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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2023-00006-01

Fecha
3 de septiembre de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2023-00006-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

3 de septiembre de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Demanda ejecutiva
Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá

Tema: proceso ejecutivo. Subtema 1: providencia judicial como título ejecutivo.
Subtema 2: ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación. Subtema 3: excepción de pago.

Sentencia de segunda instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 6 de octubre de
2023, que ordenó seguir adelante con la ejecución.

1. Síntesis del caso

El señor Wilson Rojas López presentó demanda ejecutiva con el propósito de obtener
el pago del capital insoluto y los respectivos intereses moratorios, derivados de las
condenas impuestas en las sentencias del 23 de junio de 2015 y 12 de diciembre de
2017, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Consejo de
Estado, respectivamente, mediante las cuales se ordenó reconocer 50 horas extras
diurnas mensuales, reajustar los recargos nocturnos, dominicales y festivos sobre una
base de 190 horas mensuales y reliquidar las cesantías. Sostuvo que la entidad dio
cumplimiento parcial a dichas providencias, porque liquidó incorrectamente los
recargos y subsistía un saldo a su favor.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró no probada la excepción de pago
y ordenó seguir adelante con la ejecución, al considerar que las 190 horas mensuales
previstas en el título ejecutivo correspondían al factor para calcular el valor de la hora

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

ordinaria y reliquidar los recargos efectivamente reconocidos. En consecuencia,
determinó que, pese al pago efectuado por la entidad, subsistía un capital insoluto de
$ 38.002.331, además de los correspondientes intereses moratorios.

Inconforme con esa decisión, la entidad demandada interpuso recurso de apelación,
al estimar que los recargos nocturnos, dominicales y festivos solo podían reconocerse
dentro de la jornada ordinaria de 190 horas mensuales y, una vez superada esta y el
límite de 50 horas extras diurnas remunerables, las horas restantes debían
compensarse con los días de descanso disfrutados por el ejecutante. Por ello, alegó
que los $ 69.721.151 ya pagados extinguieron la obligación y no existía capital insoluto
sobre el cual pudieran causarse intereses moratorios adicionales.

La Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, por cuanto el reparo
formulado por la entidad apelante no está llamado a prosperar, ya que el tribunal
liquidó las horas extras y los recargos conforme a la jornada ordinaria de 190 horas
mensuales y al límite de 50 horas extras diurnas previstos en las providencias que
comportan el título ejecutivo.

2. Antecedentes

2.1. La demanda

1. Wilson Rojas López, mediante apoderado, presentó demanda ejecutiva el 11
de enero de 20231, en contra del Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que se librara mandamiento de
pago en los siguientes términos:

PRIMERA: Librar Mandamiento Ejecutivo de Pago […] por la suma de […]
$47.557.119 […], por concepto de capital pendiente de cancelar por la UAECOB, al
liquidar, reliquidar y ordenar pagar, en forma parcial e incompleta, por el período
comprendido entre el 05 de julio de 2008 y el 30 de septiembre de 2018, la suma de
[…] $69.721.151 […], que corresponden […] $63.958.325 […], por concepto de
liquidación de horas extras y reliquidación de recargos, adicionalmente […] $5.762.826
[…], por concepto de reliquidación de cesantías, dando alcance a la liquidación anexa
al oficio 2018IE16604-01 de 2018, cuando la liquidación conforme con los parámetros
de las sentencias de primera y segunda instancia que se ejecutan, entre el 05 de julio
de 2008 al 31 de enero de 2019, es de […] $117.278.270 […], capital indexado,
liquidación que se allega, y que fue realizada conforme con lo ordenado en la sentencia
de Primera Instancia proferida el 23 de junio de 2015, por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Segunda Subsección “E” Sala de Descongestión, confirmada
por la sentencia de Segunda Instancia proferida el 12 de diciembre de 2017, por el
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda –
Subsección “B”, dentro del proceso de Acción de Nulidad y Restablecimiento del
Derecho con Radicado No. 250002325000201200882-01 […].

1
Samai, índice 2, ED_25000234200020230000(.zip), archivos
2_ED_EXPEDIENTE_01CONSTANCIACORREOEL y 4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAPROCESOEJEC.

2

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

SEGUNDA: Incluir además en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar
la suma de dinero de […] $16.469.537 […], por los intereses moratorios, sobre el
capital pagado de […] $69.721.151 […] desde el día siguiente a la ejecutoria de la
sentencia proferida por el por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección
Segunda Subsección “E” Sala de Descongestión, confirmada por la sentencia de
Segunda Instancia proferida el 12 de diciembre de 2017, por el Consejo de Estado -
Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección “B”, es decir,
desde el 03 de febrero de 2018, ya que la fecha de ejecutoria de dicha sentencia fue
el 02 de febrero de 2018, hasta la fecha del pago parcial e incompleto mencionado, es
decir hasta el 26 de diciembre de 2018 […].

TERCERA: Incluir también en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar
los intereses moratorios sobre el capital insoluto o pendiente de cancelar, es decir,
sobre […] $47.557.119 […], desde el día siguiente a la ejecutoria de la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección “E” Sala de Descongestión, confirmada por la sentencia de Segunda
Instancia proferida el 12 de diciembre de 2017, por el Consejo de Estado - Sala de lo
Contencioso Administrativo Sección Segunda – Subsección “B”, es decir desde el 03
de febrero de 2017 [sic], hasta la fecha del pago total de la obligación […].

CUARTA: Condenar en costas y en agencias en derecho a la Entidad demandada […];
acorde con lo consagrado en los artículos 188 y 306, de la Ley 1437 de 2011; en
concordancia con el artículo 365 y 366, del Código General del Proceso y demás
normas vigentes [sic para toda la cita].

2.2. Trámite procesal en primera instancia

2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
libró mandamiento de pago en auto del 7 de julio de 20232, en los siguientes términos:

PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del señor Wilson Rojas
López y en contra del Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos, por las siguientes sumas:

Por la suma de […] $34.818.024 […], valor que corresponde a las diferencias no
canceladas por concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos dominicales
ordenadas en las sentencias proferidas por esta Corporación y por el H. Consejo de
Estado los días 23 de junio de 2015 y 12 de diciembre de 2017, respectivamente.

