Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00376-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-33-000-2023-00376-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-33-000-2023-00376-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00376-01 (73555)
Actor: Consuelo Garcés Álvarez y otras
Demandado: Distrito de Santiago de Cali
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: Acción de reparación directa // ocupación definitiva de bien inmueble//
caducidad
Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado por la ocupación definitiva de
un predio heredado por las demandantes.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la Sentencia de 23 de julio de 2025, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Valle del Cauca declaró la caducidad de la acción.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un tribunal
administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
vigente al momento de la presentación de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Trámite relevante en primera
instancia; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación y trámite relevante
en segunda instancia.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 8 de junio de 20231, Consuelo, María Elena, Nancy, Yolanda Eugenia
y Maria Teresa Garcés Álvarez, presentaron demanda en ejercicio de la
acción de reparación directa contra el Distrito Especial, Deportivo, Cultural,
Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali, en la que
solicitaron2:
1 Índice 3 Samai de la primera instancia.
2 En la forma en que quedaron las pretensiones luego de que se inadmitió la demanda (cfr. índice 11 Samai de la
primera instancia).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-33-000-2023-00376-01 (73555)
Actor: Consuelo Garcés Álvarez y otras
Demandado: Distrito de Santiago de Cali
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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“DECLARAR: Administrativa y civilmente responsable al Distrito Especial,
Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali,
representado legalmente por el Doctor ALEJANDRO EDER GARCÉS, o quien
hiciere sus veces, de ocupar definitivamente el inmueble propiedad de las
señoras GARCES ALVAREZ, inscrito el en folio de Matricula Inmobiiaria N° 370
– 108384 de la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Cali, En la
anotación N° 7 radicada el, 08 de agosto de 1995, Adquirido con Escritura
Pública N° 8600 del 2 de diciembre de 1994, aclarada con la escritura N°
1950, del 30 de marzo de 1995 y 4366 del 19 de Julio de 1995”.
2. Síntesis de los perjuicios reclamados:
Perjuicios materiales
Daño emergente: $40.002.000.000
Lucro cesante: Intereses moratorios liquidados desde el 30 de septiembre de 1959 hasta
la fecha de presentación de la demanda: $148.807.440.000.
3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones,
adujeron:
4. 1) Por Escritura Pública 8600 del 2 de diciembre de 1998, a las
demandantes se les adjudicó (por sucesión) el terreno identificado con
matrícula inmobiliaria 370-108384, “desconociendo que su predio se lo había
ocupado [la parte demandada] con la construcción de un parque y las vías
públicas de la calle 45, 46 y parte de la avenida 6ª Norte”. El predio, según
certificación de un topógrafo, tiene un área de 7.200,19 m2 y un avaluador
tasó en $5.500.000 el valor de cada m2.
5. 2) Las actoras, que “desconocían de la ocupación del inmueble”, el
25 de marzo de 2021 le confirieron un poder al abogado Arturo José del Niño
Jesús Ortiz Umaña, facultándolo para vender esa propiedad; este constató
que se encontraba ocupada de manera permanente con el parque del
barrio La Paz, razón por la cual el 13 de abril del mismo año, radicó una
petición a la Alcaldía para que le dieran información sobre el terreno. En la
respuesta, que se dio el 12 de noviembre de 2021, se indicó que ese
inmueble hacía parte del sistema de espacio público del Distrito de Santiago
de Cali por cesión que había hecho una urbanización.
6. 3) El 9 de septiembre de 2022, las demandantes radicaron en la
Alcaldía otra petición en la que solicitaron que se “hiciera el reconocimiento
y pago de la propiedad”. El 6 de octubre siguiente obtuvieron una
contestación inadecuada, por lo que, el 25 de octubre, requirieron
respuesta de fondo. La Alcaldía, por oficio de 3 de noviembre de 2022,
reconoció que: 1. las demandantes, en efecto, eran propietarias y 2. para
una eventual adquisición del predio era indispensable contar con una
autorización del Consejo Distrital mediante acuerdo.
