Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00498-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00498-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2023-00498-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
24 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 24 de agosto de 2026
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00498-01 (74456)
Actor: Jesús Alberto Mejía Zuluaga
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Temas: reparación directa – responsabilidad por daños derivados de la coexistencia de
registros marcarios cuando uno de ellos es declarado nulo // ausencia de prueba de la
relación de causalidad
Síntesis del caso: se demanda la indemnización de los perjuicios causados por el registro de
una marca, que posteriormente fue anulado por el Consejo de Estado
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante contra la Sentencia de 13 de febrero de 20261, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca negó las pretensiones
de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia adoptada por un tribunal
administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
vigente al momento de la presentación de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación y trámite relevante.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 27 de julio de 20232, Jesús Alberto Mejía Zuluaga presentó demanda
de reparación directa contra la Nación – Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de que se
les declarara responsables de los perjuicios que le fueron causados por la
concesión de un registro marcario a un tercero. Sus pretensiones fueron:
1 La parte resolutiva del fallo dispuso: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, conforme las
consideraciones expuestas.
SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte vencida (parte demandante) conforme lo previsto en esta providencia.
FIJAR agencias en derecho en el 3% de lo pedido en la demanda.
TERCERO: DISPONER el ARCHIVO previa anotación en la plataforma ‘Samai’ y EXPEDIR las copias que soliciten las
partes si la providencia no fuere apelada. Dese cumplimiento por Secretaría”.
2 De acuerdo con la información registrada en el índice 1-3 Samai de la primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00498-01 (74456)
Actor: Jesús Alberto Mejía Zuluaga
Demandado: Superintendencia de Industria y
Comercio y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modificar y confirmar la denegación de
pretensiones
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“2.1.Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a [las demandadas],
para que de conformidad con el trámite establecido en los artículos 180 y ss. Del CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO con motivo
del desarrollo injurídico, ilegal y por vía de hecho, en razón de asentar y permitir mediante
Resolución núm. 2276 de 2006, emitida por la jefe de la División de Signos Distintivos 6 de la
SIC el registro como marca del signo mixto ‘AV’, en la Clase 30 de la Clasificación
Internacional de Niza, a favor de la sociedad PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA M.J.G.
S.A.“.
2. Síntesis de los perjuicios reclamados:
Daño emergente Lucro cesante
$1.700’000.000 “…todas las erogaciones o gastos $4.100’000.000 “…cálculo de los frutos civiles
que tuvieron que ser sufragados causa-efecto por la dejados de percibir por la merma y descenso a
víctima, o sea las sumas de dinero y los bienes y servicios niveles mínimos de operación y ventas del trapiche
apreciables, que tuvieron que salir del patrimonio del panelero de propiedad de mi poderdante,
accionante. También lo son la merma patrimonial ocasionado directamente por la actividad y
concomitante que sufrió el lesionado como suplantación de marca por un tercero; constituido
consecuencia directa de la suplantación de marca por la ganancia que dejó de percibirse, o la
(obrar con ligereza y falta de cumplimiento de los expectativa cierta económica de beneficio o
controles legales al registrar la marca más que provecho que no se realizó o materializó como
semejante a la de mi poderdante) es decir supone el consecuencia del daño (…)”.
menoscabo sufrido al patrimonio del convocante, en
forma estructural por la suplantación itero de la marca
VA (…)”.
3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones,
afirmó:
4. 1) El demandante es propietario del establecimiento de comercio
Trapiche del Valle y de la marca registrada “VA”, la cual utilizaba desde 1999
para la producción y venta de panela.
5. 2) En el año 2011 demandó ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo el registro de la marca “AV” para amparar productos en la
clase 30 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios, registro
solicitado en 2005 por la sociedad Productora y Comercializadora M.J.G S.A.
y concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante
Resolución 2276 de 2006,
6. 3) El Consejo de Estado determinó que la Superintendencia de
Industria y Comercio, al expedir la Resolución 2276, violó el artículo 136, literal
a) de la Decisión 486, por indebida aplicación; consideró que el signo
cuestionado “AV” era similar ortográfica y fonéticamente a la marca “VA”
y que, además, tales expresiones se encontraban en el mercado con las
letras impresas sobre una panela de forma redonda, lo que generaba
conexidad competitiva y riesgo de confusión en el consumidor, por lo que
no garantizó la exclusividad del titular de la marca previamente registrada.
