Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-002-2017-01925-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-002-2017-01925-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-002-2017-01925-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
17 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 1
Vinculadas: Yeimy Liceth Rivera González y Adelaida Orejuela Orejuela 2
Tema: Sustitución pensional
Decisión: Confirma sentencia que accedió al derecho porque la demandante
acreditó la convivencia efectiva y material con el causante durante los
cinco años previos al fallecimiento. Se condena en costas de segunda
instancia a la demandante.
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes demandante y
demandada contra la sentencia de primera instancia del 29 de septiembre de 2023,
dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La accionante instauró demanda 3 contenciosa administrativa en ejercicio del
medio de control de la referencia con el objeto de que se declare la nulidad de las
Resoluciones RDP 011906 del 15 de marzo de 2016, 018017 del 4 de mayo del mismo
año, 034090 del 14 de septiembre ibidem, mediante las cuales se negó la «pensión de
sobrevivientes» 4 reclamada, se resolvió un recurso de reposición y de apelación,
respectivamente y del oficio 1800 del 24 de junio de 2016 por medio del cual se negó el
pago de intereses moratorios.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene a la Ugpp reconocer
y pagar la «pensión de sobrevivientes» 5, en calidad de compañera permanente de Rafael
Alonso Ramírez Caipa, a partir del 28 de junio de 2014. Además, reclamó el reajuste de
las mesadas atrasadas, los intereses moratorios a que haya lugar y las costas procesales.
1
En adelante Ugpp.
2
Vinculadas mediante auto admisorio del 5 de junio de 2018, visible en índice 88 de Samai - Tribunales.
3
Índice 88 de Samai – Tribunales.
4
Más adelante se precisará que lo que se reclama en el sub lite es la sustitución pensional.
5
Pretensión quinta.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
3. Afirmó que convivió y sostuvo una relación marital de hecho continua, con su
compañero Rafael Alonso Ramírez Caipa desde 1968 hasta el 28 de junio de 2014, de la
cual nacieron los hijos Alexander (q.e.p.d); Rafael Andrés y Mónica Andrea Ramírez
Lalinde. Dicha unión fue declarada por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de
Santander de Quilichao mediante sentencia 0128 del 18 de diciembre de 2015.
4. Señaló que su último lugar de residencia fue en el municipio de Jamundí.
Además, indicó que su compañero la tenía afiliada como beneficiaria en salud a la EPS
Coomeva.
5. Manifestó que al causante le fue reconocida una pensión de jubilación, mediante
la Resolución 41649 del 22 de agosto de 2006; por tal motivo, el 25 de enero de 2016
reclamó el reconocimiento y pago de la «pensión de sobreviviente» y el 15 de junio de
2016 pidió el pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100
de 1993, todo lo anterior fue negado a través de los actos acusados.
6. Por último, refirió que en dos de los actos acusados se señalaron como posibles
compañeras permanentes del causante a las señoras Yeimy Liceth Rivera González y
Adelaida Orejuela.
Contestación de la demanda
7. La Ugpp se opuso a las pretensiones de la demanda alegando que el solicitante
de la prestación objeto de este proceso debe demostrar la vida en común con el causante,
lo cual no se logró acreditar en este caso. En consecuencia, propuso las excepciones de
inexistencia del derecho, ausencia de vicios en los actos administrativos demandados,
prescripción, carencia del derecho por indebida interpretación normativa por quien lo
reclama e improcedencia de condenar en costas.
Intervención de litisconsortes necesarias 6
8. Las señoras Yeimy Liceth Rivera González y Adelaida Orejuela Orejuela,
actuando por intermedio de su curadora ad litem7 manifestaron carecer de elementos
jurídicos que les permitan oponerse a las pretensiones de la demanda, motivo por el cual
solicitaron se resuelva con base en el material probatorio obrante en el proceso.
Sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca 8 accedió a las pretensiones de la
demanda, anuló los actos acusados, condenó en costas a la Ugpp y declaró no probada
la excepción de prescripción formulada por la entidad. A título de restablecimiento del
derecho, condenó a la parte demandada a reconocer y pagar la «pensión de
6
Fueron vinculadas en tal calidad, en el auto admisorio de la demanda del 5 de junio de 2018.
7
Índice 19 de Samai – Tribunales, Cuaderno 3, folios 13 a 35.
8
Índice 82 de Samai – Tribunales.