7. En los fundamentos de derecho, se sostuvo que “No ha operado el
fenómeno de la caducidad, porque las [demandantes], solo se enteraron
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Actor: Consuelo Garcés Álvarez y otras
Demandado: Distrito de Santiago de Cali
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Decisión: Confirmar
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de la ocupación del inmueble desde el 12 de Noviembre de 2021”.
1.2. Trámite relevante en primera instancia
8. La parte demandada se opuso a las pretensiones con las excepciones
de: caducidad y ausencia de falla del servicio3.
9. Por Auto de 6 de noviembre de 2024, el Tribunal prescindió de la
audiencia inicial y dispuso que se dictaría sentencia anticipada en la que se
declararía probada la excepción de caducidad4.
1.3. Sentencia de primera instancia
10. Declaró probada la caducidad de la acción. Argumentó que el daño
se causó con la ocupación del inmueble para la construcción de un parque
y zonas verdes, circunstancia de la que tuvieron conocimiento las
demandantes el 11 de agosto de 2008. Explicó que ese día se expidió un
oficio con destino al Director de Planeación Municipal de Cali, en el que se
le informaba que, en ejecución de un convenio para la recuperación de 11
parques y zonas verdes públicas, el abogado Arturo José Ortiz Umaña se
presentó en el parque del barrio La Paz, presentando un poder general
conferido por Escritura Pública 1143 de 30 de mayo de 2008, otorgada con
el fin de recuperar bienes inmuebles a nombre de particulares “y que
corresponden al lugar donde está ubicado el parque en mención”.
11. El Tribunal observó que ese profesional tenía poder general para
representar a las demandantes dentro de este proceso, de manera que la
parte actora conocía de la ocupación permanente del predio, como
mínimo, desde el 11 de agosto de 2008, por lo que no era de recibo la
afirmación según la cual solo en el año 2021 su apoderado había tenido
conocimiento del daño.
12. El Tribunal condenó en costas a las demandantes por ser la parte
vencida. Las agencias en derecho las fijó en un 3% de lo pedido.
1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia
13. La parte actora apeló el fallo de primera instancia. Sus argumentos
contra esa decisión fueron los siguientes:
14. 1) Sobre la imposibilidad de declarar la caducidad. El Tribunal no
podía declarar probada la excepción de caducidad, en la medida en que
3 Índice 22 Samai de la primera instancia.
4 Índice 34 Samai de la primera instancia.
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Actor: Consuelo Garcés Álvarez y otras
Demandado: Distrito de Santiago de Cali
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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no se presentó en escrito separado como lo ordena la ley, al tratarse de una
excepción que se tramita como previa.
15. 2) Deber de la demandada de adquirir el predio por medios legales.
Si bien es cierto que las demandantes tuvieron conocimiento del daño el 11
de agosto de 2008, “desde la misma fecha” la parte demandada “ha
actuado con negligencia incurriendo en fallas en el servicio al evadir las
reiteradas peticiones de las demandantes, negándose a tramitar el proceso
establecido en la ley 388 de 1997, modificada por la Ley 2079 de 2021 y
adicionada por la Ley 2044 de 2020”. En ese orden, solicitó revocar el fallo
apelado, “o en su defecto conminar al Distrito Especial (…) de Santiago de
Cali, para que previo los trámites establecidos en la Ley (…), adquiera los
derechos de propiedad del inmueble” pues el Consejo de Estado tiene
establecido que cuando las autoridades públicas requieran bienes para
cumplir sus fines, deben adquirirlos en condiciones legales y abstenerse de
ocuparlos por la vía de los hechos, supuesto este último en el cual queda
comprometida su responsabilidad.
16. 3) Acerca de la condena en costas. Pidió que se revocara porque es
un “castigo injustificado” para las demandantes, dueñas del inmueble.
