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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-08153-00

Fecha
5 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-08153-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: 1°) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-08153-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

5 de febrero de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, cinco (5) de febrero de dos mil veinticinco (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-08153-00
Demandante: CABILDO MAYOR REGIONAL PUEBLO ZENÚ DEL
RESGUARDO INDIGENA ZENÚ DE SAN ANDRÉS
SOTAVENTO DE CÓRDOBA Y SUCRE
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE
ACCIÓN DE TUTELA Y CONTRA ACTUACIONES
PREVIAS AL FALLO RELACIONADAS CON LA
SUPUESTA FALTA DE VINCULACIÓN DE TERCEROS
CON INTERÉS. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
CONTRA FALLOS DE IDÉNTICA NATURALEZA.
INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD
PARA CUESTIONAR LA FALTA DE NOTIFICACIÓN.

Síntesis del caso: la demandante consideró que la autoridad judicial demandada, en el marco de
un proceso de acción de tutela, vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con
ocasión de la sentencia de tutela que amparó los derechos de los allí actores, por cuanto, a su
juicio, se incurrió en los defectos fáctico y error inducido, al tiempo que no se le permitió ejercer
su derecho de defensa en dicho proceso, por cuanto no se le vinculó al mecanismo
constitucional. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el incumplimiento de los
requisitos de procedencia excepcional de tutela contra fallos de idéntica naturaleza y por falta de
subsidiariedad en lo relativo a la falta de vinculación.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela1 presentado por el Cabildo
Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú de San Andrés de Sotavento,
Córdoba y Sucre -en adelante el Cabildo- en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado para la protección de sus derechos fundamentales de debido proceso, defensa y
contradicción, consagrados en el artículo 29 de la Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1 La acción de tutela fue presentada el 19 de diciembre de 2025.

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-08153-00
Demandante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú San Andrés Sotavento
Acción de tutela

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) El 6 de marzo de 2025, el Señor Rafael Segundo Martínez Villamil, en calidad de
Capitán del Cabildo Indígena Aywjawashi El Jordán del municipio de Sincelejo (Sucre),
presentó acción de tutela en contra de la Agencia Nacional de Tierras -ANT- con el fin
que le fueran amparados sus derechos fundamentales del debido proceso, libre
asociación, integridad personal y vida, debido a que la ANT le adjudicó los predios
denominados “La Victoria” y “Costa Rica”, ubicados en el corregimiento de “Cerrito La
Palma”, en Sincelejo, sin garantizar que estuvieran libres de ocupaciones ilegales, lo que
generó conflictos con terceros y situaciones de riesgo que, a su juicio, no fueron
atendidas de manera efectiva por las accionadas.

2) La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado2, mediante auto del 12
de marzo de 2025, admitió la demanda y ordenó notificar a la Agencia Nacional de
Tierras –ANT– y a la Presidencia de la República; de igual manera, dispuso vincular a la
Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior por tratarse
de un caso relacionado con sus líneas estratégicas, y a la Alcaldía de Sincelejo.

3) Por auto del 2 de abril de 2025, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado vinculó a la Asociación de Campesinos Productores del Cerrito de la Palma
—Asocamprocepal—; a la Asociación Campesina Sembrando Vida Paz y Esperanza —
Asosemvida—; a la Asociación de Campesinos Labrando Esperanza —Asocalae—, y al
Cabildo Menor Indígena Cerrito de la Palma.

4) En sentencia de primera instancia de 27 de junio de 2025 se declaró improcedente el
amparo constitucional por la inexistencia de una conducta u omisión que pueda ser
reprochada de vulnerar los derechos fundamentales invocados, tras considerar que los
predios mencionados se encontraban en medio de una situación jurídica compleja e
indefinida, en la que confluyen intereses de diversos sectores sociales.

2 Proceso de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2025 01324-00/01.

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Demandante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú San Andrés Sotavento
Acción de tutela

5) Con escrito de 8 de agosto de 2025, el Cabildo Indígena Aywjawashi aseveró que está
legitimado en la causa por activa, por cuanto la ANT le entregó unos terrenos que
estaban invadidos, lo cual denota una violación del debido procedimiento administrativo.

6) En sentencia de 13 de noviembre de 2025 la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó la sentencia de 27 de junio de 2025 y, en su lugar, amparó el derecho fundamental
del debido proceso de la comunidad Aywjawashi, para lo cual ordenó a la ANT que, en
un término de 48 horas, inicie los procedimientos administrativos y las acciones judiciales
que considere para la recuperación y/o aprehensión inmediata de las fincas La Victoria
y Costa Rica.

