República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2022-00015-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
26 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Demanda ejecutiva
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá
Tema: proceso ejecutivo. Subtema 1: providencia judicial como título ejecutivo.
Subtema 2: ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación. Subtema 3: excepción de pago.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por el Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, el 18 de octubre
de 2022, que declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con
la ejecución.
1. Síntesis del caso
El señor Camilo Sanín Cano Bedoya presentó demanda ejecutiva con el propósito de
obtener el pago del capital adeudado, con los respectivos intereses moratorios, por
concepto de la condena impuesta en las sentencias del 27 de mayo de 2014 y 3 de
agosto de 2017, proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el
Consejo de Estado, respectivamente, que ordenaron reconocer horas extras,
reajustes de los recargos nocturnos, dominicales y festivos y la reliquidación de las
cesantías, puesto que la entidad demandada calculó en forma errónea dicha
obligación, lo que causó un saldo insoluto. Dicho tribunal declaró no probada la
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución, al encontrar que la
accionada no sufragó el valor total de las diferencias adeudadas.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. Camilo Sanín Cano Bedoya, mediante apoderado, presentó demanda ejecutiva
el 11 de enero de 20221, en contra del Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de que se librara mandamiento de
pago en los siguientes términos:
PRIMERA: Librar Mandamiento Ejecutivo de Pago en contra BOGOTÁ D.C.- UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ, y a
favor del señor CAMILO SANÍN CANO BEDOYA, por la suma de CINCUENTA Y
OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
PESOS ($58.121.856), Mcte., por concepto de capital pendiente de cancelar por la
UAECOB, al liquidar, reliquidar y ordenar pagar, en forma parcial e incompleta, por el
período comprendido entre el 05 de julio de 2009 y el 31 de julio de 2018, la suma de
cincuenta y siete millones quinientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y siete
pesos ($57.592.357) Mcte, que corresponden cincuenta y dos millones ochocientos
ochenta y nueve mil seiscientos noventa y seis pesos ($52.889.696) Mcte, por
concepto de liquidación de horas extras y reliquidación de recargos, adicionalmente
cuatro millones setecientos dos mil seiscientos sesenta y un pesos ($4.702.661) Mcte,
por concepto de reliquidación de cesantías, dando alcance a la Resolución No. 693 de
2017, cuando la liquidación conforme con los parámetros de las sentencias de primera
y segunda instancia que se ejecutan, entre el 05 de julio de 2008 (acorde con el auto
del Consejo de Estado que corrigió la sentencia de segunda instancia), al 31 de enero
de 2019, es de ciento quince millones setecientos catorce mil doscientos trece pesos
($115.714.213) Mcte, capital indexado, liquidación que se allega, y que fue realizada
conforme con lo ordenado en la sentencia de segunda instancia proferida el 3 de
agosto de 2017, por el Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda- Subsección “A”, dentro del proceso de Acción de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho con Radicado No. 25000232500020120103501, y en el
auto del 28 de septiembre de 2017, que corrigió esta sentencia; demandante CAMILO
SANÍN CANO BEDOYA. Ver folios 101 a 116, de los anexos.
SEGUNDA: Incluir además en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar
la suma de dinero de quince millones cuatrocientos cuarenta mil seiscientos trece
pesos ($15.440.603) Mcte., por los intereses moratorios, sobre el capital pagado de
cincuenta y siete millones quinientos noventa y dos mil trescientos cincuenta y siete
pesos ($57.592.357) Mcte., que corresponden cincuenta y dos millones ochocientos
ochenta y nueve mil seiscientos noventa y seis pesos ($52.889.696) Mcte, por
concepto de liquidación de horas extras y reliquidación de recargos, adicionalmente
cuatro millones setecientos dos mil seiscientos sesenta y un pesos ($4.702.661) Mcte,
por concepto de reliquidación de cesantías., desde el día siguiente a la ejecutoria de
la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección ‘A”, es decir, desde el 21 de noviembre
1 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2 y 3.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
de 2017, ya que la fecha de ejecutoria de dicha sentencia fue el 20 de noviembre de
2017 hasta la fecha del pago parcial e incompleto mencionado, es decir hasta el 23 de
noviembre de 2018, liquidados a la tasa máxima autorizada por la Superintendencia
Financiera, obrante en la certificación que se allega con la demanda. Ver folios 117 y
118, de los anexos.
TERCERA: Incluir también en el mandamiento de pago la orden de reconocer y pagar
los intereses moratorios sobre el capital insoluto o pendiente de cancelar, es decir,
sobre CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS ($58.121.856), Mcte, desde el día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia proferida por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, es decir, desde el 21 de noviembre
de 2017, hasta la fecha del pago total de la obligación, liquidados a la tasa máxima
autorizada por la Superintendencia Financiera, obrante en la certificación que se allega
con la demanda.
CUARTA: Condenar en costas y en agencias en derecho a la Entidad demandada,
teniendo en cuenta que la entidad se negó sin justificación alguna, al reconocimiento
y pago oportuno, de la totalidad de los derechos del ejecutante, ordenados en las
sentencias que se ejecutan, pese a las reiteradas peticiones en ese sentido; acorde
con lo consagrado en los artículos 188 y 306, de la Ley 1437 de 2011; en concordancia
con el artículo 365 y 366, del Código General del Proceso y demás normas vigentes
[sic para toda la cita].
2.2. Trámite procesal en primera instancia
2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
libró mandamiento de pago en auto del 10 de junio de 20222, en los siguientes
términos:
PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO a favor del señor Camilo Sanín
Cano Bedoya y en contra del Distrito Capital- Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Oficial de Bomberos por las siguientes sumas:
Por la suma de cuarenta y dos millones ciento veintiséis mil ochocientos setenta y un
pesos ($42.126.871), valor que corresponde a las diferencias no canceladas por
concepto de horas extras, recargos nocturnos y recargos dominicales ordenadas en
las sentencias proferidas por esta Corporación y por el H. Consejo de Estado los días
27 de mayo de 2014 y 3 de agosto de 2017.
Por la suma de tres millones novecientos tres mil novecientos doce pesos ($3.903.912)
por concepto de cesantías, los cuales deberán ser consignados en el fondo de
cesantías al que se encuentra afiliado el ejecutante.
Por la suma de cuarenta y siete millones ochocientos cincuenta y cuatro mil
cuatrocientos diecinueve pesos con setenta y nueve centavos ($47.854.419,79) que
corresponden a los intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia
hasta el 31 de mayo de 2022.
2 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivo en PDF núm. 15.
3
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
Por los intereses moratorios que se generen desde el 1 de junio de 2022 hasta la fecha
en que se dé cumplimiento integral a la sentencia, los cuales deberán ser calculados
sobre las sumas que aún se adeudan por concepto de horas extras, recargos
nocturnos, dominicales y festivos y cesantías, (esto es, por $46.030.783), aplicando
como tasa de interés el 1,5 veces del interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Financiera.
[…]
2.3. Contestación de la demanda
3. El Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá3, a través de apoderado, propuso las siguientes excepciones:
4. Excepción de pago, por cuanto dio estricto cumplimiento a la orden judicial
materia de recaudo, mientras que la liquidación desconoció el límite que debe
atenderse de 190 horas, correspondiente a la jornada máxima legal, para luego
verificar la procedencia frente al reconocimiento de las 50 horas extras diurnas, de
modo que en ningún momento era posible tener las 360 horas como jornada y de allí
calcular horas nocturnas, dominicales y festivas (diurnas y nocturnas).
