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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00843-02

Fecha
22 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 15001-23-33-000-2015-00843-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «PRIMERO», de la sentencia de Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por el señor Gabino Parra Hernández, el cual, quedará así: PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el extremo demandado, respecto de las sumas a que hubiera lugar por el reajuste salarial por el incremento del 30% derivado del reconocimiento de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; así como del reajuste prestacional con base en el 100% de la asignación básica sin deducción, reclamadas por el señor Gabino Parra Hernández, salvo los aportes a seguridad social en pensión, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia de Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por el señor Gabino Parra Hernández, el cual, quedará así: TERCERO: CONDENAR la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar los aportes al Sistema General de Pensiones en favor del señor Gabino Parra Hernández, sobre la prima especial de servicios con base en el 100% de la asignación básica, sin deducción, más el 30% de la prima especial de servicios, por todo el tiempo en el que el demandante haya tenido derecho a devengarla, sin prescripción trienal en atención al carácter especial de los citados aportes. El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos; así como, deberá la entidad verificar que lo ordenado no supere los topes salariales. 17 Número Interno: 5966-2019 Accionante: Gabino Parra Hernández Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 15001-23-33-000-2015-00843-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

22 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Veintidós (22) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 15001-23-33-000-2015-00843-02 (5966-2019)1
Demandante: Gabino Parra Hernández
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima Especial de Servicios
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes, en contra de la
sentencia de Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. El señor Gabino Parra Hernández, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la

jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA, con el fin de obtener la nulidad del oficio No. 1713
del veintidós (22) de abril de Dos Mil Quince (2015) y de la Resolución No. 474 del Nueve
(9) de julio del mismo año, mediante las cuales negaron lo pretendido en el derecho de
petición del Quince (15) de abril de Dos Mil Quince (2015).

1
Expediente híbrido.
2
Folios 3 a 17.

2

Número Interno: 5966-2019
Accionante: Gabino Parra Hernández
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió: i) se pague a favor la diferencia por el

período de tiempo comprendido entre el Primero (1) de abril de Dos Mil Cuatro (2004) y
el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Siete (2007) entre el salario mensual
realmente devengado y el valor que se le debió pagar en razón a que la prima especial
consagrada por el artículo 14 de la ley 4ª de 1992 es factor adicional de carácter salarial
según la interpretación de la sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce
(2014) del Consejo de Estado, al declarar la nulidad de los decretos que reglamentan la
citada ley; ii) se pague la diferencia entre lo realmente devengado por concepto de prima
de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios, auxilio
de cesantías y demás emolumentos que el demandante debió percibir en razón del 30%
adicional que se le dejó de pagar por el mencionado período; iii) las sumas de dinero
adeudadas deberán ser actualizadas de acuerdo con la variación del índice de precios al
consumidor, conforme certificación expedida por el DANE y; iv) se paguen los intereses
a la tasa máxima legal a partir del Primero (1) de agosto de Dos Mil Catorce (2014), fecha
de ejecutoria de la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29) de abril de Dos
Mil Catorce (2014).

1.1.2. Hechos

3. El demandante afirmó que, se desempeñó como Procurador Judicial Ambiental y

Agrario en la Procuraduría General de la Nación entre el Primero (1) de abril de Dos Mil
Cuatro (2004) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Siete (2007).

4. Expuso que el Gobierno Nacional, mediante diversos decretos expedidos entre los años

1993 y 1997, reguló el régimen salarial aplicable a magistrados, jueces y agentes del
Ministerio Público. No obstante, señaló que, dichas normas incorporaron la prima
especial dentro de la asignación salarial total, descontando ese 30% para efectos de
liquidar prestaciones sociales y demás emolumentos laborales.

5. Afirmó que, como consecuencia de esa interpretación, la Procuraduría General de la

Nación liquidó su remuneración reconociendo únicamente el 70% como salario básico y
atribuyendo el 30% restante a una prima especial sin carácter salarial, lo que redujo sus
ingresos laborales y prestacionales.

6. Señaló que, elevó derecho de petición ante la Procuraduría General de la Nación el

Quince (15) de abril de Dos Mil Quince (2015), solicitando el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales y prestacionales reclamadas. La entidad negó la solicitud

3

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Accionante: Gabino Parra Hernández
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

mediante oficio No. 1713 del veintidós (22) de abril de Dos Mil Quince (2015), decisión
contra la cual interpuso recurso de reposición, resuelto desfavorablemente mediante
Resolución No. 474 del Nueve (9) de julio del mismo año.

