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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00090-01

Fecha
20 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 73001-23-33-000-2019-00090-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda interpuesta por Edgar Gómez Rodríguez en contra de COLPENSIONES, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO.– SIN CONDENA en costas en esta instancia, según las consideraciones expresadas en este fallo. TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 73001-23-33-000-2019-00090-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

20 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 73001-23-33-000-2019-00090-01 (0081-2022)
Demandante: Edgar Gómez Rodríguez
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
• COLPENSIONES-
Temas: Sustitución pensional. Cónyuge supérstite. Prueba de la
convivencia. Intereses moratorios, artículo 141 de la Ley 100
de 1993.
Decisión: Confirma la decisión que accede parcialmente a las pretensiones
de la demanda.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por las
partes en contra de la sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las súplicas de la
demanda instaurada por el señor Edgar Gómez Rodríguez en contra de la
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1.

2.1.1. Pretensiones.

2. El señor Edgar Gómez Rodríguez, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de las
Resoluciones GNR60276 de 27 de febrero de 2017, SUB 35932 de 20 de abril
de 2017 y DIR 9030 de 23 de junio de 2017, a través de las cuales
COLPENSIONES le negó su petición de reconocimiento y pago de la sustitución

1 Folios 2 y s.s.

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pensional y resolvió los recursos de reposición y apelación, confirmando la
decisión inicial.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó condenar a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la pensión de
«sobrevivientes» en un 100% de lo que devengaba por concepto de pensión de
jubilación su cónyuge, la señora Mercedes Ramírez de Gómez, desde la fecha
de su deceso -9 de diciembre de 2016- hasta su inclusión en nómina.

4. De igual manera solicitó el pago de las mesadas pensionales ordinarias y las
adicionales de diciembre, en forma retroactiva desde que se hizo exigible la
obligación (9 de diciembre de 2016) y el pago de los intereses moratorios
establecidos en el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, sobre cada una de las
mesadas atrasadas, desde que fue exigible el derecho pensional hasta verificar
su pago.

5. Señaló que en caso de no ser procedente el reconocimiento de los intereses
moratorios, se condene a la demandada al pago de la indexación de todas las
mesadas pensionales atrasadas y que se le condene en costas y agencias en
derecho.

2.1.2. Hechos.

6. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

7. El señor Edgar Gómez Rodríguez contrajo matrimonio católico con la señora
Mercedes Ramírez el 10 de febrero de 1974 en el municipio de El Espinal y como
producto de su unión procrearon a sus hijos Edgar Andrés y Claudia Astrid
Gómez Ramírez, quienes al momento de la presentación de la demanda ya eran
mayores de edad.

8. La señora Mercedes Ramírez laboró para entidades públicas del departamento
del Tolima y el municipio de Ibagué por más de 23 años, siendo su último cargo
el de inspectora de policía.

9. COLPENSIONES reconoció a la señora Mercedes Ramírez su pensión de
jubilación condicionada al retiro definitivo del servicio, a través de la Resolución
VPB 13755 de 13 de febrero de 2015.

10. Posteriormente, COLPENSIONES mediante la Resolución GNR 49792 de 16
de febrero de 2016 ordenó modificar la Resolución 314387 de 13 de octubre de
2015 y en virtud del retiro del servicio dispuso el pago de la pensión en suma de
$ 2´713.611, efectiva desde el 1.° de enero de 2016.

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11. La señora Mercedes Ramírez falleció el 9 de diciembre de 2016 en el
municipio de El Espinal.

12. Por lo anterior, el 21 de diciembre de 2016 el señor Edgar Gómez Rodríguez
solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional en su condición de
cónyuge supérstite de la señora Mercedes Ramírez, pero ésta le fue denegada a
través de la Resolución GNR 60276 de 27 de febrero de 2017, con base en que
no acreditó el requisito de convivencia durante los últimos 5 años anteriores al
fallecimiento de la causante.

13. Contra dicha decisión interpuso recurso de reposición y apelación, que fueron
resueltos por las Resoluciones SUB 35932 de 20 de abril de 2017 y DIR 9030 de
23 de junio de 2017, confirmando la decisión inicial, por la no acreditación del
requisito de convivencia, esto pese a que hizo vida marital con la señora
Mercedes Ramírez desde que contrajeron matrimonio hasta su fallecimiento.

14. La señora Martha Alarcón fue designada por COLPENSIONES para realizar
la investigación y el trabajo de campo, pero recibió información errada del señor
Luis Antonio Ramírez Medina, hermano de la pensionada, sobre la convivencia
de los cónyuges durante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento de la
causante.

15. El demandante puso en conocimiento de COLPENSIONES esa situación y al
interponer los recursos allegó documentos que acreditan la adquisición de un
bien inmueble a nombre de la fallecida, que se encuentra afectado a vivienda
familiar, así como copia de declaración juramentada de bienes y rentas de la
señora Mercedes Ramírez en los años 2014 y 2015 donde se indicó que el señor
Edgar Gómez Rodríguez era su cónyuge y que le correspondía el 50% de los
bienes, así como el registro civil de matrimonio según el cual no ha sido disuelto
el matrimonio y las declaraciones juramentadas de testigos sobre la convivencia
real y efectiva.

16. Pese a las pruebas allegadas, COLPENSIONES negó el reconocimiento de
la prestación por lo que debe ser condenada al pago de los intereses.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

17. Como normas vulneradas citó los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003.

18. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que, se incurrió en
desconocimiento de la ley y en falsa motivación. Esto con base en que el
demandante reúne los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993 toda vez que se encuentra demostrado que contrajo matrimonio
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católico con la señora Mercedes Ramírez el 10 de febrero de 1974 y su vínculo
se encontraba vigente al momento del deceso de la causante, por lo que
compartieron techo, lecho y mesa.

19. Por tanto, el demandante si hace parte del grupo familiar de la causante, pero
la entidad desconoció la norma invocada, pues negó el reconocimiento pensional
con base en que en el año 2010 se produjo una separación, que no fue legalizada
ni el matrimonio se encontraba disuelto.

20. Señaló que el Consejo de Estado ha aceptado en algunas providencias, tales
como la sentencia de 24 de agosto de 2016 2 de la Sección Segunda que para el
cónyuge supérstite se ha exigido demostrar cinco años de convivencia en
cualquier tiempo, en cambio el compañero permanente tiene que acreditar los
últimos cinco años previos al deceso.

21. Posteriormente indicó que se desconoció el artículo 141 de la Ley 100 de
1993 toda vez que si bien es cierto el derecho pensional no le fue reconocido, el
actor no ha podido acceder y gozar de la pensión que venía percibiendo su
cónyuge por negligencia, pese a que de acuerdo con las pruebas tiene derecho
a la pensión, por lo que debe condenarse a la entidad al pago de los intereses
solicitados.

2.2. Contestación de la demanda3.

2.2.1. La apoderada de COLPENSIONES, se opuso a las súplicas de la
demanda al considerar que no le asiste derecho al demandante al reconocimiento
de la sustitución pensional.

22. Para tal efecto señaló que, dado que la señora Mercedes Ramírez falleció en
vigencia de la Ley 100 de 1993 y de las modificaciones introducidas por la Ley
797 de 2003, le corresponde al señor Edgar Gómez Rodríguez demostrar el
requisito de convivencia efectiva en los últimos cinco años de vida de la causante,
sin embargo, de las pruebas recaudadas y en espera de las declaraciones
aportadas no se podía establecer que entre la causante y el actor se haya dado
una convivencia real y efectiva durante los últimos 5 años anteriores al deceso
de la pensionada.

23. Además, según la investigación adelantada por la entidad accionada se pudo
determinar que la convivencia se interrumpió en el año 2010, cuando se presentó
separación de hecho, escenario en el que no se puede acceder a las
pretensiones de la demanda al no demostrarse el requisito de la convivencia
exigida por el legislador.

2 Proceso radicado 11001031500020160157600

3 Folios 123 y s.s.
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24. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación» y «prescripción».

2.3. La sentencia apelada4.

25. El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante sentencia del 30 de
septiembre de 2021 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la entidad demandada.

26. En principio se pronunció frente al marco jurídico de la pensión de
sobrevivientes y la sustitución pensional y con ello a los artículos 46 y 47 de la
Ley 100 de 1993, así como a la sentencia de 12 de noviembre de 2020 de la
Subsección A5, desde lo cual coligió que el derecho a la sustitución pensional o
la pensión de sobrevivientes, corresponde a los miembros del grupo familiar del
afiliado que fallezca, siempre que se cumplan los requisitos señalados en la
norma.

27. Señaló que el requisito indispensable para acceder al reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes o de la sustitución pensional, en el cual los
compañeros permanentes deberán acreditar por los menos 5 años de vida
marital, pero en el caso de los cónyuges la convivencia puede darse en cualquier
tiempo6.

28. Posteriormente se refirió al acervo probatorio, pero en particular a las
declaraciones de los señores Gloria Beatriz Ramírez Medina, Florencio Cortés
Barrero, así como al interrogatorio de parte rendido por Edgar Gómez Rodríguez.

29. Advirtió que se encontraba probado que los señores Mercedes Ramírez y
Edgar Gómez Rodríguez contrajeron matrimonio católico el 10 de febrero de
1974 y procrearon a sus dos hijos Claudia Astrid y Edgar Alirio Gómez Rodríguez
y que su lugar de residencia se encontraba en la ciudad de Ibagué, en el barrio
Las Margaritas y que de acuerdo con lo manifestado por el accionante vivieron
juntos en el mismo lugar referenciado por la causante.

30. Precisó que, en los testimonios reunidos en la audiencia de pruebas, por parte
de la señora Gloria Beatriz Ramírez Medina, hermana de la causante, y Florencio
Cortés Barrero, amigo de la familia, manifestaron que tenían conocimiento del
matrimonio entre la causante y el accionante restándole credibilidad al informe
investigativo adelantado por COLPENSIONES.

31. Según lo indicó, las declaraciones rendidas durante el informe de

4 Folio 254 y s.s. C. 2.
5 Con ponencia del consejero Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
6 Para tal efecto se basó en la sentencia de 23 de septiembre de 2015, proferida dentro del proceso

radicado interno 3789-2013, con ponencia del consejero (e) Jorge Octavio Ramírez.
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COLPENSIONES no fueron ratificadas en el proceso, sino que, al contrario, las
pruebas allegadas por el demandante permitieron verificar la convivencia hasta
el fallecimiento de la causante y si en gracia de discusión, estuviera que no se
acreditó la convivencia durante los últimos 5 años, es de resaltar que aquí se
trata de una sociedad conyugal vigente y los 5 años pueden acreditarse en
cualquier tiempo.

32. Estimó entonces que el actor es acreedor del reconocimiento y pago de la
pensión que en vida percibía su cónyuge la señora Mercedes Ramírez (q.e.p.d.)
al convivir juntos por más de 40 años y tener sociedad conyugal vigente pues
contrajeron matrimonio desde el 10 de febrero de 1974 hasta el 9 de diciembre
de 2016, cuando falleció la causante.

