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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07493-00

Fecha
6 de marzo de 2026
Consejero ponente
José Roberto Sáchica Méndez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-07493-00

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación planteadas por la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior. SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA del señor Richard Miguel Romero Padilla para representar al Cabildo Menor de Cerrito de La Palma, en la presente acción de tutela. TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, en atención a que el accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida para demostrar la existencia de una situación fraudulenta en la adopción del fallo de tutela cuestionado. CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2025-07493-00

Consejero ponente: José Roberto Sáchica Méndez

6 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A – SALA DE CONJUECES

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., seis (06) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07493-00
Accionante: Richard Miguel Romero Padilla
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otra
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA DE LA MISMA NATURALEZA
/ Improcedencia / No se acreditó la existencia de una situación de fraude / Falta de
legitimación en la causa por activa.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 25 de noviembre de 2025, el señor Richard Miguel Romero Padilla, quien
manifestó obrar en nombre propio y en representación de la Comunidad Indígena
Cerrito de La Palma, promovió acción de tutela contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado y la Agencia Nacional de Tierras -ANT-, con el fin de que se ampararan
sus derechos fundamentales a la consulta previa, libre e informada, protección del
territorio ancestral y la propiedad colectiva, vida digna, igualdad, no discriminación y
debido proceso.

2.
Solicitó revocar el acto administrativo proferido por la ANT mediante el cual se
adjudicó al Cabildo Aywjawashi de El Jordán las fincas La Victoria y Costa Rica
ubicadas en Cerrito de La Palma, por no haberse surtido con antelación proceso de
consulta previa con la comunidad a la que aduce representar. En consecuencia, pidió
ordenar: (i) a la ANT la realización del proceso consultivo con el Cabildo Menor
Cerrito de Palma, acorde con lo dispuesto en el Convenio 169 de la OIT y la Ley 21
de 1991; (ii) al Consejo de Estado – Sección Quinta, revocar fallo de tutela con fecha
del 13 de noviembre de 2025 dentro del radicado 11001-03-15-000-2025-01324-00/01,

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.

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en virtud del cual se avaló la adjudicación de tierras referida; (iii) que en caso de
existir acto de adjudicación a terceros, la ANT les reasigne otro territorio, dado que
el Cabildo del Cerrito de La Palma es quien ostenta la propiedad de las fincas; y, (iv)
aplicar multa a las accionadas acorde con lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991.

3.
Expuso que el Cabildo Menor Cerrito de La Palma – Zenú es un pueblo indígena,
reconocido por el Ministerio del Interior, que ha habitado ancestralmente el territorio
denominado “Cerrito de La Palma” conforme con sus usos y costumbres. La
comunidad se compone de 60 familias, cada una integrada por miembros en
condición de discapacidad, que residen en las fincas La Victoria y Costa Rica,
ubicadas dentro del referido territorio.

4.
Afirma que la ANT emitió acto administrativo (del cual no suministra datos de
identificación) en el que adjudicó esos predios a la Comunidad – Cabildo Aywjawashi
Jordán sin realizar consulta previa, ni censo de población vulnerable y en
desconocimiento de que no pertenecen al territorio, no tienen posesión ancestral, ni
relación cultural o histórica con el Cerrito de La Palma. Incluso, en una minga legal,
fueron expulsados del predio por invasión, razón por la que, al momento de la
interposición de la tutela, no residen en las fincas mencionadas, sino en su lugar de
origen.

5.
El Consejo de Estado – Sección Quinta, en sentencia de tutela del 13 de
noviembre de 20252, ordenó a la ANT adelantar todas las gestiones administrativas
pendientes para garantizar la entrega de los terrenos a dicha comunidad (Cabildo
Aywjawashi), y omitió pronunciarse sobre la ausencia de consulta previa con los
accionantes, e inaplicó lo dispuesto por la Corte Constitucional en sentencias T-256
de 2018 y SU-123 de 2019.

