RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2018-00768-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00768-02

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2018-00768-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 14 Número Interno: 3538-2025 Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, que condenó en costas a la parte demandada, de conformidad con lo indicado en la motivación. SEGUNDO: Confirmar en sus demás apartados la sentencia recurrida. TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias, por los motivos expuestos en precedencia. CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2018-00768-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 13001-23-33-000-2018-00768-02 (3538-2025)1
Demandante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Demandada: Nación – Procuraduría General de la Nación
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima Especial de Servicios
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en contra de
la sentencia del Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la
Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. El señor Gerlein Enrique Yépez Romero, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en orden
a que se declare la nulidad del oficio No. SG 000442 del Trece (13) de enero de Dos
Mil Diecisiete (2017), mediante el cual, la Procuraduría General de la Nación, negó el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales, que resultan de
la reliquidación de los emolumentos salariales y prestacionales, previa imputación de

1 Expediente electrónico.
2 SAMAI- Índice 00002. Archivo “5ED_EXPDIGITA_13001233300020180076(.zip)”- Consecutivo No. 01- Folios 4 a 13.

2

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

la prima especial devengada durante el ejercicio del cargo de Procurador 175 Judicial
I.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se ordene a la Nación -
Procuraduría General de la Nación «reliquidar, reconocer y pagar […] desde el 1° de Marzo de
2010 hasta el 1 de Septiembre de 2016, fecha en que fue retirado del servicio, todas sus prestaciones
sociales, salariales y laborales, prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, prima de vacaciones,
cesantías, seguridad social en salud y pensión, bonificación por servicios prestados y demás
prestaciones y emolumentos laborales que se puedan ver incididos y que en el futuro se establezcan
y causen, teniendo como base para la liquidación, el 100% de su remuneración básica mensual legal,
incluyendo el 30% de su sueldo básico, que la administración judicial ha tomado de este para
denominarlo prima especial sin carácter salarial, creada por el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 […]».

3. Asimismo, solicitó se condene a la demandada a «[…] reliquidar reconocer y pagar al
demandante el valor de las diferencias salariales y prestacionales, existente entre lo liquidado y pagado
hasta la fecha de su retiro con el 70% de remuneración mensual básica y la reliquidación de todas sus
prestaciones y emolumentos laborales solicitadas en la pretensión anterior, que resulte teniendo como
base de liquidación el 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo con carácter salarial para
la base de liquidación el 30% del sueldo básico que la Procuraduría General de la Nación, ha tenido
hasta ahora como prima especial sin carácter salarial».

4. Finalmente, solicitó que, se condene a la demandada al pago de las sumas y valores
reclamados, ajustados e indexados, de acuerdo con la variación del índice de precios
al consumidor.

1.1.2. Hechos

5. El demandante afirmó que, se desempeñó como procurador 175 judicial I, cargo que
ejerció en la ciudad de Cartagena, entre el Primero (1) de marzo de Dos Mil Diez
(2010) hasta el Primero (1) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016), periodo en el
cual, al liquidar sus emolumentos salariales y prestacionales, no se incorporó la prima
especial que le sufragaban mensualmente como componente de su salario, la cual,
equivalía al treinta por ciento (30%) del sueldo básico mensual y cuya cuantía se
fijaba en decretos anuales.

6. Señaló que, con base en la Ley 4 de 1992, el Gobierno Nacional expidió los Decretos
1391 de 2010, 1043 de 2011, 841 de 2012, 1016 de 2013, 186 de 2014, 1257 de 2015
y 245 de 2016, a través de los cuales, se fijaron las escalas salariales que regulaban

3

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

la remuneración mensual de los servidores de la Procuraduría General de la Nación-
entre ellos del demandante- contemplando la prima especial sin carácter salarial, en
cuantía del treinta por ciento (30%) del salario básico.