33. En cuanto a los intereses moratorios señalados en el artículo 141 de la Ley
100 de 1993, explicó que este caso no se trataba del pago tardío de las mesadas
pensionales atrasadas, sino de la solicitud de reconocimiento de la sustitución
pensional y como el derecho se otorgaría con esa providencia, aun no se
configuraba ningún interés moratorio.

34. En consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos demandados
y condenó a la entidad al reconocimiento y pago de la sustitución pensional a
partir del 10 de diciembre de 2016 -día siguiente al acaecimiento del deceso de
la causante-; declaró no probada la excepción de prescripción trienal, ordenó el
reajuste e indexación de las sumas resultantes de la condena y el cumplimiento
de la sentencia de acuerdo con el artículo 192 del CPACA.

35. Finalmente condenó en costas y agencias en derecho a COLPENSIONES y
negó las demás pretensiones de la demanda.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. El apoderado del señor Edgar Gómez Rodríguez7 presentó escrito de
disenso donde solicitó que se acceda a la pretensión del pago de los intereses
moratorios por cuanto desde el fallecimiento de la señora Mercedes Ramírez
exhortó a COLPENSIONES para el reconocimiento de «la pensión de
sobreviviente», pero la entidad denegó su solicitud aduciendo que no convivió
los últimos 20 años con la causante, por lo que la entidad viene actuando de
manera caprichosa, toda vez que la prestación se causó desde el mismo
fallecimiento de la señora Ramírez y además el actor es el único reclamante, por
lo que el derecho no nació con la sentencia.

7 Folio 220 y 220 vto.
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2.4.2. La apoderada de la entidad8 indicó que en este caso se debe revocar la
sentencia de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda.

36. Según lo indicó, existe un error en las declaraciones de los testigos
presentados por el actor respecto de la fecha de fallecimiento de la causante, por
lo que se le requirió para que las allegara nuevamente; además «la dirección
consignada coincide con la dirección de una de las hermanas de la causante
donde manifiesta que no convivían, situación corroborada en el expediente
administrativo allegado en la contestación de la demanda».

37. Citó apartes del informe investigativo donde se señaló que la señora
Mercedes Ramírez y el demandante no convivieron durante los últimos 20 años
de vida de la causante y que se separaron «por violencia de la pareja». Además,
las únicas personas que confirmaron la convivencia entre ellos fueron una
hermana del solicitante y un testigo extra juicio.

38. Adicionalmente, en el trabajo de campo, se corroboró, que no hubo
convivencia de la pareja; que sí vivieron bajo el mismo techo, pero sin compartir
techo y mesa, ya que se habían separado desde el año 1996, sin legalizar el
trámite por amenazas del solicitante hacia la causante, por maltrato físico y
sicológico. Por último, se verificó que el actor no visitaba a su esposa, en su
enfermedad, y que las personas que estaban pendientes de ella, fueron su madre
y su hermano.

39. Luego explicó que como el actor no se hizo presente en dicha investigación,
ésta se realizó nuevamente el 22 de junio de 2017, en la que se acreditó que el
accionante y la causante no convivieron unidos durante los últimos 5 años de
vida de la señora Mercedes Ramírez comoquiera que se separaron en el año
2010, información que se corroboró con los habitantes de los sectores visitados
en Ibagué y en el municipio de El Espinal; por ello, estaban separados antes del
fallecimiento. Además, se verificó que la familia de la pareja está en disputa por
la pensión de la señora Ramírez.

40. Indicó la apoderada que los testimonios allegados por la parte actora no son
fehacientes para lograr determinar que entre la causante y el demandante haya
existido una convivencia real y efectiva durante los últimos cinco años anteriores
al deceso. Además, en el estudio de la entidad se pudo corroborar que sí existió
la convivencia, pero sólo hasta el año 2010, cuando se presentó la separación
de hecho.

41. Citó la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral
No. 4099 de 20179, radicado 34785, para señalar que el parámetro esencial para

8 Folios 222 y s.s.
9 Con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverri Bueno.
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determinar quién es el legítimo beneficiario de la pensión de sobrevivientes es la
convivencia efectiva, real y material entre la pareja y no la naturaleza del vínculo
que se tenga, porque no existe una preferencia de la cónyuge supérstite sobre la
compañera permanente por el solo hecho de mantener el vínculo matrimonial
vigente, sino que siempre debe acreditarse el requisito de la convivencia,
entendido como un vínculo de auxilio mutuo, acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y vida en común, que se satisface cuando se
comparten los recursos que se tienen.

42. Agregó que, si bien se allegaron algunas fotografías en reuniones familiares,
era entendible la presencia de la pareja dado que tienen hijos en común y nietos,
pero no se adjuntaron fotografías fuera de esas celebraciones familiares.
Finalmente señaló que no se cumplió con la carga de la prueba ya que no bastaba
con solicitar la nulidad de los actos administrativos.

2.5. Alegatos de segunda instancia

43. En esta oportunidad tanto las partes como el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

44. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

45. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 10 de la Ley 1437 de 2011.

46. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones, como ocurre en esta
oportunidad.

3.2. Problemas jurídicos

47. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala determinar ¿si el señor Edgar

10 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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Gómez Rodríguez cumple con los requisitos establecidos para ser beneficiario
de la sustitución pensional reclamada a la luz de los artículos 46 y 47 de la Ley
100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, así como las pautas
jurisprudenciales dadas por esta Corporación?

48. En caso de que la respuesta al anterior interrogante sea afirmativa, deberá
verificarse si debe condenarse a COLPENSIONES al pago de los intereses
señalados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

49. Con ese propósito, la Sala se referirá al marco normativo y jurisprudencial y
se establecerá si les asiste razón a los apelantes.

3.3. Primer problema jurídico

3.3.1. Marco normativo y jurisprudencial aplicable.

• De la sustitución pensional

50. Esta Sala de Subsección11, ha aclarado que la sustitución pensional es
aquella prestación que se le otorga al núcleo familiar de un pensionado que
fallece o del afiliado que cumple con los requisitos legalmente exigibles para
pensionarse y fallece.12.

51. En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de
196813, así como los artículos 80 y 92 del Decreto 1848 de 1969 14 consagraron
la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del
causante únicamente en dos eventos, a saber: (i) cuando fallece el empleado
público en goce de pensión y (ii) cuando el empleado público muere con derecho
a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Esto con el
siguiente tenor:

«Decreto 3135 de 1968.
Artículo 36. Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con
derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción
señalados en el artículo 34, tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de
previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin
perjuicio de las prestaciones anteriores.
[…]
Artículo 39. Sustitución de Pensión. Fallecido un empleado público o trabajador
oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos
menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o

11 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 9 de noviembre de 2017. Consejero
Ponente: William Hernández Gómez.
12 Sentencia T-564 de 2015.
13 «Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula
el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales.»
14 «Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968».
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por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir
la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes. Decreto Reglamentario
1848 de 1969.
[…]

Artículo 80. Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca
un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de
jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida,
ese derecho se transmite a las personas señaladas en el Artículo 92 de este
Decreto , para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión
que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se
refiere la citada norma legal.
[…]

Artículo 92. Transmisión de la Pensión. Cuando fallezca el pensionado por
invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de
dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por
invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a
percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al
fallecimiento del pensionado. […]».

52. Luego, en materia de sustitución pensional se expidió la Ley 33 de 1973 15, la
cual señaló que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular
o el empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al
momento de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez
o vejez.

«Artículo 1°. Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación,
invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este oficial o
semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma
vitalicia.
[…]
Parágrafo 2°. A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan
derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda
prorrogado su derecho dentro de los términos de esta Ley.»

53. La Ley 12 de 197516 solo exigió que el trabajador o empleado haya
completado el tiempo de servicio, de manera que, si fallecía antes de cumplir la
edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la
sustitución pensional, así:

«Artículo 1° El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador
particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores
o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este
falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que
hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley o en
convenciones colectivas».

54. Por lo anterior, en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía

15 «Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas.»
16 «[P]or la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación».
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para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su
fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho
jubilatorio; solo con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los
que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o
completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de
la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar
plenamente su derecho pensional.

55. Luego, a través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el sistema de
seguridad social integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones,
cuyo objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte. Específicamente las denominadas
pensión de sobrevivientes y la sustitución pensional, fueron previstas para suplir
la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo
familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial
de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de
dicha prestación. Es decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de
carácter público y constituye un desarrollo del principio de solidaridad.

56. En este sentido, se tiene que el sistema de que trataba la Ley 12 de 1975,
artículo 1.º, fue derogado de manera tácita por el señalado en los artículos 46 a
49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993, establecido con la finalidad de atender la
contingencia derivada de la muerte.

57. Ahora bien, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la mencionada Ley
100, modificados por los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, tendrán derecho
a la sustitución pensional, los miembros del grupo familiar del pensionado por
vejez que fallezca, advirtiéndose tres grupos de beneficiarios excluyentes entre
sí, toda vez que a falta de uno lo sucederá el otro, así: (i) cónyuge o compañera
permanente e hijos con derecho; (ii) padres con derecho; y (iii) hermanos con
derecho.

58. El artículo 47 de la Ley 100 señala quienes son los beneficiarios, frente a los
cuales establece los requisitos para que se acceda al reconocimiento
prestacional, norma que contempla varios escenarios:

«Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios de
la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del
fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la
pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge
o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con
anterioridad a su muerte.
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b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre
y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con este. La pensión
temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima
de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener
su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante
aplicará el literal a).

Si respecto de un pensionado hubiese un compañero o compañera permanente,
con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la
pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero
permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente
será la esposa o el esposo17. Si no existe convivencia simultánea y se
mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido
con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años
antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la
cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente;

c) Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25
años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo
de condiciones académicas que establezca el Gobierno18; y, los hijos inválidos
si dependían económicamente del causante, esto es, que no tienen ingresos
adicionales, mientras subsistan las condiciones de invalidez. Para determinar
cuando hay invalidez se aplicará el criterio previsto por el artículo 38 de la Ley
100 de 1993;

d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de
forma total y absoluta de este;

e) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.

Parágrafo. Para efectos de este artículo se requerirá que el vínculo entre el
padre, el hijo o el hermano inválido sea el establecido en el Código Civil […]».
(Negrilla de la Sala).

