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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00390-02

Fecha
27 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00390-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR el inciso segundo del ordinal «TERCERO», y los ordinales «SEXTO» y «SÉPTIMO» de la sentencia de Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la señora Alejandra María Risueño Martínez, los cuales, quedarán así: TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , a reconocer y pagar a Alejandra María Risueño Martínez identificada con el número de cédula de ciudadanía 1.085.248.088 la diferencia dejada de percibir por concepto de la prima especial (establecida en el artículo 14 de la ley 4 de 1992), en un valor adicional o agregado del 30% de la asignación básica, por el período comprendido entre el 30 de enero de 2017 y el 1 de abril de 2019 atendiendo a los periodos estrictamente laborados como Procuradora Judicial I. Igualmente, se CONDENA a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reliquidar y pagar a la parte demandante a partir del 30 de enero de 2017, todas las prestaciones sociales como la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, bonificación judicial y demás emolumentos cancelados, teniéndose como base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal. Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar los pagos que, posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios, y hacer los descuentos correspondientes, por lo efectivamente pagado, sin superar los topes establecidos por el Gobierno Nacional. [...] SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con el artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la formula descrita en la parte motiva de la providencia. SÉPTIMO: ADVIÉRTASE a la entidad condenada que deberá dar cumplimiento al presente fallo, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Veintiocho (28) de agosto […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00390-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

27 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Veintisiete (27) de marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 76001-23-33-000-2021-00390-02 (2999-2025)1
Demandante: Alejandra María Risueño Martínez
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima Especial de Servicios
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de
la sentencia de Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la
Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. La señora Alejandra María Risueño Martínez, por intermedio de apoderado judicial,

acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA, y solicitó lo siguiente:

2. Que se aplique la interpretación y los efectos que trata: i) la sentencia del Veintinueve

(29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), emanada por el Consejo de Estado dentro del
radicado No. 1100103250020070008700 y; ii) la sentencia de unificación SUJ-016CE-
S2-2019 del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), Sala Plena de
Conjueces, por medio de la cual dispuso como regla: (i) que la prima especial de servicios
es un incremento de salario básico y/o asignación básica de los servidores beneficiarios;
(ii) todos los funcionarios a quienes se les reconoce dicha prestación, tienen derecho a
la reliquidación de prestaciones sobre el 100% de su salario básico, es decir, con la

1
Expediente electrónico.
2
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 2EXPEDIENTEDIGITAL_002DEMANDAYPODER(.PDF).

2

Número Interno: 2999-2025
Accionante: Alejandra María Risueño Martínez
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial; y (iii) todos los
destinatarios de la prima especial tienen derecho al pago de las diferencias.

3. Que se inapliquen por inconstitucionales los Decretos 196 y 194 de 2014, en lo

referente a la prima de que trata el art. 14 de la ley 4 de 1992 y que constituye la base de
la asignación salarial y las demás normas que sobre este asunto se llegaren a dictar y le
fueren aplicables según su vinculación laboral como Agente del Ministerio Público.

4. Que se declare la nulidad del oficio 1110030000000 Radicado No. S-2020-005741 del

Tres (3) de marzo de Dos Mil Veinte (2020), expedido por la secretaría general de la
Procuraduría General de la Nación, que negó lo pretendido en derecho de petición del
Treinta (30) de enero de Dos Mil Veinte (2020).

5. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) se reconozca y pague a favor la

diferencia mensual que resulte sobre los salarios, prestaciones sociales y aportes a la
Seguridad Social, durante todo el tiempo de su vinculación como Agente del Ministerio
Público, con ocasión del reconocimiento de la prima especial de la Ley 4 de 1992 según
la interpretación jurisprudencial del Consejo de Estado referenciada y acatando los
efectos de la nulidad simple allí declarada; ii) las sumas de dinero adeudadas y que se
reconozcan en la audiencia deberán ser actualizadas de acuerdo con la variación del
índice de precios al consumidor, conforme certificación expedida por el DANE desde la
fecha en que debían cancelarse hasta cuando se efectúe el pago; iii) Se ordene a la parte
demandada reportar y cancelar el valor correspondiente a que haya lugar por la
reliquidación salarial aquí solicitada a las entidades de seguridad social a las que se
encuentra afiliada la demandante y; iv) la condena en costas a la parte accionada.

1.1.2. Hechos

6. La demandante afirmó que, se desempeñó como Procuradora Judicial I en la
Procuraduría General de la Nación entre el Seis (6) de septiembre de Dos Mil Dieciséis
(2016) y el Primero (1) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019).

