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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00421-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2021-00421-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 24 de agosto de 2023, que declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución. Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 25000-23-42-000-2021-00421-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

25 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: EJECUTIVO
Radicación: 25000-23-42-000-2021-00421-01 (7004-2023)
Ejecutante: José Edilberto Saavedra Pinzón
Demandado: Distrito Capital - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial
de Bomberos

Tema: Ejecutivo laboral

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 24 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, por medio de la cual declaró no
probada la excepción de pago y dispuso seguir adelante la ejecución.

ANTECEDENTES

El señor José Edilberto Saavedra Pinzón, interpuso demanda ejecutiva con el fin de
que se cumpla la sentencia proferida el 1° de julio de 2015 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A.

PRETENSIONES

Solicitó se librara mandamiento ejecutivo por lo siguiente: i) $2.915.352 por
concepto de capital pendiente de cancelar y ii) por los intereses moratorios.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
mediante sentencia del 31 de mayo de 2012, negó las pretensiones de la demanda.

La anterior providencia fue recurrida en apelación y la Sección Segunda del Consejo

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00421 01 (7004-2023)

de Estado la revocó el 1° de julio de 2015 y ordenó: i) el reconocimiento y pago del
valor correspondiente a 50 horas extras diurnas al mes, desde el 26 de octubre de
2006, liquidadas con base en el factor hora que resulte de dividir la asignación
básica mensual sobre el número de horas mensuales de la jornada ordinaria laboral
(190), ii) reajustar los valores de los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales
y festivos empleando para el cálculo el factor de 190 horas mensuales, y no 240, iii)
reliquidar el valor de las cesantías con el valor que surja de las horas extras.

Mediante Resolución 631 del 28 de septiembre de 2016, se dio cumplimiento al fallo
judicial.

TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B
mediante providencia del 19 de mayo de 2023 libró mandamiento ejecutivo contra
el Distrito Capital – UAE Cuerpo Oficial de Bomberos y a favor del señor José
Edilberto Saavedra Pinzón.

La demandada se opuso con fundamento en la excepción que denominó
«cumplimiento de las sentencias ejecutadas en razón a la orden del mandamiento
ejecutivo», señalando que se dentro de las 190 horas se le pagó al demandante su
asignación básica mensual, donde lo único que no se le canceló fueron sus recargos
nocturnos del 35% y que los dominicales y festivos diurnos y nocturnos se le
pagaron en su momento parcialmente al 100% de la hora ordinaria, quedando como
saldo pagar el 100% y 135% adicional para que sea completo conforme lo ordena
la ley.

Que conforme al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, se procedió
con el pago por valor de $20.995.765, conforme a la Resolución 631 del 28 de
septiembre de 2023, con lo que, se puede deducir que ya se cumplió con la
obligación pactada.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B,
mediante sentencia del 24 de agosto de 2023 declaró no probada la excepción
propuesta equiparándola a la de pago y dispuso seguir adelante la ejecución,
expresando que la exposición dada por la ejecutada corresponde a una discusión
que debe darse dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, no en el proceso ejecutivo, pues dentro de este medio se analiza jurídica
y contablemente -cuando corresponde a la ejecución de sumas de dinero- los
lineamientos impuestos en la sentencia título base de recaudo que es el marco de

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la obligación que debe cumplirse por la entidad condenada.

Que según concepto elaborado por la Oficina de Apoyo – Área Contable del 26 de
abril de 2023 se estimó la obligación de la entidad ejecutada así:

RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación,
argumentando que la sentencia para efectos determinar el valor de la reliquidación
de los recargos, omitió tener en cuenta que únicamente eran aplicables los períodos
de recargo nocturnos, dominicales o festivos que se hubieran ejecutado dentro de
la jornada de horas semanales sobre la base de 190 horas al mes, y no como se
pretende en la sentencia, que se haga sobre toda la jornada suplementaria
laborada.

