Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00034-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2017-00034-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2017-00034-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
Demandado: Procuraduría General de la Nación1
Temas: Prima especial de servicios artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
Sentencia segunda instancia
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala en segunda instancia el recurso de apelación presentado por la
entidad demandada contra la sentencia del 16 de septiembre de 2024 proferida por
la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Alberto Hoyos López presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en orden a que
se declarara la nulidad del Oficio SG004613 del 19 de agosto de 2016, expedido
por la secretaría general de la PGN que le negó el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como
factor salarial.
1 En adelante PGN.
2 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116». Radicada el 23 de enero
de 2017.
3 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Alberto Hoyos López
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó: i) la reliquidación y pago desde
el 17 de marzo de 2014 hasta el 1 de septiembre de 2016 de: a) la prima especial
de servicios con efectos salariales en cuantía del 30% adicional a la asignación
básica mensual; b) las diferencias salariales y de las prestaciones sociales
existentes entre las sumas pagadas y las que legalmente corresponden, teniendo
como base para la liquidación el 100% de su remuneración básica mensual legal; ii)
la indexación de las anteriores sumas; iii) el pago de intereses que se generen desde
el momento de su causación hasta el pago efectivo de las sumas ordenadas; iv) el
cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del CPACA.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes4:
3.1. Alberto Hoyos López se desempeñó como procurador administrativo II para
asuntos administrativos desde el 17 de marzo de 2014 hasta el 1 de septiembre de
2016.
3.2.El 29 de julio de 2016 solicitó a la Procuraduría General de la Nación el
reconocimiento y pago de la prima especial de servicios dispuesta en el artículo 14
de la Ley 4 de 1992 como factor salarial y sus consecuencias prestacionales y
«seguridad social», desde que asumió el cargo de procurador judicial II hasta la fecha
de su retiro de esa entidad.
3.3. Mediante Oficio SG004613 del 19 de agosto de 2016 la entidad demandada dio
respuesta de forma desfavorable a la anterior petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 13, 25, 53, 58 y 228 de la
Constitución Política; 2 y 14 de la Ley 4 de 1992; 127 del Código Sustantivo del
Trabajo; 10, 102, 137, 148, 189 y 269 de la Ley 1437 de 2011; 152 de la Ley 270 de
1996; 42 del Decreto 1042 de 1978; 12 del Decreto 717 de 1978.
5. En cuanto al concepto de violación, se destaca lo siguiente:
5.1. Se le desconoció la prima especial de servicios correspondiente al 30% de los
ingresos laborales desde el 17 de marzo de 2014 hasta el 1 de septiembre de 2016,
pues se liquidaron sus prestaciones excluyendo el 30% al considerar erróneamente
4 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116».
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que «no tenía carácter de salarial».
5.2. El30% que se descontaba a título de prima especial de servicios era un
componente de su remuneración mensual, cuyos efectos salariales y prestacionales
habían sido desconocidos por la indebida interpretación que la entidad demandada
realizó frente a esa prestación. Por lo que debió liquidarse y pagarse la prestación
contenida en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 como un valor adicional al ingreso
básico mensual.
5.3. No se configuró la caducidad de los actos que liquidaron las cesantías
reconocidas al demandante, debido a que si bien es una prestación social no
periódica, «frente a una nueva expectativa que mejore su derecho declarado, incluso, en
tiempo que supera ampliamente los términos de caducidad, es válido, acudir ante la
jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que examine la prosperidad del derecho
reclamado, sin que pueda aducirse caducidad porque "...se está ante una situación nueva
que generó la reclamación y motivó un nuevo pronunciamiento"».
5.4. Solicitó que se inaplicara por inconstitucionales los decretos expedidos a partir
del año 2008 al 2016 expedidos por el gobierno nacional, por incluir dentro del
salario básico mensual de los funcionarios la prima dispuesta en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992.
1.2. Contestación de la demanda
6. La PGN se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se
expresan a continuación5:
6.1. No tenía la facultad constitucional o legal para definir el régimen salarial de los
funcionarios vinculados a su planta de personal, según lo dispuesto en la
Constitución Política y la Ley 4 de 1992, pues era el gobierno nacional el encargado
de definir el régimen salarial de los servidores públicos y quien cada año
determinaba los montos del presupuesto asignado anualmente a cada entidad para
cubrir los costos de la administración de los recursos humanos, por ello, esa entidad
no podía efectuar reconocimientos laborales distintos de los establecidos
expresamente en los actos administrativos que se expidieron para el efecto y que
se encontraban vigentes.