5. Afirmó que tampoco debe reconocerse la reliquidación de «las supuestas 120
horas adicionales que solicita el ejecutante (360-190-50=120)», puesto que fueron
atendidas con tiempo compensatorio, en razón a que el ejecutante disfrutó quince (15)
días mensuales de descanso. Por lo tanto, aclaró que la demandada ya había pagado
todos los anteriores conceptos, solo que con un común denominador de 240 horas
mensuales, por ende, conforme al fallo judicial solo se adeudaba la diferencia, en
virtud de su reliquidación sobre 190 horas; respecto de lo cual deberá ordenarse la
deducción frente a los aportes pensionales.
6. Excepción que denominó obligación de pagar intereses de mora, toda vez que
el título ejecutivo no determinó el pago por ese concepto, máxime cuando en este
tampoco se estableció una cuantía exacta de la obligación; no obstante, pidió tener
en consideración la normativa vigente al momento de su causación.
7. Excepción de compensación, respecto de la cual adujo que solo adeudaba la
diferencia generada al haber liquidado inicialmente sobre el común denominador de
240 horas mensuales, los cuales, conforme al título ejecutivo, se debían calcular sobre
190 horas; por ende, «resulta totalmente disparatado considerar como trabajado una
jornada de 360 horas y proceder a liquidar esa cantidad, estableciendo dentro de ese
periodo jornadas nocturnas, dominicales, festivas (diurnas y nocturnas) y horas extras
(en periodo ordinario, nocturno, dominical y festivo)»; adicionalmente, solo era
procedente el pago de horas extras diurnas.
8. Mediante auto del 12 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dispuso correr traslado de las excepciones de pago y compensación,
3 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), carpeta, archivo 25000234200020220001500
EXCEPCIONES UAECOB.
4
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
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mientras que la de «obligación de pagar intereses de mora» la rechazó por
improcedente4.
9. Al correrse el traslado de las excepciones, el ejecutante presentó escrito en el
que advirtió que la demandada hizo aseveraciones generales sin soporte alguno ni
referirse puntualmente al cuadro comparativo adjuntado a la demanda, en el que se
analizaba la razón por la cual la accionada no cumplió lo ordenado en el título
ejecutivo, por lo que el calificativo de equivocado que señaló el apoderado respecto
del mandamiento de pago carecía de sustento y las excepciones de pago y
compensación no tendrían vocación de prosperidad5.
2.4. Sentencia de primera instancia
10. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E,
en la sentencia del 18 de octubre de 20226, resolvió:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de pago propuesta por el Distrito
Capital- Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos conforme lo
expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: ORDENAR SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN a favor del señor
Camilo Sanín Cano Bedoya y en contra del Distrito Capital- Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos por las siguientes sumas:
Por cuarenta y dos millones ciento veintiséis mil ochocientos setenta y un pesos
($42.126.871), valor que corresponde a las diferencias no canceladas por concepto de
horas extras, recargos nocturnos y recargos dominicales ordenadas en las sentencias
proferidas por esta Corporación y por el H. Consejo de Estado los días 27 de mayo de
2014 y 3 de agosto de 2017.
Por tres millones novecientos tres mil novecientos doce pesos ($3.903.912) por
concepto de cesantías, los cuales deberán ser consignados en el fondo de cesantías
al que se encuentra afiliado el ejecutante.
Por la suma de cincuenta y un millones ochocientos veintiocho mil seiscientos
cincuenta y dos pesos con trece centavos ($51.828.652,13) que corresponden a los
intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 30 de
septiembre de 2022.
Los intereses moratorios seguirán causándose a partir del 1º de octubre de 2022 y
hasta que se pruebe el pago total de la obligación, tomando como base tomando lo
que se adeudan por concepto de horas extras, recargos nocturnos, dominicales y
festivos y cesantías, (esto es, por $46.030.783), aplicando como tasa de interés el 1,5
veces del interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera
4
Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivo en PDF núm. 20.
5 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivo en PDF núm. 23.
6 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivo en PDF núm. 25.
5
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
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TERCERO: ORDENAR la realización de la liquidación del crédito, la cual deberá
efectuarse conforme las previsiones del artículo 446 del C. G. P.
CUARTO: NO CONDENAR en costas.
11. Consideró que, en atención al certificado de salarios, horas laboradas y
recargos reconocidos al señor Camilo Sanín Cano Bedoya desde el 5 de julio de 2008
hasta el 31 de enero de 2019, se estableció que la suma total de $ 230.317.452 debió
sufragarse por concepto de horas extras (50 horas diurnas mensuales) y recargos
nocturnos, recargos festivos diurnos y recargos festivos nocturnos durante tal período,
en aplicación de la fórmula señalada por el Consejo de Estado —con el factor hora
determinado a partir de la división de la asignación básica mensual sobre 190 horas
mensuales—.
12. Aclaró que la demandada pagó los recargos nocturnos, festivos diurnos y
festivos nocturnos durante dicho período, con base en el factor hora sobre una jornada
máxima de 240 horas y no de 190, para un total de $ 141.856.729, por lo que,
descontados los valores reconocidos por la entidad, el monto adeudado, en virtud de
las sentencias que comportan título ejecutivo, era de $ 103.278.877.
13. No obstante, precisó que, de conformidad con los artículos 1.º del Decreto
1158 de 1994 y 33 de la Ley 1393 de 2010, debía descontarse lo atinente a los
porcentajes que le correspondían al trabajador por aportes a salud y pensión (por valor
de $ 8.262.310), lo que arrojaba un total a reconocer a favor del ejecutante por horas
extras y recargos de $ 95.016.567.
14. Advirtió que la entidad demandada, mediante las resoluciones 693 del 27 de
septiembre de 2017, 96 del 7 de febrero de 2018 y 739 del 6 de noviembre de 2018,
reconoció a favor del ejecutante la suma de $ 52.889.696 por horas extras y
reliquidación de recargos nocturnos, que pagó el 22 de noviembre de 2018, motivo
por el cual el capital adeudado por esos conceptos era de $ 42.126.871; por
consiguiente, no le asistía razón a la accionada en la excepción de pago propuesta.
15. Por otro lado, en relación con las cesantías, arguyó que debió concederse en
el valor de $ 8.606.573, conforme a las sumas adeudadas para los años 2008 a 2019
por horas extras y reliquidación de recargos nocturnos, dominicales y festivos; por
ende, al haber sufragado $ 4.702.661 por aquel concepto el 24 de diciembre de 2018,
aún adeudaba al actor el monto de $ 3.903.912.
16. En lo concerniente a los intereses moratorios, explicó que correspondían a los
causados sobre las diferencias adeudadas desde el 5 de julio de 2008 hasta el 20 de
noviembre de 2017 ($ 90.967.619), que variaban a partir del 22 de noviembre de 2018
a $ 38.077.923 (dado el pago de la entidad por $ 52.889.696) y desde el 24 de
diciembre de 2018 a $ 33.375.262 (en razón a la consignación por $ 4.702.661 por
cesantías). »», se liquidaron entre el 21 de noviembre de 2017 (día siguiente a la
ejecutoria de la sentencia) y el 21 de febrero de 2018 (fecha de vencimiento de los
tres primeros meses) y del 9 de marzo de 2018 (fecha en la que se presentó la solicitud
6
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
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de cumplimiento) y al 30 de septiembre de 2022 (mes anterior al de la expedición de
este fallo), cuyo resultado arrojó la cuantía de $ 39.251.784,42.