Por la suma de […] $3.184.307 […] por concepto de cesantías, los cuales deberán ser
consignados en el fondo de cesantías al que se encuentra afiliado el ejecutante.

Por la suma de […] $50.137.579,47 […] que corresponden a los intereses moratorios
causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 30 de junio de 2023.

Por los intereses moratorios que se generen desde el 1 de julio de 2023 hasta la fecha
en que se dé cumplimiento integral a la sentencia, los cuales deberán ser calculados
sobre las sumas que aún se adeudan por concepto de horas extras, recargos

2
Samai, índice 2, ED_25000234200020230000(.zip), archivo 006_AUTOQUELIBRAMANDAMIENTODEPAGO.

3

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

nocturnos, dominicales y festivos y cesantías, (esto es, por $38.002.331), aplicando
como tasa de interés el 1,5 veces del interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Financiera.

2.3. Contestación de la demanda

3. El Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá3, a través de apoderado, propuso las siguientes excepciones:

4. Excepción de pago, al sostener que dio cumplimiento a las sentencias que
integran el título ejecutivo, mediante la liquidación efectuada por la Subdirección de
Gestión Humana por el período comprendido entre el 5 de julio de 2008 y el 31 de
enero de 2019, que arrojó $ 64.158.834 por concepto de horas extras y recargos y $
5.942.009 por cesantías, por lo que al ejecutante se le pagaron $ 69.721.151, suma
que correspondía a lo efectivamente adeudado conforme a los parámetros fijados en
las providencias judiciales base de recaudo. Agregó que no procedía reconocer
recargos que superaran las 190 horas mensuales ordinarias, pues ello desconocería
el límite establecido en las sentencias que sirven de título ejecutivo.

5. Excepción que denominó «no hay causación de intereses de mora
adicionales», toda vez que las sentencias objeto de ejecución no impusieron una
condena por una suma líquida de dinero, sino que ordenaron reconocer, reliquidar y
pagar ciertos conceptos laborales; por ende, con fundamento en el artículo 192 de la
Ley 1437 de 2011, los intereses moratorios no podían causarse desde la ejecutoria
de las providencias, pues para ese momento no existía certeza sobre la cuantía exacta
de la obligación, sino a partir de la posterior liquidación, cuando se determinó
concretamente el valor a sufragar.

6. Subsidiariamente, señaló que, de considerarse procedente el reconocimiento
de intereses, debía aplicarse el artículo 195 de la Ley 1437 de 2011, según el cual las
sumas reconocidas judicialmente causan intereses a una tasa equivalente al DTF
desde la ejecutoria y, vencido el término previsto legalmente sin que se produzca el
pago efectivo, a la tasa comercial. Insistió en que al ejecutante ya se le pagaron $
69.721.151 y que, a su juicio, los intereses solo podían contabilizarse desde la
reliquidación que estableció una suma líquida a su favor.

7. Excepción que tituló como «deducciones de aportes a pensión», respecto de la
cual adujo que sobre las diferencias que eventualmente se reconocieran al ejecutante
por concepto de horas extras, recargos y demás factores salariales deben efectuarse
los descuentos correspondientes a salud y pensión, con fundamento en la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado4 y en las normas que
disponen las horas extras, dominicales y feriados como factores para efectos

3
Samai, índice 2, ED_25000234200020230000(.zip), archivo 013_Contestacion demanda.
4
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de febrero de 2015, proceso con radicado 25000-23-25-
000-2010-00725-01.

4

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

prestacionales y pensionales5. En consecuencia, solicitó que, si llegara a reconocerse
un mayor valor a favor del ejecutante, se ordenaran las respectivas deducciones por
aportes a salud y pensión, tal como fueron incluidas en la liquidación elaborada por la
Subdirección de Gestión Humana.

8. Mediante auto del 14 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca rechazó por improcedentes los medios exceptivos denominados «no
hay causación de intereses de mora adicionales» y «deducciones de aportes a
pensión» y dispuso correr traslado de la excepción de pago6, frente a la cual el
ejecutante solicitó declararla no probada7.

9. En lo atinente a la excepción de pago, señaló que la entidad no acreditó el
cumplimiento integral de las sentencias que sirven de título ejecutivo, pues interpretó
equivocadamente la orden relativa a los recargos nocturnos, dominicales y festivos.
Explicó que las providencias dispusieron reajustar los recargos laborados y
previamente pagados desde el 5 de julio de 2008 hasta el cumplimiento de lo ordenado
en el título, mediante la aplicación de un factor de 190 horas mensuales, en lugar de
240, y sufragar las diferencias resultantes; por tanto, no limitaron su reconocimiento a
los recargos causados dentro de las 190 horas mensuales.

10. Añadió que la entidad solo efectuó un pago parcial de $ 69.721.151, que
correspondía aproximadamente al 26 % de lo adeudado, por lo que subsistía un saldo
a su favor. Además, la discusión planteada por la ejecutada sobre el alcance de la
condena debió formularse dentro del proceso ordinario y no en la ejecución, ya que
implicaba desconocer la cosa juzgada. Adicionalmente, la accionada no individualizó
ni explicó de manera concreta la liquidación que demostraría el pago total y, por el
contrario, las pruebas aportadas con la demanda evidenciaban que solo había
satisfecho parcialmente la obligación, razón por la cual pidió declarar no probada la
excepción de pago y continuar la ejecución conforme al mandamiento librado.

2.4. Sentencia de primera instancia

11. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en la sentencia del 6 de octubre de 20238, resolvió:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de pago propuesta por el Distrito
Capital- Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos conforme lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN a favor del señor
Wilson Rojas López y en contra del Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos por las siguientes sumas:

5
Artículos 45 de los decretos 1042 y 1045 de 1978.
6
Samai, índice 2, ED_25000234200020230000(.zip), archivo
016_AUTOQUEORDENATRASLADODELASEXCEPCIONES.
7
Samai, índice 2, ED_25000234200020230000(.zip), archivo 019_Rta Excepciones.
8
Samai, índice 2, ED_25000234200020230000(.zip), archivo 17_SENTENCIA(.pdf) NroActua 19.