6.
Se presentaron derechos de petición ante la ANT, sin respuesta satisfactoria. Por
ende, el actuar de las accionadas concretiza un evidente perjuicio irremediable para
la comunidad accionante, consistente en su desplazamiento, pérdida de territorio,
afectación a la salud y vida de personas con discapacidad, y ruptura del tejido cultural
y social.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

7.
Mediante auto de 19 de diciembre de 20253, se admitió la acción de tutela, se
ordenó notificar a las autoridades demandadas y se vinculó a la Presidencia de la
República, al Cabildo Indígena Aywjawashi Jordán, a la Dirección de Asuntos
Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, a la Alcaldía de Sincelejo, a la
Asociación de Campesinos Productores del Cerrito de la Palma -Asocamprocepal-,

2 Con radicado número 11001-03-15-000-2025-01324-01.
3 En auto del 27 de noviembre de 2025, la entonces consejera de Estado María Adriana Marín, como ponente

inicial, realizó una serie de requerimientos al accionante, previo a decidir sobre la admisión de la tutela.
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a la Asociación Campesina Sembrando Vida Paz y Esperanza -Asosemvida-, a la
Asociación de Campesinos Labrando Esperanza -Asocalae-, así como a los demás
ocupantes de los predios “La Victoria” y “Costa Rica”, en condición de terceros con
interés. De igual modo, se requirió: (i) a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y
Minorías del Ministerio del Interior que informaran quien ostenta en la actualidad la
representación de la Comunidad Indígena Cerrito de La Palma, y (ii) a la Secretaría
General del Consejo de Estado para que remitiera copia digital del expediente 11001-
03-15-000-2025-01324-00/01. También, se negó medida provisional de suspensión
de cualquier acto de desalojo despojo o alteración del territorio 4 , y se ordenó
comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo
de su cargo.

8.
En ese mismo auto se aceptó el impedimento manifestado por el consejero
Fernando Pardo Flórez, como encargado del despacho que había conocido el caso
inicialmente. Por ende, se le separó del presente asunto, se avocó su conocimiento
y se ordenó sortear dos conjueces entre los magistrados que integran las
Subsecciones B y C de la Sección Tercera de la Corporación, a efectos de conformar
el quórum requerido.

9.
En cumplimiento de lo anterior, el 20 de enero del presente año se realizó
diligencia de sorteo de conjueces, en la que se designaron en tal condición a los
magistrados Alberto Montaña Plata y Diego Enrique Franco Victoria, quienes
manifestaron estar impedidos5.

10.
Por auto del 3 de marzo de 2026, se declaró infundado dicho impedimento6.

(i) Consejo de Estado – Sección Quinta

11.
Pidió declarar la improcedencia de la tutela o negar la presunta vulneración de los
derechos invocados. Expuso que en el proceso 2025-01324-01 se decidió solicitud
de amparo relacionada con que la ANT había adelantado un proceso de compra
directa de los predios La Victoria y Costa Rica con destinación específica, la cual se
cumplió con la entrega de éstos a la comunidad Aywjawashi de El Jordán, mientras
se adelantaba el procedimiento administrativo especial previsto en la Ley 160 de
1994 y el Decreto Ley 902 de 2017 para su adjudicación. Esto, a fin de que dicha
comunidad constituyera un resguardo, obtuviera un título de propiedad colectiva que

4 Por no contar con elementos de juicio suficientes para evidenciar la existencia de una situación que revistiera

tal urgencia y necesidad que exigiera la intervención del juez constitucional. El sustento de la medida se
fundamentó en una presunta adjudicación de un predio por parte de la ANT que, según afirmó la parte actora,
implicaría el desalojo de la comunidad que aduce representar. Sin embargo, no se allegó copia del acto
administrativo objetado, pese haber sido requerido.
5 Manifestaron estar incursos en la causal de impedimento contenida en el numeral 4 del artículo 56 del Código

de Procedimiento Penal, para lo cual indicaron que en su condición de magistrados de la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado resolvieron la acción de tutela 11001-03-15-000-2025-08153-00, en la
que se cuestionaba la misma providencia que en esta ocasión.
6 Se estimó que el conocimiento de la referida tutela no implicó que los consejeros Montaña y Franco abordaran

el mismo debate constitucional que en esta oportunidad, o que manifestaran su opinión sobre el asunto materia
del proceso.
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gozara de las garantías de la propiedad privada y poseyera un territorio, con una
organización autónoma amparada por el fuero indígena y un sistema normativo
propio.

