República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2021-00798-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
13 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., trece (13) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Demanda ejecutiva
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá
Tema: proceso ejecutivo. Subtema 1: providencia judicial como título ejecutivo.
Subtema 2: ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación. Subtema 3: excepción de pago. Subtema 4: normativa
aplicable para la liquidación de los intereses moratorios.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 14 de diciembre
de 2022, que ordenó seguir adelante con la ejecución.
1. Síntesis del caso
El señor Jorge Espinosa Figueredo presentó demanda ejecutiva con el propósito de
obtener el pago del capital adeudado, con los respectivos intereses moratorios, por
concepto de la condena impuesta en las sentencias del 15 de septiembre de 2015 y
10 de mayo de 2018, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado, respectivamente, que ordenaron reconocer horas extras diurnas,
reajustes de los recargos nocturnos, dominicales y festivos y la reliquidación de las
cesantías, puesto que la entidad demandada calculó en forma errónea dicha
obligación, lo que causó un saldo insoluto.
Dicho tribunal ordenó seguir adelante con la ejecución, al encontrar no probadas las
excepciones propuestas, pues la entidad demandada no acreditó el pago íntegro de
las diferencias derivadas de las sentencias que constituyen el título ejecutivo ni de los
intereses moratorios. Inconforme con esa decisión, la demandada interpuso recurso
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
de apelación, al estimar que sí dio cumplimiento a las condenas y que el tribunal, al
liquidar el crédito, desconoció los límites de la jornada ordinaria de 190 horas
mensuales y del reconocimiento de hasta 50 horas extras diurnas previsto en el
Decreto 1042 de 1978. Asimismo, sostuvo que los intereses moratorios debían
liquidarse conforme a la Circular Externa 10 de 2014 de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, sin aplicar la tasa comercial moratoria.
La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto ninguno de
los reparos formulados por la entidad apelante está llamado a prosperar. En efecto, el
tribunal liquidó las horas extras, los recargos y los intereses moratorios conforme a los
parámetros fijados en el título ejecutivo y, aunque el criterio actualmente sostenido por
esta Subsección en relación con el régimen normativo aplicable para el cálculo de los
intereses difiere del acogido en la providencia apelada, no es posible modificar ese
aspecto en perjuicio de la apelante única.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Jorge Espinosa Figueredo, mediante apoderado, presentó demanda ejecutiva
el 22 de septiembre de 20211, en contra del Distrito Capital, Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que se librara
mandamiento de pago en los siguientes términos:
PRIMERA: Librar Mandamiento Ejecutivo de Pago en contra BOGOTÁ D.C.- UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, y a
favor del señor JORGE ESPINOSA FIGUEREDO, por la suma de […] $95.272.322
[…], por concepto de capital pendiente de cancelar por la UAECOB, al liquidar,
reliquidar y ordenar pagar, en forma parcial e incompleta, por el período comprendido
entre el 25 de mayo de 2008 y el 20 de febrero de 2013, la suma de […] $29.628.311
[…], que corresponden […] $27.181.669 […], por concepto de liquidación de horas
extras y reliquidación de recargos, adicionalmente […] $2.446.642 […], por concepto
de reliquidación de cesantías, dando alcance a la Resolución No. 404 de 2018, cuando
la liquidación conforme con los parámetros de las sentencias de primera y segunda
instancia que se ejecutan, entre el 25 de mayo de 2008 al 31 de enero de 2019, es de
[…] $124.900.633 […], capital indexado, liquidación que se allega, y que fue realizada
conforme con lo ordenado en la sentencia de segunda instancia proferida el 10 de
mayo de 2018, por el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda -Subsección "B", dentro del proceso de Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con Radicado No. 25000232500020120042201 […].
SEGUNDA: Incluir además en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar
la suma de dinero de […] $5.510.954 […], por los intereses moratorios, sobre el capital
pagado de […] $29.628.311 […], que corresponden […] $27.181.669 […], por
concepto de liquidación de horas extras y reliquidación de recargos, adicionalmente
1 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), archivos
2_ED_EXPEDIENTE_01CORREOREPART OTACP(.PDF) NroActua 3 y
3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE SOEJEC(.PDF) NroActua 3.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
[…] $2.446.642 […], por concepto de reliquidación de cesantías, desde el día siguiente
a la ejecutoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado Sala de lo
Contenciosos Administrativo Sección Segunda Subsección "B", es decir, desde el 02
de junio de 2018, ya que la fecha de ejecutoria de dicha sentencia fue el 01 de junio
de 2018, hasta la fecha del pago parcial e incompleto mencionado, es decir hasta el
18 de febrero de 2019, liquidados a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia
Financiera, obrante en la certificación que se allega con la demanda […]
TERCERA: Incluir también en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar
los intereses moratorios sobre el capital insoluto o pendiente de cancelar, es decir,
sobre […] $95.272.322 […], desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia
proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contenciosos Administrativo Sección
Segunda Subsección "B", es decir, desde el 02 de junio de 2018, hasta la fecha del
pago total de la obligación, liquidados a la tasa máxima autorizada por la
Superintendencia Financiera, obrante en la certificación que se allega con la demanda.
CUARTA: Condenar en costas y en agencias en derecho a la Entidad demandada,
teniendo en cuenta que la entidad se negó sin justificación alguna, al reconocimiento
y pago oportuno, de la totalidad de los derechos del ejecutante, ordenados en las
sentencias que se ejecutan, pese a las reiteradas peticiones en ese sentido; acorde
con lo consagrado en los artículos 188 y 306, de la Ley 1437 de 2011; en concordancia
con el artículo 365 y 366, del Código General del Proceso y demás normas vigentes
[sic para toda la cita].
2.2. Trámite procesal en primera instancia
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
libró mandamiento de pago en auto del 29 de abril de 20222, en los siguientes
términos:
PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del señor Jorge Espinosa
Figueredo, […] y en contra de Bogotá Distrito Capital– Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos –UAECOBB-, por los siguientes conceptos:
i. Por la suma de setenta y siete millones ciento ochenta y cinco mil ciento cuarenta y
seis pesos ($77.185.146) mcte., valor que corresponde a las diferencias no pagadas
por concepto de horas extras, recargos nocturnos, recargos dominicales y
reliquidación del auxilio de cesantías.
ii. Por la suma de sesenta millones cuatrocientos cincuenta y tres mil quinientos
setenta y cinco pesos ($60.453.575) mcte., que corresponden a los intereses
moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 31 de marzo de 2022.
iii. Por la suma que arrojen los intereses que se continúen causando sobre los dos
capitales señalados con antelación, desde el 1.º de abril de 2022 y hasta que se realice
el pago total de la obligación.
2 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), archivo
6_AUTOQUELIBRAMANDAMIENTODEPAG O(.pdf) NroActua 5.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
Lo anterior, teniendo en cuenta lo explicado en la parte motiva de la presente
providencia, por lo que este pago deberá hacerse dentro de los cinco (5) días
siguientes a la notificación de la presente decisión, de conformidad con el art. 431 del
CGP.
SEGUNDO: Negar el mandamiento de pago por sumas pretendidas en la demanda,
de conformidad con las razones señaladas en la parte considerativa de este proveído.