59. La norma en cita contiene varios supuestos de hecho, algunos de ellos, con
concurrencia de beneficiarios, donde estableció los requisitos para el acceso al
reconocimiento de la prestación, con los cuales según voces de la Corte

17 El apartado subrayado fue declarado condicionalmente exequible, únicamente por los cargos analizados,

en la Sentencia C-1035 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño, “en el entendido de que además de la esposa
o esposo, serán también beneficiarios, la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se
dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido”.
18 El apartado tachado fue declarado inexequible en la Sentencia C-1094 de 2003 M.P. Jaime Córdoba

Triviño.
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Constitucional «[…] se logra cumplir dos propósitos fundamentales para la
defensa de la estabilidad económica y financiera del sistema general de
pensiones: Por una parte, se restringe el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a los miembros del grupo familiar que, por lo general, en atención
a la convivencia, cercanía o dependencia económica con el causante, requieren
efectivamente de una prestación económica para asegurar su digna subsistencia.
[…] Por otra parte, el acatamiento de las condiciones señaladas para cada
beneficiario, según el orden de prelación legal, busca igualmente la protección de
los intereses del grupo familiar, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión
por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia. En este
sentido, “es claro que la norma pretende evitar la transmisión fraudulenta de la
pensión de sobrevivientes”19».

60. Estos escenarios han generado diversas interpretaciones, especialmente
cuando concurren en la reclamación prestacional la (el) compañera (o)
permanente y el cónyuge supérstite, por lo que ha distinguido los efectos jurídicos
que se generan cuando: (i) existe convivencia simultánea, (ii) cuando hay
separación de hecho, (ii) cuando no existe sociedad conyugal vigente y (ii)
cuando se ha efectuado la disolución de la sociedad conyugal con y sin
convivencia simultánea, tal como quedó plasmado en la sentencia de la Corte
Constitucional C- 336 de 2014.

61. Sin embargo, en este caso acude a la jurisdicción únicamente el señor Edgar
Gómez Rodríguez, quien alega ser el cónyuge supérstite de la señora Mercedes
Ramírez, con quien contrajo matrimonio católico el 10 de febrero de 1974 siendo
un punto central de la controversia la acreditación del requisito de convivencia
que exige la norma.

62. En efecto, el A quo encontró acreditada la convivencia real y efectiva durante
los últimos 5 años anteriores a la fecha del deceso de la señora Mercedes
Ramírez; por su parte la entidad señaló, en síntesis, que en este caso no se
acreditó dicho requisito dado que hubo una separación desde el año 2010.

63. De acuerdo con lo anterior, la Sala sólo hará referencia al escenario previsto
en el literal a) del artículo en cita, que dispone:

«[…]
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite,
siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga
30 o más años. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del
pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá
acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya
convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su
muerte;.

[…]».

19 Sentencia C-1176 de 2001.M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
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64. Como se aprecia, el legislador estableció el requisito de la convivencia para
el compañero o cónyuge supérstite, durante cinco años anteriores a la muerte del
causante para evitar situaciones donde sólo se busca aprovechar el beneficio
económico, tal como ha sido reconocido la Corte Constitucional en varias
providencias, entre las cuales debe destacarse la sentencia C-1176 de 2001 en
la que expresó:

«[…] busca favorecer económicamente a aquellos matrimonios y uniones
permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con
vocación de continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el
patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas por
personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital responsable y
comprometida, sólo pretenden derivar un beneficio económico de la transmisión
pensional.
[…]Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su familia de
posibles convivencias de última hora que no se configuran como reflejo de una
intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen la obtención del
beneficio económico que reporta la titularidad de una pensión de vejez o
invalidez. En este sentido, es claro que la norma pretende evitar la transmisión
fraudulenta de la pensión de sobrevivientes».

65. La norma en cuestión - literal a) del artículo 47, de la Ley 100 de 1993, con
las modificaciones de la Ley 797 de 2003-, es una disposición que igualmente no
ha generado interpretaciones uniformes.

66. Al respecto la Corte Constitucional en sentencia SU 428 de 2016 precisó que
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente tengan derecho
a la pensión de sobrevivientes, deberán demostrar su condición de beneficiarios
como «miembros del grupo familiar» del afiliado, tal como lo señala,
expresamente, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y «esa condición la tienen
“quienes mantengan vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo,
entendido como acompañamiento espiritual permanente, apoyo económico y
vida en común”20». En esa oportunidad la Corte precisó que esa convivencia
debe darse en los últimos cinco años de vida del causante precisamente para
proteger a los beneficiarios legítimos de ser desplazados por quién solo busca
aprovechar el beneficio económico. Esto en los siguientes términos:

«[…]
La pensión de sobrevivientes prevista para los regímenes de prima media y de
ahorro individual persigue la protección del núcleo familiar del afiliado o
pensionado que fallece, frente a las adversidades económicas ocasionadas con
su muerte. Es por ello que el Legislador, como mecanismo de protección a
los miembros del grupo familiar, instituyó el requisito de la convivencia
durante los últimos cinco años anteriores a la muerte para el compañero o
cónyuge supérstite, con el fin de proteger a los beneficiarios legítimos de
ser desplazados por quién solo busca aprovechar el beneficio económico.
Dicha finalidad ha sido reconocida por la Corte Constitucional en varias

20 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 5 de abril de 2005 (rad. 22560).
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ocasiones. Por ejemplo, en la sentencia C-336 de 201421 se resaltó lo expresado
en la sentencia C-1176 de 200122, así:

El objetivo fundamental perseguido es el de proteger a la familia. En efecto,
la circunstancia de que el cónyuge o compañero permanente del causante
deban cumplir ciertas exigencias de índole personal y temporal para
acceder a la pensión de sobrevivientes, constituye una garantía de
legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a
los demás miembros del grupo familiar. También busca favorecer
económicamente a aquellos matrimonios y uniones permanentes de hecho
que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de
continuidad; pero también, que dicha disposición intenta amparar el
patrimonio del pensionado, de posibles maniobras fraudulentas realizadas
por personas que, con la falsa motivación de instituir una vida marital
responsable y comprometida, solo pretenden derivar un beneficio
económico de la transmisión pensional.

(…) Que el propósito de la institución es proteger al pensionado y a su
familia de posibles convivencias de última hora que no se configuran como
reflejo de una intención legítima de hacer vida marital, sino que persiguen
la obtención del beneficio económico que reporta la titularidad de una
pensión de vejez o invalidez. En este sentido, es claro que la norma
pretende evitar la transmisión fraudulenta de la pensión de sobrevivientes».

67. Ahora bien, cuando la norma exige que se haga vida marital «hasta su
muerte» no presupone la convivencia bajo el entendido de «habitar con el otro o
vivir en compañía de otro», término que debe ser contemplado bajo otras
connotaciones como lo ha señalado esta Corporación 23, como son:

«[el] acompañamiento espiritual y moral permanente, auxilio, apoyo económico
y vida en común es el cimiento del concepto de familia. Núcleo básico de la
sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de protección de la
sustitución pensional. Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar
y mantener una comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del
grupo familiar, los cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de
Justicia24, no se pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad
se impone por la fuerza de las circunstancias:
“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen
lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero
acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común
de vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier
clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar común.
De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido a lo
que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir una
familia (…)”.»

68. Además de la anterior interpretación debe entenderse que pueden

21 MP Mauricio González Cuervo.
22 MP Marco Gerardo Monroy Cabra.
23 Sentencia de la Subsección B, de 27 de enero de 2022, proceso radicado 880012333300020180052 01

con ponencia de la consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez.
24 Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, actor: Beatriz Elena Aristizábal

Vallejo, M.P. Dr. Eduardo López Villegas.
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presentarse circunstancias especiales que impiden la cohabitación ya sea por
motivos laborales, de fuerza mayor, circunstanciales especiales de salud, o
aquellas ajenas a la voluntad no imputables al cónyuge o compañero (a)
supérstite y que no pueden pasarse por alto al momento de analizar cada caso
concreto, dado que no pueden desconocerse aspectos particulares y esenciales
en los que se desarrolla la vida en pareja, que no pueden derivar en la pérdida
del derecho.

69. En efecto, esta Corporación ha considerado que debe darse una
interpretación menos restrictiva al requisito dispuesto en los literales a) y b) del
artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, así:

«[…] la interpretación armónica de los literales a) y b) del artículo 47 de la Ley
100 de 1993 (modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003), basada en
criterios de equidad y justicia, conlleva a establecer que si bien la actora no
convivió durante los últimos 5 años con el de cujus, ella sí tiene derecho a la
pensión de sobrevivientes, como quiera que en criterio de proporcionalidad, si el
cónyuge supérstite tiene este derecho en las citadas condiciones (5 años de
convivencia en cualquier época cuando existe conflicto con una compañera
permanente), ante la inexistencia de disputa con la compañera permanente, la
solución no puede ser diferente para la esposa de quien no mantuvo otra relación.
[…]»25.

70. Establecido lo anterior, se analizarán las pruebas allegadas al proceso, a
efectos de verificar si al señor Edgar Gómez Rodríguez le asiste el derecho al
reconocimiento de la sustitución de la pensión que devengaba la señora
Mercedes Ramírez.

3.3.2. Caso concreto.

71. Las pruebas allegadas son las siguientes:

➢ De la demandante y su vínculo matrimonial con el causante.

• Al proceso se allegó copia de las cédulas de ciudadanía del señor Edgar
Gómez Rodríguez donde se indica que nació el 14 de agosto de 1951 y
de la señora Mercedes Ramírez, quien nació el 13 de diciembre de 1955
(f. 56).
• Según registro civil de matrimonio aportado, la señora Mercedes Ramírez
Medina y el señor Edgar Gómez Rodríguez contrajeron matrimonio
católico el 10 de febrero de 1974 (f. 44)
• La señora Mercedes Ramírez Medina falleció el 9 de diciembre de 2016
en el municipio de El Espinal, como se indica en el registro civil de
defunción que aparece a folio 45 del expediente.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia

del 28 de junio de 2018. Expediente: 41001-23-33-000-2012-00131-01. Demandante: Rubia Nid Acevedo
de Lozano.
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➢ Reconocimiento pensional a favor de la señora Mercedes Ramírez.

• A través de Resolución VPB 13755 de 16 de febrero de 201526
COLPENSIONES reconoció a favor de la señora Mercedes Ramírez, una
pensión de jubilación donde tuvo en cuenta su labor en la Gobernación del
departamento del Tolima y el municipio de Ibagué. Esto con base en el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y las Leyes 33 y 62 de 1985,
con efectividad a partir del retiro del servicio y en cuantía de $2.541.549.
• Dicha prestación fue reliquidada a través de la Resolución GNR 314387
de 13 de octubre de 201527.
• Así mismo a través de la Resolución GNR 49792 de 16 de febrero de 2016,
COLPENSIONES modificó la prestación reconocida y dispuso su
efectividad a partir del 1.° de febrero de 2016 al acreditarse el retiro del
servicio ( ff. 19 y s.s.).