7. Sostuvo que, la liquidación de la prima de navidad, prima de servicios, prima de
vacaciones, cesantías, bonificación por servicios prestados, seguridad social y demás
emolumentos salariales y prestacionales, resultó errada, pues, se realizó con el
setenta por ciento (70%) de su remuneración básica y no con el cien por ciento (100%)
de esta, comoquiera que, no aplicó el treinta por ciento (30%) restante, equivalente a
la prima especial en mención.

8. Afirmó que, mediante Oficio No. SG 00042 del Trece (13) de enero de Dos Mil
Diecisiete (2017), la Procuraduría General de la Nación negó la solicitud de
reliquidación, reconocimiento y pago de las diferencias generadas frente a la totalidad
de emolumentos salariales y prestacionales devengados, a partir de la imputación de
la prima especial de servicio como factor salarial, durante el periodo en que laboró
como Procurador Judicial I.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

9. Se citaron como normas violadas las siguientes disposiciones: los artículos 1, 2, 3,
13, 23, 25, 46 y 53 de la Constitución Política y el artículo 4 de la Ley 4 de 1992.

10. Frente al concepto de violación, expuso que, el acto administrativo recurrido
transgrede las normas en que debía fundarse, pues, de acuerdo con la jurisprudencia
del Consejo de Estado3, la prima especial que devengan los Procuradores Judiciales
debe ser imputada, a efectos de ajustar su salario y prestaciones sociales como factor
salarial, máxime, si se considera que, en el caso del demandante, «al cuantificar la
prima especial en un 30%, lo que se hizo fue reducir el salario a un 70% interpretando
erróneamente el artículo 14 de la ley [sic] 4 de 1992, lo correcto era establecer el
salario en un 100% y coger [sic] un 30% como prima especial […]».

11. Señaló que, la entidad demandada no garantiza condiciones dignas y justas, pues,
se está cercenando parte de su salario, desmejorando sus condiciones laborales
respecto de otros empleados, a quienes se reconoce la prima especial sin afectar su

3 Al respecto se citaron las sentencias de 29 de abril de 2014, proferida en el asunto con radicado No. 11001 03 25 000

2007 00087 00, la sentencia de 2 de abril de 2009 (sin identificar su radicado) y la sentencia del 19 de marzo de 2010
(sin identificar su radicado).

4

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

salario, ignorando a su vez que, el objetivo de esta prima es mejorar la situación
salarial.

1.2. Contestación de la demanda4

12. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda,
pues, argumentó que, bajo los criterios establecidos por la Ley 4 de 1992 y los
decretos de reconocimiento anual contentivos de las escalas salariales expedidos por
el Gobierno Nacional, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial a
efectos de la liquidación de las prestaciones sociales.

13. Sostuvo que, las providencias citadas en el concepto de violación no determinaron el
carácter salarial de la prima especial y tampoco, determinaron que estaría llamada a
integrar la liquidación de las prestaciones sociales. Además, refirió que, los decretos
anuales que definían el monto de la prima especial, no establecieron efectos
salariales de cara a tal emolumento.

14. En suma, indicó que, si bien la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró la
nulidad de varios artículos que establecían el valor de la prima especial para los
procuradores judiciales, entre los años Mil Novecientos Noventa y Tres (1993) y Dos
Mil Siete (2007), bajo dicha decisión no surgió el derecho a la reliquidación de las
prestaciones de los servidores en mención, máxime, si se considera que, dichas
providencias surten efectos sobre situaciones jurídicas no consolidadas.

15. Afirmó que, la Procuraduría General de la Nación carece de la competencia para fijar
los salarios y prestaciones sociales de sus servidores, pues, esta atribución le atañe
al Gobierno Nacional, en virtud de lo dispuesto por el literal e) del numeral 19 del
artículo 150 de la Constitución Política y en consonancia con lo señalado en la Ley 4
de 1992, de ahí que, existan autoridades que definan taxativamente los montos y
valores que debe percibir cada funcionario.

