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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00364-02

Fecha
13 de agosto de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00364-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. – MODIFICAR los ordinales noveno y décimo de la sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, la cual quedará así: « NOVENO: DECLARAR probada parcialmente la prescripción trienal de los emolumentos causados con anterioridad al 16 de abril de 2015 respecto del demandante JAVIER VALENCIA LÓPEZ, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, salvo los aportes a seguridad social en pensión, los cuales deberán efectuarse por todo el tiempo de la vinculación laboral. DÉCIMO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su cargo aplicando para el efecto la siguiente fórmula: 27 Número Interno: 3287-2025 Demandante: María Teresa Hincapié y Otros Demandado: Nación – Rama Judicial 𝑅 = 𝑅ℎ × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad deberá liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente, los aportes al Sistema General de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, el ingreso base de cotización deberá corresponder al cien por ciento (100 %) de la asignación básica mensual, además, del treinta por ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de servicios, previos los respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a los accionantes. Las condenas reconocidas estarán supeditadas a que no se hayan efectuado otros pagos por los mismos conceptos.» SEGUNDO: REVOCAR el ordinal duodécimo de la sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandada. TERCERO: CONFIRMAR la sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sus demás ordinales. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 66001-23-33-000-2018-00364-02

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

13 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Trece (13) de agosto de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 66001-23-33-000-2018-00364-02 (3287-2025)
Demandante: María Teresa Hincapié y Otros
Demandada: Nación – Rama Judicial Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Prima especial de servicios (artículo 14, Ley 4ª de 1992)
Decisión: Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1

1.1. Pretensiones

1. Los señores María Teresa Hincapié Hincapié, Javier Valencia López, Iván Darío López
Guzmán, y José Wilson Villa Camacho por intermedio de apoderado judicial, acudieron a
la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de obtener la nulidad de los siguientes
actos administrativos:

i) Oficio DESAJPE18-427 del Veintitrés (23) de abril del Dos Mil Dieciocho
(2018), suscrito por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Pereira - Risaralda, mediante el cual, se les negó a los señores María Teresa

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Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11

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Número Interno: 3287-2025
Demandante: María Teresa Hincapié y Otros
Demandado: Nación – Rama Judicial

Hincapié Hincapié, Javier Valencia López e Iván Darío López, el pago de la
prima especial de servicios y de las diferencias salariales y prestacionales
reclamadas, sobre el 30% de su asignación básica mensual, en su calidad de
jueces de la República.

ii) Oficio DESAJPE18-563 del Veintiuno (21) de mayo del Dos Mil Dieciocho
(2018), suscrito por la Dirección Seccional de Administración Judicial de
Pereira - Risaralda, mediante el cual, se negó al señor José Wilson Villa
Camacho, el pago de la prima especial de servicios y el pago de las diferencias
salariales y prestacionales reclamadas, sobre el 30% de su asignación básica
mensual como juez de la República.

iii) Los actos fictos o presuntos surgidos del silencio administrativo negativo,
respecto del recurso de apelación contra las anteriores resoluciones.

2. Además, solicitaron estarse a lo resuelto en la Sentencia del Veintinueve (29) de abril
de Dos Mil Catorce (2014)2, proferida por el Consejo de Estado, e inaplicar por
inconstitucionales, el artículo 6º Decreto 658 de 2008, el artículo 8º Decreto 723 de 2009,
el artículo 8º Decreto 1388 de 2010, el artículo 8º Decreto 1039 de 2011, el artículo 8º
Decreto 874 de 2012, el artículo 8º 1024 del 2013, el artículo 8º del Decreto 194 de 2014,
el artículo 4º del Decreto 1105 de 2015, el artículo 4º del Derecho 234 de 2016, el artículo
4º del Derecho 1003 de 2017, el artículo 4º del Decreto 338 del Diecinueve (19) de febrero
del Dos Mil Dieciocho (2018) y los que se dicten hasta la fecha de la sentencia, en cuanto
establezcan que "En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 4º de 1992.
se considerará como prima, sin carácter salarial, el treinta por ciento (30%) del salario
básico mensual de los Jueces de la República".

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitaron ordenar a la Nación -Rama
Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el reconocimiento y pago de la
prima especial de servicios a favor de los demandantes, en cuantía equivalente al 30%
de la asignación básica mensual y no como parte de ella, y el pago de las diferencias
salariales y prestacionales a partir del 100 % del salario, de la siguiente manera:

2
Radicado No. 11001-03-25-000-2007-00087-00(1686-07), C.P Carolina Rodríguez Ruiz.

3

Número Interno: 3287-2025
Demandante: María Teresa Hincapié y Otros
Demandado: Nación – Rama Judicial

• A favor de la señora María Teresa Hincapié Hincapié desde el Quince (15)
de marzo del Dos Mil Dieciséis (2016) hasta el Treinta y Uno (31) de agosto
del Dos Mil Dieciséis (2016), desde el Seis (06) de septiembre del Dos Mil
Dieciséis (2016) hasta el Diez (10) de septiembre del Dos Mil Diecisiete
(2017), desde el Trece (13) de septiembre del Dos Mil Diecisiete (2017)
hasta el Diez (10) de octubre del Dos Mil Diecisiete (2017), desde el Doce
(12) de octubre del Dos Mil Diecisiete (2017) hasta el Nueve (09) de
noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017) y desde el Catorce (14) de
noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017) hasta la fecha en que permanezca
en el cargo como juez y persistan las mismas condiciones fácticas.

• A favor del señor Javier Valencia López desde el Primero (01) de noviembre
de Dos Mil Quince (2015), hasta la fecha en que permanezca en el cargo
como juez y persistan las mismas condiciones fácticas.

• A favor del señor Iván Darío López Guzmán desde el Dieciséis (16) de
diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016) y hasta la fecha en que permanezca
en el cargo como juez y persistan las mismas condiciones fácticas.

• A favor del señor José Wilson Villa Camacho desde el Siete (07) de mayo
de Dos Mil Quince (2015) hasta el Veintitrés (23) de febrero de Dos Mil
Diecisiete (2017) y desde el Veinte (20) de abril del Dos Mil Diecisiete (2017)
hasta la fecha en que permanezca en el cargo como juez y persistan las
mismas condiciones fácticas.

