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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00366-01

Fecha
11 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-36-000-2018-00366-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 3 de abril de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera Subsección B-. SEGUNDO: En su lugar, se declara la CADUCIDAD de la acción. TERCERO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte demandante. La liquidación de las agencias en derecho se hará de manera concrentrada por el Tribunal. CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las ordene, expídanse copias de la presente decisión. QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 25000-23-36-000-2018-00366-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

11 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2024

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097)
Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa

Temas: Acción de reparación directa // medidas cautelares en proceso de cobro coactivo
// demora en la restitución del inmueble embargado y secuestrado // caducidad.

Síntesis del caso: se demanda la responsabilidad del Estado porque en el trámite de un
proceso de cobro coactivo, se levantó la medida de embargo, pero el bien no se restituyó
al propietario de manera inmediata.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
Sentencia de 3 de abril de 2019, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera Subsección B-, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un tribunal
administrativo, de conformidad con los artículos 150, 152 y 157 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
vigente al momento de la presentación de la demanda.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1 En la parte resolutiva se dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR no probadas la excepción de Inexistencia de causa para reparar propuesta por la entidad
demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: DECLARAR probada, de oficio, la falta de legitimación en la causa por activa de los señores TONY
GUILLERMO PIZARRO BENÍTEZ, RINA PIZARRO GARCIA, ALBERTO PIZARRO GARCIA, MARELYS DEL CARMEN ROMERO
LOPEZ y la menor ANDREA CAROLINA PIZARRO ROMERO, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de esta sentencia.
TERCERO: DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable a la Unidad Administrativa Especial Dirección
de impuestos y Aduanas nacionales - DIAN-, por los perjuicios ocasionados a la parte actora, con ocasión de la
omisión y mal funcionamiento administrativo por la no entrega material de la bodega al momento del pago total
de la deuda, a la sociedad actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
CUARTO: CONDENAR en abstracto la Unidad Administrativa Especial Dirección de impuestos y Aduanas nacionales
-DIAN- por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante derivados de la mora en la entrega
de la bodega de acuerdo a lo mencionado en esta providencia. // Para la liquidación se tendra en cuenta las
pautas trazadas en la parte motiva de esta providencia, mediante el trámite incidental correspondiente.
QUINTO: CONDENAR EN COSTAS EN ESTA INSTANCIA a la parte demandada, por lo cual deberá pagar a favor de
la parte demandante por convepto de agencias en derecho, el equivalente a un (1) salario mínimo legal vigentea
la ejecutoria de esta providencia”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097)
Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
1.4. Trámite relevante en primera instancia; 1.4. Sentencia de primera instancia; 1.5. Recurso
de apelación y trámite relevante.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de mayo de 20182, Tony Guillermo Pizarro Benítez, en nombre
propio y como representante legal de Comercializadora Internacional
Tabacos José María Pizarro S.A.S. (la Comercializadora), y en representación
de sus hijos Andrea Carolina y Salomón Pizarro Romero; Marelys del Carmen
Romero López (compañera permanente), Rina Pizarro García y Alberto
Pizarro García, en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron
demanda contra la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN),
en la que solicitaron3:

“1. Que se declare administrativamente responsable a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES - DIAN, por la negligencia en la aplicación de la medida
cautelar sobre la bodega donde funcionaba la COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE TABACOS JOSE MARÍA PIZARRO S.A.S, ubicada en el municipio
de Ovejas (Sucre) e identificada con matrícula inmobiliaria N° 342-854 entre el mes
de mayo de 2007 y el 30 de agosto de 2013.

2. Que se declare administrativamente responsable a la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES -DIAN-, por la omisión y el mal funcionamiento
administrativo en el que incurrió por la no entrega material de la bodega al
momento exacto en que se pagó la totalidad de la deuda, y que solo se
perfeccionó el 19 de julio de 2016, tres años después del pago de la misma…”

2. Síntesis de los perjuicios reclamados:

Perjuicios materiales Perjuicios inmateriales
Lucro cesante: -Daño moral: 100 S.M.L.M.V. para cada
$1.110’477.392 por cánones de uno de los demandantes.
arrendamiento entre mayo de 2007 y julio de
2016.