Que la base legal es a partir de la jornada máxima de las 190 horas, para luego
establecer si dentro de esa jornada existen horarios nocturnos, en dominicales y
festivos y luego verificar las 50 horas extras y en qué jornada se prestó ese servicio
suplementario, contrario a la ejecución en donde se ordena liquidar sobre el número
total de la jornada suplementaría obviando que el restante de esa jornada es
cancelada como tiempo extra y lo demás en el tiempo compensatorio que disfrutó
el accionante.

Que la Subdirección de Gestión Humana ha demostrado un cumplimiento cabal de
lo ordenado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Se admitió el recurso el 20 de noviembre de 2023.

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Las partes y el ministerio público no se pronunciaron.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES
El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación interpuesto, el problema jurídico se circunscribe
a establecer si los reparos propuestos por la entidad ejecutada dan lugar a revocar
la decisión adoptada por el tribunal de declarar no probada la excepción de pago y
seguir adelante con la ejecución.

Generalidades del proceso ejecutivo

El legislador instituyó el proceso ejecutivo como un mecanismo judicial encaminado
a hacer efectiva una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que se
encuentre contenida en un título ejecutivo. Bajo este entendido, el cumplimiento de
la obligación deviene imperativo y no requiere declarar la existencia del derecho,
pues este ya ha sido constituido en un título valor, contrato o decisión judicial. En
efecto, el instrumento base del recaudo en el proceso ejecutivo se denomina título
ejecutivo. Al respecto, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable por
remisión expresa del artículo 306 del CPACA, dispone:

Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las
obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que
provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las
que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier
jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de
policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia, y los demás documentos que señale la ley. […]. (Resaltado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 297 del CPACA establece que constituyen título ejecutivo,
entre otros, las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción
de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad
pública al pago de sumas dinerarias.

Ahora bien, cuando el juez compruebe el cumplimiento de los requisitos formales y
sustanciales del título ejecutivo consagrados en el artículo 422 del CGP, le
corresponde proferir el auto mediante el cual se libra el mandamiento de pago,
conforme lo dispone el 430 del CGP.

Por su parte, el ejecutado puede presentar las excepciones de mérito en ejercicio

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legítimo de su derecho de defensa, conforme lo permite el artículo 442 ibidem.

Dichas excepciones tienen la finalidad de enervar la pretensión, esto es, de dejar
sin fundamento la obligación contenida en el título ejecutivo. La jurisprudencia las
ha definido como «medios de defensa que atacan la obligación material contenida
en el título de recaudo ejecutivo y que implican su desconocimiento total o parcial».1

Caso concreto

Se encuentran establecidos los siguientes hechos:

• El 1°de julio de 2015, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
profirió sentencia de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por el señor José Edilberto Saavedra
Pinzón contra el Distrito Capital – UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá,
mediante la cual revocó la decisión del 31 de mayo de 2012 del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda, en su
lugar, dispuso:

[…] ORDENAR a la entidad demandada que a título de restablecimiento del derecho
reconozca y pague al señor JOSÉ EDILBERTO SAAVEDRA PINZÓN, los siguientes
derechos laborales:

a) El valor correspondiente a cincuenta horas (50) extras diurnas al mes, desde el 26
de octubre de 2006, con fundamento en los artículos 36 a 38 del Decreto 1042 de
1978, acorde con la prueba documental allegada al proceso, liquidadas con base en
el factor hora que resulte de dividir la asignación básica mensual sobre el número de
horas mensuales de la jornada ordinaria laboral (190).

b) Reajustar los recargos nocturnos y el trabajo en dominicales y festivos laborados
por el actor desde el 26 de octubre de 2006, empleando para el cálculo de los mismos
el factor de 190 horas mensuales, que corresponden a la jornada ordinaria laboral, y
no, 240, y pagar las diferencias que resulten a favor del demandante, entre lo pagado
por el Distrito y lo que debió pagarse por tales conceptos como resultado del reajuste.

c) Reliquidar el valor de las cesantías reconocidas y pagadas al actor a partir del 26
de octubre de 2006 con el valor que surja por concepto de horas extras cuyo
reconocimiento se ordena.