4. Adicionalmente, solicitaron indexar las sumas reconocidas, de acuerdo con el Índice
de Precios al Consumidor certificado por el DANE y condenar a la demandada ultra y
extra petita, por cuanto resulte probado en el proceso.

5. Finalmente, solicitaron condenar en costas y agencias en derecho a la parte
demandada.

1.2 Los hechos en que se fundan las pretensiones, son los siguientes:

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Número Interno: 3287-2025
Demandante: María Teresa Hincapié y Otros
Demandado: Nación – Rama Judicial

6. La señora María Teresa Hincapié Hincapié, ingresó a laborar en la Rama Judicial en
calidad de juez 01 de Pequeñas Causas y Competencias Múltiples de Pereira Risaralda,
desde el Quince (15) de Marzo al Treinta y Uno (31) de Agosto del Dos Mil Dieciséis
(2016), posteriormente, como juez 3º Civil Municipal de Dosquebradas Risaralda, desde
el Seis (06) de septiembre de Dos Mil Dieciséis (2016) hasta el Nueve (09) de noviembre
de Dos Mil Diecisiete (2017) y desde el Catorce (14) de noviembre de Dos Mil Diecisiete
(2017), cargo que continuaba ocupando a la fecha de presentación de la demanda.

7. El señor Javier Valencia López, ingresó a laborar en la Rama Judicial, como juez 01
Administrativo de Descongestión de Pereira Risaralda, desde el Dieciséis (16) de junio
de Dos Mil Catorce (2014) hasta el Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil Catorce
(2014), y, posteriormente, como juez 6º Administrativo Oral de Pereira, desde el Primero
(01) de noviembre de Dos Mil Quince (2015) hasta el Tres (03) de noviembre de Dos Mil
Diecisiete (2017).

8. El señor Iván Darío López Guzmán, fungió como juez 02 Civil del Circuito con
Funciones Laborales del Departamento del Chocó, desde el Dieciséis (16) de diciembre
de Dos Mil Dieciséis (2016) hasta el Veintinueve (29) de marzo de Dos Mil Diecisiete
(2017) y como juez 2 Civil del Circuito Oral de Pereira Risaralda, desde el Treinta (30) de
marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), vínculo que continuaba al momento de presentación
de la demanda.

9. El señor José Wilson Villa Camacho, ingresó a laborar en la Rama Judicial como juez
1º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira Risaralda, desde el
Primero (01) de diciembre de Dos Mil Quince (2015) hasta el Veintitrés (23) de febrero
de Dos Mil Diecisiete (2017) y desde el Veinte (20) de abril de Dos Mil Diecisiete (2017),
hasta que fue presentada la demanda.

10. Mediante petición, los demandantes solicitaron a la Dirección Seccional de
Administración Judicial, el pago de la prima especial y las prestaciones económicas
debidas desde el año 1993 o desde la fecha de ingreso, en adelante y hacia el futuro, y
las sumas que por diferencias salariales y prestacionales resulten de todas sus
prestaciones sociales y laborales, teniendo en cuenta como base para la liquidación con
carácter salarial, el 100% de su remuneración mensual.

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Número Interno: 3287-2025
Demandante: María Teresa Hincapié y Otros
Demandado: Nación – Rama Judicial

11. La entidad demandada mediante la Resolución DESAJPE18-427 del Veintitrés
(23) de abril del Dos Mil Dieciocho (2018), despachó desfavorablemente las pretensiones
de los señores María Teresa Hincapié Hincapié, Javier Valencia López e Iván Darío
López Guzmán. Así mismo, mediante Resolución DESAJPE18-563 del Veintiuno (21) de
mayo del Dos Mil Dieciocho (2018), negó lo solicitado por el señor José Wilson Villa
Camacho.

12. Contra la Resolución DESAJPE18-427 del Veintitrés (23) de abril del Dos Mil
Dieciocho (2018), los demandantes interpusieron recurso de apelación, concedido
mediante Resolución DESAJPE18- 408 del Veinticuatro (24) de abril del Dos Mil
Dieciocho (2018), sin que hasta la fecha de la presentación de la demanda se hubiere
resuelto, produciéndose así el silencio administrativo negativo presunto frente al recurso
de apelación interpuesto contra la mencionada resolución.

13. Frente a la Resolución No. DESAJPE18-563 del Veintiuno (21) de mayo del Dos
Mil Dieciocho (2018), el señor José Wilson Villa Camacho interpuso el recurso de
apelación el Veinticuatro (24) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018), el cual, fue concedido
mediante Resolución DESAJPER18 498 del Treinta (30) de mayo de Dos Mil Dieciocho
(2018), sin que se hubiere resuelto.

14. La entidad demandada fue convocada a audiencia de conciliación prejudicial que
se llevó a cabo ante el Procurador Delegado para Asuntos Administrativos, el Once (11)
de septiembre de Dos Mil Dieciocho (2018), sin que se lograra llegar a ningún acuerdo
entre las partes.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

15. Los demandantes sostienen que, los actos administrativos acusados vulneran:

• El preámbulo, y los artículos 13, 53, 136, 150 numeral 19, inciso 1 y literal e) y 209 de
la Constitución Política.

• Los artículos 19, 29, 39, 4º y 14 de la Ley 4° de 1992.
• Los artículos 127, 128 y 132 del Código Sustantivo del Trabajo.
• Ley 44 de 1980.

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Número Interno: 3287-2025
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Demandado: Nación – Rama Judicial

• Ley 33 de 1985.
• Ley 50 de 1990.
• Decretos extraordinarios 3135 de 1968, 1042 y 1045 de 1978.

16. Aducen que, la prima especial es un incremento del salario básico y no un
mecanismo de reducción o afectación de su integridad, como el que contienen las
disposiciones acusadas, pues, el Gobierno incluyó su valor dentro del concepto mismo
de salario básico mensual, es decir, que no utiliza su valor para el cálculo de la prima,
sino que, lo hace parte integrante de este, contrariando de manera manifiesta el
ordenamiento jurídico y específicamente el artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

17. Sostienen que, los decretos demandados modificaron lo dispuesto en normas de
carácter superior, que consagran el régimen salarial y prestacional de los servidores
públicos, precisando que, estos decretos y los actos administrativos acusados,
desconocen la situación más favorable del trabajador, particularmente el principio de
progresividad de los salarios y prestaciones, pues, los primeros, de un lado, establecen
el salario básico en cuantía cierta, precisa y determinada y, de la otra, para efectos
prestacionales le restan el 30 %, desconociendo todos los principios señalados en la
Carta.

