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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2024-00803-01

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2024-00803-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. 9 Radicación: 76001-23-33-000-2024-00-803-01 (3156-2025). Ejecutante: María Antonia Castrillón De Rojas. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la presente providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2024-00803-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Proceso Ejecutivo
Radicación: 76001-23-33-000-2024-00-803-01 (3156-2025).
Demandante: María Antonia Castrillón De Rojas.
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP.
Tema: Resuelve apelación contra sentencia que declaró no
probadas las excepciones y ordenó seguir adelante con la
ejecución.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia. La UGPP no
acreditó el pago total de la obligación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 20 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual se declararon no probadas las excepciones propuestas por la
ejecutada y se ordenó seguir adelante con la ejecución conforme a lo ordenado en el
mandamiento de pago.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Se presentó demanda ejecutiva contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) con el propósito
de obtener el cumplimiento de la sentencia proferida por el Consejo de Estado, en la cual
se ordenó la reliquidación de la indemnización sustitutiva otorgada a la demandante, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1730 de 2001 y en los demás
lineamientos dados en dicho fallo.

2. Como pretensiones solicitó que se librara mandamiento de pago en contra de la UGPP,
en el sentido de reliquidar la indemnización sustitutiva otorgada a la señora María Antonia
Castrillón De Rojas de conformidad con lo ordenado en la sentencia base de ejecución1.

1 […] A título de restablecimiento del derecho, se ordena a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP reliquidar la indemnización sustitutiva otorgada a la señora
María Antonia Castrillón de Rojas con base en los preceptos del artículo 3° del Decreto 1730 de 2001 y conforme a los
lineamientos expuestos en esta providencia, sin que el monto a pagar sea menor al otorgado inicialmente de
$15.277.722. Para efecto de lo cual se deberá determinar si el porcentaje de las cotizaciones efectuadas en los
respectivos períodos de servicio prestados fue exclusivo para cubrir el riesgo de pensión, o si dicha tasa incluía además
la cobertura del riesgo en salud. Si se confirma el primer evento, se debe tener en cuenta un 10% como promedio

Radicación: 76001-23-33-000-2024-00-803-01 (3156-2025).
Ejecutante: María Antonia Castrillón De Rojas.

Trámite en primera instancia

3. Mediante auto del 13 de diciembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca libró mandamiento de pago a favor de la señora María Antonia Castrillón De Rojas
y contra la UGPP, para que esta, dentro de los 5 días siguientes a la notificación de dicho
auto, procediera a pagar el valor que resultara de aplicar los pasos descritos en el párrafo
28 de esa providencia (mandamiento de pago)2.

Contestación de la demanda

4. La UGPP, se opuso a las pretensiones de la demanda y, como fundamento principal
de su defensa, propuso la excepción de pago total de la obligación. Para ello, sostuvo
que, su representada expidió la Resolución RDP 011284 del 23 de julio de 2024,
mediante la cual reliquidó la prestación y estableció un pago único de $15.534.161 a favor
de la ejecutante; además, señaló antecedentes de reconocimiento y pago de la
indemnización (en especial, el valor de $15.277.722 reconocido en 2012) y refirió el
trámite de recursos contra la Resolución 011284 y su decisión posterior.

5. Alegó que no fue posible extraer del expediente administrativo el dato sobre si las
cotizaciones históricas fueron exclusivas para pensión o si incluían salud; por ello, acudió
a una presunción derivada de las normas que regían en los periodos respectivos y
sostuvo que los aportes fueron globales (pensión y salud) con tasas del 3% y del 5%
según los tramos temporales. Sobre esa base, concluyó que el PPC no podía ser 10% ni
0,04545, sino 2,2725% (resultado de tomar el 45,45% del total de la cotización
efectuada), y defendió que esa metodología conducía a la suma ya reconocida, con lo
cual, a su juicio, la obligación se encontraba satisfecha.