2
Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
sobrevivientes» 9 a la demandante, en calidad de compañera permanente del señor
Rafael Alfonso Ramírez Caipa, desde el 28 de junio de 2018, fecha del fallecimiento, con
los correspondientes ajustes de valor.
10. Para arribar a esa decisión, señaló que se acreditó el cumplimiento de los
requisitos previstos en el literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en tanto que la
demandante demostró la vida marital y convivencia con el causante durante los cinco
años previos a su fallecimiento; además, se demostró que tenían un «vínculo afectivo [y]
solidario». En contraposición, indicó que los anteriores requisitos no fueron demostrados
por las señoras Yeimy Liceth Rivera González y Adelaida Orejuela Orejuela «pese a
haber sido vinculadas al presente asunto, con las garantías de contradicción y defensa».
11. Finalmente, refirió que el fenómeno prescriptivo no se configuró en tanto que
el derecho se causó desde el 28 de junio de 2014, fecha del deceso y la petición de
reconocimiento pensional se formuló el 25 de enero de 2016.
Recursos de apelación
12. Inconforme con la decisión, la Ugpp10 interpuso recurso de apelación en el que
manifestó su disenso con la valoración probatoria, ya que debieron existir medios de
prueba adicionales a los testimonios para demostrar «la convivencia, el apoyo mutuo y la
solidaridad económica con la demandante», lo cual en su concepto no se demostró,
puesto que solo valoraron las declaraciones de terceros.
13. Por su parte, la demandante11 sostuvo que, si bien el Tribunal anuló el oficio
1800 del 24 de junio de 2016, mediante el cual se negó el pago de los intereses
moratorios, omitió ordenar su pago. Por tal motivo, solicitó la revocatoria del numeral
cuarto de la parte resolutiva de la sentencia recurrida y que, en su lugar, se condene a la
entidad a pagar los referidos intereses, previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993
desde el 26 de marzo de 2016 hasta la ejecutoria de la sentencia.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
14. Mediante auto del 27 de junio de 2024 12 se admitieron los recursos de
apelación. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa 13.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
9
Numeral tercero de la parte resolutiva.
10
Índice 86 de Samai - Tribunales.
11
Índice 85 de Samai - Tribunales.
12
Índice 5 de Samai.
13
Informe secretarial visible en índice 11 de Samai.
3
Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
15. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) 14, modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso ( CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos.
Problema jurídico
16. Según los reparos concretos procederá la Sala a estudiar i) si están
acreditados los requisitos previstos en la ley para acceder a la sustitución pensional
reclamada por la demandante. Para ello, se verificará si se demostró la convivencia, en
la condición que alega, durante los 5 años anteriores al fallecimiento y por último, ii) si el
a quo incurrió en error al no ordenar el pago de los intereses moratorios previstos en el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
Análisis del problema jurídico
17. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las
pretensiones, toda vez que la demandante acreditó su convivencia real y efectiva con el
causante durante los cinco años previos a su fallecimiento y condenará en costas de
segunda instancia a la parte demandante.
18. Previo a realizar el análisis, se precisa que si bien es cierto en la demanda y
en la sentencia se refiere indistintamente a «pensión de sobrevivientes» o «sustitución
pensional», lo cierto es que la de sobrevivientes es aquella que se otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que fallece sin cumplir los requisitos mínimos para
obtener la pensión, mientras que la sustitución pensional se concede al núcleo familiar
del pensionado fallecido o del afiliado que cumple los requisitos exigidos en la ley para
obtener dicha prestación 15, precisión que impone puntualizar que el núcleo de la
controversia se concreta en el derecho a la sustitución pensional, comoquiera que el
causante era beneficiario de una pensión de jubilación.
19. Conforme a lo anterior, se recuerda que en el presente asunto, la pretensión
de la demandante, fundada en su calidad de compañera permanente, apunta a que se le
reconozca el derecho a gozar de la sustitución pensional 16 derivada del fallecimiento de
su compañero permanente, petición que, como se expuso en los antecedentes de esta
decisión, fue negada en sede administrativa porque existía controversia frente al derecho,
14
En atención a que la sentencia recurrida se expidió el 29 de septiembre de 2023.
15
Acerca de la diferencia entre estas dos prestaciones, ver, entre otras, las sentencias del 24 de agosto de
2017, radicado 25000 23 42 000 2013 00823 01 (0717-2014) y del 20 de febrero de 2020, radicado 05001
23 33 000 2017 02535 01 (1425-2019, de conformidad como se citó en sentencia del 20 de marzo de 2025,
expedida por este despacho en el radicado 25000 23 42 000 2021 00505 01 (7316-2023).