18. Concluyen que, dicha transgresión se concretó en la errónea aplicación que hizo
la administración, al considerar en los actos administrativos demandados, que ese 30 %
del salario básico era la prima misma, lo que menoscabó los derechos de los trabajadores
y se alejó del concepto normativo de salario, contenido en el Código Sustantivo de
Trabajo, por lo tanto, configuró el cargo de nulidad por violación a las normas en que
deberían fundarse los actos administrativos enjuiciados.

2. Contestación de la demanda3

19. La Rama Judicial señaló que, la Dirección Ejecutiva Seccional no puede disponer el
pago de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas, comoquiera que, la
anulación del artículo 7 del Decreto 618 de 2007, fue el resultado de una demanda de
nulidad, cuyos efectos se sustraen a retirar del campo jurídico la aplicación del artículo

3
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 3_03ESCRITOCONTESTACIONDEMANDA(.PDF) NroActua 11.

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Demandante: María Teresa Hincapié y Otros
Demandado: Nación – Rama Judicial

anulado, mas no a establecer el pago de sumas dejadas de reconocer, liquidar y pagar
mientras la norma estuvo vigente, pretensiones que se resuelven por el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho.

20. Refirió que, el artículo 7 del Decreto 618 de 2007 declarado nulo mediante sentencia
del Dos (02) de abril de Dos Mil Nueve (2009), proferida por la Sección Segunda de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, señaló expresamente los
empleados a quienes aplica esta disposición, y los jueces de la República no se
encuentran enlistados, a partir del criterio de funcionalidad en el cual se basó el legislador
al estructurar la norma, concediendo beneficios salariales y prestacionales a estos
funcionarios en un artículo diferente, por lo tanto, no es válido afirmar que, se transgrede
el derecho a la igualdad, puesto que, el fallo no hace extensiva su aplicación al artículo 6
de los decretos cuya inaplicación solicita la parte demandante y artículos 8 de los
decretos 723 de 2009 y 1388 de 2010, por consiguiente, mal haría la Dirección Seccional
de Administración Judicial, en realizar interpretaciones extensivas a la jurisprudencia y a
la ley, que no son de su competencia.

21. Afirmó que, la prima especial de servicios no tiene carácter salarial, situación
reiterada en los distintos decretos aplicables a los servidores de la Rama judicial, lo que
significa que, dicho porcentaje no constituye factor salarial para la liquidación y pago de
las primas de servicios, navidad, vacaciones, auxilio de cesantía y bonificación por
servicios prestados, por lo tanto, no es una decisión caprichosa de la demandada, al no
computar los valores de la forma en que lo solicita la parte demandante¸ sino que, se está
cumpliendo la normativa pertinente, fundamentado en un análisis serio y razonado.

22. Finalmente, propuso como excepciones: Prescripción de derechos reclamados, la
innominada o genérica.

3. La sentencia de primera instancia4

23. La Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), corregida por auto

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Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00040.

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Demandado: Nación – Rama Judicial

del Ocho (08) de noviembre de Dos Mil Veinticuatro (2024), accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

«PRIMERO: INAPLICAR por inconstitucional los artículos 6 y 7 del Decreto 658
de 2008, 4 del Decreto 723 y 722 de 2009, artículo 8 del Decreto 1388 de 2010, 8
del Decreto 1039 de 2011, 8 del Decreto 874 de 2012, 8 del Decreto 1024 de 2013
y 8 del Decreto 194 de 2014. En su lugar, se dispone aplicar al sub lite el artículo
53 de la Constitución Política, conforme a las consideraciones expresadas en la
parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADA parcialmente la excepción de prescripción
de derechos laborales propuesta por la entidad demandada. DECLARAR no
probadas las demás excepciones propuestas por la parte demandada, por lo
expuesto y en los términos explicados en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: DECLARAR la existencia del silencio administrativo respecto de los
recursos de apelación formulados por los demandantes ante la entidad
demandada y, en consecuencia, la configuración de los actos ficto o presuntos,
por lo expuesto y en los términos explicados en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: DECLARAR la nulidad de los (sic) DESAJPE18-427 del 23 de Abril del
año 2018, para MARÍA TERESA HINCAPIÉ HINCAPIÉ, JAVIER VALENCIA
LÓPEZ, e IVÁN DARÍO LÓPEZ, y en el caso de JOSÉ WILSON VILLA CAMACHO,
a través de la resolución DESAJPE18-563 del 21 de Mayo del año 2018, y de los
actos administrativos presuntos por la ausencia de respuesta a los recursos de
apelación interpuestos contra cada una de las citadas resoluciones, las cuales
negaron la solicitud de reconocimiento y pago de la prima especial de servicios
prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, en el equivalente al 30% adicional
a la remuneración mensual, así como la reliquidación de las prestaciones sociales
sobre el 30% descontado indebidamente a título de prima especial. Según las
consideraciones expresadas en la parte motiva de esta sentencia.

QUINTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte
demandada a reconocer y pagar en favor de MARÍA TERESA HINCAPIÉ
HINCAPIÉ, identificada con cédula de ciudadanía No. 42.010.999, la prima
especial de servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola
como un incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir del
15/03/2016 al 31/08/2016; 06/09/2016 al 10/09/2017; 13/09/2017 al 10/10/2017;
12/10/2017 al 09/11/2017; y del 14/11/2017 hasta que subsista la relación laboral,
sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se
estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada
mensualmente como una suma adicional a la asignación básica, en todo caso
según los tiempos de servicio prestados como Jueza, sin que en ningún caso
supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en cuenta