5

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

Por la suma de […] $34.818.024 […], valor que corresponde a las diferencias no
canceladas por concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos dominicales
ordenadas en las sentencias proferidas por esta Corporación y por el H. Consejo de
Estado los días 23 de junio de 2015 y 12 de diciembre de 2017, respectivamente.

Por la suma de […] $3.184.307 […] por concepto de cesantías, los cuales deberán ser
consignados en el fondo de cesantías al que se encuentra afiliado el ejecutante.

Por la suma de […] $53.912.453,98 […], que corresponden a los intereses moratorios
causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 30 de septiembre de 2023.

Los intereses moratorios seguirán causándose a partir del 01 de octubre de 2023 y
hasta que se pruebe el pago total de la obligación, tomando como base lo que se
adeuda por concepto de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos y
cesantías, (esto es, por $38.002.331), aplicando como tasa de interés el 1,5 veces del
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.
[…]

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

12. Consideró que la demandada no había dado cabal cumplimiento a las órdenes
judiciales, pues reconoció al ejecutante un valor inferior al que realmente
correspondía. En relación con el capital, indicó que el título ejecutivo ordenó
reconocer, desde el 5 de julio de 2008, 50 horas extras diurnas mensuales, reajustar
los recargos nocturnos y el trabajo dominical y festivo sobre una base de 190 horas
mensuales, pagar las diferencias entre lo concedido por la accionada y lo que resultara
de la condena, y reliquidar las cesantías con inclusión de esas diferencias. Para
establecer el monto adeudado, acudió a la certificación expedida por la propia entidad
sobre la asignación básica, las horas laboradas y los recargos reconocidos al
ejecutante entre julio de 2008 y enero de 2019.

13. A partir de esta última información, el tribunal efectuó la liquidación del trabajo
suplementario, para lo cual determinó el factor hora mediante la división de la
asignación básica mensual entre 190 horas; reconoció hasta 50 horas extras diurnas
mensuales —salvo en aquellos meses en los que no se acreditaron— y reliquidó la
totalidad de los recargos ordinarios nocturnos, festivos diurnos y festivos nocturnos
que ya habían sido otorgados por la entidad, pero calculados sobre 190 y no sobre
240 horas mensuales. Por lo tanto, rechazó el argumento de la ejecutada, según el
cual se concedieron recargos por encima de la jornada máxima legal, pues el título no
limitó el número de recargos, sino que ordenó reajustar los efectivamente reconocidos
con un factor hora calculado sobre 190 horas.

14. Determinó, en principio, que por horas extras y reliquidación de recargos
correspondían $ 107.365.597; sin embargo, efectuó las deducciones por los aportes
a salud y pensión a cargo del trabajador, al considerar que la remuneración por horas
extras, trabajo nocturno, dominical y festivo integraba la base de cotización al sistema

6

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

de seguridad social. Concluyó que el capital referente a horas extras y recargos
ascendía a $ 98.776.349 y el reajuste de cesantías a $ 8.947.133, para un total de $
107.723.482. Como la entidad había pagado $ 63.958.325 por el primer concepto y $
5.762.826 por el segundo, esto es, $ 69.721.151, concluyó que subsistía un saldo
insoluto de $ 38.002.331, atinentes a $ 34.818.024 por horas extras y recargos y $
3.184.307 por cesantías. Por ende, no prosperaba la excepción de pago.

15. Respecto de los intereses moratorios, estimó que procedían de conformidad
con los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 y que, respecto de las acreencias
causadas hasta la ejecutoria del título, el capital sobre el cual debían calcularse
inicialmente ascendía a $ 95.172.1869 y, como consecuencia del pago efectuado por
la entidad el 26 de diciembre de 2018, la base se redujo a $ 25.451.035 a partir de
esa fecha.

16. En cuanto al período de causación, advirtió que las sentencias base de recaudo
quedaron ejecutoriadas el 2 de febrero de 2018, pero el ejecutante solo presentó la
solicitud de cumplimiento el 13 de junio de 2018, es decir, después de los tres meses
dispuestos en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011. Por esa razón, liquidó intereses
del 3 de febrero al 3 de mayo de 2018, suspendió su causación hasta la presentación
de la solicitud de cumplimiento y volvió a contabilizarlos desde el 13 de junio de 2018
hasta el 30 de septiembre de 202310. Asimismo, aplicó la tasa DTF durante los
primeros diez meses contados desde la ejecutoria y, posteriormente, 1,5 veces el
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera.

17. Con fundamento en esos parámetros, concluyó que los intereses moratorios
generados hasta el 30 de septiembre de 2023 ascendían a $ 53.912.453,98 y dispuso
que continuarían causándose desde el 1.° de octubre de 2023 hasta que se acreditara
el pago total de la obligación, sobre el capital insoluto de $ 38.002.331 y a una tasa
equivalente a 1,5 veces el interés bancario corriente.

2.5. Recurso de apelación

18. El Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá, mediante su apoderado, interpuso recurso de apelación11 para que se
revocara la sentencia de primera instancia y se declarara probada la excepción de
pago.

19. Cuestionó la liquidación efectuada por el tribunal, porque, a su juicio, reconoció
recargos nocturnos, dominicales y festivos sobre horas que excedían la jornada
ordinaria máxima de 190 horas mensuales, puesto que la orden contenida en el título
ejecutivo debía entenderse en el sentido de que primero se determinaba la jornada

9
Que correspondían a lo adeudado a la fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia que integra el
título ejecutivo, por diferencias en horas extras y reliquidación de recargos ($ 87.267.519), con la deducción por
los aportes a salud y pensión, y por cesantías ($ 7.904.667).
10
Mes anterior a la citada sentencia.
11
Samai, índice 2, ED_25000234200020230000(.zip), archivo 027_Recurso de apelación.

7

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
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Bomberos de Bogotá

ordinaria de 190 horas y, dentro de ella, se identificaban las horas nocturnas,
dominicales y festivas susceptibles de recargo; posteriormente, podían reconocerse
hasta 50 horas extras diurnas mensuales. Por tanto, estimó equivocado reliquidar los
recargos sobre la totalidad de las horas efectivamente trabajadas por el ejecutante,
pues ello conduciría a remunerar con recargos horas que, según la apelante, ya
correspondían a trabajo suplementario.