➢ Pruebas aportadas por la parte actora sobre la convivencia efectiva

• Fue aportada copia del formulario de declaración de bienes y rentas y
actividad económica diligenciado por la señora Mercedes Ramírez,
correspondiente al 31 de marzo de 2014. Allí aparece que su lugar de
residencia es la Carrera 6ª # 74-38, en el barrio «Las Margaritas» del
municipio de Ibagué. Allí se indicó que tenía sociedad conyugal vigente
con el señor Edgar Gómez Rodríguez. (f. 47 vto.)

• A folio 48 fue aportado el citado formulario diligenciado el 27 de marzo de
2015, donde incluyeron los mismos datos del año 2014.

• Se allegaron igualmente recibos de compra de bienes muebles realizadas
por la señora Mercedes Ramírez tales como colchón y base cama,
realizado el 18 de julio de 2016, donde se indica que la dirección de
entrega sería en el municipio de El Espinal, en la carrera 10 No. 9-01.

• Se adjuntó escritura pública de 11 de julio de 2013 de la Notaría Tercera
del Círculo de Ibagué (ff. 51 y s.s.) según la cual la señora Mercedes
Ramírez adquirió por compraventa un apartamento en el municipio de
Ibagué, en el conjunto cerrado «Aymara», calle 83 No. 5-55. Allí se indicó
que ella se encontraba casada con el señor Edgar Gómez Rodríguez y
que tenían sociedad conyugal vigente (ff. 54). A folios 61 y 66 aparece el
certificado de tradición y matricula inmobiliaria de la Oficina de Registro de
instrumentos Públicos de Ibagué.

26 Así se indica a folio 19 en la Resolución GNR 49792 de 16 de febrero de 2016.
27 Ibidem.
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• A folios 67 a 72 aparece copia de las declaraciones extraprocesales
rendidas por los señores Mario Rodríguez Sánchez, Florencio Cortés
Barrero y Guillermo León Salcedo Murillo en los que señalan que
conocieron a los señores Mercedes Ramírez Medina y Edgar Gómez
Rodríguez pues fueron vecinos de residencia por más de 50 años; que
aquellos contrajeron matrimonio católico el 10 de febrero de 1974; que
tenían la sociedad conyugal vigente hasta el 9 de diciembre de 2016 y
que «convivieron juntos en forma estable, pública y notoria de manera
ininterrumpida y bajo el mismo techo como esposos, siendo su lugar de
residencia la Carrera 6 # 74-38 Barrio Las Margaritas de la Ciudad de
Ibagué», «Que la pareja tuvo dos hijos de la cual también hay dos nietos;
por lo que la pareja de esposos convivía en sana armonía, siendo un
ejemplo de familia amorosa como base de la sociedad».

• A folios 73 se alegó copia de citación a conciliación por la Fiscalía Local
de El Espinal, en la que se cita a los señores Claudia Astrid Gómez
Ramírez, Edgar Alirio Gómez Ramírez, Edgar Gómez Rodríguez y María
Lucy Rodríguez para llevar a cabo audiencia de conciliación en el proceso
que se adelantó por el delito de «injurias por vías de hecho» a celebrarse
el 25 de enero de 2017. En el citado documento no se identificó a los
denunciantes ni a los denunciados ni los motivos de la denuncia. Se
precisó lo siguiente (sic para toda la cita):

«[…]
UNA VEZ SE LES EXPLICA A LOS COMPARECIENTES EL OBJETO DE LA
DILIGENCIA Y ESCUCHADAS LAS PARTES, LOS DENUNCIANTES SOLICITAN QUE
SE REDACTE UN DOCUMENTO FIRMADO POR LOS DENUNCIADOS DONDE SE
RETRACTEN DE LAS AFIRMACIONES HECHAS EN EL DOCUMENTO DE FECHA 03-
12-2016.Y LO REMITAN A LAS DIFERENTES ENTIDADES AL CUAL LO ALLEGARON,
COMO ES LA COMISARIA DE FAMILIA, SUPERINTENDENCIA DE SALUD, LA UCI Y
LA PERSONERÍA.

LOS DENUNCIADOS POR SU PARTE ACEPTAN LA PROPUESTA DE SUS
DENUNCIANTES Y SE COMPROMETEN A REDACTAR UN OFICIO DONDE
CORRIJEN DICHAS AFIRMACIONES Y LO ENVIARAN. A LAS ENTIDADES YA
MENCIONADAS, ACLARANDO QUE ELLOS NO LO LLEVARON A ESAS ENTIDADES,
SOLO LO IBAN A RADICAR EN LA PERSONERÍA, NO ERA SU INTENCIÓN
RADICARLO EN ESAS OTRAS DEPENDENCIAS.

LOS DENUNCIADOS ALLEGARAN EL DOCUMENTO A ESTE DESPACHO EL DIA 21
DE FEBRERO DEL PRESENTE ANO, A LA HORA DE LAS (2:00 P.M), PARA QUE LOS
DENUNCIANTES LO REVISEN Y LUEGO SE RADICARA ALAS 3DEPENDENCIAS YA
REFERIDAS, COMO ES LA COMISARIA, LA UCI, LA PERSONERÍA, Y LA
SUPERINTENDENCIA DE SALUD.
POR LO QUE SE QUEDARA A LA ESPERA DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL
ACUERDO CELEBRADO.

Cuando queden obligaciones pendientes se dejará consignado en el acta, siendo
compromiso de la víctima informar el cumplimiento, de no comparecer se entenderá por
cumplido el acuerdo y se archivará, en caso contrario se dará inicio al ejercicio de la
acción penal.

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Como quiera que las partes han llegado a un acuerdo en forma libre y voluntaria y
observando que se ajusta a las normas legales, procede la Fiscalía a Ordenar el archivo
de las presentes diligencias penales por CONCILIACIÓN de conformidad con el Artículo
(Art.522 o 37 de la ley 906 de 2004).

Se les informa que la presente acta PRESTA MERITO EJECUTIVO Y HACE TRANSITO
A COSA JUZGADA de acuerdo a la LEY 640 DE 2.001. SE ENTREGA COPIA A CADA
ASISTENTE, EL ORIGINAL QUEDA EN PODER DEL DESPACHO. »

➢ Testimonios.

72. En audiencia de pruebas llevada a cabo el día 4 de marzo de 2020 (CD fl.
182) se recaudaron los siguientes testimonios:

• Testimonio de la señora Gloria Beatriz Ramírez. Indicó que era natural
de El Espinal, residente en la Manzana 8, Casa 16, Barrio Balcanes del
Espinal. Hermana de la causante Mercedes Rodríguez.

«PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL: Usted qué sabe de la relación del señor
Edgar. Cuénteme acerca de eso. CONTESTÓ: BUENO, yo soy hermana de
Mercedes […] María Mercedes Ramírez Medina, de Gómez. Ella se casó con Edgar
hace como en 1976, algo así. Y durante todo ese tiempo nunca se separaron. Mi
hermana vivía acá en Ibagué y ella era abogada. Trabajaba en la... Siempre trabajó
en esto en... ¿Cómo es? No me acuerdo. No me acuerdo en qué trabajaba. Bueno,
ella trabajó acá en Ibagué toda la vida hasta que ella se pensionó. Ella se pensionó
como en mayo. Y de ahí pues fue cuando ella empezó a enfermarse más... Sí, a
ponerse más enferma. Y... Hasta el día que ella murió, que ella murió el 9 de
diciembre. PREGUNTADO: ¿Usted quiere decir al tribunal en qué parte exactamente
vivió? ¿Y por qué razón le consta a usted ese hecho?
CONTESTÓ: Ella vivió... Nosotros somos del espinal. Ella vivió en Bogotá durante la
carrera cuando estudió. Después se vinieron para acá, para el espinal. Y después se
vinieron para acá, para Ibagué a vivir con Edgar. Porque ella ya se graduó. Y acá
duró hasta que ella murió. Porque ella cuando se... Como ella viajaba casi cada 8
días a la casa donde mi mamá. Cada vez que ella salía los viernes, ella cogía para
El espinal. Pero ella vivió más que todo acá. Los últimos años. PREGUNTADO: ¿Y
usted sabe los últimos 5 años donde vivió ella? ¿En qué dirección? ¿En qué ciudad?
CONTESTÓ: Acá en Ibagué. En Las Margaritas. Y... Pues ella mantenía más que
todo en El espinal. Por lo que ella se sentía... Pues enferma. ¿Sí? Pero ya los últimos
días de ella... Ella que se pensionó ya se mantuvo más que todo en El Espinal. Y...
Y ahí fue cuando ya... Pues... Esto... Vivía... Como la casa de mi mamá queda
cerquita. ¿Sí? Media cuadra. Ella mantenía allá donde mi suegra. Y allá donde mi
mamá. Entonces esto... Ella pues... Los hijos vinieron y se la llevaron para Bogotá.
Y allá la tuvieron como en 3 clínicas. Y la recuperaban. Pero ella quería venirse otra
vez para acá para El Espinal. Pero entonces acá en el Espinal se agravó ya. Ya ella
no... No aguantó más porque la tuvieron en la UCI allá en el Espinal como un mes.
Y... Murió. PREGUNTADO: Quiere decir... ¿Cuáles son los nombres de los hijos que
usted dice que regresaron cuando ella estaba malita? ¿Y qué edades tienen?
CONTESTÓ: Edgar Alirio Gómez y Claudia Mercedes Ramírez. Mi sobrina. Pues
exactamente no sé bien las edades porque pues... Ellos viven en Bogotá.
PREGUNTADO: Pero ellos son menores de edad?. CONTESTÓ: No, ellos son
mayores de edad. Ya tienen sus hogares. Ellos tienen sus apartamentos allá en
Bogotá. Y ellos viven con su esposo. Y mi sobrina con su esposo. Mi sobrina es
ingeniera civil. Y mi... Y mi sobrino es arquitecto. PREGUNTADO: ¿Usted... De
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pronto nos puede... Justificar o explicar... Por qué razón COLPENSIONES está
diciendo que los últimos 5 años... No vivían... No vivían los dos? ¿Su hermana y el
señor... Edgar Gómez Rodríguez? CONTESTÓ: Lo que pasa es que mi mamá... Se
ha tenido la idea de que esa pensión es para ella. Pero yo sé que eso no es así.
Porque mi mamá... Yo no sé... Como es que tenemos un problema ya por... También
por la sucesión de mi papá. Entonces mi mamá ha tenido problemas también
conmigo. Yo todos mis hermanos no me tratan y mi mamá por eso. Entonces... Esto...
Ella... Permaneció mucho... Más que todo allá donde mi... Donde mi... Mi cuñada que
es en la casa de la esquina. Esto porque mi sobrina... Era la que la llevaba... La
llevaba al médico y todo. Y entonces... Pero como mi hermano... Están... Se la da de
sabio... De... De... De tegua. Se la llevó para allá para la casa. Y se puso a darle
aguas allá ahí. Lo que hizo fue... Acabarla. PREGUNTADO: Cuando usted dice que
el último tiempo estuvo enferma... Y que por lo tanto se fue para el espinal... Ella se
fue para el espinal sola... ¿Y cuánto... Tiempo duró? ¿Cuántos meses? ¿O cuántos
años duró en ese estado? CONTESTÓ: Ella... Ella viajaba... Era con Edgar... En el
carro. Y... Pues ella como... Ella se pensionó en mayo. Más que todo... Durante ese
tiempo... Fue que ella permaneció más allá. Porque anteriormente no viajaba... Sino
los fines de semana. Mientras se pensionaba. Pero ella quería irse para la casa.
Porque ella no... No se sentía bien. Vivía muy enferma. PREGUNTADO: Usted nos
dice que se pensionó en mayo... Y falleció... ¿Usted recuerda en qué...? ¿En
diciembre de qué año? CONTESTÓ: El 9 de diciembre de... Tiene 3 años de muerta.
Como en el... 2016. Algo así. Como el 2016, sí. 3 años tiene de muerta ella. Ella
murió el 9 de diciembre. PREGUNTADO: ¿A usted le consta que su hermana es
casada con el señor Edgar Gómez Rodríguez? ¿Y por qué razón le consta eso?
CONTESTÓ: Sí, ellos son casados. Fueron casados allá en el... En el barrio Santa
Margarita María. Se casaron... Hace como 45 años tienen de casados. Y... Y después
ellos se fueron a vivir a Bogotá.»