6.2. La PGN durante el tiempo en que el demandante se desempeñó en el cargo de
procurador judicial II le pagó su salario y los demás emolumentos a los que tenía
derecho, según lo señalado por la norma expedida por el gobierno nacional y
5 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116» folios 111 a 125.
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vigente para la época de su vinculación con la entidad.
6.3. La prima especial de los procuradores judiciales II, no correspondía al 30% de la
asignación básica ni de la remuneración mensual, pues de acuerdo con los decretos
salariales anuales expedidos por el gobierno nacional la remuneración salarial de
estos servidores estaba integrada por la asignación básica, gastos de
representación y prima especial, todos estos establecidos en un valor fijo.
6.4. Propuso las excepciones de «falta de agotamiento de la reclamación administrativa»
y «prescripción de los derechos».
1.3. La sentencia apelada
7. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia
proferida del 16 de septiembre de 20246, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de la Resolución No. S.G. 004613 del 19 de agosto
de 2016, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: INAPLICAR por inconstitucionales el artículo 9 del Decreto 186 de 2014.
En su lugar, se dispone aplicar al sub lite el artículo 53 y 280 de la Constitución Política,
conforme con lo explicado en la parte motiva de este proveído.
TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, se condena a la parte demandada
a reconocer, en favor del señor Alberto Hoyos López identificado con C.C. No.
10.257.300 a partir del 17 de marzo de 2014 y hasta el 1 de septiembre de 2016, en todo
caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Procurador
Judicial II, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de
1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico,
sin que en ningún caso sumados todos los conceptos que integran su remuneración,
incluyendo la bonificación por compensación, pueda superarse el tope máximo
correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado
de Alta Corte, tal como lo establecía el Decreto 610 de 1998 y actualmente el artículo 1
del Decreto 1102 de 2012, orden que deberá ser estrictamente acatada por la entidad
demandada.
La parte demandada también deberá reliquidar las prestaciones sociales y salariales
(prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de vacaciones,
bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) del señor Alberto
Hoyos López identificado con C.C. No. 10.257.300 a partir del 17 de marzo de 2014 y
hasta el 1 de septiembre de 2016, en todo caso según los tiempos de servicios prestados
por el demandante como Procurador Judicial II, teniendo en cuenta para tal efecto una
base de liquidación del 100% de la remuneración mensual, incluyendo el 30%
descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo también que, en ningún
caso sumados todos los conceptos, puede superarse el tope máximo correspondiente al
6 Samai, índice 40 archivo «Sentencia1ai_20170003400Sent1eraP. »
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80% de lo que por todo concepto devenga anualmente un Magistrado de Alta Corte.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2014 y el 1 de
septiembre de 2016 en el cargo de Procurador Judicial II, arroje valores en favor de la
parte demandante.
La prima especial sólo constituirá factor salarial para determinar el ingreso base de
liquidación de la pensión de jubilación y los aportes al sistema de salud.
En concordancia con lo previsto en la sentencia del Consejo de Estado SUJ-016-CE-S2-
2019 del 02 de septiembre de 2019, cuya aplicación es vinculante, la parte demandada
deberá tener en cuenta que el reconocimiento ordenado en la presente providencia, no
podrá en ningún caso llevar a superar el 80% de lo que por todo concepto devenguen
anualmente los Magistrados de Alta Corte, que como ya se precisó, es igual a lo que por
todo concepto reciben los Congresistas, incluido el auxilio de cesantías.
También se deben incluir en el tope del 80 % las sumas que por concepto de bonificación
por compensación y bonificación de gestión judicial, haya recibido el beneficiario debido
a la relación laboral y las causadas con origen en reclamaciones por vía administrativa
o judicial tales como, transacciones, conciliaciones, sentencias ordinarias o ejecutivas,
entre otras, por razón del ejercicio del cargo de Procurador judicial II.
