Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01324-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-01324-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-01324-00
Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-01324-00
Accionante: Cabildo Indígena Aywjawashi
Accionados: Agencia Nacional de Tierras –ANT– y otro
Asunto: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: Requisito lógico–jurídico. Sentido del fallo de tutela:
Se declara improcedente el amparo.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada, a través de su capitán, por el Cabildo
Indígena Aywjawashi en contra de la Agencia Nacional de Tierras –ANT– y de la
Presidencia de la República.
I. ANTECEDENTES
1.- La solicitud de tutela
El 6 de marzo de 20252 el cabildo tutelante interpuso esta acción constitucional en
procura de la protección de sus derechos al debido proceso, a la libre asociación, a
la integridad personal y a la vida, los cuales considera vulnerados, por cuanto la
ANT le adjudicó unos inmuebles ubicados en un corregimiento de Sincelejo, sin
garantizar que estos estuvieran libres de ocupaciones ilegales, lo que ha generado
conflictos de distinta naturaleza; además, aunque fue notificada de esta situación,
no ha tomado acciones concretas para restituir la posesión efectiva. Asimismo,
afirma que la Presidencia de la República ha omitido impartir directrices para la
protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
2.- Hechos
2.1.- Afirma Rafael Segundo Martínez Villamil que fue elegido y posesionado como
capitán del Cabildo Indígena Aywjawashi del municipio de Sincelejo, Sucre, para el
1 Obra escrito de tutela a folios 1-4 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
D5B1DC04B22D87E9 7844F49D5308371C 1FAB9F2EDF2A8835 F9FE3EDB1861BC6D.
2 Obra correo electrónico en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado
375830EE181D04A8 0F5EBCC5C1E61C81 B2D4133C008F6E5F 530AE4A6BCDC175E.
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Accionados: ANT – y otro
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periodo 2024-2026. La Agencia Nacional de Tierras adjudicó a ese cabildo las fincas
“La Victoria” y “Costa Rica”, ubicadas en el corregimiento Cerrito La Palma,
jurisdicción de Sincelejo. Sin embargo, al momento de la entrega, las fincas estaban
invadidas por terceros ajenos a la comunidad, lo que ha generado conflictos, pérdida
de cultivos, deforestación y tala de árboles3.
2.2.- Igualmente la parte convocante señala que, a pesar de que la ANT fue
notificada de esta situación y realizó una visita ocular en la que confirmó las
circunstancias en que se encuentran los predios, no ha adoptado medidas
efectivas4.
3.- Fundamentos de la acción de tutela
El Cabildo Indígena Aywjawashi considera que se vulneraron sus derechos
fundamentales, en la medida en que la ANT le entregó los predios “La Victoria” y
“Costa Rica” sin garantizar que estuvieran libres de invasiones y no ha hecho nada
para solucionar los conflictos que se han presentado entre los distintos ocupantes.
Igualmente, estima que la Presidencia de la República también trasgredió sus
prerrogativas por no impartir instrucciones claras sobre la protección de los
derechos de los pueblos indígenas.
4.- Pretensiones de la acción
En el escrito introductorio se solicitó (i) tutelar los derechos cuya omisión se
denuncia; (ii) ordenar a la ANT determinar a cuál comunidad pertenecen las fincas
entregadas; (iii) disponer que la ANT resuelva los conflictos que se presentan entre
los invasores y los miembros de la comunidad indígena; y (iv) instruir a la ANT para
que adjudique al Cabildo Indígena Aywjawashi el título de propiedad de los predios
“La Victoria” y “Costa Rica”.
3 A folios 1-2 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado D5B1DC04B22D87E9
7844F49D5308371C 1FAB9F2EDF2A8835 F9FE3EDB1861BC6D.
4 Ibidem.
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5.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia y fundamento de la
oposición
5.1.- Mediante auto del 10 de marzo del 2025 el despacho ponente admitió la acción
de tutela y vinculó a la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del
Ministerio del Interior y a la Alcaldía de Sincelejo. También dispuso la notificación a
las partes y al vinculado.
5.2.- El municipio de Sincelejo afirmó que puso en conocimiento de las autoridades
competentes las disputas interétnicas que se presentan respecto a las fincas y, por
ende, pidió que se negaran las pretensiones, pues ha realizado las actuaciones que
le corresponden. Igualmente, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.
5.3.- La ANT manifestó que ha cumplido con sus competencias al adjudicar y
entregar materialmente los predios “La Victoria” y “Costa Rica” al Cabildo Indígena
Aywjawashi el 15 de junio de 2023, momento en el cual no se registró oposición
alguna por terceros. No obstante, posteriormente tuvo conocimiento de conflictos
relacionados con la presencia de otras comunidades en la zona, situación que ha
atendido mediante mesas de diálogo, visitas técnicas, socialización de resultados y
solicitudes de evaluación jurídica y ambiental para determinar posibles acciones
administrativas o judiciales.