16. Señaló que, la Procuraduría General de la Nación tiene un régimen especial,
diferenciado de aquellos regímenes de la Rama Judicial y Fiscalía General de la
Nación, sin que resulte procedente aplicar de manera generalizada, instituciones
propias de otros regímenes - como es el caso de los efectos salariales de primas

4 SAMAI- Índice 00002. Archivo “5ED_EXPDIGITA_13001233300020180076(.zip)”- Consecutivo No. 25.

5

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

especiales- y, la reliquidación de la prima especial de exmagistrados de altas cortes,
solo se ha reconocido en decisiones judiciales particulares, con efectos inter partes.

17. Con fundamento en lo anterior, alegó las excepciones que denominó «falta de
legitimación por pasiva», «dentro de los periodos reclamados por el peticionario, le
fueron cancelados salarios y prestaciones con el monto máximo autorizado en el
ordenamiento jurídico» e «inexistencia del demandado».

1.3. Sentencia de primera instancia5

18. La Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del
Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandada, en los
siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones propuestas ni prescripción trienal
de los derechos laborales, conforme a lo indicado en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD del oficio SG No.000442 del 13 de enero de 2017,
expedido por la secretaria general de la Procuraduría General de la Nación, por la cual negó
el reconocimiento y pago de diferencias salariales y prestaciones sociales al señor Gerlein
Enrique Yepes Romero.

TERCERO: en consecuencia y a título de restablecimiento del derecho CONDENAR a la
Nación- Procuraduría General de la Nación RECONOCER Y PAGAR a favor del señor Gerlein
Enrique Yepes Romero por el tiempo comprendido desde el primero (01) de enero de dos mil
catorce (2014) hasta el primero (01) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), las diferencias
dejadas de percibir por el no pago de la prima especial del 30% del salario y/o asignación
básica, de que trata el artículo 14 de la ley 4 de 1992, entendida como un adicional a la
asignación básica mensual; en consecuencia se le ordena a la Procuraduría a RELIQUIDAR
Y PAGAR todas las prestaciones sociales sobre el 100% de la asignación básica mensual, es
decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial, teniendo en
cuenta que únicamente constituirá factor salarial para efecto del ingreso base de cotización
del sistema General de pensiones y del Sistema general de Seguridad Social en Salud en los
términos de la ley 797 de 2003.

CUARTO: ORDENAR que se hagan los descuentos de la ley a la parte demandante, respecto
a las sumas que reciba tras la reliquidación que se dispone en la parte motiva de este proveído.

QUINTO: CONDENAR EN COSTAS a la parte vencida, conforme lo expuesto en la parte
considerativa de esta providencia.

SEXTO: DISPONER que el cumplimiento de esta sentencia debe efectuarse dentro del
término establecido en el artículo 192 del CPACA.

SEPTIMO: Déjense las constancias de rigor en el sistema TYBA de la Rama Judicial.» [sic]

5 SAMAI- Índice 00002. Archivo “5ED_EXPDIGITA_13001233300020180076(.zip)”- Consecutivo No. 38.

6

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

19. Como sustento de lo anterior, la Sala de Conjueces del Tribunal señaló que, según el
precedente SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve
(2019) proferido por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado, frente a la prima
especial de servicios, determinó que, en cumplimiento del mandato legal contenido
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, se debía adicionar la prima especial prevista en
esta norma y no sustraerla del salario básico y/o asignación básica, por lo cual, la
asignación básica debía pagarse en cien por ciento (100%) y con base en ese
porcentaje, liquidar las prestaciones sociales, pues, estas se veían afectadas al
reducirse el salario en un treinta por ciento (30%).

20. Con base en el precedente que antecede, estableció que, los decretos que
anualmente expidió el Gobierno Nacional, los cuales servían de base para la
expedición del acto enjuiciado, desconocían los principios de seguridad jurídica,
igualdad, justicia y derechos adquiridos, de titularidad del demandante,
transgrediendo los principios de protección al salario y el contenido del artículo 14 de
la Ley 4 de 1992.