7. Dijo que, durante este tiempo, su salario fue fijado con base en decretos que
interpretaron de manera errónea la Ley 4 de 1992, lo que ocasionó una reducción del
30% en su remuneración, vulnerando sus derechos laborales. Esta situación ha sido
cuestionada por el Consejo de Estado, que estableció que la prima especial debe
reconocerse como un valor adicional al salario y no como parte de este.

3

Número Interno: 2999-2025
Accionante: Alejandra María Risueño Martínez
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

8. El Treinta (30) de enero de Dos Mil Veinte (2020), solicitó a la PGN la reliquidación y

pago de la diferencia que resulta por la reducción mensual de su salario en cuantía del
30%, además de los ajustes que se generen por concepto de prestaciones sociales y
aportes a la seguridad social.

9. La PGN, respondió de forma negativa la aludida petición, mediante Oficio
1110030000000 Radicado No. S-2020-005741 del Tres (3) de marzo de Dos Mil Veinte
(2020).

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. Se citaron como normas violadas las siguientes:

10.1 Constitución Política, artículos 25, 48, y 53.

10.2 Ley 4 de 1992, artículo 14.

10.3 Código Civil, artículo 128.

10.4 Decretos 51, 54 y 57 de 1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 34, 35

y 36 de 1996; 47, 56 y 76 de 1997; 64, 65 y 67 de 1998; 37, 43 y 44 de 1999; 2734, 2739
y 2740 de 2000; 1474, 1475, 1482, 2720, 2724 y 2730 de 2001; 673, 682 y 683 de 2002;
3548, 3568 y 3569 de 2003; 4169, 4171 y 4172 de 2004; 933, 935 y 936 de 2005; 388,
389 y 392 de 2006; 617, 618, 621 y 3048 de 2007; 658 y 657 de 2008; 723 y 741 de 2009;
1388 y 1387 de 2010; 1039 y 1038 de 2011; 874 y 849 de 2012;1024 y 1026 de 2013;
194 y 196 de 2014; 1257 de 2015; 245 de 2016; 1013 de 2017; 337 de 2018; 991 de
2019 y; 299 de 2020.

11. Expuso que, las sentencias del Dos (2) de abril de Dos Mil Nueve (2009), del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014) y la sentencia de unificación
SUJ‑016‑CE‑S2‑2019, señalan que la prima especial constituye un plus salarial y que su
exclusión o mal liquidación vulnera derechos adquiridos y desconoce reglas
jurisprudenciales obligatorias.

12. Adujo que, «[…] [d]ado que el régimen salarial de los Agentes del Ministerio Público está ligado al de

los funcionarios de la Rama Judicial, la mayor proporción que resulta de aumentar el salario básico de los

4

Número Interno: 2999-2025
Accionante: Alejandra María Risueño Martínez
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

jueces debe incidir directamente en la remuneración de los Procuradores Judiciales, pues su asignación
salarial no puede ser inferior […] si a dichos jueces les es aumentado el salario por una errónea liquidación
de la prima especial, como en efecto lo ordena el Consejo de Estado en las sentencias antes citadas, ese
aumento salarial debe verse también reflejado en la remuneración que percibe […]».

13. Sostuvo que, «[…] se ha presentado una reducción injustificada de su salario durante todo el tiempo

de su vinculación en un porcentaje del 30% que únicamente puede corregirse mediante el acatamiento de
los efectos jurídicos de la sentencia del Consejo de Estado que declaró su nulidad y el pago de la diferencia
salarial y la de todas las prestaciones sociales que dependan del salario como base de liquidación».

14. Argumentó que la disminución salarial generada por la errónea interpretación del

Gobierno vulnera derechos fundamentales protegidos por la Constitución, especialmente
el derecho al trabajo, al salario y a la seguridad social. La falta de reconocimiento del
incremento correcto en la prima especial implica una afectación directa al patrimonio y a
sus prestaciones sociales de la demandante, configurando la violación de normas
superiores y la necesidad de anular los actos que negaron la reliquidación salarial.

1.2. Contestación de la demanda3

15. La Procuraduría General de la Nación guardó silencio en la oportunidad prevista para

el efecto.

1.3. Sentencia de primera instancia4

16. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia

de Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD del Oficio 1110030000000 Radicado No. S-2020-
005741 del 3 de marzo de 2020, expedido por la Secretaría General de la Procuraduría
General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR NO FUNDADA la excepción de indebida escogencia del medio de
control propuesta por la parte demandada y caducidad de la acción.

TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN –
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer y pagar a Alejandra María
Risueño Martínez identificada con el número de cédula de ciudadanía 1.085.248.088 la
diferencia dejada de percibir por concepto de la prima especial (establecida en el artículo 14
de la ley 4 de 1992), en un valor adicional o agregado del 30% de la asignación básica, por el
período comprendido entre el 30 de enero de 2017 y el 1 de abril de 2019 atendiendo a los
periodos estrictamente laborados como Procuradora Judicial I.

3
Samai del tribunal de origen, índice 29.
4
Samai del tribunal de origen, índice 45.

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Igualmente, se CONDENA a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a
reliquidar y pagar a la parte demandante a partir del 30 de enero de 2017, todas las
prestaciones sociales como la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones,
bonificación judicial y demás emolumentos cancelados, teniéndose como base de liquidación
el 100% de la remuneración básica mensual legal e incluyendo el 30% cancelado como prima
especial de servicios.

Deberá tenerse en cuenta que las diferencias salariales que surjan a favor de la demandante,
sumada a los demás ingresos (prestaciones sociales y beneficios) que percibió la Dra.
Alejandra María Risueño Martínez, en ningún caso puede superar el porcentaje máximo de
ingresos dispuesto por el Gobierno nacional.

Dedúzcase de las diferencias a recibir todo aquello que, por concepto de otras acciones
judiciales, conciliaciones o transacciones estén relacionadas con las pretensiones y haya
recibido la demandante.

CUARTO: DECLARAR la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad
al 30 de enero de 2017 en relación con la prima especial de servicios, conforme se expuso
en las consideraciones de esta providencia.

QUINTO: Imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social. La Nación,
Procuraduría General de la Nación deberá tomar el ingreso base de cotización o IBC
pensional del demandante, correspondiente a la prima especial equivalente al 30%, como un
incremento o adición de la asignación básica dentro de los periodos en que prestó sus
servicios como Procuradora Judicial I, incluidos aquellos sobre los cuales se declare la
prescripción, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados y los que se debían
realizar, deberá cotizar al respectivo fondo de salud y pensiones la suma faltante por concepto
de aportes a pensión, igualmente lo deberá hacer la exservidora. Para ello se autorizan los
respectivos descuentos.

SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de
conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo dando aplicación a la
formula (sic) descrita en la parte motiva de la providencia.

SÉPTIMO: ADVIÉRTASE a la entidad condenada que deberá dar cumplimiento al presente
fallo, en los términos del artículo 176 del C.C.A. (Decreto 01 de 1984).

OCTAVO: NEGAR la condena en costas conforme lo expuesto en la presente providencia

NOVENO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DECIMA: (sic) Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, realizar las
comunicaciones y anotaciones pertinentes.

17. Como sustento de lo anterior, el Tribunal señaló que, como la demandante, «[…]se

vinculó con la Procuraduría General de la Nación como Procuradora 218 Judicial I para la Defensa de la
Infancia, Adolescencia y Familia de Cali, desde el 6 de septiembre de 2016 hasta el 1 de abril de 2019,
atendiendo a categoría que ostentó, sus ingresos (salarios + prestaciones sociales) deben igualar a los de
su homologo judicial, esto es a lo que debe devengar un Juez del Circuito» (sic). Asimismo, indicó que

la situación expuesta es similar a la ocurrida en la Rama Judicial con jueces y
magistrados, donde la reiteración de decretos con el mismo contenido llevó a una
reducción salarial por una interpretación errónea que asumió que el 30% de la asignación
correspondía a la prima especial prevista en la Ley 4ª de 1992.

18. Por lo anterior, resaltó que todo lo anterior ha generado una disminución en el salario

y, además, ha afectado la liquidación de las prestaciones sociales, las cuales debieron

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calcularse sobre el 100% del sueldo y no con base en una asignación del 70%.

19. De otra parte precisó que, «[…] en ningún momento se está reconociendo que la prima especial

del 30% que debía cancelar la PGN como una adición al salario, sea factor salarial para la liquidación de
todas las demás prestaciones sociales, ya se sabe, que ésta solo tiene incidencia para efectos de cotizar
al fondo pensional y no para otras prestaciones. En conclusión, y de nuevo, para dar respuesta al primer
punto del problema jurídico, la prima del 30% reconocida a esta clase de funcionarios públicos, tal como lo
afirma la parte demandada solo sirve para determinar el salario base de liquidación de la pensión de
jubilación y no para las demás prestaciones sociales».