6. Adicionalmente, afirmó que mediante Resolución RDP 014006 del 23 de agosto de
2024 se ordenó el pago de los rubros asociados a los artículos 187 y 192 del CPACA
(indexación e intereses moratorios), e insistió en que con los actos administrativos
expedidos se evidenciaba el cumplimiento integral de la obligación.

ponderado de porcentajes de cotización (PPC), a fin de aplicar la fórmula de la siguiente manera: SBC x SC x 10%. Si
se corrobora la segunda situación tendrá que calcular el monto del PPC según la proporción de un 45,45% sobre el
promedio de cotizaciones del 10%, lo cual arroja un resultado de 0,04545 que será el valor correspondiente al referido
concepto de la mentada fórmula, la cual técnicamente deberá aplicarse de la siguiente forma: SBC x SC x 0,04545”.
Al liquidar las sumas dinerarias en favor de la demandante, los valores serán ajustados utilizando la siguiente fórmula:
R= Rh X Índice final Índice inicial Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh),
que es el que corresponde a lo dejado de percibir, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente a la fecha de ejecutoria esta sentencia) por el índice inicial (vigente para
la fecha en que debería efectuarse el pago). Los intereses serán reconocidos en la forma señalada en el artículo 192
del C.P.A.C.A”.
2 […] 28. En ese orden de ideas, la obligación del pago de la reliquidación de la indemnización sustitutiva, en los

términos expuestos en la sentencia del Consejo de Estado, no denota un valor determinado, pero sí determinable. En
efecto, para saber cuánto debe pagar la UGPP por dicha reliquidación, se debe: i) determinar, a partir de las
certificaciones laborales, si el porcentaje de las cotizaciones fue exclusivo para cubrir el riesgo de pensión, o si dicha
tasa incluía además la cobertura del riesgo en salud; ii) verificado lo anterior, «si se tuvo en cuenta el riesgo de pensión,
se tendrá un 10% como promedio ponderado de porcentajes de cotización (PPC), a fin de aplicar la fórmula de la
siguiente manera: SBC x SC x 10%. Pero si se incluyó además el riesgo de salud se tendrá que calcular el monto del
PPC según la proporción de un 45,45% sobre el promedio de cotizaciones del 10%, lo cual arroja un resultado de
0,04545 que será el monto correspondiente al referido concepto de la citada formula, que en definitiva será SBC x SC
x 0,04545»; iii) aplicar los reajustes de ley, año a año, sobre el nuevo valor de la indemnización sustitutiva y iv) el
reconocimiento de los intereses, en la forma señalada en el artículo 192 del CPACA. […]

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00-803-01 (3156-2025).
Ejecutante: María Antonia Castrillón De Rojas.

7. Además, propuso la excepción de prescripción. Invocó el artículo 102 del Decreto 1848
de 1969 y el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral para sostener una
prescripción trienal de prestaciones, y argumentó que, aunque ciertos derechos no
prescriben, sí lo harían las obligaciones causadas con anterioridad a tres años, donde
incluyó mesadas y rubros como intereses e indexación. Citó, a título de apoyo, apartes
de la sentencia C-072 de 1994 de la Corte Constitucional sobre el alcance de la
prescripción extintiva en materia laboral.

8. Finalmente, planteó una excepción innominada y pidió al despacho declarar probadas
las excepciones que pudieran configurarse en el trámite, aunque no hubieran sido
alegadas expresamente. Aportó como anexos las Resoluciones RDP 011284 del 23 de
julio de 2024, RDP 014006 del 23 de agosto de 2024, RDP 016556 del 25 de octubre de
2024 y un documento denominado cálculo de fallos.

II. SENTENCIA APELADA

9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, precisó que, cuando el título ejecutivo
proviene de una providencia judicial, las excepciones admisibles se restringen a las
enlistadas en el artículo 442 (numeral 2) del CGP, entre ellas pago y prescripción, siempre
que se fundamenten en hechos posteriores a la providencia que conformó el título.

10. En relación con la excepción de pago total de la obligación, el Tribunal examinó la
Resolución RDP 011284 del 23 de julio de 2024, con la que la UGPP reliquidó la
indemnización sustitutiva de $15.277.722 a $15.534.161, y concluyó que dicho acto no
acreditaba cumplimiento cabal del fallo. Explicó que la resolución se apartó de los
parámetros definidos en la sentencia base de ejecución (14 de septiembre de 2023), pues
aplicó un PPC del 2,2725%, pese a que la providencia limitó expresamente que el PPC
debía ser del 10% (si la cotización era exclusivamente pensional) o del 0,04545 (si la
cotización era global para salud y pensión).

