Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2016-00774-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-001-2016-00774-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-001-2016-00774-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
24 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado 76001-23-33-001-2016-00774-02 (0941-2026)1
Demandante Eduardo Silva Orozco
Demandada Procuraduría General de la Nación
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Prima especial de servicios (artículo 14 de la Ley 4ª de
1992)
Decisión Sentencia de segunda instancia.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de
la sentencia del Catorce (14) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda3.
1.1 Pretensiones.
1. El señor Eduardo Silva Orozco, por conducto de apoderado judicial, promovió el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de obtener la
nulidad de la Resolución No. 1038 del Veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015) y del Oficio SG 002027 del Siete (7) de mayo de Dos Mil Quince (2015), mediante
los cuales, la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, negó el
reconocimiento y pago de la reliquidación de la prima especial de servicios, así como, el
reconocimiento de su naturaleza salarial y la consecuente reliquidación de los salarios y
demás prestaciones sociales, con fundamento en la sentencia proferida el Veintinueve
1
Expediente híbrido.
2
Sala compuesta por los magistrados: Diego León Gómez Martínez, Gonzalo Perdomo Cabrera y María Eugenia Clavijo.
3
Folio 05 a 14 del cuaderno principal.
2
Interno: 0941-2026
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
(29) de abril de Dos Mil Catorce (2014) por el Consejo de Estado, dentro del expediente
No. 11001-03-25-000-2007-00087-00.
2. Asimismo, solicitó la inaplicación de los decretos mediante los cuales, se fijaron las
remuneraciones de los servidores de la Procuraduría General de la Nación, para los años
comprendidos entre Dos Mil Siete (2007) y Dos Mil Dieciséis (2016), por considerar que
reproducían disposiciones declaradas nulas por el Consejo de Estado. A título de
restablecimiento del derecho, pidió ordenar a la entidad demandada reconocer y pagar,
desde el mes de octubre de Dos Mil Ocho (2008) y hacia el futuro, las diferencias
derivadas del reconocimiento de la prima especial de servicios equivalente al Treinta por
Ciento (30 %) de la remuneración, así como, su incidencia salarial y prestacional en los
salarios, prima de servicios, cesantías, vacaciones, prima de vacaciones, prima de
navidad, bonificación por actividad judicial, intereses a las cesantías, aportes a pensión
y demás emolumentos laborales.
3. Finalmente, solicitó que se ordenara el pago de las sumas adeudadas, con los
descuentos y traslados correspondientes al sistema pensional para efectos de la
reliquidación de la prestación, junto con los intereses moratorios en caso de
incumplimiento de la sentencia y la condena en costas.
1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:
4. El señor Eduardo Silva Orozco señaló que, ingresó a la Procuraduría General de la
Nación, en el mes de octubre de Dos Mil Ocho (2008), al cargo de Procurador 60 Judicial
I, Administrativo, el cual, continuaba desempeñando para la fecha de presentación de la
demanda. Indicó que, dicho empleo es equivalente al de juez del circuito, conforme al
artículo 280 de la Constitución Política, y que contaba con aproximadamente Siete (7)
años y Cinco (5) meses de servicio continuo.
5. Expuso que, el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, facultó al Gobierno Nacional, para
establecer una prima especial de servicios en favor, entre otros, de los agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial, y que, en desarrollo de dicha
disposición, se expidieron sucesivos decretos salariales que determinaron la forma de
liquidación de esa prestación. Afirmó que, tales normas fueron interpretadas y aplicadas
de manera errónea, pues el porcentaje correspondiente a la prima especial se restaba de
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Interno: 0941-2026
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
la remuneración básica, en lugar de adicionarse a esta, con incidencia negativa en el
salario y en las prestaciones sociales.
6. Manifestó que, mediante sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce
(2014), proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente No. 11001-03-25-000-
2007-00087-00, se declaró la nulidad de los decretos que reproducían dicha
interpretación, al establecerse que la prima especial de servicios debía calcularse sobre
el salario básico y adicionarse a este, como un reconocimiento económico adicional.
7. Indicó que, en ejercicio del derecho de petición, solicitó a la Procuraduría General de
la Nación, la inaplicación de los decretos salariales cuestionados, así como, la
reliquidación y pago de la prima especial de servicios, con incidencia en los salarios,
prestaciones sociales, aportes pensionales y demás emolumentos laborales, desde
octubre de Dos Mil Ocho (2008). La petición fue negada mediante el Oficio SG 002027
del Siete (7) de mayo de Dos Mil Quince (2015) y la Resolución No. 1038 del Veintidós
(22) de diciembre de Dos Mil Quince (2015), actos contra los cuales interpuso el recurso
correspondiente, quedando agotada la vía gubernativa.
1.3 Normas violadas y concepto de violación.
8. La parte demandante, invocó como normas vulneradas, los artículos 2°, 6°, 13, 25, 29,
53, 58, 90, 123 y 209 de la Constitución Política; los artículos 15 y 21 del Código
Sustantivo del Trabajo; los literales a) y h) del artículo 2° y el artículo 10 de la Ley 4ª de
1992; y la Ley 270 de 1996.
9. Como concepto de violación, sostuvo que, la entidad demandada desconoció el
régimen salarial y prestacional aplicable al demandante, al negar la reliquidación de la
prima especial de servicios y sus efectos en las demás prestaciones laborales. Afirmó
que, el Gobierno Nacional, al expedir anualmente los decretos salariales, debía sujetarse
a los objetivos y criterios establecidos en la Ley 4ª de 1992, particularmente los
relacionados con la nivelación, la equidad y la prohibición de desmejorar los derechos
adquiridos de los servidores públicos.