También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 204 de la Ley
100 de 1993, dispone que la base de cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud
debe ser igual de la contemplada en el Sistema General de Pensiones.
En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe
realizar los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada
para realizar los respectivos descuentos de ley al demandante con la finalidad de que se
realicen los mismos.
CUARTO: DECLARAR no probada la excepción de PRESCRIPCIÓN, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
QUINTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente
fórmula de actualización:
R= Rh Índice Final
Índice Inicial
SEXTO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos
indicados en la parte motiva de esta providencia. […].» (Sic)
8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:
8.1. La prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 no tenía
carácter salarial, pues únicamente incidía en las cotizaciones al sistema de
seguridad social en pensiones y salud. Por ende, esta pretensión no tenía vocación
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de prosperidad, pues la norma que dio origen a aquella desestimó su carácter de
factor salarial.
8.2. Con fundamento en lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política y a
través de la sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 el Consejo de
Estado determinó que la prima especial de servicios debía ser considerada como
un incremento del salario básico y por tanto sus beneficiarios tenían derecho al pago
de las diferencias que surgieran ante un pago indebido y a la reliquidación de las
prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación básica, esto es, con inclusión
del 30% excluido por concepto de prima especial.
8.3. No eran procedentes los argumentos de defensa de la entidad demandada,
porque contrariaron la sentencia de nulidad que excluyó del ordenamiento jurídico
los artículos que reglamentaban la prima especial entre los años 1993 y 2007 y que
fueron reiterados en los decretos 661 de 2008, 726 de 2009, 1391 de 2010, 1043
de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013 y 186 de 2014, normas que a todas luces
debían ser inaplicadas por inconstitucionales, toda vez que desconocían los
principios mínimos establecidos en el artículo 53 de la Constitución Política y la
prohibición de no desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores
del Ministerio Público previsto en el artículo 2 de la Ley 4ª de 1992.
8.4. No se pagó el emolumento como un adicional al salario, lo que evidenciaba el
detrimento en la asignación básica, que afectó la liquidación de las prestaciones
sociales y demás rubros que constituían factor salarial.
8.5. El reconocimiento del derecho reclamado no podía superar los porcentajes
máximos permitidos por el gobierno nacional.
8.6. No había lugar a aplicar el fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta que
la parte demandante radicó su reclamación administrativa el 1 de agosto de 2016,
es decir, cuando no habían transcurrido más de tres años desde la exigibilidad del
derecho (17 de marzo de 2014), y sin dejar pasar tres años entre la reclamación y
la fecha de radicación de la demanda.
8.7. Debían realizarse los aportes al Sistema de Seguridad Social en pensiones y
salud durante el tiempo de vinculación con la entidad en el cargo de procurador
judicial II, según lo previsto en el parágrafo 1 del artículo 204 de la Ley 100 de 1993.
1.4. El recurso de apelación
9. La PGN solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia para que, en su
lugar, se negaran las pretensiones de la demanda. Lo anterior, con base en los
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siguientes argumentos7:
9.1. Laentidad no podía efectuar reconocimientos laborales distintos de los
establecidos en los actos administrativos expedidos por el gobierno nacional o
cambiar la naturaleza legal de cada uno de los emolumentos reconocidos en la ley,
que además tenían el carácter de orden público, como lo estableció el artículo 10
de la Ley 4ª de 1992.
9.2. No podía sumarse el porcentaje equivalente a la prima especial de servicios al
sueldo de los procuradores judiciales II, pues ello superaba el tope máximo del 80%
ordenado por la ley, tampoco podían aumentarse las prestaciones sociales de
quienes eran beneficiarios de la bonificación por compensación como el
demandante, por cuanto también se superaría el mencionado tope, pues esta
prestación precisamente se encargó de realizar la nivelación salarial entre estos
servidores.