3. Como hechos relevantes que fundamentaron esas pretensiones4,
adujeron:

4. 1) Tony Guillermo Pizarro Benítez es “…propietario y representante
legal” de la Comercializadora Internacional Tabacos José María Pizarro,
empresa que funciona en una bodega ubicada en Ovejas, Sucre,
identificada con matrícula inmobiliaria 342-854.

5. 2) La empresa adeudaba impuestos por declaraciones de renta de

2 Folio 32 Vto. del cuaderno 1.
3 Folio 8-19 del cuaderno 1.
4 Folio 6-10 del cuaderno principal 1.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097)
Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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2003 a 2006 y bonos de paz de 1999. En 2007, la DIAN inició un proceso de
cobro y el 16 de mayo ordenó el secuestro de dicho inmueble. La diligencia
se practicó el 22 de mayo de 2007 y fue atendida por Francisco Vásquez,
para entonces, encargado de la administración de la empresa. “Luego de
esta situación”, el bien “inexplicablemente” pasó a ser arrendado a Julio
González Olivera, empresario tabacalero de la región, que por la tenencia
de la bodega solo pagaba $500.000, cuando el valor comercial del canon
era de 6 a 8 millones. El valor del arriendo fue embargado por la DIAN el 30
de septiembre de 2010.

6. 3) El 30 de agosto de 2013, Tony Pizarro pagó la obligación
($9’803.000), y solicitó información sobre los aspectos económicos de la
medida cautelar: copia del contrato de arrendamiento, de los recibos de
pago de los cánones, del inventario de la bodega y el paz y salvo por
servicios públicos. Luego se produjeron unas comunicaciones cruzadas con
la DIAN, que tenían como propósito establecer las condiciones en las que
se convino el arrendamiento del inmueble; también se presentaron quejas
ante la Defensoría del Contribuyente, la Procuraduría General de la Nación
y el director general de la DIAN. La bodega se restituyó el 19 de julio de 2016.

1.2. Posición de la parte demandada

7. La DIAN se opuso a las pretensiones con las excepciones de:
“Caducidad de la acción”; “…inexistencia de causa de reparación” e
“inexistencia de prueba que acredite el daño invocado…”5.

1.3. Trámite relevante en primera instancia

8. En la audiencia inicial de 22 de enero de 20196, se declaró la
caducidad de la acción sobre la primera pretensión de la demanda, que
perseguía la responsabilidad de la DIAN por las falencias que se presentaron
en la ejecución de la medida cautelar desde que comenzó (mayo de 2007)
y hasta agosto de 2013, cuando se produjo el pago de la obligación. La
caducidad en relación con la segunda pretensión de la demanda se contó
desde la entrega efectiva del bien, por lo que la acción, a juicio del Tribunal,
fue promovida en tiempo.

5 Folio 57-64 del cuaderno 1.
6 Folio 114-129 del cuaderno 1

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097)
Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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1.4. Sentencia de primera instancia

9. A propósito del daño al que quedó limitada la controversia (la
entrega tardía de la bodega una vez que se pagó la obligación tributaria7),
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca:

10. 1. Declaró que sólo tenía legitimación activa en la causa la
Comercializadora Internacional de Tabacos José María Pizarro, en su
condición de dueña de la bodega sobre la que recayó la medida cautelar.
Los demás demandantes, argumentó, no estaban legitimados, algunos
porque no acreditaron relación de parentesco y los demás porque, a pesar
de que invocaron la condición de socios de dicha empresa, no la probaron.

11. 2. Declaró la responsabilidad de la demandada con fundamento en
que: 1) El 30 de agosto de 2013, la obligación fue pagada en su totalidad;
2) la orden de entrega se le comunicó al secuestre el 30 de octubre de 2013;
3) al día siguiente, este manifestó que cesaban sus funciones, pero no se
demostró la entrega, por lo que la DIAN debió realizarla en cualquier tiempo,
como lo dispone el artículo 337 y el último inciso del artículo 688 del CPC; 4)
la bodega estaba en poder de un tercero (Julio González Olivera), que en
la continuación de la diligencia de secuestro, alegó ser arrendatario. Se
desconoció que la condición de depositario no la confiere el hecho de ser
arrendatario, poseedor o tenedor, sino “la designación que haga el
secuestre”; 5) En la diligencia de entrega, no hizo presencia algún
funcionario de la demandada.