10. Señaló que, la interpretación aplicada por la Administración, implicó restar el Treinta
por Ciento (30 %) de la remuneración mensual para presentarlo como prima especial de
servicios sin carácter salarial, lo cual, produjo una disminución de la asignación básica y
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Interno: 0941-2026
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
de la base de liquidación de las prestaciones sociales. En su criterio, dicha prima debía
reconocerse como un valor adicional a la remuneración, con incidencia en los factores
salariales y prestacionales correspondientes.
11. Indicó que, esa actuación vulneró los derechos a la igualdad, al trabajo y a la
remuneración, así como, los principios de favorabilidad, progresividad, irrenunciabilidad
de los derechos laborales y «a trabajo igual, salario igual», pues, el demandante habría
recibido un trato salarial menos favorable frente a otros Procuradores Judiciales, que
obtuvieron el reconocimiento del porcentaje reclamado por vía judicial.
12. Finalmente, sostuvo que, los decretos salariales que reprodujeron la regulación
cuestionada, habían sido declarados nulos por el Consejo de Estado, mediante sentencia
del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), por lo que la Administración debía
aplicar la interpretación más favorable del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y reconocer la
prima especial como un incremento adicional del Treinta por Ciento (30 %), con las
consecuentes reliquidaciones salariales y prestacionales.
2. Contestación de la demanda4.
13. La entidad demandada, no contestó la demanda, según obra en constancia
secretarial del Trece (13) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019).
3. Sentencia de primera instancia5.
14. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del Catorce (14)
de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, declaró probada de oficio la excepción de prescripción respecto de los valores
causados con anterioridad al Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Once (2011), y
dispuso:
«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional el artículo 9 de los Decretos 661 de 2008, 726
de 2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013, 9 y 10 del Decreto 186
de 2014. En su lugar, se dispone aplicar al sub lite los artículos 53 y 280 de la Constitución
Política, conforme con lo explicado en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los actos administrativos contenidos en la
Resolución No. 1038 del 22 de diciembre de 2015, proferido por la por la Secretaría General
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Folio 139 del cuaderno principal.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00083.
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Interno: 0941-2026
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
de la Procuraduría General de la Nación, y el Oficio SG 002027 del 07 de mayo de 2015,
proferido por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, en los
términos señalados en la presente providencia.
TERCERO: DECLARAR probada de oficio parcialmente la excepción de PRESCRIPCIÓN
de los valores reconocidos con anterioridad al 24 de septiembre de 2011, de acuerdo a lo
expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, se condenará a la parte demandada a
reconocer y pagar en favor de EDUARDO SILVA OROZCO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 16.699.186, la prima especial de servicios consagrada en el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30% respecto del 100% del salario
básico, a partir del 24 de septiembre de 2011, teniendo en cuenta la prescripción trienal, y
hasta que subsista la relación laboral, sin pasar por alto que a partir de la expedición del
Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios
debe ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica, en todo
caso según los tiempos de servicio prestados como Procurador judicial I, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en cuenta
que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para aportes a pensión de
jubilación.
La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos), de
EDUARDO SILVA OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.699.186, a
partir del 24 de septiembre de 2011, teniendo en cuenta la prescripción trienal, y hasta que
subsista la relación laboral, en todo caso según los tiempos de servicio prestados por la
parte demandante como Procurador Judicial I, teniendo en cuenta para tal efecto una base
de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado
erróneamente a título de prima especial, atendiendo también que, en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.
La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia siempre y
cuando la liquidación de los periodos a partir del 24 de septiembre de 2011, teniendo en
cuenta la prescripción trienal, y hasta que subsista la relación laboral, en la entidad
demandada en calidad de Procurador Judicial I, arrojen valores en favor de la parte
demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se
estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada
mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.
QUINTO: DECLARAR la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social
en pensiones desde el 9 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2020, en todo caso
atendiendo estrictamente a los lapsos en que fungió como Procurador Judicial I.
También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud debe ser igual de la contemplada en el Sistema General de
Pensiones.
En atención al reconocimiento del derecho ordenado, la entidad demandada debe realizar
los aportes al sistema de seguridad social integral; además, queda facultada para realizar
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Interno: 0941-2026
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
los respectivos descuentos de ley a la demandante con la finalidad de que se realicen los
mismos.
SEXTO: ORDENAR a la entidad demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2011, aplicando la siguiente fórmula
de actualización:
R= Rh Índice Final
Índice Inicial
La entidad demandada debe realizar los aportes al sistema de seguridad social con base
en el 100% del salario básico por el tiempo reconocido en la presente providencia, además,
queda facultada para realizar los respectivos descuentos de ley.
SÉPTIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
OCTAVO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada, en los términos
indicados en la parte motiva de esta providencia.
[…]».
15. El Tribunal consideró que, la prima especial de servicios, prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, debía reconocerse como un incremento adicional equivalente al Treinta
por Ciento (30 %) del Cien por Ciento (100 %) del salario básico, y no como una suma
que pudiera descontarse de la asignación básica. Para tal efecto, inaplicó por
inconstitucionales las disposiciones de los decretos salariales que reproducían dicha
interpretación y acudió a los artículos 53 y 280 de la Constitución Política.
