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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01182-02

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2015-01182-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 23 de mayo de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Pedro Alonso Bayona Díaz en contra de la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. Segundo. Modificar y adicionar al ordinal 3° de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: Tercero: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho condénese a la Procuraduría General de la Nación a pagar a Pedro Alonso Bayona Diaz la reliquidación de la prima especial de servicios teniendo en cuenta para efecto el 30% de su salario básico de cada año, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, como un agregado a este que se ha debido añadir a su remuneración mensual y no 18 Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023) Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz como integrante de la misma, durante el tiempo que prestó servicios el demandante como Procurador Judicial II. Prestación que solo constituye factor salarial para efectos de los aportes a pensión. Tercero. Adicionar al ordinal 4° de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, lo siguiente: Cuarto: Declarar la prescripción trienal de los derechos pretendidos por el demandante, causados con anterioridad al 16 de mayo 2011, con excepción de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones por ser imprescriptibles. Cuarto. Modificar el ordinal 5° de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así: Quinto: Autorizar a la entidad demandada a que retenga al momento de hacer el pago, las sumas correspondientes a los aportes que debió efectuar el actoral sistema de la seguridad social, sobre las sumas debidas, y en su lugar, trasladarlas al fondo de pensiones que corresponda. Se precisa que para realizar el pago de los aportes en pensiones se tomará en cuenta […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2015-01182-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz
Demandado: Procuraduría General de la Nación1

Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
demandada en contra de la sentencia del 23 de mayo de 2023 proferida por la sala
de conjueces del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.2. Las pretensiones

1. Pedro Alonso Bayona Díaz presentó demanda2 en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio SG003332 del 23 de julio de 2014, expedido por
la secretaría general de la PGN que le negó el reconocimiento y pago de la prima
especial de servicios dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como factor
salarial.

1 En adelante PGN.
2 Folios 1 a 61 del cuaderno principal. Radicada el 5 de octubre de 2015.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

2. La inaplicación por inconstitucionalidad de los decretos 621 del 2 de marzo de
2007, 661 del 4 de marzo de 2008, 726 del 4 de marzo de 2009, 1391 del 26 abril
de 2010, 1043 del 4 de abril de 2011, 841 del 25 de abril de 2012, 1016 del 21 de
abril de 2013 y 186 del 7 de febrero de 2014.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago desde
«abril de 2004 hasta la presentación de la demanda» de: a) la prima especial de servicios
con efectos salariales en cuantía del 30% y la incidencia de esta sobre las demás
prestaciones; b) los salarios, «cesantías, intereses a las cesantías, aportes a pensión,
demás prestaciones sociales y cualquiera otro emolumento cancelado de forma
incompleta»; c) «el valor que falte para alcanzar el 30% sobre el 100% de los percibido
como Procurador Judicial II»; y ii) el pago de intereses moratorios, en los términos del
artículo 192 del CPACA.

1.1.3. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:

4.1. Pedro Alonso Bayona Diaz se desempeñó como procurador judicial II penal,
desde «marzo de 2004, cargo que aún ejerce».

4.2. En febrero de 20155 solicitó a la Procuraduría General de la Nación el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios dispuesta en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como adición a la remuneración mensual, en virtud de la
sentencia del 29 de abril de 2014, por tener derecho «desde octubre de 2010» y la
reliquidación y pago de todas las prestaciones sociales del periodo comprendido
entre «Abril de 2004, hasta la fecha» (sic).

4.3. Mediante el Oficio SG001332 del 24 de marzo de 2015 la entidad demandada
negó la anterior petición con el argumento de que ya se había resuelto previamente
esa solicitud con Oficio SG003332 del 23 de julio de 2014, notificada por aviso
140815 del 15 de septiembre de 2004.

1.1.4. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 2, 6, 13, 25, 29, 53, 58, 90, 123 y 209 de la
Constitución Política; 15 y 21 del Código Sustantivo del Trabajo; 2 y 10 de la Ley 4
de 1992 y la Ley 270 de 1996.

6. En cuanto al concepto de violación, se destaca lo siguiente:

4 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116».
5 No se indicó el día.

2

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

6.1. El acto administrativo demandado desconoció las normas constitucionales y
legales, pues se transgredió los derechos adquiridos de Pedro Alonso Bayona Diaz,
los fines que gobernaban las leyes laborales y la función pública. Desconoció
también todos los principios y reglas establecidas para la situación «en iguales
condiciones», vulnerando los derechos a la vida, a la igualdad, al trabajo, entre otros
del demandante.