12. 3. Condenó en abstracto a la demandada a la indemnización de
perjuicios. En el incidente se debía establecer el valor por el que podía ser
arrendada la bodega, desde el momento en el que se ordenó el
levantamiento de las medidas cautelares (30 de agosto de 2013), hasta que
se materializó su entrega (19 de julio de 2016).

1.5. Recursos de apelación y trámite relevante en segunda instancia

13. En su recurso de apelación, la parte demandante alegó que: 1. Tony
Guillermo Pizarro Benítez sí estaba legitimado para demandar, pues era el
representante de la compañía y en esa condición veló por sus intereses en
el trámite del proceso de cobro, por lo que no era de recibo descartar su
legitimación “…solo por el hecho de que en el certificado de existencia y
representación no aparezca la composición accionaria”, pues “…no se
debe exigir una única prueba para demostrar ciertas calidades”. 2. El valor

7 La segunda pretensión fue: “…omisión y el mal funcionamiento administrativo (…) por la no entrega material de

la bodega al momento exacto en que se pagó la totalidad de la deuda…”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097)
Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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del canon de arrendamiento se acreditó: 1) con un certificado de
arrendamiento expedido en el año 2006, sobre un contrato suscrito entre 2
comerciantes con actividades análogas a la de la sociedad acá
demandante; y 2) con las cartas de prórrogas que, sobre dicho contrato, se
aportaron con el escrito de apelación. 3. El lucro cesante debía liquidarse
desde el momento de la diligencia de secuestro.

14. La DIAN replicó a la sentencia apelada que: 1. El llamado a responder
por el manejo y la administración del bien era el auxiliar de la justicia. Existía
prueba de “…comunicados enviados requiriendo al secuestre para la
entrega y para la presentación del informe”, de manera que la
administración no podía ser responsabilizada por la “…falta personal del
agente o servidor público”. 2. La parte actora no probó los perjuicios
alegados en la demanda. Indicó que no había prueba de la “realidad
económica de las relaciones de mercado existentes para señalar un canon
de arrendamiento tan costoso” como el pretendido en la demanda. 3.
Alegó que la mora en la restitución era atribuible a la parte demandante,
pues el auxiliar de la justicia informó a las partes y al arrendatario sobre la
orden de entrega, “pero salta a la vista la negligencia del demandante en
recibirlo”, circunstancia acreditada dentro de la actuación administrativa.

15. Por Auto de 6 de noviembre de 2019, se negó la solicitud probatoria
realizada por la parte demandante en su escrito de apelación. En sus
alegatos de conclusión, las partes insistieron en los reparos contra la
sentencia apelada.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Delimitación de la competencia de la Sala y decisiones que se adoptarán
2.2. Sobre la condena en costas.

2.1. Delimitación de la competencia de la Sala y decisiones que se
adoptarán

16. La Sala no se pronunciará sobre la controversia asociada a la primera
pretensión de la demanda, pues en el trámite de la audiencia inicial el
Tribunal declaró la caducidad de la acción, decisión que quedó
ejecutoriada. El proceso quedó limitado a la segunda pretensión, que
perseguía la declaratoria de responsabilidad de la DIAN por no haber
entregado el inmueble afectado con una medida cautelar “…al momento
exacto en que se pagó la totalidad de la deuda”; el pago se hizo en agosto
de 2013 y la entrega, según lo alegado por la parte actora, solo se

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097)
Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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materializó en julio de 20168.

17. En el estudio de los presupuestos procesales sobre dicha pretensión, la
Sala declarará oficiosamente la caducidad de la acción. Con ese fin: (1)
hará una relación de los hechos probados con relevancia para el cómputo
de la caducidad, y (2) expondrá las razones por las cuales su conteo no
procedía desde la restitución material del inmueble, sino desde que la
entidad demandada tenía la obligación de reintegrarlo.