9.3. Alberto Hoyos López ostentó el cargo de procurador judicial II, código 3PJ, grado
EC, de las procuradurías 13 y 28 Judicial II para Asuntos Administrativos ante
tribunales, por lo que el cargo desempeñado era de igual categoría al de un
magistrado de tribunal y en aplicación al principio de igualdad recibía un trato
idéntico respecto de la prima especial de servicios regulada por el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992, pues se le reconocía la bonificación por compensación creada por
los decretos 610 y 1239 de 1998, motivo por el cual, no procedía el reconocimiento
de la mencionada prima, ni el incremento de la base para liquidar las prestaciones
sociales incluyendo la prima de servicios, pues de realizarse como lo ordenó la
sentencia apelada, los ingresos del demandante superarían el tope del 80% de lo
que devengan los magistrados de las altas cortes.
9.4. Solicitó que no se condenara en costas a esa entidad por tratarse de un asunto
de «pleno derecho».
1.5. Trámite en segunda instancia
10. Enauto del 11 de diciembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandada contra la sentencia del 16 de septiembre de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca8.
1.6. El Ministerio Público
7 Samai, índice 43.
8 Samai, índice 4.
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Demandante: Alberto Hoyos López
11. El Ministerio Público presentó concepto9 y solicitó que se confirmara la decisión
de primera instancia, porque no era cierto que al incrementarse la asignación básica
en un 30% se superaría el tope del 80% respecto de los superiores funcionales y
jerárquicos, por la naturaleza de la «bonificación por compensación» y la prima
especial de servicios y «porque en términos reales al incrementarse el 30% la asignación
básica no se supera el límite máximo, por lo cual ese tope se completa con la bonificación
mencionada; es decir, procede el incremento de la asignación básica y la reliquidación de
las prestaciones sociales.»
12. Si bien debía reconocerse al demandante la prima especial de servicios, no se
había demostrado «que no hubiera sido incluida, ni documentalmente ni mediante
explicaciones de las liquidaciones realizadas, que en principio da la impresión si fue
atendida, pero sin seguridad al respecto.»
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia10, se circunscriben a
establecer ¿si Alberto Hoyos López tenía derecho al reconocimiento de la prima
especial de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un
emolumento adicional a la asignación básica mensual? y ¿si acceder a las
pretensiones de la demanda implicaría superar los topes establecidos en los
decretos 610 de 1998 y 1102 de 2012?
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
9 Samai, índice 8.
10 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.
El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».
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Demandante: Alberto Hoyos López
2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992
14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.
15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:
«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial11 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.
Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].
16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto (artículo 2).
17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
11 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-
96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».
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Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».
18. El Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996, mediante la cual señaló
que la prima especial prevista para los funcionarios mencionados en la norma
[artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la Fiscalía General de la
Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la opción de acogerse a la
escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base únicamente para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente, indicó que también
se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de las Altas Cortes,
Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados del Tribunal
Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
delegados de la Procuraduría General de la Nación».
19. Posteriormente, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de
1994, 43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000,
1474 de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de
2006, 618 de 200712, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874
del 2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021,
470 del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar13».
20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de
la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.
21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
12 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la
prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
13 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales
no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.
22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 201914, fijó, entre otras, las siguientes
reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de [1968] y 1848 de 1969.
6. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.
23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201915.
24. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201416 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].
25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que 17 «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-
2016-00041-02(2204-2018).
16 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
Declaró la nulidad de los siguientes artículos: los siguientes Artículos: 9º del Decreto 51 de 1993; 9º
y 10º del Decreto 54 de 1993; 6º del Decreto 57 de 1993; 9º del Decreto 104 de 1994; 6º del Decreto
106 de 1994; 9º y 10º del Decreto 107 de 1994; 10º y 11º del Decreto 26 de 1995; 7º del Decreto 43
de 1995; 9º del Decreto 47 de 1995; 9º del Decreto 34 de 1996; 10º, 12º y 14º del Decreto 35 de
1996; 6º del Decreto 36 de 1996; 9º del Decreto 47 de 1997; 9º, 11º y 13º del Decreto 56 de 1997;
6º del Decreto 76 de 1997; 6º del Decreto 64 de 1998; 9º del Decreto 65 de 1998; 9º, 11º y 13º del
Decreto 67 de 1998; 9º, 11º y 13º del Decreto 37 de 1999; 9º del Decreto 43 de 1999; 6º del Decreto
44 de 1999; 9º, 11º y 13 del Decreto 2734 de 2000; 9º del Decreto 2739 de 2000; 7º del Decreto
2740 de 2000; 9º del Decreto 1474 de 2001; 7º del Decreto 1475 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
1482 de 2001; 7º del Decreto 2720 de 2001; 9º del Decreto 2724 de 2001; 9º, 11º y 13º del Decreto
2730 de 2001; 6º del Decreto 673 de 2002; 9º del Decreto 682 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto
683 de 2002; 8º, 10º y 12º del Decreto 3548 de 2003; 9º del Decreto 3568 de 2003; 6º del Decreto
3569 de 2003; 8º, 10º y 12º del Decreto 4169 de 2004; 9º del Decreto 4171 de 2004; 6º del Decreto
4172 de 2004; 8º, 10º y 12º del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005; 6º del Decreto 936
de 2005; 9º del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8º, 10º y 12º del Decreto 392 de
2006; 9º del Decreto 617 de 2007; 6º del Decreto 618 de 2007; 8º, 10º y 12º del Decreto 621 de
2007; y los Arts. 8º, 9º, y 11 del Decreto 3048 de 2007.
