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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00371-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2020-00371-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia de Diecinueve (19) de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que condenó en costas a la parte demandante, que incluye las agencias en derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA 12 úmero Interno: 0895-2026 Demandante: Armando Troncoso Villamil Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO con aclaración de voto Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2020-00371-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 73001-23-33-000-2020-00371-01 (0895-2026)1
Demandante : Armando Troncoso Villamil
Demandada : Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Condena en costas – Reliquidación de la pensión de
jubilación
Decisión : Sentencia de segunda instancia

Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia de diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferida por
el Tribunal Administrativo del Tolima, que negó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda2

1.1. Pretensiones

1. El señor Armando Troncoso Villamil acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos: (i)
Resolución 2019_16341012 SUB 34853 del diecinueve (19) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019), por medio de la cual se negó la solicitud de reliquidación a
favor del actor; (ii) Resolución 2019_17280188 SUB 10135 del dieciséis (16) de
enero de dos mil veinte (2020), y la Resolución DPE 3191 del veinticuatro (24) de
febrero de dos mil veinte (2020), las cuales confirmaron la Resolución
2019_16341012 SUB 34853 del diecinueve (19) de diciembre de dos mil diecinueve
(2019), respectivamente.

1
Expediente electrónico
2
Tribunal de origen, índice 00023 de Samai.

2
úmero Interno: 0895-2026
Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

2. A título de restablecimiento del derecho, pidió (i) declarar que el demandante
tiene derecho a la reliquidación pensional, teniendo en cuenta todos los factores
salariales devengados en el último año de servicio, conforme a lo preceptuado por
el régimen de transición establecido en las Leyes 4 de 1966, artículo 4; 6 de 1945,
artículo 17, literal b); 1042 de 1978, artículo 42; 1045 de 1978, artículos 5, 17, 33 y
45; 48 de 1962, artículos 7, 9 y 10; y 5 de 1969, artículos 1, 3 y 4; y (ii) que las
diferencias adeudadas se ajusten conforme al índice de Precios al Consumidor
(IPC), desde el dieciocho (18) de febrero del año dos mil dos (2002) y hasta su pago
total, y se reconozcan los intereses moratorios conforme a lo establecido por el
artículo 191 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).

1.1.2 Hechos

3. El señor Armando Troncoso Villamil por medio de oficio No. 2019_16341012 del
5 de diciembre de 2019 solicitó ante la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones la reliquidación de su pensión de jubilación con la inclusión de la
totalidad de los factores que le fueron reconocidos por la Asamblea Departamental
del Tolima en el último año de servicios, esto es la asignación básica mensual, los
gastos de representación, la prima de navidad, prima de vacaciones, prima
semestral y la indemnización de vacaciones.

4. Mediante Resolución 2019_16341012 SUB 348453 del 19 de diciembre de 2019,
la Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones negó lo solicitado por el
pensionado bajo el argumento que lo deprecado ya había hecho tránsito a cosa
juzgada en razón a una sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima.

5. Contra la citada resolución se interpusieron recursos de reposición y, en subsidio,
de apelación, los cuales fueron resueltos por medio de las Resoluciones SUB 10135
del 16 de enero de 2020 y DPE 3191 del 24 de febrero de 2020, que confirmaron la
primera.

6. En efecto, el Tribunal Administrativo del Tolima, en sentencia del doce (12) de
junio de dos mil siete (2007), ordenó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación en cuantía del 75 % de lo devengado en el último año de servicio, en favor
del señor Troncoso. Para tal efecto resolvió: «TERCERO. Consecuencialmente con lo
precedente y a título de restablecimiento, DECLÁRESE que el accionante tiene derecho a que el
I.S.S. le reconozca y pague el valor de su pensión en cuantía del 75 %, según lo preceptuado por la
Ley 33 de 1985, con inclusión del factor salarial de gastos de representación del cual devengó el
último año de servicio de conformidad con la parte motiva de la sentencia».

3
úmero Interno: 0895-2026
Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

7. Sin embargo aduce que, la Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones erró en la aplicación del régimen pensional pertinente, desconociendo
las normas y la jurisprudencia al respecto, por lo cual, era procedente estudiar el
reajuste pensional para incluir nuevos factores salariales por tratarse de una
prestación periódica.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

8. Se invocan en la demanda como normas violadas las siguientes disposiciones:
Ley 4 de 1966, artículo 4; Ley 6 de 1945, artículo 17, literal b); Ley 1042 de 1978,
artículo 42; Ley 1045 de 1978, artículos 5, 17, 33 y 45; Ley 48 de 1962, artículos 7,
9 y 10; y Ley 5 de 1969, artículos 1, 3 y 4.