2.2. Presupuestos procesales

18. (1) Hechos relevantes con incidencia sobre el conteo de la
caducidad

19. 1) En el trámite de un proceso de cobro coactivo adelantado contra
la sociedad ahora demandante, el 27 de octubre de 2004 la DIAN ordenó
el embargo de un bien inmueble de su propiedad (una bodega), y en mayo
de 2007 dispuso su secuestro9. Una vez que se posesionó el auxiliar de la
justicia, la diligencia de secuestro se realizó el 22 de mayo de 200710,
momento en el que la bodega se dejó en depósito a Francisco José
Vásquez Fernández, persona que, según información que suministró por vía
telefónica Tony Guillermo Pizarro, lo tenía a título de arrendamiento. El 1 de
octubre de 2010, la DIAN realizó una visita al inmueble, y encontró que el
arrendatario en ese momento era “Julio C. González Olivera”, persona a la
que se le confió en depósito la bodega, con la obligación de consignar el
valor del canon a la DIAN, tal como se había dispuesto en determinación
de 30 de septiembre de 201011.

20. 2) El inmueble fue llevado a remate en varias oportunidades, pero las
diligencias fueron declarados desiertas por falta de postores. En momentos
en que estaba prevista la realización de una nueva subasta (30 de agosto
de 201312), el deudor pagó la obligación13. La DIAN, en decisión del 30 de
agosto de 201314, ordenó el levantamiento de la medida cautelar de
embargo.

8 La Sala pone de presente que, en este caso, no se acompañó prueba fehaciente de la restitución, de la cual

solo se tiene como referencia la afirmación realizada por la parte actora en la demanda, según la cual la entrega
se materializó en julio de 2016 y que en dicho acto se negó a participar la DIAN, de manera que, en él sólo intervino
el propietario y el arrendatario.
9 Folio 229 y 278 del cuaderno 4.
10 Folio 281-283 del cuaderno 4.
11 En la que se resolvió: “PRIMERO: ordenar el embargo de los cánones de arrendamiento” (fl. 857 c. 8).
12 Folio 1061 del cuaderno 10.
13 Folio 1055-1058 del cuaderno 10.
14 Folio 1062 del cuaderno 10.

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Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
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21. 3) Ese mismo día, el representante legal de la sociedad solicitó la
expedición de copias del expediente de cobro coactivo, e información
relacionada con la forma en que habían sido aplicados los cánones de
arrendamiento embargados desde 2010; también pidió copia del contrato
de arrendamiento celebrado con Julio César González y que se le hiciera
saber cuándo se materializaría la entrega.

22. 3) La DIAN, en documento de 12 de septiembre de 201315, en relación
con el contrato de arrendamiento, respondió que ese negocio lo había
celebrado el arrendatario directamente con el representante legal de la
sociedad comercializadora, actual demandante. Sobre la solicitud de
entrega, indicó que el arrendatario seguiría con la tenencia del inmueble
“…dependiendo de la vigencia del contrato de arriendo suscrito con su
poderdante”, por lo que sería el arrendatario “…quien deba hacerle
entrega a su ARRENDADOR, en virtud del contrato de arrendamiento que
este celebró”.

23. 4) Poco después, la parte actora promovió una acción de tutela
alegando vulneración al derecho al trabajo, derivada de la falta de
restitución de la bodega16. Solo se conoce el contenido de la demanda de
tutela, pero no de las decisiones de fondo. Se sabe que la acción fue
resuelta en forma adversa en primera instancia, tal y como lo informó el
Juzgado que la tramitó a la DIAN17.

24. 5) El 30 de octubre de 2013, la DIAN requirió al secuestre para que
hiciera entrega del bien. Este le informó a la DIAN, que la entrega la haría a
quien se le indicara y que ese acto se podía llevar a cabo el 31 de octubre
de 2013 “para la agilidad del trámite”18. En escrito de 31 de octubre de 2013,
el secuestre informó al depositario, a la DIAN y al propietario sobre la
terminación de sus funciones, por lo que la tenencia de la bodega en
cabeza del depositario “…será en su calidad de arrendatario con la
relación correspondiente del arrendador”19.