16
En forma vitalicia, en atención a que al momento del fallecimiento de su compañero ella tenía 63 años,
pues del acto acusado se observa que ella nació el 11 de agosto de 1951.
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Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
en tanto que acudieron a reclamarlo las señoras 17 Adelaida Orejuela Orejuela 18, Yeimy
Liceth Rivera González 19 y la demandante.
20. En ese contexto, con miras a verificar si se dan los presupuestos para el
reconocimiento del derecho, se precisa que la norma aplicable para tal efecto es aquella
vigente al momento del fallecimiento del causante. En el presente asunto, se tiene que la
muerte de Rafael Alfonso Ramírez Caipa ocurrió el 28 de junio de 2014 y por tanto el
problema jurídico se debe resolver atendiendo lo previsto en los artículos 46 20 y 4721 de
la Ley 100 de 1993, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003,
respectivamente. De manera que, la demandante debe acreditar que hizo vida marital
con el causante hasta su fallecimiento, por un lapso que no puede ser inferior a cinco
años continuos anteriores a su deceso.
21. Acorde con ello, en el expediente se encuentra demostrado y no es objeto de
controversia el reconocimiento de la pensión de jubilación 22 y el fallecimiento de su titular 23.
17
Información que se extrae de las resoluciones atacadas.
18
Mediante Resolución RDP 34254 del 20 de agosto de 2015 se le había reconocido la sustitución
pensional en el 100%, no obstante, en Resolución 018017 del 4 de mayo de 2016 se dejó en suspenso el
reconocimiento de la sustitución pensional a las señoras mencionadas en el pie de página anterior.
19
Mediante Resolución RDP 13694 del 29 de marzo de 2016 se le negó el derecho a la sustitución
pensional.
20
Artículo 46. Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. <Artículo modificado por el artículo 12
de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por jubilación o invalidez por riesgo común que
fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos inmediatamente anteriores al fallecimiento y se
acrediten las siguientes condiciones […]
21
Artículo 47. Beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. <Expresiones “compañera o compañero
permanente” condicionalmente exequibles> <Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003.
El nuevo texto es el siguiente:> Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando
dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de
que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante
hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años con anterioridad a su
muerte.
b. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho
beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya
procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá duración
máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia
pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).
<Aparte subrayado condicionalmente exequible> En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco
años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente,
loa beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobrevivientes será la esposa o el esp oso. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal, pero hay una separación de hecho, la
compañera permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a en un porcentaje
proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco
años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente; […]
22
Al señor Rafael Alfonso Ramírez le fue reconocida una pensión de jubilación por parte de Cajanal
mediante la Resolución 41649 del 22 de agosto de 2006, efectiva a partir del 29 de noviembre de 2005.
Información que se extrae de los actos administrativos acusados, pues no obra copia de la mencionada
resolución.
23
Según registro civil de defunción con indicativo serial 08575524 el señor Rafael Alfonso Ramírez Caipa
falleció el 28 de junio de 2014, visible en el expediente digital, folio 45.
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Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
A partir de estos hechos probados, la Sala encuentra necesario analizar las pruebas que
apuntan a establecer la existencia de un vínculo afectivo (convivencia en común) que dé
lugar a colegir que fueron compañeros permanentes. Al respecto se tiene:
a. Partida de nacimiento de Mónica Andrea Ramírez Lalinde 24.
b. Registro civil de nacimiento de Rafael Andrés Ramírez Lalinde 25.
c. Certificado de la EPS Coomeva, generado en «Feb/2012» en donde consta que
Rosario Lalinde era beneficiaria de Rafael Alfonso desde el 20 de mayo de 2004 26, en
condición de «cónyuge».
d. Sentencia del 18 de diciembre de 2015 emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo
de Familia 27 de Santander de Quilichao, en la que se resolvió lo siguiente:
1. DECLARAR la existencia de la unión marital de hecho formada por los señores ROSARIO
LALINDE RAMIREZ, identificada con c.c. 34.522.595 y el causante RAFAEL ALFONSO
RAMÍREZ CAIPA, identificado con c.c. 14.4478.012 [sic] desde el año de 1968 hasta el 28
de junio de 2014.