1.1.3. Concepto de violación.

7. La parte actora invocó como normas vulneradas las siguientes:

7.1. Constitucionales: artículos 1, 2, 5, 12, 13, 25, 53 y 209 de la Constitución

Política.

7.2. Legales y reglamentarias: Leyes 4 de 1992, artículos 2 y 14; y 270 de

1996, artículo 152, numeral 7.

8. Expuso que, la Procuraduría General de la Nación le liquidó erróneamente el salario y

las prestaciones, aplicando decretos reglamentarios que posteriormente fueron
declarados nulos por el Consejo de Estado, desconociendo el artículo 14 de la Ley 4.ª de
1992 al considerar que, el 30% correspondía a la prima misma y no a un porcentaje
adicional, reduciendo así los ingresos laborales y prestacionales del actor. Por ello,
sostuvo que la administración debía reliquidar las sumas reclamadas conforme a la
sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014).

9. Resaltó que, los actos administrativos demandados vulneraron la Constitución Política,

especialmente los principios del Estado Social de Derecho y la protección especial al
trabajo prevista en los artículos 25 y 53 superiores. Asimismo, señaló que desconoció los
principios de favorabilidad y primacía de la realidad, pese a que el Consejo de Estado ya
había definido el carácter salarial de la prima especial.

1.2. Contestación de la demanda3.

10. La parte demandada, por medio de apoderada judicial, se opuso a las pretensiones,

argumentando que, en calidad de nominadora no tiene la facultad constitucional ni legal
para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados a su planta de personal,
pues, es el Gobierno Nacional el encargado de definir el régimen salarial de los servidores
públicos, por lo que los actos acusados fueron expedidos en estricto cumplimiento de las

3
Folios 130 a 143.

4

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normas constitucionales y legales.

11. Precisó que, la petición del actor en torno a la reliquidación de su salario y prestaciones

con base en la prima especial no es procedente, toda vez que, para la fecha de la
reclamación se canceló al demandante en su condición de Procurador Judicial II Agrario,
la prima especial conforme a la normatividad vigente a esa época.

12. Propuso las excepciones que denominó «prescripción extintiva del derecho»; «la oportunidad

en el derecho»; y «genérica».

1.3. Sentencia de primera instancia4

13. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia de

Treinta y Uno (31) de julio de Dos Mil Diecinueve (2019), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas, en los siguientes términos:

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada que
denominó ‘Excepción de prescripción extintiva del derecho’ y ‘Excepción genérica que se
encuentre probada en el proceso’.

SEGUNDO: Declarar la nulidad parcial de los actos administrativos contenidos en el Oficio
S.G 001713 del 22 de abril de 2015 mediante la cual la Procuraduría General de la Nación
negó al actor los derechos objeto de este proceso y la Resolución No. 474 del 9 de julio de
2015, por la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra el
mencionado oficio.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
condenase (sic) a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar al actor GABINO
PARRA HERNÁNDEZ, únicamente la diferencia que resulte de reliquidar sus prestaciones
sociales devengadas, como Procurador Judicial Ambiental y Agrario, durante el tiempo
comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta
para el efecto el 30% de su salario básico de cada año, correspondiente a la Prima Especial
de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un ‘plus’ que se ha debido
añadir a su remuneración mensual y no como integrante de la misma. En lo relativo a las
cesantías e intereses a las cesantías, deberán consignarse en el fondo de cesantías en que
se encuentra afiliado el accionante, si aún estuviera vigente la relación laboral. El valor
resultante de la reliquidación será reajustado de acuerdo con la fórmula aplicada en la parte
motiva.

CUARTO: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
[…]

14. Como sustento de lo anterior, el Tribunal señaló que, «[… ] el actor se desempeñó como

Procurador Judicial Ambiental y Agrario II entre el lapso comprendido entre el 1 de abril de 2004 y el 31 de
diciembre de 2007 y que su lapso de reclamación de los derechos laborales a través de este medio de
control, teniendo en cuenta no solo que al contestar la demanda se aceptó como cierto dicho hecho primero
de la demanda relacionado con la vinculación laboral del actor, sino que igualmente fue probado con la

4
Folios 189 a 201.

5

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certificación que obra a folios 145 y 147 expedida por el Jefe de División de Gestión Humana de la
Procuraduría General de la Nación el 31 de agosto de 2017 […] dado que el actor se desempeñó en el
referido cargo en el interregno aludido en las pretensiones de la demanda, se tiene por establecido que era
beneficiario de la Prima Especial de Servicios instituida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992».