25. 6) El 17 de febrero de 2015 (un año y 5 meses después de la respuesta
de la DIAN de 12 de septiembre de 2013) el representante legal de la
sociedad actora le solicitó a la DIAN que certificara “…la fecha de inicio

15 Folio 1071 del cuaderno 10.
16 Folio 1141 del cuaderno 10. En los fundamentos de hecho, se refirió el contenido de la respuesta que la DIAN dio

el 12 de septiembre de 2013, y se alegó que la entrega no se había materializado porque la DIAN afirmó que la
entrega la debía hacer el arrendatario, mientras que este le sostuvo al representante legal de la sociedad
comercializadora de tabacos, que quien le tenía que hacer entrega de la bodega era la DIAN. Por lo anterior, el
accionante solicitó que se ordenara “…a la DIAN Sucre, entregar en el término perentorio de 48 horas la bodega
comercial…” (fl. 1141-1150 del cuaderno 10).
17 Por oficio 3753 de 1 de noviembre de 2013, el Juzgado 2 Promiscuo del Circuito de Corozal, Sucre, informó a la

DIAN que en decisión de 31 de octubre de 2013, declaró improcedente la acción (fl. 1152 c. 10).
18 Folio 1101 del cuaderno 10.
19 Folio 1102-1104 del cuaderno 10.

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Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
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Referencia: Acción de reparación directa
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hasta su culminación, del procedimiento de dación en depósito del bien
(Bodega) (…) y entregada por ustedes en el descrito procedimiento al señor
Julio González Olivera”20. En su respuesta de 2 de marzo de 2015, la DIAN
insistió en que la fecha de terminación del depósito “de la DIAN con el señor
Julio González, fue el día 31 de octubre de 2013, fecha en la cual el
secuestre hizo entrega formal del bien a este mismo por tener la calidad de
arrendatario”21.

26. 7) Con posterioridad a dicha respuesta, se produjo un cruce de
comunicaciones entre la Comercializadora y la DIAN, relacionadas,
fundamentalmente, con la cuantía y forma como se administraron los
arrendamientos embargados y sobre las condiciones de tiempo y modo en
las que se produjo el arriendo de la bodega (escritos de 16 de marzo de
2015 con respuesta del 27 de marzo y del 5 de mayo con respuesta del día
25 de mayo de 201522). El 2 de septiembre de 2015 se promovió una queja
ante la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero23, que provocó
pronunciamiento de la DIAN el 2 de diciembre de 201524; la parte actora
también solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo, que tuvo
respuesta de la DIAN el 7 de marzo de 201625.

27. 7) Por decisión de 26 de mayo de 2015, la DIAN había declarado
terminado el proceso de cobro coactivo26. Por último, la parte actora
reconoció en la demanda, que recibió el inmueble el 19 de julio de 2016.

28. (2) El conteo de la caducidad en la presente controversia

29. El conteo de la caducidad, como se anunció, no debía hacerse
desde el momento de la entrega o restitución efectiva del inmueble a su
propietario. La omisión que dio origen al daño (daño que consistió en la
privación del derecho al uso y goce de un bien de propiedad de la
Comercializadora) inició con la falta de restitución de la bodega una vez
que cesó la causa legal que permitía, de manera válida, tenerla
embargada y secuestrada. En esas condiciones, el daño no se produjo, ni
fue conocible para la parte actora, cuando se materializó la restitución.

30. La caducidad, valga precisarlo, se podrá contar en algunos casos
desde la fecha de la entrega del bien mueble o inmueble afecto a una
medida cautelar, pero ello será de esa forma en los eventos en que el daño

20 Folio 1118 del cuaderno 10.
21 Folio 1122 del cuaderno 10.
22 Folio 1124-1133 del cuaderno 10.
23 Folio 1221-1226 del cuderno 10.
24 Folio 1155-1167 del cuaderno 10.
25 Folio 1239-1243 del cuaderno 10.
26 Folio 1139 del cuaderno 10.