6.2. La Procuraduría General de la Nación pagó el salario y las prestaciones sociales
del demandante excluyendo la prima especial de servicios como factor salarial, lo
que generó que se recibieran de forma incompleta las acreencias laborales y
prestacionales.

1.2. Contestación de la demanda

7. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
exponen a continuación6:

7.1. Laprima especial no tenía carácter salarial para efectos de liquidar las
prestaciones sociales a sus destinatarios, pues así se había establecido en los
decretos salariales anuales y en ese sentido gozaban de plenos efectos jurídicos,
por cuanto no fueron derogados, anulados o sustituidos.

7.2. La PGN no tenía la facultad constitucional o legal para definir el régimen salarial
de los funcionarios vinculados a su planta de personal, según lo dispuesto en la
Constitución Política y la Ley 4 de 1992, toda vez que era el gobierno nacional el
encargado de definir el régimen salarial de los servidores públicos, quien cada año
determinaba los montos del presupuesto asignado anualmente a cada entidad para
cubrir los costos de la administración de los recursos humanos. Razón por la cual
esa entidad no podía efectuar reconocimientos laborales distintos de los
establecidos expresamente en los actos administrativos que se expidieron para el
efecto y que se encontraban vigentes.

7.3. La PGN durante el tiempo en que el demandante se desempeñó en el cargo de
procurador judicial II le pagó su salario y los demás emolumentos a los que tenía
derecho, según lo señalado por la norma expedida por el gobierno nacional y
vigente para la época de su vinculación con la entidad.

7.4. Propuso la excepción de «falta de legitimación en la causa por pasiva».

6 Folios 123 a 137 del cuaderno principal.

3

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia proferida el 23 de
mayo de 20237, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal
sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: ESTARSE a lo dispuesto por las sentencias de Unificación Jurisprudencial
del Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces del 2 de septiembre de
2019 (Ponente CARMEN ANAYA DE CASTELLANOS, Exp. 41001-23-33-000-2016-
00041-02(2204-18) CE-SUJ-016-S2-19, Actor: JOAQUÍN VEGA PÉREZ) [entiéndase
incluido el auto de la misma Sala de Conjueces del 7 de octubre de 2019 que la aclaró
parcialmente y la corrigió], y la del 18 de mayo de 2016 de la Sala de Conjueces –
Sección Segunda del Consejo de Estado (Ponente JORGE IVÁN ACUÑA ARRIETA,
Exp. No. 250002325000201000246-02, Actor: Jorge Luis Quiroz Alemán), de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: DECLARESE la nulidad del oficio SG No. 003332 del 23 de julio de 2014,
expedido por la Secretaria General de la Procuraduría General de la Nación, por medio
de los cuales la entidad demandad resolvió en forma desfavorable las peticiones
presentadas por los demandantes sobre la reliquidación y pago de la prima especial de
servicios, conforme a lo expuesto en esta sentencia.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
CONDÉNESE a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a PEDRO
ALONSO BAYONA DIAZ la reliquidación de la prima especial de servicios teniendo en
cuenta para efecto el 30% de su salario básico de cada año, de acuerdo con en el artículo
14 de la Ley 4a de 1992, como un agregado a este que se ha debido añadir a su
remuneración mensual y no como integrante de la misma.

CUARTO: DECLARAR la prescripción trienal de los derechos pretendidos por el
demandante, causados con anterioridad al 16 de mayo 2011.

QUINTO: AUTORIZAR a la entidad demandada a que retenga al momento de hacer el
pago, las sumas correspondientes a los aportes que debió efectuar el actoral sistema de
la seguridad social, sobre las sumas debidas, y en su lugar, trasladarlas al fondo de
pensiones que corresponda.

SEXTO: NO CONDENAR en costas, conforme a la parte motiva de la presente
providencia.[…].» [Sic]

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. La prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 correspondía
a un beneficio que debía reconocerse y pagarse permanentemente en el curso de
la relación laboral como una suma adicional a la asignación o ingreso básico, por lo
tanto «los actos acusados» fueron proferidos en virtud de normas que contrarían
principios constitucionales como los establecidos en el artículo 53, toda vez que la

7 Samai, índice 70.

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

mencionada prima no podía ser entendida como una parte sustraída del salario
básico y /o asignación básica, sino como un emolumento adicional al mismo.