17 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la Sentencia del 31 de octubre de 2012,
Expediente 2001-0642, Conjuez Ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
un valor adicional al salario básico.
2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión
26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
27. En la sentencia del 2 de septiembre de 201918, el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.
28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada
en vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la
reglamentó primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».
29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que
determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.
30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior19 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).
19 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará
bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.
31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.
32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ2-0520 «no
aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la
condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos
constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
laborales». Lo anterior obedece a que los aportes pensionales se relacionan en
mayor medida con el deber del empleador de cumplir con sus obligaciones frente al
sistema parafiscal.
2.3. Caso concreto
2.3.1. Hechos probados
33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
33.1. El 29 de julio de 2016 el demandante solicitó a la entidad demandada el
reconocimiento de la prima especial dispuesta en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992
como factor salarial y sus «consecuencias prestacionales y de seguridad social» desde
que asumió el cargo de procurador judicial II hasta su retiro de la PGN21.
33.2. A través de certificado del 18 de agosto de 2016 expedido por la división de
gestión humana de la PGN, se indicó que Alberto Hoyos López había devengado
en el periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2014 y el 31 de julio de 2016 los
siguientes salarios mensuales22:
Gastos de Prima Bonificación
Salario Asignación representación especial por
Año Decreto decretado básica pagados de compensación
pagada servicios pagada
pagada
20 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01
(0088-2015)
21 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116», páginas 35 a 36.
22 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116», página 39.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
201423 186 $8.623.464 $3.383.514 $3.383.511 $1.856.439 $12.212.566
201524 1257 $9.025.317 $3.541.186 $3.541.183 $1.942.949 $12.781.671
201625 245 $9.726.584 $3.816.336 $3.816.333 $2.093.916 $13.774.807
33.3. Mediante Oficio SG 004613 del 19 de agosto de 2016 la PGN dio respuesta a
la solicitud del 29 de julio de 2016 de forma desfavorable, en consideración a que el
demandante, quien se desempeñaba en calidad de procurador judicial II
Administrativo de Manizales desde el 17 de marzo de 2014 hasta la fecha de la
expedición de ese oficio, había percibido sus ingresos en el máximo posible, esto
es, asignación básica, gastos de representación y la prima especial, de conformidad
con los valores fijos establecidos en los decretos 186 de 2014, 1257 de 2015 y 245
de 201626.
33.4. El 31 de agosto de 2016, el demandante presentó solicitud de conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría Judicial Administrativa de Manizales (Caldas)27.
33.5. El
5 de octubre de 2016 la Procuraduría 28 Judicial II Administrativa de
Manizales declaró fallida la audiencia de conciliación extrajudicial entre las partes28.
33.6. El 6 de octubre de 2016, se expidió constancia por parte de la Procuraduría 28
Judicial II Administrativa en la que se dio por agotado el requisito de procedibilidad
exigido para acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo29.