17. De igual modo, calculó los intereses causados sobre las diferencias generadas
con posterioridad a la ejecutoria de la sentencia (21 de noviembre de 2017 a 31 de
enero de 2019), para lo cual tuvo en cuenta los anteriores períodos de liquidación, de
lo que resultó un monto de $ 12.576.867,71.
18. Concluyó que las sumas adeudadas fueron las siguientes:
RESUMEN
Por horas extras, recargos nocturnos y recargos $42.126.871
dominicales
Cesantías $3.903.912
Intereses moratorios $51.828.652,13
Suma total adeudada $97.859.435,13
19. Por último, advirtió que los intereses moratorios se seguirían causando hasta
que se verificara el pago total de la obligación a partir del 1.º de octubre de 2022, para
lo cual se tomaría como base lo que se adeuda por concepto de horas extras, recargos
nocturnos, dominicales y festivos y cesantías, esto es, $ 46.030.783, «aplicando como
tasa de interés el 1,5 veces del interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Financiera».
2.5. Recurso de apelación
20. El Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
de Bogotá, mediante su apoderado, interpuso recurso de apelación7 para que se
revocara la sentencia de primera instancia y se declarara la excepción de pago total
de la obligación, como quiera que con el pago realizado por la entidad se satisfizo la
condena impuesta en el título ejecutivo.
21. Estimó que el tribunal, al liquidar los recargos, superó la jornada de 44 horas
semanales sobre la base de 190 horas permitida, con desconocimiento de la
jurisprudencia del Consejo de Estado; por lo tanto, debió observarse lo dispuesto en
los artículos 34, 35 y 39 del Decreto 1042 de 1978, «por lo que la reliquidación de
tales conceptos no puede superar la jornada ordinaria, debido a que aquellas horas
que la superaren deben ser atendidas con los descansos compensatorios que fueron
debidamente acreditados».
22. Por otra parte, solicitó modificar el fallo apelado en relación con los aportes en
salud, porque «no tienen una incidencia futura y, tampoco, se presentó riesgo alguno
en el periodo en los que se causó ese salario, razón por la cual […] no se debe ordenar
su pago conforme a lo dispuesto, por ejemplo, en la decisión de segundo grado
adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Segunda,
Subsección “C”, sentencia del día 19 de agosto de 2020, radicación:
7 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivo en PDF núm. 27.
7
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
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11001334205620180020001 […]», en la que se anotó que «[…] si en su momento el
contratista realizó las cotizaciones con destino a salud obtuvo la cobertura en ese
momento y se garantizó su derecho, y en consecuencia la Sala observa que se
cumplió con la finalidad de los aportes […]».
2.6. Trámite procesal en segunda instancia
23. Mediante auto del 7 de septiembre de 20238, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante
CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
24. El señor Camilo Sanín Cano Bedoya, por conducto de su apoderado, se
pronunció respecto del recurso de apelación interpuesto por la demandada. Expresó
que, en efecto, lo que se ordenó en las sentencias base de recaudo fue el reajuste de
los recargos nocturnos, dominicales y festivos sobre el factor de 190 horas mensuales,
mas no de 240, como la entidad accionada lo efectuaba, por lo que se adeudaban las
correspondientes diferencias y, en tal sentido, no le asistiría razón al apelante9.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con
el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el
fallo de primera instancia y en razón a la competencia del juez de segunda instancia,
de conformidad con el artículo 32810 del Código General del Proceso (CGP),
corresponde a la Sala definir si:
27. ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca tuvo en cuenta la base de
liquidación o el límite de 190 horas como jornada máxima legal y las 44 horas
semanales?
8 Samai, índice 8.
9 Samai, índice 13.
10 Código General del Proceso, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba
adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación
de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
8
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
28. ¿No es dable descontar los aportes al sistema de seguridad social en salud,
calculados sobre las diferencias causadas a favor del ejecutante, por cuanto no tienen
incidencia futura?
29. Para resolver los anteriores interrogantes, la Sala abordará los siguientes
temas: (i) disposiciones generales sobre el recurso de apelación; (ii) ámbito de
competencia del juez de segunda instancia en el trámite del recurso de apelación, (iii)
formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones contenidas en
una providencia judicial, (iv) la carga probatoria en los procesos ejecutivos y la
excepción de pago. A partir de las anteriores consideraciones, (v) se destacarán los
hechos probados relevantes y (vi) en el acápite del caso concreto se resolverán los
problemas jurídicos planteados.
3.3. Disposiciones generales sobre el recurso de apelación
30. El CGP establece en su artículo 320 que «el objeto del recurso de apelación es
que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos
concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la
decisión».
31. Por su parte, el artículo 322 del mismo código dispone que «cuando se trate de
apelación de sentencia, el apelante al interponer el recurso en audiencia, si hubiere
sido proferida en ella o dentro de los tres días siguientes a su finalización o a la
notificación de la que hubiere sido dictada por fuera de audiencia, deberá precisar
brevemente los reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará
la sustentación que hará ante el superior».
32. Ahora bien, para que se cumpla la finalidad del recurso de apelación, es
necesario que el recurrente supla la carga procesal de argumentar los motivos de
inconformidad con la decisión que está impugnando, los cuales analizará el juez de
segunda instancia para determinar la legalidad de ésta y decidir si la confirma, revoca
o modifica.
33. En ese sentido, esta corporación ha señalado que «la sustentación es la
oportunidad o el medio para que la recurrente manifieste los motivos de inconformidad
con la decisión, pero en los aspectos que fundamentaron su posición, como
demandante o como demandada, en el debate judicial, y sobre los cuales el a quo se
pronunció de manera adversa o simplemente no se pronunció»11.
34. Igualmente, se ha estimado que «la debida sustentación del recurso materializa
el debido proceso, teniendo en cuenta que la decisión que debe adoptar el tribunal de
instancia, necesariamente, debe guardar congruencia con lo resuelto por el juez de
primera instancia, razón por la cual los argumentos que se presenten en el recurso de
apelación son los que eventualmente darán lugar a que la providencia sea confirmada,
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Cuarta, providencia del 4 de marzo de 2010,
proceso con radicado 25000-23-27-000-1999-00875-01(15328).
9
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
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revocada o modificada, según el caso»12. Tal y como lo precisó la Corte Constitucional
en la sentencia SU-418 de 2019:
La apelación no debe convertirse en el instrumento a través del cual se pretende probar
suerte ante el juez superior, sino que solo debería acudirse a ella en aquellos
supuestos en los que existan elementos sólidos que den cuenta de que el juzgado de
primera instancia incurrió en una equivocación. Eso explica por qué se exige que la
apelación deba ser sustentada
35. Esta exigencia de sustentación deviene del contenido del artículo 328 del CGP
que como quedó visto, limita la competencia del juez de segunda instancia para
resolver el recurso. Ello, porque, no le corresponde al fallador asumir cargas ni
tampoco interpretar el querer de las partes, ni mucho menos ajustar los argumentos
para poder efectuar el análisis de la providencia recurrida. Quien controvierte una
decisión debe poner en conocimiento del juez las razones que, en su criterio, la dejan
sin fundamento; debe controvertir los fundamentos de hecho y de derecho que le
sirvieron de sustento, no solo porque la decisión fue contraria a sus intereses sino
porque existe una razón válida que le hace concluir que lo decidido no fue acertado al
no corresponder a la realidad procesal.