2. DECLARAR como consecuencia de lo anterior la EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD
PATRIMONIAL de la pareja de compañeros permanentes en el mismo período.
e. Historia clínica de Rafael Alfonso Ramírez Caipa 28.
f. Certificación en donde consta que el causante laboró en la oficina de registro de
instrumentos públicos de Roldanillo - Valle desde el 16 de octubre de 1974 hasta el
10 de marzo de 1981 y del 1 de junio de 1981 al 31 de enero de 2007 como registrador
seccional, es decir que era empleado público 29.
g. En los actos acusados consta que durante la actuación administrativa se allegaron
declaraciones extra-proceso y de lo transcrito sobre ellas se extrae lo siguiente 30:
Adelaida Orejuela Orejuela31, Mireya Rivera Díaz y Clara Milena Ramírez Caipa
manifestaron que Adelaida Orejuela y Rafael Alfonso convivieron en unión marital de hecho
desde 1980 hasta el día de su fallecimiento, compartiendo mesa, techo y lecho de forma
ininterrumpida por treinta y cuatro años. De dicha unión no nacieron hijos y su compañera
dependía económicamente de aquel ya que no contaba con ingresos.
Rosario Lalinde Ramírez32 manifestó que convivió con el causante durante cuarenta y cinco
años de forma permanente, sin interrupciones y compartiendo mesa, techo y lecho desde el
15 de mayo de 1968 hasta el día de su fallecimiento el 28 de junio de 2014. De dicha unión
24
Ibidem, Folio 47; en él consta que nació el 18 de septiembre de 1970.
25
Ibidem, Folio 49; en él consta que nació el 11 de julio de 1983.
26
Ibidem, Folio 51. «Coomeva EPS se permite informar que el afiliado RAFAEL ALFONSO RAMÍREZ
CAIPA identificado con CC. 14448012, está vinculado al Sistema General de Seguridad Social en Salud
Régimen Contributivo por intermedio de COOMEVA EPS S.A. desde 20/05/2004 hasta 16/07/2014 en
calidad de COTIZANTE CABEZA DE FAMILIA; y su estado actual es ACTIVO».
27
Ibidem, folios 52 a 65.
28
Ibidem, folios 67 a 120; y Cuaderno dos, folios 1 a 95.
29
Ibidem, Cuaderno 2, folio 103.
30
De las Resoluciones RDP 011906 del 15 de marzo de 2016 y RDP 018017 del 4 de mayo de 2016.
31
Rendida el 21 de enero de 2016 según se indicó en la Resolución RDP 018017 del 4 de mayo de 2016.
32
Ibidem; y Resolución RDP 018017 del 4 de mayo de 2016. Rendida el 21 de enero de 2016 ante la
Notaría 18.
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Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
nacieron dos hijos, Mónica Andrea y Rafael Andrés. Por último, afirmó que dependía
económicamente del causante quien velaba por la manutención del hogar.
Yeimy Liceth Rivera González33 manifestó que convivió con el causante durante cinco años
compartiendo mesa, techo y lecho hasta el día de su fallecimiento. De la unión no nacieron
hijos y convivieron tres años en Roldanillo y los últimos dos en Jamundí. Afirmó que dependía
económicamente de Rafael Alfonso.
h. Testimonios rendidos en audiencia de pruebas 34 por María Elena Peláez Gallego,
Olga Inés Jiménez Rueda, Hermelinda Díaz Muñoz, quienes coincidieron en la
narración en señalar que entre Rafael Alfonso y Rosario existió una relación de
compañeros permanentes, que convivieron en Roldanillo, Santander de Quilichao y
Jamundí hasta su fallecimiento; también indicaron que Rafael Alfonso se encargaba
del sostenimiento económico de su pareja y nunca le conocieron ninguna otra relación
sentimental. Además, refirieron lo siguiente:
• María Elena Peláez Gallego manifestó ser amiga y vecina de Rosario, a quien conoció en
1985 cuando, junto con su pareja Rafael, se trasladaron a residir frente a su casa ubicada en
el barrio El Prado en Roldanillo, por motivos laborales de este como registrador. Indicó que
su cercanía se fortaleció porque sus hijos estudiaban con la nieta de Rosario.
Señaló que al ser vecinas, observaba a Rafael desplazarse entre su hogar y su lugar de
trabajo, compartiendo cotidianamente con Rosario. Añadió que los visitaba con frecuencia y
siempre convivieron bajo el mismo techo «como esposos» hasta su fallecimiento, sin
presenciar separación alguna ni intervención de terceros.