PREGUNTAS DE LA PARTE DEMANDANTE.
«PREGUNTADO: Señora Gloria... ¿Usted conoció o supo de alguna violencia
intrafamiliar entre Edgar y la señora Mercedes Ramírez? CONTESTÓ: No, señor.
Esas son cosas que mi mamá se inventó. Porque como mi mamá vivía, yo no sé,
con una... Mi mamá vive con una que ella tenía que quedarse con lo de ella. Mi
mamá, yo no sé, se dejó influenciar de mi hermano menor, que ese es el que la lleva,
la ha metido en todos... PREGUNTADO: ¿Ha dicho usted que el señor Edgar y la
señora Mercedes contrajeron matrimonio hace 45 años aproximadamente? ¿Quiere
indicarle al despacho si durante el tiempo del matrimonio a la muerte hubo alguna
separación de hecho de esta pareja? CONTESTÓ: No, ellos nunca se separaron,
nunca se separaron. PREGUNTADO: ¿Recuerda usted, fuera de los hijos, que otra
persona acompañó a la señora Mercedes Ramírez durante el proceso de
enfermedad? CONTESTÓ: Sí, mi cuñada. Mi cuñada Lucy Rodríguez. Ella, los
últimos la tuvieron ahí en la casa, que ahí la cuidaban, pero como a ella no le
gustaban las comidas que le hacían, ella se fue para la casa. Porque ella como no
se cuidaba.
PREGUNTADO: ¿Puede usted precisarle al despacho dónde era el lugar de
residencia de la pareja Ramírez Gómez? CONTESTÓ: Acá en Ibagué, pero es que
no me sé la dirección bien, sé que en Las Margaritas. PREGUNTADO: ¿Sirva decirle
al despacho si conoce a Luis Antonio Ramírez? CONTESTÓ: Ese es mi hermano
menor. PREGUNTADO: ¿Tiene usted conocimiento cuál es la relación personal
entre el señor Luis Antonio Ramírez y don Edgar Gómez? ¿Cómo es la relación
personal? CONTESTÓ: Pues la relación era bien, pero después de que pasó eso fue
que él cambió, cambió todo. PREGUNTADO: ¿Qué pasó? CONTESTÓ: Pues hubo
un problema, demandas, porque todo empezó desde que yo abrí sucesión. Que todo
el mundo se puso en contra mía. Desde ahí empezó todo. Y después con la muerte
de ella era echándole la culpa a los hijos, que los hijos eran los que lo habían matado.
Viendo que a los hijos les tocaba estar en Bogotá porque ellos trabajan. Ellos
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mantenían pendiente de la mamá. Pero ella como no se amañaba en Bogotá, allá mi
sobrina le ubicó una pieza para que ella estuviera ahí, para estarla llevando al
médico, para que estuviera pendiente de ella. Pero ella como no, ella jamás iba a ver
a ella en la casa. Y se venía. PREGUNTADO: ¿Y con el señor Edgar, el señor Luis
Antonio? CONTESTÓ: No, era bien. Sí, incluso ellos iban con mi mamá allá a la finca
y allá hacían agasajos y todo. Y yo no sé, cambió todo.»

PREGUNTAS POR LA PARTE DEMANDADA.
«PREGUNTADO: Señora Gloria, indíquenos, el señor Edgar Gómez, ¿a qué se
dedicaba? CONTESTÓ: Él es ingeniero civil. PREGUNTADO: Para la fecha, durante
el tránsito de la enfermedad de la señora Mercedes, ¿se le ejercía alguna actividad
económica, trabajaba al servicio de alguna empresa? CONTESTÓ: Pues no, como
que ya estaba pensionado. Pues en realidad yo, pues como yo vivo en otro barrio,
¿sí? Yo vivo apenas allá y como él viajaba todos los fines de semana allá.
PREGUNTADO: Indíquele al despacho si durante el tránsito de la enfermedad de la
señora Mercedes, el señor Edgar, ¿cuál fue el accionar frente a esa situación?
CONTESTÓ: No, él estaba pendiente de ella, ella era feliz ahí con él.
PREGUNTADO: Indíquele al despacho a la señora Mercedes de que fallece.
CONTESTÓ: Eh, como la diabetes y ella sufría de la tensión, pero más que todo fue
la diabetes la que la... PREGUNTADO: ¿Usted nos puede indicar si el señor Edgar
Gómez, eh, tiene otros hijos aparte de los que se procrearon con la señora Mercedes
Ramírez? CONTESTÓ: Sí, él tiene un hijo. PREGUNTADO: ¿Usted nos puede
indicar la edad de ese hijo? CONTESTÓ: Tiene dieciocho, algo así, como dieciocho
años, diecinueve. PREGUNTADO: ¿Usted nos puede indicar si durante el vínculo
marital con la señora Mercedes, el señor Edgar Gómez sostuvo otra relación
sentimental? CONTESTÓ: No, pues con la señora que tuvo, pero él siempre
permaneció en la casa. PREGUNTADO: ¿Usted conoce si en algún momento el
señor Edgar Gómez se separó, eh, vivió en otro lugar aparte de la señora Mercedes?
CONTESTÓ: No, señora. PREGUNTADO: ¿Usted nos puede indicar, eh, si en esos
viajes que realizaba la señora Mercedes, al Espinal, ella se quedaba una semana,
dos semanas o cómo eran esos viajes? CONTESTÓ: No, cuando ella trabajaba se
iba los viernes y se volvía a veces los lunes por la mañana o el domingo por la noche,
tarde. PREGUNTADO: ¿En esos viajes siempre iba acompañada del señor Edgar
Gómez? CONTESTÓ: Ella a veces viajaba sola o se venían los dos en el carro. Y se
iban los dos en el carro. PREGUNTADO: ¿Usted nos puede indicar, eh, si el señor
Edgar Gómez durante la, el vínculo marital devengaba algún salario o asignación,
eh, económica? CONTESTÓ: Pues, ya como que él estaba pensionado y como él
tiene por allá una, una finca ahí frutal, no sé. PREGUNTADO: Indíquele al despacho
si el señor Edgar Gómez, percibía algún emolumento por arriendos, tenía algún
negocio comercial, alguna, eh, algún emolumento que recibiera a título de gasto
diferente a esa pensión que usted nos indica.? CONTESTÓ: No, que yo sepa, no.
PREGUNTADO: ¿usted nos puede indicar si conoce, si, para el año 2016-2017 algún
funcionario de Colpensiones visitó El municipio de El Espinal con el fin de realizar
una investigación respecto de la solicitud de pensión presentada por el señor Edgar
Gómez? CONTESTÓ: No, no sé, no sé. CONTESTÓ: No más preguntas, su
señoría».

PREGUNTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO:
«PREGUNTADO: Doña Gloria, usted nos ha contado que el señor Edgar era
ingeniero civil, ¿sí? Y que actualmente, o, y que era, es pensionado, ¿sí? ¿Conoce
usted esa pensión de dónde proviene? O sea, ¿qué, qué labor, qué empleo, cargo
privado desempeñó el señor Edgar Gómez para obtener esa pensión? CONTESTÓ:
Pues yo sé que él trabajó acá en, en, acá en Ibagué, en la gobernación como que
fue que trabajó. Y en El espinal, en Usoco, ello. PREGUNTADO: ¿Recuerda hasta
qué fechas laboró acá en la ciudad de Ibagué? CONTESTÓ: No, no sé, no.
PREGUNTADO: Usted nos ha manifestado que en, del vínculo de Mercedes y el
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señor Edgar nacieron unos hijos. […] ¿Recuerda usted dónde estudiaron esos hijos,
su primaria, su bachillerato? CONTESTÓ: Ellos estudiaron en Bogotá la primaria, y
la, la secundaria la estudiaron acá en Ibagué. Y después ellos se fueron para Bogotá
a estudiar en la universidad. PREGUNTADO: Sí, ¿y recuerda el colegio donde ellos
estudiaron? No, no sé».

• Declaración de Florencio Cortés Barrero: Residente de El Espinal,
Señaló que con la familia Ramírez y Gómez, se conocieron desde la
infancia en la vereda llamada Agua Blanca La Morena, del municipio de El
Espinal. Trabajaron directamente en el municipio de Ibagué, con la
alcaldía de Ibagué, en la década del 90.

«PREGUNTADO POR EL TRIBUNAL: Si usted conoció la relación de la señora
Mercedes Ramírez con el señor Edgar Gómez en los últimos cinco años. En caso
afirmativo, dígame dónde habitaban y cómo fue esa relación y por qué razón le
consta. CONTESTÓ: Como lo dije anteriormente, la relación de la familia Gómez
Ramírez conmigo fue muy cercana. Hicimos una amistad sincera, compartimos
diferentes actos. Ellos viven, vivían en la ciudad de Ibagué, en el barrio, en el
barrio cerca al Éxito, perdón no me acuerdo ahorita. Ahí tienen la casa de
habitación y como te digo, ellos participaron muchas veces conmigo en actos. Yo
compartí con ellos, asistí a eventos de familia, muchas veces pernocté en la casa
de ellos acá en Ibagué y últimamente, en los últimos cinco años, tuvimos mucha
relación dentro del municipio porque ellos bajaban de acá los fines de semana a
El Espinal, compartíamos, íbamos a las fincas y como te digo, teníamos una
relación muy fraternal y muy unida. PREGUNTADO: Tiene usted conocimiento
que en alguna oportunidad, durante esa relación, se haya separado el señor
Edgar Gómez de la señora Mercedes Ramírez en caso afirmativo, donde
estableció el nuevo hogar. CONTESTÓ: En mi pleno conocimiento, nunca tuve
conocimiento de que ellos hubieran tenido alguna separación. Siempre fueron un
hecho marital de siempre, estuvieron conviviendo sin ningún problema que yo
haya sabido. Nunca tuvieron ninguna separación, siempre conformaron un hogar
y siempre estuvieron en la misma vivienda, nunca tuvieron hechos apartes,
únicamente cuando se disponían a ir al Espinal, que compartían las casas que
ellos tenían en el Espinal. De resto, siempre convivieron aquí en el municipio de
Ibagué, donde ellos laboraban dentro aquí en la administración municipal.
PREGUNTADO: ¿Y le consta qué entidad pensionó a la señora Mercedes
Ramírez? ¿Y cuánto hace de eso? CONTESTÓ: Para mi conocimiento, la entidad
que hizo la pensión a la doctora Ramírez fue Colpensiones. Y eso creo que
entiendo que, según ellos me comentaban, eso fue como en el año 2016. No
conozco bien la fecha, pero creo que fue en el 2016».