9. Que en la presente litis, se configura la violación de las normas en que debía
fundarse el acto acusado, por cuanto Colpensiones equivocadamente aplicó el
régimen pensional de que trata la Ley 100 de 1993 y la Ley 33 de 1985, que concede
el reconocimiento pensional de Jubilación por haber cumplido con los requisitos de
cincuenta (50) años y veinte (20) años de servicios prestados, no obstante,
valiéndose de una desacertada interpretación escindieron la Ley, «olvidando» lo
dispuesto por el parágrafo segundo del Artículo 1 de la Ley 33 de 1985 que al tenor
literal expresa: «(…) ARTÍCULO 1º.- El empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años
continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) tendrá derecho a que por la
respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al
setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el
último año de servicio. PARÁGRAFO 2º. Para los empleados oficiales que a la fecha de la presente
Ley hayan cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, continuarán aplicándose
las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la presente Ley.»

10. Por lo anterior se aduce que, el demandante tiene derecho a que se reliquide su
pensión con inclusión de todos los factores salariales certificados que reposan en
mi expediente laboral, «de los cuales era potestad del EMPLEADOR y no, de mi mandante,
efectuar los descuentos de ley, según lo establece el Artículo 22 de la Ley 100 de 1993,» teniendo

en cuenta que, el régimen pensional del señor Troncoso es el Anterior a la
expedición de la Ley 33 de 1985, y 100 de 1993.

1.1.4 Contestación de la demanda3

3
Tribunal de origen, índice 00031 de Samai.

4
úmero Interno: 0895-2026
Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

11. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, se opuso a las
pretensiones de la demanda, defendiendo la legalidad de los actos administrativos
acusados. Para el efecto, sostuvo que, el accionante era beneficiario de régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y, por ende los factores que se debían considerar
eran los previstos en el Decreto 1158 de 1994 y no los establecidos en el Decreto
1045 de 1978, en tanto que este ya estaba derogado, ello aunado a que la
información sobre los factores salariales que percibió el demandante y de los que
se efectuaron las cotizaciones no estaban en la entidad, sino que la conocía era el
empleador, por lo que dicha información se solicitaba a los afiliados mediante un
certificado laboral, decidiéndose las peticiones con la información aportada en la
reclamación.

12. Indica que, el accionante ya había iniciado una acción contra el ISS hoy
Colpensiones, donde se peticionaba el reajuste de la pensión de vejez que le
concedió la entidad, proceso que cursó en el Tribunal Administrativo del Tolima
donde tuvo sentencia de primera instancia favorable, fallo donde se ordenó que el
actor debía ser pensionado con el régimen consagrado en la Ley 33 de 1985 con
los determinados factores salariales señalados en dicha sentencia. Posterior a ello,
se inició un trámite ejecutivo para el cobro de lo adeudado, que cursó en el Juzgado
Cuarto Administrativo de Ibagué, el cual terminó por pago total de la obligación.

13. Finalmente, propuso la excepción de «Inexistencia de la obligación para Colpensiones,
Prescripción, Buena fe, Cosa juzgada y la Genérica»

1.1.5. Sentencia de primera instancia4

14. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del diecinueve (19) de
febrero de dos mil veintiséis (2026), denegó las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la parte demandante, fijando como agencias en derecho el 2
% de la estimación de la cuantía.

15. Sobre la condena en costas sostuvo que:

«Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 188 C.P.A.C.A., modificado por el artículo
47 de la ley 2080 de 2021, que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el Código de Procedimiento Civil, entiéndase hoy Código
General del Proceso y, en todo caso, cuando se actúe con manifiesta carencia de fundamento
legal. En este orden de ideas, el artículo 365 C.G.P. establece que la parte vencida en el
proceso será condenada en costas, pero en la medida de su comprobación.

Como contra argumento podría sostenerse que la Sección Segunda del Consejo de Estado
ha sostenido postura distinta y que con la reforma introducida por la ley 2080 de 2021, solo se

4
Actuaciones del Tribunal de origen, índice samai No. 00081

5
úmero Interno: 0895-2026
Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

podrá condenar en costas a quien actúe con manifiesta carencia de fundamento legal, pero si
así hubiese sido la intención del legislador, habría suprimido el primer inciso del artículo 188
C.P.A.C.A., que establece que en la sentencia se dispondrá sobre las costas, pero no lo hizo;
en consecuencia, se entiende que debe disponerse sobre estas, con mayor razón cuando se
haya actuado con manifiesta carencia de fundamento legal.