Indicó que posteriormente se trasladaron a Santander de Quilichao en el 2010 por la
enfermedad de la madre de Rosario, donde permanecieron hasta su fallecimiento, tras lo cual
se radicaron en Jamundí. Afirmó haberlos visitado en esos lugares y sostuvo que la
convivencia se mantuvo sin interrupciones desde que vivieron en Roldanillo, luego en
Santander de Quilichao y finalmente en Jamundí.
Por último, refirió que Rosario se dedicaba a labores del hogar y al cuidado de su familia,
mientras Rafael asumía el sostenimiento económico. Señaló que la pareja tuvo 3 hijos,
Mónica y Rafael y uno fallecido.
• Olga Inés Jiménez Rueda manifestó ser amiga y «comadre» de Rosario, a quien conoce
desde la juventud por haber crecido en el mismo barrio. Indicó que tuvo conocimiento de la
relación con Rafael desde 1966, cuando iniciaron su noviazgo. Señaló que convivieron en
varios lugares, entre ellos, Roldanillo, Santander de Quilichao y Jamundí, manteniendo una
relación estable y afectuosa, de la cual nacieron tres hijos: Alexander, Mónica y Rafael.
Refirió que la pareja residió en Santander de Quilichao por aproximadamente 13 o 14 años,
posteriormente en Roldanillo, donde Rafael fue trasladado por motivos laborales como
33
Rendida el 5 de julio de 2014 según se indicó en la Resolución RDP 018017 del 4 de mayo de 2016.
34
Celebrada el 15 de agosto de 2023 ante el a quo. La parte demandante desiste del testimonio de Luis
Alfonso Morales. Adicionalmente no se pudo llevar a cabo el interrogatorio de parte de las señoras Yeimy
Liceth Rivera González y Adelaida Orejuela ante su inasistencia. Acta visible en índice 78 de Samai –
Tribunales.
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Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
registrador de instrumentos públicos, allí permanecieron entre 23 y 25 años. Indicó que hacia
el 2010 regresaron a Santander de Quilichao por la enfermedad de la madre de Rosario,
donde permanecieron hasta su fallecimiento, tras lo cual se trasladaron a Jamundí, hasta el
2014, año en que Rafael enfermó y falleció.
Precisó haberlos visitado en distintas ciudades35 y constarle que Rosario dependía
económicamente de Rafael, quien asumía los gastos del hogar, como el mercado, mientras
ella se dedicaba al cuidado de los hijos. Aseguró que nunca presenció separaciones ni la
intervención de terceros en la relación y que existía apoyo mutuo, incluso en situaciones de
enfermedad.
Finalmente, mencionó que Rafael padecía graves afecciones de salud36 y falleció en la Clínica
Farallones, donde lo visitó por última vez el 24 de junio de 2014, en compañía37 de Rosario y
su hija Mónica. Señaló que asistió a las exequias y la comunidad reconocía a Rosario como
compañera del causante, lo cual evidenció en las condolencias que le fueron expresadas.
• Hermelinda Díaz Muñoz manifestó ser amiga de Rosario y haber conocido a la pareja
aproximadamente en 2009, cuando ella se trasladó a residir en Jamundí. Indicó que
inicialmente conoció a Rafael, quien acudía a cobrar el dinero de un arriendo «ahí enseguida»
y le comentó que posteriormente le presentaría a su «esposa» la madre de sus hijos Rafael
y Mónica, lo cual ocurrió a los dos o tres meses.
Señaló que para ese momento la pareja no residía en Jamundí, sino en Santander de
Quilichao, donde permanecieron hasta aproximadamente 2010 o 2011, cuando se trasladaron
al barrio Bello horizonte en Jamundí. Indicó que conoció a dos de sus hijos, ya que el tercero
había fallecido.
Afirmó que desde que los conoció la pareja convivió de forma continua hasta el fallecimiento
de Rafael, sin que le conste otra relación sentimental del causante, pues siempre los observó
juntos. Añadió que, por su cercanía como vecina se veían casi a diario y se visitaban con
frecuencia.
Indicó que Rosario dependía económicamente de Rafael, quien asumía los gastos del hogar,
servicios y mercado, lo cual le consta porque en ocasiones este le entregaba el dinero de los
servicios para que le ayudara con el pago. Finalmente, señaló que la pareja se ayudaba
mutuamente cuando alguno enfermaba.