2. El fundamento de la vulneración

El cabildo demandante señaló que la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró sus
derechos fundamentales del debido proceso, defensa y contradicción con ocasión de la
sentencia de tutela de 13 de noviembre de 2025, a través del cual se ordenó la
recuperación y/o aprehensión inmediata de las fincas “La Victoria” y “Costa Rica” en favor
del Cabildo Indígena Aywjawashi El Jordán.

Dentro de las actuaciones surtidas en ese proceso, no se evidencia auto o providencia
que los vinculara como resguardo dentro de la acción de tutela, por lo que tampoco
fueron notificados de las decisiones proferidas en ese mecanismo constitucional,
tramitado con radicación no. 11001-03-15-000-2025-01324-01.

En este caso se cumplen con los requisitos de relevancia constitucional al tratarse de
una grave vulneración de sus derechos fundamentales y el requisito de inmediatez
también se supera pues solo hasta el 1 de noviembre de 2025 tuvieron conocimiento del
proceso de tutela al que no fueron debidamente vinculados.

En el fallo que amparó los derechos fundamentales del cabildo Indígena Aywjawashi se
incurrió en un defecto fáctico en el sentido que i) se omitieron las advertencias que realizó
el Cabildo Menor Cerrito de la Palma sobre la existencia ancestral del territorio del
Resguardo San Andrés de Sotavento sobre los predios Costa Rica y La Victoria, ii) no
se realizó una debida práctica de pruebas para solventar el caso y iii) no se vinculó ni
notificó al cabildo mayor aquí demandante.

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Demandante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú San Andrés Sotavento
Acción de tutela

En la sentencia también se configuró un error inducido, por cuanto el actor en el proceso
de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2025-01324-01 indujo en error al ente
juzgador al ocultarle que los predios La Victoria y Costa Rica hacen parte de la
ancestralidad territorial del Resguardo San Andrés de Sotavento, el cual es de origen
Colonial, constituido mediante Cédula Real del año 1773, expedida por el Rey Carlos III
de España, la cual fue registrada mediante escritura pública 1060 en la Notaría Primera
de Cartagena y posteriormente reconocido y ampliado por INCORA, INCODER hoy
Agencia Nacional de Tierras -ANT- mediante Resolución No. 054 del 21 de septiembre
de 1984, Resolución No. 051 del 23 de julio de 1990, Resolución No. 043 del 30 de
noviembre de 1998 y el Acuerdo No. 234 del 23 de diciembre de 2010.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de la siguiente
súplica:

“Solicito, Honorables Magistrados, se REVOQUE la Sentencia con Radicado
No. 11001-03-15-000-2025-01324-01, de fecha 13 de noviembre de 2025,
proferida por LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO, y como consecuencia de lo anterior
DEJAR SIN EFECTOS la citada sentencia, lo anterior de conformidad con los
fundamentos fácticos y jurídicos anteriormente expuestos.

➢ TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, de defensa y
contradicción de nuestro Cabildo Mayor Regional del Resguardo Indígena San
Andrés de Sotavento.

➢ Declarar la NULIDAD del fallo proferido el día 13 de noviembre de 2025 por
LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO dentro del proceso de la Acción de Tutela con
Radicado No. 11001-03-15 000-2025-01324-01.

➢ ORDENAR a LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO VINCULAR a Cabildo Mayor
Regional del Resguardo Indígena San Andrés de Sotavento Córdoba – Sucre,
para que podamos ejercer nuestro derecho al debido proceso, defensa y
contradicción.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-
mayúsculas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto de 13 de enero de 2025 se admitió el proceso de acción de tutela, se negó
la medida provisional solicitada por la parte actora, se ordenó la notificación al presidente
y a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del Consejo de Estado y se vinculó

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Demandante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú San Andrés Sotavento
Acción de tutela

al presidente y magistrados de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, a la secretaria general del Consejo de Estado, al representante legal del Cabildo
Indígena Aywjawashi El Jordán, al director de la Agencia Nacional de Tierras, al
presidente de la República, al representante legal de la Asociación Campesina
Sembradora Vida, Paz y Esperanza, al representante legal de la Asociación de
Campesinos Labrando Esperanza, al director de Asuntos Indígenas Rom y Minorías del
Ministerio del Interior y a la Alcaldía de Sincelejo, con el fin de que allegaran un informe
sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

5. Actuación de las autoridades demandadas

El Cabildo indígena AYWJAWASHI El Jordán del municipio de Sincelejo indicó que la
sentencia del 13 de noviembre de 2025 fue proferida en atención a que reúne todas las
virtudes ancestrales, motivo por el cual se encuentra gozando de la adjudicación de las
fincas La Victoria y Costa Rica de ahí que los supuestos perjuicios que señala la parte
accionante son ajenos al goce material que ejerce sobre tales predios.