Es así como en el caso que nos ocupa, la entidad demandada presentó contestación a la
demanda y alegó de conclusión, por lo tanto se causaron costas, específicamente agencias
en derecho, razón por la cual se dará observancia al numeral 1 del artículo 5 del acuerdo
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, que establece que en los procesos
declarativos se aplicará una tarifa entre el 4 y el 10% de las pretensiones concedidas o
negadas, razón por la cual se condenará en costas a la parte demandante, específicamente
al pago de agencias en derecho, para el efecto.

No obstante, en aras de evitar generar un desincentivo para el acceso a la administración de
justicia, se tendrá en cuenta el 2% de la estimación de la cuantía con relación a la pensión de
jubilación pretendida, por lo que las costas deberán liquidarse por parte de la Secretaría de
esta Corporación con las precisiones que se efectuarán en la parte resolutiva de esta
sentencia.»

1.1.6 Recurso de apelación5

16. La apelación de la parte actora, se sustentó en que, la sentencia incurre en una
indebida interpretación del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo CPACA al asumir que la condena en costas
procede automáticamente frente a la parte vencida, desconociendo que, tras la
reforma de la Ley 2080 de 2021, su imposición está condicionada a la verificación
de una manifiesta carencia de fundamento legal, lo que exige un juicio sustancial
sobre la razonabilidad de la demanda y la conducta procesal, inexistente en el caso
concreto.

17. Arguye además que, no se configura en el presente asunto la «manifiesta carencia
de fundamento legal» exigida por el artículo 188 del CPACA, toda vez que, la demanda

se sustentó en el alcance del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 respecto del ingreso
base de liquidación de las pensiones reconocidas bajo dicho régimen, lo que
confirma la existencia de un debate jurídico «serio, plausible y consolidado», incompatible
con la configuración de una manifiesta carencia de fundamento legal.

18. Aunado a ello, la condena en costas no puede operar como una sanción
derivada del resultado adverso del proceso, sino que debe reservarse a supuestos
de conducta procesal reprochable; en consecuencia, su imposición automática
frente al litigante vencido desconoce su naturaleza resarcitoria, vulnera el derecho
fundamental de acceso a la justicia y desnaturaliza el ejercicio legítimo del derecho
de acción, convirtiendo indebidamente el proceso contencioso administrativo en un
escenario de «riesgo patrimonial disuasivo.»

5
Ib. índice 86.

6
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Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

19. La condena en costas desconoce la condición del demandante como sujeto de
especial protección constitucional, se trata de una persona de 80 años, con graves
patologías crónicas y dependencia exclusiva de su mesada pensional «destinada
además al sostenimiento de su núcleo familiar», por lo que la imposición de agencias en

derecho afecta de manera directa sus condiciones mínimas de subsistencia, sin que
medie conducta procesal reprochable que la justifique.

2. Trámite de segunda instancia

20. Por medio de auto del veinticinco (25) de mayo de dos mil veintiséis (2026) 6, el
consejero ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo
247 del CPACA y dispuso incorporar como prueba de oficio la historia clínica del señor
Armando Troncoso Villamil, expedida el dieciséis (16) de marzo de dos mil veintiséis
(2026), visible en el índice 57, archivo denominado «58_MemorialWeb_Otro-
HISTORIACLINICAARM(.pdf)», de la herramienta electrónica Samai (actuaciones del
Tribunal de origen). De dicha prueba se corrió traslado a las partes, así como traslado
para alegar de conclusión.

2.1 Alegatos de conclusión.7

21. La parte demandada presentó alegatos de conclusión, reiteró los argumentos
expuestos en la contestación de la demanda y solicitó, en síntesis, la confirmación
de la sentencia de primera instancia. Por su parte, el demandante reiteró en sus
alegatos los motivos de la apelación para significar que se debe revocar la condena
en costas impuesta en la sentencia de marras.