12.
En atención a que la posesión de dicha comunidad sobre las fincas fue perturbada
por la ocupación irregular por asociaciones campesinas y porque la ANT no concretó
las acciones administrativas y judiciales para recuperar el predio, se accedió al
amparo de sus derechos y se ordenó a dicha entidad activar la vía que considerara
idónea para lograr la aprehensión material de los terrenos, si no lo hubiere hecho.
De otro lado, al no haber brindado información clara a la comunidad Aywjawashi
sobre el avance real del procedimiento administrativo especial de adjudicación, se
conminó a la ANT para que les informara lo pertinente.

13.
Finalmente, aseveró que el actor interpone tutela contra tutela y no se probó la
existencia de fraude en la decisión cuestionada. Sumado a que, la pretensión de
dejar sin efectos el fallo de tutela del 13 de noviembre de 2025 no generaría ningún
impacto en la controversia, pues lo discutido en ambos procesos es totalmente
disímil. En todo caso, los argumentos del actor giran en torno a falencias en que
incurrió la ANT al adjudicar el predio Cerrito de La Palma.

(ii) Cabildo Indígena Aywjawashi
14.
Indicó que, mediante acta del 15 de junio de 2023, la ANT entregó formalmente
las fincas La Victoria y Costa Rica al representante de este Cabildo, mientras se
culminaba el proceso de legalización de la adjudicación de esas tierras. No obstante,
desde el año 2024, la comunidad indígena que el actor dice representar perturbó la
posesión de los predios, sin que se tomaran medidas efectivas sobre el particular,
por lo que la comunidad Aywjawashi interpuso tutela y en fallo del 13 de noviembre
de 2025, proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, se ampararon los
derechos fundamentales de la comunidad de El Jordán y se ordenó tomar medidas
pertinentes para la recuperación del territorio, lograr la terminación del proceso de
adjudicación e informar de ello al Cabildo.

15.
Pidió declarar improcedente la tutela porque se dirige contra una sentencia
proferida en un proceso de la misma naturaleza, sin que se haya probado vulneración
alguna a los derechos de la parte actora.

(iii) Presidencia de la República
16.
Solicitó su desvinculación del trámite de tutela al estimar que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que no se alegan actuaciones u
omisiones de la Presidencia que hayan implicado vulneración a los derechos
fundamentales invocados, en adición a que no es competente para atender las
pretensiones. A su vez, pidió declarar la improcedencia del amparo porque los
reclamos presentados por la parte accionante cuestionan actuaciones de la ANT que

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ya fueron estudiadas por la Sección Quinta del Consejo de Estado, a fin de retrotraer
un procedimiento administrativo especial sobre el que no se conoce irregularidad
alguna.

(iii) Ministerio del Interior

17.
Alegó falta de legitimación material en la causa por pasiva y solicitó su
desvinculación, bajo el argumento de que los hechos en que se sustenta la presunta
vulneración de derechos no le son atribuibles.

18.
En atención al requerimiento realizado en el auto admisorio, informó que en “el
Sistema de Información Indígena de Colombia -SIIC-, (…) se encuentra registrada (sic) la
señora JANET DEL CARMEN HERNANDEZ VILORIA (…), en el cargo de Capitán Menor
de la comunidad Indígena CERRITO DE LA PALMA (…) para el período del 15 de Mayo
de 2023 al 31 de Diciembre de 2025”.

II. CONSIDERACIONES

C. Cuestión Previa

19.
La Sala negará las solicitudes de desvinculación propuestas por la Presidencia de
la República y el Ministerio del Interior, toda vez que les asiste un interés legítimo
para intervenir en el presente asunto, en la medida que ostentaron la calidad de
demandados dentro del proceso de tutela en el cual se profirió la providencia que se
pretende dejar sin efectos.