20. Argumentó que las horas trabajadas por encima de las 190 horas ordinarias y
de las 50 horas extras susceptibles de pago en dinero no generaban una
remuneración adicional, sino que debían compensarse en tiempo, ya que frente al
sistema de turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, si se laboraban
aproximadamente 360 horas mensuales, las 120 horas que excedían las 50 extras
remunerables se compensaban con 15 días de descanso al mes, a razón de un día
por cada ocho horas adicionales; y esos descansos fueron efectivamente disfrutados
por el ejecutante y el tiempo compensatorio ya se encontraba cubierto con su
asignación básica mensual.

21. Por lo anterior, arguyó que la liquidación elaborada por la Subdirección de
Gestión Humana de la entidad era correcta, toda vez que respetó la jornada ordinaria
de 190 horas, el límite de 50 horas extras mensuales y compensó con descanso las
horas que excedían dicho tope; en esa medida, afirmó que los $ 69.721.151 ya
pagados correspondían al cumplimiento integral de las sentencias base de recaudo y
que, por consiguiente, debía prosperar la excepción de pago, en lugar de seguir
adelante con la ejecución por el saldo de capital determinado en el fallo de primera
instancia y, por ende, tampoco podrían causarse intereses moratorios adicionales.

2.6. Trámite procesal en segunda instancia

22. Previo a la admisión de la alzada, la ejecutada, por conducto de apoderado,
allegó memorial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, cuya copia fue
remitida a esta corporación el 5 de febrero de 2024, en el que informó que «en Comité
de Conciliación realizado el quince (15) de noviembre de 2023, se decidió CONCILIAR
con el demandante WILSON ROJAS LOPEZ dentro del proceso ejecutivo 2023-00006
[…]», en el sentido de pagar el capital insoluto de $ 38.002.331 y los intereses
moratorios adeudados, con una reducción del 20 %, así como los causados desde el
26 de diciembre de 2018, igualmente disminuidos en un 20 %12.

23. El accionante, por conducto de su apoderado, presentó escrito en el que
manifestó su intención de aceptar dicha propuesta conciliatoria13; no obstante,
ninguna de las partes solicitó la realización de la correspondiente audiencia de
conciliación. Posteriormente, el 21 de junio de 2026, la demandada aportó copia de la
Resolución 709 del 12 de junio de 2024, con la cual, afirmó, dio «cumplimiento parcial
a la sentencia de primera instancia proferida el 6 de octubre de 2023 dentro del
proceso de la referencia», en la que reconoció por capital $ 46.591.579, sin anexar

12
Samai, índice 4.
13
Samai, índice 6.

8

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

comprobante de pago alguno14.

24. Luego, mediante auto del 28 de agosto de 202415, el despacho ponente admitió
el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

25. El señor Wilson Rojas López, por conducto de su apoderado, se pronunció
respecto del recurso de apelación interpuesto por la demandada16. Expresó que la
accionada interpretó equivocadamente el título ejecutivo, pues las sentencias no
limitaron los recargos nocturnos, dominicales y festivos a los causados dentro de las
190 horas mensuales, sino que ordenaron reajustar los efectivamente laborados,
reconocidos y pagados desde el 5 de julio de 2008, mediante la aplicación de un factor
de 190 horas mensuales en lugar de 240, y pagar las diferencias resultantes; en tal
sentido, las 190 horas corresponden al denominador para establecer el valor de la
hora ordinaria, mas no a un límite respecto del número de recargos susceptibles de
reliquidación.

26. Añadió que la interpretación propuesta por la ejecutada desconocía el alcance
de las sentencias base de recaudo y la cosa juzgada, ya que esa discusión debió
plantearse dentro del proceso ordinario. Asimismo, el pago efectuado por la
demandada no extinguió la obligación, porque se reconoció una suma inferior a la
realmente adeudada y la apelante no controvirtió de manera concreta la liquidación
que sirvió de fundamento a la decisión de primera instancia. Por tanto, pidió confirmar
la orden de seguir adelante con la ejecución.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

27. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.

3.2. Problema jurídico

28. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 32817 del Código General del Proceso (CGP),
14
Samai, índice 10.
15
Samai, índice 13.
16
Samai, índice 17.
17
Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación

9

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Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

corresponde a la Sala definir si:

29. ¿El tribunal aplicó correctamente el límite de la jornada ordinaria de 190 horas
mensuales y el tope de 50 horas extras al liquidar el crédito, conforme a las sentencias
base de recaudo?

30. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas: (i)
disposiciones generales sobre el recurso de apelación; (ii) ámbito de competencia del
juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación, (iii) formulación de
excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones contenidas en una providencia
judicial, (iv) la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago. A
partir de las anteriores consideraciones, (v) se destacarán los hechos probados
relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverá el problema jurídico
planteado.

3.3. Disposiciones generales sobre el recurso de apelación

31. El CGP establece en su artículo 320 que «el objeto del recurso de apelación es
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión».

32. Por su parte, el artículo 322 del mismo código dispone que «cuando se trate de
apelación de sentencia, el apelante al interponer el recurso en audiencia, si hubiere
sido proferida en ella o dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la
notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar
brevemente los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará
la sustentación que hará ante el superior».

33. Ahora bien, para que se cumpla la finalidad del recurso de apelación, es
necesario que el recurrente supla la carga procesal de argumentar los motivos de
inconformidad con la decisión que está impugnando, los cuales analizará el juez de
segunda instancia para determinar la legalidad de esta y decidir si la confirma, revoca
o modifica.

34. En ese sentido, esta corporación ha señalado que «la sustentación es la
oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad
con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como
demandante o demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se
pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció»18.

de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,
proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328).