PREGUNTADO POR LA PARTE DEMANDANTE.
«PREGUNTADO: ¿sabe usted en qué fecha ellos contrajeron matrimonio?
CONTESTÓ: En verdad no me acuerdo prácticamente la fecha del matrimonio,
pero sí recuerdo que fue como en el año 74. PREGUNTADO. ¿Conoció usted a
Luis Antonio Ramírez? CONTESTÓ: Luis Antonio Ramírez lo conozco muy poco,
porque nunca he tenido relación ni amistad con él directamente. Puedo decirte
que no lo conozco, no lo distingo, no hay nada. PREGUNTADO: Durante el
tiempo que ha sido amigo de la familia Gómez Ramírez, ¿usted visualizó o tuvo
conocimiento de alguna separación de hecho y algún acto de violencia
intrafamiliar dentro de ese hogar? CONTESTÓ: Vuelvo y lo rectifico como lo dije
en parte anterior. Nunca ellos tuvieron ni tuve conocimiento de que hubieran
tenido separaciones ni mucho menos violencia intrafamiliar. Cuando ellos
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compartieron un hogar muy unido y ellas eran unas personas que con todo el
mundo participaban en sus actos públicos y en sus actos privados. Nunca conocí
que tuvieran relaciones de separación ni mucho menos de violencia.
PREGUNTADO. Se ha dicho en esta audiencia que el señor Leal tuvo un hijo
extramatrimonial. ¿Para esa fecha, la concepción de ese hijo, ¿tuvo usted
conocimiento de alguna separación o de algún hecho de alejamiento de esa
relación de familia o de pareja? CONTESTÓ: No, que yo sepa, nunca ellos
tuvieron una separación debido al hecho de tener un hijo extramatrimonial. Sé
que hay un chino, ya tal vez mayor de edad, que es hijo de don Edgar, pero nunca
ellos tuvieron una separación con la señora ni se abrieron nunca a su hogar
debido a eso. PREGUNTADO: ¿Tuvo usted conocimiento por su condición de
amigo de Edgar? ¿De quién es esa persona y si nos puede indicar el nombre con
quien tuvo el hijo? CONTESTÓ. Sí, cómo no. Ellos tuvieron una unión, no sé
cómo, pero de todas maneras ellos tuvieron un hijo con la señora Doris
Céspedes. Ellos tuvieron una relación de pareja, de eso resultó ese hijo, pero
digamos que por ese motivo ellos nunca en su hogar tuvieron ninguna
separación. PREGUNTADO. ¿El señor Edgar alguna vez convivió con esta
señora que acaba de mencionar con quien tuvo el hijo extramatrimonial,
formando algún hogar permanente, estable? CONTESTÓ: En ningún momento,
no señor, ellos nunca tuvieron una unión directa».

PREGUNTAS DE COLPENSIONES:
«PREGUNTADO: Indíquele al despacho de qué enfermedad sufría la señora
Mercedes. CONTESTÓ: La doctora Mercedes ya tenía unos problemas de salud
debido a cuestiones de azúcar, o como llaman, problemas de diabetes, y ahí era
que más le dependían varios problemas, porque la diabetes es una enfermedad
que produce diferentes síntomas y diferentes problemas de salud.
PREGUNTADO: Indíquele al despacho a qué se dedicaba el señor Edgar Gómez.
CONTESTÓ: El señor Edgar Gómez siempre ha ejercido su profesión como
ingeniero civil. Para los años 2016 y anteriores, PREGUNTADO: ¿Él a que se
dedicaba?, ¿Estaba vinculado laboralmente con una empresa? PREGUNTADO:
En el año 2016, creo que estaba en ese tiempo sin estar vinculado a ninguna
empresa. PREGUNTADO: ¿Conoce usted si el señor Edgar Gómez percibió una
asignación por pensión? CONTESTÓ: Que yo sepa, no señora. Nunca ha
percibido ninguna pensión por parte de la defunción de la señora.
PREGUNTADO: Indíquele al despacho si, aparte de ese hijo extramatrimonial
que existe con la señora Doris Céspedes, ¿existe algún otro hijo por fuera del
matrimonio? CONTESTÓ: Que yo sepa, no, porque nunca he tenido
conocimiento a pesar de que, lo digo porque hemos sido muy amigos desde,
como le estoy diciendo, desde la infancia. PREGUNTADO: Usted nos indica que
la señora Mercedes viajaba a El Espinal, ¿estos viajes los realizaba sola,
acompañada? ¿En caso de ser así, con quién iba? CONTESTÓ: Ellos siempre,
los fines de semana, como ellas más que todo laboraban con el municipio de
Ibagué, ellos siempre los fines de semana se dirigían al Espinal donde ellos
tenían una residencia. Siempre, eran siempre los dos en su mismo vehículo.
PREGUNTADO: Durante la enfermedad de la señora Mercedes Ramírez, ¿quién
se encargó de hacer todos los trámites de acompañamiento, cuidado y demás?
CONTESTÓ: De eso sí doy fe personalmente porque yo estuve presente en todos
los actos de la enfermedad, en los momentos difíciles, los acompañé y siempre
hicieron presencia don Edgar Gómez y sus dos hijos. Ellos estuvieron siempre al
frente del proceso, en diferentes oportunidades en Bogotá, con unas clínicas de
Bogotá y finalmente en el hospital San Rafael del Espinal donde ella falleció.
PREGUNTADO: Indíquenle al despacho, ¿quién sufragó los gastos de sepelio y
demás? CONTESTÓ: Pues yo tengo entendido que fue la familia, no sé en ese
aspecto si quién iba a asumir los gastos de esa. PREGUNTADO: Indíquenle al
despacho si usted conoce si el señor Edgar Gómez dependía económicamente
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de los recursos que percibiera la señora Mercedes Ramírez. CONTESTÓ: Pues
de verdad no, eso sí sería, yo creo que era algo como compartido, porque ellos
convivían y hacían sus mismos gastos los dos, asumían los gastos maritales y
de casa ambos, porque ellos ambos producían su trabajo, tenían su
“devengación” económica. PREGUNTADO: Indíquenos si usted conoce si el
señor Edgar Gómez percibía alguna otra asignación económica aparte de la que
desempeñaba por su profesión de ingeniero. CONTESTÓ: Pues que yo sepa no,
porque él siempre se dependía de su labor como ingeniero, en la cual yo también
participaba porque yo también trabajo en algo de materiales y cementos, yo lo
acompañaba en muchas obras y siempre se defendía, era siempre en su
profesión. PREGUNTADO: Indíquenle al despacho si durante esa relación de
amistad que usted sostuvo, y además de vecindario en el municipio del Espinal,
usted llegó a conocer o a escuchar en algún momento si hubo alguna separación
de la familia conformada por la señora Mercedes y el señor Edgar en algún
momento. CONTESTÓ: No, que yo sepa nunca he escuchado ninguna
separación».

➢ PRUEBAS APORTADAS POR COLPENSIONES PARA DESVIRTUAR
LA CONVIVENCIA

• A folio 78 se allegó copia del Oficio, sin número, del año 2017, suscrito por
la gerente de Nómina de Pensionados de COLPENSIONES , en el que se
indica que la señora Martha Liliana Alarcón Carreño, funcionaria del
consorcio COSINTE, adelantaría las investigaciones administrativas para
COLPENSIONES, relacionadas con su caso.

• A folio 79 aparece escrito sin fecha dirigido al señor Edgar Gómez, donde
la señora Martha Alarcón le solicita que la contacte telefónicamente.

• A folios 80 a 84 se aportó álbum fotográfico del demandante y la causante,
con el señor Edgar Gómez Rodríguez, en eventos familiares celebrados
entre el 23 de noviembre de 2013 y el 13 de diciembre de 2015, según las
fechas que aparecen en cada fotografía.

• En el CD de antecedentes administrativos aportados por la entidad, se
aprecia que al señor Edgar Gómez Rodríguez le fue reconocida pensión
de jubilación a través de la Resolución GNR 197403 de 2 de julio de 2015
a la luz de la Ley 71 de 1988, por tiempos públicos y privados. Es de anotar
que en el Oficio de 9 de octubre de 20 13, suscrito por la entidad aparece
como dirección de notificaciones del actor para el año 2013 la misma
dirección reportada por la causante en su declaración de bienes:

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Ello se corrobora igualmente en diciembre de 2013 y julio de 2014:

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• Esto se reitera en correos de 20 de septiembre de 2016 y enero de 201728
y solo en febrero de 2019, se aprecia que su dirección de notificaciones
cambió a: «OCOBOS 5A ETAPA BLOQUE 51 APTO 301 IBAGUE
TOLIMA».
• Igualmente, en el documento «GJR-NOT-AF-2018_1373961-
20180206025358.PDF» también allegado en el cd de antecedentes
administrativos a folio 118, aparecen extractos de las historias clínicas de
la paciente Mercedes Ramírez de Gómez, expedidas por las Clínicas UCI
Hospital San Rafael del Espinal, Hospital Fundación Santa Fe de Bogotá,
Clínica Universitaria Colombia Colsanitas, Clínica Jorge Piñeros Corpas.
En ellas no se indica quienes acompañaron a consultas médicas a la
paciente.

• Interrogatorio de parte del señor Edgar Gómez Rodríguez (sic para
toda la cita).