[…]
2.3. Contestación de la demanda
3. El Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá3, a través de apoderado, propuso las siguientes excepciones:
4. Excepción de pago, al sostener que dio cumplimiento íntegro a la sentencia
mediante «los actos administrativos» expedidos para tal efecto4, puesto que la
reliquidación se efectuó con respeto al límite de 50 horas extras diurnas mensuales,
sin reconocer como trabajo suplementario las horas laboradas en jornada nocturna o
en días dominicales y festivos por encima de ese tope, las cuales, a su juicio, debían
compensarse con los quince (15) días de descanso mensual disfrutados por el
ejecutante, en armonía con el criterio fijado por la jurisdicción contencioso-
administrativa al respecto.
5. Agregó que los conceptos reclamados ya habían sido pagados inicialmente con
base en un denominador de 240 horas mensuales, por lo que únicamente adeudaba
la diferencia derivada de la reliquidación con un denominador de 190 horas, previa
deducción de los aportes a seguridad social a cargo del demandante.
6. Excepción que denominó obligación de pagar intereses de mora, toda vez que
no había lugar al reconocimiento de intereses moratorios, pues la obligación no era
líquida al momento de proferirse la sentencia, ya que correspondía a la administración
efectuar el cálculo y este incluso podía arrojar saldos a su favor. Añadió que, de
conformidad con el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, los intereses solo procedían
respecto de condenas dinerarias líquidas determinadas en la providencia judicial,
circunstancia que no se presentaba en este caso.
7. Subsidiariamente, solicitó que, de reconocerse intereses moratorios, estos se
liquidaran conforme a la normativa vigente al momento de su causación y a los
criterios fijados por el Consejo de Estado y las circulares expedidas por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para las obligaciones dinerarias a cargo de
entidades públicas.
3 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), carpeta comprimida 8_Formulación de
excepciones(. zip) NroActua 10.
4 Al respecto, la entidad no identificó los actos administrativos a los que hace referencia; no obstante, solo aduce
que «la entidad a través de la resolución No. 064 de 2019 ordenó el cumplimiento del fallo conforme a los
parámetros señalados por la sentencia, ejercicio No. 2018IE18930 que le correspondía desarrollar a la
Subdirección de Gestión Humana para proceder al pago de la obligación atiende a la orden impuesta en la
sentencia del proceso bajo el radicado No. 25000232500020120042200».
4
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Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
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8. Excepción de compensación, respecto de la cual adujo que solo adeudaba la
diferencia resultante de reliquidar los factores salariales con un denominador de 190
horas mensuales, ya que los valores inicialmente fueron pagados con base en 240
horas. Además, la liquidación presentada por el ejecutante es errónea porque parte
de una jornada de 360 horas mensuales, desconocía el límite legal de la jornada
ordinaria y de las horas extras reconocibles, e incluía conceptos que no eran
procedentes, como horas extras nocturnas, en contravía de la jurisprudencia del
Consejo de Estado. En consecuencia, pidió compensar los valores indebidamente
reclamados y efectuar las deducciones correspondientes por aportes al sistema de
pensiones.
9. Mediante auto del 14 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dispuso correr traslado de las excepciones propuestas5, frente a lo cual
el ejecutante solicitó declararlas no probadas6.
10. En lo atinente a la excepción de pago, sostuvo que la ejecutada no acreditó el
cumplimiento íntegro de la sentencia, pues se limitó a formular afirmaciones generales
sin identificar los actos administrativos o pagos que respaldaran su dicho ni
controvertir la liquidación del crédito presentada con la demanda, la cual evidenciaba
que solo se había efectuado un pago parcial del capital y no se habían cancelado los
intereses moratorios.
11. Respecto de la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses
moratorios, alegó que era improcedente por carecer de fundamento fáctico y jurídico,
ya que la condena era determinable y, conforme a la ley y a la jurisprudencia, la
obligación de pagar intereses surgía como consecuencia del incumplimiento, aun
cuando la sentencia no establezca una suma líquida. Finalmente, frente a la excepción
de compensación, arguyó que tampoco cumplía los requisitos del artículo 442 del
Código General del Proceso, por cuanto la ejecutada no precisó los hechos ni las
pruebas que la sustentaban y se limitó a cuestionar de manera genérica la liquidación
presentada por la parte ejecutante.
2.4. Sentencia de primera instancia
12. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en la sentencia del 14 de diciembre de 20227, resolvió:
PRIMERO: SEGUIR adelante con la ejecución del señor Jorge Espinosa Figueredo
contra el Distrito Capital de Bogotá –Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos –UAECOBB–, por las siguientes sumas y conceptos:
5 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), archivo
11_AUTOQUEORDENATRASLADODELASE XCEPCIONES(.pdf) NroActua 13.
6 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), archivo 15_RECIBEMEMORIALES(.pdf) NroA
ctua 17.
7 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), archivo 17_SENTENCIA(.pdf) NroActua 19.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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Bomberos de Bogotá
i) Setenta millones setecientos noventa y tres mil setecientos cincuenta y ocho pesos
moneda legal ($70.793.758), por concepto de diferencias adeudadas del trabajo
suplementario y cesantías hasta la ejecutoria de las sentencias que constituyen título
ejecutivo.
ii) Seis millones cuatrocientos treinta y ocho mil doscientos sesenta y un pesos
moneda legal ($6.438.261), por concepto de diferencias adeudadas del trabajo
suplementario y cesantías causadas con posterioridad a la ejecutoria de las sentencias
base de recaudo.
iii) Sesenta y ocho millones doscientos sesenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y
nueve pesos moneda legal ($68.263.459), por concepto de intereses causados sobre
el capital correspondiente hasta la ejecutoria de las sentencias.
iv) Seis millones treinta mil seiscientos sesenta y un pesos moneda legal ($6.030.661),
por concepto de intereses de mora causados sobre el capital generado con
posterioridad a la ejecutoria de las sentencias base de recaudo.
v) Por las sumas que arrojen los intereses que se sigan causando sobre el capital
adeudado, es decir, ($77.232.020), desde el 1.º de diciembre de 2022 y hasta que la
UAECOBB pague la obligación en su totalidad.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la
parte motiva de este proveído.
13. Advirtió que la controversia consistía en establecer si la demandada había dado
cumplimiento íntegro a las sentencias que constituían el título ejecutivo o si, por el
contrario, subsistían diferencias a favor del ejecutante por concepto de horas extras,
recargos, reliquidación de cesantías e intereses moratorios. Para resolver ese
aspecto, estimó necesario interpretar previamente el alcance de las sentencias base
de recaudo y efectuar una nueva liquidación de las acreencias reconocidas, con el fin
de compararla con la practicada por la entidad mediante las Resoluciones 404 de 2018
y 064 de 2019.
14. En relación con el capital, consideró que, de acuerdo con las sentencias
ejecutadas, al demandante le asistía el derecho al reconocimiento de hasta 50 horas
extras diurnas mensuales, al reajuste de los recargos por trabajo nocturno, dominical
y festivo y a la reliquidación de las cesantías, todos calculados con base en una
jornada ordinaria de 190 horas mensuales, conforme al Decreto 1042 de 1978. Para
determinar las diferencias realmente adeudadas, tomó como fundamento las
certificaciones expedidas por la propia entidad sobre la asignación básica, las horas
laboradas y los recargos reconocidos entre mayo de 2008 y enero de 2019.