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35. Igualmente, se ha estimado que «la debida sustentación del recurso materializa
el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el tribunal de
instancia, necesariamente, debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de
primera instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de
apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada,
revocada o modificada, según el caso»19. Tal y como lo precisó la Corte Constitucional
en la sentencia SU-418 de 2019:

La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretende probar
suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos
supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgado de
primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la
apelación deba ser sustentada

36. Esta exigencia de sustentación deviene del contenido del artículo 328 del CGP
que, como quedó visto, limita la competencia del juez de segunda instancia para
resolver el recurso. Ello, porque no le corresponde al fallador asumir cargas ni
tampoco interpretar el querer de las partes, ni mucho menos ajustar los argumentos
para poder efectuar el análisis de la providencia recurrida. Quien controvierte una
decisión debe poner en conocimiento del juez las razones que, en su criterio, la dejan
sin fundamento; debe controvertir los fundamentos de hecho y de derecho que le
sirvieron de sustento, no solo porque la decisión fue contraria a sus intereses sino
porque existe una razón válida que le hace concluir que lo decidido no fue acertado al
no corresponder a la realidad procesal.

3.4. Ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación

37. El artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA,
limita el pronunciamiento del juez de segunda instancia «solamente a los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos que establece la ley».

38. Así las cosas, la competencia en esta instancia queda demarcada por los
reparos concretos que el apelante expone en el recurso contra la providencia que
considera adversa. Así, se ha precisado que «el marco conformado por la providencia
y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda
instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos
que a su juicio debieron ser invocados en contra de lo resuelto»20.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25
de marzo de 2021, proceso con radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).
20
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 25
de julio de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).

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3.5. Formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial

39. La formulación de excepciones debe someterse a las reglas previstas en el
artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece: «cuando se trata de cobro de
obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por
quien ejerza función jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones de
pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de
la cosa debida».

40. En consecuencia, las únicas excepciones que pueden proponerse cuando el
título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, son las enunciadas en la norma
citada.

3.6. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago.
Reiteración jurisprudencial21

41. Sea lo primero precisar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 1625
del Código Civil (CC), el pago es una forma de extinción de las obligaciones, al
preceptuar:

Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla
por nula.

Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:

1° Por la solución o pago efectivo;
[...]

42. La anterior disposición normativa en armonía con los artículos 1626 y 1627 del
CC, los cuales, en su orden, prevén que el pago efectivo «es la prestación de lo que
se debe» y este se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la
obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes»;
además de que el artículo 1649 del mismo código establece que «El pago total de la
deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban».

43. De tales normas se colige que la obligación se extinguirá únicamente cuando
se cumpla en su integridad, es decir, cuando se pague al acreedor no solo el capital,
sino también los intereses cuando exista retardo, por lo que el deudor deberá acreditar
ante el juez el documento que evidencie, sin ningún atisbo de duda, la entrega del
correspondiente dinero al acreedor, de conformidad con el artículo 1757 del CC, según

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).

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el cual «Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
Sobre el particular, en la sentencia del 30 de mayo de 202422, esta Subsección
sostuvo:

89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación
recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167
del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional obligación
de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».

90. Asimismo, la doctrina23 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a
las normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que
encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el
cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».

44. Ahora bien, en torno a la orden de seguir adelante con la ejecución, en la
precitada providencia esta Sala reiteró:

93. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional24 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que
decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando
se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en
la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las
operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar
en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se
establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]»
[se resalta].

94. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un acto
procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se
puntualizó que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago
parcial que haya sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento
ejecutivo»25.

22
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
23
Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
24
Sentencia C-814 de 2009.
25
Óp. Cit. 14.

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Bomberos de Bogotá

95. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el mandamiento
ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después de este
momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el mandamiento] y, por
consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida en cuenta al momento
de liquidar el crédito.

96. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir adelante
con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la liquidación del crédito
con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará traslado a la otra parte, quien
«solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite
deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada», disposición
que, sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido proceso de las partes, pues,
si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del demandante, en el sentido de
descontar los abonos que hubiera efectuado.

97. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de actualizarla
en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la liquidación que
esté en firme».

98. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que (i) la
excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda; (ii)
cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá tomar
como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan efectuar
los descuentos correspondientes [por pagos parciales].

45. En este orden de ideas, la excepción de pago solo tendrá prosperidad en la
medida que se haya demostrado fehacientemente el pago de la obligación dineraria
por parte del deudor, por lo que, de no acreditarse su satisfacción total, se ordenará,
al momento de desestimar dicho medio exceptivo, seguir adelante con la ejecución,
para que en la etapa de liquidación del crédito se determinen los abonos realizados
durante el trámite ejecutivo y el valor del saldo insoluto.

3.7. Hechos probados relevantes

46. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos relevantes,
según se muestra a continuación:

47. Mediante sentencia del 23 de junio de 2015, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en Descongestión26, impuso las
siguientes condenas:

26
Samai, índice 3, ED_25000234200020230000(.zip), archivo
4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAPROCESOEJEC, pp. 19 a 47.

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Bomberos de Bogotá

TERCERO: Condenar al Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá, a que reconozca al señor WILSON ROJAS LÓPEZ,
[…], desde el 05 de julio de 2008, los siguientes factores:

a). Cincuenta horas (50) extras diurnas al mes, con fundamento en los artículos
36 a 38 del Decreto 1042 de 1978, acorde con la prueba documental allegada al
proceso, liquidadas sobre la base de 190 horas mensuales, siguiendo la fórmula
que se indicó en la parte motiva.

b) Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos laborados
por el actor, sobre la base de 190 horas mensuales y pagar las diferencias que
resulten a su favor, entre lo pagado por el Distrito por el sistema de recargos que
venía aplicando y los que surjan de la presente condena.

c). Reliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas al actor, con el valor
que surja por concepto de las diferencias en horas extras y dominicales y festivos,
dispuesta en los dos literales anteriores.

Las sumas que resulten adeudadas al demandante serán ajustadas en los términos
previstos en la parte motiva de esta providencia en cumplimiento de lo previsto por el
artículo 178 del C.C.A., con aplicación de la siguiente fórmula:

R = Rh × índice final
índice inicial

En la que el valor presente R se determina multiplicando el valor histórico (R.H.), que
es lo dejado de percibir por el demandante según lo expuesto en precedencia, por el
guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por
el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en
la fecha en que se causaron las sumas adeudadas.

Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes
por mes, teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ellos.
[…]

QUINTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo, según y se indicó en la motivación de esta
decisión [sic para toda la cita].