21. Así, estableció que, se desmejoraron los derechos laborales del señor Yépez
Romero, por lo cual, se ordenaría a la demandada, el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales frente a los años en que ejerció como Procurador 175 Judicial
I, que no se encuentran prescritos, lo cual debía realizarse «sobre el 100% de su salario
básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido y teniendo en
cuenta la prima especial de servicios como factor salarial, según lo previsto en la ley 4 de 1992 »,

previo ajuste desde la fecha en que se hicieron exigibles hasta la fecha de ejecutoria
de la sentencia.

22. Estableció que, no se configuró el fenómeno de prescripción en lo que refiere a las
acreencias correspondientes a los años Dos Mil Catorce (2014), Dos Mil Quince
(2015) y Dos Mil Dieciséis (2016), pues «si bien no obra constancia expresa de la fecha en la
que fue radicada la solicitud, como quiera que dicha petición fue resuelta en el Oficio de fecha 13 de
enero de 2017 y esta fecha no supera los 3 años siguientes a la exigibilidad del derecho, es lógico
pensar que el señor Gerlein presentó la solicitud antes, por lo menos con 10 o 15 días de anticipación,
puesto que la petición fue la que generó la expedición del oficio en cuestión y esta fue expedida dentro
de los 3 años siguientes a la exigibilidad del derecho, la solicitud también fue presentada antes y dentro
de ese mismo tiempo, por lo tanto suspendió la prescripción del derecho, está operaria a partir de
enero de 2014 hacia atrás, esto significa que, lo causado en años anteriores a dicha fecha se
encuentran prescrito». [sic]

23. Sobre la condena en costas, afirmó que, bajo lo establecido en los artículos 188 del

7

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del
Código, comoquiera que, la Procuraduría General de la Nación fue vencida, resultaba
procedente su condena.

24. En lo que refiere a la cuantificación de la condena en costas, respecto de las agencias
en derecho, fijó su monto en cinco por ciento (5%) del valor de las pretensiones
reconocidas en la sentencia, baremo que justificó en que, el artículo 5° del Acuerdo
No. PSAA 16- 10554 del Cinco (5) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), determinaba
la cuantía, a partir de la formulación de pretensiones de contenido pecuniario de
mayor cuantía- como ocurría en el asunto- y que, en aplicación del test de
proporcionalidad, no se identificaban actuaciones dilatorias en el curso del proceso,
ni la afectación a derechos de terceros y la duración del proceso resultaba razonable.

1.4. Recurso de apelación6

25. La Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación en lo que refiere
a la imposición de la condena en costas procesales, al estimar que, según el
contenido del numeral 8 del artículo 365 del Código General del Proceso, solo hay
lugar a la condena en costas, cuando en el expediente se evidencie su causación y
en la medida de su comprobación. Así, advirtió que, no existen medios de prueba que
demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas procesales en
primera instancia, y tampoco fueron evidenciadas conductas que ameriten la condena
por este concepto.

26. Señaló a su vez que, el criterio en precedencia fue acogido por el Consejo de Estado7,
a efectos de revocar la condena en costas impuesta en primera instancia.

1.5. Manifestación posterior de la parte demandante.

27. Mediante mensajes de datos remitidos por la apoderada de la parte demandante, el
Veintitrés (23) de abril y el Treinta (30) de julio de Dos Mil Veinticuatro (2024) y, cuyo

6 SAMAI- Índice 00002. Archivo “5ED_EXPDIGITA_13001233300020180076(.zip)”- Consecutivo No. 42.
7 Al respecto, si bien la parte demandada citó textualmente el referente jurisprudencial que a continuación se transcribe,

no se ocupó de su identificación: « (…)” El Consejo de Estado ha señalado: “(…) sólo cuando el Juez, después de
valorar la conducta de las partes, compruebe que hubo uso abusivo de los medios procesales es del caso condenar
en costas lo que, contrario sensu, significa que si la conducta procesal fue correcta no es posible acceder a la condena
en costas” y en vigencia de la Ley 1437 de 2011 ha reiterado, acudiendo a lo dispuesto por la Corte Constitucional en
la sentencia T-342/2008, que: “En ese orden, como las costas procesales se orientan a sancionar el ejercicio abusivo
de los instrumentos judiciales o el desgaste procesal innecesario de la parte demandada y de la propia administración
de justicia, su reconocimiento debe atender tal naturaleza y las circunstancias de cada caso.” (Énfasis del Juzgado).
En igual sentido, no se probaron los supuestos que exige el artículo 365 del Código General del Proceso. (…)”».