• Interrogatorio de parte de Rosario Lalinde38 manifestó que su relación con Rafael inició en
1966 en Santander de Quilichao, cuando comenzaron su noviazgo, el cual se prolongó por
dos años, tras lo cual decidieron convivir. Indicó que de dicha unión nacieron tres hijos en los
años 1969, 1970 y 1983.
35
Los visitó en Roldanillo y en Jamundí.
36
Sufría del corazón y del azúcar.
37
Refirió que en esa oportunidad, cuando lo visitó él se encontraba en compañía de su hija Mónica y de
Rosario y una de ellas se tuvo que salir de la habitación durante la visita porque no estaban permitidas
tantas visitas al tiempo.
38
Llevado a cabo en la audiencia de pruebas.
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Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
Refirió que posteriormente se trasladaron a Roldanillo con ocasión del nombramiento de
Rafael como registrador de instrumentos públicos, lugar donde residieron durante
aproximadamente 25 años.
Indicó que en el 2010, debido a la enfermedad de su madre, se trasladaron nuevamente a
Santander de Quilichao para cuidarla hasta su fallecimiento a inicios del 2011.
Posteriormente, se radicaron en Jamundí, en el barrio Bello horizonte, donde convivieron
hasta el 28 de junio de 2014, fecha en que su compañero falleció.
Finalmente, manifestó que Rafael la tenía afiliada al sistema de salud en Coomeva y que su
hermano mayor asumió los gastos funerarios. Añadió que nunca le conoció otra pareja a su
compañero, ya que mantuvieron una convivencia exclusiva.
22. Al valorar en conjunto las declaraciones que anteceden, se aprecia
congruencia frente al hecho de que la demandante y Rafael fueron compañeros
permanentes y convivieron de forma permanente e ininterrumpida en distintos lugares,
Roldanillo, Santander de Quilichao y Jamundí (en el barrio Bello horizonte), hasta el
fallecimiento de este último. Igualmente, que el causante era quien estaba a cargo del
sostenimiento económico del hogar 39, así como también se demostró la dependencia
económica40 de Rosario respecto de Rafael. Por otra parte, no existen medios de
convicción que demeriten las circunstancias fácticas acreditadas pues la entidad no
aportó pruebas suficientes ni idóneas que desvirtúen la convivencia de los compañeros
permanentes durante el tiempo exigido por la ley, como pasa a explicarse.
23. En su recurso, la entidad sostiene que no se acreditó el tiempo de convivencia
exigido por la ley para acceder al derecho reclamado. Al respecto, esta Corporación 41 ha
sostenido que dicho requisito «no se refiere, en forma exclusiva, a compartir el mismo
techo y habitar junto al otro, sino que los elementos que en mayor medida la definen se
relacionan con el acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de
apoyo y auxilio mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de
la pareja de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer,
constituir y mantener una familia».
24. En ese contexto, aunque la entidad reprocha la falta de acreditación del
mencionado requisito, la Sala considera que de las pruebas documentales y testimoniales
se colige, con el mayor grado de probabilidad, que Rosario y Rafael sí mantuvieron una
vida en común con vocación de permanencia hasta el fallecimiento de este el 28 de junio
de 2014, que residieron en distintos lugares, a saber: Santander de Quilichao, Roldanillo
y en el barrio Bello horizonte en Jamundí 42 y que la relación que sostenían era de
39
Todos los declarantes indicaron que Rafael era quien corría con los gastos del hogar.
40
Todos los declarantes fueron consistentes en señalar la dependencia económica de la demandante
respecto del pensionado.
41
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 10 de diciembre de 2020, radicado
05001 23 33 000 2015 02507 01 (2372-2018). En las cuales citó las siguientes: sentencia del 24 de octubre
de 2012, en el radicado 25000 23 25 000 2010 00860 01 (2475-11): y sentencia del 7 de abril de 2001, en
el radicado 76001 23 31 000 2005 02741 01 (0669-2008).
42
Todos los declarantes refirieron la convivencia de la pareja en dichos lugares.
9
Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
conocimiento público 43. Además, que en su unión marital procuraron la unidad familiar 44,
el apoyo y asistencia 45 hasta el día de fallecimiento del pensionado. Lo anterior
demuestra que el vínculo afectivo y de convivencia se prolongó durante todo el tiempo
que perduró la relación, lo cual denota su deseo de mantener una familia, así como
también el deber de solidaridad46 mutuo.