20. Con relación a la reliquidación de cesantías y otros factores, sostuvo que, «[…] [l]a

Sentencia de Unificación SUJ-016-CE-S2-2019 establece que "Los funcionarios beneficiarios de la prima
especial de servicios a que se refiere el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (...) tienen derecho a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 %
que había sido excluido a título de prima especial.". Esto incluye las cesantías y otras prestaciones sociales que
se calculen sobre el salario básico. La regla de unificación es de aplicación obligatoria. Por lo tanto, las
pretensiones de reliquidación sobre el 100% del salario básico, incluyendo la prima especial, son
procedentes». A diferencia del reajuste de gastos de representación, del cual determinó

que la referida sentencia de unificación «[…] no menciona los gastos de representación como parte
de la reliquidación de la prima especial, sino que se centra en el "salario básico y/o asignación básica"».

21. Finalmente, frente a la prescripción, señaló que de conformidad con la sentencia de

unificación SUJ-016-CE-S2-2019 del Consejo de Estado el término debe contarse desde
la fecha de la reclamación administrativa y solo permite reconocer las diferencias tres
años hacia atrás. En ese sentido, concluyó que, como la demandante presentó la
reclamación administrativa el Treinta (30) de enero de Dos Mil Veinte (2020), se configuró
la prescripción respecto de las sumas causadas antes del Treinta (30) de enero de Dos
Mil Diecisiete (2017); sin embargo, resaltó que no opera respecto a los aportes a
seguridad social dado su carácter de imprescriptibles, razón por la cual, ordenó a ambas
partes realizar el pago porcentual correspondiente según las diferencias a su favor.

1.4. Recurso de apelación5

22. La entidad demandada interpuso recurso de apelación, al estimar que, la fijación de

salarios y prestaciones de los servidores públicos era competencia exclusiva del
Gobierno Nacional, por lo que la Procuraduría no podía reconocer valores distintos ni
modificar la naturaleza de los emolumentos establecidos por la ley, limitándose a aplicar
los decretos vigentes. En ese sentido, alegó que el acto administrativo demandado se

5
Samai del tribunal de origen, índice 48.

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ajusta plenamente a la ley y a los decretos salariales que, además, gozan de presunción
de legalidad.

23. Sostuvo que, «[…] la prima especial de servicios no hace parte de los factores que el Gobierno

Nacional ha señalado deben tenerse en cuenta para la liquidación de las cesantías […]». En ese sentido,

precisó que la entidad liquidó correctamente las prestaciones conforme a los factores
legales aplicables, y que la demandante no controvirtió oportunamente dichos actos.

24. Finalmente, cuestionó que, al haberse declarado la prescripción del derecho a percibir

el reajuste salarial y prestacional deprecado, igual suerte debió correr la obligación de
efectuar los aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión, comoquiera que
la suerte de lo principal es la suerte de lo accesorio.

1.5. Trámite del recurso - Ley 2080 de 2021

25. Con auto de Quince (15) de diciembre de Dos Mil Veinticinco (2025)6, el consejero

ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA
y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho
para fallo.

26. La parte demandante7 reiteró los argumentos de los alegatos de conclusión en primera

instancia. Por su parte, el Ministerio Público emitió concepto8 en el que solicitó modificar el
numeral tercero de la sentencia apelada para que las prestaciones se liquiden sobre el 100
% del salario básico y que el 30 % de la prima especial solo sea factor salarial para pensión,
sin aplicar prescripción trienal en los aportes.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

27. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de

conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el
artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9, el juez de segunda instancia debe

6
Samai - Índice 5.
7
Samai - Índice 13.
8
Samai - Índice 11.
9
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

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pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

28. La Sala deberá determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago

del 30% del salario básico mensual, presuntamente descontado a título de prima
especial; y si, además, la citada prima es factor salarial base para liquidar prestaciones,
tales como las cesantías. Asimismo, si no hay lugar a pagar los aportes a seguridad social
en salud y pensión, comoquiera que, sobre aquellos debe operar también la figura de la
prescripción.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

29. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,

corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública» .

30. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo

14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden de los

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

31. Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los

servidores de la Procuraduría General de la Nación se encontraban dispersas en distintas
normas; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 54 de 1993, que instauró
un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»

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acogieran voluntariamente a este.

32. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 estableció, expresamente, que la

prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aplicará,
entre otros, a «[…] los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación», y dejó claro
que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, y, que, además, tiene
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.

33. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 186 de 2014, señaló el valor de la asignación

básica de los Procuradores Judiciales I, y señaló que «[e]l treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley
4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República».

34. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta

Corporación en varias ocasiones y, en sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de
septiembre de 201910, esta Corporación consideró:

Para la Sala demostrado esta que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de
1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el
Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados
de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de
los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de
que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y l[a] asignación básica, sea
teniendo en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales; no cabe más que
restablecer este derecho.