D. Análisis del caso concreto

20. La Sala considera que el estudio de la acción de tutela solo es procedente
respecto a la presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Romero
Padilla, dado que no probó ser el representante de la comunidad indígena del Cerrito
de La Palma.

21. En auto del 27 de noviembre de 2025, se requirió al accionante para que, en el

término de dos días, contados a partir de la notificación de dicho proveído, aportara
los documentos que lo facultaban para ejercer la acción de tutela en representación
del Cabildo Menor Cerrito de La Palma – Zenú. Sobre el particular, el 5 de diciembre
de 20257 el accionante únicamente allegó constancia expedida por la Dirección de
Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior en la que se menciona
que, consultado el auto-censo sistematizado y aportado por la Comunidad Indígena,
se encuentra que es integrante de dicha colectividad, sin hacer mención a que fuera
representante elegido por el Cabildo para ostentar su representación.

7 Índice 10, SAMAI.

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22. Ante la falta de certeza sobre la calidad que dice ostentar, en auto admisorio del

19 de diciembre de 2025, se requirió a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y
Minorías del Ministerio del Interior para que informara “quién ostenta en la actualidad
la representación de la Comunidad Indígena… y allegue los soportes documentales
correspondientes”8. Dicha entidad dio respuesta al requerimiento, informando que la
señora Janet del Carmen Hernández Viloria ostentaba el cargo de Capitán Menor
de la mencionada comunidad Indígena, para el período del 15 de mayo de 2023 al
31 de diciembre de 2025.

23. Acorde a esto, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa del

señor Romero Padilla para actuar a nombre del Cabildo Menor de Cerrito de La
Palma, por no haber acreditado que ostenta su representación.

24. Además, el señor Romero Padilla tampoco acreditó actuar en calidad de agente

oficio del referido Cabildo y/o de las 60 familias que integran la comunidad indígena
y que se encuentran conformadas, según su dicho, por miembros en condición de
discapacidad. Si así fuera, debió aportar pruebas que permitieran verificar los
sujetos individualizados o personas titulares de los derechos fundamentales
presuntamente conculcados, y que estos se encontraban en circunstancias que les
impedía actuar directamente.

25. En este punto se precisa que, si bien el actor no afirmó presentar el amparo como

agente oficioso, indicó que era inconstitucional y violatorio a su condición de
comunidad minoritaria, pedir un listado o censo en el que se identificaran las
personas en condición de discapacidad pertenecientes a cada familia indígena, para
que se admitiera la tutela a su favor. A su juicio, era deber del juez de tutela ordenar
a las autoridades competentes allegar dicha información.

26. Reiterada jurisprudencia constitucional, se ha indicado que quien alega tener el

interés de presentar la acción de tutela, debe acreditar debidamente que goza de
las calidades para representar a quienes presuntamente no pueden hacerlo por sí
mismos. Esto, porque se reconoce que “no obstante las buenas intenciones de
terceros, quien decide si pone en marcha los mecanismos para la defensa de sus
propios intereses, es sólo la persona capaz para hacerlo”9.

27. Por demás, se encontró acreditado que en el proceso de tutela 2025-01324-
00/01, actuó la señora Janeth del Carmen Hernández Viloria, en su condición de
capitana del Cabildo Menor de Cerrito de La Palma. Esa calidad también fue
certificada por el Ministerio del Interior en su contestación. Tal circunstancia denota
que en el proceso de tutela dentro del cual se adoptó la decisión que cuestiona, el
señor Romero Padilla no actuó bajo la calidad que aduce tener dentro de la
comunidad indígena.

8 Índice 18, SAMAI.
9 Corte Constitucional, sentencias T-461 de 2021, T-899 de 2001 citada en el fallo T-072 de 2019, entre otras.