15. Resaltó que, durante el tiempo en que el actor se desempeñó como Procurador

Judicial II, los Decretos 4169 de 2004, 933 de 2005, 392 de 2006 y 3048 de 2007
regularon su remuneración mensual. Dichas normas establecieron que el salario estaría
compuesto por asignación básica, gastos de representación y prima especial, fijando para
cada anualidad los valores correspondientes a cada uno de esos conceptos.

16. Frente a la situación del actor, advirtió que, «[… ] si bien es cierto le cancelaron la Prima

Especial de Servicios en la cuantía establecida en cada uno de los decretos expedidos por el Gobierno
Nacional entre el 2004 al 2007 ya transcritos en su parte pertinente y como se desprende del certificado
expedida (sic) por el Jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación vista
a folio 146 del expediente, también lo es que las prestaciones sociales le fueron liquidadas teniendo en
cuenta tan solo la asignación básica para cada año, al juzgar por la certificación expedida por el Jefe de la
División de la Procuraduría General de la Nación vista a folio 169 del expediente en donde como factor
salarial para el pago de la asignación básica para cada uno de esos años establecida en los decretos, es
decir, $2.183.058 para el año 2004, $2.303.126 para el año 2005, $2.418.282 para el año 2006 y
$2.527.105 para el año 2007».

17. Por lo anterior, concluyó que, la pretensión tercera en la cual se solicitó el
reconocimiento del valor que se debió pagar en razón a que la prima especial consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es factor adicional de carácter salarial, debía ser
negada, toda vez que la referida prima le fue cancelada, pues, «[…] al actor todos los meses
durante el lapso de vigencia de la relación laboral, la demandada le pagó el valor señalado en los decretos
para cada año a título de Prima Especial adicional al salario».

18. No obstante, consideró que el actor tenía derecho «[…] a que sus prestaciones sociales le

fueran liquidadas teniendo en cuenta también la parte del salario que le fue pagado durante el período
reclamado a título de Prima Especial». Por lo que, condenó a la entidad demandada a pagar,
«[…] únicamente la diferencia que resulte de reliquidar sus prestaciones sociales devengadas como
Procurador Judicial Ambiental y Agrario II durante el tiempo comprendido entre el 1 de abril de 2004 hasta
el 31 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta para el efecto el 30% de su salario básico de cada año,
correspondiente a la Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de la Ley 4ª de
1992, (sic) como un “plus” que se ha debido añadir a su remuneración mensual y no como integrante de la
misma».

6

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19. En ese sentido, declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados

por haberse desvirtuado su presunción de legalidad en lo relacionado con la negativa a
la reliquidación de las prestaciones sociales teniendo en cuenta el 30% del salario básico
correspondiente a la Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992.

20. Finalmente, frente a la prescripción, señaló que, el derecho a reclamar la debida

liquidación y pago de la prima especial de servicios, así como la reliquidación de las
prestaciones sociales causadas a favor del actor solo se hicieron exigibles a partir del
Dieciseis (16) de mayo de Dos Mil Catorce (2014), fecha de ejecutoria de la sentencia del
Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014) dentro del expediente
11001032500020070008700, por lo que los derechos que no sean objeto de reclamación
oportuna prescriben a partir del Diecisiete (17) de mayo de Dos Mil Diecisiete (2017). En
ese sentido, concluyó que, como el demandante presentó la reclamación administrativa
el Siete (7) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), no operó el fenómeno de la
prescripción previsto en los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848
de 1969.

1.4. Los recursos de apelación.

1.4.1. Parte demandante5

21. El señor Gabino Parra Hernández, por intermedio de apoderado judicial, interpuso

recurso de apelación, en relación con las pretensiones que no le fueron reconocidas, con
el fin de que se revoque parcialmente la decisión y, en su lugar, se acceda a las súplicas
de la demanda.

22. En ese sentido, sostuvo que «[…] La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para pagarle

[…] su salario y prestaciones, durante el periodo a que se contrae la demanda, fraccionó la remuneración
básica en dos partes así: a) A un 70% le atribuyó la connotación de ser sueldo básico mensual, b) al treinta
por ciento restante, le atribuyó el carácter de prima especial de servicio sin carácter salarial […]», y

además, señaló que la entidad desconoció la sentencia de nulidad del Consejo de Estado
del 29 de abril de 2014, en la cual se precisó que la prima especial del 30% constituye un
factor salarial adicional y no un componente del salario básico.