«PREGUNTADO POR LA APODERADA DE COLPENSIONES: ¿Señor Edgar,
indíquenle al despacho cómo fue esa relación con la señora Mercedes Ramírez?
CONTESTÓ: Bueno, cuando el noviazgo, desde luego lo iniciamos cuando
estábamos muy jóvenes, ella hacía un quinto de bachillerato, estudiaba en El Espinal
en el colegio del Rosario, yo había terminado mi bachillerato en el colegio Ricardo
Ortega Fusagasugá, y hacía mi primer semestre de universidad cuando contrajimos
matrimonio en la iglesia de Santa Margarita María de la ciudad del espinal, eso fue
en el 10 de febrero del año 1974. Posteriormente una vez contraído el matrimonio
nos desplazamos a la ciudad de Bogotá, donde ella terminó su bachillerato en el
colegio, no recuerdo el nombre, luego ingresa a la universidad libre e inicia hasta su
terminación los estudios de Derecho. Yo estudiaba en la universidad de Santo
Tomás, hice mi carrera de Ingeniería, ella pues mientras estudiaba suplía mis gastos
en un medio de transporte, ella adquirió una buseta y con eso trabajaba, además de
reconocer la ayuda que hacían mis padres y mis suegros, debo reconocerlo.
Una vez terminamos la carrera yo me desplacé aquí a la ciudad de Ibagué, entré a
trabajar a la gobernación del Tolima, ella quedó terminando sus estudios de Derecho
y una vez a los dos años terminó, entonces ya nos radicamos de tiempo completo
aquí en la ciudad de Ibagué, donde ella ingresa a la alcaldía de Ibagué y ejerció

28 CD de antecedentes administrativos 118.
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desde ese inicio, desde el año 1980 más o menos, hasta que se pensionó en el mes
de junio del año 2016, en el cargo de inspectora de policía, repito aquí en la alcaldía
de la ciudad de Ibagué. En resumen, duramos en Ibagué en Bogotá (sic)
aproximadamente unos ocho años, y aquí en Ibagué pues siempre fue hasta el día
de su fallecimiento nuestro lugar de residencia, todavía yo vivo en la casa, pues vivo
prácticamente solo porque mis hijos están radicados en Bogotá, mi hija trabaja allá
en Bogotá, tiene su hogar, mi hijo también trabaja en Bogotá y también tiene su
hogar. Mientras estuvimos acá, mientras ella estuvo acá en Ibagué, pues lo regular
viajábamos los fines de semana al Espinal, ¿por qué viajábamos? Porque es que
ahora somos vecinos las dos familias, y somos vecinos las dos familias y entonces
viajábamos por lo regular los viernes, por las noches o los sábados por la mañana,
y regresábamos el día domingo o el día lunes en varias ocasiones. Ella es a continuar
con su trabajo como inspectora de policía, y yo como en mis trabajos, además de
haber trabajado en la gobernación del Tolima, también trabajé, tal vez lo dijeron,
trabajé en Usoco ello, luego volví aquí a trabajar en la Universidad del Tolima,
también trabajé en la Universidad Cooperativa como catedrático, y entonces pues,
pero siempre compartimos por lo regular muy cotidianamente, porque cuando
trabajaba en Ibagué, pues regresaba aquí todas las noches a la ciudad de Ibagué a
mi casa a compartir con ella.

TRIBUNAL: Señor Edgar, es que se le hizo una pregunta abierta y por eso
permitimos que se haga así, pero ahora en adelante le va a contestar muy breve, le
va a contestar únicamente lo que le pregunta, y yo le solicito a la abogada que como
estamos frente a un interrogatorio de parte, empiece con la fórmula, es cierto sí o no,
y pregunta un hecho concreto. Tiene el uso de la palabra.

PREGUNTA POR COLPENSIONES. Señor Edgar, indíquele al despacho, fruto de
esa unión, aparte de sus dos hijos de nombre Edgar Alirio y Claudia Astrid, ¿existe
algún otro hijo extramatrimonial y de ser así? ¿Nos puede indicar el nombre de ese
hijo? CONTESTÓ: Sí, debo reconocerlo que hubo un hijo que hoy en día tiene 24
años, ya es abogado, un hijo que también desafortunadamente quedó sin madre, y
pues yo desde un principio respondí por él. Esto no quiere decir que eso tuvo
implicaciones para que yo de pronto tuviera alguna separación con Mercedes en
absoluto. PREGUNTADO: Señor Edgar, indíquele al despacho, si fruto de esa unión
que tuvo con la señora Mercedes se adquirieron bienes patrimoniales. CONTESTÓ:
Sí, efectivamente pues siempre compartimos la unión marital y después la vida
conyugal, implicaba que debido a que ella pues también tenía sus ingresos como
empleada, como funcionaria, y yo también como unas veces como funcionario, otras
veces como contratista de la carrera de ingeniería, pues compartíamos los ingresos
y pues adquirimos nuestra casa aquí en La Margaritas, en El Espinal adquirimos una
casa, tenemos una granja también en El Espinal, y siempre compartíamos los dos,
que un vehículo, que los muebles, que lo que es cotidiano en un hogar, cuando hay
unión pues se comparten también los gastos y los ingresos. PREGUNTADO: Señor
Edgar, indíquenos si durante esa relación sentimental hubo alguna separación, bien
sea de que se haya ido usted o la señora Mercedes a pernotar a un lugar distinto a
la casa que tenían en Las Margaritas. CONTESTÓ: No, pues era lógico que por
cuestiones de trabajo, de mi trabajo específicamente, pues yo trabajaba en la
Gobernación del Tolima, tenía que desplazarme a veces pero a mi lugar de trabajo,
a los municipios, al área de trabajo, yo trabajaba en la Secretaría de Obras del
Departamento, era ingeniero allá, supervisor de obras, jefe de un distrito, entonces
eso implicaba que desplazara de pronto en la semana martes, jueves, pero era
cuestión de trabajo, luego regresaba a la casa, estábamos en comunicación diaria,
nunca tuve separación con Mercedes, ni separación de bienes, ni de cuerpos, yo la
acompañé a ella hasta el día de su muerte, en Bogotá, durante el año 2016, cuando
ella prácticamente se agravó una vez pensionada, terminó el trabajo y la enfermedad
que traía hizo que se agravara y en Bogotá la tuvimos en tres clínicas. Durante ese
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año, en el mes de junio, estuvo en la clínica Juan de Corpas, la tuvimos allá mis hijos
y yo, en el mes de julio la tuvimos en la clínica Core Universitaria, en el mes de agosto
la tuvimos en la clínica Santa Fe de Bogotá, donde fue una gran erogación la que
hicimos, la pagamos los cuatro, ella, mis hijos y yo, y finalmente fue internada en el
hospital San Rafael del Espinal, donde estuvo durante 23 días en la unidad de
cuidados intensivos, desde el 16 de noviembre hasta el 9 de diciembre del año 2016,
cuando ese día falleció. PREGUNTADO: Indíquenos si usted dependía económicamente de la señora
Mercedes Ramírez. CONTESTÓ: No, en absoluto, los dos compartíamos y desde
luego que nos apoyábamos, tanto moral como económicamente, cuando yo requería
algún recurso que no me faltaba, pues ella colaboraba desinteresadamente, igual
ocurría conmigo, cuando ella necesitaba algo así extra, pues de recursos
económicos, pues yo la apoyaba siempre, compartimos los dos, siempre nos
apoyamos también económicamente. PREGUNTADO: Indíquenos si usted conoce
al señor Luis Antonio Ramírez Medina. CONTESTÓ: Sí, Luis Antonio Ramírez
Medina es el hermano menor de Mercedes y debo decirlo, me está preguntando por
él, debo decirlo que desafortunadamente ha sido un muchacho que no ha tenido, no
ha contado con muy buena suerte, él terminó también su carrera de derecho, jamás
ha ejercido su carrera porque, es decir, la vida y la suerte no lo ha favorecido en ese
sentido, entonces ha sido un muchacho que siempre ha dependido de la mamá y
también buscaba mucho refugio, mucho apoyo económico en Mercedes, entonces
lo conozco bien y sé cuál es su comportamiento. PREGUNTADO: Conoce usted las
manifestaciones realizadas por el señor Luis Antonio en la investigación de campo
realizada por Colpensiones. CONTESTÓ: Sí, yo sé que cuando Colpensiones
designó una persona para que hiciera unas averiguaciones, pues
desafortunadamente esta señorita a quien después conocí, ella llegó aquí a la casa
de la Margarita a averiguar por mí, pero no me encontró, entonces me dejó un papel,
un papel demasiado escueto, una hoja de papel, es decir, que yo lo tomé como una,
no pensé que fuera de una funcionaria de una entidad como Colpensiones, porque
no me dejó ninguna tarjeta, no me llamó, sino me dejó un papel ahí, a manos roto,
rasgado, donde me dejaba el teléfono y la verdad como yo no sabía, ni me dejó
ningún documento de Colpensiones, entonces ella se dirigió al Espinal y allá llegó a
la casa de la mamá de Mercedes, donde fue atendida por Luis Antonio y de acuerdo
a lo que averigüé y lo que posteriormente me comentó la señora de Colpensiones,
porque ella después ya volvió y habló conmigo, me comentó que el señor Luis
Antonio era el que la había acompañado tanto en el Espinal como aquí en Ibagué y
parece que él contribuyó a que hubiese un sesgo en las respuestas de los vecinos,
porque él fue el que le indicó a quién debía entrevistar y a quién no. PREGUNTADO:
¿Usted nos puede indicar si las afirmaciones realizadas por el señor Luis Antonio a
esa investigadora de campo son ciertas o no? CONTESTÓ: Todas esas afirmaciones
son falsas, él dirigió un documento a Colpensiones en la cual manifiesta una serie
de hechos, tanto míos como de mis hijos y de mis hermanos, de mis hijos y de mi
esposa, frente a nuestra convivencia, frente a su enfermedad, lo cual es demasiado
falso. Ese documento hizo que Colpensiones me negara la pensión de
sobrevivientes, creo que esa es la causa, donde también asevera que durante los
últimos 10 años yo no convivía con ella, demasiado falso.

Esto ha dado lugar a que
se hayan abierto otros procesos en los juzgados del Espinal, donde ya en una
declaración que se llevó a cabo el 13 de febrero de este año, el 2020, donde se
interrogó en el Juzgado Tercero Penal Municipal del Espinal, se interrogó a la señora
Rosalba Medina Ramírez, al señor Víctor Hugo Ramírez Medina y al señor Luis
Antonio Ramírez Medina, en su respuesta al interrogatorio, manifestaron todo lo
contrario que dice en el documento, de lo cual pues hay CD y hay una certificación
de la Secretaría del Juzgado donde ellos se retractan de todo lo que le manifestaron
a Colpensiones en un documento firmado creo que es el 20 y pico de diciembre del
año 2016. PREGUNTADO: Señor Edgar, usted nos puede indicar respecto de la
enfermedad de la señora Mercedes, ¿quién la acompañó en ese tránsito de la
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enfermedad?, ¿quién era su apoyo?, ¿quién era quien la acompañaba a las citas y
demás? CONTESTÓ: Sí doctora, la verdad pues en primera instancia yo como
esposo fui que, y como era el que estaba más cercano de ella, mis hijos como digo
ellos estaban en Bogotá, pero nosotros nos quedamos aquí en Ibagué y ella venía
padeciendo de esta diabetes de tiempo atrás, cuando hablo de tiempo atrás hablo
de unos 10, 15 años, mi esposa reconoce lo que no fue muy juiciosa en el tratamiento
de esa diabetes que según los médicos requieren una dieta especial. Hay unas
historias, hay un informe de un médico forense, quien a través de una, de un juez de
garantía se solicitaron las historias clínicas de diferentes centros asistenciales de acá
de Ibagué, de la ciudad de Ibagué, de las historias clínicas de las que cité
anteriormente, donde estuvo recluida en la ciudad de Bogotá y de la historia clínica.
[…]
Bueno, concretamente quien la asistimos en la enfermedad y quien sufragamos los
gastos fueron mis hijos Claudio Astrid y Edgar Alirio Gómez Ramírez y yo como
esposo Edgar Gómez Rodríguez. PREGUNTADO: Señor Edgar, indíquenos quién
sufragó los gastos del sepelio de la señora Mercedes. CONTESTÓ: Ella como era,
ella fue pensionada, entonces pues los gastos de entierro y los gastos de la misa
pues fueron sufragados por Colpensiones.»