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28. Ahora bien, descendiendo a analizar la presunta vulneración de derechos
fundamentales del señor Romero Padilla, la Sala anticipa que declarará la
improcedencia del amparo, porque esta se dirige cuestionar un acto administrativo
presuntamente expedido por la ANT, respecto del cual no se aportó su copia, ni
ningún otro dato básico que permitiera identificarlo, sumado a que se dirige a
cuestionar un fallo de tutela, y no cumple con la carga argumentativa exigida para
demostrar la existencia de una situación fraudulenta.

29. El accionante se limitó a asegurar que la ANT profirió un acto administrativo

mediante el cual se adjudicó las fincas La Victoria y Costa Rica, ubicadas en Cerrito
de La Palma, territorio cuya propiedad y posesión ancestralmente, la ostenta el
Cabildo Menor del Cerrito de Palma, no el Cabildo Aywjawashi de El Jordán, como
dicha entidad lo reconoció erróneamente.

30. Precisó que tal decisión administrativa fue avalada en fallo de tutela proferido por

la Sección Quinta del Consejo de Estado, con fecha del 13 de noviembre de 2025,
en la que se ampararon los derechos del Cabildo Aywjawashi, sin advertir que, para
adjudicar dichas tierras, se debió surtir el proceso de consulta previa con el Cabildo
Menor del Cerrito de La Palma.

31. Ante la falta de claridad sobre el acto administrativo enjuiciado y el alcance del

fallo de tutela, en auto del 27 de noviembre de 202510 se pidió al actor, entre otras
cosas, indicar el número y la fecha de expedición del acto objeto de demanda.

32. En escrito del 4 de diciembre de 2025, aseveró que “no corresponde a la
comunidad aportar el acto administrativo ni poder cuando la carga de la prueba debe
recaer en la entidad que ha vulnerado los derechos”11. Junto a este memorial, aportó
copia de la sentencia del 13 de noviembre de 2025, proferida por la Sección Quinta
del Consejo de Estado en el marco del proceso de tutela12 que promovió el Cabildo
Indígena Aywjawashi Jordán contra la ANT y la Presidencia de la República.

33. En el auto admisorio de la tutela, se pidió a la Secretaría General de esta
Corporación, otorgar acceso al expediente de la otra tutela y, en razón de ello, la
Sala pudo constatar que en dicho asunto, el Cabildo Indígena Aywjawashi solicitó
el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la libre asociación,
integridad personal y a la vida, presuntamente vulnerados porque si bien la ANT le
entregó unos inmuebles ubicados en un corregimiento de Sincelejo, para construir
un resguardo, no garantizó que estos estuvieran libres de ocupaciones ilegales, ni
adoptó acciones concretas para restituir la posesión efectiva. Además, porque la
Presidencia de la República omitió impartir directrices para la protección de la
propiedad de los pueblos indígenas.

10 Índice 4, SAMAI.
11 Índice 8, SAMAI.
12 Con radicado número 11001-03-15-000-2025-01324-01.

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34. La Sección Quinta encontró acreditado que en virtud de lo dispuesto en el artículo

64 de la Constitución y el Decreto 2363 de 2015, la ANT adelantó un proceso de
compra directa de los predios La Victoria y Costa Rica con una destinación
específica (constitución de un resguardo), la cual se cumplió con la entrega de estos
a la comunidad Aywjawashi, mientras se adelantaba el procedimiento administrativo
especial previsto en la Ley 160 de 1994 y el Decreto Ley 902 de 2017 para su
adjudicación, resaltando que: (i) mediante Resolución 27 del 11 de marzo de 2013,
el Ministerio del Interior inscribió en el Registro de Comunidades Indígenas a la etnia
Aywjawashi del Pueblo Zenú; (ii) dicha comunidad inició trámite ante la ANT para
constituir un resguardo con pretensión de reconocimiento de propiedad sobre las
fincas La Victoria y Costa Rica, con radicado 20226201509182 del 22 de junio de
2022; (iii) se efectuó visita a los referidos predios y la Dirección de Asuntos Étnicos
de la ANT consignó que no identificó problemas de colindancia o de ocupación; y,
(iv) la Unidad de Gestión Territorial de Sucre Noroccidente (UGT Sucre
Noroccidente) adelantó proceso en el que se formularon ofertas de compra, que
fueron aceptadas por el propietario de los predios, Rodolfo Quessep y se
protocolizaron con las escrituras de compraventa 870 y 871 del 18 de marzo de
2023.