Los principios constitucionales e internacionales del derecho al trabajo optan por darle
primacía a la progresividad del ingreso, a la interpretación más favorable al trabajador
y a la equidad y nivelación en el ingreso.

Frente a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional que reprodujeron el
contenido de aquellos declarados nulos mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, la Sala
encuentra procedente acoger la excepción de inconstitucionalidad, rogada por la parte actora,
en cuanto las disposiciones allí contenidas vulneran garantías laborales mínimas de los
beneficiarios de la prima especial, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política,
relativo a la prevalencia del texto superior frente a las leyes u otras normas jurídicas. (resalta
la Sala)

35. En esa oportunidad, la «Sala Plena de Conjueces» de esta Sección, sentó las siguientes

reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019;
expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).

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por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que· se refiere el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros
tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen
derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de rima
especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite
del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y-a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1998 "y 1848 de 1969.

36. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha

construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente
a la asignación básica prevista para los procuradores delegados ante la Rama Judicial
en sus diferentes órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y
prestacionales que integran el respectivo régimen de asignaciones.

2.4. Medios de prueba

37. Al expediente fueron aportadas las siguientes pruebas documentales:

37.1. Solicitud de reajuste radicada el Treinta (30) de enero de Dos Mil Veinte (2020), en

la que la accionante solicitó de la PGN, el reajuste de su asignación básica, la
reliquidación de sus prestaciones sociales con el 100% de la asignación básica, aportes
a la seguridad social y el pago de la prima especial de servicios11.

37.2. Oficio 1110030000000 Radicado No. S-2020-005741 del Tres (3) de marzo de Dos

Mil Veinte (2020), en virtud del cual, se negó la petición relacionada anteriormente12.

37.3 El Trece (13) de octubre de Dos Mil Veinte (2020)13, la demandante presentó solicitud

de conciliación extrajudicial ante las Procuradurías Judiciales de Pasto, la cual fue

11
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 3EXPEDIENTEDIGITAL_003ANEXOSDEMANDA, páginas 1 a 6.
12
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 3EXPEDIENTEDIGITAL_003ANEXOSDEMANDA, páginas 7 a 9.
13
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 3EXPEDIENTEDIGITAL_003ANEXOSDEMANDA, página 11.

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asignada posteriormente a la Procuraduría 156 Judicial II para asuntos administrativos
de Pasto14 y remitida a las Procuradurías Judiciales II para Asuntos Administrativos de
Cali15.

37.4. El Dieciocho (18) de marzo de Dos Mil Veinte (2020)16, la Procuraduría Regional del

Valle del Cauca declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial entre las partes y
expidió la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

2.5. Caso concreto

38. En el presente asunto, la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del

Cauca, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, oportunidad en la que,
dispuso: (i) declarar la nulidad del acto administrativo acusado; (ii) declarar no fundada
la excepción de indebida escogencia del medio de control propuesta por la parte
demandada y caducidad de la acción; (iii) ordenar el pago de la prima especial como un
30% adicional al salario básico, entre el Treinta (30) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017)
y el Primero (1) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019); (iv) reliquidar las prestaciones
sociales del actor con el 100% de la asignación básica e incluyendo el 30% cancelado
como prima especial de servicios, y sufragar las respectivas diferencias; (v) declarar la
prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al Treinta (30) de
enero de Dos Mil Diecisiete (2017) en relación con la prima especial de servicios y; (vi)
la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social de salud y pensiones .

39. Inconforme con tal decisión, la entidad apelante aduce que: (i) ha cancelado los

salarios y prestaciones de la accionante conforme a los decretos salariales expedidos por
el Gobierno Nacional los cuales anualmente fijan la remuneración de los servidores de la
Procuraduría, incluidos los procuradores judiciales I; (ii) la prima especial de servicios no
tiene carácter salarial para liquidar cesantías y; (ii) al haberse declarado la prescripción
del reajuste salarial y prestacional, también debieron prescribir los aportes a seguridad
social en salud y pensión.

40. Aclarado lo anterior, la Sala pasa a analizar los argumentos de inconformidad de la

entidad demandada formulados en el recurso de apelación.

14
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 3EXPEDIENTEDIGITAL_003ANEXOSDEMANDA, página 12.
15
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 3EXPEDIENTEDIGITAL_003ANEXOSDEMANDA, páginas 13 a 14.
16
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 3EXPEDIENTEDIGITAL_003ANEXOSDEMANDA, páginas 21 a 24.

