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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02088-02

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 05001-23-33-000-2016-02088-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar los ordinales 2 y 3 de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, por medio de los cuales condenó a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer los efectos salariales y prestacionales de la prima especial de servicios y a pagar la diferencia entre lo efectivamente pagado y lo que correspondía por concepto de prima especial de servicios y las prestaciones sociales. Segundo. Modificar y adicionar el ordinal 4 de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, 19 Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023) Demandante: Rosa María Carmona Rendón por medio de los cuales condenó a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el cual quedará así Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte demandada, salvo en lo atinente a los aportes a seguridad social en pensión. Condenar a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar los aportes al Sistema General de Pensiones; tomando como base el 100 % de la remuneración básica mensual entre el 7 de enero de 1993 y el 28 de diciembre de 1996 (fecha de entrada en vigor de la Ley 332 de 1996), y a partir de esta última, el salario básico más el 30 % de la prima especial hasta el 31 de enero de 1997; y desde el 1 de enero de 1999 hasta el 12 de enero de 2009; siempre que, no se hayan realizado las respectivas cotizaciones. Para efectos de lo anterior, se advierte que el cumplimiento de la presente sentencia queda supeditado a que la entidad demandada no haya efectuado previamente pagos a favor de la parte actora por los mismos conceptos ahora reconocidos. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Revocar la condena en cosas impuesta en la primera instancia y, en su lugar, no imponer condena por ese concepto. Quinto. Confirmar en lo demás la de la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 05001-23-33-000-2016-02088-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón
Demandados: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial1

Tema: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala de Conjueces, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Rosa María Carmona Rendón presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo3, en
orden a que se declarara la nulidad i) de la Resolución DESAJMR 15-4853 del 18

1 En adelante DEAJ.
2 La demanda fue presentada el 20 de septiembre de 2016. Índice 2 de Samai, carpeta
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», PDF 1, páginas 1 a 18.
3 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

de junio de 2015, emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Medellín4, mediante la cual le negó el reconocimiento y pago del 30%
del salario básico mensual disminuido al ser pagado como prima especial de
servicios, y la reliquidación de las prestaciones sociales sobre dicho porcentaje; y ii)
la Resolución 7503 del 8 noviembre de 2016 con la que confirmó la decisión
anterior5.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reconocimiento de los efectos salariales y prestacionales del 30%
correspondiente a la prima especial de servicios, desde el año 1993 hasta el 2009;
ii) la reliquidación y pago indexado de las diferencias salariales y prestacionales con
inclusión de vacaciones, primas, bonificaciones, cesantías e intereses, ajustando su
salario al 100% mensual conforme con el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992; iii) el
cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el artículo 192 del
CPACA; y iv) la condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes señaló los siguientes:

3.1. Rosa María Carmona Rendón se desempeñó como juez del circuito desde el
año 1993 hasta el 2009.

3.2. El 16 de junio de 2015 solicitó a la DESAJ de Medellín el reconocimiento y pago
de las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, desde el
año 1993 hasta el año 2009.

3.3. Mediante la Resolución DESAJMR 15-4853 del 18 de junio de 2015, la DESAJ
de Medellín negó la petición anterior.

3.4. Ladecisión fue objeto de recurso de apelación concedido por la entidad
mediante Resolución DESAJM R14- 4477 del 7 de julio de 2015; no obstante, a
través de la Resolución 7503 del 8 de noviembre de 2016 confirmó la anterior
decisión6.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4 En adelante DESAJ de Medellín.
5 Incluida en la reforma de la demanda. Índice 2 de Samai, carpeta
«ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», PDF 1, página 217.
6 Tal y como se extrae de las pruebas aportadas al proceso.

2

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

4. Como tales, señaló los artículos 1, 13, 25, 53, 58, 150 y 230 de la Constitución
Política; 5 y 10 de la Ley 153 de 1887; 2, 3, 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992; 152 de la
Ley 270 de 1996; 115 de la Ley 1395 de 2010; 10, 102, 123,138, 189, 269, 270, 271
del CPACA; y 12 del Decreto 717 de 1978.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso que la prima especial de servicios con
carácter salarial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a un
30% adicional al salario básico mensual, sin embargo, los decretos salariales
anuales expedidos por el gobierno nacional disminuyeron el salario al considerarla
como parte de este, lo que impactó negativamente en la liquidación de las
prestaciones sociales, motivo por el cual los decretos que así lo ordenaron fueron
anulados por el Consejo de Estado.

1.2. Contestación de la demanda

6. La DEAJ sostuvo que los actos demandados se expidieron de conformidad con la
normatividad vigente que previó la prima especial de servicios con carácter salarial
únicamente para efectos pensionales, sin que pudiera inaplicarla o interpretarla, por
lo que no era procedente el pago de prestaciones sociales. Además, las sentencias
que anularon los decretos salariales anuales no tenían efectos retroactivos, por lo
que no se generaba gasto para el erario; y las que se profirieron dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no son aplicables en tanto
tenían efectos particulares7.