8

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

contenido fue reiterado en memoriales presentados, el Treinta y Uno (31) de julio y el
Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025), manifestó que,
renunciaba a la condena en costas impuesta en su favor y propuso a la Procuraduría
General de la Nación que, autorizara a su apoderado, para desistir del recurso de
apelación presentado, dado que, ante la renuncia a dicho segmento condenatorio, se
sustraería el único aspecto que integra el recurso de apelación interpuesto.

1.6. Actuación posterior del Tribunal.

28. A través de auto del Diez (10) de noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025)8, se abstuvo
de pronunciarse sobre la renuncia a la condena en costas impuesta y concedió el
recurso de apelación presentado por el apoderado de la Procuraduría General de la
Nación.

29. Frente a la renuncia a las costas procesales, argumentó que, según el numeral 9 del
artículo 365 del Código General del Proceso, la renuncia a las costas procesales, es
procedente cuando se está en sede de liquidación, lo cual ocurre con posterioridad a
la ejecutoria de la providencia en que estas se imponen. Así, comoquiera que, la
providencia objeto del recurso no se encuentra en firme y la demandada no ha
desistido del recurso pese a la oferta propuesta, la decisión sobre la aceptación de la
renuncia, debería adoptarse con posterioridad a la resolución del recurso y en el
escenario en que se confirmara la condena en costas en segunda instancia.

1.7. Actuación en segunda instancia.

30. Por medio de auto del Veinticinco (25) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026) 9, el
despacho sustanciador admitió el recurso de apelación, conforme a lo previsto en el
artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso
ingresó al Despacho para fallo.

31. En la providencia en cita, se advirtió que, sobre las solicitudes presentadas por la
apoderada de la parte demandante, en punto de la renuncia a la condena en costas
procesales, el conjuez ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar, se pronunció
mediante auto de Diez (10) de Noviembre de Dos Mil Veinticinco (2025), por tanto, no

8 SAMAI- Índice 00002. Archivo “5ED_EXPDIGITA_13001233300020180076(.zip)”- Consecutivo No. 57.
9 SAMAI- Índice 00004.

9

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

había lugar a emitir un pronunciamiento adicional, considerando a su vez que, no se
advirtió que la entidad demanda hubiese desistido del recurso de apelación que
presentó.

1.8. Concepto del Ministerio Público.

32. El representante del Ministerio Público, se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

33. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. De igual forma, según el artículo
328 del Código General del Proceso10, el juez de segunda instancia debe
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2. Problema jurídico

34. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

34.1. ¿Hay lugar a revocar el numeral quinto de la parte resolutiva de la sentencia del
Veintiséis (26) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala de
Conjueces del Tribunal Administrativo de Bolívar, que condenó en costas
procesales a la entidad demandada, en aplicación de los artículos 188 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del
Código General del Proceso?

35. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes

10 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente

sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el
superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y
ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»

10

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; y 2.4. caso concreto.

2.3. Marco jurídico normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre la condena en costas.

36. Ad initio, debe decirse que, el criterio mayoritario de esta Sala11 respecto a la condena
en costas se atempera a lo siguiente:

37. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«ARTÍCULO 188. CONDENA EN COSTAS. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán
por las normas del Código de Procedimiento Civil.

<Inciso adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> En
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.»

38. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.

39. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en
caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

40. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo, elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto
de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable
de la norma12.