15. Aclaró que la sentencia de segunda instancia debía interpretarse en armonía
con el régimen legal aplicable, razón por la cual el valor de la hora ordinaria debía
obtenerse dividiendo únicamente la asignación básica entre 190 horas mensuales, sin
incluir los incrementos por antigüedad, por no constituir un factor previsto en el Decreto
1042 de 1978 para remunerar el trabajo suplementario. Agregó que el juez de la
ejecución no estaba llamado a efectuar una aplicación mecánica del título, sino a
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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armonizar su cumplimiento con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia vigente.
16. Con fundamento en esos parámetros, el tribunal realizó una liquidación
completa de las horas extras diurnas, los recargos nocturnos, dominicales y festivos,
así como de la reliquidación de las cesantías, comparó dichos valores con los pagados
por la entidad y concluyó que persistía un saldo insoluto, por lo que la excepción de
pago no prosperaba, al acreditarse tan solo un abono parcial de la obligación.
17. Respecto de los intereses moratorios, sostuvo que sí procedían porque la
obligación derivaba de una sentencia judicial ejecutoriada y el incumplimiento de la
entidad generó mora desde la ejecutoria de la providencia. Asimismo, acogió el criterio
de la Sección Segunda del Consejo de Estado8, según el cual la tasa de interés
aplicable es la vigente al momento en que se configura la mora, de manera que la
liquidación debía efectuarse con el régimen preceptuado en los artículos 192 y 195 de
la Ley 1437 de 2011, esto es, a la tasa DTF durante los primeros diez meses —máxime
cuando la petición de cumplimiento se formuló el 13 de agosto de 2018, esto es, dentro
de los tres meses siguientes a la ejecutoria del respectivo fallo (1.° de junio de 2018)—
y, posteriormente, a la tasa comercial.
18. Por lo tanto, calculó los intereses del 2 de junio de 2018 al 30 de noviembre de
2022, en principio, sobre el capital correspondiente a las diferencias indexadas
causadas hasta la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia que integraba el
título ejecutivo ($ 100.422.069), y dado que el 18 de febrero de 2019 se realizó un
pago parcial por $ 29.628.311, desde ese día se liquidaron sobre la suma de $
70.793.758; de igual modo, se calcularon intereses sobre las diferencias generadas
con posterioridad a la firmeza de las providencias base de recaudo. En consecuencia,
el tribunal desestimó la excepción de inexistencia de la obligación de pagar intereses
moratorios.
19. Coligió que la entidad no acreditó el pago total de la condena ni la configuración
de la compensación alegada, razón por la cual ordenó seguir adelante con la ejecución
por las diferencias de capital e intereses que estableció en la liquidación judicial,
aunque por un monto inferior al inicialmente pretendido por el ejecutante, motivo por
el cual se abstuvo de imponer condena en costas al prosperar solo de manera parcial
las pretensiones.
20. Concluyó que las sumas adeudadas fueron las siguientes:
TOTAL LIQUIDACIÓN
Diferencias adeudadas del trabajo suplementario y $70.793.758
cesantías hasta la ejecutoria
Diferencias posteriores a la ejecutoria $6.438.261
Intereses sobre diferencias adeudadas hasta la ejecutoria $68.263.459
Intereses sobre diferencias posteriores $6.030.661
Total $151.526.140
Tabla 1: cuadro de liquidación citado de la sentencia de primera instancia
8 «C. E. Sec. Segunda. Sentencia 2016-00013, ago. 29/2019. M. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez».
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
21. A partir del anterior cuadro, explicó que había lugar a ordenar seguir adelante
con la ejecución por: (i) $ 151.526.140, comoquiera que la accionada no ha cumplido
lo dispuesto en la sentencia proferida por esta corporación el 15 de septiembre de
2015, aclarada por medio de proveído de 9 de diciembre de 2015 y confirmada por el
Consejo de Estado el 10 de mayo de 2018, es decir, no se había extinguido la
obligación contenida en los fallos base de recaudo por pago total, pues aún se
adeudaban valores por concepto de capital e intereses moratorios; (ii) por las sumas
que arrojen los intereses que se siguieran causando sobre el capital adeudado ($
77.232.020), desde el 1.º de diciembre de 2022 y hasta que la demandada pagara la
obligación en su totalidad.
2.5. Recurso de apelación
22. El Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá, mediante su apoderado, interpuso recurso de apelación9 para que se
revocara la sentencia de primera instancia y se declarara probada la excepción de
pago; en forma subsidiaria, pidió reliquidar las pretensiones de la demanda de
conformidad con los máximos legales establecidos dentro de la jornada máxima legal
ordinaria y suplementaria en el sector público, como lo planteó en la liquidación que
aportó con el escrito de excepciones; y reajustar los intereses moratorios, conforme a
las reglas establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
23. Estimó que el tribunal reconoció y liquidó una jornada suplementaria superior a
la legalmente permitida, por cuanto la reliquidación debió partir de la jornada ordinaria
máxima de 44 horas semanales, equivalente a 190 horas mensuales, para luego
identificar las horas laboradas en horario nocturno, dominical y festivo dentro de ese
límite y, solo después, establecer las 50 horas extras remunerables autorizadas por el
artículo 36 del Decreto 1042 de 1978. Sin embargo, esa corporación liquidó la totalidad
de las horas efectivamente laboradas bajo el sistema de turnos (24 x 24), esto es,
aproximadamente 360 horas mensuales, lo que condujo a reconocer en forma
simultánea recargos nocturnos, dominicales, festivos y horas extras sobre una jornada
que excedía ampliamente la máxima legal.
24. Señaló que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado y de distintos
tribunales administrativos, cuando un bombero presta servicios bajo el sistema de
turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, las horas que exceden las
190 ordinarias no pueden remunerarse íntegramente como trabajo suplementario,
pues la ley autoriza el pago de 50 horas extras mensuales, mientras que el exceso
debe compensarse con tiempo de descanso.
25. Argumentó que el actor laboraba aproximadamente 170 horas adicionales al
mes, de las cuales solo 50 eran susceptibles de pago en dinero y las restantes 120
debían entenderse compensadas con los quince días de descanso mensuales de que
disfrutaba. En consecuencia, el tribunal desconoció los artículos 34, 35, 36 y 39 del
9 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), carpeta comprimida 22_Recurso apelación y
anexos (.zip) NroActua 23.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
Decreto 1042 de 1978 al reconocer diferencias salariales calculadas sobre una
jornada que excedía los topes legales, razón por la cual insistió en que debía prosperar
la excepción de pago o, subsidiariamente, practicarse una nueva reliquidación con
respeto a dichos límites.
26. Por otra parte, cuestionó la liquidación de los intereses moratorios, toda vez
que el tribunal aplicó una metodología distinta a la preceptuada en la Circular Externa
10 de 2014 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, según la cual
durante los primeros diez meses de mora debe emplearse la tasa DTF y únicamente
a partir del décimo mes procede la tasa comercial moratoria. Afirmó que, en el caso
concreto, entre la ejecutoria de la sentencia y el acto mediante el cual la entidad
ordenó su cumplimiento no habían transcurrido diez meses, de manera que resultaba
improcedente calcular los intereses con base en una tasa equivalente a una y media
veces el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.
27. Agregó que, en el evento de mantenerse la conclusión según la cual solo existió
un pago parcial, los intereses posteriores al 23 de enero de 2019 debían liquidarse
solo sobre el capital efectivamente insoluto y no sobre la totalidad del capital
considerado por el tribunal.