9.2. Se ordenó reliquidar el salario de Pedro Alonso Bayona Diaz conforme con lo
establecido en la sentencia de «unificación» del 29 de abril de 2014, es decir, sobre
el 100% de su salario básico y/o asignación básica con la inclusión del 30% que
había sido excluido a título de prima especial.

9.3. Ahora, para efectos de establecer la prescripción se encontraron inconsistencias
para determinar la fecha de la reclamación administrativa, ya que se señaló en los
hechos de la demanda que esta se había efectuado en febrero de 2015, mientras
que el acto demandado se indicó que esa petición tenía como fecha el 23 de julio
de 2014.

9.4. La entidad demandada en la contestación señaló que esa reclamación se había
realizado en febrero de 2015, pero obraba prueba en contrario respecto de esta
afirmación ya que en Oficio SG001332 del 24 de marzo de 2015 proferido por esa
entidad se había indicado que esta era del 16 de mayo de 2014 y que había sido
resuelta con Oficio SG003332 del 23 de julio de 2014.

9.5. La PGN en los alegatos de conclusión señaló que el demandante interrumpió el
término de prescripción el 23 de junio de 2014 cuando presentó su solicitud de
«reconocimiento de la reliquidación y pago de la prima especial de servicios y
reconocimiento de la naturaleza salarial de dicha prestación» y que por tanto sólo debía
comprender las sumas que dejó de percibir desde el 23 de junio de 2011.

9.6. Teniendo en cuenta las inconsistencias encontradas y ante la dificultad para
establecer con certeza la fecha de presentación de la reclamación, se tomó como
tal la del 16 de mayo de 2014 indicada por la entidad demandada en el Oficio SG
001332 del 24 de marzo de 2015 como fecha de su presentación y que tenía relación
con el acto administrativo demandado que era del mismo año, este es el Oficio SG
003332 del 23 de julio de 2014. En consecuencia, el reconocimiento de la prima
especial se ordenó desde el 16 de mayo de 2011.

1.4. El recurso de apelación

10. La PGN solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia para que, en
su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los
siguientes argumentos8:

8 Samai, índice 73.

5

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

11. La competencia general en materia de fijación de salarios y prestaciones para
los servidores del Estado correspondía exclusivamente al gobierno nacional, en
cabeza de la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y el director del Departamento Administrativo de la Función Pública, por lo
que resultaba imposible que la PGN efectuara reconocimientos laborales distintos
o con montos diferentes a los establecidos en los actos administrativos expedidos
reconocidos en la ley por aquellas o cambiar la naturaleza legal de cada uno de los
emolumentos.

12. La prima especial y la «bonificación por compensación» no constituían factor salarial
y por ende no tenían incidencia en las cesantías tal y como lo dispusieron los
decretos salariales expedidos por el gobierno nacional, por lo que, si el demandante
tenía alguna inconformidad, debió recurrir los actos administrativos que le
reconocían esta prestación.

13. No podía sumarse el porcentaje equivalente a la prima especial de servicios al
sueldo de los procuradores judiciales II, pues ello superaba el tope máximo del 80%
ordenado por la ley, tampoco podía aumentarse las prestaciones sociales de
quienes eran beneficiarios de la bonificación por compensación como el
demandante, por cuanto también se superaría el mencionado tope, pues esta
prestación precisamente se encargó de realizar la nivelación salarial entre estos
servidores.

14. El hecho de que se les liquidara la prima especial de servicios dispuesta en el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 de forma adicional o no al salario básico resultaba
irrelevante porque en cualquier caso los ingresos de los magistrados, procuradores
delegados ante tribunales y demás cargos homólogos no podía superar el 80% de
lo que por todo concepto devengara un magistrado de alta corte.

1.5. Trámite en segunda instancia

15. En auto del 30 de abril de 2025 se admitió el recurso de apelación presentado
por la parte demandada contra la sentencia del 23 de mayo de 2023 proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca9.

16. El Ministerio Público no rindió concepto10.

2. Consideraciones

2.1. Problema jurídico

9 Samai, índice 17.
10 Samai, índice 21.

6

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

17. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia11, se circunscriben a
establecer si:

17.1. ¿PedroAlonso Bayona Díaz tiene derecho al reconocimiento de la prima
especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un
emolumento adicional a la asignación básica mensual?

17.2. ¿la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
tiene carácter salarial?

17.3. ¿acceder a las pretensiones de la demanda implica superar los topes
establecidos en los decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012?

2.2 Marco normativo y jurisprudencial.

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

18. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.

19. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial12 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero

11 Así lo dispone el artículo 328 del CGP.
12 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

7

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

20. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).

21. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

22. El Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló
que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma
[artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la
Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la
escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también
se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes,
Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal
Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación».

23. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200713, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n

13 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará
como Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico
mensual de los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito
Judicial y Contencioso Administrativo, de los Jueces de la República, de los
Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar14».

24. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

25. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

26. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201915, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del

14 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.

6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.

27. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201916.

28. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201417 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
17 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936

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Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].

29. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 18 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

30. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

31. En la sentencia del 2 de septiembre de 201919, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
18 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).

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Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

32. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

33. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

34. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior20 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

35. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

36. Así, en palabras de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-0521 «no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor medida con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

2.3. Caso concreto

2.3.1. Hechos probados

20 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
21 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)

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Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

37. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

37.1. A través del Oficio SG003322 del 23 de julio de 2014 la PGN dio respuesta de
forma desfavorable a la petición «de reliquidación de las prestaciones sociales laborales
incluyendo la prima especial como factor salarial.» presentada por el demandante, en
consideración a que si bien este se desempeñaba en calidad de procurador judicial
II desde el 12 de abril de 2004 «hasta la fecha», había percibido sus ingresos en el
máximo posible, por lo que pagarle un valor adicional daría lugar a un pago sin
fundamento jurídico22.

37.2. El 18 de febrero de 2015 Pedro Alonso Bayona Díaz solicitó a la entidad
demandada el reconocimiento de la prima especial dispuesta en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 como factor salarial y la reliquidación de los salarios, prestaciones
sociales, «cesantías, intereses a las cesantías y aportes a pensión»23.

37.3. A través de Oficio 001332 del 24 de marzo de 2015 la PGN dio respuesta a la
anterior petición en el sentido de indicarle que el 16 de mayo de 2014 había
presentado una reclamación con el mismo objeto, la cual había sido resuelta con
Oficio SG003332 del 23 de julio de 2014, razón por la cual reiteraba los argumentos
señalados en ese acto administrativo24.

37.4. El 26 de agosto de 2015 el demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría Judicial Administrativa de Cali25.

37.5. El 25 de septiembre de 2015 la Procuraduría 20 Judicial II Administrativa de
Cali declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial entre las partes del
presente proceso26; y expidió constancia en la que se dio por agotado el requisito
de procedibilidad exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo.

2.4. Análisis sustancial

38. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto administrativo acusado
y a título de restablecimiento del derecho condenó a la PGN a i) reliquidar y pagar
al demandante la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional a la
asignación básica mensual «de cada año»; ii) declaró la prescripción de los

22 Folios 18 a 24 del cuaderno principal.
23 Folios 3 a 16 del cuaderno principal.
24 Folio 25 del cuaderno principal.
25 Folios 32 a 34 del cuaderno principal.
26 Folios 25 a 31 del cuaderno principal.

13

Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

derechos pretendidos con anterioridad al 16 de mayo de 2011; y iii) autorizó a la
demandada a retener el pago de los aportes que debió efectuar al sistema de
seguridad social integral sobre las sumas debidas por concepto de pensiones.

39. La PGN cuestionó la anterior decisión con fundamento en que: i) consideró que
había pagado los salarios y la prima especial de servicios en la forma descrita en
los decretos salariales anuales y que no tenía la atribución legal para reconocer
sumas distintas de las ya pagadas; ii) la mencionada prima no constituía factor
salarial; y iii) de reconocerse la prima especial al demandante implicaría que se
superaría el tope máximo del 80% ordenado por la ley.

40. Como se expuso en el marco normativo de esta decisión la Ley 4ª de 1992 creó
una prima «no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial»
para unos servidores de la Rama Judicial y agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial, entre otros, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.

41. Por su parte, en los decretos salariales anuales 4169 de 2004, 933 de 2005, 392
de 2006, 621 de 2007, 661 de 2008, 729 de 2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011,
841 de 2012, 1016 de 2013 y 186 de 2014 se dispuso que el 30% de la asignación
básica mensual de los procuradores judiciales II correspondería a la prima especial
de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

27
42. Así, para el año 2014 el gobierno nacional estableció un salario básico de
$8.623.464 para los procuradores judiciales II28 por medio del artículo 9 del Decreto
186 de ese año, en el que el citado salario fue dividido del siguiente modo:
$3.383.514 a título de asignación básica, $3.383.511 por concepto de gastos de
representación y $1.856.439 de prima especial de servicios, lo que evidencia el
fraccionamiento del salario desde el contenido mismo de la norma, pues se tomó el
30% del salario y se pagó a título de la citada prima sin carácter salarial. Lo que
generó un fraccionamiento salarial.