La conducta de la Superintendencia constituyó una falla en el servicio, pues
permitió el registro de una marca evidentemente similar a la ya registrada
por el acá demandante. El proceso marcario terminó en septiembre de
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Actor: Jesús Alberto Mejía Zuluaga
Demandado: Superintendencia de Industria y
Comercio y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modificar y confirmar la denegación de
pretensiones
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2021, diez años después de ser promovida la demanda de nulidad y dieciséis
años luego del registro de la marca cuestionada.
7. 3) “En razón de lo anterior, es decir la suplantación y generación de
confusión en el comprador del producto, se generó un decrecimiento
significativo de la actividad comercial y de producción de[l demandante]
pues se inundó el mercado que consuetudinariamente atendía (...) con una
marca que desvió la clientela y los compradores en general de la panela
de mi poderdante...”.
8. 4) El demandante tuvo que cerrar su trapiche panelero debido al
descenso progresivo de las ventas, lo que le causó un perjuicio superior a los
$5.800’000.000, los cuales deben ser indemnizados por la Superintendencia,
que al conceder el registro de la marca “AV”, transgredió el derecho
exclusivo que le confería la ley como titular de la marca registrada “VA”,
para distinguir productos en la misma clase.
9. 5) El tercero Sociedad Productora y Comercializadora M.J.G.,
eventualmente era “...ocasionante (sic) en igual medida de los perjuicios
causados por registrar una marca ya existente y conocida en la región como
de mi poderdante, desviando la presencia y la venta en el mismo mercado,
que mi representado siempre ha utilizado (...)”.
1.2. Posición de la parte demandada
10. El Ministerio de Comercio Industria y Turismo se opuso a las pretensiones
con las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pasiva”,
“...ausencia de nexo causal” y “...ausencia de daño y ausencia de
responsabilidad...”3.
11. Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que
el daño no le era imputable, que no existió un daño antijurídico y que los
elementos de juicio no daban cuenta de la causa determinante del daño4.
12. En la oportunidad para alegar de conclusión, las partes reiteraron su
planteamiento general frente a la controversia, contenido en la demanda
y las respectivas contestaciones.
1.3. Sentencia de primera instancia5
3 Índice 18 Samai de la primera instancia.
4 Índice 20 Samai de la primera instancia.
5 Índice 56 Samai de la primera instancia.
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Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modificar y confirmar la denegación de
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13. Negó las pretensiones de la demanda por falta de prueba de la
relación de causalidad entre “la actuación desplegada por las
demandadas y el daño”. Al respecto, consideró que “[p]ese a que se
acreditó una disminución en las ventas del establecimiento de comercio
denominado ‘Trapiche del Valle’ de propiedad del señor Jesús Alberto Mejía
Zuluaga entre los años 2005 al 2021, no se demostró que la causa eficiente y
determinante en la ocurrencia de ese daño hubiera sido la coexistencia de
las marcas similares en el mercado”.
14. El tribunal resumió el contenido de las pruebas que se aportaron:
certificados de existencia y representación; Sentencia de 9 de septiembre
de 2021 de la Sección Primera del Consejo de Estado que ordenó la
cancelación del registro marcario “AV”; el testimonio de Andrés Mejía
Cuartas (hijo del demandante), así como el dictamen pericial contable y su
contradicción en audiencia.
15. Le restó relevancia demostrativa a las declaraciones del testigo6
porque desconocía las dinámicas del mercado en el que competían las dos
marcas que presentaban similitudes; y en relación con el dictamen pericial
consideró que, aunque daba cuenta de una disminución en los ingresos del
establecimiento de comercio del demandante, “carece de fuerza para
demostrar que la causa eficiente del daño fue la coexistencia de las marcas
previamente aludidas”, pues el perito reconoció en la audiencia de
sustentación no haber ponderado “variables que pudieron afectar las
ventas del sector panelero en general” entre 2005 y 2021, como la crisis que
experimentó ese sector en el año 2008, o las implicaciones que tuvo la
pandemia del Covid-19.
1.4. Recurso de apelación7 y trámite relevante en segunda instancia
16. La parte demandante presentó recurso de apelación. En concreto
alegó:
17. 1. Que el tribunal exigió prueba de una “causa eficiente y
determinante”, lo cual era incompatible con la causalidad jurídica
(adecuada) y con la lógica de concausas. A pesar de que el fallo encontró
6 “No obstante, en el expediente no obra otro elemento probatorio que brinde sustento a los dichos del testigo
sobre la causa de la baja en las ventas, pues aceptó que no tenía conocimiento de balances financieros de la
empresa de su padre ni de las condiciones de mercado del sector panelero, por lo que, no sabía si las otras
empresas habían sufrido reducciones en las ventas y por tanto, si su pérdida económica podía atribuirse a otros
factores o ciertamente el origen del daño, entendido como la pérdida económica, fue la sinonimia en las marcas.