11
Al respecto se destacan las siguientes providencias recientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 3 de julio de 2026, C.P. Jorge Edison Portocarrero
Banguera, radicado 73001-23-33-000-2020-00371-01 (0895-2026); sentencia de 22 de mayo de 2026, C.P. Juan
Enrique Bedoya Escobar.
12 En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1

de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

11

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

41. Dicha ponderación, se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias, que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento, y de verificar que, en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

2.4. Caso concreto.

42. En el sub judice, la controversia gravita sobre la condena en costas impuesta a la
parte actora, por parte del A- quo.

43. Para la imposición de condena en costas, la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Bolívar consideró lo siguiente:

«El artículo 188 del CPACA, adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 determina que
señala, “Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código General
del Proceso.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso señala que se condenará en costas a
la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva de forma desfavorable el asunto. En ese
sentido, como la demanda se resolvió de manera desfavorable a la parte demandada, se
condenará en costas en esta instancia a favor de la parte demandante, incluyéndose en las mismas
las agencias en Derecho, que procederá a fijar la Sala dando aplicación al Acuerdo No. PSAA 16-
10554 del 5 de agosto de 2016, el cual en su artículo 5° dispone que, en los asuntos de primera
instancia cuando en la demanda se formulen pretensiones de contenido pecuniario de mayor
cuantía, las agencias en derecho se fijaran hasta el 7.5% del valor de las pretensiones reconocidas
en la sentencia judicial.

Teniendo en cuenta para el caso concreto, el test de proporcionalidad y necesidad para liquidar el
monto de las Agencias en Derecho, establecido por el Consejo De Estado entre otras en la
sentencia de fecha 29 de Enero de 2018 ya que la entidad demandada no efectuó actividades
dilatorias en el transcurso del proceso ni se han presentado perjuicios a terceros; valorando
además la naturaleza del asunto objeto de estudio, la duración del proceso hasta esta etapa
procesal y la cuantía de las pretensiones, la Sala de Conjueces fijará las Agencias en Derecho en
la suma que corresponde al 5% de las pretensiones cuantificadas en el libelo demandatorio.» [sic]

44. Al revisar las actuaciones procesales, que integraron la defensa de la entidad
demandada en primera instancia, no se observa que, hubiese obrado de mala fe o
con temeridad13, en tanto, no emergen conductas o circunstancias irregulares que,
afectaran el curso procesal surtido ante el Tribunal Administrativo de Bolívar. Por el
contrario, se avizora que, la entidad actuó en ejercicio de su derecho de defensa y
contradicción, sin realizar acciones de orden dilatorio o encaminadas a la obstrucción
del proceso.

13 Al respecto se destaca el criterio aplicado por la Sala en la sentencia del 16 de abril de 2026, proferida en el asunto

con radicado No. 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023).

12

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

45. Por otra parte, la Sala no evidencia el carácter manifiestamente ilegal de
fundamentación jurídica en los actos procesales de defensa de la demandada, toda
vez que, esta estructuró su defensa, sobre argumentos razonables y jurídicamente
sustentados, a partir de aspectos como, la incompetencia para la determinación
salarial y prestacional de los servidores que integran su planta de personal, la
ausencia del carácter salarial de la prima especial de servicios desde el plano legal,
y, el carácter restrictivo en el reconocimiento de emolumentos salariales y
prestacionales, de acuerdo con las normas que rigen las escalas salariales de la
entidad.

46. Sobre este aspecto, se encuentra que, si bien al momento en que la demandada
ejerció actuaciones procesales, como la contestación de la demanda14, se encontraba
vigente el criterio jurisprudencial fijado por la Sala de Conjueces del Consejo de
Estado en la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 del Dos (2) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019)15, en punto de los efectos salariales y prestacionales de la prima
especial de servicios frente a los empleados de la Procuraduría General de la Nación,
fundamento que sirvió de base para que resultara vencida la parte demandada, la
prexistencia de una posición jurisprudencial al margen del cual, se ejerza la estrategia
de las partes, por sí mismo, no constituye una actuación carente de asidero legal.