2.1.2 Concepto del Ministerio Público. 8

22. En su concepto, el agente del Ministerio Público indicó que se debe revocar el
numeral tercero de la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Tolima el
19 de febrero de 2026, por cuanto «[…] no se evidencia la “manifiesta carencia de fundamento
legal” ordenada en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, para que proceda la condena en costas. Sumado a lo anterior, a juicio de esta Agencia
del Ministerio Público, el a quo no tuvo en cuenta la calidad de sujeto de especial protección
constitucional que ostenta el señor ARMANDO TRONCOSO VILLAMIL, quien al haber nacido el 1.º
de enero de 1946 cuenta con 80 años de edad, y conforme a la historia clínica emitida por la L.R.S.
Virrey Solís, tenida como prueba en el auto que admitió el recurso de apelación emitido por el
Consejo de Estado, se establece que el accionante tiene diagnosticadas las enfermedades de: “(…)

6
Samai - índice 00004.
7
Samai - índice 00016
8
Samai - índice 00015

7
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Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

HTA (2000), HIPERLIPIDEMIA, DM 2 NIR (2025), enfermedad coronaria revascularizada por vía
percutánea y abierta, secuelas ECV, ERC, hipotiroidismo, hipertrofia prostática grado IV, PSA
elevado en seguimiento por oncología (…)”».

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

23. De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo9, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma, según el artículo 328
del Código General del Proceso (CGP)10, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2. Problema jurídico

24. Corresponde a la Sala, resolver lo siguiente:

i) ¿Hay lugar a revocar la condena en costas impuesta en primera instancia a la
parte demandante?

ii) ¿La condena en costas aplicó de manera restrictiva los artículos 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA y 365
y 366 del Código General del Proceso CGP?

25.Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2 Pruebas recaudadas; y 2.3
Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial

9
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales,
o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia.
10
«Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar
copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán
alegarse durante la audiencia.»

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Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

2.1.2 Sobre la condena en costas

26. Ad initio, debe decirse que el criterio mayoritario de esta Sala respecto a la
condena en costas se atempera a lo siguiente:

27. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.»

28. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento
legal».

29.Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

30. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma11.

31. Dicha ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

2.2. Hechos probados

11
En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de
diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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32. Copia de la cédula del señor Armando Troncoso Villamil, donde se indica como
fecha de nacimiento 1 enero de 1946 12.

33. Petición radicada el 05 de diciembre de 2019, ante Colpensiones, el
demandante, por intermedio de apoderada, solicitó que se realizara «un nuevo
estudio jurídico y financiero al expediente pensional del señor Armando Troncoso
Villamil que reposa al interior de la entidad, ordenando la reliquidación pensional de
jubilación con inclusión de todos los factores salariales reconocidos en su último
año de servicio, de acuerdo a certificación laboral aportada expedida por la
asamblea departamental del Tolima»13

34. Resolución No. SUB 348453 del 19 de diciembre de 2019, la Administradora
Colombiana de Pensiones Colpensiones, resolvió negativamente la reclamación
«frente a la solicitud de reliquidación pensional, es necesario aclararle al peticionante, que no es
procedente estudiar de fondo la misma, lo anterior en tanto, a que de conformidad con las
consideraciones arriba expuestas, la resolución SUB 70892 del 20 de mayo de 2017, fue producto
de un cumplimiento de sentencia judicial emanada de la autoridad competente, debidamente
ejecutoriada y en firme en donde ordeno expresamente la reliquidación de la pensión de vejez a
favor del señor TRONCOSO VILLAMIL ARMANDO.»14

35. Contra la anterior decisión se interpuso recurso de reposición y en subsidio de
apelación, los cuales fueron resueltos con por medio de las Resoluciones No. SUB
10135 del 16 de enero de 2020 y DPE 3191 del 24 de febrero de 2020, confirmando
en todas sus partes el acto administrativo citado.15

36. El Tribunal Administrativo del Tolima mediante sentencia del Diecinueve (19) de
Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), declaró no probada la excepción de cosa
juzgada, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte
demandante16.

2.3. Caso concreto.

37. En el sub judice la controversia gravita sobre la condena en costas impuesta a
la parte actora por parte del a quo.

38. Para la condena en costas, el Tribunal Administrativo del Tolima consideró lo
siguiente:

12
Folios 2 y 3 del documento 18ED_expediente_003_ANEXOSpdf(.pdf) NroActua.del índice No. 23 de SAMAI.(Tribunal)
13
Folios 4 a 12 del documento 18ED_expediente_003_ANEXOSpdf(.pdf) NroActua.del índice No. 23 de SAMAI. (Tribunal)
14
Folios 16 a 20 del documento 18ED_expediente_003_ANEXOSpdf(.pdf) NroActua.del índice No. 23 de SAMAI. (Tribunal)
15
Folios 22 a 28 del documento 18ED_expediente_003_ANEXOSpdf(.pdf) NroActua.del índice No. 23 de SAMAI., y folios 30
a 36 del documento 18ED_expediente_003_ANEXOSpdf(.pdf) NroActua.del índice No. 23 de SAMAI. (Tribunal)
16
Actuaciones del Tribunal de origen, índice samai No. 00081

10
úmero Interno: 0895-2026
Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

«Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 188 C.P.A.C.A., modificado por el artículo
47 de la ley 2080 de 2021, que la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por el Código de Procedimiento Civil, entiéndase hoy Código
General del Proceso y, en todo caso, cuando se actúe con manifiesta carencia de fundamento
legal. En este orden de ideas, el artículo 365 C.G.P. establece que la parte vencida en el
proceso será condenada en costas, pero en la medida de su comprobación.