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Número Interno: 3287-2025
Demandante: María Teresa Hincapié y Otros
Demandado: Nación – Rama Judicial

que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para aportes a
pensión de jubilación.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales
y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima
de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos
percibidos), de MARÍA TERESA HINCAPIÉ HINCAPIÉ, identificada con cédula de
ciudadanía No. 42.010.999, a partir del 15/03/2016 al 31/08/2016; 06/09/2016 al
10/09/2017; 13/09/2017 al 10/10/2017; 12/10/2017 al 09/11/2017; y del 14/11/2017
hasta que subsista la relación laboral, en todo caso según los tiempos de servicio
prestados por la parte demandante como Jueza, teniendo en cuenta para tal efecto
una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo
el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo también
que, en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación de los periodos del 15/03/2016 al 31/08/2016;
06/09/2016 al 10/09/2017; 13/09/2017 al 10/10/2017; 12/10/2017 al 09/11/2017; y
del 14/11/2017 hasta que subsista su vinculación laboral en la entidad demandada
en calidad de Jueza, arrojen valores en favor de la parte demandante, sin pasar
por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de
manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada
mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

SEXTO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte
demandada a reconocer y pagar en favor de JAVIER VALENCIA LÓPEZ,
identificado con cédula de ciudadanía No. 9.778.284, la prima especial de servicios
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento
del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir del 16 de abril de 2015
conforme con la prescripción decretada, y hasta que subsista la relación laboral,
sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se
estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada
mensualmente como una suma adicional a la asignación básica, en todo caso
según los tiempos de servicio prestados como Juez, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en cuenta que la
prima especial de servicios solo constituye factor salarial para aportes a pensión
de jubilación.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales
y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima
de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos
percibidos), de JAVIER VALENCIA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía
No. 9.778.284, a partir del 16 de abril de 2015 conforme con la prescripción
decretada, y hasta que subsista la relación laboral, en todo caso según los tiempos
de servicio prestados por la parte demandante como Juez, teniendo en cuenta

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Número Interno: 3287-2025
Demandante: María Teresa Hincapié y Otros
Demandado: Nación – Rama Judicial

para tal efecto una base de liquidación del 100% de la remuneración básica
mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a título de prima especial,
atendiendo también que, en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por
el Gobierno Nacional.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación de los periodos del a partir del 16 de abril de 2015
conforme con la prescripción decretada, y hasta que subsista la relación laboral en
la entidad demandada en calidad de Juez, arrojen valores en favor de la parte
demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de
2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser
pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

SÉPTIMO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte
demandada a reconocer y pagar en favor de IVÁN DARÍO LÓPEZ identificado con
cédula de ciudadanía No. 18.400.234, la prima especial de servicios consagrada
en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del 30%
respecto del 100% del salario básico, a partir del 15/12/2016 y hasta que subsista
la relación laboral, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272
de 2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe
ser pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica, en
todo caso según los tiempos de servicio prestados como Juez, sin que en ningún
caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en
cuenta que la prima especial de servicios solo constituye factor salarial para
aportes a pensión de jubilación.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales
y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima
de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos
percibidos), de IVÁN DARÍO LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía No.
18.400.234, a partir del 15/12/2016 y hasta que subsista la relación laboral, en todo
caso según los tiempos de servicio prestados por la parte demandante como Juez,
teniendo en cuenta para tal efecto una base de liquidación del 100% de la
remuneración básica mensual, incluyendo el 30% descontado erróneamente a
título de prima especial, atendiendo también que, en ningún caso supere el
porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación de los periodos del 15/12/2016 y hasta que
subsista su vinculación laboral en la entidad demandada en calidad de Juez,
arrojen valores en favor de la parte demandante, sin pasar por alto que a partir de
la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de manera expresa que la
prima especial de servicios debe ser pagada mensualmente como una suma
adicional a la asignación básica.

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Demandado: Nación – Rama Judicial

OCTAVO: A título de restablecimiento del derecho, CONDENAR a la parte
demandada a reconocer y pagar en favor de JOSÉ WILSON VILLA CAMACHO,
identificado con cédula de ciudadanía No. 10.130.167, la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un
incremento del 30% respecto del 100% del salario básico, a partir del 01/12/2015
al 23/02/2017; y del 20/04/2017 hasta que subsista la relación laboral, sin pasar
por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de 2021 se estableció de
manera expresa que la prima especial de servicios debe ser pagada
mensualmente como una suma adicional a la asignación básica, en todo caso
según los tiempos de servicio prestados como Juez, sin que en ningún caso supere
el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, y teniendo en cuenta que la
prima especial de servicios solo constituye factor salarial para aportes a pensión
de jubilación.

La parte demandada también deberá reliquidar y pagar las prestaciones sociales
y salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima
de vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos
percibidos), de JOSÉ WILSON VILLA CAMACHO, identificado con cédula de
ciudadanía No. 10.130.167, a partir del 01/12/2015 al 23/02/2017; del 20/04/2017
y hasta que subsista la relación laboral, en todo caso según los tiempos de servicio
prestados por la parte demandante como Juez, teniendo en cuenta para tal efecto
una base de liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo
el 30% descontado erróneamente a título de prima especial, atendiendo también
que, en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional.

La parte demandada deberá asumir el pago de lo ordenado en esta sentencia
siempre y cuando la liquidación de los periodos del a partir del 01/12/2015 al
23/02/2017; y del 20/04/2017 y hasta que subsista su vinculación laboral en la
entidad demandada en calidad de Juez, arrojen valores en favor de la parte
demandante, sin pasar por alto que a partir de la expedición del Decreto 272 de
2021 se estableció de manera expresa que la prima especial de servicios debe ser
pagada mensualmente como una suma adicional a la asignación básica.

NOVENO: DECLARAR probada parcialmente la prescripción trienal de los
emolumentos causados con anterioridad al 16 de abril de 2015 respecto del
demandante JAVIER VALENCIA LÓPEZ, de acuerdo con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

DÉCIMO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia
de conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que
resulte a su cargo aplicando para el efecto la siguiente formula:

𝑅 = 𝑅ℎ × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

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Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad
podrá realizar los respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a
los accionantes.

UNDÉCIMO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

DUODÉCIMO: Condenar en costas de primera instancia a la parte demandada,
en los términos indicados en la parte motiva de esta providencia.

(…)»

24. El A-quo sostuvo que, con fundamento en lo previsto en el artículo 53 de la
Constitución Política y a través de la sentencia del Dos (02) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019), el Consejo de Estado determinó que, la prima especial de servicios
debe ser considerada como un incremento del salario básico y, por lo tanto, sus
beneficiarios tienen derecho al pago de las diferencias que surjan ante un pago indebido,
y a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de la asignación básica,
esto es, con inclusión del 30 % excluido por concepto de prima especial.