16. En el caso concreto, encontró acreditado que el demandante se desempeñó como
Procurador Judicial I, Administrativo, y que, en virtud de la equivalencia prevista en el
artículo 280 de la Constitución Política, le asistía el derecho al reconocimiento de la prima
especial de servicios en los términos establecidos por el precedente del Consejo de
Estado. En consecuencia, declaró la nulidad del Oficio SG 002027 del Siete (7) de mayo
de Dos Mil Quince (2015) y de la Resolución 1038 del Veintidós (22) de diciembre de Dos
Mil Quince (2015), mediante los cuales, la Procuraduría General de la Nación había
negado la reliquidación solicitada.
17. No obstante, el A quo declaró probada de oficio, de manera parcial, la excepción de
prescripción trienal respecto de los valores causados con anterioridad al Veinticuatro (24)
de septiembre de Dos Mil Once (2011). Por ello, ordenó reconocer y pagar la prima
especial de servicios a partir de esa fecha y hasta que subsistiera la relación laboral, así
como, reliquidar las prestaciones sociales y demás emolumentos salariales sobre la base
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Interno: 0941-2026
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
del Cien por Ciento (100 %) de la remuneración básica mensual, incluyendo el Treinta
por Ciento (30 %) que había sido descontado erróneamente.
18. Asimismo, precisó que, a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021, la prima
especial de servicios debía pagarse expresamente como una suma adicional a la
asignación básica y que solo constituía factor salarial para efectos de los aportes y la
liquidación de la pensión de jubilación. De igual manera, declaró la imprescriptibilidad de
los aportes al sistema de seguridad social en pensiones causados entre el Nueve (9) de
enero de Dos Mil Nueve (2009) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte
(2020), en los periodos en que el actor se desempeñó como Procurador Judicial I, y
ordenó efectuar los correspondientes aportes al sistema de salud.
19. Finalmente, dispuso la actualización de las sumas reconocidas conforme con el
artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, ordenó el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos
192 a 195 ibidem, negó las demás pretensiones de la demanda y condenó en costas de
primera instancia a la parte demandada.
4. El recurso de apelación6.
20. La entidad demandada, por conducto de apoderada judicial, interpuso recurso de
apelación, contra la sentencia del Catorce (14) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025),
con el propósito que fuera revocada y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la
demanda. Sostuvo que, la Procuraduría General de la Nación, carece de competencia
para fijar o modificar el régimen salarial de sus servidores, facultad atribuida
constitucionalmente al Gobierno Nacional, por lo que los actos administrativos
demandados se ajustaron a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.
21. Señaló que, durante el periodo reclamado, al demandante se le pagaron los salarios
y las prestaciones sociales conforme con los montos máximos autorizados por el
ordenamiento jurídico, teniendo en cuenta el límite porcentual previsto para los
Procuradores Judiciales I respecto de los ingresos de los Magistrados de las Altas Cortes.
En consecuencia, afirmó que, reconocer un valor adicional por concepto de la prima
especial de servicios implicaría un pago sin fundamento jurídico y podría superar el límite
remuneratorio establecido legalmente.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00086.
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22. De otra parte, manifestó que el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, establece
expresamente que la prima especial de servicios carece de carácter salarial, salvo para
efectos de la liquidación de la pensión de jubilación, de conformidad con las Leyes 332
de 1996 y 476 de 1998. Por ello, sostuvo que, dicha prestación no podía ser incluida en
la base de liquidación de las demás prestaciones sociales, incluidas las cesantías, y que
los decretos salariales aplicados durante la vinculación del actor gozaban de presunción
de legalidad. Agregó que la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29) de abril
de Dos Mil Catorce (2014), no se pronunció sobre la naturaleza salarial de la prima
especial.
23. Finalmente, insistió en que la prima especial constituye un mecanismo de
equiparación de ingresos y no un factor salarial para reliquidar prestaciones sociales.
También cuestionó la condena en costas impuesta en primera instancia, al considerar
que no se acreditaron actuaciones procesales que justificaran dicha condena, y solicitó
que, en caso de confirmarse la decisión, se revocara ese aspecto.
5. Trámite del recurso de apelación.
24. Mediante auto del Veinticuatro (24) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)7, el
magistrado sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, contra la sentencia del Catorce (14) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025),
proferida por el Tribunal administrativo del Valle del Cauca, al considerar que fue
presentado oportunamente y resultaba procedente, conforme al artículo 247 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por la
Ley 2080 de 2021.
25. Asimismo, dispuso que, una vez ejecutoriada la providencia, el expediente regresara
al despacho para proferir sentencia, salvo que se presentara solicitud probatoria en los
términos del artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y reconoció personería adjetiva a la apoderada judicial de la Procuraduría
General de la Nación, en los términos del poder allegado.
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Expediente digital – Samai – Gestión en otros despachos – Índice No. 00004.
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Interno: 0941-2026
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6. Concepto del Ministerio Público.
26. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
27. La Sala de Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 10, el Juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.
2.2. Problema jurídico.
28. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:
29. ¿La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el Catorce
(14) de marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, debe revocarse, conforme con los argumentos expuestos en el recurso
de apelación interpuesto por la entidad demandada? Con tal fin, se debe verificar:
29.1. ¿El reconocimiento de la prima especial de servicios, como un emolumento
adicional equivalente al Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica, así
como la consecuente reliquidación de las prestaciones sociales, desconoce el
régimen salarial aplicable a los Procuradores Judiciales I, la naturaleza no salarial
de dicha prestación —salvo para efectos pensionales— y los límites
remuneratorios establecidos legalmente?