Esta agencia sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente por no cumplir
con el principio de subsidiariedad, ya que existen mecanismos judiciales y
administrativos ordinarios, como la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, la acción reivindicatoria o los procesos policivos, que resultan adecuados
para resolver el conflicto. Indicó que no se ha demostrado que esos medios sean
ineficaces o que haya un perjuicio irremediable que justifique la intervención del juez
constitucional. En efecto, precisó que la controversia no constituye una vulneración
directa de derechos fundamentales, sino una situación de orden territorial que debe
ser resuelta conforme al diseño institucional y mediante los procedimientos
establecidos.
5.4.- El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom
y Minorías, argumentó que no tiene ninguna responsabilidad frente a los hechos
expuestos en la acción de tutela, pues no existe un nexo de causalidad entre sus
actuaciones y la presunta vulneración de derechos alegada. Aseveró que carece de
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legitimación en la causa por pasiva, ya que no tiene competencia legal para
intervenir en procesos de adjudicación de tierras ni en la solución de conflictos
territoriales, funciones que corresponden exclusivamente a la Agencia Nacional de
Tierras.
5.5.- El DAPRE solicitó su desvinculación del proceso por falta de legitimación en la
causa por pasiva. Argumentó que no tiene competencia funcional para intervenir en
las actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras, entidad encargada de la
administración, entrega y titulación de predios rurales en Colombia. Explicó que,
aunque recibió una petición por parte del cabildo accionante, esta fue redirigida a
las entidades competentes. En consecuencia, alegó que no ha vulnerado los
derechos fundamentales denunciados, por lo que la tutela debe declararse
improcedente y negarse en lo que a ella respecta.
5.6.- En providencia del 2 de abril de 2025 este despacho vinculó a la Asociación
de Campesinos Productores del Cerrito de la Palma —Asocamprocepal—; a la
Asociación Campesina Sembrando Vida Paz y Esperanza —Asosemvida—; a la
Asociación de Campesinos Labrando Esperanza —Asocalae—; al Cabildo Menor
indígena Cerrito de la Palma; y a las personas que, sin pertenecer a estas
asociaciones campesinas y al cabildo indígena aludido, también son ocupantes de
los predios “La Victoria” y “Costa Rica”.
5.7.- Janeth del Carmen Hernández Viloria, capitana del Cabildo Cerrito de la
Palma, señaló que las fincas “La Victoria” y “Costa Rica” se encuentran dentro de
su territorio ancestral, adscrito al Resguardo San Andrés de Sotavento, y que no ha
habido ocupación ilegal. Alegó que la Agencia Nacional de Tierras adjudicó las
tierras al cabildo accionante sin realizar la consulta previa, por lo que se vulneraron
los derechos territoriales y de subsistencia del resguardo que representa, lo que
podría generar un conflicto entre comunidades indígenas. Solicitó que no se emitiera
fallo sin que se garantice un proceso consultivo. Posteriormente allegó otro
memorial en el que se refirió a la consulta previa y pidió que se inadmita y niegue la
tutela y reiteró el deber de efectuar una consulta previa.
5.8.- Asosemvida y Asocalae informaron que, junto con otra asociación campesina,
han usufructuado los predios objeto de disputa por más de 10 años, por lo que la
ANT reconoció la necesidad de compensarlos con inmuebles equivalentes. Precisó
que el cabildo accionante ha sido irresponsable en cuanto a la explotación de la
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tierra que se le adjudicó y pretende de mala fe quedarse con la totalidad de las
fincas. Por ende, afirmaron que esta acción es inocua, inidónea e improcedente.
5.9.- Julio Cesar Villalba Montes afirmó ser la legítima autoridad del Cabildo
Aywjawashi El Jordán, elegido por la Asamblea General el 1 de diciembre de 2024.
Aclaró que el accionante no representa al cabildo. Indicó que los predios “La
Victoria” y “Costa Rica” fueron adquiridos por la Agencia Nacional de Tierras fuera
del territorio de origen de su comunidad y dentro del territorio ancestral de otro
resguardo indígena. Reconoció que esas fincas pertenecen a dicha jurisdicción y
propuso que se reubique a la comunidad del Cabildo Aywjawashi en otro territorio
sin conflictos. Planteó la creación de una mesa de trabajo con las autoridades
pertinentes para resolver la disputa. Solicitó desestimar las pretensiones del
accionante, bajo el argumento de que busca beneficiar a terceros y no a la
comunidad.
5.10.- En atención a la respuesta de Villalba Montes se expidió auto del 12 de mayo
del año en curso, mediante el cual se requirió a la Dirección de Asuntos Indígenas,
Rom y Minorías del Ministerio del Interior para que informara quién ostenta
actualmente la calidad de capitán y representante del Cabildo Indígena Aywjawashi.