11. Con ese enfoque, el Tribunal sostuvo que, dado que las cotizaciones fueron globales,
el PPC aplicable era 0,04545, de modo que la administración no podía sustituir el
parámetro ya fijado con base en consideraciones normativas del régimen de cotizaciones,
por tratarse de un aspecto ya definido en sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada. En
consecuencia, indicó que, de haberse aplicado correctamente el porcentaje ordenado en
la sentencia base de ejecución, la reliquidación habría sido mayor, por lo cual el pago de
$463.949 realizado por la entidad al ejecutante en octubre de 2025, resultaba insuficiente
para extinguir íntegramente la obligación y, por ende, la excepción de pago debía
desestimarse.

12. Sobre la referencia de la UGPP a la Resolución del 23 de agosto de 2024, con
indexación e intereses moratorios, el Tribunal indicó que dicho acto no fue aportado y
tampoco existía constancia de pago, razón por la cual no podía ser considerado para
declarar probada la excepción; sin perjuicio de que, con posterioridad se acreditaba el
pago y se tuviera en cuenta en la liquidación del crédito.

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00-803-01 (3156-2025).
Ejecutante: María Antonia Castrillón De Rojas.

13. Frente a la excepción de prescripción, el a quo señaló que fue formulada de manera
abstracta y, en todo caso, reiteró que la acción ejecutiva prescribe en cinco (5) años
(artículo 2536 del Código Civil), término que coincide con el previsto para solicitar la
ejecución de decisiones judiciales en el artículo 164.2 literal k) del CPACA. Verificó que
la sentencia quedó ejecutoriada el 20 de octubre de 2023 y que la demanda se presentó
en octubre de 2024, por lo que se ejerció en término. Añadió que una eventual
prescripción relativa a la reliquidación era un asunto propio del proceso declarativo y no
podía reabrirse en sede ejecutiva.

14. Finalmente, al analizar la condena en costas, el Tribunal aplicó un criterio subjetivo y
decidió no imponerlas, al no advertir temeridad o mala fe de la entidad ejecutada, lo cual
reforzó la decisión de desestimar las excepciones y ordenar seguir adelante con la
ejecución.

III. RECURSO DE APELACIÓN

15. La UGPP, por intermedio de apoderada judicial interpuso recurso de apelación contra
la providencia que desestimó sus excepciones y ordenó seguir adelante con la ejecución.
Como planteamiento central, sostuvo que la primera instancia debió realizar un control
oficioso de legalidad sobre los requisitos sustanciales del título y verificar que la
obligación perseguida fuera clara, expresa y exigible. Insistió en que ese control procede
incluso en la sentencia, y que no se agota en la revisión formal propia del trámite del
mandamiento de pago.

16. Además, señaló que la obligación no podía tenerse por insatisfecha, ya que la entidad
habría cumplido el fallo del 14 de septiembre de 2023 mediante la expedición de la
Resolución RDP 011284 del 23 de julio de 2024, que estableció una indemnización
sustitutiva por $15.534.161, y con actuaciones posteriores. Alegó, también, que en el
expediente no fue posible determinar si las cotizaciones históricas fueron exclusivas para
pensión o si incluían salud; por ello, aplicó una presunción normativa sobre aportes del
3% y 5% (según periodos) y concluyó que el PPC no debía ser 10% ni 0,04545, sino
2,2725% (45,45% del total de la cotización), lo que, a su juicio, respaldaba el monto ya
reconocido y pagado.

17. Finalmente, sostuvo que la reliquidación de la indemnización para tiempos anteriores
a la Ley 100 de 1994 debía sujetarse al artículo 3 del Decreto 1730 de 2001, interpretado
en el sentido de tomar el 45,45% del total de la cotización efectuada, y afirmó que
mediante la Resolución RDP 014006 del 23 de agosto de 2024 se ordenó el pago de
indexación e intereses moratorios (arts. 187 y 192 del CPACA), por lo cual, pidió que se
revocara la sentencia apelada.