29.2. ¿Resulta procedente revocar la condena en costas, impuesta en primera
instancia, de acuerdo con los argumentos de la entidad apelante?
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30. Con el propósito de desatar el problema jurídico planteado, se abordarán los
siguientes capítulos: 2.3) el marco normativo y jurisprudencial 2.4) hechos probados; 2.5)
el caso concreto; y 2.6) la condena en costas
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992:
prerrogativas y generalidades.
31. Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política,
corresponde al Congreso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las
normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los
miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública» .
32. Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo
artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30%
ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden de
los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la
Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.
33. Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales de los
servidores de la Procuraduría General de la Nación se encontraban dispersas en distintas
normas; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 54 de 1993, que instauró
un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se
acogieran voluntariamente a este.
34. Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 estableció, expresamente, que la
prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se aplicará,
entre otros, a «[…] los Procuradores Delegados de la Procuraduría General de la Nación», y dejó claro
que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, y, que, además, tiene
carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la
pensión de jubilación.
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35. Asimismo, el artículo 10 del Decreto 186 de 2014, señaló el valor de la asignación
básica de los Procuradores Judiciales I, y señaló que «[e]l treinta por ciento (30%) de esta
remuneración se considera prima especial sin carácter salarial, de conformidad con el artículo 14 de la Ley
4a de 1992, aplicable a los Jueces de la República».
36. La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta
Corporación en varias ocasiones y, en sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de
septiembre de 20198, esta Corporación consideró:
Para la Sala demostrado esta que a partir de la expedición de los Decretos 51, 54 y 57 de
1993; 104, 106 y 107 de 1994; 26, 43 y 47 de 1995; 4, 35 y 36 de 1996 y sucesivos, el
Gobierno Nacional año tras año, hasta hoy, al establecer el régimen salarial de los empleados
de la Rama Judicial, ha dado la denominación de prima especial establecida en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, a lo que en realidad constituye el 30 % del salario de
los funcionarios y empleados que tienen derecho a ella, quitándoles la posibilidad de
que ese 30 % que, se reitera, es parte de su salario básico y l[a] asignación básica, sea
teniendo en cuenta para la liquidación de sus prestaciones sociales; no cabe más que
restablecer este derecho.
Los principios constitucionales e internacionales del derecho al trabajo optan por darle
primacía a la progresividad del ingreso, a la interpretación más favorable al trabajador
y a la equidad y nivelación en el ingreso.
Frente a los decretos salariales expedidos por el Gobierno Nacional que reprodujeron el
contenido de aquellos declarados nulos mediante la sentencia del 29 de abril de 2014, la Sala
encuentra procedente acoger la excepción de inconstitucionalidad, rogada por la parte actora,
en cuanto las disposiciones allí contenidas vulneran garantías laborales mínimas de los
beneficiarios de la prima especial, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política,
relativo a la prevalencia del texto superior frente a las leyes u otras normas jurídicas. (resalta
la Sala)
37. En esa oportunidad, la «Sala Plena de Conjueces» de esta Sección, sentó las siguientes
reglas:
1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de
los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen
derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que
por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial
para efectos de pensión de jubilación.
2. Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que· se refiere el artículo 14 de
la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría entre otros
tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o
asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno
Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.
3. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación) tienen
derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o
asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido excluido a título de rima
especial.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-016-CE-52-2019 de 2 de septiembre de 2019; expediente
41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-2018).
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Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
4. Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos a límite
del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo fijado por el
Gobierno Nacional.
5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y-a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1968 "y 1848 de 1969.
38. Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial que ha
construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente
a la asignación básica prevista para los procuradores delegados ante la Rama Judicial
en sus diferentes órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y
prestacionales que integran el respectivo régimen de asignaciones.
2.3.2. Sobre la condena en costas.
39. Sobre el particular, debe señalarse que el criterio mayoritario de esta Sala9, respecto
de la condena en costas, se encuentra determinado por lo dispuesto en el artículo 188
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma
que regula dicha condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y cuyo tenor
literal es el siguiente:
«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.
<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.»
40. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.
41. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.
9
Al respecto se destacan las siguientes providencias recientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, sentencia de 3 de julio de 2026, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera, radicado 73001-23-33-000-2020-
00371-01 (0895-2026); sentencia de 22 de mayo de 2026, C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
42. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo, elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan
el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la
norma10.
43. Dicha ponderación, se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias, que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento, y de verificar que, en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
2.4. Hechos probados.
44. Procede la Sala a analizar las particularidades del caso objeto de juzgamiento, frente
al marco normativo que regula la materia. En ese sentido, se destacan los siguientes
documentos:
45. Se encuentra acreditado que el señor Eduardo Silva Orozco se vinculó a la
Procuraduría General de la Nación y se desempeñó como Procurador Judicial I, a partir
del Nueve (9) de enero de Dos Mil Nueve (2009), en la ciudad de Cali. La vinculación y
el desempeño del actor en dicho empleo no fueron objeto de controversia durante el
trámite procesal.
46. Asimismo, obra en el expediente la reclamación administrativa presentada por el
demandante, en Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014)11, ante la
Procuraduría General de la Nación, mediante la cual, solicitó el reconocimiento y pago
de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, como un
emolumento adicional equivalente al Treinta por Ciento (30 %) de la asignación básica, y
no como parte integrante de esta. De igual manera, pidió la reliquidación de las
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales, con inclusión del porcentaje que,
según afirmó, había sido descontado de su remuneración básica.