48. La sentencia de primera instancia fue confirmada por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, a través del fallo del 12 de diciembre de 201727, la
cual quedó ejecutoriada el 2 de febrero de 2018, según constancia secretarial28.

49. El 13 de junio de 2018 el ejecutante solicitó de la entidad demandada el
cumplimiento de las sentencias base de recaudo29.
27
Samai, índice 3, ED_25000234200020230000(.zip), archivo
4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAPROCESOEJEC, pp. 50 a 79.
28
Samai, índice 3, ED_25000234200020230000(.zip), archivo
4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAPROCESOEJEC, p. 79.
29
Samai, índice 3, ED_25000234200020230000(.zip), archivo
4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAPROCESOEJEC, pp. 89 y 90.

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50. En la Resolución 132 del 27 de febrero de 2018, la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos resolvió dar cumplimiento a los citados fallos a
favor del ejecutante y ordenó a la Subdirección de Gestión Humana realizar la
correspondiente reliquidación30.

51. A través de la Resolución 875 del 17 de diciembre de 2018, la entidad
demandada ordenó el pago de $ 69.721.151 por concepto de horas extras, recargos
y cesantías31, cuyo pago se realizó el 26 de diciembre de 201832.

3.8. Caso concreto.

52. Como se dejó anotado, de conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala
delimita su competencia, como juez de segunda instancia, a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada.

53. Precisado lo anterior, se tiene que el tribunal encontró no demostrada la
excepción de pago propuesta por la parte demandada; en consecuencia, ordenó
seguir adelante con la ejecución por (i) $ 34.818.024, correspondientes a las
diferencias no sufragadas por concepto de horas extras diurnas y recargos nocturnos,
dominicales y festivos; (ii) $ 3.184.307, referentes a la reliquidación de las cesantías,
suma que debía consignarse en el fondo al cual el ejecutante se encontraba afiliado;
(iii) $ 53.912.453,98, por concepto de intereses moratorios causados hasta el 30 de
septiembre de 2023, y (iv) los intereses moratorios que se causaran a partir del 1.° de
octubre de 2023 y hasta que se acreditara el pago total de la obligación, calculados
sobre el capital insoluto de $ 38.002.331, de conformidad con la Ley 1437 de 2011.

54. Por su parte, la entidad demandada, en su recurso de apelación, solicitó
revocar la decisión de primera instancia para que se declarara probada la excepción
de pago, porque, a su juicio, los recargos nocturnos, dominicales y festivos solo podían
reconocerse dentro de la jornada ordinaria de 190 horas mensuales y, una vez
superada esta y el límite de 50 horas extras diurnas remunerables, las horas restantes
debían compensarse con los días de descanso disfrutados por el ejecutante; en tal
sentido, los $ 69.721.151 ya pagados extinguieron la obligación y, por ende, no existía
capital insoluto sobre el cual pudieran causarse intereses moratorios adicionales.

55. Por lo tanto, el examen respecto de la providencia apelada se circunscribirá a
este reparo, en torno a la incidencia de la jornada ordinaria de 190 horas mensuales
y del tope de 50 horas extras en la liquidación del crédito.

56. Ahora bien, resulta oportuno advertir que en la sentencia de primera instancia,
que integra el título ejecutivo, se ordenó la liquidación de las 50 horas extras diurnas
y el reajuste de los recargos nocturnos, dominicales y festivos «sobre la base de 190

30
Samai, índice 3, ED_25000234200020230000(.zip), archivo
4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAPROCESOEJEC, pp. 91 a 95.
31
Samai, índice 3, ED_25000234200020230000(.zip), archivo
4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAPROCESOEJEC, pp. 113 a 117.
32
De acuerdo con lo afirmado en la demanda, lo cual no fue controvertido por la entidad accionada.

16

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
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horas mensuales», en cuya parte motiva se explicó que dicha jornada se encuentra
establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 (44 horas semanales); y en el
caso concreto se acreditó que el señor Wilson Rojas López «trabajó 360 horas
mensuales por el sistema de turnos (24 x 24) y si la jornada ordinaria es de 190 horas
mensuales, entonces el actor laboró 170 horas adicionales a la jornada ordinaria, es
decir, tiempo extra, de las cuales sólo se pueden pagar en dinero 50 horas extras al
mes».

57. El anterior criterio fue atendido por el tribunal en el fallo apelado, al indicar: «la
orden contenida en las sentencias que constituyen el título ejecutivo de recaudo es
clara al establecer que al señor Wilson Rojas López le asiste el derecho a que se
reconozcan a su favor 50 horas extras diurnas y a que se reliquiden los recargos
ordinarios nocturnos, festivos diurnos y festivos nocturnos tomando como base un
total de 190 horas mensuales y no de 240 horas, razón por la cual en la liquidación de
la obligación se están liquidando 50 horas extras al mes (excepto en los meses en los
que no se acreditaron) y se están reliquidando los recargos ya reconocidos por la
entidad pero tomando como base para calcular el factor hora un total de 190 horas
mensuales».

58. De igual modo, y en línea con el análisis realizado por esta Sala en la sentencia
del 13 de noviembre de 2025 en un asunto similar al presente33 —reiterado en fallos
del 26 de febrero34, 5 de marzo35 y 13 de agosto de 202636—, al revisar la liquidación
efectuada por el tribunal, para efectos de calcular las horas extras diurnas y los
recargos, se observa que se tomaron las asignaciones básicas de julio de 2008 a
enero de 2019 y las mismas cantidades de horas indicadas por la entidad demandada
en la certificación del 12 de julio de 202137, como a continuación se puede evidenciar
a manera de ejemplo para el año 2010:

• Certificación:

Mes/año Horas Recargos Recargos Recargos
laboradas ordinarios festivos festivos
mensuales nocturnos diurnos nocturnos
ENERO 2010 354 138 46 36
FEBRERO 2010 120 48 12 12
MARZO 2010 365 156 31 30
ABRIL 2010 300 116 26 30
MAYO 2010 379 144 49 42
JUNIO 2010 355 142 33 36
JULIO 2010 356 146 34 30

33
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2025, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2020-00043-02 (1223-2023).
34
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de febrero de 2026, proceso con radicado
25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023).
35
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 5 de marzo de 2026, proceso con radicado
25000-23-42-000-2020-00115-02 (0773-2023).
36
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 13 de agosto de 2026, procesos con
radicado 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023) y 25000-23-42-000-2021-00150-01 (3799-2022).
37
Samai, índice 3, ED_25000234200020230000(.zip), archivo
4_ED_EXPEDIENTE_03DEMANDAPROCESOEJEC, pp. 138 a 160.