12

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41. De conformidad con lo expuesto en el marco normativo, la Sala reitera que, la Ley 4ª

de 1992 en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…]
no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial» , para servidores de la

Rama Judicial y del Ministerio Público, con efectos a partir del primero 1° de enero de
1993.

42. Inicialmente, el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Procuraduría

estaba disperso en varias normas, hasta que el Decreto 54 de 1993 estableció un nuevo
sistema aplicable a quienes ingresaran o se acogieran a él. Luego, la Ley 332 de 1996
reconoció la prima especial de servicios para procuradores delegados, indicando que
esta tiene carácter salarial únicamente para efectos pensionales.

43. Posteriormente, el artículo 10 del Decreto 186 de 2014, señaló el valor de la

asignación básica de los Procuradores Judiciales I, y señaló que «[e]l treinta por ciento (30%)
de esta remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14
de la Ley 4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República». En ese sentido, la norma evidencia

un fraccionamiento del salario, al destinar el 30% como prima sin carácter salarial,
separándolo del salario base.

44. La Sala resalta que, de acuerdo con el Decreto 186 de 2014, para esa anualidad, la

asignación básica de los Procuradores Judiciales I correspondía a $5.992.084, razón por
la cual, el valor de dicha asignación para los años posteriores, fijada por el Gobierno
Nacional, puede calcularse así:

Porcentaje Asignación
Año Decreto
de aumento básica
2014 186 de 2014 n/a $ 5.992.084
2015 1257 de 2015 4,66% $ 6.271.315
2016 245 de 2016 7,77% $ 6.758.596
2017 1013 de 2017 6,75% $ 7.214.802
• Fuente: elaboración propia

45. En el presente caso, la señora Alejandra María Risueño Martínez manifestó que,

prestó sus servicios a la entidad demandada desde el Seis (6) de septiembre de Dos Mil
Dieciséis (2016) hasta el Primero (1) de abril de Dos Mil Diecinueve (2019), en el empleo
«Procuradora 218 Judicial I», para la defensa de la infancia, adolescencia y familia de la

ciudad de Cali17, aspecto que fue aceptado por la Procuraduría General de la Nación el
recurso de apelación18.

17
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 2EXPEDIENTEDIGITAL_002DEMANDAYPODER(.PDF).
18
Samai del tribunal de origen, índice 48.

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46. Ahora bien, aunque en el expediente no reposan certificados salariales de la
demandante como procuradora judicial I durante el período reclamado, la Subsección en
estos casos ha señalado que, «[…]ello no puede ser un motivo para afectar el derecho que tiene a
ser beneficiario de la prima especial de servicios como un adicional a su salario, por el cargo que
desempeñó».19

47. Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, y en especial,

de las reglas sentadas en la sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de Dos (2) de septiembre
de Dos Mil Diecinueve (2019)20, emitida por la Sala Plena de Conjueces, es claro que, a
la demandante le asiste el derecho a percibir la prima especial de servicios como un
incremento adicional a la asignación básica, distinto de aquella, y en cuantía igual al 30%
de esta.

48. En consecuencia, la accionante tiene derecho al reconocimiento de los valores

indebidamente detraídos, a título de prima especial de servicios, y, a la reliquidación de
sus prestaciones, teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica mensual durante
el tiempo en que se desempeñó como procuradora judicial I.

49. En relación con la alegada falta de competencia de la entidad para reconocer los

emolumentos solicitados, la Subsección ha indicado que, «[…] no implica la fijación de un nuevo
régimen salarial ni el reconocimiento de emolumentos distintos de los previstos en la Ley 4ª de 1992, sino
a la correcta aplicación del artículo 14 de dicha ley, conforme con la interpretación unificada del Consejo
de Estado».21 Precisando que, la reliquidación no crea un nuevo régimen, sino que restituye

el salario completo y reconoce la prima como un valor adicional, corrigiendo su indebido
fraccionamiento.

50. Respecto el argumento de inconformidad según el cual la prima especial de servicios

no es base para liquidar prestaciones sociales, debe reiterarse que, tanto la norma que
la creó, esto es, el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como los decretos que anualmente ha
expedido el Gobierno nacional y que han fijado el régimen salarial de los servidores de la
Procuraduría General; así como la jurisprudencia de esta Corporación22 han sido
enfáticas en precisar el carácter no salarial de la prima especial de servicios, lo cual,

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 19 de marzo de 2026, expediente 76001-23-33-000-2015-01182-
02 (6703-2023); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019;
expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
21
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 19 de marzo de 2026, expediente 17001-23-33-000-2017-
00034-02 (6216-2024); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 31 de julio de 2025.
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado 76001-23-33-000-2016-00811-02 (4573-2024).