Lo expuesto denota que el testigo habló sobre meras suposiciones de lo que veía en la empresa y cálculos que
maso menos hacía, según él mismo declaró, sin ningún comparativo que permitiera establecer con certeza la
razón de la disminución en las ventas”.
7 Índice 59 Samai de la primera instancia.
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acreditado el daño (disminución de ventas), echó de menos la prueba de
su causa eficiente y determinante, razonamiento que, a juicio del
recurrente, era equivocado, pues “la concurrencia de factores externos o
contextuales no destruye por sí misma la causalidad jurídica, ni habilita a
negar automáticamente el nexo. En responsabilidad extracontractual (y
con mayor razón cuando se debate falla del servicio y daño antijurídico), el
problema no se resuelve exigiendo que el actor pruebe una realidad
económica ‘pura’ o aislada de todo contexto; se resuelve verificando si el
hecho imputado es jurídicamente relevante para explicar el daño
reclamado, aun si existen factores concomitantes”. En esa línea, precisó que
“…si la tesis judicial para negar el nexo descansa en ‘otras causas’ (crisis
sectoriales, covid, estallido), el debate probatorio no podía resolverse
imponiendo al actor la obligación de probarlo todo y, además, de probar
‘lo contrario de todo’”.
18. 2. En esas condiciones, el tribunal debió aplicar el régimen de la carga
dinámica de la prueba o decretar pruebas oficiosamente, sin embargo, “en
vez de administrar racionalmente la incertidumbre probatoria (que es
precisamente la función del proceso), elev[ó] la incertidumbre a razón
suficiente para negar”.
19. 3. El tribunal incurrió en defectos “en la valoración conjunta
[ordenada por el artículo 176 del CGP] y en la sana crítica: (…) desarticul[ó]
el acervo, minimiz[ó] el soporte testimonial sobre confusión real y termin[ó]
calificándolo como ‘mero dicho’, pese a describir hechos percibidos
directamente” por el testigo8. La valoración del testimonio debió hacerse
de manera conjunta con la sentencia del Consejo de Estado que declaró
la nulidad del segundo registro marcario, así como con el hecho que el
Tribunal Administrativo dio por acreditado: que se había presentado una
disminución en las ventas.
20. 4. El tribunal no debió desestimar la aptitud demostrativa del dictamen
pericial, “sin agotar los instrumentos legales de esclarecimiento cuando el
punto era decisivo”. Al respecto, cuestionó que hubiera echado de menos
un análisis macroeconómico, pues ese enfoque desconocía el objeto de la
experticia: el alcance del encargo se limitaba al estudio de estados
financieros y, a partir de ellos, determinar la disminución patrimonial
8 El recurrente afirmó: “El testigo relató que desde 2006 clientes llamaban reclamando por diferencias de precios
y por la existencia de una marca muy similar, lo cual desencadenó reducción de producción/ventas y cierres
hacia 2017. Eso —en sí mismo— no es un ‘mero dicho’ en el sentido descalificador del fallo; es un relato de hechos
presenciados en su rol operativo (‘supervisando la molienda’ y ‘las ventas’). Que el testigo no aporte ‘cifras
contables’ o no domine ‘condiciones macro del sector’ puede afectar el alcance de sus inferencias económicas,
pero no anula el valor probatorio de lo que percibió directamente sobre el mercado, reclamos y dinámica
comercial. El Tribunal, sin embargo, trata la ausencia de pericia técnica del testigo como si borrara los hechos
relatados, y con ello rompe la lógica de la sana crítica”.
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Referencia: Acción de reparación directa
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experimentada por el demandante, de manera que esa prueba no podía
convertirse en un “estudio macroeconómico multicausal universal”. En otras
palabras, el hecho de que el perito se hubiera limitado a los estados
financieros y documentos contables no configuraba un yerro del dictamen,
pues ese era el objeto de la prueba. Sin embargo, el tribunal confundió
alcance del dictamen con su falta de valor, asociación que no era válida
y, prosiguió, si para el tribunal era de gran relevancia un análisis adicional,
ante la insuficiencia de la prueba técnica debió: valorarla en su exacto
alcance; integrarla con el resto del material probatorio o “acudir a los
instrumentos procesales de esclarecimiento” como la aclaración,
complementación o prueba oficiosa.