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cuya indemnización se reclame solo pueda conocerse en ese momento. Así
ocurre, por ejemplo, cuando el bien se restituye en condiciones distintas a
aquellas en las que fue aprehendido por la administración, cuando sufre
deterioros mientras se encuentra en poder del Estado. Es razonable que, en
tal supuesto, el demandante no conozca, por regla general, la existencia
del daño con anterioridad a la entrega efectiva.

31. En este caso, no se demandó indemnización de ningún tipo, por
daños al inmueble mientras estuvo en manos de la DIAN. Se reclamó por la
afectación de las prerrogativas de uso y goce de la bodega, afectación
que inició a partir del momento en que la DIAN, el 12 de septiembre de 2013,
respondió en sentido adverso a la solicitud de entrega realizada por el
interesado el 30 de agosto del mismo año.

32. El derecho a reclamar la indemnización de perjuicios y, por
consiguiente, el conteo de la caducidad de la acción se activaba,
entonces, desde el momento en el que para la DIAN surgía el deber legal
de proceder a la restitución, para el caso: cuando la parte interesada
solicitó la entrega del bien una vez que se levantó del embargo. En ese
momento, surgía para la entidad demandada una obligación pura y simple
en relación con la entrega del inmueble, es decir, no sujeta a un plazo, a un
término o a una condición.

33. En ese orden de ideas, la posterior falta de entrega configuró una
conducta omisiva de parte de la DIAN, conducta que, además, fue causa
directa e inmediata de la afectación a las prerrogativas del derecho de
dominio de la Comercializadora, daño que evidentemente conocía, o cuya
existencia no podía ignorar.

34. Si la obligación de restitución tenía como presupuesto el pago de la
obligación sujeta a cobro coactivo, acto que imponía el levantamiento de
la medida cautelar, es claro que para la DIAN nació la obligación de
reintegrar el bien luego de que, realizado ese pago, la Comercializadora
solicitó de manera expresa la entrega. Ese planteamiento está acorde con
la literalidad de la pretensión que se examina, en la que se expuso que la
responsabilidad surgió desde el momento en el que la demandada no
reintegró la bodega, en “momento exacto en que se pagó la totalidad de
la deuda” -se resalta-.

35. El ejercicio oportuno de la acción de reparación directa, como
exigencia que concierne al orden público, no puede estar sujeto a actos
que dependan, exclusivamente, de la voluntad del afectado. Su conteo
debe proceder de referentes objetivos. En el caso de demandas por daños
causados por omisiones administrativas, su ocurrencia determina el inicio del

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conteo de la caducidad. Dicho hecho generador (la omisión) ocurre
cuando teniendo el deber legal de actuar, no se realiza la actuación
esperada por parte de la entidad pública. De aceptarse que es la cesación
de la omisión la que determina el conteo de la caducidad, las omisiones
que no cesan abrirían, de manera indefinida, la posibilidad de demandar,
lo que es contrario al principio de seguridad jurídica. Así, aunque la Sala es
consciente de que el demandante, luego de que se levantó la medida
cautelar el 30 de agosto de 2013, cuestionó en diferentes escritos la falta de
entrega, incluso mediante la interposición de una acción de tutela, tales
actuaciones solo ponen de presente que conocía, con suficiencia, la
existencia del daño, sus eventuales implicaciones y la entidad estatal
llamada a responder.

36. Que la DIAN no entregó el bien porque entendió (y así lo hizo saber
de manera insistente) que sobre el mismo existía un contrato de
arrendamiento celebrado entre el propietario y un tercero y que, entonces,
era este quien debía realizar la entrega, era una circunstancia que, al
margen de su validez, le puso de presente al demandante desde el 12 de
septiembre de 2013. En ese momento, la parte actora estaba en
condiciones de saber, no solo que se estaba ante el incumplimiento de una
obligación a cargo de la DIAN, sino que ese incumplimiento le estaba
causando un daño; por lo mismo, con apego al contenido del artículo 164
del CPACA27, desde ese momento corría el conteo de la caducidad.