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
28. Mediante auto del 9 de noviembre de 202310, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
29. El señor Jorge Espinosa Figueredo, por conducto de su apoderado, se
pronunció respecto del recurso de apelación interpuesto por la demandada11. Expresó
que las sentencias objeto de ejecución no ordenaron reconocer nuevos recargos
sobre una jornada de 190 horas mensuales, sino reajustar o reliquidar los recargos
nocturnos y por trabajo dominical y festivo efectivamente laborados y ya pagados,
para lo cual utilizó como factor de liquidación la jornada ordinaria de 190 horas
mensuales, en lugar de las 240 horas empleadas por la entidad.
30. Añadió que cualquier inconformidad sobre el alcance de esas decisiones debió
plantearse dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y no en el
trámite ejecutivo, por cuanto ello desconocía el principio de cosa juzgada y pretendía
modificar el contenido del título ejecutivo.
31. Manifestó que la entidad también interpretaba en forma errónea el título al
solicitar que los intereses moratorios se liquiden con fundamento en la Circular Externa
10 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, puesto que la regulación
aplicable es la prevista expresamente en el numeral cuarto de la parte resolutiva de
10 Samai, índice 4.
11 Samai, índice 6.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
las sentencias ejecutadas y en el CPACA, por lo que no procedía sustituir esas reglas
por las contenidas en una circular administrativa. Por ende, solicitó desestimar
íntegramente los argumentos de la apelación y confirmar el fallo de primera instancia
que ordenó seguir adelante con la ejecución.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
32. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problemas jurídicos
33. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 32812 del Código General del Proceso (CGP),
corresponde a la Sala definir si:
34. ¿El tribunal aplicó correctamente el límite de la jornada máxima legal de 190
horas mensuales y el tope de 50 horas extras al liquidar el crédito, conforme a las
sentencias base de recaudo?
35. ¿El tribunal calculó en debida forma los intereses moratorios, en particular
respecto de la tasa aplicable durante los primeros diez (10) meses siguientes a la
ejecutoria de las sentencias base de recaudo, conforme al reparo formulado por la
entidad apelante?
36. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) disposiciones generales sobre el recurso de apelación; (ii) ámbito de
competencia del juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación, (iii)
formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones contenidas en
una providencia judicial, (iv) la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la
excepción de pago. A partir de las anteriores consideraciones, (v) se destacarán los
hechos probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos planteados.
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Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación
de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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3.3. Disposiciones generales sobre el recurso de apelación
37. El CGP establece en su artículo 320 que «el objeto del recurso de apelación es
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión».
38. Por su parte, el artículo 322 del mismo código dispone que «cuando se trate de
apelación de sentencia, el apelante al interponer el recurso en audiencia, si hubiere
sido proferida en ella o dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la
notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar
brevemente los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará
la sustentación que hará ante el superior».
39. Ahora bien, para que se cumpla la finalidad del recurso de apelación, es
necesario que el recurrente supla la carga procesal de argumentar los motivos de
inconformidad con la decisión que está impugnando, los cuales analizará el juez de
segunda instancia para determinar la legalidad de esta y decidir si la confirma, revoca
o modifica.
40. En ese sentido, esta corporación ha señalado que «la sustentación es la
oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad
con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como
demandante o demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se
pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció»13.
41. Igualmente, se ha estimado que «la debida sustentación del recurso materializa
el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el tribunal de
instancia, necesariamente, debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de
primera instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de
apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada,
revocada o modificada, según el caso»14. Tal y como lo precisó la Corte Constitucional
en la sentencia SU-418 de 2019:
La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretende probar
suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos
supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgado de
primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la
apelación deba ser sustentada
42. Esta exigencia de sustentación deviene del contenido del artículo 328 del CGP
que, como quedó visto, limita la competencia del juez de segunda instancia para
resolver el recurso. Ello, porque no le corresponde al fallador asumir cargas ni
tampoco interpretar el querer de las partes, ni mucho menos ajustar los argumentos
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,
proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328).
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25
de marzo de 2021, proceso con radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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para poder efectuar el análisis de la providencia recurrida. Quien controvierte una
decisión debe poner en conocimiento del juez las razones que, en su criterio, la dejan
sin fundamento; debe controvertir los fundamentos de hecho y de derecho que le
sirvieron de sustento, no solo porque la decisión fue contraria a sus intereses sino
porque existe una razón válida que le hace concluir que lo decidido no fue acertado al
no corresponder a la realidad procesal.
3.4. Ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación
43. El artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA,
limita el pronunciamiento del juez de segunda instancia «solamente a los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos que establece la ley».
44. Así las cosas, la competencia en esta instancia queda demarcada por los
reparos concretos que el apelante expone en el recurso contra la providencia que
considera adversa. Así, se ha precisado que «el marco conformado por la providencia
y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda
instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos
que a su juicio debieron ser invocados en contra de lo resuelto»15.
3.5. Formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial
45. La formulación de excepciones debe someterse a las reglas previstas en el
artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece: «cuando se trata de cobro de
obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por
quien ejerza función jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones de
pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de
la cosa debida».
46. En consecuencia, las únicas excepciones que pueden proponerse cuando el
título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, son las enunciadas en la norma
citada.
3.6. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago.
Reiteración jurisprudencial16
47. Sea lo primero precisar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 1625
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 25
de julio de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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del Código Civil (CC), el pago es una forma de extinción de las obligaciones, al
preceptuar:
Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla
por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1° Por la solución o pago efectivo;
[...]
48. La anterior disposición normativa en armonía con los artículos 1626 y 1627 del
CC, los cuales, en su orden, prevén que el pago efectivo «es la prestación de lo que
se debe» y este se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la
obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes»;
además de que el artículo 1649 del mismo código establece que «El pago total de la
deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban».
49. De tales normas se colige que la obligación se extinguirá únicamente cuando
se cumpla en su integridad, es decir, cuando se pague al acreedor no solo el capital,
sino también los intereses cuando exista retardo, por lo que el deudor deberá acreditar
ante el juez el documento que evidencie, sin ningún atisbo de duda, la entrega del
correspondiente dinero al acreedor, de conformidad con el artículo 1757 del CC, según
el cual «Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
Sobre el particular, en la sentencia del 30 de mayo de 202417, esta Subsección sostuvo:
89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación
recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167
del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional obligación
de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
90. Asimismo, la doctrina18 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a
las normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que
encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el
cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
50. Ahora bien, en torno a la orden de seguir adelante con la ejecución, en la
precitada providencia esta Sala reiteró:
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
18 Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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93. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional19 cuando indicó
que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago en el
que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que decide
en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando se hizo
exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en la unidad
monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las operaciones que
restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar en moneda
nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se establece a partir
del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]» [se resalta].
94. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un acto
procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se
puntualizó que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago
parcial que haya sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento
ejecutivo»20.
95. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el mandamiento
ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después de este
momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el mandamiento] y, por
consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida en cuenta al momento
de liquidar el crédito.
96. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir adelante
con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la liquidación del crédito
con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará traslado a la otra parte, quien
«solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite
deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada», disposición
que, sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido proceso de las partes, pues,
si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del demandante, en el sentido de
descontar los abonos que hubiera efectuado.
97. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de actualizarla
en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la liquidación que
esté en firme».
98. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que (i) la
19 Sentencia C-814 de 2009.
20 Óp. Cit. 14.