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Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

conlleva a que no pueda servir de base en la liquidación de prestaciones sociales y solo
tenga este carácter para efectos pensionales; no obstante, tales prestaciones sociales
deben ser liquidadas teniendo en cuenta el 100% de la asignación básica, sin sumarle ni
restarle el 30% de la prima especial de servicios.

51. Cuando se revisa la orden dada por el Tribunal en tal sentido en el inciso segundo del

ordinal tercero de la sentencia, se observa que, la redacción de aquel puede llevar a
confusiones, motivo por el cual, habrá de modificarse el citado ordinal con el fin de
precisar que la reliquidación de las prestaciones sociales deberá efectuarse con base en
el 100 % de la asignación básica; y, por tanto, se suprimirá la incorporación del 30 %
correspondiente a la prima especial de servicios.

52. Por otra parte, la accionada considera que no hay lugar a pagar los aportes a

seguridad social en salud y pensión, comoquiera que, sobre aquellos debe operar
también la figura de la prescripción.

53. En ese sentido, en cuanto a los salarios y prestaciones que, si son pasibles de

prescripción, la Sala advierte que la accionante se vinculó a la PGN el Seis (6) de
septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), elevó la correspondiente reclamación
administrativa el Treinta (30) de enero de Dos Mil Veinte (2020), y radicó la demanda el
Diecinueve (19) de marzo de Dos Mil Veintiuno (2021)23, razón por la cual, es dable
concluir que se configuró la prescripción sobre el reajuste deprecado que se causó con
anterioridad al Treinta (30) de enero de Dos Mil Diecisiete (2017), tal como lo concluyó el
A-quo.

54. Ahora bien, el Tribunal dispuso que no operaría el fenómeno de la prescripción sobre

los aportes a la seguridad social en pensión, decisión que se considera ajustada a
derecho; lo anterior por cuanto, los aportes pensionales están ligados al derecho a la
pensión, el cual es un derecho irrenunciable e imprescriptible. Así lo ha expuesto esta
Sala24 en otras providencias donde se ha indicado: «frente a estos aportes al sistema general en
pensiones, no aplica bajo ninguna circunstancia, este fenómeno jurídico»25.

23
Samai del tribunal de origen, índice 3, archivo: 4EXPEDIENTEDIGITAL_004ACTADEREPARTO20210039000AMCHB(.PDF).
24
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.
25
C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera, Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 12 de junio de 2025, Rad. No.
66001-23-33-000-2018-00126-02 (4546-2024).

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55. En igual sentido se pronunció la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del

Consejo de Estado26, quien manifestó: «el fenómeno de la prescripción no opera sobre derechos
que recaigan sobre las cotizaciones o aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por
tratarse este de un derecho cierto, irrenunciable e imprescriptible que se reconoce a favor de los
funcionarios que prestan sus servicios laborales al Estado».

56. Aclarado lo anterior, se pasa a analizar la inconformidad de la parte pasiva respecto

al pago de aportes a la seguridad social en salud.

57. Frente a ello, debe advertirse que, esta Sección, ha explicado que, «los recursos del
sistema de la Seguridad Social en salud son rentas parafiscales. Por ello, en virtud de esa naturaleza
parafiscal, estos aportes son de obligatorio pago y recaudo para un fin específico y no constituyen
un crédito en favor del interesado»27.

58. En este punto debe recordarse que, el pago de aportes a la pensión es obligatorio

conforme lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993; normativa según la cual,
durante la vigencia de la relación laboral deben efectuarse cotizaciones obligatorias al
sistema de seguridad social en salud y pensión por parte de los afiliados, empleadores y
contratistas, con base en el salario o ingresos que devenguen. Asimismo, el parágrafo 1
del artículo 204 ibidem consagró que, la base de cotización de las personas vinculadas
mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema
General de Seguridad Social en Salud, sería la misma contemplada en el sistema general
de pensiones de dicha ley.

59. Por su parte, la Ley 1393 de 2010, en su artículo 33, consagró que las cotizaciones al

Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la misma base de
las cotizaciones a los riesgos profesionales y pensiones.

60. En ese orden de ideas, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de

seguridad social, esto es, la capacidad para que aquel pueda mantenerse
financieramente viable y operativo a largo plazo, garantizando con ello la protección y
cobertura a toda la población frente a los riesgos que este ampara; es necesario que las
cotizaciones al sistema de seguridad social integral se hagan sobre la base de todo el
salario o ingresos que perciba el trabajador, cotizaciones que deben realizarse sobre la
misma base salarial, tanto para los aportes pensionales como para los aportes a salud.