43. En este proceso se demostró que Pedro Alonso Bayona Díaz desempeñó el
empleo de procurador judicial II delegado desde el 12 de abril de 2004 hasta el 23

27 El análisis sobre el fraccionamiento del salario parte del año 2014 porque es el último año en el

que el gobierno nacional incrementó nominalmente el salario, toda vez que a partir del año 2015
los aumentos fueron de carácter porcentual.
28 Artículo 9°. A partir del 1° de enero de 2014, la remuneración mensual de los Procuradores

Judiciales II ante los Tribunales: Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal
Militar, Nacional, ante Jurisdicción Agraria, de Menores y Familia, será de ocho millones seiscientos
veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($8.623.464) moneda corriente, distribuida así:
Asignación Básica 3.383.514
Gastos de Representación 3.383.511
Prima Especial 1.856.439

14

Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

de julio de 201429 y, en consecuencia, tenía derecho al reconocimiento y pago de la
prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, modificada por la
Ley 332 de 1996 por ser una prima prevista a favor de los servidores que ejercen el
cargo que él desempeñó.

44. Ahora, si bien en el plenario no obra prueba de los certificados salariales del
demandante como procurador judicial II en el periodo reclamado, ello no puede ser
un motivo para afectar el derecho que tiene a ser beneficiario de la prima especial
de servicios como un adicional a su salario, por el cargo que desempeñó. Se
precisa, que en todo caso ese reconocimiento está condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por ese concepto.

45. En ese sentido, de acuerdo con la posición del Consejo de Estado sobre el
particular la prima especial de servicios sí debe ser pagada de manera adicional al
salario básico, por lo que la interpretación que la PGN realizó sobre el
reconocimiento de dicha prestación implicó que a Pedro Alonso Bayona Díaz se le
dejara de pagar el 30% del salario mientras laboró como procurador judicial II.

46. En lo relativo al carácter salarial de la prima especial de servicios y de acuerdo
con lo expuesto en el marco normativo de esta providencia, se tiene que la Ley 4ª
de 1992 creó la mencionada prestación «[s]in carácter salarial» para los servidores
de la Rama Judicial, con efectos a partir del 1 de enero de 1993. A su vez, con el
Decreto 57 de 1993 previó en su artículo 6 que la prima especial de servicios no
tenía carácter salarial.

47. Lo anterior, se acompasa con el análisis realizado en la sentencia C-279 de 1996
de la Corte Constitucional, en la que se dispuso de forma clara que la prima especial
de servicios no tenía carácter salarial y, en consecuencia, no debía hacer parte del
cálculo de liquidación de las prestaciones sociales; como en la sentencia del 2 de
septiembre de 2019 proferida por el Consejo de Estado30, en la que se dispuso que
esa prestación solo constituiría factor salarial para efectos de la pensión de
jubilación. Razón por la cual se precisará que el reconocimiento ordenado de la
prima en cuestión solo constituye factor salarial para efectos pensionales.

48. En cuanto al argumento sobre la falta de competencia de la entidad para
reconocer los emolumentos pretendidos por el demandante, la Sala debe decir que
ello no implica la fijación de un nuevo régimen salarial ni el reconocimiento de
emolumentos distintos de los previstos en la Ley 4ª de 1992, sino a la correcta

29 Fecha en la cual se expidió el Oficio SG003332 por parte de la PGN y se indicó que se encontraba

vinculado hasta esa fecha.
30
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).

15

Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

aplicación del artículo 14 de dicha ley, conforme con la interpretación unificada del
Consejo de Estado.

49. La orden de reliquidación no fija un régimen distinto, pues no introduce factores
salariales nuevos, sino que restablece la asignación básica al 100% y reconoce la
prima especial como un incremento adicional, tal como fue concebida por el
legislador y precisado por la jurisprudencia, frente al fraccionamiento indebido
efectuado por los decretos anuales proferidos por el gobierno nacional.

50. En relación con la eventual superación de los topes previstos en los decretos 610
de 1998 y 1102 de 2012, debe decirse que en la sentencia del Consejo de Estado
del 2 de septiembre de 2019, el reconocimiento del derecho a la prima especial y la
reliquidación de prestaciones sociales procede de manera condicionada, sin que en
ningún caso se superen los límites porcentuales establecidos por el gobierno
nacional, circunstancia que fue establecida por el a quo, razón por la que no hay
lugar a emitir decisiones adicionales.