17

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
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Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

AGOSTO 2010 352 132 46 42
SEPTIEMBRE 2010 360 156 24 24
OCTUBRE 2010 368 150 36 36
NOVIEMBRE 2010 360 144 44 36
DICIEMBRE 2010 352 150 24 24

Tabla 1: cuadro elaborado a partir de la información contenida en la certificación emitida por la
entidad demandada el 12 de julio de 2021.

• Liquidación realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

MES / TOTAL DE No. HORAS No. HORAS No. HORAS
AÑO HORAS CON CON CON
LABORADAS RECARGO RECARGO RECARGO
ORDINARIO FESTIVO FESTIVO
NOCTURNO DIURNO 200% NOCTURNO
35% 235%
ene-10 354 138 46 36
feb-10 120 48 12 12
mar-10 365 156 31 30
abr-10 300 116 26 30
may-10 379 144 49 42
jun-10 355 142 33 36
jul-10 356 146 34 30
ago-10 352 132 46 42
sept-10 360 156 24 24
oct-10 368 150 36 36
nov-10 360 144 44 36
dic-10 352 150 24 24

Tabla 2: cuadro parcialmente citado del contenido en la sentencia de primera instancia.

59. Asimismo, se aplicó el límite de 50 horas mensuales para efectos del
reconocimiento de las horas extras diurnas, tal como se ordenó en la sentencia de
primera instancia que integra el título ejecutivo, tanto es así que, por ejemplo, en
febrero de 2010 no se calculó valor alguno a favor del señor Wilson Rojas López; al
respecto, en dicha providencia se explicó:

4.4. Así mismo, se demostró que el actor se ha desempeñado en turnos de 24 horas
de labor por 24 horas de descanso remunerado, esto es, en una semana trabaja 3 días
y descansa 4, y en la siguiente, lo contrario, todo con la finalidad de prestar un servicio
ininterrumpido. De suerte que, en una semana laboró 72 horas y en la siguiente 96,
para un total de 360 horas mensuales.
[…]

De suerte que, como la jornada máxima laboral mensual de todo empleado público, es
de 190 horas, dable es concluir que se encuentra debidamente soportado que el actor
laboró en exceso 170 horas [mensuales].

En consecuencia, habrá de ordenarse el pago de 50 horas extras al mes, de
conformidad con lo previsto por el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, sin que exista
lugar, a reconocerle el compensatorio por las 120 horas restantes, toda vez que como
ya se indicó, el Consejo de Estado dejó en claro en el aludido fallo de unificación [del
12 de febrero de 2015, proceso con radicado 25000-23-25-000-2010-00725-01], que

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Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

éstos se entienden ya disfrutados, por virtud del especial sistema de turnos que prestó
el actor.

60. En torno a las fórmulas determinadas por las providencias base de recaudo en
este trámite, para establecer los recargos nocturnos (asignación básica / 190 x 35 %
x núm. horas laboradas), festivos diurnos (asignación básica / 190 x 200 % x núm.
horas laboradas) y festivos nocturnos (asignación básica / 190 x 235 % x núm. horas
laboradas), la Sala evidencia que se aplicaron de acuerdo con lo ordenado. Por
ejemplo, en relación con los primeros, en el período correspondiente a enero de 2010,
el tribunal calculó el siguiente monto:

Mes H. recargo nocturno V. recargo nocturno
ene-10 138 $ 293.326

61. Y la fórmula a aplicar, conforme al título ejecutivo, es la siguiente:

$ 1.153.871 / 190 x 35 % x 138 = $ 293.326,1

62. Lo mismo se advierte respecto de los recargos festivos diurnos, como a
continuación se muestra:

Mes H. trabajo dominical y festivo V. recargo dominical y festivo
ene-10 46 $ 558.716

Fórmula: $ 1.153.871 / 190 x 200 % x 46 = $ 558.716,4

63. Igualmente, con los recargos festivos nocturnos, como se observa en el
siguiente ejemplo:

Mes H. trabajo dominical y festivo V. recargo dominical y festivo
nocturno nocturno
ene-10 36 $ 513.776

Fórmula: $ 1.153.871 / 190 x 235 % x 36 = $ 513.776,2

64. Ahora bien, la Sala advierte que no le asiste razón a la entidad apelante cuando
afirma que el tribunal liquidó todas las horas laboradas en el mes como horas extras
o que desconoció la jornada máxima legal. En efecto, la providencia impugnada partió
de la jornada ordinaria de 190 horas mensuales prevista en el Decreto 1042 de 1978
para establecer el valor de la hora ordinaria y, con fundamento en el título ejecutivo,
reliquidó las diferencias derivadas de las horas extras diurnas y de los recargos por
trabajo nocturno, dominical y festivo.

65. En tal sentido, el argumento de la accionada, según el cual el tribunal liquidó
una jornada superior a la legalmente permitida, parte de la premisa de que la totalidad
de las horas laboradas durante cada mensualidad constituyen horas extras, cuando
el título ejecutivo distingue entre las horas extras diurnas y los recargos por trabajo

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Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
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Bomberos de Bogotá

nocturno, dominical y festivo, los cuales obedecen a supuestos jurídicos diferentes.

66. Por consiguiente, una cosa son las horas extras diurnas, cuyo pago fue limitado
expresamente a un máximo de 50 horas mensuales conforme a los artículos 36 y 38
del Decreto 1042 de 1978, y otra distinta son los recargos por trabajo nocturno,
dominical y festivo, respecto de los cuales la sentencia de primera instancia, objeto de
recaudo, ordenó únicamente su reajuste con base en el factor de liquidación de 190
horas mensuales, como jornada ordinaria. De ahí que las 190 horas constituyan el
parámetro para determinar el valor de la hora ordinaria y, por ende, la base de
liquidación de los recargos, mas no un límite para establecer cuáles horas generan
dichos conceptos.

