seguridad social, tales como la solidaridad y la protección social, con el fin de
asegurar la cobertura y bienestar de todos los afiliados. En este sentido, la respuesta
al problema jurídico es afirmativa.

70. En un asunto similar al que se estudia, mediante la providencia del 16 de
noviembre de 202339, esta Subsección también sostuvo:

El argumento esgrimido por la entidad demandada carece de respaldo jurídico para su
procedencia y se aparta de la realidad normativa sobre la imprescriptibilidad y
obligatoriedad de efectuar cotizaciones al SGSS por todo haber salarial que perciba el
trabajador. Admitir el argumento de la parte apelante es desconocer la finalidad propia
del sistema y de las prestaciones asistenciales y económicas que se derivan de este,
las cuales solo pueden ser efectivamente reconocidas si se realiza un correcto y real
financiamiento a partir de los aportes de los trabajadores y sus empleadores.

La obligación de cotizar para los 2 sistemas tiene su origen en las previsiones de la
Ley 100 de 1993. Es así como los artículos 1740 y 1841 ibidem, establecen de manera
clara que durante la vigencia de la relación laboral, efectivamente tanto el nominador
como el trabajador están obligados a realizar cotizaciones con base en el salario que
estos últimos devenguen, entendido dicho concepto como toda remuneración directa
del servicio que perciban por la labor desarrollada, dentro de la cual se encuentra el
trabajo suplementario a título de horas extras y demás recargos por jornada nocturna
o en días dominicales y festivos.

71. Así las cosas, la inconformidad de la entidad demandada carece de asidero
jurídico, toda vez que, se reitera, desconoce la obligatoriedad de los aportes en salud,

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023, proceso con

radicado 25000-23-42-000-2018-01103-01 (4297-2022).
40 «ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante la vigencia de la relación laboral y del

contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema
general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos
por prestación de servicios que aquellos devenguen…».
41 «ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el

artículo anterior, será el salario mensual.
El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el
Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992…».

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

los cuales no solo propenden a cubrir las prestaciones económicas a favor del
trabajador, sino que, además, tienen como finalidad la sostenibilidad o financiación del
mismo sistema de seguridad social, que permite garantizar una cobertura en el
servicio para toda la población, en armonía con el principio de solidaridad. En tal
sentido, los descuentos liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
encuentran acordes a la ley, en atención a la naturaleza salarial del derecho
reconocido en las sentencias base de recaudo.

3.9. Conclusión

72. La Subsección concluye que la liquidación realizada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en lo concerniente a las horas extras y los recargos,
obedeció a lo dispuesto por las sentencias que integran el título ejecutivo, y la
inconformidad de la entidad apelante comporta un reparo abstracto, que no evidencia
error puntual respecto del cálculo efectuado por esa corporación. Adicionalmente, si
bien se demostró un pago realizado por ese concepto, que fue deducido en la
sentencia impugnada, no satisfizo la obligación en su integridad, por lo que tampoco
daría lugar a decretar la excepción de pago propuesta.

73. De igual modo, en lo referente a los descuentos aplicados en relación con los
aportes al sistema de seguridad social en salud, estos encuentran respaldo normativo
que impone su obligatoriedad, dada su naturaleza parafiscal. Por consiguiente, se
confirmará la decisión que ordenó seguir adelante con la ejecución.

3.10. Costas

74. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario42 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

42 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

3.11. Reconocimiento de personería

75. Mediante escrito presentado el 2 de mayo de 202543, la abogada Lisbeth Yanín
Gómez Amaya, identificada con la cédula de ciudadanía 20.892.400 y portadora de la
tarjeta profesional 159.194 del Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder para
representar al Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá; en consecuencia, se le reconocerá personería.

4. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 11 de noviembre de 2022, que
declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución,
de conformidad con lo indicado en la parte motiva.

Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero: Reconocer personería a la abogada Lisbeth Yanín Gómez Amaya,
identificada con la cédula de ciudadanía 20.892.400 y portadora de la tarjeta
profesional 159.194 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de la parte demandada, para los efectos del poder conferido y que obra a
índice 19 de Samai.

Cuarto: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

43 Samai, índice 19.

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Radicación: 25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023)
Demandante: Juan Carlos Restrepo Martínez
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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