25. Por consiguiente, señaló que, la prima especial es un rubro adicional a la asignación
básica mensual, y al haberse fraccionado este emolumento en el 70 % como salario
básico y el 30 % a título de prima especial, es evidente que se configuró un menoscabo
en ese porcentaje a la asignación básica mensual, al igual que sus prestaciones, puesto
que, su base salarial se redujo en un 30 %.

26. Por lo tanto, consideró necesario aplicar la excepción de inconstitucionalidad
respecto de los artículos 6 y 7 del Decreto 658 de 2008, 4 del Decreto 722 y 723 de 2009,
artículo 8 del Decreto 1388 de 2010, 8 del Decreto 1039 de 2011, 8 del Decreto 874 de
2012, 8 del Decreto 1024 de 2013 y 8 del Decreto 194 de 2014, en tanto reprodujeron la
disposición declarada nula por la Sala de Conjueces del Consejo de Estado a través de
la sentencia del Veintinueve (29) de abril de Dos Mil Catorce (2014), concluyendo en la
prosperidad de la pretensión de nulidad de los actos administrativos demandados, por
resultar contrarios al artículo 53 de la Constitución Política y a la Ley 4 de 1992.

27. Añadió que, la parte demandada debe reliquidar y pagar las prestaciones sociales y
salariales (prima de navidad, prima de servicios, vacaciones, cesantías, prima de
vacaciones, bonificación por servicios prestados y demás emolumentos percibidos) a los

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demandantes en debida forma, así como los aportes a seguridad social con base en el
100 % del salario básico, quedando facultada para realizar los respectivos descuentos
que por ley les correspondiesen.

28. Respecto a la excepción de prescripción trienal, expuso que, operó respecto del
señor Javier Valencia López, dado que, entre la fecha de vinculación laboral, esto es, el
Tres (03) de julio de Dos Mil Uno (2001) y la fecha de presentación de la reclamación
administrativa, el Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), transcurrieron más
de tres años. Por lo tanto, declaró la prescripción de los derechos reclamados anteriores
al Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Quince (2015), comoquiera que, la petición fue
elevada el Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018). Para los demás
demandantes, concluyó que no operó el término de prescripción.

29. Precisó que, la excepción extintiva no se predica de las cotizaciones a seguridad
social por su carácter imprescriptible, y, en consecuencia, por estos lapsos deberán
liquidarse los aportes al sistema de seguridad social integral, señalando que, únicamente
comprende efectos fiscales para las cotizaciones en salud y pensión.

30. También señaló que, deberían realizarse los aportes al sistema de seguridad social
en salud, por el periodo declarado imprescriptible, en atención a lo previsto en el
parágrafo 1º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, por cuanto dispone que, la base de
cotización al Sistema de Seguridad Social en Salud, debe ser igual que la contemplada
en el Sistema General de Pensiones. Añadió que, la entidad queda facultada para realizar
los respectivos descuentos de ley a los demandantes.

31. Finalmente, condenó en costas procesales a la entidad demandada, en atención a
que las pretensiones prosperaron parcialmente, aplicando el criterio objetivo, consagrado
en el artículo 365.1 del Código General del Proceso, previa aplicación del Acuerdo
PSAA16-10554 de 2016 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, que reconoce
a título de agencias en derecho, el cero punto cinco por ciento (0.5%) de lo tasado en la
estimación razonada de la cuantía, es decir, la suma de $ 542.850.

4. Recurso de apelación5

5
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00045.

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32. La oposición con la sentencia de primera instancia, la fijó en primer lugar, respecto
de las costas procesales, por considerar que no había lugar a su imposición, porque no
existe prueba que acredite que se hayan causado.

33. Indicó que, las diversas secciones del Consejo de Estado han precisado que, la regla
que impone la condena en costas (regla Nro. 1, 3, 4 y 5 del artículo 365 del CGP), debe
analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, la cual dispone que, solo habrá lugar
a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación, y en presente asunto, la parte demandante no aportó los medios de
prueba que acrediten tal hecho.

34. Señaló que, no procedía condena a título de agencias en derecho, en el uno por
ciento (1 %) de lo tasado en la demanda como estimación total razonada de la cuantía,
no solo porque no obra prueba que acredite que las costas reclamadas se causaron, sino
que, no podía hacerlo tomando dicho parámetro, comoquiera que, para esa estimación,
la parte actora hizo cálculos partiendo de la premisa que tenía derecho al pago de la
prima especial del 30 %, desde el año 2007.

35. Argumentó que, la prescripción que debe contabilizarse retroactivamente tres años
atrás desde la petición formulada ante la entidad, por lo que tampoco es procedente que
se accedan a las súplicas de la demanda.

36. Finalmente, enfatizó que, pagar el 100 % de la prima especial de servicios, va en
contravía de la Ley 4 de 1992, en la cual se estableció que, debía oscilar entre un 30 %
y un 60% y no constituiría factor salarial; en consecuencia, no es procedente el 100 %,
desconociendo la Constitución Política de Colombia.

5. Trámite de segunda instancia

37. Mediante auto del Dieciséis (16) de enero de Dos Mil Veintiséis (2026)6, se admitió el
recurso de apelación de acuerdo con lo establecido por el artículo 247 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Al no existir
solicitud probatoria, ingresó a despacho para fallo.

6
SAMAI, índice 00004.

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6. Concepto del Ministerio público

38. El Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto.

II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia

39. La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso,
de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según
el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el Juez de segunda instancia
debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

2.2. Problema jurídico

40. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

i) ¿La sentencia de primera instancia, le otorgó a la prima especial de servicios
un porcentaje superior al establecido en la Ley 4 de 1992?

ii) ¿Se configuró la prescripción, frente a las sumas reconocidas en la sentencia
de primera instancia?

iii) ¿Debe revocarse la condena en costas y agencias en derecho, ante la
inexistencia de prueba sobre su causación?

41. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios e
imprescriptibilidad de los aportes a la seguridad social; 2.4. Material probatorio; 2.5. Caso
concreto; 2.6. Condena en costas.

7
“ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.”