17. La Procuraduría Delegada de Intervención 6, Primera ante el Consejo
de Estado, remitió el Concepto No 172 / 2025 en el que solicitó confirmar la
sentencia apelada. Argumentó que la parte actora “no logró desvirtuar de
manera sustentada la declaración de caducidad del medio de control ni la
procedencia de la condena en costas en su contra, pues, sus
manifestaciones sobre la estructuración de estas figuras se centraron en
exponer razones genéricas que en nada se constituyen en un disenso real
que permita confrontar la tesis del Tribunal a quo”5.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión que se adoptará; 2.2. Sobre la condena
en costas.
2.1. Presupuestos procesales
18. La Sala no se pronunciará sobre el fondo de la controversia. A pesar
de que la de reparación directa era la acción procedente para buscar la
declaratoria de responsabilidad por el daño que la parte actora atribuyó a
la entidad pública demandada (ocupación definitiva del predio que,
afirmaron, eran dueñas), el ejercicio de la acción no fue oportuno, razón por
la cual se confirmará la decisión apelada. Con todo, la Sala introducirá una
modificación oficiosa a la parte resolutiva de la sentencia apelada, pues en
5 Índice 9 Samai de la segunda instancia.
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ella se tasó el valor de las costas de la primera instancia cuando ello
procede hacerlo en auto separado.
19. La competencia de la Sala, en su función de tribunal de apelaciones,
está delimitado por los argumentos que, en este caso, el recurrente único
expuso contra la sentencia totalmente desfavorable a sus pretensiones; no
le es dado a la Subsección abordar oficiosamente aspectos que no fueron
expresamente planteados por la parte vencida, con excepción de los
relacionados con el cumplimiento procesales. Con esa delimitación, la Sala
concentrará su análisis a los 3 argumentos expuestos por el recurrente6.
20. Sobre el primero, acerca de que el Tribunal no estaba habilitado para
declarar probada la caducidad, en la medida en que no se propuso como
excepción previa dentro de la primera instancia, la Sala reitera que la
verificación del ejercicio oportuno de la acción, por tratarse de un
presupuesto procesal que atañe al orden público, debe hacerse en
cualquiera estado del proceso y, para lo que acá interesa, al margen de si
la parte demandada planteó la caducidad como defensa pues su
declaratoria procede oficiosamente. Al respecto, esta corporación tiene
establecido que:
“…la caducidad de la acción es un presupuesto procesal de orden público, no
disponible por acuerdo entre las partes, e irrenunciable, de donde resulta
imperativo declarar su ocurrencia, aun de manera oficiosa, precisamente en
garantía de los principios de acceso a la administración de justicia y el debido
proceso al que tienen derecho las dos partes en el litigio judicial (…) La
jurisprudencia del Consejo de Estado ha precisado que la verificación de la
ocurrencia de la caducidad conlleva la falta de competencia de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo para entrar a conocer el contenido material
de las pretensiones de la demanda y, por tanto, ante la ocurrencia de ese
supuesto, procede la terminación del proceso y resulta improcedente
pronunciarse sobre las pretensiones que –por razón de la caducidad- dejan de
estar expuestas al conocimiento del juzgador.
Se afirma lo anterior, teniendo en cuenta que la competencia constituye un
principio del derecho fundamental al debido proceso en los términos del
artículo 29 de la Constitución Política, razón por la cual frente al fenómeno de
la caducidad no hay lugar al saneamiento ni a la extensión de la Jurisdicción,
en la medida en que los jueces sólo pueden asumir el estudio de la causa
petendi en aquellos asuntos que la Ley les asigne resolver”7 -se resalta-.
21. Esta subsección, en Sentencia de 5 de marzo de 20208, de manera
clara sostuvo: “En la declaratoria de la caducidad, por lo demás, no tiene
ninguna incidencia que el proceso se encuentre en segunda instancia, toda
vez que el presupuesto que se analiza es de orden público y, como tal,
cuando en cualquier estado del trámite se advierta la extemporaneidad en
el ejercicio la acción, la caducidad debe ser declarada oficiosamente…” -
6 Aunque en el recurso se enumeraron más argumentos, del estudio del recurso la Sala concluye que toda la
argumentación converge en alguno de los 3 reparos resumidos.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 19 de julio de 2018, Exp.
08001-23-31-000-2009-00753-01(54914).