3.4. Ámbito de competencia del juez de segunda instancia en el trámite del
recurso de apelación
36. El artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA,
limita el pronunciamiento del juez de segunda instancia «solamente a los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio,
en los casos que establece la ley».
37. Así las cosas, la competencia en esta instancia queda demarcada por los
reparos concretos que el apelante expone en el recurso contra la providencia que
considera adversa. Así, se ha precisado que «el marco conformado por la providencia
y el recurso de apelación es el parámetro que limita la decisión judicial de segunda
instancia y, en esa medida, el superior no tiene la libertad de suponer otros motivos
que a su juicio debieron ser invocados en contra de lo resuelto»13.
3.5. Formulación de excepciones cuando se trata de cobro de obligaciones
contenidas en una providencia judicial
38. La formulación de excepciones debe someterse a las reglas previstas en el
artículo 442 del CGP, que en su numeral 2 establece: «cuando se trata de cobro de
obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por
quien ejerza función jurisdiccional, solamente podrán alegarse las excepciones de
pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción,
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25
de marzo de 2021, proceso con radicado 76001-23-33-000-2016-01266-01 (5266-2018).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 25
de julio de 2024, proceso con radicado 05001-23-33-000-2018-00159-02 (3607-2022).
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
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siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad
por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de
la cosa debida».
39. En consecuencia, las únicas excepciones que pueden proponerse cuando el
título ejecutivo lo constituye una sentencia judicial, son las enunciadas en la norma
citada.
3.6. La carga probatoria en los procesos ejecutivos y la excepción de pago.
Reiteración jurisprudencial14
40. Sea lo primero precisar que, de conformidad con el numeral 1 del artículo 1625
del Código Civil (CC), el pago es una forma de extinción de las obligaciones, al
preceptuar:
Artículo 1625. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes
interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla
por nula.
Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte:
1° Por la solución o pago efectivo;
[...]
41. La anterior disposición normativa en armonía con los artículos 1626 y 1627 del
CC, los cuales, en su orden, prevén que el pago efectivo «es la prestación de lo que
se debe» y este se hará «bajo todos los respectos en conformidad al tenor de la
obligación, sin perjuicio de lo que en los casos especiales dispongan las leyes»;
además de que el artículo 1649 del mismo Código establece que «El pago total de la
deuda comprende el de los intereses e indemnizaciones que se deban».
42. De tales normas se colige que la obligación se extinguirá únicamente cuando
se cumpla en su integridad, es decir, cuando se pague al acreedor no solo el capital,
sino también los intereses cuando exista retardo, por lo que el deudor deberá acreditar
ante el juez el documento que evidencie, sin ningún atisbo de duda, la entrega del
correspondiente dinero al acreedor, de conformidad con el artículo 1757 del CC, según
el cual «Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
Sobre el particular, en la sentencia del 30 de mayo de 202415, esta Subsección
sostuvo:
89. De esa manera, la carga probatoria para acreditar el cumplimiento de la obligación
recae exclusivamente en la parte ejecutada, pues los artículos 103 del CPACA y 167
del Código General del Proceso, establecen que «[q]uien acuda ante la Jurisdicción
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 30 de mayo de 2024, proceso con radicado
25000-23-42-000-2016-02688-01 (0230-2022).
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de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional obligación
de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código» y,
también que «incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen».
90. Asimismo, la doctrina16 ha señalado que, en los procesos ejecutivos, «[a]l
demandado le corresponde la carga de probar los hechos que sirven de supuesto a
las normas legales en que fundamenta sus excepciones», consideración que
encuentra razón, precisamente, en el artículo 1757 del Código Civil, conforme con el
cual «[i]ncumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquellas o ésta».
43. Ahora bien, en torno a la orden de seguir adelante con la ejecución, en la
precitada providencia esta Sala reiteró:
93. Entonces, la naturaleza de esta decisión se circunscribe a verificar que el título
ejecutivo se ajuste a la legalidad y a determinar si subsiste o no la obligación a cargo
del deudor; es en la etapa siguiente, esto es la liquidación del crédito, que se
determinará con exactitud el monto de la deuda y se podrán tener en cuenta los
abonos o pagos efectuados. Así lo comprendió la Corte Constitucional17 cuando
indicó que, en ese momento procesal «(i) ya se ha proferido un mandamiento de pago
en el que se ha señalado la suma adeudada; (ii) ya existe una sentencia en firme que
decide en el fondo sobre la existencia de dicha obligación y el momento desde cuando
se hizo exigible; y (iii) también está plenamente establecido el monto de la deuda en
la unidad monetaria en la que fue contraída dicha obligación. Así las cosas, las
operaciones que restan para liquidar el crédito son la determinación del monto a pagar
en moneda nacional, si es el caso, y el cálculo del valor de los intereses, que se
establece a partir del tiempo trascurrido desde que la obligación se hizo exigible [...]»
[se resalta].
94. Igualmente, esta Subsección ha señalado que la liquidación del crédito «es un acto
procesal encaminado a precisar y concretar el valor de la ejecución, con la previa
realización de las operaciones matemáticas que se requieran e incluyendo los distintos
ítems o componentes por los cuales se libró el mandamiento de pago y luego se ordenó
seguir adelante con la ejecución -capital, intereses, costas, etc.-»; también se
puntualizó que en esta oportunidad «deberá incluirse cualquier abono o pago
parcial que haya sido efectuado por el deudor luego de ser notificado del mandamiento
ejecutivo»18.
95. Esto, en consonancia con lo expuesto en párrafos anteriores: las excepciones
señaladas en el artículo 442 del CGP solo se alegarán cuando se trate de hechos
posteriores a la sentencia condenatoria pero antes de que se profiera el mandamiento
ejecutivo. Si el acto administrativo y la liquidación se expiden después de este
momento procesal, se tendrá como el cumplimiento a aquel [el mandamiento] y, por
consiguiente, como un abono a la deuda que deberá ser tenida en cuenta al momento
de liquidar el crédito.
16
Devis Echandía Hernando. Teoría general de la prueba judicial, Tomo II, Ed. 5ª, Temis, pág. 482.
17 Sentencia C-814 de 2009.
18 Óp. Cit. 14.
12
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96. El artículo 446 del estatuto procesal general prevé que, después de seguir adelante
con la ejecución, «cualquiera de las partes» podrá presentar la liquidación del crédito
con los documentos que la sustenten y, de esta, se dará traslado a la otra parte, quien
«solo podrá formular objeciones relativas al estado de cuenta, para cuyo trámite
deberá acompañar, so pena de rechazo, una liquidación alternativa en la que se
precisen los errores puntuales que le atribuye a la liquidación objetada», disposición
que, sin asomo de duda, garantiza los derechos al debido proceso de las partes, pues,
si es del caso, la entidad podrá objetar los cálculos del demandante, en el sentido de
descontar los abonos que hubiera efectuado.