14
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda; (ii)
cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá tomar
como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan efectuar
los descuentos correspondientes [por pagos parciales].
51. En este orden de ideas, la excepción de pago solo tendrá prosperidad en la
medida que se haya demostrado fehacientemente el pago de la obligación dineraria
por parte del deudor, por lo que, de no acreditarse su satisfacción total, se ordenará,
al momento de desestimar dicho medio exceptivo, seguir adelante con la ejecución,
para que en la etapa de liquidación del crédito se determinen los abonos realizados
durante el trámite ejecutivo y el valor del saldo insoluto.
3.7. Hechos probados relevantes
52. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos relevantes,
según se muestra a continuación:
53. Mediante sentencia del 15 de septiembre de 2015, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en Descongestión21, impuso las
siguientes condenas:
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, ORDÉNASE al Distrito Capital de Bogotá – Unidad
Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., reconocer,
liquidar y pagar a favor del señor JORGE ESPINOSA FIGUEREDO […] las horas
extras diurnas que se causaron en el respectivo mes, sin que se excedan de 50 horas
mensuales, desde el 25 de mayo de 2008 hasta el 20 de febrero de 2013, atendiendo
lo señalado en los artículos 36 y 38 del Decreto 1042 de 1978, liquidadas con base en
el factor hora que resulte de dividir la asignación básica mensual y los incrementos por
antigüedad sobre el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral (190),
según lo expuesto en la motiva de este proveído.
Así mismo, reajustará los recargos que ha reconocido al demandante desde el 25 de
mayo de 2008, por trabajo nocturno, dominical y festivo, debiendo utilizar para su
cálculo las 190 horas mensuales que componen la jornada ordinaria laboral,
incluyendo la asignación básica mensual y los incrementos por antigüedad (siempre
que el servidor acredite haberlos devengado), y pagará las diferencias que resulten a
su favor, entre lo que ha venido cancelando el extremo pasivo y lo debido por tales
conceptos, en virtud del reajuste aquí ordenado.
Igualmente, reliquidará las sumas que por concepto de cesantías le han sido
reconocidas y pagadas al accionante a partir del 25 de mayo de 2008, teniendo en
cuenta el valor que surja por concepto de las horas extras diurnas y los reajustes de
los recargos dominicales y festivos, que en este proveído se conceden, y pagará al
señor JORGE ESPINOSA FIGUEREDO de condiciones civiles anotadas, las
21 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), 3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE
SOEJEC(.PDF) NroActua 3, pp. 20 a 59.
15
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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diferencias que resulten a su favor.
Las sumas correspondientes deberán ser reajustadas y actualizadas en la forma
indicada en la parte motiva y aplicando para tal fin la fórmula allí expuesta.
TERCERO: El Distrito Capital de Bogotá – Unidad Administrativa Especial del Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este
fallo dentro del plazo indicado en el artículo 176 del C.C.A., una vez se surtan las
actuaciones de que trata el artículo 173 ibídem, para adoptar las medidas necesarias
que aseguren el cumplimiento de la sentencia.
CUARTO: Durante el término referido en el ordinal anterior, la accionada reconocerá
y pagará intereses comerciales sobre las cantidades líquidas resultantes de la
condena, conforme lo dispone el artículo 177 del C.C.A.; vencido dicho término sin que
la condena se haya cumplido, la demandada reconocerá y pagará los intereses
moratorios que consagra la aludida disposición [sic para toda la cita].
54. El inciso primero del ordinal segundo de la parte decisoria de la precitada
providencia fue adicionada con auto del 9 de diciembre de 2015, en relación con el
pago de las horas extras diurnas desde el 25 de mayo de 2008 y hasta el 20 de febrero
de 2013, en el sentido de precisar que la limitante de esta última fecha se aplicaría,
siempre y cuando desaparecieran las condiciones laborales en las que se encontraba
el demandante, es decir, que dejara de pertenecer a los niveles de empleos y grados
salariales susceptibles de asignación de horas extras, conforme al literal a) del artículo
36 del Decreto 1042 de 197822.
55. La sentencia de primera instancia fue confirmada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, a través del fallo del 10 de mayo de 201823, la cual
quedó ejecutoriada el 1.° de junio de 2018, según constancia secretarial24.
56. El 13 de agosto de 2018 el ejecutante solicitó de la entidad demandada el
cumplimiento de las sentencias base de recaudo25.
57. En la Resolución 404 del 17 de julio de 2018, la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos resolvió dar cumplimiento a los citados fallos a favor del
ejecutante y ordenó a la subdirección de gestión humana realizar la correspondiente
reliquidación26.
58. A través de la Resolución 064 del 23 de enero de 2019, la entidad demandada
22 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), 3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE
SOEJEC(.PDF) NroActua 3, pp. 62 a 69.
23 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), 3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE
SOEJEC(.PDF) NroActua 3, pp. 72 a 106.
24 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), 3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE
SOEJEC(.PDF) NroActua 3, p. 107
25 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), 3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE
SOEJEC(.PDF) NroActua 3, pp. 118 a 120.
26 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), 3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE
SOEJEC(.PDF) NroActua 3, pp. 121 a 124.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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ordenó el pago de $ 29.628.311 por concepto de horas extras, recargos y cesantías27,
cuyo pago se realizó el 18 de febrero de 201928.
3.8. Caso concreto.
59. Como se dejó anotado, de conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala
delimita su competencia, como juez de segunda instancia, a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada.
60. Precisado lo anterior, se tiene que el tribunal encontró no demostrada la
excepción de pago propuesta por el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá; en consecuencia, ordenó seguir adelante con
la ejecución por (i) $ 70.793.758, correspondientes a las diferencias adeudadas por
trabajo suplementario y cesantías hasta la ejecutoria de los fallos base de recaudo;
(ii) $ 6.438.261, referentes a las diferencias generadas con posterioridad a esa
ejecutoria; (iii) $ 68.263.459, atinentes a los intereses moratorios calculados sobre el
primer capital del 2 de junio de 2018 al 30 de noviembre de 2022, y (iv) $ 6.030.661
por los intereses moratorios generados sobre el segundo capital del 2 de junio de 2018
al 30 de noviembre de 2022 y los que se causen en adelante.
61. Por su parte, la entidad demandada, en su recurso de apelación, solicitó
revocar la decisión de primera instancia para que se declarara probada la excepción
de pago, al considerar que dio cumplimiento a las sentencias que constituyen el título
ejecutivo y que el tribunal, al liquidar el crédito, desconoció los límites de la jornada
ordinaria de 190 horas mensuales y del reconocimiento de hasta 50 horas extras
diurnas previsto en el Decreto 1042 de 1978. Igualmente, pidió modificar la liquidación
de los intereses moratorios, por estimar que debían calcularse conforme a los criterios
establecidos en la Circular Externa 10 de 2014 de la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, sin aplicar la tasa comercial moratoria.
62. Por lo tanto, el examen respecto de la providencia apelada se circunscribirá a
estos dos reparos, orientados a desvirtuar la decisión adoptada por el tribunal.
63. Ahora bien, sea oportuno advertir que en la sentencia de primera instancia, que
constituye el título ejecutivo, se ordenó la liquidación de las horas extras diurnas —sin
que excedan de 50 horas mensuales— y los recargos nocturnos, dominicales y
festivos «debiendo utilizar para su cálculo las 190 horas mensuales que componen la
jornada laboral», en cuya parte motiva se explicó que dicha jornada se encuentra
establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 (44 horas semanales); y en el
caso concreto se acreditó que el señor Jorge Espinosa Figueredo laboraba 15 días y
descansaba otros 15, por lo que en promedio trabajó 360 horas mensuales, cifra que
excedía el tope máximo legal de 190.