26
Consejo de Estado, Sala de Conjueces, sentercia del 6 de junio de 2023, C.P. Juan Camilo Morales Trujillo, expediente No.
73001-23-33-000-2017-00228-01 (5613-2018)
27
C.P, Rafael Francisco Suárez Vargas, Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 9 de septiembre de 2021, Rad. No.
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).

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61. Estos aportes, además, ayudan a garantizar el principio de solidaridad en el sistema

de seguridad social, según el cual, los recursos y esfuerzos se comparten de manera que
se proteja a los grupos más vulnerables y se distribuya la carga económica de manera
equitativa. Esto implica que quienes tienen mayor capacidad contributiva aportan más, y
esos recursos financian la protección social de quienes tienen menor capacidad o están
en situación de riesgo.

62. Por tanto, se considera que, sobre el reajuste salarial y prestacional que se deriva de

la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, esto es, la prima
especial de servicios, se debe pagar no solo los aportes pensionales, sino también los
aportes al sistema de seguridad social en salud; en aras de garantizar los citados
principios de solidaridad y sostenibilidad del sistema28. Así las cosas, el argumento
formulado en el recurso de alzada no tiene ánimo de prosperidad.

63. En síntesis, se modificará el inciso segundo del ordinal «TERCERO» de la sentencia de

primera instancia, con el fin de precisar que la reliquidación de prestaciones sociales
deberá efectuarse con base en el 100% de la asignación básica, y, por tanto, se suprimirá
la incorporación del 30% correspondiente a la prima especial de servicios.

64. Con todo, la Subsección precisará que, para el cumplimiento de esta sentencia, la

entidad deberá verificar los pagos que, posiblemente haya realizado con ocasión de la
entrada en vigor del Decreto 272 de 2021, que reguló la prima especial de servicios, y
hacer los descuentos correspondientes, por lo efectivamente pagado, sin superar los
topes establecidos por el Gobierno Nacional.

65. Finalmente, dado que en los ordinales “SEXTO y “SÉPTIMO” del fallo impugnado se

hizo referencia a los artículos 176 y 178 del CCA, y que esta controversia se tramita bajo
las reglas contenidas en el CPACA, se efectuarán las correspondientes correcciones.

2.6. Condena en costas

66. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala

temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por

28
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 23 de octubre de 2025; expediente 17001-23-33-000-2021-
00191-02 (1826-2025); consejera ponente: Elizabeth Becerra Cornejo.

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la cual, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR el inciso segundo del ordinal «TERCERO», y los ordinales
«SEXTO» y «SÉPTIMO» de la sentencia de Veintiocho (28) de agosto de Dos Mil Veinticinco

(2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la señora Alejandra María
Risueño Martínez, los cuales, quedarán así:

TERCERO: CONDENAR a título de restablecimiento del derecho, a la NACIÓN –
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN , a reconocer y pagar a Alejandra María
Risueño Martínez identificada con el número de cédula de ciudadanía 1.085.248.088
la diferencia dejada de percibir por concepto de la prima especial (establecida en el
artículo 14 de la ley 4 de 1992), en un valor adicional o agregado del 30% de la asignación
básica, por el período comprendido entre el 30 de enero de 2017 y el 1 de abril de 2019
atendiendo a los periodos estrictamente laborados como Procuradora Judicial I.

Igualmente, se CONDENA a la NACIÓN – PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
a reliquidar y pagar a la parte demandante a partir del 30 de enero de 2017, todas las
prestaciones sociales como la prima de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones,
bonificación judicial y demás emolumentos cancelados, teniéndose como base de
liquidación el 100% de la remuneración básica mensual legal.

Para el cumplimiento de esta sentencia, la entidad deberá verificar los pagos que,
posiblemente haya realizado con ocasión de la entrada en vigor del Decreto 272 de 2021,
que reguló la prima especial de servicios, y hacer los descuentos correspondientes, por
lo efectivamente pagado, sin superar los topes establecidos por el Gobierno Nacional.

[...]
SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de
conformidad con el artículo 187 del CPACA, dando aplicación a la formula descrita en la
parte motiva de la providencia.

SÉPTIMO: ADVIÉRTASE a la entidad condenada que deberá dar cumplimiento al
presente fallo, en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Veintiocho (28) de agosto
de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por la
señora Alejandra María Risueño Martínez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de
esta sentencia.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia.

18

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CUARTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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