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Ejecutante: María Antonia Castrillón De Rojas.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

18. Mediante auto proferido el 04 de diciembre de 2025 se admitió el recurso de
apelación.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

19. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

20. Corresponde a la Sala determinar si, a partir de la delimitación del crédito contenida
en el mandamiento de pago (que tuvo como título ejecutivo la sentencia del 14 de
septiembre de 2023), los actos administrativos invocados por la UGPP como
cumplimiento demuestran correspondencia con los parámetros dados en dicha
providencia y acreditan el pago total de lo ordenado, incluida la indexación y los intereses
moratorios o si, por el contrario, subsiste saldo que imponga mantener la ejecución para
su determinación en la liquidación del crédito.

Análisis del problema jurídico

21. En el presente asunto, la Sala confirmará la decisión apelada, pues el recurso de
apelación de la UGPP no desvirtúa los fundamentos que condujeron al a quo a
desestimar las excepciones y a ordenar seguir adelante con la ejecución. En particular,
la entidad no acreditó la extinción total de la obligación derivada del título ejecutivo del 14
de septiembre de 2023, ya que, los actos administrativos de “cumplimiento” no guardan
correspondencia estricta con los parámetros fijados en el referido fallo y, además, los
soportes allegados solo demuestran pagos parciales, sin evidencia de liquidación y pago
de los intereses moratorios previstos en el artículo 192 del CPACA.

22. En el marco de un proceso ejecutivo, cuyo objetivo principal es asegurar el
cumplimiento de obligaciones por parte del deudor, la excepción de pago constituye un
mecanismo de defensa fundamental. Para que esta excepción prospere y la obligación
se considere extinguida, es imperativo que la parte ejecutada cumpla con una rigurosa
carga probatoria y que el pago realizado satisfaga plenamente los requisitos legales.
Exige demostrar integralmente la prestación efectiva de lo debido: cuando el título y el
mandamiento imponen capital e intereses hasta pago efectivo, no basta acreditar
indexación o desembolsos parciales si permanecen intereses sin liquidar ni pagar (arts.

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Ejecutante: María Antonia Castrillón De Rojas.

1625, 1626, 1627 y 1649 C.C.). Conforme al art. 167 del CGP, la parte ejecutada soporta
la carga de la prueba de ese pago extintivo.3

23. La trascendencia de esta carga probatoria es evidente: si el deudor ejecutado no
acredita cumplidamente el pago, la obligación permanece exigible y el proceso ejecutivo
prosigue. No bastan manifestaciones genéricas ni la expedición de actos administrativos
que aparenten cumplimiento; se exige acreditación documental de la entrega efectiva de
los recursos al acreedor, por ejemplo: comprobantes de consignación o transferencia,
certificaciones bancarias u órdenes de pago ejecutadas.

24. El pago efectivo constituye un modo de extinguir las obligaciones según lo dispuesto
en el artículo 1625 del Código Civil. No obstante, para que produzca efecto liberatorio
debe ajustarse a requisitos sustantivos precisos, de modo que satisfaga íntegramente lo
debido conforme al título, como los siguientes. Pago total entendido como la prestación
de lo que se debe según lo dispuesto en el artículo 1626 del código civil. Esto implica que
la obligación se extingue únicamente cuando se cumple en su totalidad. El deudor no
puede obligar al acreedor a recibir pagos parciales, salvo que exista una convención en
contrario o que la ley lo disponga en casos especiales.

25. Para que el pago extinga la obligación debe abarcar no solo el capital, sino también
los intereses moratorios y, cuando corresponda, las indemnizaciones derivadas del
retardo (artículo 1649 del Código Civil). La jurisprudencia ha reiterado que el pago
efectivo, entendido como satisfacción íntegra de lo debido, solo produce efecto liberatorio
si comprende ambos componentes; de lo contrario, la obligación no se tiene por
totalmente satisfecha y la ejecución continúa por el saldo pendiente.4

26. En el caso concreto, el mandamiento de pago identificó como título ejecutivo la
sentencia del 14 de septiembre de 2023 y precisó que la obligación era determinable.
Ordenó a la UGPP reliquidar la indemnización sustitutiva conforme al artículo 3 del
Decreto 1730 de 2001 y aplicar el PPC bajo dos hipótesis previstas en el fallo: 10% si las
cotizaciones fueron exclusivamente pensionales, o 0,04545 si las cotizaciones fueron
globales (salud y pensión). Además, comprendió el reajuste y el reconocimiento de
intereses en los términos del artículo 192 del CPACA. Por ello, la obligación no carecía
de claridad ni de exigibilidad; el debate se contraía a verificar el cumplimiento y, de
subsistir saldo, a concretarlo en la liquidación del crédito.