27 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), 3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE
SOEJEC(.PDF) NroActua 3, pp. 121 a 124.
28 De acuerdo con lo afirmado en la demanda, lo cual no fue controvertido por la entidad accionada.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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64. El anterior criterio fue atendido por el tribunal en el fallo apelado, previo a
señalar los respectivos cálculos, al indicar: «los valores que se debieron reconocer
por concepto de horas extras diurnas (máximo 50 horas extras laboradas en cada
mes), recargos por trabajo nocturno, recargos por trabajo dominical y festivo diurno y
nocturno, partiendo de la división de la asignación básica en ciento noventa (190)
horas de trabajo mensuales».
65. De igual modo, y en línea con el análisis realizado por esta Sala en la sentencia
del 13 de noviembre de 2025 en un asunto similar al presente29 —reiterado en fallos
del 26 de febrero30 y 5 de marzo de 202631—, al revisar la liquidación efectuada por el
tribunal, para efectos de calcular las horas extras diurnas y los recargos, se observa
que se tomaron las asignaciones básicas de mayo de 2008 a enero de 2019 y las
mismas cantidades de horas indicadas por la entidad demandada en la certificación
del 12 de julio de 202132, como a continuación se puede evidenciar a manera de
ejemplo para el año 2010:
• Certificación:
Mes/año Horas Recargos Recargos Recargos
laboradas ordinarios festivos festivos
mensuales nocturnos diurnos nocturnos
ENERO 2010 390 150 38 48
FEBRERO 2010 192 84 12 12
MARZO 2010 182 64 24 24
ABRIL 2010 264 102 34 30
MAYO 2010 317 120 35 42
JUNIO 2010 315 112 39 36
JULIO 2010 376 150 36 36
AGOSTO 2010 224 90 16 24
SEPTIEMBRE 2010 334 144 22 24
OCTUBRE 2010 375 150 35 36
NOVIEMBRE 2010 336 132 28 36
DICIEMBRE 2010 320 114 48 48
Tabla 2: cuadro elaborado a partir de la información contenida en la certificación emitida por la entidad
demandada el 12 de julio de 2021.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2025, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2020-00043-02 (1223-2023).
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de febrero de 2026, proceso con radicado
25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023).
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2026, proceso con radicado
25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023).
32 Samai, índice 2, ED_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_1_772023(.zip), archivo
3_ED_EXPEDIENTE_02DEMANDAPROCE SOEJEC(.PDF) NroActua 3, pp. 161 a 186.
18
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
• Liquidación realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
MES / TOTAL DE No. HORAS No. HORAS No. HORAS
AÑO HORAS CON CON CON
LABORADAS RECARGO RECARGO RECARGO
ORDINARIO FESTIVO FESTIVO
NOCTURNO DIURNO 200% NOCTURNO
35% 235%
ene-10 390 150 38 48
feb-10 192 84 12 12
mar-10 182 64 24 24
abr-10 264 102 34 30
may-10 317 120 35 42
jun-10 315 112 39 36
jul-10 376 150 36 36
ago-10 224 90 16 24
sept-10 334 144 22 24
oct-10 375 150 35 36
nov-10 336 132 28 36
dic-10 320 114 48 48
Tabla 3: cuadro parcialmente citado del contenido en la sentencia de primera instancia
66. Asimismo, se aplicó el límite de 50 horas mensuales para efectos del
reconocimiento de las horas extras diurnas, tal como se ordenó en la sentencia de
primera instancia que integra el título ejecutivo, tanto es así que, por ejemplo, en
marzo de 2010 no se calculó valor alguno a favor del señor Espinosa Figueredo; al
respecto, en dicha providencia se explicó:
Concretamente, como bajo los turnos señalados, el demandante laboraba en el mes
360 horas aproximadamente, tal jornada se excedía de la ordinaria (190) en 170 horas,
siendo procedente reconocer y pagar de las mismas, solo 50 horas mensuales, en
atención al techo que impone el literal -d- del artículo 36 del mentado Decreto 1042 de
1978, restando así, un total de 120 horas por compensar, que de conformidad con el
literal -e- del mismo precepto, se debe reconocer como tiempo compensatorio, que
equivale a un día hábil por cada 8 horas de trabajo.
[…]
De acuerdo con lo expresado en líneas precedentes, a la parte actora se le deberán
reconocer y pagar a partir del 25 de mayo de 2008, las horas extras diurnas que haya
acumulado desde esa calenda, al sobrepasar el total de horas mensuales que
conforman la jornada ordinaria laboral que se le aplicará en virtud de lo expuesto hasta
ahora, las cuales no podrán superar el límite consagrado por el literal -d- del artículo
36 del Decreto 1042 de 1978.
[…]
A título de restablecimiento del derecho, se ordenará al extremo pasivo el
reconocimiento y pago al demandante, de los siguientes conceptos:
(i) Las horas extras diurnas que se causaron en el respectivo mes, sin que exceda de
50 horas mensuales, desde el 25 de mayo de 2008 hasta el 20 de febrero de 2013,
atendiendo lo señalado en los artículos 36 y 38 del Decreto 1042 de 1978, liquidadas
con base en el factor hora que resulte de dividir la asignación básica mensual y los
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
incrementos (prima) por antigüedad (siempre que el servidor acredite haberlos
devengado) sobre el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral (190).
67. En torno a las fórmulas determinadas por las providencias base de recaudo en
este trámite, para establecer los recargos nocturnos (asignación básica / 190 x 35 %
x núm. horas laboradas), festivos diurnos (asignación básica / 190 x 200 % x núm.
horas laboradas) y festivos nocturnos (asignación básica / 190 x 235 % x núm. horas
laboradas), la Sala evidencia que se aplicaron de acuerdo con lo ordenado. Por
ejemplo, en relación con los primeros, en el período correspondiente a enero de 2010,
el tribunal calculó el siguiente monto:
Mes H. recargo nocturno V. recargo nocturno
ene-10 150 $ 318.833
68. Y la fórmula a aplicar, conforme al título ejecutivo, es la siguiente:
$ 1.153.871 / 190 x 35 % x 150 = $ 318.832,7
69. Lo mismo se advierte respecto de los recargos festivos diurnos, como a
continuación se muestra:
Mes H. trabajo dominical y festivo V. recargo dominical y festivo
ene-10 38 $ 461.548
Fórmula: $ 1.153.871 / 190 x 200 % x 38 = $ 461.548,4
70. Igualmente, con los recargos festivos nocturnos, como se observa en el
siguiente ejemplo:
Mes H. trabajo dominical y festivo V. recargo dominical y festivo
nocturno nocturno
ene-10 48 $685.035
Fórmula: $ 1.153.871 / 190 x 235 % x 48 = $ 685.034,9
71. Ahora bien, la Sala advierte que no le asiste razón a la entidad apelante cuando
afirma que el tribunal liquidó todas las horas laboradas en el mes como horas extras
o que desconoció la jornada máxima legal. En efecto, la providencia impugnada partió
de la jornada ordinaria de 190 horas mensuales prevista en el Decreto 1042 de 1978
para establecer el valor de la hora ordinaria y, con fundamento en el título ejecutivo,
reliquidó las diferencias derivadas de las horas extras diurnas y de los recargos por
trabajo nocturno, dominical y festivo.