Como contra argumento podría sostenerse que la Sección Segunda del Consejo de Estado
ha sostenido postura distinta y que con la reforma introducida por la ley 2080 de 2021, solo se
podrá condenar en costas a quien actúe con manifiesta carencia de fundamento legal, pero si
así hubiese sido la intención del legislador, habría suprimido el primer inciso del artículo 188
C.P.A.C.A., que establece que en la sentencia se dispondrá sobre las costas, pero no lo hizo;
en consecuencia, se entiende que debe disponerse sobre estas, con mayor razón cuando se
haya actuado con manifiesta carencia de fundamento legal.

Es así como en el caso que nos ocupa, la entidad demandada presentó contestación a la
demanda y alegó de conclusión, por lo tanto se causaron costas, específicamente agencias
en derecho, razón por la cual se dará observancia al numeral 1 del artículo 5 del acuerdo
10554 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, que establece que en los procesos
declarativos se aplicará una tarifa entre el 4 y el 10% de las pretensiones concedidas o
negadas, razón por la cual se condenará en costas a la parte demandante, específicamente
al pago de agencias en derecho.

No obstante, en aras de evitar generar un desincentivo para el acceso a la administración de
justicia, se tendrá en cuenta el 2% de la estimación de la cuantía con relación a la pensión de
jubilación pretendida, por lo que las costas deberán liquidarse por parte de la Secretaría de
esta Corporación con las precisiones que se efectuarán en la parte resolutiva de esta
sentencia.»

39. La Sala no evidencia carencia de fundamentación jurídica, toda vez que, la parte
demandante estructuró su pretensión sobre argumentos razonables y jurídicamente
sustentados en torno a la reliquidación de su pensión bajo el régimen de transición.

40. En efecto, la demanda se apoyó de manera expresa en disposiciones legales
aplicables, entre ellas, la Ley 4 de 1966, la Ley 6 de 1945, y los Decretos 1042 y
1045 de 1978, la Ley 48 de 1962 y la Ley 5 de 1969, a partir de las cuales se sostuvo
con claridad meridiana, el alcance de la inaplicabilidad de las previsiones de la Ley
100 de 1993 y la Ley 33 de 1985, en atención a la condición del actor como
exdiputado.

41. A juicio de la Sala, no se advierte un ejercicio infundado del derecho de acción,
se cumplieron las exigencias básicas que sobre la demanda hacen los ordinales 2.º
y 4.º del artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo CPACA17, ni se constata que, con la interposición de la
demanda se ha promovido un desgaste innecesario del aparato judicial.

42. Bajo ese entendido, la Sala considera que, no se configura la «manifiesta carencia
de fundamento legal» prevista en el artículo 188 ibidem, modificado por el artículo 47

17 «2. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con
observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.»
4. «Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán
indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación»

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úmero Interno: 0895-2026
Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

de la Ley 2080 de 2021, como presupuesto habilitante para la imposición de costas.

43. Siendo así las cosas, la Sala revocará el numeral tercero de la sentencia de
diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026), proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, que condenó en costas a la parte demandante, incluidas
las agencias en derecho.

2.4. Conclusión

44. En la presente litis no se configuró la «manifiesta carencia de fundamento legal»; por
ende, no procedía la condena en costas basada en dicha causal, razón por la cual
se revocará la imposición de la condena en costas proferida en la primera instancia.

2.5 Condena en costas.

45. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, la Sala no evidencia
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses; es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011. Por
lo tanto, se abstendrá de imponer costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR el numeral tercero de la sentencia de Diecinueve (19) de
febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), proferida por el Tribunal Administrativo del
Tolima, que condenó en costas a la parte demandante, que incluye las agencias en
derecho, de conformidad con lo indicado en la motivación.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

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úmero Interno: 0895-2026
Demandante: Armando Troncoso Villamil
Demandado: Administradora Colombiana De Pensiones – Colpensiones

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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