47. La anterior, petición fue resuelta desfavorablemente mediante el Oficio SG 002027
del Siete (7) de mayo de Dos Mil Quince (2015)12, notificado el Veinticinco (25) de mayo
10
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre
de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
11
Folio 05 a 14 del cuaderno principal.
12
Folio 15 a 18 del cuaderno principal.
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de la misma anualidad13, y la Resolución 038 del Veintidós (22) de diciembre de Dos Mil
Quince (2015)14, notificada el Catorce (14) de enero de Dos Mil Dieciséis (2016), actos
administrativos expedidos por la Secretaría General de la Procuraduría General de la
Nación, a través de los cuales, se negó el reconocimiento de las diferencias salariales y
prestacionales reclamadas.
48. Igualmente, obra en el expediente la Certificación N.º 0204, expedida en Bogotá, D.
C., el Cuatro (4) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023)15, por el Jefe de la División de
Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, en dicho documento,
elaborado con fundamento en la información registrada en el Sistema Integrado
Administrativo y Financiero –SIAF, módulo de nómina, se certificaron los salarios, gastos
de representación, prima especial de servicios y demás factores salariales reconocidos
al señor Eduardo Silva Orozco durante el periodo comprendido entre los años Dos Mil
Nueve (2009) y Dos Mil Catorce (2014). Asimismo, se dejó constancia que el demandante
fue nombrado mediante el Decreto 2905 del Tres (3) de diciembre de Dos Mil Ocho
(2008), en el cargo de Procurador 60 Judicial I para la Conciliación Administrativa de Cali,
a partir del Nueve (9) de enero de Dos Mil Nueve (2009).
2.5. Caso concreto
49. Como punto de partida, la Sala recuerda que, la controversia en esta instancia debe
resolverse de conformidad con los argumentos expuestos por la entidad demandada en
el recurso de apelación, dentro de los límites propios de la segunda instancia. En ese
sentido, corresponde determinar si, como lo sostiene la Procuraduría General de la
Nación, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, incurrió en error al reconocer al
señor Eduardo Silva Orozco, la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, como un emolumento adicional equivalente al Treinta por Ciento (30
%) de la asignación básica, y al ordenar la consecuente reliquidación de sus derechos
salariales y prestacionales.
50. La Sala considera que, los reparos formulados por la entidad demandada, están
llamados a prosperar parcialmente, únicamente en lo relacionado con el alcance jurídico
de las órdenes impartidas por el Tribunal y con la condena en costas. Por el contrario, no
13
Folio 19 del cuaderno principal.
14
Folio 27 a 30 del cuaderno principal.
15
Expediente digital – Samai – Índice No. 00002 –
6_EXPEDIENTEDIGI_EXPEDIENTE_RV_ApelacionAutoRadi_0_20260417154813972 –
76001233300120160077400_T134199457276540735 – 28_ALLEGAMEMORIAL_0204EDUARDOSILVAO_Indice_49.
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hay lugar a revocar el reconocimiento del derecho sustancial reclamado, pues, la decisión
de primera instancia se ajusta, en lo esencial, a las reglas establecidas por esta
Corporación sobre la forma de liquidación de la prima especial de servicios.
51. En efecto, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el Dos (2) de septiembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), precisó que, la prima especial de servicios, constituye un
incremento de la asignación básica de los servidores públicos beneficiarios y no una
porción de esta. En dicha providencia se estableció como regla que:
«La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación básica de los
servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los
términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la
prima resulten a su favor. La prima especial sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión
de jubilación».
52. De igual manera, la referida sentencia aclaró que, en cumplimiento del artículo 14 de
la Ley 4ª de 1992, la prima especial de servicios, debía adicionarse a la asignación básica
y no sustraerse de esta para denominarla como tal. Por ello, la asignación básica debía
pagarse sobre el Cien por Ciento (100 %) de la remuneración correspondiente al cargo,
sin perjuicio que, la prima especial de servicios, conservara su carácter no salarial para
los demás efectos expresamente previstos en el ordenamiento jurídico.
53. Esta regla resulta aplicable al caso objeto de estudio, toda vez que, se encuentra
acreditado que el señor Eduardo Silva Orozco, fue nombrado mediante el Decreto 2905
del Tres (3) de diciembre de Dos Mil Ocho (2008), en el cargo de Procurador 60 Judicial
I para la Conciliación Administrativa de Cali, y que tomó posesión a partir del Nueve (9)
de enero de Dos Mil Nueve (2009). Asimismo, se encuentra demostrado que, ejerció
dicho empleo durante el periodo objeto de reclamación. Esta información fue certificada
por la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, mediante
Certificación N.º 0204, expedida el Cuatro (4) de mayo de Dos Mil Veintitrés (2023), con
fundamento en los registros del Sistema Integrado Administrativo y Financiero –SIAF,
módulo de nómina.
54. La Sala también encuentra acreditado que, el demandante presentó reclamación
administrativa el Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Catorce (2014), mediante la
cual, solicitó el reconocimiento de la prima especial de servicios, como un valor adicional
al Cien por Ciento (100 %) de la asignación básica, así como, la reliquidación de las
prestaciones sociales y demás emolumentos laborales que hubieren resultado afectados
por la forma en que la Administración liquidó dicho concepto. La petición fue resuelta
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Interno: 0941-2026
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desfavorablemente mediante el Oficio SG 002027 del Siete (7) de mayo de Dos Mil
Quince (2015) y la Resolución N.º 1038 del Veintidós (22) de diciembre de Dos Mil Quince
(2015), expedidos por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación.