7. Proceden las siguientes excepciones:

i) Ausencia de causa petendi, inexistencia del derecho reclamado y cobro
de lo no debido porque la prima especial de servicios no tiene carácter
salarial, asunto definido por la Corte Constitucional en la sentencia C-279
de 1996;
ii) Legalidad de los actos acusados, pues fueron proferidos de conformidad
con el ordenamiento superior; y
iii) Prescripción del periodo reclamado en virtud de los artículos 41 del
Decreto 3135 de 1968, 101 del Decreto 1848 de 1969 y 151 del Código
Sustantivo del Trabajo porque una vez causado el derecho, existe un
plazo de 3 años para reclamarlo.

1.3. La sentencia apelada

7 Índice 2 de Samai carpeta «ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», PDF 1,
páginas 131 a 149.

3

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

8. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, profirió la sentencia
del 9 de diciembre de 20218, mediante la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO: Declarar la nulidad de las Resolución No. DESAJMR15-4853 de junio 18
de 2015, expedida por Rama Judicial –Consejo Superior de la Judicatura - Sala
Administrativa- Dirección Seccional de Administración Judicial de Medellín, notificada el
24 de junio de 2015, y la Resolución No. 7503 de noviembre de 2016, proferida por la
misma autoridad y notificada por correo electrónico el 4 de abril de 2016, en la que se
dio repuesta al recurso de apelación confirmando aquella, mediante las cuales se negó
el reconocimiento, pago, y reliquidación, de los salarios y las prestaciones sociales de la
parte actora, con la inclusión del 30% de la prima especial devengada.

[…]

SEGUNDO: Condénese a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a
reconocer todos los efectos salariales y prestacionales a la PRIMA ESPECIAL DE
SERVICIOS DEL 30%, desde el 01 de enero de 1993 hasta la desvinculación de la actora
en enero 12 de 2009.

TERCERO: Condénese a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, a pagar a
[…] ROSA MARIA CARMONA RENDON, la suma que resulte como diferencia de la
reliquidación de las prestaciones legales la prima de servicios, la prima de vacaciones,
la prima de navidad, bonificaciones, la cesantía, los intereses a la cesantía desde el 01
de enero de 1993 hasta el 12 de enero de 2009, momento de su retiro, con base en la
asignación básica mensual, teniendo en cuenta sus efectos salariales y prestacionales,
incluido el 30% de la prima especial mensual de servicios, siempre y cuando de su
reliquidación pueda predicarse que efectivamente se pagó un monto inferior al que tenía
derecho. Dichas sumas serán ajustadas según se indica en la parte motiva de esta
providencia.

CUARTO: Condénese a la NACIÓN, RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL a
reconocer y cancelar el reajuste y pago al pretendiente del ingreso base de cotización
[IBC] sobre los aportes a la seguridad social en pensión, dejados de aportar por el no
pago de la prima especial de servicios del 30% por el período comprendido entre el 01
de enero de 1993 en adelante y hasta la desvinculación de la demandante, que lo fue el
12 de enero de 2009.

QUINTO: Condénese en costas [..] incluyendo las agencias en derecho […] conforme a
lo expuesto en la parte considerativa.

[…] (sic)».

9. Para tal efecto, expuso lo siguiente:

8 Índice 2 de Samai carpeta «ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», PDF 2.

4

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

9.1. La demandante tenía derecho a la prima especial de servicios del 30% prevista
en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un factor adicional al salario básico
mensual que constituye factor salarial, por el desempeño del cargo de juez laboral
del circuito de Medellín, desde el 1 de enero de 1993 hasta el 12 de enero de 2009;
de conformidad con lo señalado en la sentencia proferida el 2 de abril de 20099 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado.

9.2. No operó el fenómeno jurídico de la prescripción, porque el derecho a exigir la
inclusión del 30 % de la prima especial de servicios como factor salarial solo se hizo
exigible a partir de la sentencia de «unificación» proferida por el Consejo de Estado
el 29 de abril de 2014, mediante la cual se declaró la nulidad de las disposiciones
que negaban su carácter salarial; y la reclamación fue presentada el16 de junio de
2015.

9.3. Procede la condena en costas y las agencias en derecho.

1.4. El recurso de apelación

10. La DESAJ de Medellín (Antioquia) presentó recurso de apelación en contra de la
sentencia de primera instancia en los siguientes términos10:

10.1. La demandante pertenece al régimen acogido y es beneficiaria de la prima
especial de servicio prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 como un factor
adicional al salario básico mensual, pero solo constituye factor salarial para efectos
de calcular el ingreso de cotización al Sistema de Seguridad Social en pensiones y
en salud, de conformidad con lo señalado por el Consejo de Estado en la sentencia
del 2 de septiembre del 201911. No obstante, pagó la prima especial de servicios
conforme con lo previsto en los decretos salariales anuales según los cuales, esta
corresponde al 30% de remuneración mensual.