16

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial de la prima especial de servicios

42. La Ley 4 de 1992, en su artículo 14, creó la prima especial de servicios, como un
incremento salarial del 30 %, calculado sobre el 100 % de la asignación básica, sin
carácter salarial; más adelante, la Ley 332 de 1996 dispuso que aquella sería factor
salarial, solo para el pago de aportes pensionales.

43. La Sala estima necesario precisar que, para efectos de emitir decisión de fondo en el
sub lite, se atenderán los lineamientos que, sobre la prima especial de servicios,
consagrada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, fijó la Sala de Conjueces, de la Sección
Segunda de la Corporación, mediante la sentencia SUJ-016-CE-S2-2019, proferida el
Dos (2) de septiembre de Dos Mil Diecinueve (2019).

44. La Sala pone de presente que, en dicha decisión judicial, se analizó la naturaleza y
alcance de la prima especial de servicios. En concreto, explicó que, la mencionada prima,
corresponde a un valor adicional al ingreso de los servidores, que implica un aumento en
la remuneración derivada del vínculo laboral y no puede entenderse, en ningún caso,
como un elemento de deducción que afecte negativamente los derechos del trabajador.

45. En la sentencia, se determinaron los siguientes parámetros de interpretación:

a) La prima especial de servicios es un incremento del salario básico y/o asignación
básica de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los
beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago
de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor. La prima especial
sólo constituye factor salarial para efectos de la pensión de jubilación.

b) Todos los beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el artículo 14
de la Ley 4 de 1992, como funcionarios de la Rama Judicial, Fiscalía, Procuraduría, entre
otros, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario
básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado
por el Gobierno nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

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c) Los funcionarios beneficiarios de la prima especial de servicios a que se refiere el
artículo 14 de la Ley 4 de 1992 (de la Rama Judicial o de la Fiscalía General de la Nación),
tienen derecho a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100% de su salario
básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido
a título de prima especial.

d) Los demás beneficiarios de la prima especial de servicios que no estén sometidos al
límite del 80%, en ningún caso su remuneración podrá superar el porcentaje máximo
fijado por el Gobierno Nacional.

e) Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de
servicios, se tendrá en cuenta en cada caso, la fecha de presentación de la reclamación
administrativa y a partir de allí, se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de
conformidad con el Decreto 3135 de 1968 y 1848 de 1969.

2.3.1. De la prescripción

46. En la sentencia del Dos (2) de septiembre de Dos Mil diecinueve (2019)8, el Consejo
de Estado determinó que, respecto de la prima especial de servicios, consagrada en el
artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, la prescripción debe computarse de manera retroactiva
desde la fecha de interposición de la reclamación administrativa y en los términos del
citado Decreto 3135 de 1968, es decir, teniendo en cuenta la fecha de exigibilidad del
derecho, al respecto, esta Subsección ha precisado que9:

«La prescripción de los derechos laborales se encuentra prevista en el artículo 41 del
Decreto 3135 de 1968 según el cual la exigibilidad de los derechos de origen laboral se
extingue en un plazo de 3 años contados desde el momento en el que el derecho reclamado
se hace exigible, plazo que puede interrumpirse por uno igual a partir de la reclamación
efectuada por el trabajador. La citada disposición fue reiterada a través del artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969.»

47. Ahora bien, en materia de prescripción, no ocurre lo mismo respecto de los aportes
pensionales, pues, tales cotizaciones constituyen un deber de tracto sucesivo del

8
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2204-18) MP. Carmen Anaya De Castellanos
(Conjuez)

9
Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2017-00402-02 (5187-2024), sentencia del 19 de febrero del
2026, Consejero Ponente Juan Enrique Bedoya Escobar.

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empleador, que se relaciona de manera directa tanto con el derecho fundamental a la
seguridad social, previsto en el artículo 48 superior10, como con los principios laborales
de irrenunciabilidad, in dubio pro operario, igualdad, progresividad y no regresividad y con
la sostenibilidad fiscal del sistema de seguridad social en pensiones.

48. En tal sentido, esta corporación ha considerado inadmisible que, el paso del tiempo
o la superación del plazo establecido para que opere la prescripción convalide el
incumplimiento del deber de efectuar los aportes parafiscales de la seguridad social, pues
ello, podría generar inseguridad sobre la cobertura del riesgo de vejez del trabajador.

49. Así las cosas, la prescripción de derechos laborales, opera a los tres (3) años desde
su exigibilidad, conforme al artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y el artículo 102 del
Decreto 1848 de 1969, término que se interrumpe por igual lapso, con la reclamación
administrativa.

50. En relación con la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, el
Consejo de Estado precisó que, la prescripción se cuenta retroactivamente desde la
reclamación, tomando como punto de partida la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992
y del Decreto 57 de 1993, y no desde la ejecutoria de la sentencia que anuló los decretos
salariales. En contraste, la prescripción no aplica a los aportes pensionales, por tratarse
de una obligación de tracto sucesivo, ligada al derecho fundamental a la seguridad social
y a los principios de irrenunciabilidad e igualdad, por lo que el paso del tiempo no
convalida su incumplimiento.

2.4. Material probatorio

51. En el plenario, reposan los siguientes medios de prueba, relevantes para la resolución
del caso concreto:
• Certificado No. 190418-148 del Diecinueve (19) de abril de Dos Mil
Dieciocho (2018)11 emitido por el área de Talento Humanos de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pereira – Risaralda, donde

10
ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y
control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.

11
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 103 a
105.

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certifica el tiempo de servicio y los cargos ocupados en la Rama Judicial por
la señora María Teresa Hincapié Hincapié.

• Certificado No. 190418-149 del Diecinueve (19) de abril de Dos Mil
Dieciocho (2018)12 emitido por el área de Talento Humanos de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pereira – Risaralda, donde
certifica el tiempo de servicio y los cargos ocupados en la Rama Judicial por
el señor Javier Valencia López.

• Certificado No. 190418-150 del Diecinueve (19) de abril de Dos Mil
Dieciocho (2018)13 emitido por el área de Talento Humanos de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pereira – Risaralda, donde
certifica el tiempo de servicio y los cargos ocupados en la Rama Judicial por
el señor Iván Darío López Guzmán.

12
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 107 a
109.
13
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00044.