21. También alegó que la prueba técnica fue sometida a contradicción
y por ello, era “una prueba válida y valorable”. A juicio del recurrente, “si el
perito fue interrogado, si su metodología y conclusiones fueron sometidas a
contradicción, y si el despacho tuvo oportunidad de escrutar la prueba, el
resultado procesal no puede ser tratarla como si careciera de aptitud
demostrativa por no abarcar un ámbito distinto al de su encargo”.
22. 5. Por último, solicitó revocar la condena en costas y la fijación de
agencias en derecho por imposición automática ante el solo hecho de que
la parte demandante fue vencida, cuando la legislación ordena ponderar
demandas serias de aquellas ostensiblemente infundadas. Agregó que
hubo “ausencia de verificación de causación” de las expensas y gastos, y
que se presentó una “falta de motivación” en la fijación de las agencias en
derecho.
23. En su concepto, el Ministerio Público recomendó revocar la sentencia
apelada y, en su lugar, declarar probada la caducidad de la acción9. “[S]in
asomo de dudas es posible deducir que el demandante ya estaba en
condiciones de conocer el hecho dañoso mucho antes no solo del año 2011
cuando solicitó la nulidad del registro marcario, sino inclusive desde el año
2006 cuando se concedió el registro marcario ‘AV’ a la sociedad Productora
y Comercializadora MJG SA”, de manera que la presentación de la
demanda el 27 de julio de 2023 no fue oportuna.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará 2.2. Análisis sustantivo;
2.3. Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará
9 Índice 9 Samai de la segunda instancia.
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24. La de reparación directa es la acción procedente para buscar la
declaratoria de responsabilidad del Estado por los daños que
eventualmente se causen a particulares como consecuencia de la
declaratoria de nulidad de un acto administrativo de registro marcario. La
Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, dispone que las acciones
para buscar la declaratoria de nulidad de un registro marcario (como la que
en la presente controversia definió el Consejo de Estado en Sentencia de
única instancia de nueve de septiembre de 2021), están previstas sin
perjuicio de las que “…que pudieran corresponder por daños y perjuicios
conforme a la legislación interna” (artículo 172). Como la acción de nulidad
del registro marcario no comporta el restablecimiento del derecho, la
demanda indemnizatoria contra el Estado por el acto del registro se ventila
a través de la acción de reparación directa.
25. En relación con la oportunidad en el ejercicio de la acción, la Sala
advierte que la posibilidad de demandar la reparación de los perjuicios a
que dio lugar la Resolución 2276 de seis de febrero de 2006, contrario a lo
que sugirió la Procuraduría General de la Nación en el concepto rendido en
esta instancia, solo surgía en el momento en el que el afectado pudo tener
conciencia de la antijuridicidad derivada de la coexistencia de los registros
marcarios “AV” y “VA”, lo que solo ocurrió cuando el Consejo de Estado, en
la sentencia de nueve de septiembre de 2021, declaró la nulidad de la
citada Resolución. Con anterioridad, al estar en tela de discusión la
legalidad de ese acto administrativo, la demanda de reparación directa
habría sido pretérmino, pues era incierto si el acá demandante estaba, o
no, en el deber de soportar la coexistencia de los signos distintivos y sus
consecuencias. El fallo del Consejo de Estado se notificó el trece de octubre
de 2021, por lo que quedó en firme el quince de octubre de ese año. La
demanda de reparación directa, promovida el veintisiete de julio de 2023
se presentó antes del vencimiento del plazo de dos años al que la ley la
condiciona, lo anterior sin perjuicio de que ese plazo se suspendió como
consecuencia del trámite de conciliación prejudicial ante la Procuraduría
General entre el diecisiete de junio de 2022 y el diecisiete de septiembre de
ese mismo año.
26. La Sala confirmará la sentencia apelada y condenará en costas de
esta instancia a la parte demandante. Aunque está acreditado que Jesús
Alberto Mejía Zuluaga obtuvo una sentencia favorable que ordenó la
cancelación del registro de la marca AV “para distinguir productos
comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza,
[registro conferido] en favor de la sociedad PRODUCTORA Y
COMERCIALIZADORA M.J.G. S.A, tercero con interés directo en las resultas
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del proceso…” (tal y como consta en la parte resolutiva de la Sentencia de
nueve de septiembre de 2021); y aunque es una circunstancia asimismo
indiscutible que el establecimiento comercial del demandante presentó
una disminución en las ventas entre 2005 y 2021, en este proceso, como lo
concluyó el fallo de primera instancia, no quedó demostrada la relación de
causalidad entre la coexistencia de los registros marcarios AV y VA y el
decrecimiento de los negocios del demandante.