10.2. En virtud de lo dispuesto en la sentencia proferida el 2 de septiembre de 2019
por el Consejo de Estado y en el Decreto 272 de 2021 [con efectos fiscales desde
el 1° de enero de 2021], la DEAJ reconoció a los funcionarios judiciales la
reliquidación de sus prestaciones sociales y salariales con base en el 100% del
salario básico mensual; y la prima especial de servicios del 30% sin carácter salarial
[prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] como un factor adicional a dicho
salario. No obstante, existe una imposibilidad de asumir obligaciones causadas
antes del 1° de enero de 2021, según lo previsto en el artículo 71 del Decreto 111

9 11001-03-25-000-2007-00098-00.
10 Índice 2 de Samai carpeta «ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», PDF 5.
11
«SUJ 016- CE-S2-2019».

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Demandante: Rosa María Carmona Rendón

de 1996, ante la falta de asignación presupuestal por parte del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.

10.3. Operó la prescripción respecto de la totalidad del período causado, toda vez
que la reclamación fue radicada el 16 de junio de 2015, mientras que la exigibilidad
del derecho surgió el 7 de enero de 1993, fecha de entrada en vigencia del Decreto
57 de 1993. En consecuencia, resultaba aplicable la prescripción trienal prevista en
los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 101 del Decreto 1848 de 1969.

10.4. No procedía la condena en costas ni agencias en derecho al no evidenciarse
conducta temeraria o de mala fe, ni prueba de gastos causados en el proceso.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. De conformidad con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar12.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que
delimita la competencia del juez en segunda instancia13, se circunscriben a

12 Al respecto, ver auto a índice 17 de Samai.
13 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior.

El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la
ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia».

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Demandante: Rosa María Carmona Rendón

establecer ¿si la prima especial de servicios constituye un emolumento adicional al
salario básico mensual y si tiene carácter salarial?; ¿si las limitaciones
presupuestales por parte de la DEAJ pueden condicionar el reconocimiento del
derecho reclamado o el cumplimiento de la condena?; ¿si operó el fenómeno
jurídico de la prescripción?; y ¿si procedía la condena en costas impuesta en
primera instancia a la DEAJ?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores
públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

14. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al
Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas,
señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre
otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros
del congreso nacional y de la fuerza pública.

15. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República
expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del
salario básico, sin carácter salarial14 para los Magistrados de todo orden de los
Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del
Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República,
incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y
Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios
de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero
de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados
departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito
Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de
funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o
reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

14 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-279-

96 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una
cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y
desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El
considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber
de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de
los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad internacional».

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16. Por su parte, mediante el Decreto 57 de 1993 el gobierno nacional fijó el régimen
salarial y prestacional aplicable a los servidores públicos de la Rama Judicial y de
la Justicia Penal Militar vinculados a partir de su vigencia y previó que las personas
vinculadas antes del 28 de febrero de 1993 podrían optar por una sola vez por el
régimen salarial y prestacional establecido en ese decreto [artículos 1 y 2].

17. Igualmente, en su artículo 6 señaló que «[ se considerará como Prima, sin carácter
salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los Magistrados de todo
orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, de los
Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, los
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar».

18. Con posterioridad, el Congreso de la República expidió la Ley 332 de 1996,
mediante la cual señaló que la prima especial prevista para los funcionarios
mencionados en la norma [artículo 14 de la Ley 4ª de 1992] y para los fiscales de la
Fiscalía General de la Nación, con la excepción allí establecida [la relativa a la
opción de acogerse a la escala salarial de esta entidad], haría parte del ingreso base
únicamente para efectos de la liquidación de la pensión de jubilación. Igualmente,
indicó que también se aplicaría a «los Magistrados Auxiliares y abogados asistentes de
las Altas Cortes, Magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura, Magistrados
del Tribunal Nacional, y Magistrados del extinto Tribunal Disciplinario y los Procuradores
Delegados de la Procuraduría General de la Nación».

19. Luego, el gobierno nacional dictó los decretos salariales anuales 106 de 1994,
43 de 1995, 36 de 1996, 47 de 1997, 64 de 1998, 43 de 1999, 2739 de 2000, 1474
de 2001, 673 de 2002, 3568 de 2003, 4171 de 2004, 935 de 2005, 389 de 2006,
618 de 200715, 658 de 2008, 723 de 2009, 1388 del 2010, 1039 del 2011, 874 del
2012, 1024 del 2013 y 194 del 2014 , 997 del 2019, 301 del 2020, 981 del 2021, 470
del 2022, 902 del 2023, 284 del 2024 y 594 del 2025 mediante los cuales ratificó
que la prima especial del 30% no constituye factor salarial, al respecto señaló: «[e]n
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, se considerará como
Prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario básico mensual de los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, de los Jueces de la República, de los Magistrados y Fiscales del Tribunal
Superior Militar, los Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar16».

20. Adicionalmente previó que para los servidores públicos del Consejo Superior de

15 Los apartes de los decretos, entre otros, expedidos desde 1993 hasta el 2007 que contenía la

prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 sin carácter salarial fueron anulados
por la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante la sentencia del 29 de abril del 2014 de
radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.
16 Excepto en los decretos 1105 del 2005, 234 del 2016, 1003 del 2017 y 338 del 2018 en los cuales

no se hizo referencia a dicha prima en los términos señalados.