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• Certificado No. Certificado No. 210518-198 del Veintiuno (21) de mayo de
Dos Mil Dieciocho (2018)14 emitido por el área de Talento Humanos de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Pereira –
Risaralda, donde certifica el tiempo de servicio y los cargos ocupados en la
Rama Judicial por el señor José Wilson Villa Camacho.

• Copia de la petición del Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Dieciocho
(2018)15, presentada por los señores María Teresa Hincapié Hincapié,

14
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 107 a
115.
15
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 117 a
125.

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Javier Valencia López e Iván Darío López, ante la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial, mediante la cual, solicitaron el pago
de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la Ley 4
de 1992 y la reliquidación del salario básico, las vacaciones, las cesantías,
las primas de servicios, navidad, bonificaciones por servicios prestados
devengados desde el año 1993 y hacia el futuro, a favor de los peticionarios.
• Copia de la petición del Siete (07) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018)16,
presentada por el señor José Wilson Villa Camacho, ante la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, mediante la cual, solicitó el
pago de la prima especial de servicios, consagrada en el artículo 14 de la
Ley 4 de 1992 y la reliquidación del salario básico, las vacaciones, las
cesantías, las primas de servicios, navidad, bonificaciones por servicios
prestados devengados desde el año 1993 y hacia el futuro.

• Resolución DESAJPE18-427 del Veintitrés (23) de abril del Dos Mil
Dieciocho (2018)17, emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, mediante la cual, se despachó desfavorablemente
la petición del Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018),
presentada por los señores María Teresa Hincapié Hincapié, Javier
Valencia López, e Iván Darío López.

• Resolución DESAJPE18-563 del Veintiuno (21) de mayo del Dos Mil
Dieciocho (2018)18, emitida por la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial, mediante la cual, despachó desfavorablemente la
petición del Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), presentada
por el señor José Wilson Villa Camacho.

• Recurso de apelación interpuesto por los señores María Teresa Hincapié
Hincapié, Javier Valencia López, e Iván Darío López, en contra de la

16
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 127 a
133.
17
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 135 a
143.
18
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 145 a
153.

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Resolución DESAJPE18-427 del Veintitrés (23) de abril del Dos Mil
Dieciocho (2018)19.

• Recurso de apelación interpuesto por el señor José Wilson Villa Camacho,
en contra de la Resolución DESAJPE18-563 del Veintiuno (21) de mayo del
Dos Mil Dieciocho (2018) 20.

2.5. Caso concreto

52. En el presente asunto, no existe discusión frente al derecho que les asiste a los
señores María Teresa Hincapié Hincapié, Javier Valencia López, Iván Darío López
Guzmán, y José Wilson Villa Camacho, en su calidad de jueces de la República, a
devengar la asignación básica y, la prima especial de servicios, con fundamento en la
Ley 4 de 1992.

53. La inconformidad de la parte demandada, con la decisión adoptada por la Sala
Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, radica en que, en criterio de
la recurrente, se le otorgó un porcentaje del 100 %, lo cual, va en contravía con la Ley 4
de 1992, norma que estableció un porcentaje de entre el 30 % y el 60%.

54. De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, la prima especial de servicios en
favor de los funcionarios de la Rama Judicial, corresponde a:

«ARTÍCULO 14. <Ver Notas de Vigencia> El Gobierno Nacional establecerá una prima no
inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los
Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso
Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los
Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar,
Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la
escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.)
de enero de 1993.
(…)»

19
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 155 a
157.
20
Samai – Gestión en otros despachos - Índice 00011 - 1_01CUADERNO_UNO_PRINCIPAL(.PDF) NroActua 11 – Folios 163 a
165.

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55. A partir de la norma referenciada, tal como lo señala el recurrente, la prima especial
de servicios en favor de jueces y magistrados de la Rama Judicial, oscilaría entre el 30
% y el 60% del salario básico.

56. Así, los distintos decretos salariales han fijado que, la prima especial de servicios
equivale al 30 % de la asignación básica, porcentaje establecido en el artículo primero
del Decreto 272 de 2021.

57. En criterio de la Sala, una vez verificada la orden judicial de primera instancia, no
existe asidero en el planteamiento de la apelante, comoquiera que, para cada uno de los
demandantes, el A quo estableció el reconocimiento y pago de «la prima especial de
servicios consagrada en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992, liquidándola como un incremento del
30% respecto del 100% del salario básico».

58. Con este panorama, es absolutamente claro para la Sala que, la Sala Transitoria del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, no otorgó a la prima especial de servicios,
un porcentaje superior al determinado en la ley y los decretos salariales correspondientes,
razón por la cual, el recurso de alzada no tiene vocación de prosperidad en este ítem.

59. El segundo presupuesto de la apelación, lo constituye la presunta falta de
aplicación del término de prescripción de tres años por parte del A – quo.

60. La Sala advierte que, la prescripción analizada por el sentenciador de primera
instancia, se acompasa con las reglas jurisprudenciales sentadas en la sentencia SUJ-
016-CE-S2-2019, al fijar su conteo, en los tres años anteriores en que fue radicada la
solicitud ante la entidad.

61. Tal como quedó evidenciado en el acápite donde se relacionó el material probatorio,
los señores María Teresa Hincapié Hincapié, Javier Valencia López, Iván Darío López
Guzmán, elevaron su petición ante la Dirección Seccional de Administración Judicial, el
Dieciséis (16) de abril de Dos Mil Dieciocho (2018), mientras que el señor José Wilson
Villa Camacho, radicó la solicitud el Siete (07) de mayo de Dos Mil Dieciocho (2018).

62. Teniendo en cuenta que, la vinculación de la señora María Teresa Hincapié Hincapié,
data del Quince (15) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), la del señor Iván Darío López
Guzmán, corresponde al Quince (15) de diciembre de Dos Mil Dieciséis (2016) y la del

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señor José Wilson Villa Camacho, tiene fecha del Primero (1) de diciembre del Dos Mil
Quince (2015), la Sala concluye que, para ninguno operó el fenómeno prescriptivo,
máxime, si se tiene en cuenta que, la demanda fue interpuesta el Diecinueve (19) de
septiembre del Dos Mil Dieciocho (2018).