97. Incluso, esa garantía se extiende en la etapa que le sigue, pues el artículo citado
también dispuso que de la misma manera se procederá cuando se trate de actualizarla
en los casos previstos en la ley, «para lo cual se tomará como base la liquidación que
esté en firme».
98. Las consideraciones anotadas anteriormente permiten corroborar que (i) la
excepción de pago procederá cuando la obligación se cumplió después de haberse
proferido la sentencia objeto de recaudo y antes de la presentación de la demanda; (ii)
cuando se trate de pagos realizados después de esa etapa procesal, se deberá tomar
como un abono; y (iii) nada impide que en la liquidación del crédito se puedan efectuar
los descuentos correspondientes [por pagos parciales].
44. En este orden de ideas, la excepción de pago solo tendrá prosperidad en la
medida que se haya demostrado fehacientemente el pago de la obligación dineraria
por parte del deudor, por lo que, de no acreditarse su satisfacción total, se ordenará,
al momento de desestimar dicho medio exceptivo, seguir adelante con la ejecución,
para que en la etapa de liquidación del crédito se determinen los abonos realizados
durante el trámite ejecutivo y el valor del saldo insoluto.
3.7. Hechos probados
45. En el plenario obran las pruebas que dan cuenta de los hechos, según se
muestra a continuación:
46. Mediante sentencia del 27 de mayo de 2014, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E en Descongestión19, impuso las
siguientes condenas:
SEGUNDO: Declarar la nulidad de los actos administrativos sometidos a control:
Oficio radicado 2011EE5100 del 22 de agosto de 2011 y de la Resolución Nº 693
del 3 de noviembre de 2011, del Director de la Unidad Administrativa Especial del
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva.
Condenar al Distrito Capital- Secretaría de Gobierno- Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a que liquide las horas extras,
diurnas y nocturnas, compensatorios, festivos y dominicales y recargo ordinario
nocturno que hubiere laborado el señor CAMILO SANÍN CANO BEDOYA, identificado
19 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2, pp. 21 a 49.
13
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con la cédula de ciudadanía No. 80.067.730, desde el 5 de julio de 2008 al 20 de
febrero de 2013, con fundamento en los artículos 33, 35, 36 y 39 del Decreto 1042 de
1978, deduciendo para tal efecto los días de descanso remunerado, vacancias,
licencias, permisos y demás situaciones administrativas que se le hayan presentado
al trabajador, con la precisión jurisprudencial en torno al tema del compensatorio de
dominicales y festivos, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva, y cancele
la diferencia que surja entre los valores cancelados por el sistema que venía aplicando
la entidad demandada y la orden que aquí se impone.
Si el citado cruce de cuentas genera un remanente a favor de la entidad demandada,
se deberá dar aplicación a lo previsto en el inciso final del numeral 2º del artículo 136
del C.C.A., pues aquellas sumas que se le pagaron al actor, se entienden percibidas
de buena fe.
Así mismo, se condena a la demandada a reliquidar las primas de servicios,
vacaciones y de navidad, las cesantías y demás factores salariales y prestacionales
causados por el demandante, en el referido período, teniendo en cuenta los mayores
valores que se causen por virtud del presente fallo, de conformidad con lo previsto por
el artículo 45 del Decreto Ley 1045 de 1978, y a pagar las diferencias que resulten de
tal reliquidación.
Las sumas que resulten adeudadas al demandante serán ajustadas en los términos
previstos en la parte motiva de esta providencia en cumplimiento de lo previsto por el
artículo 178 del C.C.A., con aplicación de la siguiente fórmula:
R = Rh x índice final
índice inicial
[…]
CUARTO: La entidad demandada deberá dar cumplimiento a los artículos 176 y 177
del Código Contencioso Administrativo, según y se indicó en la motivación de esta
decisión. [sic para toda la cita]
47. La precitada providencia fue confirmada parcialmente por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, a través del fallo del 3 de agosto de 201720,
en los siguientes términos:
Primero: REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección E, Sala de Descongestión el día 27 de mayo de 2014. En su lugar se
ordena lo siguiente:
«Segundo: Condenar al Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos de Bogotá, a reconocer, liquidar y pagar a favor del señor
Camilo Sanín Cano Bedoya, desde el 5 de julio de 2009 y hasta el cumplimiento
de este fallo si el demandante continúa como miembro activo del Cuerpo Oficial
de Bomberos Bogotá, o en caso contrario, hasta el día en que se retiró del servicio:
(a) Cincuenta (50) horas extras diurnas laboradas mensualmente; (b) los recargos
20 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2, pp. 52 a 83.
14
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nocturnos por las horas trabajadas entre las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m.; (c) el
reajuste de los dominicales y festivos laborados y d) la reliquidación de las
cesantías con la inclusión de los valores que aquí se ordenan pagar.
La liquidación de estos conceptos será calculada con base en el número de horas
de la jornada ordinaria mensual (190). La entidad pagará al demandante la
diferencia que resulte de calcular lo debido y lo que ha pagado a este por tales
ítems.
Se niega el reconocimiento de la reliquidación de las prestaciones sociales (primas
de servicios, vacaciones y de navidad) del señor Camilo Sanín Cano Bedoya de
conformidad con la parte considerativa de esta sentencia.
Segundo: Confirmar en lo demás la sentencia impugnada.
Tercero: Sin costas.
48. Por medio de auto del 28 de septiembre de 2017 21, esta corporación corrigió el
ordinal segundo de la parte decisoria del fallo citado anteriormente, el cual quedó así:
Segundo: Condenar al Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos de Bogotá, a reconocer, liquidar y pagar a favor del señor Camilo Sanín
Cano Bedoya, desde el 5 de julio de 2008 y hasta el cumplimiento de este fallo si
el demandante continúa como miembro activo del Cuerpo Oficial de Bomberos
Bogotá, o en caso contrario, hasta el día en que se retiró del servicio: (a) Cincuenta
(50) horas extras diurnas laboradas mensualmente; (b) los recargos nocturnos por las
horas trabajadas entre las 6:00 p.m. a las 6:00 a.m.; (c) el reajuste de los dominicales
y festivos laborados y d) la reliquidación de las cesantías con la inclusión de los valores
que aquí se ordenan pagar.
La liquidación de estos conceptos será calculada con base en el número de horas de
la jornada ordinaria mensual (190). La entidad pagará al demandante la diferencia que
resulte de calcular lo debido y lo que ha pagado a este por tales ítems.
Se niega el reconocimiento de la reliquidación de las prestaciones sociales (primas de
servicios, vacaciones y de navidad) del señor Camilo Sanín Cano Bedoya de
conformidad con la parte considerativa de esta sentencia.
49. La anterior providencia quedó ejecutoriada el 20 de noviembre de 2017, según
constancia secretarial22.
50. El 9 de marzo de 2018 el ejecutante solicitó de la entidad demandada el
cumplimiento de las sentencias base de recaudo23.
51. En la Resolución 693 del 27 de septiembre de 2017, la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos resuelve dar cumplimiento a los citados fallos a
21
Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2, pp. 85 a 90.
22 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2, p. 90.
23 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2, pp. 97 a 99.
