Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00040-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2026-00040-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2026-00040-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2026-00040-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
20 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Veinte (20) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Accionado: Juzgado Segundo Administrativo de Buga (Valle del Cauca)
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia
Se decide la impugnación interpuesta por Dabier David Arredondo Romero contra la
sentencia proferida, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, mediante la cual declaró improcedente la presente acción de tutela, “al no
cumplirse el requisito general de subsidiariedad”.
SÍNTESIS1
El accionante interpuso acción de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo de
Buga (Valle del Cauca), con el propósito de obtener el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales
considera vulnerados con ocasión del Auto núm. 534 del 7 de noviembre de 2025, que
rechazó la nulidad de todo lo actuado en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado con el núm. 76111-33-33-002-2024-00172-00, y
el Auto núm. 026 del 15 de enero de 2026, que dispuso no reponer aquella decisión. La
Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia por
incumplimiento de requisito de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 20 de enero de 20262, el señor Dabier David Arredondo Romero interpuso
demanda en ejercicio de la acción de tutela en contra del Juzgado Segundo
Administrativo de Buga (Valle del Cauca). Sostuvo que el Auto núm. 534 del 7 de
noviembre de 2025 y el Auto núm. 026 del 15 de enero de 2026 proferidos por la referida
autoridad judicial vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
“PRIMERO. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia del accionante, vulnerados por el Auto Interlocutorio
1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / nulidad y restablecimiento del derecho / caducidad /
debido proceso y acceso a la administración de justicia / segunda instancia / Se confirma primera instancia
/ Improcedencia / subsidiariedad.
2 Índice 001 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Decisión: confirma la decisión de primera instancia
No. 534 del 7 de noviembre de 2025 y por el auto que resolvió el recurso de
reposición, proferidos por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Buga.
SEGUNDO. Dejar sin efectos la cadena decisoria conformada por el Auto
Interlocutorio No. 534 del 7 de noviembre de 2025 y su confirmación mediante Auto
Interlocutorio No. 026 del 15 de enero de 2026, y ordenar al juzgado que examine
de fondo el incidente de nulidad promovido.
TERCERO. Disponer que, al resolver el incidente, el despacho judicial:
1. Examine de fondo la causal de pretermitición íntegra de la instancia (art.
133.2 CGP),
2. Ejerza control de legalidad oficioso conforme a los artículos 133, 134 y 136
del CGP, sin aplicar saneamiento a una causal insaneable, y
3. Integre y valore expresamente la prueba técnica institucional anunciada y
allegada, con motivación suficiente.
CUARTA (subsidiaria). En caso de que el juez constitucional estime que no basta
con ordenar la tramitación del incidente, ordenar al despacho accionado ejercer
control de legalidad oficioso y pronunciarse de manera expresa, motivada y
completa sobre la existencia o no de la nulidad insaneable por pretermisión íntegra
de la instancia, dejando constancia de la valoración integral del acervo probatorio.
[Negrillas del texto original].
B. Hechos
3. El señor Dabier David Arredondo Romero indicó que el 21 de febrero de 2024
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución núm.
2718 de 2023, expedida por la Policía Nacional. A su juicio, cuando presentó la demanda
no había operado la caducidad del referido medio de control.
4. Sin embargo, debido a un error técnico en el sistema del Centro de Documentación
Judicial – CENDOJ, la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no ingresó
al buzón del juzgado para su reparto, motivo por el cual volvió a enviar el asunto el 26
de julio de 2024.
5. Mediante el Auto Interlocutorio No. 447, “el juzgado reconoció la existencia de una
incertidumbre sobre la falla técnica, pero en lugar de despejarla”, concluyó que la
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento el 26 de julio de 2024
“resultaba extemporánea, cerrando el proceso sin apertura de la primera instancia”.
6. Con fundamento en una certificación técnica expedida por “la administración
judicial”, en la que se confirmó que el mensaje de datos que contenía la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho se envió en febrero de 2024, pidió la nulidad del
Auto Interlocutorio No. 447. Empero, mediante el Auto núm. 534 del 7 de noviembre de
2025, confirmado por el Auto núm. 026 del 15 de enero de 2026, la nulidad fue
rechazada de plano.
C. Fundamentos de la vulneración
7. El accionante sostuvo que las providencias judiciales cuestionadas vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, defensa, contradicción y acceso a la
administración de justicia, al rechazar de plano el incidente de nulidad procesal
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Decisión: confirma la decisión de primera instancia
promovido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, sin realizar un
examen material de la causal invocada.