47. Lo anterior, pues si bien, el precedente jurisprudencial se instituye como criterio que
dota de seguridad jurídica la decisión de asuntos con hipótesis fácticas y jurídicas
semejantes16, el ejercicio de una estrategia procesal que sigan las partes en la
defensa de sus intereses- bajo posturas que resulten ajenas a dichos criterios y que
encuentren una justificación razonable- no puede catalogarse como una actuación
manifiestamente ilegal. Pues, en virtud de los derechos de defensa y contradicción,
es consustancial la atribución que le asiste a los extremos de la litis, para controvertir

14 La contestación de la demanda se presentó el 14 de julio de 2020, según lo establecido en la pieza procesal que a

continuación se relaciona: SAMAI- Índice 00002. Archivo “5ED_EXPDIGITA_13001233300020180076(.zip)”-
Consecutivo No. 21.
15 Se debe señalar, como se ha indicado en precedencia, que, al margen de considerar que dicha providencia refirió

nominalmente que unificaría criterios jurisprudenciales, en reiteradas oportunidades esta Sala de Subsección ha
indicado que la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019 de Dos (2) de Septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019), no fue
expedida conforme a las normas que gobiernan la adopción de las sentencias de unificación por parte de la Sección
Segunda de esta Corporación, por lo cual, si bien es cierto que integra la línea jurisprudencial respecto de la naturaleza
de la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, en estricto sentido no comporta un fallo de
unificación jurisprudencial en los términos del artículo 270 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, como erróneamente lo concluyó la Sala de Conjueces del Tribunal Administrativo de
Bolívar. Sobre las referencias jurisprudenciales en que se analizó la naturaleza del fallo en comento, se destacan:
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Auto de Treinta (30) de abril de Dos Mil Veintiséis (2026).
Radicado interno No. 0304-2021. CP Jorge Edison Portocarrero Banguera; Auto de seis (6) de agosto de Dos Mil
Veinticinco (2025). Radicado interno No. 6633-2024.
16 Corte Constitucional. Sentencia C-816 de 2011. M.P Mauricio González Cuervo.

13

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

los argumentos que sean presentados en su contra, a partir de la exposición de
criterios de interpretación jurídica.

48. Bajo ese entendido, la Sala considera que, no se configura la «manifiesta carencia de
fundamento legal» prevista en el artículo 188 ibidem, modificado por el artículo 47 de la

Ley 2080 de 2021, como presupuesto habilitante para la imposición de costas.

49. Siendo así las cosas, la Sala revocará el numeral quinto de la sentencia del Veintiséis
(26) de enero de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala de Conjueces del
Tribunal Administrativo de Bolívar, que condenó en costas a la parte demandada.

2.5. Conclusión

50. En la presente litis, no se configuraron los presupuestos para la condena en costas
procesales en primera instancia, pues no se evidenciaron actuaciones temerarias o
constitutivas de mala fe, a su vez, no se advierte que, las actuaciones procesales de
la demandada fuesen carentes de fundamentación legal manifiesta, por ende, no
procedía la condena impuesta en contra de la parte demandada, razón por la cual se
revocará el numeral quinto del apartado resolutivo de la sentencia de primera
instancia.

2.6. Condena en costas.

51. Revisada la conducta de la parte vencida en segunda instancia, la Sala no evidencia
temeridad o mala fe, por lo que no se cumplen los presupuestos exigidos por el
artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo. Por lo tanto, se abstendrá de imponer costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

14

Número Interno: 3538-2025
Accionante: Gerlein Enrique Yépez Romero
Accionado: Nación – Procuraduría General de la Nación

PRIMERO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del Veintiséis (26) de enero de
Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que condenó en costas a la parte demandada, de conformidad
con lo indicado en la motivación.

SEGUNDO: Confirmar en sus demás apartados la sentencia recurrida.

TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias, por los motivos expuestos en
precedencia.

CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.