2.2. Análisis sustantivo
27. En esta especie de reclamaciones, el cumplimiento de la carga de la
prueba que recae sobre la parte actora no se satisface con la acreditación
de que se expidió un acto administrativo que reconoció como registrable
una marca en forma contraria a derecho, sumado a la prueba del
comportamiento general de sus ingresos mientras el registro ilegítimo estuvo
vigente.
28. El demandante puede acreditar que, la vigencia del acto
administrativo que amparaba una marca similar para distinguir unos mismos
productos dentro del mercado propició que el titular del signo cancelado
experimentó una ventaja que operó, en sentido inverso y proporcional, en
el patrimonio del titular del registro legítimo. Esa podría ser la medida del
daño indemnizable en este tipo de actuaciones y la nota distintiva de su
antijuridicidad: no puede repararse -y el demandante está en la obligación
de soportar- el daño que no tiene relación de causa a efecto con la
expedición del acto marcario, sobre todo si se razona que es perfectamente
posible que la disminución en el nivel de ventas que sufre un empresario
puede estar determinado por factores propios de su organización,
circunstancias del mercado en el que participa o de la economía general.
29. También es posible que, como consecuencia de la coexistencia de
registros marcarios, se genere confusión en el mercado, aunque el
competidor no registre un incremento significativo en sus ventas, por
ejemplo, cuando el demandante deja de crecer por efecto de la confusión,
pierde oportunidades comerciales, reduce su participación en el mercado
o se ve obligado a disminuir sus precios. En esas circunstancias, también
experimenta un daño, que puede presentarse sin que exista un aumento
proporcional de los ingresos del tercero, afectación que puede quedar
acreditada con distintos elementos de juicio (estudios de mercado, peritajes
económicos, análisis de clientela, evidencia de confusión efectiva o
pruebas estadísticas) que permitan demostrar razonablemente la
incidencia del registro ilegal en el daño cuya reparación se reclama.
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30. En los dos escenarios que vienen de plantearse, tal y como lo dejó
esbozado el tribunal en la sentencia apelada, para efectos de establecer
la relación de causalidad como presupuesto de la responsabilidad, es
preciso tener en cuenta que el comportamiento en las ventas de bienes y
servicios no solo está condicionado por la conducta de los demás
competidores; varía en función de multiplicidad de factores
macroeconómicos y de las vicisitudes propias del mercado específico que
distintos empresarios, con sus marcas, se compiten.
31. Es por ello que, en controversias como estas (y sin que preliminarmente
ello suponga la imposición de un estándar probatorio irrazonable), debe
quedar establecida una correlación necesaria entre el otorgamiento del
registro cancelado y la existencia de una afectación patrimonial por parte
del titular del signo distintivo de mejor derecho.
32. No bastaba, entonces, acreditar que el establecimiento comercial de
propiedad del demandante presentó una disminución en las ventas durante
determinado periodo; era necesario que demostrara que esa situación
estuvo determinada por la coexistencia de los dos registros marcarios y no
por otro tipo de factores.
33. La Sala no pierde de vista que en la demanda se afirmó lo siguiente:
la Sociedad Productora y Comercializadora M.J.G. (beneficiaria del registro
cancelado), era “...ocasionante (sic) en igual medida de los perjuicios
causados por registrar una marca ya existente y conocida en la región
como de mi poderdante, desviando la presencia y la venta en el mismo
mercado…” -se resalta-.
34. En ese específico contexto, la comparación del comportamiento de
las ventas del demandante y de la empresa titular del registro marcario
anulado, habría permitido definir si existía una vinculación entre el
otorgamiento del registro de la marca y la afectación del establecimiento
de comercio de propiedad de Jesús Alberto Mejía Zuluaga.
35. La existencia de signos distintivos similares puede conllevar una
distorsión en el mercado en el sentido más elemental: los clientes que pierde
el titular de una marca comienzan a adquirir los bienes del empresario que
los identifica con un signo parecido, porque el consumidor puede asumir
que está ante un mismo producto o porque, aunque los reconozca como
distintos, entiende que proceden del mismo empresario.