8. Señaló que la nulidad propuesta se fundó en la causal prevista en el numeral 2 del
artículo 1333 del Código General del Proceso -“pretermitición íntegra de la instancia”-,
la cual se habría configurado porque la demanda fue enviada electrónicamente dentro
del término legal el 21 de febrero de 2024, pero no fue procesada ni repartida debido a
una falla técnica del sistema del Consejo Superior de la Judicatura, circunstancia que
posteriormente fue corroborada mediante certificaciones institucionales.
9. Indicó que, pese a haberse puesto en conocimiento del despacho judicial la
existencia de prueba técnica institucional dirigida a demostrar la oportunidad del envío
de la demanda, el juzgado rechazó la nulidad al considerar que la irregularidad se
encontraba saneada por no haberse interpuesto recursos ordinarios contra el auto que
rechazó la demanda por caducidad, absteniéndose de verificar la configuración del vicio
alegado.
10. Afirmó que dicha actuación configuró un defecto procedimental absoluto, por cuanto
el juez omitió estudiar una nulidad de orden público e insaneable, sustituyendo el
examen material del vicio por un formalismo relacionado con la firmeza de la decisión
previa y la ausencia de recursos ordinarios.
11. Sostuvo igualmente que se configuró un defecto sustantivo, en la medida en que el
despacho aplicó indebidamente la figura del saneamiento por inactividad prevista en el
artículo 136 del Código General del Proceso a una causal de nulidad que el propio
ordenamiento califica como insaneable, como lo es la pretermisión íntegra de la
instancia.
12. De igual manera, indicó que se presentó un defecto fáctico, al haberse adoptado la
decisión sin valorar la certificación oficial expedida por la Dirección Seccional de
Administración Judicial que acreditaría la radicación oportuna de la demanda, prueba
que, en su criterio, resultaba determinante para verificar el error en el cómputo de la
caducidad que dio origen al rechazo inicial de la demanda.
13. Finalmente, manifestó que la autoridad judicial desconoció el precedente aplicable
sobre el carácter insaneable de la nulidad por pretermisión íntegra de la instancia y el
deber del juez de examinarla incluso de oficio, lo que habría consolidado una cadena
decisoria que impidió definitivamente el acceso del actor a la jurisdicción contencioso
administrativa.
D. Trámite procesal
14.Por auto del 20 de enero de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
avocó conocimiento4 de la demanda de tutela y dispuso la notificación del asunto al
3 Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes
casos:
1. Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.
2. Cuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente
concluido o pretermite íntegramente la respectiva instancia. […].
4 “PRIMERO: AVOCASE EL CONOCIMIENTO de la acción de tutela instaurada por el señor Dabier David
Arredondo Romero en contra del Juzgado Segundo Administrativo de Buga”.
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Decisión: confirma la decisión de primera instancia
accionante y al Juzgado Segundo Administrativo de Buga (Valle del Cauca)5.
15. El 2 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió
sentencia de primera instancia en el presente asunto, en la que declaró la improcedencia
porque la demanda de tutela no superó el requisito de subsidiariedad6.
16. El 3 de febrero de 2026, el accionante impugnó la sentencia de primera instancia y el
9 de febrero se concedió la impugnación7.
E. Oposiciones e intervenciones
17. El juzgado Segundo Administrativo de Buga señaló que, dentro del proceso con
radicado 76-111-33-33-002-2024-00172-00, rechazó la demanda por caducidad del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
18. Añadió que dicho auto no fue recurrido dentro del término de ejecutoria y que, al no
haberse agotado los mecanismos procesales, la presente acción de tutela resulta
improcedente. Agregó que, además, sería temeraria, pues el actor ha promovido
múltiples acciones de tutela por hechos similares.
F. Decisión impugnada
19. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca declaró improcedente la acción de
tutela al considerar que no se cumplía el requisito de subsidiariedad, dado que el
accionante no agotó los mecanismos ordinarios de defensa judicial disponibles antes de
acudir al amparo constitucional.
20. En particular, el a quo indicó que el auto interlocutorio No. 447 del 17 de octubre de
2024, mediante el cual el Juzgado Segundo Administrativo de Buga rechazó la demanda
por caducidad del medio de control, era susceptible del recurso de apelación, de
conformidad con los artículos 243 y 244 de la Ley 1437 de 2011; sin embargo, el actor
no interpuso dicho recurso dentro del término legal, pese a que esa era la vía idónea
para cuestionar la decisión judicial.