72. Asimismo, carece de vocación de prosperidad el argumento de la accionada,
según el cual el tribunal liquidó una jornada superior a la legalmente permitida, puesto
que la apelante parte de la premisa de que la totalidad de las horas laboradas durante
cada mensualidad constituyen horas extras, cuando el título ejecutivo distingue entre
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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Bomberos de Bogotá
las horas extras diurnas y los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, los
cuales obedecen a supuestos jurídicos diferentes.
73. Por consiguiente, una cosa son las horas extras diurnas, cuyo pago fue limitado
expresamente a un máximo de 50 horas mensuales conforme a los artículos 36 y 38
del Decreto 1042 de 1978, y otra distinta son los recargos por trabajo nocturno,
dominical y festivo, respecto de los cuales la sentencia de primera instancia, objeto de
recaudo, ordenó únicamente su reajuste con base en el factor de liquidación de 190
horas mensuales, como jornada ordinaria. De ahí que las 190 horas constituyan el
parámetro para determinar el valor de la hora ordinaria y, por ende, la base de
liquidación de los recargos, mas no un límite para establecer cuáles horas generan
dichos conceptos.
74. En tal sentido, la providencia de primera instancia que constituye el título
ejecutivo no ordenó reconstruir la jornada mensual del demandante para determinar
qué horas hacían parte de las primeras 190 y cuáles excedían dicho límite, sino el
reconocimiento de las horas extras diurnas causadas — sin superar 50 mensuales—
y reajustar los recargos nocturnos, dominicales y festivos previamente reconocidos y
pagados, para cuya liquidación debía emplearse el factor correspondiente a la jornada
ordinaria de 190 horas mensuales. Por ello, el hecho de que en la liquidación se
hubieran tenido en cuenta todas las horas efectivamente laboradas para identificar los
distintos recargos no significa que todas ellas hubieran sido remuneradas como
trabajo suplementario.
75. De hecho, al revisar la liquidación practicada por el tribunal, permite evidenciar
que en ninguna mensualidad se reconocieron más de 50 horas extras diurnas, razón
por la cual no se desconoció el límite previsto en el artículo 36 del Decreto 1042 de
1978 —como lo dispuso el título ejecutivo—, que alega la entidad apelante. La
inconformidad de la recurrente surge de sumar indistintamente las horas extras con
las horas objeto de recargos nocturnos, dominicales y festivos, pese a que
corresponden a conceptos remuneratorios diferentes y con reglas de reconocimiento
distintas.
76. La interpretación propuesta por la entidad implicaría modificar el alcance del
título ejecutivo, pues supondría restringir el reajuste de los recargos únicamente a los
causados dentro de las primeras 190 horas de la jornada mensual; sin embargo, esa
limitación no fue establecida en ninguna de las sentencias objeto de ejecución, las
cuales ordenaron reliquidar los recargos previamente reconocidos con la base de 190
horas mensuales, como jornada ordinaria; en consecuencia, no le corresponde al juez
de la ejecución introducir restricciones que el título ejecutivo no determinó.
77. En este orden de ideas, el apelante incurre en una confusión entre la base de
liquidación y el hecho generador de los recargos; mientras la primera corresponde a
la jornada ordinaria de 190 horas mensuales fijada en el título ejecutivo, el segundo
está determinado por las horas efectivamente laboradas en horario nocturno,
dominical o festivo, previamente reconocidas por la administración y cuyo reajuste fue
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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Bomberos de Bogotá
ordenado en la sentencia de primera instancia. Por tanto, el hecho de que el
demandante hubiera laborado aproximadamente 360 horas al mes no significa que el
tribunal hubiese reconocido ese mismo número de horas como trabajo suplementario,
pues la liquidación respetó el límite de 50 horas extras diurnas mensuales y solo
reajustó los recargos en los términos del título ejecutivo.
78. De igual modo, el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá, a través de su apoderado, tampoco planteó un reparo
concreto contra la liquidación que efectuó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
sin embargo, verificados los datos tomados y las fórmulas aplicadas en lo concerniente
al cálculo de las horas extras y los recargos, se advierte que resultan coincidentes con
la información suministrada por la entidad demandada y lo dispuesto en las sentencias
que integran el título ejecutivo.
79. Por otro lado, en lo atinente a la liquidación de los intereses moratorios, el
tribunal acogió el criterio fijado en el 2019 por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, según el cual la tasa de interés aplicable es la vigente al momento en que se
incurre en mora, razón por la cual aplicó los artículos 192 y 195 del CPACA, de manera
que los intereses los calculó con la tasa DTF durante los primeros diez (10) meses
siguientes a la ejecutoria de la sentencia y, vencido ese término, a la tasa comercial
moratoria; además de que el demandante formuló la petición de cumplimiento dentro
de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia
base de recaudo.
80. Por su parte, la entidad apelante manifestó su inconformidad al sostener que
entre la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia base de recaudo (1.° de junio
de 2018) y el 23 de enero de 2019, cuando dio cumplimiento mediante la Resolución
064 de esa fecha, no habían transcurrido diez (10) meses, razón por la cual durante
ese lapso solo procedía aplicar la tasa DTF, conforme a los lineamientos contenidos
en la Circular Externa 10 de 2014 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado. Subsidiariamente, pidió que, de mantenerse la conclusión relativa al pago
parcial, los intereses posteriores se liquidaran sobre el saldo insoluto.
81. Al respecto, de la revisión de la liquidación efectuada por el tribunal se constata
que los intereses se calcularon conforme a los artículos 192 y 195 del CPACA, por lo
que aplicó la tasa DTF durante los primeros diez (10) meses siguientes a la ejecutoria
de la sentencia y, una vez vencido dicho término, la tasa comercial moratoria respecto
del capital adeudado en virtud del título ejecutivo. Asimismo, tuvo en cuenta el pago
parcial efectuado el 18 de febrero de 2019 por la entidad por concepto de capital, de
manera que los intereses se liquidaron, luego de esa fecha, sobre el saldo insoluto, al
considerar que la obligación no había sido satisfecha en su integridad.
82. Así las cosas, no le asiste razón a la apelante cuando sostiene que el tribunal
desconoció la metodología dispuesta para la liquidación de los intereses moratorios,
pues la providencia impugnada aplicó la tasa DTF durante los primeros diez (10)
meses y solo acudió a la tasa comercial moratoria una vez vencido ese término. La
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
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Bomberos de Bogotá
circunstancia de que la entidad hubiera efectuado un pago parcial el 18 de febrero de
2019 no implicaba el cese de la mora respecto de la totalidad de la obligación, sino
únicamente frente a la porción del capital satisfecha, razón por la cual era procedente
continuar liquidando intereses sobre el saldo insoluto hasta su pago.