Finalmente, solicitó que se declare improcedente la presente acción de tutela, en ocasión
a que se impetró contra una sentencia de acción de tutela proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado.

El magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
manifestó que la presente acción de tutela resulta improcedente, por cuanto el cabildo
mayor accionante contó con mecanismos procesales idóneos y eficaces dentro del
trámite de tutela original para alegar la supuesta falta de notificación, los cuales omitió
utilizar injustificadamente; en efecto, la parte actora contaba con la solicitud de nulidad
ante las autoridades que conocieron del asunto, toda vez que como se reconoce en la
acción de tutela, tuvieron conocimiento de la existencia de la acción el 1 de noviembre
de 2025, mientras que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 13 de
noviembre de 2025, por lo que bien pudieron solicitar la nulidad y pedir que fueran
vinculadas, por cuanto tuvieron la oportunidad de hacerlo inclusive antes de que se
profiriera el fallo de segunda instancia.

Por otro lado, alegó que actuó con diligencia y garantizó el debido proceso de quienes
se evidenciaron como posibles afectados, según la información que reposaba en el

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expediente pues, vinculó a todas las partes e intervinientes que se vislumbraban en los
informes y pruebas allegadas.

Específicamente, se vinculó al Cabildo Menor Indígena Cerrito de la Palma, quien, según
los hechos narrados, se encontraba presente en los predios objeto de debate, “La
Victoria” y “Costa Rica”, lo cual cobra relevancia frente a lo manifestado por el Cabildo
mayor demandante, pues reconoce expresamente que el Cabildo Menor Indígena Cerrito
de la Palma está adscrito a su estructura organizativa, de modo que como este último sí
fue vinculado debió tener conocimiento de la acción de tutela inicial.

La Sección Quinta del Consejo de Estado precisó que la acción de tutela con radicación
no. 11001-03-15-000-2025-01324-01 posibilitó que los ocupantes de los inmuebles
rurales La Victoria y Costa Rica intervinieran o ejercieran su derecho a la defensa; aclaró
que la orden de la sentencia de 13 de noviembre de 2025 no dispuso la adjudicación de
los inmuebles rurales La Victoria y Costa Rica a la comunidad Aywjawashi, sino, por el
contrario, que la ANT le brindara información sobre el avance real del procedimiento
administrativo especial que adelanta el cabildo Aywjawashi El Jordán. Lo anterior, porque
escapa de la órbita del juez de tutela la asignación de la propiedad colectiva, como
erróneamente pareciera entenderlo la parte actora.

La Secretaría General del Consejo de Estado informó que notificó a los sujetos
procesales cuya vinculación fue ordenada por el juez de conocimiento en primera
instancia, mediante las providencias del 10 de marzo de 2025 y 2 de abril de 2025, sin
que se evidencie alguna vulneración a los derechos fundamentales del cabildo aquí
actor.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento

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preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este instrumento no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Sección Quinta del Consejo de Estado con el fin de que se protejan sus derechos
fundamentales del debido proceso, defensa y contradicción presuntamente vulnerados
con ocasión de la sentencia de 13 de noviembre de 2025 que amparó los derechos
fundamentales del Cabildo Indígena Aywjawashi El Jordán.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia, por razones metodológicas, la
Sala dividirá el estudio de las pretensiones en dos: i) por un lado, analizará lo relativo a
la falta de vinculación a la acción de tutela inicial, respecto de lo cual se declarará su
improcedencia por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad y, ii) en segundo
lugar, declarará improcedente la acción de tutela en cuanto se pretende cuestionar el
fallo proferido en otra acción de tutela y no se demostró una situación de fraude, por las
razones que se exponen a continuación:

2.1 Procedencia de la acción de tutela contra sentencias de tutela y contra
actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia

La Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018 recuerda que se ha admitido la
procedencia de la acción de tutela contra las decisiones de los jueces cuando incurran
en graves falencias que las hagan incompatibles con la Constitución y afecten los
derechos fundamentales de las partes.

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Acción de tutela

No obstante, dicha procedencia es excepcional, “con el fin de que no se desconozcan
los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica y
la naturaleza subsidiaria que caracteriza al mecanismo”.

Ahora bien, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de ese alto tribunal para que
opere es necesario que se acrediten los requisitos generales y específicos de
procedibilidad señalados para tales efectos.