67. De ahí que la reliquidación de los recargos no implique reconocer como horas
extras aquellas que excedieron el límite mensual previsto en el título ni desconocer
los descansos compensatorios derivados del sistema de turnos, pues se trata de
conceptos distintos: mientras aquel límite recae sobre las horas extras diurnas
susceptibles de pago, la condena ordenó reajustar separadamente los recargos
nocturnos, dominicales y festivos que habían sido reconocidos por la entidad.

68. Así las cosas, la providencia de primera instancia que constituye el título
ejecutivo no ordenó reconstruir la jornada mensual del demandante para determinar
qué horas hacían parte de las primeras 190 y cuáles excedían dicho límite, sino el
reconocimiento de las horas extras diurnas causadas —sin superar 50 mensuales—
y reajustar los recargos nocturnos, dominicales y festivos previamente reconocidos y
pagados, para cuya liquidación debía emplearse el factor correspondiente a la jornada
ordinaria de 190 horas mensuales. Por ello, el hecho de que en la liquidación se
hubieran tenido en cuenta todas las horas efectivamente laboradas para identificar los
distintos recargos no significa que todas ellas hubieran sido remuneradas como
trabajo suplementario.

69. De hecho, la revisión de la liquidación practicada por el tribunal permite
evidenciar que en ninguna mensualidad se reconocieron más de 50 horas extras
diurnas, razón por la cual no se desconoció, como lo alega la entidad apelante, el
límite previsto en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, en los términos dispuestos
en el título ejecutivo. La inconformidad de la recurrente surge de sumar indistintamente
las horas extras con las horas objeto de recargos nocturnos, dominicales y festivos,
pese a que corresponden a conceptos remuneratorios diferentes y con reglas de
reconocimiento distintas.

70. La interpretación propuesta por la entidad implicaría modificar el alcance del
título ejecutivo, pues supondría restringir el reajuste de los recargos únicamente a los
causados dentro de las primeras 190 horas de la jornada mensual; sin embargo, esa
limitación no fue establecida en ninguna de las sentencias objeto de ejecución, las
cuales ordenaron reliquidar los recargos previamente reconocidos con la base de 190
horas mensuales, como jornada ordinaria; en consecuencia, no le corresponde al juez
de la ejecución introducir restricciones que el título ejecutivo no determinó.

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Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

71. En este orden de ideas, el apelante incurre en una confusión entre la base de
liquidación y el hecho generador de los recargos; mientras la primera corresponde a
la jornada ordinaria de 190 horas mensuales fijada en el título ejecutivo, el segundo
está determinado por las horas efectivamente laboradas en horario nocturno,
dominical o festivo, previamente reconocidas por la administración y cuyo reajuste fue
ordenado en la sentencia de primera instancia. Por tanto, el hecho de que el
demandante hubiera laborado aproximadamente 360 horas al mes no significa que el
tribunal hubiese reconocido ese mismo número de horas como trabajo suplementario,
pues la liquidación respetó el límite de 50 horas extras diurnas mensuales y solo
reajustó los recargos en los términos del título ejecutivo.

72. En otras palabras, la referencia a las 190 horas mensuales contenida en el título
ejecutivo cumple la función de establecer el divisor para determinar el valor de la hora
ordinaria sobre el cual se calculan los respectivos recargos; no constituye, en los
términos de las sentencias objeto de ejecución, un límite al número de horas
nocturnas, dominicales o festivas previamente reconocidas que debían ser objeto de
reliquidación.

73. De igual modo, el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá, a través de su apoderado, tampoco planteó un reparo
concreto contra la liquidación que efectuó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca;
sin embargo, verificados los datos tomados y las fórmulas aplicadas en lo concerniente
al cálculo de las horas extras y los recargos, se advierte que coinciden con la
información suministrada por la entidad demandada y lo dispuesto en las sentencias
que integran el título ejecutivo.

74. En consecuencia, el tribunal aplicó correctamente la jornada ordinaria de 190
horas mensuales como base para la liquidación y respetó el límite de 50 horas extras
diurnas previsto en el título ejecutivo, por lo que el reparo formulado por la entidad
demandada no es de recibo38. Por la misma razón, tampoco prospera el
cuestionamiento frente a la causación de intereses moratorios, pues este se sustentó
en la inexistencia de un capital insoluto, supuesto que quedó desvirtuado.

75. Por último, cabe aclarar que, si bien la entidad demandada aportó copia de la
Resolución 709 del 12 de junio de 2024, con la cual, afirmó, dio «cumplimiento parcial
a la sentencia de primera instancia proferida el 6 de octubre de 2023 dentro del
proceso de la referencia», en la que reconoció por capital $ 46.591.579, será en la
etapa de liquidación del crédito en la que deberá establecerse el efecto que
corresponda atribuir a dicho acto, para lo cual, de conformidad con el artículo 1757 del
CC, la accionada deberá acreditar el pago efectivo de la suma allí reconocida. En caso
de demostrarse, deberá realizarse la correspondiente imputación y considerarse la
fecha en que se compruebe su materialización para determinar hasta cuándo se
causaron intereses moratorios.

38
En los mismos términos esta Subsección resolvió un caso en el que se planteó igual disconformidad, en
sentencia del 13 de agosto de 2026, proceso con radicado 25000-23-42-000-2021-00798-01 (3769-2023).

21

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
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3.9. Conclusión

76. La Subsección concluye que la liquidación realizada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en lo concerniente a las horas extras y los recargos,
se ajustó a lo dispuesto en las sentencias que integran el título ejecutivo; por lo tanto,
al no prosperar el reparo formulado por la entidad apelante, se confirmará la sentencia
que ordenó seguir adelante con la ejecución.

3.10. Costas

77. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario39 de la Subsección sobre el artículo 188 del
CPACA, consistente en que para decretar la condena en costas debe verificarse que
la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en
el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que
aquella haya incurrido en las anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 6 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, que ordenó seguir
adelante con la ejecución, por las razones indicadas en la parte motiva de esta
providencia.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,

39
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

22

Radicación: 25000-23-42-000-2023-00006-01 (7766-2023)
Demandante: Wilson Rojas López
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá

previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

23

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