5.11.- La entidad referida comunicó que Rafael Segundo Martínez Villamil, quien
radicó esta tutela, ostenta el cargo de capitán de la comunidad indígena Aywjawashi
El Jordan según acta de elección del 10 de diciembre de 2023 y con acta de
posesión del 17 de febrero de 2024.
II. CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela incoada por el Cabildo
Indígena Aywjawashi en contra de la Agencia Nacional de Tierras –ANT– y de la
Presidencia de la República de conformidad con lo establecido en los artículos 86
de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Acuerdo 080 de 2019 de
la Sala Plena del Consejo de Estado.
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2.- Problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si las autoridades accionadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte actora. Para ello, en primera medida
se analizará la procedibilidad de este mecanismo de amparo.
3.- Cuestión preliminar
La legitimación en la causa se refiere, de una parte, a la titularidad del derecho o
interés que fundamenta las pretensiones (legitimación por activa) y, de otra, al sujeto
frente a quien se dirigen las reclamaciones (legitimación por pasiva). Si el
demandante carece de legitimación, no puede obtener satisfacción de sus
pretensiones, pues no es acreedor del derecho invocado. De igual manera, si el
demandado no está legitimado, no puede ser obligado a cumplir una prestación que
corresponde a otra persona. En materia de tutela, el artículo 10 del Decreto 2591
de 1991 establece que la acción debe ser promovida por el titular del derecho
vulnerado, aunque también puede ser ejercida por su representante legal, su
apoderado judicial, su agente oficioso, el defensor del pueblo o el personero
municipal.
Se debe destacar que, ante la respuesta allegada por Julio Cesar Villalba Montes,
en la cual informó que la persona que radicó esta tutela en calidad de capitán del
Cabildo Indígena Aywjawashi no tiene legitimación para representar a esa
comunidad, esta magistratura elevó la consulta al órgano competente de certificar
tal calidad y este contestó que actualmente es Rafael Segundo Martínez Villamil5,
quien suscribió el escrito introductorio, el que ostenta la capitanía del resguardo en
comento. Por ende, al no versar esta acción constitucional sobre este aspecto, sino
respecto al usufructo de unos inmuebles, este fallo no ahondará sobre este tópico y
considerará acreditada la legitimación en la causa por activa en el asunto concreto,
pues así lo confirmó la autoridad responsable.
5 Como consta en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 37, con certificado F5615274A0666CE5
03916A2D87D3614B F30B43C962B39E65 82745625CFEAC191.
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4.- Improcedencia de la acción de tutela ante la inexistencia de una conducta
respecto de la cual se pueda efectuar el juicio de vulnerabilidad de derechos
fundamentales en el caso concreto
4.1.- El objeto de la acción de tutela es la protección efectiva, inmediata, concreta y
subsidiaria de los derechos fundamentales “cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares” de conformidad con lo establecido en el artículo 86 superior y
en el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991.
En consecuencia, este mecanismo de amparo se torna improcedente, entre otras
causas, cuando no existe una actuación u omisión del agente accionado a la que
se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneración de las garantías
fundamentales en cuestión6.
Al respecto, en las providencias SU-975 de 2003 y T-883 de 2008, la Corte
Constitucional afirmó: “(…) para que la acción de tutela sea procedente requiere
como presupuesto necesario de orden lógico-jurídico, que las acciones u omisiones
que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan”7, ya que “sin la
existencia de un acto concreto de vulneración a un derecho fundamental no hay
conducta específica activa u omisiva de la cual proteger al interesado”8.
En el mismo sentido en la sentencia T-130 de 2014 se explicó:
“(…) si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre
la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipotéticas, y que por tanto no
se hayan concretado en el mundo material y jurídico, ello resultaría violatorio del debido
proceso de los sujetos pasivos de la acción, atentaría contra el principio de la seguridad
jurídica y, en ciertos eventos, podría constituir un indebido ejercicio de la tutela”.
Entonces, cuando el juez constitucional no encuentre ninguna conducta atribuible al
accionado respecto a la cual se pueda determinar la presunta amenaza o violación
de un derecho fundamental, se debe declarar la improcedencia de la acción de
tutela.
6 El Artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 expresó aquello de la siguiente manera: “La acción de tutela procede
contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera
de los derechos de que trata el artículo 2º de esta ley. También procede contra acciones u omisiones de
particulares, de conformidad con lo establecido en el Capítulo III de este decreto (…)”.