63. Contrario acontece con el señor Javier Valencia López, quien, de acuerdo con la
certificación de tiempos, ingresó al servicio de la Rama Judicial en calidad de juez de la
República, el Treinta (30) de julio del Dos Mil Uno (2001), laborando hasta el Quince (15)
de agosto de la misma anualidad, y fue vinculado nuevamente, entre el Dieciséis (16) de
marzo y el Diecisiete (17) de septiembre del Dos Mil Catorce (2014) y finalmente entre el
Primero (1) de noviembre del Dos Mil Quince (2015) y el Tres (3) de noviembre de Dos
Mil Diecisiete (2017); debiendo efectuarse el conteo de la prescripción, por el tiempo de
servicios anterior al Quince (15) de abril del Dos Mil Quince (2015).

64. Verificada la sentencia de primera instancia, es absolutamente claro para la Sala que,
el término de prescripción referenciado fue tenido en cuenta por el operador judicial, pues,
su ordinal noveno expresamente consagró:

«NOVENO: DECLARAR probada parcialmente la prescripción trienal de los emolumentos
causados con anterioridad al 16 de abril de 2015 respecto del demandante JAVIER
VALENCIA LÓPEZ, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.»

65. Vistas así las cosas, no le asiste razón a la entidad recurrente, al plantear una falta
de observancia por parte de la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, frente al término prescriptivo, y, por lo tanto, no prospera el recurso de apelación
en este aspecto.

66. Sin embargo, comoquiera que, este término de prescripción no abarca los aportes a
seguridad social en pensión, se modificará el ordinal noveno, para exceptuar la operancia
del fenómeno prescriptivo, dichos aportes.

67. Asimismo, la Sala advierte, frente a los aportes pensionales de los demás
demandantes, aunque la sentencia de primera instancia en la parte considerativa avaló
su procedencia, no dio orden en concreto en el apartado resolutivo, razón por la cual, se
modificará el numeral décimo, a efectos de ordenar que, en el caso de existir valores
sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad deberá liquidar y trasladar
al fondo de pensiones correspondiente, los aportes al Sistema General de Seguridad

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Social en pensiones que resulten procedentes, y el ingreso base de cotización deberá
corresponder al cien por ciento (100 %) de la asignación básica mensual, además, del
treinta por ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de servicios, previos los
respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a los accionantes.

68. Adicionalmente, se supeditará el cumplimiento de la orden judicial, a que no se hayan
efectuado otros pagos por los mismos conceptos reconocidos.

69. Finalmente, frente a la solicitud de revocar la condena en costas de primera
instancia, al revisar las actuaciones procesales, que integraron la defensa de la entidad
demandada en primera instancia, no se observa que, hubiese obrado de mala fe o con
temeridad21, en tanto, no emergen conductas o circunstancias irregulares que, afectaran
el curso procesal surtido ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Por el
contrario, se avizora que, la entidad actuó en ejercicio de su derecho de defensa y
contradicción, sin realizar acciones de orden dilatorio o encaminadas a la obstrucción del
proceso.

70. Por otra parte, la Sala no evidencia el carácter manifiestamente ilegal de
fundamentación jurídica en los actos procesales de defensa de la demandada, toda vez
que, esta estructuró su defensa, sobre argumentos jurídicamente sustentados, a partir de
aspectos como, la ausencia del carácter salarial de la prima especial de servicios desde
el plano legal, y, los efectos que comportan las sentencias anulatorias dentro de los
procesos de simple nulidad.

71. Bajo ese entendido, la Sala considera que, no se configura la «manifiesta carencia
de fundamento legal» prevista en el artículo 188 ibidem, modificado por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, como presupuesto habilitante para la imposición de costas.

72. Tampoco procede la condena por concepto de agencias en derecho, pues, como bien
lo aduce la entidad recurrente, no existe prueba de su causación al interior del proceso.

73. Siendo así las cosas, la Sala revocará el numeral duodécimo de la sentencia del
Quince (15) de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que condenó en costas y agencias en
derecho a la parte demandada.

21 Al respecto se destaca el criterio aplicado por la Sala en la sentencia del 16 de abril de 2026, proferida en el asunto

con radicado No. 05001-23-33-000-2016-02088-02 (3481-2023).

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2.6. Condena en costas.

74. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, razón por
la cual, la Sala se abstendrá de condenar en costas en ambas instancias.

2.7. Conclusiones

75. La Sala modificará la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia, en orden
a establecer la imprescriptibilidad de los aportes a seguridad social en materia pensional,
ordenar su traslado a la administradora de pensiones de cada uno de los demandantes,
así como, el descuento que le corresponde al trabajador, precisando que, procede la
condena, siempre que no se haya efectuado otro pago por los mismos rubros.
Finalmente, se revocará la condena en costas de primera instancia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. – MODIFICAR los ordinales noveno y décimo de la sentencia del Quince (15)
de octubre de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, la cual quedará así:

« NOVENO: DECLARAR probada parcialmente la prescripción trienal de los emolumentos
causados con anterioridad al 16 de abril de 2015 respecto del demandante JAVIER
VALENCIA LÓPEZ, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia,
salvo los aportes a seguridad social en pensión, los cuales deberán efectuarse por todo el
tiempo de la vinculación laboral.

DÉCIMO: ORDENAR a la entidad demandada dar cumplimiento a esta sentencia de
conformidad con los artículos 192 a 195 del CPACA, ajustando el valor que resulte a su
cargo aplicando para el efecto la siguiente fórmula:

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𝑅 = 𝑅ℎ × 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

Si existieran valores sobre los cuales no se aportó a la seguridad social, la entidad deberá
liquidar y trasladar al fondo de pensiones correspondiente, los aportes al Sistema General
de Seguridad Social en pensiones que resulten procedentes, el ingreso base de cotización
deberá corresponder al cien por ciento (100 %) de la asignación básica mensual, además,
del treinta por ciento (30 %) correspondiente a la prima especial de servicios, previos los
respectivos descuentos en la proporción que le corresponda a los accionantes.

Las condenas reconocidas estarán supeditadas a que no se hayan efectuado otros pagos
por los mismos conceptos.»

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal duodécimo de la sentencia del Quince (15) de octubre
de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que condenó en costas y agencias en derecho a la
parte demandada.

TERCERO: CONFIRMAR la sentencia del Quince (15) de octubre de Dos Mil Veinticuatro
(2024), proferida por la Sala Transitoria del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
en sus demás ordinales.

CUARTO: Sin condena en costas en ambas instancias.

QUINTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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