5 Folios 203 a 208.

7

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1.4.2. Procuraduría General de la Nación6

23. Inconforme con la decisión de primera instancia, la parte demandada interpuso

recurso de apelación, al considerar que, el acto administrativo acusado fue expedido en
estricto cumplimiento de las normas vigentes, y que carece de las facultades necesarias
para modificar el régimen salarial o prestacional de su planta de personal, pues, dicha
competencia corresponde exclusivamente al Gobierno Nacional. Además, resaltó que no
dispone de presupuesto autónomo, pues, los encargados de fijar los salarios de los
funcionarios de la Procuraduría corresponde al Ministerio de Hacienda y crédito Público
y al Departamento Administrativo de la Función Pública.

24. Alegó que la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

no constituye factor salarial, salvo para efectos pensionales. En consecuencia, sostuvo
que la sentencia de primera instancia incurrió en un error al ordenar «[…] pagar las diferencias
que resulten de reliquidar las prestaciones sociales devengadas por el demandante, durante el periodo
comprendido entre el 1º de abril de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, teniendo en cuenta el 100% del
salario base recibido en su condición de Procurador Judicial Ambiental y Agrario II, sin deducir en el
cómputo el 30% de la prima especial de servicios; por el periodo mencionado».

1.5. Trámite de segunda instancia

25. Por medio de auto de Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el consejero

ponente avocó conocimiento y admitió los recursos de apelación conforme a lo previsto en
el artículo 247 del CPACA y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el
proceso ingresó al Despacho para fallo.

26. La parte demandada8 reiteró que actuó en absoluto apego de la Constitución y la ley.

Por su parte, el Ministerio Público no emitió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

27. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este

proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del

6 Folios 209 a 217.
7
Samai, índice 59.
8 Samai, índice 66.

8

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CPACA y 328 del Código General del Proceso (CGP).

2.2 Problema jurídico

28. El problema jurídico que ocupa el sub examine, se contrae a establecer:

28.1¿El demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima especial de

servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, y al reajuste de sus demás
factores salariales, prestacionales y aportes al sistema de pensiones, o si, por el
contrario, sobre dichos derechos operó el fenómeno de la prescripción?

2.3 Marco normativo y jurisprudencial – Prima Especial de Servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

29. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,

corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública» .

30. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo

14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior
al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden de los

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

31. Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los

servidores de la Procuraduría General de la Nación se encontraban dispersas en distintas
normas; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 54 de 1993, que instauró
un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se
acogieran voluntariamente a este.

32. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 estableció, expresamente, que la

9

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prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aplicará,
entre otros, a «[…] los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación», y dejó claro
que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, y, que, además, tiene
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.

33. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 186 de 2014, señaló el valor de la asignación

básica de los Procuradores Judiciales I, y señaló que «[e]l treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley
4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República».

34. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta

Corporación en varias ocasiones y, en sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de
septiembre de 20199, esta Corporación consideró:

Para la Sala demostrado esta que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de
1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el
Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados
de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de
los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de
que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y l[a] asignación básica, sea
teniendo en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales; no cabe más que
restablecer este derecho.

Los principios constitucionales e internacionales del derecho al trabajo optan por darle
primacía a la progresividad del ingreso, a la interpretación más favorable al trabajador
y a la equidad y nivelación en el ingreso.

Frente a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional que reprodujeron el
contenido de aquellos declarados nulos mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, la Sala
encuentra procedente acoger la excepción de inconstitucionalidad, rogada por la parte actora,
en cuanto las disposiciones allí contenidas vulneran garantías laborales mínimas de los
beneficiarios de la prima especial, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política,
relativo a la prevalencia del texto superior frente a las leyes u otras normas jurídicas. (resalta
la Sala)

35. En esa oportunidad, la «Sala Plena de Conjueces» de esta Sección, sentó las siguientes

reglas:

1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que
por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación.

2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que· se refiere el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019;
expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).

10

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tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen
derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de rima
especial.

4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite
del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno Nacional.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y-a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1968 "y 1848 de 1969.

36. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha

construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente
a la asignación básica prevista para los procuradores delegados ante la Rama Judicial
en sus diferentes órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y
prestacionales que integran el respectivo régimen de asignaciones.