2.4. Análisis sustancial
34. A efectos de abordar los problemas jurídicos planteados, se advierte que la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró la nulidad del acto
administrativo acusado y a título de restablecimiento del derecho condenó a la PGN
a: i) pagar al demandante la prima especial de servicios en cuantía del 30% adicional
a la asignación básica mensual desde el 17 de marzo de 2014 hasta el «1 de
septiembre de 2016» correspondientes a los tiempos en que prestó servicios como
procurador judicial II; ii) reliquidar todas las prestaciones sociales y salariales con
base en el 100% del salario básico; y iii) realizar los aportes al sistema de seguridad
social «integral».
23 Se inició desde el 2014 debido a que es el último año en el que se fijó una remuneración
cuantitativa para los servidores de la PGN, pues a partir del año 2015 el incremento fue porcentual
como se indicó en el cuadro.
24 Incremento del 4.66%.
25 Incremento del 7.77%.
26 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116», páginas 32 a 34.
27 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116», páginas 40 a 44.
28 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116», página 46.
29 Samai, índice 30, archivo «2_ED_C01PRINCIP_01CUADERNO1FL116», página 47 y 48.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
35. Se precisó que los anteriores reconocimientos no podían superar el tope máximo
correspondiente al 80% de lo que por todo concepto devengaba anualmente un
magistrado de alta corte, incluyendo la bonificación por compensación, tal como lo
establecía el Decreto 610 de 1998 y el Decreto 1102 de 2012; además, la parte
demandada debía asumir el pago de lo ordenado en esa sentencia siempre y
cuando la liquidación del periodo comprendido entre el 17 de marzo de 2014 y el «1
de septiembre de 2016» en el cargo de procurador judicial II, arrojara valores en
favor de la parte demandante.
36. La PGN cuestionó la anterior decisión porque consideró que había pagado los
salarios y la prima especial de servicios en la forma descrita en los decretos
salariales anuales y que no tenía la atribución legal para reconocer sumas distintas
de las ya pagadas. Además, el cumplimiento de la orden impartida por el juez de
primera instancia implicaría superar los topes establecidos en los decretos 610 de
1998 y 1102 de 2012.
37. Como se expuso en el marco normativo de esta decisión, la Ley 4ª de 1992 creó
una prima «no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial»
para unos servidores de la Rama Judicial y agentes del Ministerio Público delegados
ante la Rama Judicial, entre otros, con efectos a partir del 1 de enero de 1993.
38. Por su parte, en los decretos salariales anuales 4169 de 2004, 933 de 2005, 392
de 2006, 621 de 2007, 661 de 2008, 729 de 2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011,
841 de 2012, 1016 de 2013 y 186 de 2014 se dispuso que el 30% de la asignación
básica mensual de los procuradores judiciales II correspondería a la prima especial
de servicios de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
39. Así, para el año 201430 el gobierno nacional estableció un salario básico de
$8.623.464 para los procuradores judiciales II31 por medio del artículo 9 del Decreto
186 de ese año, en el que el citado salario fue dividido del siguiente modo:
$3.383.514 a título de asignación básica, $3.383.511 por concepto de gastos de
representación y $1.856.439 de prima especial de servicios, lo que evidencia el
30 El análisis sobre el fraccionamiento del salario parte del año 2014 porque es el último año en el
que el gobierno nacional incrementó nominalmente el salario, toda vez que a partir del año 2015
los aumentos fueron de carácter porcentual.
31 Artículo 9°. A partir del 1° de enero de 2014, la remuneración mensual de los Procuradores
Judiciales II ante los Tribunales: Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Penal
Militar, Nacional, ante Jurisdicción Agraria, de Menores y Familia, será de ocho millones seiscientos
veintitrés mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos ($8.623.464) moneda corriente, distribuida así:
Asignación Básica 3.383.514
Gastos de Representación 3.383.511
Prima Especial 1.856.439
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Demandante: Alberto Hoyos López
fraccionamiento del salario desde el contenido mismo de la norma, pues se tomó el
30% del salario y se pagó a título de la citada prima sin carácter salarial.
40. En este proceso se demostró que Alberto Hoyos López ejerció el empleo de
procurador judicial II delegado de asuntos administrativos desde el 17 de marzo de
2014 hasta la fecha en que se expidió el Oficio SG 004613, esto es, el 19 de agosto
de 2016 y, en consecuencia, tenía derecho al reconocimiento y pago de la prima
especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, modificada por la Ley 332
de 1996 por ser una prima prevista a favor de los servidores que ejercen el cargo
que él desempeñó.