8

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

la Judicatura, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del
Consejo de Estado [secretario general; magistrado auxiliar; jefe de control interno;
directores administrativo, de planeación, de Registro Nacional de Abogados, de
unidad; secretario de Sala o Sección y relator]; de la Dirección Nacional de
Administración Judicial [directores nacional, administrativo y seccional] y de los
Tribunales Judiciales [abogado asesor], el 30% de la remuneración mensual se
consideraba prima especial sin carácter salarial.

21. A partir de lo cual, surgieron 2 interpretaciones: la primera, según la cual la prima
creada por el Congreso de la República con la Ley 4ª de 1992, correspondía al 30%
del valor de la asignación básica, y que este era adicional al 100% de esa
asignación, lo que resultaba en un 130% [esto, sumada la prima con el salario
básico]; la segunda, consideraba que correspondía tomar el 70% como asignación
mensual básica y el 30% restante era el que correspondía a la prima especial de
servicios recientemente creada, lo que sumado daría el 100% de los ingresos
laborales de los servidores; es decir, descontaba del 100% el 30% denominado
como prima.

22. Para solucionar la controversia, la Sección Segunda del Consejo de Estado
mediante la sentencia del 2 de septiembre de 200917, fijó, entre otras, las siguientes
pautas:

«1. La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de pensión de jubilación.

1. Todos los beneficiaros de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo
14 de la Ley 4 de 1992 como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría
entre otros tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del
salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje
máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente

2. Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación)
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su
salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30 % que había sido
excluido a título de prima especial.

3. Los demás beneficiarlos de la prima especial de servicios que no estén sometidos
a límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

17 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)

9

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

4. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial
de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la
reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca
más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

5. La bonificación por compensación para magistrados y cargos equivalentes no podrá
superar en ningún caso el 80% de lo que por todo concepto devenguen anualmente los
Magistrados de Alta Corte, que es igual a lo que por todo concepto reciben los
congresistas, incluido el auxilio de cesantías. Este 80% es un piso y un techo.»

23. Es decir que el concepto de prima ha sido reconocido con anterioridad por esta
corporación como un valor adicional al ingreso de los servidores, ya sea de
naturaleza prestacional o salarial, por lo que representa un incremento en los
ingresos derivados de la relación laboral y nunca un factor de descuento en
detrimento de los trabajadores. Esta tesis fue reiterada por la Sala de Conjueces de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de la sentencia del 2 de
septiembre de 201918.

24. Asimismo, el Consejo de Estado, a través de la sentencia del 29 de abril de
201419 declaró la nulidad de algunas normas que reglamentaban la prima especial,
pues consideró que «[d]e acuerdo con los criterios establecidos en la ley marco, esto es
la Ley 4ª de 1992, es claro que el Gobierno Nacional contravino los criterios fijados por el
legislador con la expedición de los decretos demandados, pues como se pudo observar, el
literal a) del artículo 2° de la mencionada Ley estableció que de ninguna manera se podían
desmejorar los salarios y prestaciones sociales. Sin embargo, los decretos demandados
interpretaron erróneamente y aplicaron indebidamente la ley 4ª de 1992 al haber
mermado el salario de un grupo de servidores públicos, razón suficiente para
determinar que son contrarios a la Constitución y la Ley, así como para declarar su nulidad».
[Se resalta].

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de septiembre de 2019, 41001-23-33-000-

2016-00041-02(2204-2018).
19 Radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00 (1686-07). M.P. María Carolina Rodríguez Ruiz.

Declaró la nulidad de los siguientes artículos: 9 del Decreto 51 de 1993; 9 y 10 del Decreto 54 de
1993; 6 del Decreto 57 de 1993; 9 del Decreto 104 de 1994; 6 del Decreto 106 de 1994; 9 y 10 del
Decreto 107 de 1994; 10 y 11 del Decreto 26 de 1995; 7 del Decreto 43 de 1995; 9 del Decreto 47
de 1995; 9 del Decreto 34 de 1996; 10, 12 y 14 del Decreto 35 de 1996; 6 del Decreto 36 de 1996; 9
del Decreto 47 de 1997; 9, 11 y 13 del Decreto 56 de 1997; 6 del Decreto 76 de 1997; 6 del Decreto
64 de 1998; 9 del Decreto 65 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 67 de 1998; 9, 11 y 13 del Decreto 37
de 1999; 9 del Decreto 43 de 1999; 6 del Decreto 44 de 1999; 9, 11 y 13 del Decreto 2734 de 2000;
9 del Decreto 2739 de 2000; 7 del Decreto 2740 de 2000; 9 del Decreto 1474 de 2001; 7 del Decreto
1475 de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 1482 de 2001; 7 del Decreto 2720 de 2001; 9 del Decreto 2724
de 2001; 9, 11 y 13 del Decreto 2730 de 2001; 6 del Decreto 673 de 2002; 9 del Decreto 682 de
2002; 8, 10 y 12 del Decreto 683 de 2002; 8, 10 y 12 del Decreto 3548 de 2003; 9 del Decreto 3568
de 2003; 6 del Decreto 3569 de 2003; 8, 10 y 12 del Decreto 4169 de 2004; 9 del Decreto 4171 de
2004; 6 del Decreto 4172 de 2004; 8, 10 y 12 del Decreto 933 de 2005; 9 del Decreto 935 de 2005;
6 del Decreto 936 de 2005; 9 del Decreto 388 de 2006; 6 del Decreto 389 de 2006; 8, 10 y 12 del
Decreto 392 de 2006; 9 del Decreto 617 de 2007; 6 del Decreto 618 de 2007; 8, 10 y 12 del Decreto
621 de 2007; y 8, 9, y 11 del Decreto 3048 de 2007.