37. Para la Sala, es contrario a la lógica de la ley sobre el cómputo de la
caducidad en materia de reparación directa, como al principio general de
la responsabilidad que impone al afectado la mitigación del daño, que la
parte actora, una vez que la DIAN manifestó que no era ella la obligada a
hacer la restitución (en septiembre de 2013), hubiera dejado pasar más de
un año y 5 meses sin realizar ningún tipo de requerimiento sobre la entrega
de su inmueble.

38. Tal pasividad o actitud contemplativa frente al daño, pone de
presente la inconveniencia de que el conteo del plazo para el ejercicio
oportuno de la acción quede, directa o indirectamente, en poder de la
parte actora28, o de los trámites administrativos o acciones constitucionales
(de tutela, por ejemplo) que promueva con el fin de plantear su posición
frente a un daño o su responsable.

27 “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años,

contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el
demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la
imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia…
28 En ese sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 4 de

febrero de 2022, Rad. 20001-23-39-000-2017-000513-01 (66725).

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097)
Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
______________________________________________________________________________________________________________

39. En conclusión, la omisión causante del daño estaba suficientemente
establecida desde septiembre del año 2013, cuando la DIAN le indicó por
escrito a la parte actora que sobre el inmueble existía un contrato de
arrendamiento que la vinculaba, de manera que, para efectos de la
restitución, debía entenderse con el arrendatario. Con dicha manifestación,
la entidad demandada le daba a entender al interesado que el inmueble
ya se encontraba a su disposición, entendimiento que persistió en el escrito
elevado por el propio secuestre poco después (31 de octubre de 2013), en
el cual le recordó al demandante que el inmueble se encontraba
arrendado y que, en consecuencia, le correspondía entenderse con el
arrendador para su entrega. Si lo que se cuestionó con la demanda fue, en
parte, una omisión por la falta de entrega oportuna de un bien, si hubiera
lugar a entender que esa omisión corresponde a un supuesto de mala
administración de la medida cautelar, el conteo de la caducidad debía
arrancar desde el momento en el que, como se indicó, para la parte actora
era evidente de la existencia de la omisión y de que la misma, dada la
postura asumida por la DIAN, persistiria en el tiempo. En consecuencia, la
demanda presentada el 8 de mayo de 2018 no se promovió de manera
oportuna, por lo que la Sala revocará la sentencia apelada y declarará la
caducidad de la acción.

2.4. Sobre la condena en costas

40. De conformidad con el artículo 188 del CPACA y el numeral 4 del
artículo 365 del CGP, se condenará en costas de ambas instancias a la parte
demandante. De acuerdo con el artículo 361 del CGP las costas se
conforman por la totalidad de expensas y gastos sufragados en el proceso
y por las agencias en derecho. La fijación del valor de las agencias en
derecho se hará de manera concentrada por el Tribunal de origen29.

2. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

29 De existir costas en virtud de expensas y gastos sufragados durante el proceso, se procederán a liquidar por

Secretaría de ese Tribunal en el caso de que se hubieren causado. Para la fijación de las agencias en derecho se
tendrán en cuenta los criterios establecidos en el artículo 2 del Acuerdo ACUERDO No. PSAA16-10554 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento de prestación de la demanda.
Respecto de su valor, el artículo 5 estableció que, para la segunda instancia, pueden ser fijadas “Entre 1 y 6
S.M.L.M.V.”.

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Radicación: 25000-23-36-000-2018-00366-01 (64097)
Actor: Tony Guillermo Pizarro Benítez y otros
Demandado: DIAN
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Revocar
______________________________________________________________________________________________________________

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 3 de abril de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera Subsección B-.

SEGUNDO: En su lugar, se declara la CADUCIDAD de la acción.

TERCERO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte
demandante. La liquidación de las agencias en derecho se hará de manera
concrentrada por el Tribunal.

CUARTO: Con cargo a los interesados, y sin necesidad de auto que las
ordene, expídanse copias de la presente decisión.

QUINTO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

12 de 12

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