2.3.1. La imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social

37. Respecto de la imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social, esta Subsección

ha precisado que10:

La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo
41 del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de
origen laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento
en el que el derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede
interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación efectuada por el
trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.

38. En la sentencia del 2 de septiembre de 200911, el Consejo de Estado determinó que,

en materia de la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de
1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha de
interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado Decreto 3135
de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del derecho.

10
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia del 19 de febrero del 2026; radicado 19001-23-33-000-2017-00402-
02 (5187-2024); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.
11
Consejo de Estado, Sección Segunda; radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18); conjuez ponente: Carmen Anaya De
Castellanos (Conjuez).

11

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Accionante: Gabino Parra Hernández
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

39. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los aportes

pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del
empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social previsto en el artículo 48 superior12 como con los principios laborales de
irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con la
sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

40. En tal sentido, esta Corporación ha considerado inadmisible que el paso del tiempo o

la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

41. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde

su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª
de 1992, el Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente
desde la reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de
1992 y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los
decretos salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por
tratarse de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la
seguridad social y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del
tiempo no convalida su incumplimiento.

42. Con fundamento en los derroteros trazados en la citada sentencia, se procede a decidir

el presente caso.

2.4 Medios de prueba

43. De las pruebas recaudadas en el trámite del proceso, se destacan las siguientes:

43.1. Solicitud radicada el Quince (15) de abril de Dos Mil Quince (2015), en la

que el accionante solicitó de la PGN, el reajuste de su asignación básica, la

12
Artículo 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

12

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Accionante: Gabino Parra Hernández
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

reliquidación de sus prestaciones sociales con el 100% de la asignación básica
y el pago de la prima especial de servicios13.

43.2. Oficio 001713 del Veinticinco (25) de abril de Dos Mil Quince (2015), en

virtud del cual, se negó la petición relacionada anteriormente14.

43.2. Recurso de reposición del Catorce (14) de mayo de Dos Mil Quince (2015),

en contra de la anterior decisión15, el cual fue resuelto desfavorablemente a
través de la Resolución No. 474 de Nueve (9) de julio de Dos Mil Quince
(2015)16.

43.3 El Primero (1) de octubre de Dos Mil Quince (2015), el demandante
presentó solicitud de conciliación extrajudicial, la cual, fue declarada fallida el
Treinta (30) de noviembre del mismo año, por parte Procuraduría 121 Judicial
II para asuntos administrativos, quien expidió la constancia de agotamiento del
requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo17.

43.4. Certificaciones de tiempo de servicios y de valores sufragados al
demandante18.

2.5 Caso concreto

44. En el presente asunto, de acuerdo con la certificación de tiempo de servicio
recaudada, resulta probado que el señor Gabino Parra Hernández, prestó sus servicios
a la entidad demandada desde el Primero (1) de abril de Dos Mil Cuatro (2004) al Treinta
y uno (31) de diciembre de Dos Mil Siete (2007), como «Procurador Judicial II»19.

45. En ese sentido, debe señalarse que, conforme se dijo en precedencia, la Ley 4ª de

1992 en su artículo 14, creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no
inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para servidores de la Rama

Judicial y del Ministerio Público, con efectos a partir del primero (1) de enero de Mil
Novecientos Noventa y Tres (1993).

13
Folios 21 a 26.
14
Folios 27 a 33.
15
Folios 35 a 38.
16
Folios 39 a 41.
17
Folios 43 a 45.
18
Folios 19 a 20; 146 a 147.
19
Folios 19 a 20.

13

Número Interno: 5966-2019
Accionante: Gabino Parra Hernández
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

46. Inicialmente, el régimen salarial y prestacional de los servidores de la Procuraduría

estaba disperso en varias normas, hasta que el Decreto 54 de 1993 estableció un nuevo
sistema aplicable a quienes ingresaran o se acogieran a él. Luego, la Ley 332 de 1996
reconoció la prima especial de servicios para procuradores delegados, indicando que,
esta tiene carácter salarial únicamente para efectos pensionales.

47. De otra parte, los decretos salariales anuales 4169 de 2004, 933 de 2005, 392 de

2006 y 621 de 2007, dispusieron que el 30% de la asignación básica mensual de los
Procuradores Judiciales II correspondía a la prima especial de servicios prevista en el
artículo 14 de la Ley 4.ª de 199220.