50. Al respecto, si bien el tribunal dispuso que el demandante se había desempeñado
como procurador judicial II desde el 17 de marzo de 2014 hasta el «1 de septiembre
de 2016», no se evidencia del material probatorio que en efecto haya prestado
servicios ante la entidad demandada hasta la fecha en mención, pues de acuerdo
con la certificación expedida el 19 de agosto de 2016 por la PGN se encontraba
vinculado hasta ese momento. No obstante, lo anterior el tribunal precisó que los
reconocimientos ordenados se efectuarían «en todo caso según los tiempos de servicio
prestados por la parte demandante como Procurador Judicial II».
51. Ahora bien, a partir del año 2015 el incremento salarial no fue nominal sino
porcentual. En tal sentido, los incrementos porcentuales de los años 2015 y 2016,
que corresponden al periodo reclamado por el demandante, se aplicaron sobre una
base previamente fraccionada, en la que el 70% era tratado como asignación básica
y el 30% como prima especial, de manera que el aumento porcentual no recompuso
la asignación básica al 100%, sino que reprodujo el fraccionamiento existente. En
consecuencia, el vicio persistió durante los periodos reclamados, con incidencia
directa en la liquidación de las prestaciones sociales.
52. En otras palabras, el fraccionamiento salarial evidenciado en el decreto salarial
del año 2014 fue la base sobre la cual se aplicaron los incrementos de los años
posteriores. Esto significa que los aumentos correspondientes a los años 2015 y
2016 se calcularon sobre una estructura salarial previamente dividida, en la que solo
el 70% se reconoció como asignación básica y el 30% restante se pagó como prima
especial de servicios sin carácter salarial.
53. Así, los incrementos porcentuales de los años 2015 en adelante no
restablecieron el salario en su integridad, sino que mantuvieron el citado
fraccionamiento, lo que implicó que durante los periodos reclamados se mantuviera
la disminución de la base salarial y, con ello, la afectación directa en la liquidación
de las prestaciones sociales del demandante.
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
54. Lo anterior es así porque el mencionado fraccionamiento generó una disminución
del monto a partir del cual se calculan, por ejemplo, los aportes a seguridad social
y las primas de vacaciones y navidad, circunstancia que contraría el principio de
progresividad laboral y el propósito del legislador de adicionar la prima especial a la
asignación básica salarial.
55. De lo expuesto se evidencia con los cálculos incluidos en el cuadro del hecho
probado 33.2 en el que se observa que para el año 2015 el salario básico decretado
ascendió a $9.025.317, sin embargo, de acuerdo con el certificado de salarios
pagados al demandante durante ese año, esa cifra solo se alcanzó al sumar los
haberes correspondientes a asignación básica, gastos de representación y prima
especial de servicios, es decir que el valor de la citada prima fue pagado como parte
del salario mensual decretado por el gobierno nacional.
56. En ese sentido, de acuerdo con la posición del Consejo de Estado sobre el
particular la prima especial de servicios sí debe ser pagada de manera adicional al
salario básico, por lo que la interpretación que la PGN realizó sobre el
reconocimiento de dicha prestación implicó que a Alberto Hoyos López se le dejara
de pagar el 30% del salario mientras laboró como procurador judicial II.
57. En cuanto al argumento sobre la falta de competencia de la entidad para
reconocer los emolumentos pretendidos por el demandante, la Sala debe decir que
el cumplimiento de la orden de primera instancia no implica la fijación de un nuevo
régimen salarial ni el reconocimiento de emolumentos distintos de los previstos en
la Ley 4ª de 1992, sino a la correcta aplicación del artículo 14 de dicha ley, conforme
con la interpretación unificada del Consejo de Estado.
58. La orden de reliquidación no fija un régimen distinto, pues no introduce factores
salariales nuevos, sino que restablece la asignación básica al 100% y reconoce la
prima especial como un incremento adicional, tal como fue concebida por el
legislador y precisado por la jurisprudencia, frente al fraccionamiento indebido
efectuado por los decretos anuales proferidos por el gobierno nacional.