51. Por otra parte, en relación con la prescripción y para efectos de su contabilización
se debe tener en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí se reconocen 3 años atrás, de conformidad con los
artículos 41 y 102 de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.

52. Así las cosas, en el caso bajo examen encuentra la Sala del material probatorio
que el demandante presentó 2 peticiones con el mismo objeto ante la PGN, la
primera, el 16 de mayo de 2014, de acuerdo con lo señalado en el Oficio SG001332
del 24 de marzo de 201531 y la segunda el 18 de febrero de 2015 según el sello de
recibido de esa entidad; además, el periodo durante el cual se desempeñó como
procurador judicial II fue del 12 de abril de 2004 al 23 de julio de 201432 y la demanda
fue presentada el 5 de octubre de 2015, es decir, que se encuentran prescriptas las
mesadas causadas con anterioridad al 16 de mayo de 2011, como lo determinó el
a quo.

53. Ahora, habida cuenta la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, se
ordenará a la entidad demandada realizar el pago de los aportes o cotizaciones al
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, teniendo en cuenta como
ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%

31
En el que se indicó que una vez revisada la base de datos de esa entidad el demandante ya había
presentado una petición en esa fecha con el mismo objeto y que había sido resuelta con Oficio
SG003332 del 23 de julio de 2014.
32 Fecha en la que se expidió el Oficio SG003332.

16

Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

correspondiente a la prima especial de servicios33, desde la fecha de la vinculación
al cargo que le otorga ese beneficio34, pues lo cierto es que la prima especial de
servicios tiene carácter salarial solo para efectos de aportes a pensión.

54. Asimismo, se adicionará un ordinal en el que se indicará que el cumplimiento de
la condena estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro
pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos y en ningún caso
podrá superar los topes fijados por el gobierno nacional.

2.5. Costas

55. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

56. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

57. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.

33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre

de 2023, exp. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp.
05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del

25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a
Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión,
en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras
que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles
del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
35 En el mismo sentido Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

17

Radicado76001-23-33-000-2015-01182-02 (6703-2023)
Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

58. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

59. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta instancia.

3. Conclusión

60. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la prima especial de
servicios a la que tenía derecho Pedro Alonso Bayona Díaz sí debió ser pagada de
manera adicional al salario básico lo cual no implica la fijación de un nuevo régimen
salarial ni el reconocimiento de emolumentos distintos de los previstos en la Ley 4ª
de 1992, sino a la correcta aplicación del artículo 14 de dicha ley. Prestación que
solo constituía factor salarial para efectos pensionales y en ningún caso podía
superar los límites porcentuales establecidos por el gobierno nacional.

61. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia apelada del 23 de
mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 23 de mayo
de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Pedro Alonso
Bayona Díaz en contra de la Procuraduría General de la Nación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.

Segundo. Modificar y adicionar al ordinal 3° de la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

Tercero: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
condénese a la Procuraduría General de la Nación a pagar a Pedro Alonso Bayona
Diaz la reliquidación de la prima especial de servicios teniendo en cuenta para efecto el
30% de su salario básico de cada año, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992,
como un agregado a este que se ha debido añadir a su remuneración mensual y no

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

como integrante de la misma, durante el tiempo que prestó servicios el demandante
como Procurador Judicial II. Prestación que solo constituye factor salarial para efectos
de los aportes a pensión.

Tercero. Adicionar al ordinal 4° de la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, lo siguiente:

Cuarto: Declarar la prescripción trienal de los derechos pretendidos por el demandante,
causados con anterioridad al 16 de mayo 2011, con excepción de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Pensiones por ser imprescriptibles.

Cuarto. Modificar el ordinal 5° de la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el cual quedará así:

Quinto: Autorizar a la entidad demandada a que retenga al momento de hacer el pago,
las sumas correspondientes a los aportes que debió efectuar el actoral sistema de la
seguridad social, sobre las sumas debidas, y en su lugar, trasladarlas al fondo de
pensiones que corresponda.

Se precisa que para realizar el pago de los aportes en pensiones se tomará en cuenta
como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, desde la fecha de la vinculación al
cargo que le otorga ese beneficio.

Quinto. Adicionar un ordinal a la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así:

Octavo: El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos y en ningún caso podrá superar los topes fijados por el
gobierno nacional.

Sexto. No condenar en costas en esta instancia.

Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Octavo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

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Demandante: Pedro Alonso Bayona Díaz

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

KBV

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