27. Sobre el argumento de la apelación referido al porcentaje aplicado, la Sala precisa
que, en sede ejecutiva, el parámetro de verificación no es la metodología interna que la
entidad estime más adecuada, sino el contenido obligatorio del título judicial. En este
asunto, el PPC para cotización global no quedó a libre determinación de la administración:
el propio título determinó como variable aplicable el 0,04545, condicionada al hecho
verificable de tratarse de cotización global. Por tanto, la entidad no podía sustituir ese

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 6 de agosto de 2025. Exp. 25000-23-42-000-

2021-00111-01 (2853-2024)
4 Ver Ibidem y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 9 de agosto de 2023. Exp. 25000-

23-36-000-2019-00141-02.

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parámetro por un PPC distinto (2,2725%) y, con base en esa sustitución, pretender que
el juez declare el cumplimiento total.

28. En efecto, la UGPP sustentó su cumplimiento en la Resolución RDP 011284 del 23
de julio de 2024, en la que aplicó un PPC del 2,2725%, construido a partir de su lectura
del “45,45% del total cotizado” en periodos históricos. Sin embargo, esa operación no
corresponde al parámetro expresamente fijado por el título judicial para el escenario
global. En un proceso ejecutivo, esa discrepancia impide tener por demostrado el
cumplimiento en los términos exigidos para la excepción de pago, pues el desembolso
extintivo requiere correspondencia estricta entre lo ordenado en el título y lo
efectivamente reconocido y pagado.

29. Si la entidad consideraba que el PPC definido en la sentencia del 14 de septiembre
de 2023 era equivocado o debía precisarse, la vía no era reemplazarlo unilateralmente
en el acto de cumplimiento, sino acudir a los mecanismos pertinentes (corrección,
aclaración o adición) frente a la providencia que conforma el título.

30. Ahora, al margen de la controversia del PPC, la UGPP no acreditó el pago integral
del crédito. En el expediente se demuestran pagos efectivos a favor de la ejecutante por
dos desembolsos registrados en FOPEP: uno efectuado en 2012 por $15.277.722,00 y
otro realizado en octubre de 2024 por $463.949,90. No obstante, no se acreditó el pago
de los intereses moratorios del artículo 192 del CPACA, lo cual impide predicar extinción
integral del crédito.

31. La Resolución RDP 011284 determinó la reliquidación en $15.534.161 y, frente al
antecedente de 2012 ($15.277.722), arrojó una diferencia de $256.439. Este acto
evidencia la posición administrativa de cumplimiento y la cifra resultante, pero no acredita
por sí mismo la extinción total: no reemplaza la prueba del pago efectivo integral, ni
permite concluir, que lo reconocido y pagado coincide plenamente con lo ordenado en el
título judicial.

32. Por su parte, la Resolución RDP 014006 del 23 de agosto de 2024, adicionó
expresamente órdenes relativas a la indexación (art. 187 CPACA) y a los intereses
moratorios (art. 192 CPACA), y remitió la liquidación de intereses a trámite interno para
su posterior ordenación del gasto y pago. Así, la estructura del propio acto evidencia que
no basta su expedición para sostener “saldo cero”: en el expediente no obra liquidación
concreta de intereses aprobada ni soporte de desembolso por ese concepto.

33. En cuanto a las Resolución RDP 0165565, proferida para resolver el recurso de
reposición en sede administrativa, se tiene que, la misma reiteró la tesis sobre el alcance
del cumplimiento y volvió a aludir a indexación e intereses; sin embargo, tampoco
incorporó prueba de pago material de intereses moratorios. En esa medida, su contenido

5 Por la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 11284 del 23 de julio de 2024.

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resulta indicativo del trámite administrativo, pero no demuestra extinción total en el
proceso ejecutivo.