Prima Gastos de Asignación Remuneración
Año Decreto
Especial representación básica mensual
2004 4169 de 2004 $1.197.783 $ 2.183.058 $2.183.058 $5.563.899
2005 933 de 2005 $1.263.662 $2.303.126 $ 2.303.126 $5.869.914
2006 392 de 2006 $1.326.846 $2.418.282 $2.418.282 $6.163.410
2007 621 de 2007 $1.386.554 $2.527.105 $2.527.105 $6.440.764
• Fuente: elaboración propia

48. En efecto, del certificado de sueldos devengados por el actor, se tiene que, en el año

2004, fue cancelado Dos Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Cincuenta y Ocho pesos
($2.183.058) por concepto de «sueldo», Dos Millones Ciento Ochenta y Tres Mil Cincuenta
y Ocho pesos ($2.183.058) por gastos de representación, y Un Millón Ciento Noventa y
Siete Mil Setecientos Ochenta y Tres pesos ($1.197.783), a título de prima especial.

49. En el mismo sentido, se observa que, en el año 2005, la PGN liquidó Dos Millones

Trescientos Tres Mil Ciento Veintiséis pesos ($2.303.126) por concepto de «sueldo», Dos
Millones Trescientos Tres Mil Ciento Veintiséis pesos ($2.303.126) por gastos de
representación, y Un Millón Doscientos Sesenta y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Dos
pesos ($1.263.662), a título de prima especial de servicios.

50. Posteriormente, el artículo 9 del Decreto 186 de 2014, señaló el valor de la asignación

básica de los Procuradores Judiciales II, y en dicha disposición, la remuneración fue
distribuida en Tres Millones Trescientos Ochenta y Tres Mil Quinientos Catorce Pesos
($3.383.514) por concepto de asignación básica, Tres Millones Trescientos Ochenta y
Tres Mil Quinientos Once Pesos ($3.383.511) como gastos de representación y Un Millón

20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; sentencia de 19 de marzo de 2026, expediente 76001-23-33-000-2015-
01182-02 (6703-2023); consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar.

14

Número Interno: 5966-2019
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Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve pesos ($1.856.439)
correspondientes a prima especial de servicios, lo que demuestra que desde la propia
norma se fraccionó el salario, al destinar el 30% de la remuneración al pago de una prima
sin carácter salarial, generando así una división de la asignación salarial.

51. En el presente asunto, se demostró que, el señor Gabino Parra Hernández
desempeñó el empleo de Procurador Judicial II Ambiental y Agrario desde el Primero (1)
de abril de Dos Mil Cuatro (2004) hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil
Siete (2007). Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia pacífica de esta Corporación, y
en especial, de las reglas sentadas en la sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de Dos (2) de
septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019)21, emitida por la Sala Plena de Conjueces,
prima facie, al demandante le asiste el derecho a percibir la prima especial de servicios
como un incremento adicional a la asignación básica, distinto de aquella, y en cuantía
igual al 30% de esta, y la reliquidación de sus prestaciones, teniendo en cuenta el 100%
de la asignación básica mensual durante el tiempo en que se desempeñó como
Procurador Judicial II.

52. No obstante, conforme al análisis normativo realizado en precedencia, es claro que, el

fenómeno de la prescripción cobró sus efectos en el presente asunto, aunque de manera
parcial.

53. En efecto, como se ha venido explicando a lo largo y ancho de la presente providencia,

en relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigor de la Ley 4ª de 1992 y
del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. Sin embargo, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que, el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.

54. Descendiendo al sub examine, se tiene que, el periodo durante el cual el actor se

desempeñó como Procurador Judicial II fue del Primero (1) de abril de Dos Mil Cuatro
(2004) al Treinta y uno (31) de diciembre de Dos Mil Siete (2007)22 y elevó la

21
Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019;
expediente 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
22 Folios 19 a 20.

15

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Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

correspondiente reclamación administrativa, solo hasta el Quince (15) de abril de Dos Mil
Quince (2015)23, razón por la cual, es evidente que pasaron más de Tres (3) años,
configurándose así, la prescripción extintiva de los derechos a recibir la prima especial de
servicios y la reliquidación de sus factores salariales y prestacionales teniendo en cuenta el
30% deducido de la asignación básica, en este sentido, se modificará el ordinal primero
de la sentencia de primer grado, para declarar probada de oficio la excepción de
prescripción respecto de todo el periodo reclamado.