21. Adicionalmente, manifestó que no se acreditó la existencia de un perjuicio
irremediable que justificara la intervención excepcional del juez constitucional, ni se
evidenció una actuación diligente del actor para controvertir la providencia cuestionada,
puesto que presentó una solicitud de corrección frente al auto que rechazó la demanda
el 26 de agosto de 2025, esto es, casi un año después de haber sido proferido.
22. Finalmente aseveró que la tutela no puede utilizarse para revivir términos
procesales vencidos ni sustituir los recursos judiciales ordinarios, razón por la cual se
declaró improcedente el amparo solicitado.
5 Índice 005 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
6 Índice 011 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
7 Índice 014 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Decisión: confirma la decisión de primera instancia
G. Impugnación
23. En el escrito radicado el 3 de febrero de 2026, el accionante señaló que la
providencia cuestionada impidió el estudio de fondo de las presuntas vulneraciones a
sus derechos fundamentales derivadas de las decisiones judiciales proferidas dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
24. Adicionalmente, indicó que no le fue posible acceder de manera completa al
expediente digital de la tutela en el sistema SAMAI, pues la respuesta presentada por
el Juzgado Segundo Administrativo de Buga aparece clasificada y no puede ser
consultada.
II. CONSIDERACIONES
H. Competencia
25. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver el asunto, en segunda instancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y en el
Acuerdo 80 de 2019 (Reglamento de esta Corporación).
I. Sentido de la decisión
26.La Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
demanda de tutela, por no superar el requisito de subsidiariedad.
J. Finalidad de la acción de tutela
27. Según el artículo 868 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 19919,
disposiciones estas que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante
un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz, los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad o de un particular.
28. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar
los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir con ella términos
precluidos o acciones caducadas.
8 Artículo 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados
o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.
La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se
abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. […]. [Se
destaca].
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Decisión: confirma la decisión de primera instancia
29. De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.
K. La subsidiariedad en la acción de tutela contra providencias judiciales10
30. La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante
el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se
infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.
31.En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 11 del
Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el
demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
32. La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.
33. En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una
decisión más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o
para proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y residual
de este mecanismo constitucional.
34. Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional12, el presupuesto de
la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los
eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que
justifican su procedibilidad, así:
(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,
(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.
10 Consejo de Estado, Sentencia del 5 de febrero de 2026, radicado 11001-03-15-000-2025-08153-00, M.P.
Fredy Ibarra Martínez.
11 Artículo 6°. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada
en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
12 Sentencia T-375/18.
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Decisión: confirma la decisión de primera instancia
35. En suma, se condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo
para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un
amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
L. El análisis de la subsidiariedad en el caso concreto
36. En el presente asunto el accionante cuestiona las decisiones judiciales mediante las
cuales el Juzgado Segundo Administrativo de Buga rechazó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho por caducidad del medio de control, así como los autos
posteriores que negaron de plano el incidente de nulidad propuesto frente a dicha
determinación.
37. A su juicio, tales providencias vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa, contradicción y acceso a la administración de justicia, por cuanto el
despacho judicial no valoró la certificación técnica que acreditaría el envío oportuno de
la demanda y rechazó el incidente de nulidad sin examinar materialmente la causal
invocada.
38. No obstante, para la Sala la acción de tutela no supera el requisito de subsidiariedad
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1 del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, toda vez que el actor no agotó los mecanismos ordinarios de
defensa judicial que el ordenamiento jurídico ponía a su disposición para controvertir la
decisión que ahora cuestiona en sede constitucional.
39. En efecto, del material probatorio obrante en el expediente se advierte que mediante
el Auto Interlocutorio No. 447 del 17 de octubre de 2024 el Juzgado Segundo
Administrativo de Buga rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
por considerar configurada la caducidad del medio de control. Contra dicha decisión
procedía el recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 13
y 24414 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
13 Artículo 243. Apelación. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto
es el siguiente:> Son apelables las sentencias de primera instancia y los siguientes autos proferidos en la
misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente el mandamiento
ejecutivo. […].