25. Ahora bien, en cuanto al inicio de la relación, las declarantes 47 tienen
conocimiento de esta desde períodos distintos, Olga Inés y la demandante desde el
origen del noviazgo en 1966, María Elena desde 1985 y Hermelinda desde el 2009, sin
embargo, la discrepancia al respecto obedece a la época en que conocieron a la pareja
y en todo caso, aunque no sea posible establecer con certeza la fecha exacta de inicio
del vínculo, sí se acreditó que Rosario convivió con el causante al menos, durante los
cinco años anteriores al deceso de este, circunstancia suficiente para tener por
demostrado el elemento temporal exigido por la ley.
26. Por otra parte, la entidad cuestionó que el Tribunal hubiese sustentado su
decisión únicamente en las declaraciones, porque considera que para conceder el
derecho es necesario tener en cuenta elementos de prueba adicionales. Frente a ello, se
advierte que la ley no establece una tarifa probatoria para acreditar los requisitos exigidos
para el reconocimiento pretendido; por el contrario, este «dependerá de los hechos que
se acrediten para acceder a la prestación, quienes tienen el deber de ejercer una
adecuada actividad probatoria para tal fin» 48.
27. Aclarado lo anterior, esta Sala advierte que, en efecto, en su análisis el a quo
omitió valorar pruebas documentales obrantes en el proceso, tales como el certificado de
afiliación a la EPS Coomeva 49 en el que la demandante figura como beneficiaria del
causante desde el 20 de mayo de 2004 en calidad de «cónyuge». Tal documento,
43
Pues era de conocimiento público entre amigos y vecinos, quienes los reconocían como una pareja.
44
Durante su relación formaron una verdadera familia, en la cual procrearon tres hijos, Alexander (fallecido
el 8 de enero de 1985 como se extrae de la sentencia mediante la cual se declaró la unión marital de
hecho), Mónica y Rafael Andrés cuyos registros civiles de nacimiento están descritos en el párrafo 21.
45
Todas las declaraciones fueron consistentes en señalar la dependencia económica de Rosario respecto
de su compañero Rafael, inclusive la demandante en su interrogatorio de parte afirmó que fue su hermano
mayor quien asumió los gastos funerarios de su compañero, lo cual analizado en conjunto guarda
coherencia con las declaraciones de los testigos.
46
Deber de apoyo y auxilio con la pareja. Además, en las declaraciones se indicó que Rafael y Rosario se
apoyaban mutuamente cuando alguno de los dos estaba enfermo.
47
Las declaraciones fueron consistentes en señalar que desde que cada una tiene conocimiento de la
relación, la pareja convivió en distintos lugares. De las declaraciones y de la certificación laboral del
causante obrante en el proceso (mientras se desempeñó como registrador seccional y a la cual se hizo
referencia en el párrafo 21), se puede señalar que convivieron en Roldanillo durante aproximadamente 23
a 25 años los cuales pudieron transcurrir entre el 16 de octubre de 1974 y el 10 de marzo de 1981 y entre
1 de junio de 1981 al 31 de enero de 2007 (en la medida en que la certificación da cuenta que el causante
se desempeñó como registrador seccional en ese período); además que entre 2010 y 2011 convivieron en
Santander de Quilichao pues las declaraciones fueron consistentes en que la pareja estuvo al cuidado de
la madre de Rosario hasta su fallecimiento y que posterior a ello se trasladaron a vivir en Jamundí hasta el
2014.
48
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, radicado 19001 23 33 000 2013 00461 01 (4989-
2015), sentencia del 14 de octubre de 2021.
49
Relacionada en el párrafo 21, literal c).
10
Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
evidencia la inequívoca intención por parte del causante de hacer partícipe a su
compañera de los beneficios derivados de la seguridad social.
28. Adicionalmente, omitió pronunciarse sobre la sentencia del 18 de diciembre de
2015 emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia 50 mediante la cual se declaró
la unión marital de hecho entre Rosario y el causante con posterioridad al fallecimiento
de este. Al respecto, se tiene que en dicha providencia se declaró un hecho jurídico, esto
es, la existencia del vínculo y por tal razón podía analizarse en conjunto con los demás
medios probatorios aportados.
29. Por lo mencionado, le asiste parcialmente la razón a la entidad, en cuanto el a
quo omitió pronunciarse sobre la totalidad del material probatorio. No obstante, al
revisarlo integralmente, la Sala coincide con el Tribunal en cuanto los elementos de juicio
obrantes en el expediente, valorados conforme a las reglas de la sana crítica, sí permitían
acreditar una convivencia real, estable y pública entre la demandante y el causante
durante los cinco años previos al deceso de este, así como el auxilio mutuo, la solidaridad
y el proyecto de vida en común, que permitían acceder al reconocimiento de la prestación
reclamada.