36. Sin embargo, la coexistencia de signos distintivos similares no
necesariamente puede comportar una disminución en el nivel de ventas del
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comerciante afectado, pues puede ocurrir que la pérdida obedezca, como
se indicó, a vicisitudes de la propia empresa, del sector en el que compite o
a las de la economía general; también es posible -y este argumento no fue
planteado en la sentencia recurrida- que esa disminución no encuentre
correlato en el comportamiento de las ventas del titular del registro anulado,
supuesto este último en que, cuando lo que se alega -como acá lo hizo el
extremo demandante, es una desviación en la clientela-, el Estado no
estaría llamado a responder, pues en tal evento el daño no tendría relación
de causalidad con el registro de la marca, incluso a pesar de que esta última
resulte anulada.
37. En ese orden de ideas, si bien es cierto que, como lo planteó el
recurrente, la coexistencia de registros marcarios similares podía ser
valorada como causa adecuada de distorsiones en el mercado, la Sala no
puede desconocer que, como lo concluyó el tribunal, ese mismo efecto
podía venir determinado, de manera exclusiva o concomitante, por otro
tipo de factores. En cualquier caso, además de que es preciso ponderar la
existencia e incidencia de esos factores a la hora de establecer la
afectación padecida por el titular legítimo, la prueba en la presente
controversia necesariamente debía considerar y encontrar una relación
entre su alegada afectación económica y el beneficio del comerciante
que consiguió el registro de la marca que no cumplía con condición de ser
distintiva.
38. En este caso, quedó establecido, a partir de las afirmaciones que
realizó el perito en la sustentación del dictamen, que el mercado panelero
experimentó una crisis en el año 2008 y que esa circunstancia no fue
ponderada en el trabajo que se acompañó con la demanda; la Sala no
está en condiciones de establecer si los efectos de esa crisis perduraron en
el tiempo y en qué medida afectó a los distintos productores. Sin perjuicio
de lo anterior, a la luz de ese elemento de juicio no era posible establecer
una correlación entre el comportamiento de la Superintendencia
demandada y el daño cuya indemnización se demandó.
39. En efecto, un aspecto en el que la prueba técnica postulada por la
parte actora se muestra insuficiente, consiste en que el perito no ponderó
(porque la prueba no fue perfilada de esa forma por el extremo
demandante), el comportamiento del negocio de los comerciantes
cuando las dos marcas estuvieron vigentes. Se insiste: la justa medida del
daño indemnizable en la presente controversia se configura al establecer
que las mermas en el nivel de ventas tuvieron correlato en la dinámica de
la empresa que explotaba un signo cancelado por no reunir los requisitos
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Radicación: 76001-23-33-000-2023-00498-01 (74456)
Actor: Jesús Alberto Mejía Zuluaga
Demandado: Superintendencia de Industria y
Comercio y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modificar y confirmar la denegación de
pretensiones
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que lo hacen registrable, al no ser suficientemente distintivo10. Sin esa
correlación, no existe manera de ligar causalmente el comportamiento de
la superintendencia demandada con los daños cuya reparación se
demandó, pues se desconoce por completo si el daño -en la forma en que
alegó padecerlo el extremo demandante- tuvo una vinculación directa y
exclusiva con la coexistencia de los signos distintivos.
40. Entrando ahora de lleno al estudio de los argumentos del recurrente,
la Sala considera que la prueba de la disminución del nivel de ventas, por
las razones expuestas, no era condición necesaria y suficiente para acceder
a las pretensiones de la demanda y que, contrario a lo sostenido por el
demandante, el hecho de que el perito no hubiera ponderado la incidencia
de la crisis del mercado de la panela en 2008, sí permitía restarle aptitud
demostrativa a esa prueba, pues esa vicisitud sí tenía repercusiones sobre la
prueba de la relación de causalidad, del mismo modo en que, como se
indicó, con ese fin era deseable valorar, en el presente caso, el
comportamiento económico de la empresa cuyo registro marcario fue
anulado. El dictamen pericial presentado en este proceso, por su naturaleza
y alcance, no permitía determinar la causa de la disminución de los ingresos
de la parte demandante, pues se limitó a los estados financieros, enfoque
que únicamente permitía evidenciar un posible detrimento patrimonial, sin
identificar el origen preciso de la afectación económica.