Dichos requisitos específicos de procedibilidad se estudiarán, una vez se tengan por
superados los siguientes requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales:

i) La cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que involucre la
posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes, ii) se cumpla el
requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado, a partir del hecho que originó la vulneración, iii) cuando se trate de una
irregularidad procesal que tenga un efecto decisivo en la sentencia que se impugna, que
resulte lesiva de las garantías constitucionales del actor, iv) el actor identifique de manera
razonable los hechos que generaron la vulneración y los derechos vulnerados, v) se
cumpla con el presupuesto de subsidiariedad, es decir, que se hayan agotado todos los
medios de defensa judicial al alcance del afectado, salvo que se trate de evitar un
perjuicio irremediable y, vi) la sentencia que se impugna en sede de tutela no
corresponda, a su vez, a una sentencia que haya definido una acción de tutela.

Sobre este último punto la Corte ha señalado que es necesario que la providencia judicial
cuestionada no sea una sentencia de tutela, pues los debates sobre la protección de los
derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, por lo cual se
debe distinguir si esta se dirige contra el fallo proferido en el proceso de tutela o contra
una actuación previa o posterior a ella.

Así pues, cuando la acción de tutela se dirige contra actuaciones del proceso diferentes
a la sentencia, que es lo que nos interesa para la resolución del presente caso, la Corte
aludió que se debe determinar si estos acaecieron con anterioridad o con posterioridad
al fallo, así:

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“4.6.3.1. Si la actuación acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la
omisión del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los
terceros que serían afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la acción de tutela
sí procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para
su revisión.

4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción
de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho
fundamental que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato,
y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera
excepcional”3.

En esos términos, si la actuación cuestionada se presenta con anterioridad a la sentencia
que pone fin al proceso y conlleva una grave y abierta vulneración que torne la actuación
incompatible con la Constitución y afecte directamente los derechos fundamentales,
siempre que la demanda cumpla los requisitos generales de procedibilidad, la acción de
tutela sí es procedente.

2.2 Caracterización del requisito de subsidiariedad

La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el
juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta
jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se
infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política.

En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante
no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas
hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la
situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja
el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente
o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas
judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.

3 Sentencia SU-627 de 2015 de la Corte Constitucional.

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En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión
más rápida, para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos o para
proponer argumentos y planteamientos que no se propusieron ante el juez ordinario
habiendo tenido la oportunidad de hacerlo, se desconoce el carácter subsidiario y
residual de este mecanismo constitucional.

Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la
subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos
en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican
su procedibilidad, así:

(i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y,

(ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede
como mecanismo transitorio.

En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia
de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y
efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda
un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.

2.3 Verificación del cumplimiento del requisito de subsidiariedad en el caso
concreto

1) Por un lado, el cabildo demandante afirmó que se vulneraron sus derechos
fundamentales del debido proceso, contradicción y defensa por la falta de vinculación y
notificación en el proceso de acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-2025-
01324-01, en la que tenía un interés directo.

2) Al respecto, como se explicó en precedencia, la Corte Constitucional ha admitido la
procedencia de este mecanismo cuando se cuestionan actuaciones anteriores al fallo,
entre ellas la falta de vinculación de las partes o terceros con interés.

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3) En esa medida, como uno de los argumentos que se alegan en este caso es
precisamente la falta de notificación del cabildo demandante la acción de tutela se torna
procedente, siempre que se cumplan los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela.

4) No obstante, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que la
misma es improcedente en los términos previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a pesar de que se invoca la vulneración de
derechos fundamentales como el debido proceso, defensa y contradicción, el cabildo
demandante no agotó todos los medios de defensa judicial que tenía a su alcance y
tampoco demostró la existencia de un perjuicio irremediable que imponga la imperiosa
necesidad de que el juez constitucional intervenga y adopte medidas urgentes,
improrrogables y suficientes en aras de evitar su inminente materialización o mitigarlo.

5) A partir de la revisión de las pruebas aportadas al expediente, para la Sala resulta
claro que el actor se enteró de la acción de tutela con radicación no. 11001-03-15-000-
2025-01324-01 por lo menos desde el 1 de noviembre de 2025, tal como reconoció en
el escrito de demanda, esto es, antes de la sentencia de segunda instancia, de modo
que, como lo indicó la accionada en su informe, contaba con la posibilidad de solicitar la
nulidad por indebida notificación en el trámite y su correspondiente notificación.

6) Sin embargo, la Sala observa que el demandante no propuso la
nulidad contemplada en el artículo 133 del Código General del proceso4, para alegar su
presunta falta de vinculación

7) Por consiguiente, resulta claro que como la parte actora no cuestionó en las
oportunidades pertinentes la debida integración del contradictorio, habiendo tenido la

4 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los siguientes

casos:
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas
determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser
citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando
la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad
que de acuerdo con la ley debió ser citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia distinta del auto
admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá practicando la notificación
omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha providencia, salvo que se haya
saneado en la forma establecida en este código”.