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 5 de marzo de 2020,
Exp. 50001-23-31-000-2001-20298-01 (40749).
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se resalta-.
22. Sobre lo segundo, la Sala parte de la premisa de que la parte actora
no cuestionó la conclusión del fallo apelado según la cual las demandantes
tuvieron conocimiento del daño desde el 11 de agosto de 2008.
23. Con esa precisión, para la Sala es claro que, al momento de promover
la demanda de reparación directa (en junio de 2023), la acción para
reclamar la indemnización de perjuicios por ocupación del predio del que
las demandantes se afirmaron propietarias (la Subsección no hará ningún
estudio acerca del cumplimiento de los presupuestos sustanciales de la
acción promovida, entre ellos, la propiedad en cabeza del extremo actor)
se encontraba caducada, comprobación sobre la cual no tienen ninguna
incidencia las actuaciones que adelantaron años después para ser
resarcidas, directamente, por la entidad territorial.
24. La Sala ya ha tenido la oportunidad de precisar que ese tipo de
actuaciones no pueden tener incidencia sobre el conteo de la caducidad;
también, que a los afectados no les es dado asumir una actitud pasiva
frente a los daños padecidos, pues ello contraría el principio de mitigación
y, se agrega ahora, es una de las razones que probablemente justifica la
existencia del régimen de la caducidad. En Sentencia de 11 de septiembre
de 2024, la Subsección realizó las siguientes consideraciones, que se estiman
aplicables al caso concreto por identidad de razón:
“El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa, como exigencia que
concierne al orden público, no puede estar sujeto a actos que dependan,
exclusivamente, de la voluntad del afectado. Su conteo debe proceder de
referentes objetivos (…). [A]unque la Sala es consciente de que el demandante,
luego de que se levantó la medida cautelar (…), cuestionó en diferentes escritos
la falta de entrega, incluso mediante la interposición de una acción de tutela,
tales actuaciones solo ponen de presente que conocía, con suficiencia, la
existencia del daño, sus eventuales implicaciones y la entidad estatal llamada
a responder.
Para la Sala, es contrario a la lógica de la ley sobre el cómputo de la caducidad
en materia de reparación directa, como al principio general de la
responsabilidad que impone al afectado la mitigación del daño, que la parte
actora (…) hubiera dejado pasar más de un año y 5 meses sin realizar ningún
tipo de requerimiento sobre la entrega de su inmueble.
Tal pasividad o actitud contemplativa frente al daño, pone de presente la
inconveniencia de que el conteo del plazo para el ejercicio oportuno de la
acción quede, directa o indirectamente, en poder de la parte actora9, o de los
trámites administrativos o acciones constitucionales (de tutela, por ejemplo)
que promueva con el fin de plantear su posición frente a un daño o su
responsable”10 -se resalta-.
25. La Sala es consciente de que, como lo plantea el recurso de
[9] En ese sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de
febrero de 2022, Rad. 20001-23-39-000-2017-000513-01 (66725).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 11 de septiembre de
2024, Rad. 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097).
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apelación, cuando la administración requiera bienes de propiedad privada
para la satisfacción de necesidades o intereses públicos, es preciso que su
adquisición se canalice a través de los procedimientos legales. Sin embargo,
como también es posible que esa especie de propiedad se afecte
materialmente con la ejecución de obras públicas “o por cualquier otra
causa”, comprometiendo la prerrogativa de uso del bien sobre el que recae
el derecho, la legislación contempló la posibilidad de que el afectado
pueda demandar la indemnización de perjuicios por la vía de la reparación
directa (inciso 2 Art. 140 CPACA), caso en el cual la demanda,
necesariamente, estará sujeta a la verificación de su ejercicio oportuno, so
pena de que se imponga la declaratoria de caducidad.
26. En el presente caso, tal como tuvo oportunidad de ponerlo de
presente la sentencia apelada, y sobre la base de que no está en discusión
que las demandantes conocían -o no podían ignorar- la existencia del daño
desde el 11 de agosto de 2008, nada justifica que la acción de reparación
directa por la ocupación de la que se afirmaron víctimas hubiera sido
promovida en el año 2023. Frente a las pretensiones indemnizatorias debía
oponerse el rigor de la caducidad.