55. En consecuencia, la controversia no consiste en establecer si la Procuraduría General
de la Nación, tenía competencia para fijar el régimen salarial de sus servidores, ni en
sustituir las atribuciones constitucionales y legales del Congreso de la República y del
Gobierno Nacional en esa materia. El debate se circunscribe a determinar si la
Administración aplicó correctamente el régimen salarial vigente al liquidar la
remuneración del demandante, cuestión que debe resolverse a partir del alcance que
esta Corporación le ha otorgado al artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.
56. Bajo ese entendido, el argumento de la entidad apelante, relacionado con la
presunción de legalidad de los decretos salariales, no resulta suficiente para desvirtuar
la decisión impugnada. En el presente asunto, no se está efectuando un control abstracto
y general de todas las disposiciones que regularon la remuneración de los Procuradores
Judiciales I, sino verificando la forma en que fueron aplicadas al caso particular del
demandante. La existencia de una disposición reglamentaria no habilitaba a la
Administración, para liquidar la asignación básica sobre una base equivalente al Setenta
por Ciento (70 %) de la remuneración legalmente establecida, destinando el Treinta por
Ciento (30 %) restante a la prima especial.
57. Ahora bien, la Sala considera necesario precisar que las disposiciones salariales
expedidas por el Gobierno Nacional para los años Dos Mil Ocho (2008) a Dos Mil Catorce
(2014), no reciben un tratamiento uniforme en este asunto. En relación con los artículos
9 de los Decretos 661 de 2008, 726 de 2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011 y 841 de 2012,
la presunción de legalidad que en su momento las amparaba fue desvirtuada mediante
la sentencia del Diez (10) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la
Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró su nulidad
parcial en el contenido normativo según el cual, el Treinta por Ciento (30 %) de la
remuneración, se consideraba prima especial sin carácter salarial. Por ello, frente a estas
disposiciones no hay lugar a mantener un pronunciamiento de inaplicación por
inconstitucionalidad, sino a estarse a lo resuelto en la referida providencia. En cuanto al
artículo 9 del Decreto 1016 de 2013 y los artículos 9 y 10 del Decreto 186 de 2014, si
bien conservan formalmente su presunción de legalidad, ello no impide que, en el caso
concreto, se acuda a la excepción de inconstitucionalidad cuando reproduzcan el
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contenido normativo que esta Corporación ha considerado contrario al artículo 14 de la
Ley 4ª de 1992. En efecto, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 señaló que, frente a los
decretos salariales posteriores que reprodujeron el contenido de las disposiciones
declaradas nulas resultaba procedente dicha técnica jurídica. El reproche, por tanto, no
recae sobre la competencia del Gobierno Nacional para fijar la remuneración de los
servidores de la Procuraduría General de la Nación, sino sobre la forma en que se aplicó
el régimen salarial al demandante.
58. En ese sentido, respecto de los artículos 9° de los Decretos 661 de 2008, 726 de
2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011 y 841 de 2012, no resulta procedente mantener la
inaplicación por inconstitucionalidad dispuesta por el Tribunal, pues, dichas disposiciones
ya fueron objeto de nulidad parcial por la jurisdicción contencioso-administrativa. Lo
procedente, es estarse a lo resuelto, en la sentencia del Diez (10) de septiembre de Dos
Mil Veinticuatro (2024), en cuanto declaró la nulidad de las disposiciones referidas. En
consecuencia, se modificará el ordinal primero de la sentencia apelada en los términos
que se precisarán en la parte resolutiva.
59. En ese sentido, la sentencia del Consejo de Estado del Veintinueve (29) de abril de
Dos Mil Catorce (2014), dentro del expediente N.º 11001-03-25-000-2007-00087-00, ya
había advertido que la interpretación acogida en determinados decretos salariales había
terminado por «mermar el salario de un grupo de servidores públicos», en contravía de los criterios
fijados por el legislador en la Ley 4ª de 1992.
60. Posteriormente, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 precisó el alcance de dicho
precedente, y estableció que, la prima especial debía adicionarse al salario básico y no
sustraerse de este. En palabras de la Sala de Conjueces, «se debe adicionar la prima especial
allí ordenada y no sustraerla del salario básico y/o asignación básica para darle esa denominación. En
consecuencia, la asignación básica debe pagarse en un 100 %». Por ello, el reconocimiento de las
diferencias salariales, ordenado en este proceso, no desconoce el carácter no salarial de
la prima, sino que procura restablecer la asignación básica que legalmente correspondía
al demandante.
61. Por consiguiente, el reconocimiento ordenado por el Tribunal, no implica modificar el
régimen salarial aplicable al demandante, ni crear un nuevo factor remuneratorio, sino
corregir la forma en que fue liquidada su asignación básica durante el periodo reclamado.
En otras palabras, no se trata de reconocer nuevamente una prima que ya hubiera sido
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pagada, sino de establecer las diferencias derivadas de haber calculado la remuneración
básica sobre una base inferior a la legalmente correspondiente.
62. En relación con el alcance de la condena, la Sala observa que, el Tribunal dispuso el
reconocimiento de la prima especial de servicios, como un incremento del Treinta por
Ciento (30 %) sobre el Cien por Ciento (100 %) de la asignación básica y ordenó la
reliquidación de las prestaciones sociales y demás emolumentos laborales sobre esta
última base, con inclusión del porcentaje indebidamente descontado. De igual manera,
precisó que, la prima especial únicamente constituye factor salarial para efectos
pensionales.