83. No obstante lo anterior, la Sala considera pertinente precisar que, con
posterioridad a la decisión adoptada por el tribunal, esta Subsección ha reiterado que
el régimen jurídico aplicable a la liquidación de los intereses moratorios en los
procesos ejecutivos promovidos para obtener el cumplimiento de sentencias judiciales
corresponde al previsto en la normativa que reguló el proceso ordinario bajo la cual
fue proferida la respectiva sentencia que comporta el título ejecutivo, por ser esta la
que determina las condiciones de exigibilidad y cumplimiento de la condena. Sobre el
particular, esta Sala33 explicó:
[E]s del caso anotar que en sentencia del 31 de agosto de 202334 la Subsección A
de esta Sección sostuvo que, cuando los intereses moratorios se extienden hasta
la entrada en vigor del CPACA, si la condena se impuso en los términos del CCA,
se deben calcular hasta el momento del pago al tenor de este último:
«Pues bien, la Subsección no comparte que el régimen de los intereses moratorios
deba definirse a partir de las normas que se encuentren vigentes durante su
causación, por cuanto el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011 determinó que aquel
código solo se aplicaría a los procedimientos y las actuaciones administrativas que
se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad
a la entrada de su vigencia y que los procedimientos y las actuaciones
administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la Ley
1437 de 2011 seguirían rigiéndose y culminarían de conformidad con el régimen
jurídico anterior, esto es, el CCA.
Lo anterior, debido a que el sentido de la norma de transición del artículo 308 era
claro: las disposiciones del CPACA -que incluyen la regulación de los intereses de
mora- rigen los procesos nuevos, lo que comprende la sentencia y sus efectos; en
cambio, las normas del CCA rigen los procesos anteriores, lo que también incluye
la sentencia y sus efectos. Por tanto, si el régimen de intereses de mora es
diferencial en ambos estatutos, así mismo se aplicarán según la normativa que rigió
el proceso35.
[...]
En otros términos, si la demanda ordinaria se instauró antes de la entrada en
vigencia del CPACA, los intereses moratorios que corresponde liquidar en el
proceso ejecutivo son aquellos que el artículo 177 del CCA, pero si esta fue
interpuesta después de la entrada en vigencia del CPACA, los intereses moratorios
son los del artículo 195 del CPACA.»
85. En esta providencia también se inaplicó la Circular 10 de 2014 con sustento en que
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2025, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2020-00043-02 (1223-2023).
34 Radicación 25000-23-42-000-2017-01449-02 (3101-2022).
35 Ibidem.
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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el régimen de los intereses moratorios es el determinado por el legislador a través del
código que se encontraba vigente al momento en que se presentó la demanda
ordinaria «y no pueden unas Circulares desconocer lo regulado en la Ley 1437, según
lo previsto en el régimen de transición del artículo 308 del CPACA».
86. Ese criterio relacionado con los intereses derivados de la condena judicial también
fue adoptado por esta Subsección ─por ejemplo─ en la sentencia del 12 de septiembre
de 202436 y el auto dictado el 25 de abril de 202537.
84. Por consiguiente, la jurisprudencia de esta Subsección ha sido consistente en
señalar que el régimen aplicable a la liquidación de los intereses moratorios derivados
de una condena judicial está determinado por el estatuto procesal que reguló el
proceso ordinario en el que se profirió la sentencia que constituye el título ejecutivo, y
en tal sentido, si dicho proceso se tramitó bajo la vigencia del Código Contencioso
Administrativo, los intereses deberán liquidarse conforme a su artículo 177; mientras
que, si la demanda fue presentada en vigencia del CPACA, resultarán aplicables sus
artículos 192 y 195, sin que una circular administrativa pueda modificar el régimen
legal previsto por el legislador.
85. Sin embargo, en el asunto bajo examen no hay lugar a modificar la decisión
apelada en este aspecto, pues, aunque el criterio acogido por el tribunal no se
acompasa con el que actualmente sostiene esta Subsección en torno al régimen
normativo aplicable para la liquidación de los intereses moratorios, lo cierto es que el
mandamiento de pago fue proferido con fundamento en esa misma interpretación y la
entidad demandada, en su condición de apelante única, no formuló reparo alguno
frente a dicha premisa jurídica38. En esas condiciones, la adopción del criterio
jurisprudencial antes expuesto comportaría una modificación de la decisión en
perjuicio de la recurrente, lo que resulta incompatible con el principio de non reformatio
in pejus39.
86. Lo anotado, por cuanto la aplicación del régimen previsto en el CCA resultaría
más favorable para el ejecutante, pues preceptúa intereses comerciales desde la
ejecutoria y moratorios una vez vencido el término de seis meses establecido para el
cumplimiento, mientras que el CPACA dispone durante los primeros diez meses la
tasa DTF, por lo que sustituir el régimen aplicado por el tribunal conduciría a agravar
la situación de la entidad demandada, como única apelante.
36 Radicación 25000-23-42-000-2016-05857-01 (2999-2021).
37 Radicación 25000-23-42-000-2021-00787-01 (2847-2023).
38 En línea con lo dicho por esta Subsección, en sentencia del 13 de noviembre de 2025, proceso con radicado
25000-23-42-000-2020-00043-02 (1223-2023), en un caso igual, en la que advirtió que «aunque la Sala prohíja el
criterio antes referido y, por consiguiente, se distancia del adoptado por el a quo, la decisión se mantendrá
incólume, en razón a que (i) en el mandamiento de pago se adoptó la misma interpretación y en sede de apelación
se validó; y (ii) en este momento procesal el apelante único es la entidad demandada […]
A la par, respecto de la forma para calcular los intereses moratorios, el a quo aplicó la interpretación solicitada en
el recurso de apelación y, aunque la Sala disiente de dicho criterio, se mantendrá incólume en cumplimiento del
principio de non reformatio in pejus».
39 Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico (https://dpej.rae.es/), significa «No reformar a peor»,
consistente en que «Quien interpone un recurso no puede ser colocado en una posición más desfavorable que la
que tendría en caso de no haberlo interpuesto».
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Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
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Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
87. En consecuencia, comoquiera que tampoco se evidencia que la entidad
ejecutada haya pagado suma alguna por concepto de intereses, se confirmará la
sentencia.
3.9. Conclusión
88. La Subsección concluye que la liquidación realizada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en lo concerniente a las horas extras y los recargos,
se ajustó a lo dispuesto en las sentencias que integran el título ejecutivo. Asimismo,
si bien el tribunal liquidó los intereses moratorios con fundamento en los artículos 192
y 195 del CPACA, criterio que no se acompasa con el precedente actualmente vigente
de esta Subsección sobre el régimen normativo aplicable, no es posible modificar ese
aspecto en virtud del principio de non reformatio in pejus. Por lo tanto, como ninguno
de los reparos formulados por la entidad apelante está llamado a prosperar, se
confirmará la decisión que ordenó seguir adelante con la ejecución, aunque por las
razones expuestas en esta providencia.
3.10. Costas
89. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario40 de la Subsección sobre el artículo 188 del
CPACA, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que
la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en
el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que
aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
3.11. Reconocimiento de personería
90. Mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 202541, la abogada Lisbeth
Yanín Gómez Amaya, identificada con la cédula de ciudadanía 20.892.400 y portadora
de la tarjeta profesional 159.194 del Consejo Superior de la Judicatura, allegó poder
40
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
41 Samai, índice 17.
25
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023)
Demandante: Jorge Espinosa Figueredo
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
para representar al Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá; en consecuencia, se le reconocerá personería.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que ordenó seguir
adelante con la ejecución, pero por las razones indicadas en la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Lisbeth Yanín Gómez Amaya,
identificada con la cédula de ciudadanía 20.892.400 y portadora de la tarjeta
profesional 159.194 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como
apoderada de la parte demandada, para los efectos del poder conferido y que obra a
índice 17 de Samai.
Cuarto. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas
las anotaciones en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
26
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