10

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

20
25. A tales conclusiones llegó la Sala de Conjueces luego de considerar que «la
interpretación correcta que se debe hacer del Art. 14 de la Ley 4ª de 1992 y de los Decretos
43 de 1995, 36 de 1996 y 76 de 1997 es la que sea acorde con los principios
constitucionales, en especial, los de progresividad y favorabilidad. En esas condiciones,
esta Sala entiende que la prima especial a que se refieren dichas normas debe ser un
incremento y no una disminución de la remuneración básica de los servidores señalados
en las mismas, entre ellos, los Magistrados de Tribunal de Distrito Judicial». De acuerdo
con lo anterior, la prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 corresponde a
un valor adicional al salario básico.

2.2.2. La prescripción del derecho a la prima especial de servicios y la
imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en pensión

26. La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41
del Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen
laboral se extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el
derecho reclamado se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a
partir de la reclamación efectuada por el trabajador. La citada disposición fue
reiterada a través del artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.

21
27. En la sentencia del 2 de septiembre de 2009 , el Consejo de Estado determinó
que en materia de la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley
4ª de 1992 la prescripción debe computarse de manera retroactiva desde la fecha
de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del citado
Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho.

28. Para establecer lo anterior la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del
Consejo de Estado consideró que la exigibilidad de los derechos salariales surgidos
a partir del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se predica del «momento de la entrada en
vigencia de la Ley 4 de 1992 que la creó y con la expedición del decreto que la reglamentó
primigeniamente, esto es, el Decreto 57 de 1993».

29. Lo anterior obedece a que los salarios de los servidores judiciales beneficiarios
de la citada prestación se actualizan anualmente con los decretos salariales
expedidos por el gobierno nacional que establece la escala salarial que regirá para
la respectiva anualidad, de modo que no es la fecha de ejecutoria de la sentencia
del 29 de abril de 2014 que declaró la nulidad de los decretos salariales la que

20 Tal como lo había considerado el Consejo de Estado en la sentencia del 31 de octubre de 2012,

Expediente 2001-0642, conjuez ponente: María Carolina Rodríguez Ruiz.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.

Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez).

11

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

determina el punto de partida para el cómputo de la prescripción.

30. Ahora bien, en materia de prescripción no ocurre lo mismo respecto de los
aportes pensionales, pues tales cotizaciones constituyen un deber de tracto
sucesivo del empleador que se relaciona de manera directa tanto con el derecho
fundamental a la seguridad social previsto en el artículo 48 superior22 como con los
principios laborales de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad,
progresividad y no regresividad y con la sostenibilidad fiscal del sistema de
seguridad social en pensiones.

31. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que el paso del
tiempo o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción
convalide el incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la
seguridad social, pues ello podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo
de vejez del trabajador.

32. Así, en palabras de esta Sección en sentencia CE-SUJ2-0523 «no aplica el
fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición
periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la
igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales». Lo anterior obedece a
que los aportes pensionales se relacionan en mayor media con el deber del
empleador de cumplir con sus obligaciones frente al sistema parafiscal.

2.3. Caso en concreto

2.3.1. Hechos probados

33. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente24:

33.1. Rosa María Carmona Rendón se vinculó a la Rama Judicial desde el 1 de enero
de 1993 hasta el 12 de enero de 2009, como consta en la Resolución 7503 del 8 de
noviembre de 201625 expedida por la DESAJ de Antioquia; periodo en el que
desempeñó los siguientes cargos:

22 «ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará

bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley».
23 Sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, radicado 23001-23-33-000-2013-00260-01

(0088-2015)
24
Índice 2 de Samai carpeta «ED_EXPDIG_ONEDRIVE_1_2862023(.zip) NroActua 2», PDF 1. En
adelante se relacionará únicamente las páginas del PDF 1 en el que se encuentran ubicadas las
pruebas.
25 Páginas 220 a 238.

12

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

Cargo Desde Hasta
31 de diciembre de
Juez 1 penal del circuito de Frontino 1 de enero de 1993
1999
1 de noviembre de
Juez 1 penal del circuito de La Ceja 10 de enero de 2000
1999
Juez 1 penal del circuito de Frontino 11 de enero de 2000 31 de enero de 2001
Juez 1 penal del circuito de Sopetrán 1 de febrero de 2001 1 de abril de 2004
Juez 1 penal promiscuo del circuito de
2 de abril de 2001 27 de enero de 2002
Frontino
Juez 17 laboral del Circuito de Medellín 11 de enero de 2006 12 de enero de 2009

33.2. El 16 de junio de 201526, solicitó a la DESAJ de Medellín el reconocimiento y
pago de i) la prima especial de servicios con carácter salarial y la reliquidación de
las prestaciones sociales; y ii) las diferencias salariales y prestaciones sobre el
100% del salario básico por haberle liquidado solo sobre el 70% de la asignación
básica mensual, desde el año 1993 hasta el 2009.