15
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favor del ejecutante y ordenó a la subdirección de gestión humana realizar la
correspondiente reliquidación24. Acto administrativo modificado, en atención al auto
de corrección de la sentencia de segunda instancia proferido el 28 de septiembre de
2017, por medio de la Resolución 96 del 7 de febrero de 201825.
52. A través de la Resolución 739 de 6 de noviembre de 2018, la entidad
demandada ordenó el pago de $ 57.592.357 por concepto de horas extras, recargos
y cesantías26.
3.8. Caso concreto.
53. Como se dejó anotado, de conformidad con el artículo 328 del CGP, la Sala
delimita su competencia, como juez de segunda instancia, a los argumentos
expuestos en el recurso de apelación presentado por la parte demandada.
54. El tribunal declaró no probada la excepción de pago propuesta por el Distrito
Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá; en
consecuencia, ordenó seguir adelante con la ejecución por (i) $ 42.126.871,
correspondientes a las diferencias no canceladas por concepto de horas extras,
recargos nocturnos y recargos dominicales y festivos; (ii) $ 3.903.912, referentes al
reajuste de las cesantías; (iii) $ 51.828.652,13, atinentes a los intereses moratorios
causados desde la ejecutoria de la sentencia hasta el 30 de septiembre de 2022, y (iv)
por los intereses moratorios que se causen a partir del 1º de octubre de 2022 y hasta
que se pruebe el pago total de la obligación.
55. Por su parte, la entidad demandada, en su recurso de apelación, solicitó se
revocara la decisión de primera instancia, para decretar la excepción de pago, al
aducir que dio cumplimiento a la condena impuesta conforme a los parámetros fijados
en las sentencias base de recaudo, mientras que en la providencia impugnada al
liquidar la obligación se superó el límite de las 190 horas como jornada máxima legal.
Así mismo, pidió modificar la sentencia, ya que no es dable descontar los aportes al
sistema de seguridad social en salud. Por lo tanto, el examen respecto de la
providencia apelada se contraerá a estos dos argumentos orientados a desvirtuar la
decisión adoptada por el tribunal o a su modificación.
56. Aclarado lo anterior, sea oportuno advertir que en la sentencia de segunda
instancia, que constituye el título ejecutivo, se ordenó la liquidación de las horas extras
diurnas y los recargos nocturnos, dominicales y festivos «con base en el número de
horas de la jornada ordinaria mensual (190)», en cuya parte motiva se explicó que
dicha jornada se encuentra establecida en el artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 (44
horas semanales); y en el caso concreto se acreditó que el señor Camilo Sanín Cano
Bedoya laboraba 15 días y descansaba otros 15, por lo que en promedio trabajó 360
horas mensuales, cifra que excedía el tope máximo legal de 190.
24
Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2, pp. 100 a 105.
25 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2, pp. 107 a 109.
26 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivos en PDF núm. 2, pp. 119 a 123.
16
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57. El anterior criterio fue atendido por el tribunal en el fallo apelado, previo a
señalar los respectivos cálculos, al indicar: «las sumas […] debieron reconocerse por
horas extras (50 horas diurnas mensuales) y recargos nocturnos, recargos festivos
diurnos y recargos festivos nocturnos durante el período comprendido entre el 15 [sic]
de julio de 2008 y el 31 de enero de 2019, aplicando la fórmula señalada por el H.
Consejo de Estado (esto es, determinando el factor hora dividendo la asignación
básica mensual sobre un total de 190 horas mensuales)».
58. De igual modo, y en línea con el análisis realizado por esta Sala en la sentencia
del 13 de noviembre de 2025 en un asunto de contornos fácticos similares al
presente27, al revisar la liquidación efectuada por el tribunal28, para efectos de calcular
las horas extras y los recargos, se observa que se tomaron las asignaciones básicas
de julio de 2008 a enero de 2019 y las mismas cantidades de horas indicadas por la
entidad demandada en la certificación del 9 de marzo de 202129, como a continuación
se puede evidenciar a manera de ejemplo para el año 2009:
• Certificación:
Mes/año Horas Recargos Recargos Recargos
laboradas ordinarios festivos festivos
mensuales nocturnos diurnos nocturnos
ENERO 2009 352 144 26 30
FEBRERO 2009 336 144 24 24
MARZO 2009 368 150 28 36
ABRIL 2009 360 144 36 36
MAYO 2009 371 144 49 42
JUNIO 2009 360 138 38 42
JULIO 2009 320 132 34 30
AGOSTO 2009 365 135 46 42
SEPTIEMBRE 2009 64 30 8 0
OCTUBRE 2009 202 84 29 13
NOVIEMBRE 2009 360 138 38 42
DICIEMBRE 2009 328 138 24 24
• Liquidación realizada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:
MES / TOTAL DE No. HORAS No. HORAS No. HORAS
AÑO HORAS CON CON CON
LABORADAS RECARGO RECARGO RECARGO
ORDINARIO FESTIVO FESTIVO
NOCTURNO DIURNO 200% NOCTURNO
35% 235%
ene-09 352 144 26 30
feb-09 336 144 24 24
mar-09 368 150 28 36
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2025, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2020-00043-02 (1223-2023).
28
Se precisa que los valores determinados respecto de las diferencias adeudadas por concepto de horas extras,
recargos y reajuste de las cesantías fueron los mismos establecidos en el mandamiento ejecutivo.
29 Samai, índice 2, ED_25000234200020220001(.zip), archivo en PDF núm. 3, pp. 147 a 177.
17
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
abr-09 360 144 36 36
may-09 371 144 49 42
jun-09 360 138 38 42
jul-09 320 132 34 30
ago-09 365 135 46 42
sept-09 64 30 8 0
oct-09 202 84 29 13
nov-09 360 138 38 42
dic-09 328 138 24 24
59. Así mismo, se aplicó el límite de 50 horas mensuales para efectos del
reconocimiento de las horas extras diurnas, tal como se ordenó en la sentencia de
segunda instancia que integra el título ejecutivo, tanto es así que, por ejemplo, en
septiembre de 2009 no se calculó valor alguno a favor del señor Cano Bedoya; al
respecto, en dicha providencia se explicó:
En el caso sub examine se acreditó que el señor Camilo Sanín Cano Bedoya cumplía
turnos de 24 horas de labor por 24 horas de descanso distribuidos en dos secciones
conforme con las necesidades del servicio. De acuerdo a ello, se puede calcular que
trabaja 15 días y descansaba otros 15, por lo que en promedio el demandante trabajó
360 horas mensuales, cifra que excede el tope máximo legal de 190 horas mensuales.
[…]
Sobre este punto, la Subsección observa que el a quo al ordenar la liquidación con
base en la jomada laboral de 190 horas mensuales no se apartó del contenido del
artículo 33 del Decreto 1042 de 1978 y de la posición jurisprudencial de esta Sección
en lo que respecta a este tema, empero al omitir fijar el límite en el número de horas
extras a reconocer sí lo hizo.
Por tanto, la Sala modificará este punto en la providencia impugnada y en
consecuencia se determinará que de las 170 horas laboradas, solo pueden cancelarse
en dinero 50 horas extras al mes, de conformidad con el límite establecido en el
artículo 36 del Decreto 1042 de 1978.