63. En consecuencia, la orden contenida en el ordinal cuarto, de la sentencia apelada, se
encuentra ajustada al alcance jurídico del derecho reconocido, pues, no comporta la
incorporación autónoma de la prima especial de servicios, como factor salarial para todos
los efectos legales, sino la recomposición de la asignación básica y la consecuente
reliquidación de los emolumentos laborales afectados. Por tanto, no hay lugar a efectuar
modificación alguna por este aspecto.
64. En ese sentido, el reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales,
deberá respetar los límites remuneratorios establecidos por el Gobierno Nacional para el
cargo desempeñado por el demandante durante cada una de las anualidades objeto de
reclamación. En efecto, la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 señaló que, el reconocimiento
de la prima especial de servicios, como incremento de la asignación básica no puede
conducir, en ningún caso, a superar el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional
atendiendo el cargo correspondiente.
65. Esta precisión no constituye una razón para negar el derecho reclamado, como lo
pretende la apelante, pues, los topes remuneratorios deben verificarse al momento de
efectuar la liquidación y el cumplimiento de la sentencia. De igual manera, la entidad
demandada deberá confrontar los valores efectivamente pagados al actor por concepto
de prima especial de servicios con las diferencias que resulten de la recomposición de su
asignación básica, de modo que únicamente se reconozcan los valores insolutos y se
evite cualquier doble pago.
66. No obstante, la Sala considera necesario precisar que, la expedición del Decreto 272
de 2021, no modificó el derecho reclamado respecto de los periodos anteriores a su
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entrada en vigor. Si bien dicha disposición estableció expresamente que la prima especial
de servicios debía pagarse mensualmente como una suma adicional a la asignación
básica, tal regulación únicamente reafirmó hacia el futuro la interpretación que ya había
sido fijada por esta Corporación, respecto del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992. En
consecuencia, el derecho correspondiente a los periodos anteriores debe examinarse
conforme con las reglas jurisprudenciales aplicables y con los límites de prescripción
establecidos para las acreencias laborales.
67. En relación con la prescripción, la Sala observa que, el Tribunal declaró probada de
oficio la excepción respecto de los valores causados con anterioridad al Veinticuatro (24)
de septiembre de Dos Mil Once (2011), teniendo en cuenta que la reclamación
administrativa fue presentada el Veinticuatro (24) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014). Esta determinación se ajusta a la regla quinta de la sentencia SUJ-016-CE-S2-
2019, según la cual, el término prescriptivo debe contabilizarse de manera retroactiva
desde la fecha de presentación de la reclamación administrativa.
68. Por consiguiente, no hay lugar a modificar el límite temporal fijado por el Tribunal,
respecto de las diferencias salariales, prestacionales y demás acreencias económicas
sometidas a prescripción. El reconocimiento deberá efectuarse a partir del Veinticuatro
(24) de septiembre de Dos Mil Once (2011), siempre que se acrediten los periodos en los
cuales el demandante permaneció vinculado a la Procuraduría General de la Nación en
calidad de Procurador Judicial I y existan diferencias efectivamente insolutas a su favor.
69. Distinta consideración, merecen los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Pensiones. El Tribunal acertó al declarar su imprescriptibilidad respecto de los
periodos en los que el demandante se desempeñó como Procurador Judicial I, pues, las
cotizaciones pensionales tienen naturaleza de tracto sucesivo y se encuentran vinculadas
con la garantía del derecho a la seguridad social. En consecuencia, la Sala mantendrá la
conclusión de primera instancia sobre la imprescriptibilidad de dichos aportes. No
obstante, resulta necesario precisar la forma en que debe cumplirse esta orden, en cuanto
los valores correspondientes deben ser determinados y, de ser procedente, trasladados
a la administradora del sistema pensional a la que se encuentre afiliado el demandante.
70. En consecuencia, la entidad demandada, deberá verificar y efectuar, si fuere
procedente, los aportes pensionales correspondientes sobre la base salarial que
legalmente debía percibir el demandante, desde el Nueve (9) de enero de Dos Mil Nueve
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(2009), fecha de su vinculación acreditada en el expediente, y durante los periodos en
que tuvo derecho al reconocimiento de la prima especial de servicios, siempre que tales
cotizaciones no hubieren sido realizadas previamente. Para ello, deberá determinar las
diferencias efectivamente causadas y trasladarlas a la administradora de pensiones a la
que se encuentre afiliado el demandante, con los descuentos legales a cargo de este, en
los términos previstos en el ordenamiento jurídico. Así, se mantiene la declaración de
imprescriptibilidad efectuada por el Tribunal, y únicamente se precisa la forma de
materializar la obligación pensional.
71. Esta orden no implica que la prima especial de servicios adquiera naturaleza salarial
para todos los efectos, sino que responde a la obligación de efectuar las cotizaciones
pensionales sobre la base salarial que legalmente correspondía al demandante, de
conformidad con el carácter salarial que dicho emolumento tiene para efectos de la
pensión de jubilación, conforme al artículo 1º de la Ley 332 de 1996. En relación con los
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Sala advierte que este
aspecto no fue objeto de reparo en los recursos de apelación interpuestos por las partes.
En efecto, la sentencia de primera instancia dispuso la realización de los aportes al
Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el período respecto del cual
declaró la imprescriptibilidad de las cotizaciones, con fundamento en el parágrafo 1.º del
artículo 204 de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, no se advierte razón para modificar
el alcance de esta determinación, por lo que la Sala la mantendrá en los términos en que
fue adoptada por el Tribunal.