33.3. La DESAJ de Medellín emitió la Resolución DESAJMR 15-4853 del 18 de junio
de 201527, con la que negó la petición con fundamento en que i) la sentencia del 22
de julio de 201428 que anuló los decretos expedidos desde el año 1993 hasta el
2007 no se erige en un título constitutivo de gasto; y ii) los decretos expedidos por
el gobierno nacional desde el año 2008 en adelante que prevén la prima especial
de servicios sin carácter salarial se encuentran vigentes; por lo que aplicó la
normativa en vigor, sin facultad de interpretación.

33.4. A través de la Resolución 7503 del 8 de noviembre de 2016 confirmó la anterior
decisión29.

33.5. A través de las constancias de devengados y descuentos del 26 de enero de
201630, emitida por la DEAJ se relacionó la asignación básica mensual devengada
por la demandante, así como el valor correspondiente a la prima especial de
servicios y otros conceptos para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1993
y el año 2010. A continuación, se registrarán los valores efectivamente pagados por
la entidad por concepto de sueldo mensual y prima especial de servicios hasta el
año 2009, por corresponder este el extremo final del periodo objeto de la pretensión;
de igual forma, se registrará el valor correspondiente al salario decretado para cada
vigencia:

26 Páginas 39 a 43. La fecha de la petición se extrajo de la resolución DESAJMR15-4853 del 18 de

junio de 2015
27 Páginas 21 a 25.
28 De radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.
29 Páginas 220 a 238.
30 Páginas 29 a 38.

13

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

Prima
Salario
Vigencia Sueldo mensual especial de Decreto
decretado
servicios
1993 $ 937.500 $ 351.562 57 $ 1.218.750
1994 $ 1.134.375 $ 567.187 106 $ 1.474.688
1995 $ 1.338.563 $ 669.282 43 $ 1.740.132
1996 $ 1.539.348 $ 705.535 36 $ 2.001.152
1997 $ 1.662.496 $ 931.305 76 $ 2.161.245
1998 $ 2.063.792 $ 1.061.992 64 $ 2.682.930
1999 $ 2.332.085 $ 699.626 44 $ 3.031.711
2000 $ 2.547.336 $ 762.201 2740 $ 3.311.538
2001 $ 2.621.210 $ 786.363 1475 $ 3.394.327
2002 $ 2.745.194 $ 823.558 673 $ 3.568.752
2003 $ 2.849.786 $ 854.936 3569 $ 3.704.722
2004 $ 2.968.337 $ 890.502 4172 $ 3.858.839
2005 $ 3.131.597 $ 939.479 936 $ 4.071.076
2006 $ 3.288.177 $ 986.453 389 $ 4.274.630
2007 $ 3.436.145 $ 1.030.844 618 $ 4.466.989
2008 $ 3.631.662 $ 1.089.499 658 $ 4.721.161
2009 $ 3.964.686 $ 1.189.406 723 $ 5.154.092

2.3.2. Análisis sustancial del caso concreto

36. A efectos de abordar el problema jurídico planteado, se advierte que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, declaró la nulidad de los actos
mediante los cuales se negó el reconocimiento de derechos salariales y
prestacionales a la parte actora. En consecuencia, condenó a la entidad a reconocer
efectos salariales y prestacionales a la prima especial de servicios del 30% desde
el 1 de enero de 1993 hasta el 12 de enero de 2009; ordenó el pago de las
diferencias resultantes de la reliquidación de salarios y prestaciones sociales, con
inclusión de primas, cesantías, intereses y bonificaciones, y de dicha prima especial,
debidamente actualizadas; dispuso el reajuste y pago de los aportes a la seguridad
social en pensión, y condenó en costas a la entidad demandada.

37. La DEAJ cuestionó la anterior decisión con fundamento en que i) la prima
especial constituía factor salarial únicamente para calcular el ingreso de cotización
al Sistema de Seguridad Social en pensiones y salud; y de conformidad con los
decretos salariales vigentes expedidos por el gobierno nacional dicho emolumento
hacía parte de la remuneración, normatividad a la cual le dio estricto cumplimiento;
ii) no contaba con la disponibilidad presupuestal para asumir el pago de los

14

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

emolumentos reclamados; y ii) operó la prescripción de los periodos solicitados.

38. Ahora bien, en el proceso se demostró que Rosa María Carmona Rendón se
vinculó a la rama judicial desde el 1 de enero de 1993 hasta el 12 de enero de 2009,
lapso en el cual se desempeñó como juez del circuito en diferentes despachos de
Frontino, La Ceja, Sopetrán y Medellín, en las especialidades penal, promiscuo y
laboral.