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oportunidad de hacerlo, debe declararse improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

8) Por otra parte, para la Sala tampoco se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que torne procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio, pues,
a partir del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que la parte
demandante se encuentre en una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar
medidas urgentes, impostergables, improrrogables e inmediatas para la protección de
sus derechos fundamentales.

9) Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir mecanismos
idóneos de defensa y/o para revivir términos, pues una interpretación contraria nos
llevaría a que ésta fuera empleada como un instrumento para desplazar las
competencias ordinarias, lo que de suyo desnaturalizaría esta acción que es
eminentemente protectora de derechos fundamentales.

10) En consecuencia, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, frente a la nulidad por falta de
notificación.

2.4 No se demostró una situación de fraude que torne procedente de manera
excepcional el amparo contra una sentencia proferida en otro proceso de tutela

1) En segundo lugar, la parte demandante también indicó que la sentencia de 13 de
noviembre de 2025 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en un
defecto fáctico toda vez que i) se omitieron las advertencias que realizó el Cabildo Menor
Cerrito de la Palma sobre la existencia ancestral del territorio del Resguardo San Andrés
de Sotavento sobre los predios Costa Rica y La Victoria, y ii) no se realizó una debida
práctica de pruebas para solventar el caso.

2) Adicionalmente, precisó que se indujo en error al ente juzgador al ocultarle que los
predios La Victoria y Costa Rica hacen parte de la ancestralidad territorial del Resguardo
San Andrés de Sotavento.

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Demandante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú San Andrés Sotavento
Acción de tutela

3) Sin embargo, para esta Sala, la acción de tutela interpuesta por el demandante no
satisfizo los requisitos de viabilidad excepcional del mecanismo constitucional contra
fallos de amparo y, en consecuencia, la misma es improcedente.

4) Esta Corporación advierte que, si bien el recurso de amparo puede llegar a ser viable
contra una sentencia proferida dentro de un proceso de la misma naturaleza, ello solo
resulta posible en situaciones de fraude, lo cual no se encuentra demostrado en la
presente oportunidad.

5) En efecto, en este caso tampoco se advierte que la demandante alegara y demostrara
alguna situación de fraude o que la autoridad judicial accionada haya procedido de
manera arbitraria e irregular, al punto que haga necesaria la intervención de otro juez
constitucional para estudiar si fueron vulnerados los derechos de la actora, razón
suficiente para inferir que en este caso la demanda es a todas luces improcedente.

6) En el escrito de tutela no se probó o cuando menos mencionó la existencia de una
cosa juzgada fraudulenta, motivo suficiente para inferir que el amparo se torna
improcedente por cuanto pretende cuestionar una sentencia proferida en otro proceso
de acción de tutela, lo cual se encuentra proscrito, salvo con las salvedades referidas
que, se reitera, en esta oportunidad no se demostraron.

7) En este orden de ideas, no se advierte que se haya acreditado que la providencia
cuestionada haya sido producto de un actuar fraudulento, ni que la eventual falta de
valoración de algún argumento tenga entidad suficiente para configurar un defecto; por
el contrario, el examen del expediente demuestra que el actor orientó su demanda a
reabrir un debate ya decidido, pretendiendo que el juez constitucional sustituyera el
criterio jurídico de la Sección Quinta del Consejo de Estado, lo cual resulta incompatible
con la naturaleza estrictamente excepcional de la tutela contra providencias judiciales, y
no activa el estudio de fondo sobre la cosa juzgada fraudulenta.

8) Por consiguiente, la Sala concluye que no se acreditó el presupuesto indispensable
para la procedencia excepcional de la tutela contra tutela, esto es, la existencia de un
fraude procesal que vicie de manera radical la providencia judicial cuestionada, debido a
que lo planteado por el demandante se contrae a manifestar su desacuerdo con la
interpretación y el sentido de la decisión adoptada por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, pero ello no constituye, en los términos de la jurisprudencia constitucional, un

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Expediente: 11001-03-15-000-2025-08153-00
Demandante: Cabildo Mayor Regional Pueblo Zenú del Resguardo Indígena Zenú San Andrés Sotavento
Acción de tutela

fundamento legítimo para desplazar la cosa juzgada material ni para revocar la decisión
impugnada.

9) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
es improcedente porque no se cumplió ninguno de los presupuestos establecidos por la
Corte Constitucional para que procediera de manera excepcional.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1°) Declárase improcedente la acción de tutela, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO
Magistrado VICTORIA
(Firmado electrónicamente) Magistrado
(Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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