72. Así las cosas, los argumentos de la Procuraduría General de la Nación, no desvirtúan
la procedencia del reconocimiento sustancial efectuado por el Tribunal. Sin embargo, sí
resulta necesario modificar las órdenes impartidas para precisar que la prima especial de
servicios, constituye un incremento de la asignación básica, que conserva su carácter no
salarial para los efectos distintos de los pensionales, que la reliquidación debe efectuarse
sobre el Cien por Ciento (100 %) de la remuneración legalmente correspondiente al cargo
y que deben observarse los topes remuneratorios aplicables, así como, imputarse los
valores previamente pagados por el mismo concepto.
2.6 Condena en costas.
73. De conformidad con el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, la condena en costas no
opera de manera automática, sino que, debe atender a las circunstancias particulares del
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proceso y a la conducta asumida por las partes. En el presente asunto, la Sala considera
que no hay lugar a mantener la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo
del Valle del Cauca. Si bien la sentencia será modificada en aspectos relacionados con
el alcance del restablecimiento del derecho, la naturaleza jurídica de la prima especial y
la forma de ejecutar las órdenes impartidas, no se advierte que la parte demandada
hubiera promovido la actuación con manifiesta carencia de fundamento legal, ni que su
conducta procesal hubiera sido temeraria, abusiva o contraria a la buena fe.
74. En consecuencia, se revocará la condena en costas impuesta en primera instancia.
De igual manera, no habrá lugar a imponer costas en esta instancia, toda vez que, no se
encuentran acreditadas circunstancias que justifiquen su imposición.
2.7 Conclusiones.
75. La Sala concluye que, los argumentos de la entidad demandada, están llamados a
prosperar parcialmente, no para desvirtuar el reconocimiento sustancial del derecho
reclamado, sino para precisar el alcance de las órdenes impartidas por el Tribunal. En
particular, se modificará el ordinal primero de la sentencia apelada, para estarse a lo
resuelto en la sentencia del Diez (10) de septiembre de Dos Mil Veinticuatro (2024),
respecto de las disposiciones salariales que ya fueron objeto de nulidad. Asimismo, se
modificará el ordinal quinto de la sentencia apelada, con el fin de aclarar la forma en que
deben efectuarse los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, cuya
imprescriptibilidad ya había sido declarada en primera instancia, así como, para delimitar
los periodos respecto de los cuales resultan procedentes los ajustes en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud. De igual manera, se revocará la condena en
costas impuesta en primera instancia. En lo demás, se confirmará la sentencia apelada.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. – MODIFICAR el ordinal primero de la sentencia proferida el Catorce (14) de
marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
el cual quedará así:
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«PRIMERO: ESTARSE A LO RESUELTO en la sentencia del Diez (10) de septiembre de
Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, dentro del expediente No. 11001-03-25-000-2012-00328-00
(1292-2012), respecto de la nulidad parcial declarada, entre otros, sobre los artículos 9 de
los Decretos 661 de 2008, 726 de 2009, 1391 de 2010, 1043 de 2011 y 841 de 2012, en
el contenido normativo relativo a considerar el Treinta por Ciento (30 %) de la
remuneración como prima especial sin carácter salarial.»
SEGUNDO. – MODIFICAR el ordinal quinto de la sentencia proferida el Catorce (14) de
marzo de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
el cual quedará así:
«QUINTO. DECLARAR que los aportes al Sistema General de Seguridad Social en
Pensiones derivados de las diferencias salariales reconocidas en esta providencia son
imprescriptibles, respecto de los periodos comprendidos entre el Nueve (9) de enero de
Dos Mil Nueve (2009) y el Treinta y Uno (31) de diciembre de Dos Mil Veinte (2020),
atendiendo estrictamente a los lapsos en que el demandante se desempeñó como
Procurador Judicial I.
En consecuencia, la Nación – Procuraduría General de la Nación deberá verificar y, de
ser procedente, efectuar los ajustes, cálculos, descuentos y traslados correspondientes
ante el sistema pensional. Para ello, el ingreso base de cotización deberá comprender el
Cien por Ciento (100 %) de la asignación básica mensual y, adicionalmente, el Treinta por
Ciento (30 %) correspondiente a la prima especial, en los términos del artículo 1º de la
Ley 332 de 1996, siempre que dichas cotizaciones no hubieren sido efectuadas
previamente. Los valores que correspondan deberán ser trasladados a la administradora
de pensiones a la que se encuentre afiliado el demandante.
También deberán realizarse los aportes al sistema de seguridad social en salud por el
periodo declarado imprescriptible en atención a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo
204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que la base de cotización al Sistema de
Seguridad Social en Salud debe ser igual de la contemplada en el Sistema General de
Pensiones.
La entidad demandada queda facultada para realizar los descuentos legales que
correspondan al demandante, con el propósito de efectuar los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral en los términos señalados en esta providencia.»
TERCERO. – REVOCAR el ordinal octavo de la sentencia proferida el Catorce (14) de
marzo de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
mediante el cual, se condenó en costas a la parte demandada en primera instancia, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
CUARTO. – CONFIRMAR en lo demás la sentencia proferida el Catorce (14) de marzo
de Dos Mil Veinticinco (2025), por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
QUINTO. – Sin condena en costas en esta instancia.
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Interno: 0941-2026
Demandante: Eduardo Silva Orozco
Demandada: Procuraduría General de la Nación
SEXTO. – Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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