27. Para terminar, la Sala advierte que la apelación frente a la condena
en costas impuesta en la primera instancia, como lo advirtió el Ministerio
Público, la parte actora no cumplió con la carga argumentativa, pues se
limitó a sostener que era un “castigo injustificado”. Al respecto, si el
argumento del recurrente sobre la condena en costas se estructura sobre el
entendimiento de que las pretensiones indemnizatorias eran legítimas, y no
lo son al haber operado la caducidad, la condena en costas no sería,
entonces, injusta, sino el resultado de la aplicación de la ley, que la ordena
cuando quede en evidencia la carencia de fundamento legal (art. 47 L.
2080 de 2021), circunstancia que es predicable de este caso.
28. Sin perjuicio de lo anterior, la Subsección, como lo expresado en otras
oportunidades, considera que la tasación de las costas no corresponde
hacerla en la sentencia sino en auto separado para efectos de garantizar
del debido proceso, habida cuenta de que sobre esas decisiones
específicas proceden los recursos de reposición y apelación según la
legislación procesal. En reciente pronunciamiento la Sala sostuvo:
“…la Sala considera que (…) la primera instancia no debió fijar las agencias en
derecho en la sentencia, pues, conforme al artículo 366 del CGP ‘las costas y
agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado
que haya conocido del proceso en primera o única instancia inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso’, es decir, en
providencia diferente y posterior a la sentencia, lo cual adquiere sentido en la
medida de que dicho artículo en el numeral 5 también prevé que esos montos
pueden controvertirse a través de ‘los recursos de reposición y apelación
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contra el auto que apruebe la liquidación de costas’, con el propósito de
garantizar el debido proceso”11.
29. En ese orden de ideas, la Sala modificará oficiosamente el ordinal
“TERCERO” de la parte resolutiva de la sentencia apelada, para en su lugar
ordenar que las costas y agencias en derecho a cargo del extremo
demandante, tanto de primera como de segunda instancia, deben ser
liquidadas de manera concentrada por el Tribunal Administrativo de Valle
del Cauca, quien tuvo a su cargo la primera instancia del proceso.
2.4. Sobre la condena en costas en segunda instancia
30. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas de la segunda instancia a la
parte demandante. De acuerdo con el artículo 361 del CGP las costas se
conforman por la totalidad de expensas y gastos sufragados en el proceso
y por las agencias en derecho. La fijación del valor de las agencias en
derecho se hará de manera concentrada por el Tribunal de origen12.
2. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR los ordinales “PRIMERO”, “SEGUNDO” y “CUARTO” de
la parte resolutiva de la Sentencia de 23 de julio de 2025, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca declaró la caducidad de
la acción y condenó en costas.
SEGUNDO: MODIFICAR el ordinal “TERCERO” de la sentencia el 23 de julio de
2025, el cual queda así:
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, radicación no. 25000-23-
36-000-2019-00358-01 (70755).
12 De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por
Secretaría de ese Tribunal en el caso de que se hubieren causado. Para la fijación de las agencias en derecho se
tendrán en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo No. PSAA16-10554 de la Sala Administrativa del Consejo
Superior de la Judicatura, vigente para el momento de prestación de la demanda. Respecto de su valor, el artículo
5 estableció que, para la segunda instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.
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Actor: Consuelo Garcés Álvarez y otras
Demandado: Distrito de Santiago de Cali
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Confirmar
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“TERCERO: CONDENAR en costas, en primera instancia, a la parte
demandante en favor de la Nación – Distrito Especial, Deportivo,
Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Santiago de Cali,
incluidas las agencias en derecho, su liquidación debe hacerse en
auto separado”.
TERCERO: CONDENAR en costas de esta instancia a la parte demandante.
La liquidación de las agencias en derecho se hará de manera concentrada
por el Tribunal.
CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.
QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado Electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
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