Ahora, debe señalarse que las restantes 120 han de ser pagadas con tiempo
compensatorio, a razón de un (1) día hábil por cada 8 horas de trabajo, de acuerdo
con el literal (e) del artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, lo que equivale a 15 días de
descanso.
No obstante, como en el proceso se demostró que por laborar mediante un sistema de
turnos el actor disfrutaba de 15 días de descanso al mes, para la Subsección es claro
que las 120 horas restantes fueron compensadas debidamente por la entidad
demandada.
De esta manera el señor Camilo Sanín Cano Bedoya solo tiene derecho al
reconocimiento de cincuenta (50) horas extras diurnas laboradas en cada mes y no al
pago de los días compensatorios.
60. En torno a las fórmulas determinadas por las providencias base de recaudo en
este trámite, para establecer los recargos nocturnos (asignación básica / 190 x 35 %
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
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x núm. horas laboradas), festivos diurnos (asignación básica / 190 x 200 % x núm.
horas laboradas) y festivos nocturnos (asignación básica / 190 x 235 % x núm. horas
laboradas), la Sala evidencia que se aplicaron de acuerdo con lo ordenado. Por
ejemplo, en relación con los primeros, en el período correspondiente a enero de 2009,
el tribunal calculó el siguiente monto:
Mes H. recargo nocturno V. recargo nocturno
ene-09 144 $297.049
61. Y la fórmula a aplicar, conforme al título ejecutivo, es la siguiente:
$1.119.828 / 190 x 35 % x 144 = $297.049,1
62. Lo mismo se advierte respecto de los recargos festivos diurnos, como a
continuación se muestra:
Mes H. trabajo dominical y festivo V. recargo dominical y festivo
ene-09 26 $306.479
Fórmula: $1.119.828 / 190 x 200 % x 26 = $306.479,2
63. Igualmente, con los recargos festivos nocturnos, como se observa en el
siguiente ejemplo:
Mes H. trabajo dominical y festivo V. recargo dominical y festivo
nocturno nocturno
ene-09 30 $415.515
Fórmula: $1.119.828 / 190 x 235 % x 30 = $415.515,1
64. Cabe precisar que los valores determinados respecto de las diferencias
adeudadas por concepto de horas extras, recargos y reajuste de las cesantías fueron
los mismos establecidos en el mandamiento ejecutivo; no obstante, tanto en el escrito
de contestación de la demanda como en el memorial de alzada, el apoderado de la
entidad demandada no puntualizó reparo concreto en contra de los cálculos realizados
por el tribunal, pues se limitó a afirmar que se superó la jornada de 44 horas semanales
sobre las 190 horas, sin especificar a qué períodos se refería ni en cuál cálculo radica
la equivocación abstracta que señaló.
65. En similar sentido se pronunció esta Subsección, en la sentencia del 13 de
noviembre de 202530, al examinar un asunto análogo al presente, en los siguientes
términos:
75. Pero además, en los argumentos expuestos en el recurso de apelación la entidad
no expuso ningún reparo concreto en contra de los cálculos efectuados por el a quo.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 13 de noviembre de 2025, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2020-00043-02 (1223-2023).
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
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Es así porque el periodo a liquidar [15 de septiembre de 2006 al 30 de agosto de 2011]
comprendía 58.5 meses, pero se limitó a señalar que superó la jornada de 44 horas
semanales sobre las 190 horas permitidas por la ley sin especificar a qué interregno
se refería. En un caso de idéntico contorno, la Subsección A 31 consideró lo siguiente:
«Conforme se indicó, la entidad ejecutada a través del recurso propuesto discute
que el tribunal no tuvo en cuenta que eran aplicables los periodos nocturnos,
dominicales o festivos que se hubieran desarrollado dentro de la jornada de 44
horas semanales sobre la base de 190 horas al mes y que la liquidación y pago
realizada por la Subdirección de Gestión Humana está acorde con lo ordenado en
la sentencia que se invoca como título.
Inicialmente, se aprecia que, si bien la entidad recurrente pretende controvertir las
sumas por las cuales se ordenó seguir adelante con la ejecución, sus alegatos no
logran desvirtuar los valores tenidos en cuenta por el a quo, es decir, era del resorte
de la parte ejecutada especificar la presunta equivocación en la que el tribunal
habría incurrido al proferir la decisión, efectuando reparos concretos sobre las
sumas y valores utilizados en primera instancia.
[...] Así las cosas, el argumento sobre el trabajo suplementario que propuso la UAE
pareciera más un alegato para ser debatido en el proceso ordinario que en el
escenario del ejecutivo, elemento adicional para despachar de manera
desfavorable el recurso presentado.
Repárese, además, que en la providencia recurrida se estableció de manera precisa
las sumas que debieron ser reconocidas por cada uno de los conceptos indicados
en el título y lo solicitado por el ejecutante, teniendo en cuenta para ello los valores
ya pagados por la entidad, por lo que era del resorte de la entidad recurrente
desvirtuar lo señalado por el a quo.»
66. En este orden de ideas, se insiste, el Distrito Capital, Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, a través de su apoderado, no planteó
un reparo concreto contra la liquidación que efectuó el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; sin embargo, verificados los datos tomados y las fórmulas aplicadas
en lo concerniente al cálculo de las horas extras y los recargos —sobre lo cual recae
la disconformidad abstracta del recurrente— se advierte que resultan coincidentes con
la información suministrada por la entidad demandada y lo dispuesto en las sentencias
que integran el título ejecutivo.
67. Por otra parte, en lo atinente a los aportes al sistema de seguridad social en
salud, frente a lo cual el apoderado de la entidad recurrente pidió no ordenarse
descuento por no tener incidencia futura, argumento que sustentó en una sentencia
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca proferida en un caso atañedero a una
relación laboral encubierta, la Sala advierte que en la providencia apelada se
consideró:
No obstante, es del caso advertir que de conformidad con lo previsto en el artículo 1º
31 Sentencia del 25 de enero de 2024, radicación 25000-23-42-000-2021-00421-01 (7004-2023).
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
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del Decreto 1158 de 199432 y en el artículo 33 de la Ley 1393 de 2010 33, la
remuneración por horas extras, por trabajo nocturno y en dominicales y festivos integra
la base de cotización al sistema general de pensiones y salud, motivo por el que estas
sumas (que corresponden al 4% por salud conforme el artículo 204 de la Ley 100 de
199334 y al 4% por pensiones según lo previsto en el artículo 20 de la Ley 100 de
199335 en concordancia con el Decreto 4892 de 200736) deben descontarse del capital
que se causó a favor del ejecutante […]
68. Por lo tanto, además de que el fallo a partir del cual el apelante fundamenta su
reparo no comporta un precedente judicial vinculante para esta corporación, se
precisa que el tribunal al liquidar la obligación principal insoluta en virtud de las
providencias que constituyen título ejecutivo descontó los correspondientes aportes a
salud y pensión, calculados en los porcentajes a cargo del trabajador, dada su
obligatoriedad legal al reconocerse emolumentos de carácter salarial que comportan
base de cotización para esos efectos, que aunque no fueron ordenados en las
sentencias materia de recaudo, proceden por expresa disposición legal37, en atención
a su carácter parafiscal.