39. A partir de lo anterior, el a quo concluyó que, debido a que la demandante ejerció
los cargos mencionados tenía derecho a percibir la prima especial de servicio desde
el 1 de enero de 1993, fecha solicitada en la demanda y la que se tomó como punto
de partida para el estudio del caso.

40. Adicionalmente, la Sala aclara que ese beneficio solo puede reconocerse desde
el 7 de enero de 1993, es decir, desde la entrada en vigencia del Decreto 57 de
199331.

2.3.2.1. En torno a la prima especial de servicio del 30% prevista en la Ley 4ª
de 1992

41. Tal como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial, la prima especial de
servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye un
emolumento adicional al salario básico mensual, que solo tiene carácter salarial
para efectos pensionales. Así lo definió expresamente la Ley 332 de 1996 al
disponer que esta prestación solo integra el ingreso base de liquidación para la
pensión de jubilación, lo que excluye cualquier incidencia en otras prestaciones
sociales.

42. Este criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda del Consejo de Estado,
entre otras, en las sentencias del 2 de septiembre de 200932 y 15 de diciembre de
202024, en las cuales se precisó que dicha prestación únicamente puede
considerarse como factor salarial para efectos pensionales, de manera que su
reconocimiento en otros ámbitos implicaría desconocer el marco legal y exceder la
voluntad del legislador.

33
43. Esta tesis se acompasa con lo definido por la Corte Constitucional al declarar
la exequibilidad del aparte «sin carácter salarial» que previó el legislador en el artículo

31
«Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores
públicos de la rama judicial y de la justicia penal militar y se dictan otras disposiciones».
32
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP.
Carmen Anaya De Castellanos (Conjuez)
33
Al respecto ver las sentencias C-279 de 1996; C-052 de 1999.

15

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

14 de la Ley 4ª de 1992, situación a la que quedó sujeta la prima especial de
servicios contenida en dicha norma. Al respecto la corte precisó que «[e]l considerar
que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los
derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del
especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al
trabajo, ni se aparta de los deberes que Colombia ha adquirido ante la comunidad
internacional».

44. Ahora bien, la tesis de la DEAJ según la cual, le liquidó a la demandante de forma
correcta el salario básico mensual (el 70% como salario y el 30% como prima
especial de servicios), desconoce la interpretación que corresponde del artículo 14
de la Ley 4 de 1992, conforme con la cual dicha prima constituye un valor adicional
al 100% del salario básico mensual y no una reducción o fraccionamiento. Así,
aunque aplicó los decretos salariales vigentes en cada periodo, en todo caso no
efectuó el reconocimiento en los términos exigidos por la ley y la jurisprudencia,
razón por la cual este argumento no resulta suficiente para negar el emolumento
reclamado.

45. No ocurre lo mismo frente al carácter salarial de dicha prestación. En efecto, el
tribunal consideró que la prima especial de servicio debía reconocerse como factor
salarial para efectos de la reliquidación de salarios y prestaciones sociales; sin
embargo, como se explicó previamente, esta prestación solo tiene dicho carácter
para efectos pensionales, por lo que no puede incidir en la liquidación de otras
prestaciones sociales.

46. En consecuencia, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, en cuanto
ordenó reconocer y pagar la prima especial de servicios como factor salarial y
dispuso la reliquidación de salarios y prestaciones sociales de la demandante.

2.3.2.2. En torno a la imposibilidad presupuestal para el pago de las sumas
reclamadas

49. En relación con este argumento la Sala destaca que, de conformidad con lo
previsto en el parágrafo del artículo 334 de la Constitución, ninguna autoridad puede
invocar la sostenibilidad fiscal para limitar, afectar o negar la protección de los
derechos fundamentales. En concordancia con lo señalado por la Corte
Constitucional34, esta situación no es una justificación que valide el incumplimiento
de las obligaciones laborales y prestacionales por parte de las entidades públicas,
de tal manera que carece de sustento legal y jurisprudencial para afectar el derecho
reclamado; por lo tanto, le corresponde a la administración reconocer y pagar los
derechos causados a pesar de las dificultades financieras que se pudieran

34
Ver sentencias SU-995 de 1999 y SU-484 de 2008.

16

Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

presentar, para lo cual deberá «cre[ar] una partida presupuestal, si no existiere, o […]
reali[zar] las operaciones necesarias para obtener los fondos, bajo el entendido de que los
créditos laborales vinculados al mínimo vital, gozan de prelación constitucional».

50. En consecuencia, la alegada imposibilidad económica y presupuestal de la
entidad no constituye una razón válida para justificar la negativa del derecho
reconocido a la demandante, pues las limitaciones financieras no exoneran a la
administración del cumplimiento de sus obligaciones laborales y prestacionales. Por
lo tanto, se confirmará la decisión del tribunal que declaró la nulidad de los actos
demandados y ordenó el restablecimiento del derecho, pero con las modificaciones
anunciadas.