35. Verificada la titularidad de los inmuebles a nombre de la ANT, la entidad llevó a

cabo diligencia de entrega material y provisional de estos a la comunidad
Aywjawashi, tal como consta en acta del 15 de junio de 2023. Diligencia que se
adelantó sin oposición alguna. Después, la UGT Sucre Noroccidente, mediante
memorando 202474000014933 del 24 de enero de 2024, le dio a conocer a la
Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT una serie de conflictos suscitados en los
predios La Victoria y Costa Rica y realizó una visita en la que constató una ocupación
irregular por parte de asociaciones campesinas.

36. El 26 de enero de 2024, la Dirección de Asuntos Étnicos de la ANT adelantó una

mesa de diálogo con el Ministerio Público, la UGT Sucre Noroccidente, el vendedor
de los predios, el Cabildo Indígena Aywjawashi y las asociaciones campesinas con
el fin de verificar el estado del conflicto. En dicho encuentro se firmó, en principio,
un pacto de no agresión y respeto por los contratos y cultivos existentes. Sin
embargo, la Subdirección de Administración de Tierras la Nación -SATN- advirtió la
necesidad de analizar, en asocio con la UGT Sucre Noroccidente, el inicio imperativo
del procedimiento policivo previsto en la Ley 1081 de 2016 porque continuó
presentándose un conflicto interétnico por la propiedad de las tierras.

37. La Sección Quinta concluyó que estaba probado que la ANT no culminó el
procedimiento administrativo especial de adjudicación y, por ende, la propiedad de
las fincas continuaba en esa entidad, habiendo transcurrido más de tres años desde
que conoció de la solicitud de constitución de resguardo indígena. Además, si bien
había apoyado mesas de diálogo y efectuado visitas al predio, no había prueba de
que hubiera iniciado acciones administrativas y judiciales para recuperar los predios,

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entre estos, el procedimiento para la recuperación y/o aprehensión material de
bienes de su propiedad reglado en el Decreto Ley 2363 de 2015.

38. Así, revocó la decisión de primera instancia y amparó el derecho fundamental al

debido proceso de la comunidad Aywjawashi. Ordenó a la ANT a que en un término
de 48 horas iniciara los procedimientos administrativos y las acciones judiciales que
considerara pertinentes para lograr recuperar las fincas, si aún no lo había hecho;
además, que brindara información al Cabildo accionante respecto del estado de la
adjudicación de los predios y el tiempo que estimaba necesario para definirla.

39. Precisó que al juez de tutela le estaba vedado ordenar la adjudicación de los

predios La Victoria y Costa Rica, por cuanto era una determinación que le
correspondía a la ANT, y no era procedente sustituir o desplazar las competencias
de otras entidades, ni para anticipar sus decisiones en determinados asuntos.

40. Acorde a lo hasta aquí expuesto, es claro que la acción de tutela instaurada por

el señor Richard Romero, puede estar dirigida a cuestionar dos actos
administrativos, el primero, el acta de entrega material y provisional de los predios,
firmada el 15 de junio de 2023, o aquel que posiblemente haya dictado la ANT en
cumplimiento de lo dispuesto en el fallo de tutela cuestionado, en el que haya dado
finalización al proceso de adjudicación de las fincas. Se parte de esa incertidumbre
porque, a pesar de haber sido requerido, el accionante no informó de manera precisa
a qué decisión administrativa se refería, pues solamente indicó que su objeción se
refería a aquella con la que la ANT adjudicó los mencionados predios a la otra
comunidad.