41. La situación que se analiza tampoco varía a partir del examen
conjunto del fallo del Consejo de Estado que declaró la nulidad marcaria,
la prueba de la disminución de las ventas y el testimonio de Andrés Mejía
Cuartas, hijo del demandante que declaró estar vinculado a su
establecimiento de comercio. Ninguna de esas pruebas tuvo por objeto la
explicación sobre las repercusiones específicas que la crisis que afrontó el
gremio para 2008 tuvo sobre el trapiche de propiedad del extremo actor; la
naturaleza y contenido de esos elementos de juicio, tampoco los hacía
idóneos para determinar, de manera incontrastable, cuál fue el
comportamiento (a nivel de ventas) de la empresa competidora a partir del
momento en el que empezó a introducir en el comercio panelas
identificadas con el signo distintivo AV, dinámica cuya prueba, como fue
explicado, en la presente controversia era fundamental para establecer la
10 El Consejo de Estado, en la Sentencia de nueve de septiembre de 2021, sostuvo: “Así las cosas, al existir entre los
signos confrontados semejanzas significativas y una relación entre los productos que distinguen, debe concluirse
que existe riesgo de confusión directa, por lo que los mismos no pueden coexistir pacíficamente en el mercado
porque, como ya se dijo, podrían generar riesgo de confusión que llevaría al consumidor promedio a asumir que
dichos servicios tienen un mismo origen empresarial (…)”. Y agregó: “…es evidente que también existe riesgo de
confusión indirecta para el consumidor promedio, en lo tocante al origen empresarial, por razón de las significativas
similitudes antes anotadas, lo que daría lugar a que el consumidor en mención creyera que los productos que
distinguen ambos signos provienen del mismo titular”.
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relación de causalidad entre la actividad registral marcaria en cabeza de
la Superintendencia y el daño.
42. De otra parte, al tribunal no se le puede reprochar no haber distribuido
las cargas probatorias ya que, de acuerdo con el artículo 167 del CGP, esta
facultad puede ser ejercida de oficio o ser solicitada por la parte, pero
siempre en consideración de las facilidades probatorias del caso concreto.
Al respecto, hay que tener en cuenta que quien mejor podía demostrar el
impacto negativo que en su negocio tuvo la competencia con la marca no
distintiva no era el competidor, sino la misma demandante, la que alegó
que su negocio se vio impactado negativamente por dicha competencia.
Es decir que no se presentaba el supuesto propio de la redistribución de la
carga de la prueba. Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta que
la parte demandante tampoco lo solicitó durante el proceso y el tribunal no
podía realizar ese ejercicio al momento de dictar sentencia, so pena de
desconocer el derecho de defensa de la parte demandada, para dar por
acreditados hechos, sin haber dado la oportunidad a la contraparte de
acreditarlos.
43. Ahora, sobre la potestad de decretar pruebas oficiosamente, la Sala
advierte que el ejercicio, o no, de esa prerrogativa, no puede plantearse
por la vía del recurso de apelación, pues no consta que en algún momento
de la actuación hubieran surgido dudas o vacíos sobre las pruebas
relacionadas con los elementos de la responsabilidad postulados por la
parte actora, que reclamaran ser colmados con la intervención oficiosa del
tribunal. La posibilidad de decretar pruebas por parte de los funcionarios
judiciales no puede ser un instrumento para suplir falencias probatorias de
las partes, o extenderse a aspectos relevantes para sus intereses que, por
descuido o estrategia, se han dejado desprovistos de elementos de juicio.
44. En el presente caso, además de que la prueba pericial omitió
ponderar las implicaciones económicas que sobre la venta de panelas tuvo
la crisis que atravesó el sector en el año 2008, la parte actora perfiló
inadecuadamente esa prueba técnica, pues era deseable que estuviera
referida al comportamiento económico de la empresa de propiedad del
tercero que, teóricamente, habría estado llamado a beneficiarse con el
registro marcario que anuló el Consejo de Estado. Solo en esa forma, se
reitera, habría sido posible determinar la relación causal entre la actividad
registral y el daño padecido, aspecto fundamental para la prosperidad de
las pretensiones del demandante, pero sobre el cual no se postuló ninguna
prueba, circunstancia que hacía inviable decretarlas de oficio.
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45. Ahora, la aptitud demostrativa del dictamen pericial, contrario a lo
que sugiere el recurrente, no viene dada simplemente ante la
comprobación de que fue sometido a contradicción. El examen de la
relevancia que está llamado a tener ese elemento de juicio le corresponde
al juez al momento de dictar sentencia, y su mérito debe buscarse,
exclusivamente, en la capacidad intrínseca que tenga para generar
certeza sobre la materia que es objeto de la peritación, lo cual depende de
la claridad, precisión, nivel de detalle y exhaustividad con que haya sido
elaborado.