14 Artículo 244. Trámite del recurso de apelación contra autos. <Artículo modificado por el artículo 64 de la
Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La interposición y decisión del recurso de apelación
contra autos se sujetará a las siguientes reglas:
1. La apelación podrá interponerse directamente o en subsidio de la reposición. Cuando se acceda total o
parcialmente a la reposición interpuesta por una de las partes, la otra podrá apelar el nuevo auto, si fuere
susceptible de este recurso.
2. Si el auto se profiere en audiencia, la apelación deberá interponerse y sustentarse oralmente a
continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega total o parcialmente la reposición.
De inmediato, el juez o magistrado dará traslado del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de
que se pronuncien, y a continuación, resolverá si lo concede o no, de todo lo cual quedará constancia en
el acta.
3. Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por escrito ante quien lo
profirió, dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o a la del auto que niega total o parcialmente
la reposición. En el medio de control electoral, este término será de dos (2) días.
De la sustentación se dará traslado por secretaría a los demás sujetos procesales por igual término, sin
necesidad de auto que así lo ordene. Los términos serán comunes si ambas partes apelaron. Este traslado
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Decisión: confirma la decisión de primera instancia
40. Sin embargo, el accionante no interpuso el recurso de apelación dentro del término
legal, pese a que este constituía el mecanismo judicial idóneo y eficaz para controvertir
la determinación adoptada por el juez de conocimiento y permitir que el superior
funcional examinara la corrección del rechazo de la demanda, incluyendo los aspectos
relacionados con la oportunidad de su presentación.
41. La omisión de acudir a dicho mecanismo de defensa judicial resulta especialmente
relevante en este caso, pues los reproches que ahora formula el actor -relacionados con
la supuesta falla técnica del sistema de radicación electrónica y con la valoración de la
certificación expedida por la administración judicial- podían y debían ser planteados a
través del recurso ordinario correspondiente, escenario natural para debatir la legalidad
y razonabilidad de la decisión que declaró la caducidad del medio de control.
42. En ese contexto, la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo
alternativo o sustitutivo de los recursos ordinarios previstos por el legislador, ni como
una vía para revivir oportunidades procesales que el propio interesado dejó precluir por
falta de diligencia, pues admitir lo contrario implicaría desconocer el carácter subsidiario
y residual de este mecanismo constitucional.
43. A lo anterior se suma que el accionante tampoco acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención excepcional del juez constitucional. En
efecto, del examen del expediente no se advierte la presencia de circunstancias que
permitan concluir que el actor se encuentra ante una situación de urgencia, gravedad e
inminencia que haga indispensable la adopción de medidas inmediatas para evitar la
afectación grave de un derecho fundamental.
44. Lo que sí resulta evidente es que el actor acudió a la solicitud de nulidad y a otras
actuaciones procesales varios meses después de proferida la providencia que rechazó
la demanda, lo cual demuestra que la controversia planteada se circunscribe
esencialmente a un desacuerdo con la decisión adoptada por el juez natural del proceso
y no a la configuración de una afectación actual y grave de sus derechos fundamentales
que justifique desplazar los mecanismos ordinarios de control judicial.
45. En consecuencia, para la Sala resulta claro que el accionante pretende utilizar la
acción de tutela para reabrir un debate que debió ser planteado mediante los recursos
ordinarios previstos en el proceso contencioso administrativo, lo cual desnaturaliza la
finalidad del amparo constitucional y desconoce su carácter subsidiario.
46. Por estas razones, la Sala concluye que la acción de tutela no supera el requisito
de subsidiariedad, razón por la cual se confirmará la decisión de primera instancia que
declaró improcedente el amparo solicitado.
no procederá cuando se apele el auto que rechaza la demanda o niega total o parcialmente el mandamiento
ejecutivo.
Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente a despacho y el juez o magistrado ponente concederá
el recurso en caso de que sea procedente y haya sido sustentado.
4. Una vez concedido el recurso, se remitirá el expediente al superior para que lo decida de plano.
Radicado: 76001-23-33-000-2026-00040-01
Accionante: Dabier David Arredondo Romero
Decisión: confirma la decisión de primera instancia
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 2 de febrero de 2026 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que declaró improcedente la acción de tutela
presentada por Dabier David Arredondo Romero en contra del Juzgado Segundo
Administrativo de Buga (Valle del Cauca), por no superar el requisito de relevancia
constitucional de subsidiariedad.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: COMUNÍQUESELE este fallo a la Sala que resolvió la controversia en
primera instancia y remítasele copia.
CUARTO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.