59. En relación con la eventual superación de los topes previstos en los decretos 610
de 1998 y 1102 de 2012, debe decirse que en la sentencia del Consejo de Estado
del 2 de septiembre de 2019, el reconocimiento del derecho a la prima especial y la
reliquidación de prestaciones sociales procede de manera condicionada, sin que en
ningún caso se superen los límites porcentuales establecidos por el gobierno
nacional, circunstancia que fue establecida por el a quo, razón por la que no hay
lugar a emitir decisiones adicionales.
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60. En relación con la prescripción y para efectos de su contabilización, se debe tener
en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa
y a partir de allí se reconocen 3 años atrás, de conformidad con los artículos 41 y
102 de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.
61. Así las cosas, en el caso bajo examen encuentra la Sala que no operó el
fenómeno jurídico de la prescripción, en razón a que el demandante presentó la
reclamación administrativa el 29 de julio de 2016 ante la PGN y el periodo durante
el cual se desempeñó como procurador judicial II fue del 17 de marzo de 2014 al 19
de agosto de 2016, por lo que se evidencia que no superó los 3 años.
62. Ahora, habida cuenta la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social, se
adicionará un inciso en el ordinal 3º de la sentencia apelada en el que se precisará
que para realizar el pago de los aportes o cotizaciones al Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones se tomará en cuenta como ingreso base de
liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30% correspondiente a la
prima especial de servicios32, desde la fecha de la vinculación al cargo que le otorga
ese beneficio33.
63. Asimismo, se adicionará un ordinal en el que se indicará que el cumplimiento de
la condena estará condicionado a que la entidad demandada no haya realizado otro
pago a la parte demandante por los conceptos aquí reconocidos.
2.5. Costas
64. El artículo 188 del CPACA prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo y dispone lo siguiente:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, sentencias del 5 de septiembre
de 2023, exp. 73001-23-33-000-2017-00344 -01 (6074-2018) y del 4 de julio del 2024, exp.
05001 23 31 000 2003 01216 01 (0450-2014).
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia del
25 de agosto de 2016, exp. 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. «[L]a
Sala aclara que la prescripción extintiva no es dable aplicar frente a los aportes para pensión,
en atención a la condición periódica del derecho pensional, que los hace imprescriptibles, pues
aquellos se causan día a día y en tal sentido se pueden solicitar en cualquier época, mientras
que las prestaciones sociales y salariales, al ser pagadas por una sola vez, sí son susceptibles
del mencionado fenómeno, por tener el carácter de emolumentos económicos temporales».
19
Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
65. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
66. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma.34
67. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
68. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala revocará la condena en costas de la primera instancia
y se abstendrá de imponerlas en esta.
3. Conclusión
69. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que la prima especial de
servicios a la que tenía derecho Alberto Hoyos López sí debió ser pagada de manera
adicional al salario básico lo cual no implica la fijación de un nuevo régimen salarial
ni el reconocimiento de emolumentos distintos de los previstos en la Ley 4ª de 1992,
sino a la correcta aplicación del artículo 14 de dicha ley. Prestación que en ningún
caso podía superar los límites porcentuales establecidos por el gobierno nacional.
70. En consecuencia, se confirmará parcialmente la sentencia apelada del 16 de
septiembre de 2024, dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
34En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
F A L L A:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia de primera instancia del 16 de
septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda promovida por Alberto
Hoyos López en contra de la Procuraduría General de la Nación, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
Segundo. Adicionar al ordinal tercero de la sentencia del 16 de septiembre de
2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, lo siguiente:
Se precisa que para realizar el pago de los aportes en pensiones se tomará en cuenta
como ingreso base de liquidación el 100% del salario básico mensual, más el 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, desde la fecha de la vinculación al
cargo que le otorga ese beneficio.
Tercero. Adicionar un ordinal a la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, así:
Octavo. El cumplimiento de la condena estará condicionado a que la entidad
demandada no haya realizado otro pago a la parte demandante por los mismos
conceptos aquí reconocidos.
Cuarto. Revocar la condena en costas dispuesta en la primera instancia.
Quinto. No condenar en costas en esta instancia.
Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
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Radicado: 17001-23-33-000-2017-00034-02 (6216-2024)
Demandante: Alberto Hoyos López
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
KBV
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