2.3.2.3. En torno al fenómeno de la prescripción

51. Contrario a lo señalado por el tribunal, de conformidad con lo previsto en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969 «[l]as acciones
que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y en este Decreto,
prescriben en tres (3) años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se
haya hecho exigible» lo que impone considerar de un lado, la fecha de la norma que
creó el emolumento reclamado; y del otro, y con mayor importancia, implica analizar
las fechas en las que se prestó el servicio, de manera que se pueda predicar la
existencia de un derecho.

52. Esto es así, porque la inclusión del 30 % de la prima especial de servicios como
factor salarial no se hizo exigible a partir de la sentencia de «unificación» proferida
por el Consejo de Estado el 29 de abril de 2014, sino por virtud de lo dispuesto en
el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 y los decretos que año a año establecían el
salario

53. En este caso, Rosa María Carmona Rendón presentó la reclamación el 16 de
junio de 2015; por lo tanto, los periodos reclamados anteriores al 16 de junio de
2012 están afectados por el fenómeno de la prescripción; y comoquiera que la
demandante laboró hasta el 12 de enero de 2009, todo el periodo reclamado resulta
afectado, por lo tanto, la sentencia de primera instancia se modificará, ya que
ordenó el reconocimiento y pago de emolumentos por la totalidad del periodo
pretendido.

54. De otra parte, debido a la imprescriptibilidad del derecho a la seguridad social,
se condenará a la entidad a pagar los aportes al Sistema General de Pensiones;
tomando como base el 100 % de la remuneración básica mensual entre el 7 de
enero de 1993 y el 28 de diciembre de 1996 (fecha de entrada en vigor de la Ley
332 de 1996), y a partir de esta última, el salario básico más el 30 % de la prima

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

especial hasta el 12 de enero de 2009; siempre que, no se hayan realizado las
respectivas cotizaciones.

55. Para efectos de lo anterior, se advierte que el cumplimiento de la presente
sentencia queda supeditado a que la entidad demandada no haya efectuado
previamente pagos a favor de la parte actora por los mismos conceptos ahora
reconocidos.

56. En ese sentido se modificará y adicionará la sentencia proferida el 9 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.

2.4. Costas

57. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

58. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

59. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.

60. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

35En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

61. En el caso concreto, como no se evidenció que, en esta instancia, la parte
vencida actuase con temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia
irregular en el transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en
costas y, en consecuencia, revocará las impuestas en primera instancia, al no
advertirse que se hubiese hecho el análisis necesario para su imposición.

3. Conclusión

62. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que i) la prima especial de
servicios es un emolumento adicional al salario básico mensual, considerado factor
salarial solo para aportes a pensión, por lo que la aplicación de los decretos que la
incluyen como parte del salario no justifican negar el emolumento reclamado; ii) la
imposibilidad económica y presupuestal invocada por la entidad no constituye
justificación válida para incumplir con las obligaciones laborales y prestacionales; y
iii) todo el periodo reclamado se encuentra afectado por el fenómeno de la
prescripción porque la reclamación fue presentada el 16 de junio de 2015 y la
demandante laboró hasta el 12 de enero de 2009. Así las cosas, si bien, tiene
derecho al emolumento en los términos referidos, no es dable ordenar la liquidación
y pago de la prima especial de servicios ante la prescripción del periodo reclamado;
pero sí corresponde la reliquidación de los aportes a pensión, en virtud del carácter
imprescriptible de este derecho.

58. En consecuencia, la Sala modificará y adicionará la sentencia proferida el 9 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar los ordinales 2 y 3 de la sentencia proferida el 9 de diciembre de
2021, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces, por medio de
los cuales condenó a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial a reconocer los efectos salariales y prestacionales de la
prima especial de servicios y a pagar la diferencia entre lo efectivamente pagado y
lo que correspondía por concepto de prima especial de servicios y las prestaciones
sociales.

Segundo. Modificar y adicionar el ordinal 4 de la sentencia proferida el 9 de
diciembre de 2021, por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces,

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

por medio de los cuales condenó a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, el cual quedará así

Cuarto. Declarar probada la excepción de prescripción propuesta por la parte
demandada, salvo en lo atinente a los aportes a seguridad social en pensión. Condenar
a la nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a pagar los
aportes al Sistema General de Pensiones; tomando como base el 100 % de la
remuneración básica mensual entre el 7 de enero de 1993 y el 28 de diciembre de 1996
(fecha de entrada en vigor de la Ley 332 de 1996), y a partir de esta última, el salario
básico más el 30 % de la prima especial hasta el 31 de enero de 1997; y desde el 1 de
enero de 1999 hasta el 12 de enero de 2009; siempre que, no se hayan realizado las
respectivas cotizaciones.

Para efectos de lo anterior, se advierte que el cumplimiento de la presente sentencia
queda supeditado a que la entidad demandada no haya efectuado previamente pagos a
favor de la parte actora por los mismos conceptos ahora reconocidos.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Revocar la condena en cosas impuesta en la primera instancia y, en su
lugar, no imponer condena por ese concepto.

Quinto. Confirmar en lo demás la de la sentencia proferida el 9 de diciembre de
2021 por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala de Conjueces.

Sexto. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Séptimo. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

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Radicado: 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023)
Demandante: Rosa María Carmona Rendón

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
FNM

21

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