46. Para terminar, el recurrente cuestionó la imposición de la condena en
costas. Al respecto, la Sala observa que esa condena no fue injusta, sino el
resultado de la aplicación de la ley procesal, que al respecto dispone:
“Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se
regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil” (artículo 188 de
la Ley 1437 de 2011) -se resalta-. En la presente controversia, no se ventiló un
interés público (aspecto que, por lo demás, no fue planteado por el
recurrente) sino el derecho subjetivo a una indemnización de perjuicios,
aspiración derivada del registro de una marca. En ese orden de ideas, la
sentencia de primera instancia no estaba relevada de imponer condena en
costas.
47. Ahora bien, según las previsiones del numeral 1 del artículo 365 del
Código General del Proceso (normativa vigente al momento en el que se
presentó esta demanda), “[s]e condenará en costas a la parte vencida en
el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de
apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya
propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código”. La
lectura de esa norma pone de presente la intención del legislador de
adoptar un régimen objetivo como criterio orientador de ese tipo de
condena, sin que, por lo tanto, sea relevante ponderar si la demanda se
promovió con, o sin, fundamento legal, o de buena o mala fe (como en su
momento lo preveía el Código Contencioso Administrativo). En todo ello no
tiene ninguna incidencia la adición que sobre el artículo 188 de la Ley 1437
de 2011 introdujo la Ley 2080 de 2021, que lejos de adoptar el criterio
subjetivo como regla general al momento de considerar la imposición de la
condena en costas, solo agregó la obligación de imponerlas en un supuesto
determinado: “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal”. Como la parte actora fue vencida en el
proceso en el trámite de la primera instancia, la consecuencia legal frente
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a ese supuesto era la imposición de la condena en costas, la cual será,
entonces, confirmada.
48. Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección, como lo ha expresado en
otras oportunidades, considera que la tasación de las costas no
corresponde hacerla en la sentencia sino en auto separado para efectos
de garantizar el debido proceso, habida cuenta de que sobre esas
decisiones específicas proceden los recursos de reposición y apelación
según la legislación procesal. En esa oportunidad procesal la parte actora
podrá cuestionar la argumentación que, en su momento, tendrá que
ofrecer el Tribunal para justificar los montos de los componentes que
integran las costas procesales (expensas y gastos procesales y agencias en
derecho). En reciente pronunciamiento la Sala sostuvo:
“…la Sala considera que (…) la primera instancia no debió fijar las agencias en
derecho en la sentencia, pues, conforme al artículo 366 del CGP ‘las costas y
agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso’, es decir, en
providencia diferente y posterior a la sentencia, lo cual adquiere sentido en la
medida de que dicho artículo en el numeral 5 también prevé que esos montos
pueden controvertirse a través de ‘los recursos de reposición y apelación
contra el auto que apruebe la liquidación de costas’, con el propósito de
garantizar el debido proceso”11.
49. En ese orden de ideas, la Sala modificará oficiosamente el ordinal
“SEGUNDO” de la parte resolutiva de la sentencia apelada, para en su lugar
ordenar que las costas y agencias en derecho a cargo del extremo
demandante, tanto de primera como de segunda instancia, deben ser
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, quien tuvo a su cargo la primera instancia del proceso.
2.4. Sobre la condena en costas en segunda instancia
50. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas de segunda instancia a la
parte demandante. De acuerdo con el artículo 361 del CGP las costas se
conforman por la totalidad de expensas y gastos sufragados en el proceso
y por las agencias en derecho. La fijación del valor de las agencias en
derecho se hará de manera concentrada por el Tribunal de origen12.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, radicación no. 25000-23-
36-000-2019-00358-01 (70755). Planteamiento reiterado en Sentencia de 22 de mayo de 2026, radicación no. 76001-
23-33-000-2023-00376-01 (73555).
12 De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por
Secretaría de ese Tribunal en el caso de que se hubieren causado. Para la fijación de las agencias en derecho se
tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del Acuerdo ACUERDO No. PSAA16-10554 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de prestación de la demanda.
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2. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales “PRIMERO” y “TERCERO” de la parte
resolutiva de la Sentencia de 13 de febrero de 2026, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca denegó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal “SEGUNDO” de la sentencia el 13 de febrero
de 2026, el cual queda así:
“TERCERO: CONDENAR en costas, en primera instancia, a la parte
demandante, incluidas las agencias en derecho, su liquidación debe
hacerse en auto separado”.
TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante.
La liquidación de las agencias en derecho se hará de manera concentrada
por el Tribunal.
CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Respecto de su valor, el artículo 5 estableció que, para la segunda instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6
S.M.L.M.V.”.
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