41. Esta Sala aclara que sea cual sea el acto administrativo que se cuestiona, resulta

diáfano que lo realmente censurado por el demandante es aquello decidido por la
Sección Quinta en el fallo de tutela proferido el 13 de noviembre de 2025. Esto,
porque, si lo que se buscó fue dejar sin efectos el acta material de entrega de los
predios suscrita en 2023, sobre esta se centró el pronunciado de la autoridad judicial
accionada en el proceso de tutela promovido por la comunidad Aywjawashi. Por otro
lado, en caso de que se buscara revocar el acto que posiblemente haya proferido la
ANT dando finalización al proceso de adjudicación que estaba pendiente respecto
de las fincas, este se considera un acto de ejecución de las órdenes dadas en el
mismo amparo.

42. Bajo ese entendimiento, se está ante un caso de tutela contra una sentencia

proferida en otro proceso de igual naturaleza, encontrándose que el actor no cumplió
con la carga argumentativa exigida para demostrar la existencia de una situación
fraudulenta.

43. La Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcionalísima de la acción

de tutela contra una sentencia proferida en un proceso de la misma naturaleza,
siempre que, además de cumplir los requisitos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, la demanda no
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comparta identidad procesal con la solicitud de amparo que se pretende cuestionar,
no exista otro mecanismo para remediar la situación alegada y se demuestre, a
través de una exigente carga argumentativa, que la providencia acusada fue
producto de un actuar fraudulento13.

44. Para acreditar esta última exigencia, es imperativo que la parte promotora de la

acción demuestre -con base en fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes-,
por un lado, que el juez constitucional incurrió en un actuar doloso o
extremadamente negligente, que se opone a los principios básicos que orientan la
labor de administrar justicia; y, por otro, que el fallo acusado no puede ser admitido
debido a que resulta evidentemente incorrecto14.

45. En el presente asunto, el accionante se limitó a sustentar los yerros endilgados al

fallo acusado como si únicamente se tratara de una acción de tutela contra
providencia judicial, obviando la carga argumentativa adicional que se impone
cuando la sentencia objetada fue dictada en un proceso de tutela, la cual, como ya
se indicó, debe estar orientada a evidenciar que la misma se profirió con fines
ilegales vinculados a una intención dolosa o que se deriva de una interpretación que
riñe abiertamente con los postulados constitucionales o la buena fe judicial.

46. En síntesis, la parte actora alegó que las autoridades enjuiciadas incurrieron en

desconocimiento del precedente judicial al desatender lo dispuesto en las sentencias
T-256 de 2018 y SU-123 de 2019, proferidas por la Corte Constitucional. Sumado a
que, no se pronunciaron respecto a la necesidad de haberse adelantado proceso de
consulta previa con el Cabildo Menor de Cerrito de La Palma, antes de adjudicar las
fincas ubicadas en dicho corregimiento, a la comunidad Aywjawashi.

47. Sin embargo, en ninguno de sus argumentos hizo mención alguna a una posible

configuración de un fraude en las sentencias acusadas. Además, del contenido de
la decisión enjuiciada tampoco se desprende que haya sido producto de una
situación fraudulenta, ni mucho menos el resultado de alguna infracción al deber
básico de conducta que atente abiertamente con la labor de administrar justicia.

48. Bajo ese escenario, resulta claro que los reparos que sustentaron la vulneración

alegada únicamente obedecen a una inconformidad respecto al criterio adoptado
por el juez de tutela, pero no propiamente a una situación de fraude que amerite una
protección constitucional. En consecuencia, la Sala declarará improcedente el
amparo deprecado en la demanda.

49.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,

13 Al respecto, ver sentencia SU-627 de 2015.
14 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2019.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2025-07493-00
Accionante: Richard Miguel Romero Padilla
Accionado: Consejo de Estado – Sección Quinta y otra

III. RESUELVE

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación planteadas por la Presidencia
de la República y el Ministerio del Interior.

SEGUNDO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA del señor Richard Miguel Romero Padilla para representar al Cabildo Menor
de Cerrito de La Palma, en la presente acción de tutela.

TERCERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, en atención a
que el accionante no cumplió con la carga argumentativa exigida para demostrar la
existencia de una situación fraudulenta en la adopción del fallo de tutela cuestionado.

CUARTO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

QUINTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

15 VF

11

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