34. Los soportes de pago acreditan los desembolsos efectivos por los dos valores ya
señalados ($15.277.722,00 en 2012 y $463.949,90 en 2024). No obstante, esos mismos
soportes no acreditan el pago de intereses moratorios: la “consulta de novedad”6 registra
el pago de $463.949,90 y refleja rubros de intereses en $0, circunstancia incompatible
con afirmar que en esa operación se cancelaron intereses del artículo 192 del CPACA.
En consecuencia, lo demostrado es el pago histórico y el pago del ajuste posterior, pero
no la satisfacción de los intereses moratorios ordenados.

35. Para mayor claridad, el contraste probatorio del expediente permite concluir: (i) el
título y el mandamiento abarcan la reliquidación bajo los parámetros judiciales del PPC,
el pago de la diferencia que resulte, el reajuste por IPC y el reconocimiento de intereses
moratorios en los términos del artículo 192 del CPACA; (ii) la UGPP acreditó pagos
efectivos por $15.277.722,00 (2012) y $463.949,90 (octubre de 2024); y (iii) no acreditó,
con liquidación y soporte de abono verificable, el pago de los intereses moratorios del
artículo 192 del CPACA. Por ello, aun si se admiten pagos parciales, no es posible
predicar extinción integral del crédito.

36. En este punto, debe precisarse que los actos administrativos invocados por la UGPP
(RDP 011284, RDP 014006, RDP 016556) solo acreditan la posición administrativa de la
entidad frente al cumplimiento, pero no sustituyen el estándar probatorio de la excepción
de pago en el proceso ejecutivo. La extinción exige prueba del desembolso efectivo y
total conforme a lo debido en el título, con soportes que permitan imputar los abonos a
capital y accesorios. Al no existir soporte de pago de intereses moratorios, la excepción
de pago carece de vocación de prosperidad y la ejecución no podía terminarse por esa
vía.

37. Los demás documentos aportados (auto ADP 1757, memorial que lo aporta, reporte
de cálculo y la resolución RDP 0170728) no modifican esa conclusión, pues corresponden
a documentos de trámite o verificación interna que no suplen la acreditación del pago
integral: no contienen liquidación definitiva de intereses moratorios ni soportes de egreso
o abono por ese concepto, además que, por haber sido allegados por fuera de la
oportunidad procesal correspondiente (pues se presentaron como anexos al alcance del
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que ordenó seguir adelante con la
ejecución) no pueden ser valorados como soporte o prueba de la excepción de pago
formulada por la UGPP, ya que la carga de aportar la prueba del medio exceptivo debía
cumplirse en la respectiva oportunidad procesal, esto, sin perjuicio de que sean tenidos
en cuenta en el momento de realizar la liquidación del crédito.

6 Consulta realizada por la UGPP el 09 de septiembre de 2025, donde señala un resumen de liquidación de mesadas

por el valor de $463.949.9, indexación en $0, descuentos en salud en $0 y el valor de ajuste a salud en $0.
7 En el cual la UGPPP realiza un recuento de los actos administrativos proferidos dentro del presente asunto y
explica la liquidación que soporta el argumento de cumplimiento de la obligación.
8 Por resolvió un recurso de apelación contra la Resolución 11284 del 23 de Julio de 2024.

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00-803-01 (3156-2025).
Ejecutante: María Antonia Castrillón De Rojas.

38. En consecuencia, la Sala concluye que la excepción de pago total propuesta en la
apelación no puede prosperar, pues el cumplimiento invocado no extingue la obligación
en los términos exigibles conforme al título judicial; por lo que, se impone mantener la
decisión que ordenó seguir adelante con la ejecución, cuya determinación final se
concretará en la liquidación del crédito, donde se fijará el monto definitivo a partir de la
imputación de los pagos efectivamente acreditados.

Costas en segunda instancia

39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

41. Tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y
restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

42. La eventual condena se impondrá a la parte vencida, la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se impondrán costas a ambas partes, esto es, al extremo
ejecutante y ejecutada, por cuanto se negaron totalmente las peticiones de los
respectivos recursos de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Radicación: 76001-23-33-000-2024-00-803-01 (3156-2025).
Ejecutante: María Antonia Castrillón De Rojas.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte ejecutada por las razones expuestas en la
presente providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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