55. No sucede lo mismo con los aportes a pensiones, toda vez que, no se ven afectados

por el fenómeno jurídico de la prescripción, dada la característica de irrenunciables e
imprescriptibles de aquellos, tal y como lo tiene decantado esta Corporación24, razón por
la cual, al accionante le asiste derecho al reconocimiento de dichos aportes, durante
todos los períodos laborados, en ese orden de ideas, se modificará el ordinal tercero de
la sentencia de primera instancia para que reconozcan los aportes al sistema de
pensiones sobre la prima especial de servicios con base en el 100% de la asignación
básica, sin deducción, más el 30% de la prima especial de servicios, por todo el tiempo
en el que el demandante haya tenido derecho a devengarla, sin prescripción trienal en
atención al carácter especial de los citados aportes.

56. Sumado a lo anterior, se precisará que, el cumplimiento de la presente sentencia

estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago a la parte
demandante, por los mismos conceptos aquí reconocidos, y en ese sentido, se adicionará
el citado ordinal; asimismo, deberá verificar la entidad demandada que no se supere los
topes salariales.

57. En tal virtud, el Despacho modificará: (i) el ordinal primero de la sentencia de primera

instancia, para declarar probada de oficio la excepción de prescripción respecto de todo
el periodo reclamado; (ii) el ordinal tercero de dicha decisión para que se reconozcan los
aportes al sistema de pensiones sobre la prima especial de servicios con base en el 100%
de la asignación básica, sin deducción, más el 30% de la prima especial de servicios, por
todo el tiempo en el que el demandante haya tenido derecho a devengarla, sin
prescripción trienal en atención al carácter especial de los citados aportes; y (iii)
adicionará el ordinal tercero a efectos de precisar que, el cumplimiento de la presente

23
Folios 21 a 26.
24
«Adicional a lo hasta aquí expuesto, no puede perderse de vista que, la pensión constituye un derecho fundamental de carácter
irrenunciable e imprescriptible, conforme lo establece el artículo 48 de la Constitución Política. Esta tesis ha sido desarrollada de
manera pacífica y reiterada tanto por la Corte Constitucional como por el Consejo de Estado. En consecuencia, los beneficiarios del
sistema de seguridad social pueden solicitar el reajuste de su pensión en cualquier tiempo, como mecanismo para garantizar los fines
esenciales del Estado Social de Derecho». Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección
B. Sentencia del 24 de julio de 2025. Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera. Radicado interno: 5561-2024.

16

Número Interno: 5966-2019
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Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

sentencia estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro pago
a la parte demandante por los mismos conceptos aquí reconocidos; asimismo, deberá
verificar la entidad demandada que no se supere los topes salariales.

2.6 Condena en costas.

58. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala

temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, no se impondrá condena en costas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal «PRIMERO», de la sentencia de Treinta y Uno (31) de
julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por
el señor Gabino Parra Hernández, el cual, quedará así:

PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por el
extremo demandado, respecto de las sumas a que hubiera lugar por el reajuste salarial
por el incremento del 30% derivado del reconocimiento de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992; así como del reajuste prestacional con base
en el 100% de la asignación básica sin deducción, reclamadas por el señor Gabino Parra
Hernández, salvo los aportes a seguridad social en pensión, por las razones expuestas
en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO. MODIFICAR el ordinal «TERCERO», de la sentencia de Treinta y Uno (31) de
julio de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por
el señor Gabino Parra Hernández, el cual, quedará así:

TERCERO: CONDENAR la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y
pagar los aportes al Sistema General de Pensiones en favor del señor Gabino Parra
Hernández, sobre la prima especial de servicios con base en el 100% de la asignación
básica, sin deducción, más el 30% de la prima especial de servicios, por todo el tiempo
en el que el demandante haya tenido derecho a devengarla, sin prescripción trienal en
atención al carácter especial de los citados aportes.

El cumplimiento de la presente sentencia estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos conceptos
aquí reconocidos; así como, deberá la entidad verificar que lo ordenado no supere los
topes salariales.

17

Número Interno: 5966-2019
Accionante: Gabino Parra Hernández
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

TERCERO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de Treinta y Uno (31) de julio
de Dos Mil Diecinueve (2019), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Boyacá, que accedió parcialmente a las pretensiones formuladas por
el señor Gabino Parra Hernández, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
sentencia.

CUARTO. Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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