7 Corte Constitucional, T-883 de 2008.
8 Corte Constitucional, SU-975 de 2003.
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4.2.- En el presente asunto, la parte accionante manifestó que se vulneraron sus
derechos fundamentales como comunidad indígena, debido a que la ANT le
adjudicó dos predios, denominados “La Victoria” y “Costa Rica”, los cuales se
encuentran ocupados por terceros. A su juicio, esta circunstancia ha dado lugar a
conflictos permanentes con dichas personas y ha generado un entorno de tensión
e inseguridad para los miembros del resguardo. Igualmente, cuestionó que la
Presidencia de la República no ha impartido instrucciones claras para garantizar el
goce efectivo de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras informó haber cumplido con sus
competencias institucionales, y precisó que, en el marco de su competencia, ha
propiciado mecanismos de diálogo para enfrentar los conflictos derivados de esta
controversia. En ese sentido, sostuvo que ha convocado mesas de concertación
con participación del Ministerio Público y de los diferentes actores involucrados en
el conflicto. Además, relató que ha adelantado visitas de campo, promovido
espacios de conversación y socialización y solicitado la evaluación jurídica y
ambiental de los predios en disputa, con el objetivo de establecer una base técnica
y legal que oriente las decisiones institucionales sobre la titularidad, uso y protección
de estos territorios.
De igual manera, al analizar los memoriales allegados en el curso de este trámite,
esta Sala observa que los predios mencionados se encuentran en medio de una
situación jurídica compleja e indefinida, en la que confluyen intereses de diversos
sectores sociales. En efecto, no solo el cabildo accionante reclama derechos sobre
los inmuebles, sino que también se presentan pretensiones por parte de
asociaciones campesinas, otro resguardo indígena y ocupantes de hecho, quienes
afirman tener vínculos materiales y jurídicos con la tierra. Esta superposición de
reclamaciones plantea un escenario de alta conflictividad, que trasciende el marco
individual del resguardo demandante.
A ello se suma la existencia de divisiones internas dentro del propio Cabildo
Indígena Aywjawashi. Aunque el Ministerio del Interior certificó que la persona que
actúa como capitán del resguardo es la misma que interpuso la presente acción,
también es cierto que se allegaron manifestaciones de integrantes disidentes de esa
comunidad, quienes no solo cuestionan la legitimidad de las pretensiones
formuladas en esta tutela, sino que solicitan que se protejan los derechos de los
terceros ocupantes. Esta situación evidencia una fractura en la representación
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colectiva del cabildo, lo cual incide directamente en la claridad de las prerrogativas
invocadas como vulneradas.
En ese orden de ideas, esta Sala considera que no se encuentra plenamente
satisfecha la exigencia lógica y jurídica de determinación clara del derecho
fundamental presuntamente conculcado, ni de la acción u omisión atribuible a las
entidades accionadas que pudiera ser objeto de reproche constitucional. En efecto,
ante la ausencia de certeza respecto del dominio y posesión sobre los predios y
frente a la inexistencia de un reconocimiento institucional pacífico y definitivo de los
beneficiarios, no resulta viable establecer que exista una conducta activa u omisiva
por parte de la ANT que vulnere los derechos fundamentales del cabildo
peticionario. En consecuencia, se concluye que no se configura, en este caso, la
procedencia de la acción de tutela, mientras no se dirima previamente el conflicto
intercomunitario sobre la titularidad y ocupación legítima de los inmuebles objeto de
controversia.
Igualmente, es relevante traer a colación que, en cualquier caso, la agencia aludida
es la responsable de la administración de tierras y de gestionar las políticas de
acceso y garantizar la seguridad en el uso de estas9, por ende, el juez constitucional
no puede desconocer tales atribuciones legales y usar este mecanismo para
desplazar la competencia del órgano ejecutivo que debe solucionar, en primer lugar,
los conflictos suscitados. Sumado a que, según se expuso, la entidad en comento
no ha sido ajena a las peticiones por parte de la comunidad actora y ha adoptado
múltiples medidas con el propósito de poner fin a los conflictos presentados.
4.3.- Finalmente, la parte actora reprocha que la Presidencia de la República no ha
impartido directrices claras orientadas a la protección de los derechos a la tierra de
las comunidades indígenas. No obstante, al igual que lo señalado respecto al cargo
anterior, esta inconformidad carece de un sustento lógico-jurídico suficiente, en
tanto no se fundamenta en el incumplimiento concreto de funciones legales o
constitucionales atribuibles a dicha entidad. Por el contrario, se trata de un
cuestionamiento general y abstracto, que no permite establecer una relación directa
con la trasgresión de derechos fundamentales específicos en el caso objeto de
análisis.
9 Tomado del informe allegado por el DAPRE.
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5.- Así las cosas, se concluye que el amparo deprecado debe ser declarado
improcedente.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de amparo de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión al día siguiente de su ejecutoria, conforme con lo dispuesto en el artículo
31 del Decreto 2591 de 1991, siempre que no sea objeto de impugnación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
Ausente con excusa
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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