69. En particular, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en salud,
en la sentencia del 16 de octubre de 202538, esta Subsección reiteró:
48. En consonancia con lo expuesto, es claro que la sentencia transcrita[39] precisó que
los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud constituyen rentas parafiscales,
es decir, obligaciones legales que se recaudan de forma obligatoria para el
cumplimiento de los fines determinados por la ley. En este sentido, al tratarse de
recursos públicos, los aportes a dicho sistema no pueden extinguirse por el paso del
tiempo, ya que ello implicaría una afectación directa al derecho fundamental a la salud
y al equilibrio financiero.
32 Decreto 1158 de 1994, ARTÍCULO 1º. El artículo 6º del Decreto 691 de 1994, quedará así: "Base de cotización".
El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los servidores públicos
incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores: a) La asignación básica mensual; b) Los
gastos de representación; c) La prima técnica, cuando sea factor de salario; d) Las primas de antigüedad,
ascensional de capacitación cuando sean factor de salario; e) La remuneración por trabajo dominical o festivo; f)
La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; g) La bonificación
por servicios prestados;
33
Ley 1393 de 2010, artículo 33 “Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse
sobre la misma base de las cotizaciones efectuadas al Sistema de Riesgos Profesionales y de las realizadas al
Sistema General de Pensiones. (…)”.
34
ARTICULO. 204.- Monto y distribución de las cotizaciones. Modificado por el art. 10, Ley 1122 de 2007, el nuevo
texto es el siguiente: La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a partir del primero (1°) de enero del
año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La
cotización a cargo del empleador será del 8.5% y a cargo del empleado del 4%...”
35 ARTICULO 20.- Modificado por el art. 7, Ley 797 de 2003 Monto de las cotizaciones. (…) Los empleadores
pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores, el 25% restante.
36 ARTÍCULO 1°. Cotización al Sistema General de Pensiones. A partir del 1° de enero del año 2008, la tasa de
cotización al Sistema General de Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización.
37 Ley 100 de 1993, artículo 204, parágrafo 1.°: «La base de cotización de las personas vinculadas mediante
contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en
Salud, será la misma contemplada en el sistema general de pensiones de esta Ley».
Ley 1393 de 2010, artículo 33: «Las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse
sobre la misma base de las cotizaciones efectuadas al Sistema de Riesgos Profesionales y de las realizadas al
Sistema General de Pensiones […]».
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de octubre de 2025, proceso con radicado
76001-23-33-000-2022-00835-02 (1592-2025).
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de septiembre de 2025, proceso con
radicado 76001-23-33-000-2018-00661-02 (1374-2025).
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
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49. De esta manera, lo que se busca con dichos recaudos es garantizar la
sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, asegurando que todos los
trabajadores coticen sobre la totalidad de sus ingresos. Esto fortalece el principio de
solidaridad, que permite redistribuir los recursos para proteger a los grupos más
vulnerables. Por lo tanto, quienes tienen mayor capacidad económica contribuyen en
mayor medida, lo que posibilita financiar a quienes cuentan con menores ingresos o
se encuentran en situación de riesgo, promoviendo así una cobertura equitativa y
universal.
50. Así las cosas, los argumentos de la entidad demandada no tienen vocación de
prosperidad. Por ello, esta deberá efectuar el pago no solo de los aportes al sistema
de pensiones, sino también de los correspondientes al sistema de salud. Esta
obligación responde a la necesidad de cumplir con los principios rectores del sistema
de seguridad social, tales como la solidaridad y la protección social, con el fin de
asegurar la cobertura y bienestar de todos los afiliados. En este sentido, la respuesta
al problema jurídico es afirmativa.
70. En un asunto similar al que se estudia, mediante la providencia del 16 de
noviembre de 202340, esta Subsección también sostuvo:
El argumento esgrimido por la entidad demandada carece de respaldo jurídico para su
procedencia y se aparta de la realidad normativa sobre la imprescriptibilidad y
obligatoriedad de efectuar cotizaciones al SGSS por todo haber salarial que perciba el
trabajador. Admitir el argumento de la parte apelante es desconocer la finalidad propia
del sistema y de las prestaciones asistenciales y económicas que se derivan de este,
las cuales solo pueden ser efectivamente reconocidas si se realiza un correcto y real
financiamiento a partir de los aportes de los trabajadores y sus empleadores.
La obligación de cotizar para los 2 sistemas tiene su origen en las previsiones de la
Ley 100 de 1993. Es así como los artículos 1741 y 1842 ibidem, establecen de manera
clara que durante la vigencia de la relación laboral, efectivamente tanto el nominador
como el trabajador están obligados a realizar cotizaciones con base en el salario que
estos últimos devenguen, entendido dicho concepto como toda remuneración directa
del servicio que perciban por la labor desarrollada, dentro de la cual se encuentra el
trabajo suplementario a título de horas extras y demás recargos por jornada nocturna
o en días dominicales y festivos.
71. Así las cosas, la inconformidad de la entidad demandada carece de asidero
jurídico, toda vez que, se reitera, desconoce la obligatoriedad de los aportes en salud,
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de noviembre de 2023, proceso con
radicado 25000-23-42-000-2018-01103-01 (4297-2022).
41 «ARTÍCULO 17. OBLIGATORIEDAD DE LAS COTIZACIONES. Durante la vigencia de la relación laboral y del
contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del sistema
general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y contratistas con base en el salario o ingresos
por prestación de servicios que aquellos devenguen…».
42
«ARTÍCULO 18. BASE DE COTIZACIÓN. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el
artículo anterior, será el salario mensual.
El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en el
Código Sustantivo del Trabajo.
El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el que señale el Gobierno, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992…».
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Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
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los cuales no solo propenden a cubrir las prestaciones económicas a favor del
trabajador, sino que, además, tienen como finalidad la sostenibilidad o financiación del
mismo sistema de seguridad social, que permite garantizar una cobertura en el
servicio para toda la población, en armonía con el principio de solidaridad. En tal
sentido, los descuentos liquidados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
encuentran acordes a la ley, en atención a la naturaleza salarial del derecho
reconocido en las sentencias base de recaudo.
3.9. Conclusión
72. La Subsección concluye que la liquidación realizada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en lo concerniente a las horas extras y los recargos,
obedeció a lo dispuesto por las sentencias que integran el título ejecutivo, y la
inconformidad de la entidad apelante comporta un reparo abstracto, que no evidencia
error puntual respecto del cálculo efectuado por esa corporación. De igual modo, en
lo referente a los descuentos aplicados en relación con los aportes al sistema de
seguridad social en salud, estos encuentran respaldo normativo que impone su
obligatoriedad, dada su naturaleza parafiscal. Por consiguiente, se confirmará la
decisión que ordenó seguir adelante con la ejecución.
3.10. Costas
73. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario43 de la Subsección sobre el artículo 188 de la
Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto,
no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer dicha condena, en atención a que no
se advierte que aquella haya incurrido en las anteriores conductas.
4. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
43
La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye
la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser
valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).
23
Radicación: 25000-23-42-000-2022-00015-01 (0772-2023)
Demandante: Camilo Sanín Cano Bedoya
Demandado: Distrito Capital, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos de Bogotá
la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, del 18 de octubre de 2022, que
declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución,
de conformidad con lo indicado en la parte motiva.
Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.
Tercero: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones
pertinentes en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
24
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