30. Ahora bien, la demandante cuestionó que pese a haberse anulado el acto
administrativo que negó el reconocimiento de los intereses moratorios, no se ordenó su
pago. En su criterio, la entidad debe ser condenada a reconocer los intereses previstos
en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Esta disposición establece que «en caso de
mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad
correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo
y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en
que se efectúe el pago».
31. Sin embargo, dicha norma supone la existencia de mora en una obligación
exigible, escenario que no se configura en este caso. Se recuerda que lo que se pretende
es el reconocimiento de la sustitución pensional, derecho que únicamente se consolida
con esta providencia; en consecuencia, no se configura mora, pues la entidad no estaba
obligada a pagar las mesadas pensionales, en tanto que se trataba de un derecho en
discusión, razón por la cual no hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios
pretendidos.
32. Al respecto esta Corporación 51 ha señalado que:
Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tienen por objeto conminar
a la respectiva entidad de previsión para que realice el pago oportuno de las mesadas
pensionales a su cargo, una vez ha sido reconocido el derecho a la pensión, con el fin de
proteger a los pensionados y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo del valor
de su mesada
50
Ibidem, folios 52 a 65. A la que se hizo referencia en el párrafo 21, literal d).
51
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 73001 23 33 000 2019 00090 01 (0081-
2022), sentencia del 20 de noviembre de 2024.
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Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
[Y que]52, en caso de controversia judicial no procede el reconocimiento de los
intereses moratorios del artículo 141, toda vez que la providencia que ponga final al
proceso es la que dará certeza acerca de la existencia del derecho. Además, a partir
de su ejecutoria lo que procede es el cumplimiento de la orden judicial, en los términos del
artículo 192 del CPACA, y con ello, al reconocimiento del retroactivo pensional, el pago de
las diferencias en las mesadas si a ello hubiere lugar, la actualización de las sumas
adeudadas y el pago de los intereses plasmados en el artículo 192 del CPACA53.
33. De lo anterior, se concluye que en el caso concreto, no procede la condena al
pago de los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda
vez que en el sub lite se resuelve la controversia sobre la titularidad del derecho a la
sustitución pensional. En consecuencia, solo a partir de la ejecutoria de esta sentencia
queda en firme el derecho pensional en cabeza de la señora Rosario Lalinde Ramírez,
por ende, previo a ello no se podía configurar mora alguna por parte de la entidad de
previsión.
34. Por lo tanto, no prospera el reparo de la demandante, encaminado a revocar
el numeral cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia que ordenó
la actualización de la condena conforme al IPC 54, en los términos del artículo 187 del
CPACA55, pues ello estuvo ajustado a derecho.
35. Por lo expuesto, se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones, en tanto la demandante demostró la convivencia con el causante en
los términos exigidos por la Ley 100 de 1993 56.
Condena en costas
36. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021 derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente
a la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma
se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración
del criterio objetivo que gobierna esta materia.
37. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público, creando así
una excepción a la regla general según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
52
Se adiciona para facilitar la lectura.
53
Ibidem.
54
Índice de precios al consumidor. Expresamente dicho numeral dispuso: «CUARTO. Las mesadas
adeudadas tendrán los reajustes de ley. Así mismo, al monto de la condena que resulte se aplicarán los
ajustes de valor mes por mes, según el índice de precios al consumidor de conformidad con el inciso final
del artículo 187 del CPACA, aplicando la fórmula señalada en la parte motiva de este fallo».
55
Artículo 187. Contenido de la sentencia. […] Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida
de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor.
56
Con la modificación de la Ley 797 de 2003.
12
Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
38. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
39. En consecuencia, en el caso concreto no se impondrán costas en segunda
instancia a la Ugpp por cuanto su reparo prosperó parcialmente 57, no obstante, sí se
impondrán a la demandante, puesto que no se acogieron los argumentos que expuso en
el recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia
y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 29 de septiembre de 2023, emitida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
57
En el entendido que en efecto, el Tribunal omitió valorar todo el material probatorio.
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Radicación: 76001 23 33 002 2017 01925 01 (1747-2024)
Demandante: Rosario Lalinde Ramírez
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
CMTG
14
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