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre

2009, radicado: 25000-23-26-000-2002-01920-02 (32666). En esta providencia se citó lo siguiente: «el profesor,
Eduardo J. Coutere, en su obra Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Editorial Depalma Buenos Aires, 1981,
expuso: “Las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la
depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho
cuestionado.”».

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d) No se reconocen los descansos compensatorios, por encontrarse debidamente
acreditado su pago y disfrute conforme a las pruebas allegadas al proceso y tampoco
la reliquidación de las primas de servicios, vacaciones y navidad, por cuanto el trabajo
suplementario no constituye factor salarial para su liquidación. […]

• Por Resolución 631 del 28 de septiembre de 2016, el director de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C. dio
cumplimiento al fallo y ordenó a la Subdirección de Gestión Humana realizar la
liquidación en los términos indicados en la sentencia.

Conforme se indicó, la entidad ejecutada a través del recurso propuesto discute que
el tribunal no tuvo en cuenta que eran aplicables los periodos nocturnos,
dominicales o festivos que se hubieran desarrollado dentro de la jornada de 44
horas semanales sobre la base de 190 horas al mes y que la liquidación y pago
realizada por la Subdirección de Gestión Humana está acorde con lo ordenado en
la sentencia que se invoca como título.

Inicialmente, se aprecia que, si bien la entidad recurrente pretende controvertir las
sumas por las cuales se ordenó seguir adelante con la ejecución, sus alegatos no
logran desvirtuar los valores tenidos en cuenta por el a quo, es decir, era del resorte
de la parte ejecutada especificar la presunta equivocación en la que el tribunal
habría incurrido al proferir la decisión, efectuando reparos concretos sobre las
sumas y valores utilizados en primera instancia.

La ejecutada insistió que la liquidación realizada por esa entidad es la correcta y
que la suma tenida en cuenta por el tribunal no era lo que realmente debía pagarse,
argumento que no enerva las consideraciones contenidas en la providencia del 24
de agosto de 2023.

En efecto, en la sentencia base de recaudo del 1° de julio de 2015, se expuso lo
siguiente:

[…] En estas condiciones, la Sala reitera el criterio jurisprudencial expresado por la
Sección al señalar que a falta de regulación especial sobre la jornada laboral de los
bomberos, regirá la jornada ordinaria correspondiente a 44 horas semanales, tal como
se desprende del referido Decreto 1042 de 1978, debiéndose remunerar el trabajo
suplementario para no lesionar derechos del empleado expuesto a dicha actividad
como la justa remuneración de su labor por trabajar en jornadas que superan la
ordinaria.

[…]

De lo anterior se tiene que si el actor trabajó 360 horas mensuales por el sistema de
turnos (24 x 24) y si la jornada ordinaria es de 190 horas mensuales, entonces el actor
laboró 170 horas adicionales a la jornada ordinaria, es decir, tiempo extra, de las
cuales sólo se pueden pagar en dinero 50 horas extras al mes, de conformidad con

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los límites establecidos en el artículo 36 del Decreto 1042 de 1978, modificado por el
13 del Decreto – Ley 10 de 1989. (Subraya y negrilla del texto original)

Así las cosas, el argumento sobre el trabajo suplementario que propuso la UAE
pareciera más un alegato para ser debatido en el proceso ordinario que en el
escenario del ejecutivo, elemento adicional para despachar de manera desfavorable
el recurso presentado.

Repárese, además, que en la providencia recurrida se estableció de manera precisa
las sumas que debieron ser reconocidas por cada uno de los conceptos indicados
en el título y lo solicitado por el ejecutante, teniendo en cuenta para ello los valores
ya pagados por la entidad, por lo que era del resorte de la entidad recurrente
desvirtuar lo señalado por el a quo.

De la condena en costas de segunda instancia

Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.

Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.

En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte recurrente propuso
argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia, no
se impondrá condena en costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 25000 23 42 000 2021 00421 01 (7004-2023)

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, el 24 de agosto de 2023, que
declaró no probada la excepción de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución.

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones de rigor.

Notifíquese y cúmplase

La anterior decisión fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

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