3.3.4. Análisis de la Sala.

73. Para esta Subsección es evidente que le asistió razón al A quo al acceder
parcialmente a las pretensiones de la demanda frente al reconocimiento de la
sustitución pensional.

74. En efecto verificados las pruebas allegadas por el señor Edgar Gómez
Rodríguez se advierte que contrajo matrimonio con la señora Mercedes Ramírez
desde el año 1976 y de dicha unión procrearon a sus hijos Edgar Andrés y
Claudia Astrid como dan cuenta los testimonios de la hermana de la causante,
Gloria Beatriz Ramírez Medina, así como de Florencio Cortes Barrero y las
declaraciones extraprocesales allegadas.

75. De igual manera en las declaraciones de bienes y rentas presentadas por la
causante en su lugar de trabajo (2013-2014) se advierte que reportó como su
estado civil el de casada con el demandante, con sociedad conyugal vigente y
como dirección de residencia, la misma reportada por el actor en sus
reclamaciones de reconocimiento pensional. Esto es, en la carrera 6ª # 74-38, en
el barrio «Las Margaritas» del municipio de Ibagué.

76. Igualmente, esta dirección se mantuvo durante los años 2015 a 2017 para el
demandante en sus actuaciones ante la entidad pensional, domicilio que mantuvo
la pareja como lo corrobora el testimonio de la hermana de la causante y de los
vecinos de la pareja quienes dieron cuenta que compartieron techo, lecho y mesa
hasta el deceso de la señora Mercedes Ramírez y que si bien viajaban con
frecuencia al municipio de El Espinal, lo hacían juntos, en los fines de semana,
especialmente al final de la vida de la causante, quien prefería quedarse allí por
su estado de salud.

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77. En este sentido, es evidente la pareja viajaba con frecuencia al municipio de
El Espinal y por sus labores se trasladaban nuevamente al municipio de Ibagué,
sin que ello afectara su domicilio principal, pues la señora Mercedes Ramírez
reportó hasta el año anterior a su deceso que su lugar de residencia quedaba
ubicado en el municipio de Ibagué, donde residía con su esposo.

78. Si bien es cierto se evidencia que al interior de la familia extendida se
presentaron graves desavenencias como lo advirtió la hermana de la causante,
Gloria Beatriz Ramírez Medina y según lo relató la entidad, la investigación
administrativa adelantada por COLPENSIONES reportó que hubo un evento de
violencia intrafamiliar que condujo a la separación de la pareja en el año 2010,
no obstante, al proceso no fue allegada a copia de la investigación administrativa
adelantada por COLPENSIONES de la cual se puedan extraer las pruebas en las
que se basó la entidad para concluir que se había producido la finalización de la
convivencia.

79. Dicha omisión se advierte también en el curso del proceso de nulidad
restablecimiento toda vez que la entidad no aportó documentos concluyentes que
permitieran a esta Sala extraer que se produjo algún evento de violencia
intrafamiliar que llevó a la terminación de la convivencia; al contrario, las pruebas
allegadas por el señor Edgar Gómez Rodríguez permiten extraer que él conocía
el desarrollo de las patologías de la causante, la atención médica que se le
brindó, las clínicas en las que estuvo, e inclusive al relatar las desavenencias
familiares se percibe que conocía en detalle las particularidades de la relación
entre la causante y los miembros de su familia consanguínea, por lo que no puede
pensarse que la familia llevará separada 6 años antes del deceso de la
pensionada, como lo afirma la entidad.

80. En este sentido, existen las pruebas dentro del proceso que acreditan la
convivencia del señor Gómez Rodríguez y la señora Mercedes Ramírez hasta el
momento del fallecimiento ocurrido el 9 de diciembre de 2016, por lo que
correspondía a la entidad allegar al proceso los documentos sobre los cuales se
basó para negar el reconocimiento de la sustitución pensional, como es el caso
de las declaraciones de aquellas personas que afirmaron que la convivencia se
había interrumpido; no obstante su actividad probatoria fue escasa y solamente
aportó los antecedentes administrativos en donde la mayoría de los documentos
corresponden al reconocimiento pensional del señor Edgar Gómez Rodríguez
relatado en precedencia.

81. Tampoco se probó por parte de la entidad que el nacimiento del hijo
extramatrimonial del señor demandante ocasionara una crisis en la pareja que
llevará a la terminación de la convivencia como lo señaló en la contestación de
la demanda. Ninguna prueba allegó al respecto.

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82. En este sentido demostrándose por parte del señor Edgar Gómez Rodríguez
que acreditó los presupuestos exigidos en el literal a del artículo 47 de la Ley 100
de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003 se colige que le asiste el derecho al
reconocimiento de la sustitución pensional en los términos señalados por el A
quo, por lo que la respuesta al primer problema jurídico es afirmativa.

3.4. Segundo problema jurídico.

83. Como ya se indicó, el demandante insistió en que debe condenarse a la
entidad accionada al pago de los intereses establecidos en el artículo 141 de la
Ley 100 de 1993 dado que existían las pruebas suficientes para que la entidad le
reconociera la sustitución pensional desde la misma solicitud presentada ante
Colpensiones.

84. En primer lugar, es necesario precisar, tal como lo señalaba el profesor
Fernando Hinestrosa29, que los intereses son los frutos del dinero, lo que está
llamado a producirle al acreedor de una obligación pecuniaria durante el tiempo
que perdure la deuda, calculado sobre la base de una cuota o porcentaje del
capital.

85. Esta sanción tiene por objeto conminar a la respectiva entidad de previsión
para que realice el pago oportuno las mesadas pensionales a su cargo, una vez
ha sido reconocido el derecho a la pensión, con el fin de proteger a los
pensionados y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo del valor de su
mesada, pues, en principio, esta es la única fuente de ingresos para la
subsistencia de aquellas personas de la tercera edad que han cesado en la
prestación de sus servicios luego de toda una vida laboral durante la cual han
efectuado aportes con el fin de obtener una prestación que los proteja frente a
las contingencias derivadas de la vejez.

86. Específicamente para garantizar el cumplimiento del derecho al pago
oportuno de las pensiones establecido en el artículo 53 de la Constitución
Política, el legislador estableció en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 el
siguiente interés moratorio a efectos de «resarcir los perjuicios ocasionados a los
pensionados»30 por la cancelación tardía de sus mesadas pensionales, con el
siguiente tenor:

«A partir del 1 de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas
pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y
pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de
ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe
el pago».

29 HINESTROSA FORERO, Fernando. 2007. Tratado de Obligaciones: Concepto, Estructura y Vicisitudes.

Bogotá, Universidad Externado de Colombia. P. 166.
30 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 3 de junio de 2020, SL1681-2020,

Radicación n.° 75127.
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87. Al analizar la constitucionalidad de la anterior disposición la Corte
Constitucional en sentencia C- 201 de 2000 señaló que ésta no creó privilegios
entre grupos de pensionados que han adquirido su estatus bajo diferentes
regímenes jurídicos, pues «la correcta interpretación de la norma demandada
indica que a partir del 1.º de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las
pensiones a que se refiere la ley, esto es, las pensiones que tienen como origen
el fenómeno laboral de la jubilación, la vejez, la enfermedad o la sustitución por
causa de muerte, que se presente después de esa fecha, el pensionado afectado,
sin importar bajo la vigencia de qué normatividad se le reconoce su condición de
pensionado, tendrá derecho al pago de su mesada y sobre el importe de ella la
tasa máxima del interés moratorio vigente».

88. Ahora bien, es de indicar que la aplicación de la mencionada disposición no
ha sido pacífica.

89. En un primer momento, la Corte Suprema de Justicia consideró que los
intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se imponen cuando se trata de
una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral, dado
que, «una pensión otorgada al amparo del régimen de transición no es una
prestación ajena al sistema o excluida de su campo de aplicación», tal como lo
plasmó en sentencia que sentencia CSJ SL, 28 nov. 2002, rad. 18273.

90. Igualmente, en sentencia de 12 de mayo de 200531, dentro del proceso 23118
la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, reiteró que dicha
disposición no era aplicable a las pensiones reconocidas en virtud del régimen
de transición de la Ley 100 de 1993 por cuanto «[…] no debe perderse de vista
que este precepto estipula que los intereses en comento se causan únicamente
“en caso de mora en el pago DE LAS MESADAS PENSIONALES DE QUE
TRATA ESTA LEY […]».

91. Esa tesis se sostuvo de forma reiterada como se aprecia, entre otras, en
sentencias CSJ SL, del 28 de noviembre de 2002, rad. 18273; del 11 de febrero
de 2003, rad. 19424; del 19 de febrero de 2004, rad. 20951; del 9 de septiembre
de 2005, rad. 24257; del 13 de diciembre de 2007, rad. 30602; del 11 de marzo
de 2008, rad. 32043; del 17 de febrero de 2009, rad. 36022, del 30 de noviembre
de 2010, rad. 41137; del 22 de noviembre de 2011, rad. 50681; del 6 de
septiembre de 2012, rad. 40387; del 30 de enero de 2013, rad. 39662; así como
en sentencias SL1851-2014, SL13649-2015, SL4959-2016, SL12962-2017 y
SL4404-2018, entre otras.

31 Con ponencia del magistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez
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92. Sin embargo, en algunos fallos como el de 20 de octubre de 2004, radicación
23159, hizo extensiva la sanción del aludido artículo a las pensiones que en
aplicación del régimen de transición reconozca el Seguro Social, con base en lo
que dispone el inciso 2.º del artículo 3132 de Ley 100 de 1993.

93. En sentencias de la Sala de Casación Laboral CSJ SL del 23 de septiembre
2002, rad. 18512, del 29 de noviembre de 2011, rad. 42839 y 10728-2016 precisó
que los intereses moratorios son simplemente resarcitorios y no sancionatorios,
por lo que no se debe analizar la conducta del deudor obligado, sino que
proceden automáticamente por la mora en el pago efectivo de la obligación y, en
sentencia del 7 de febrero de 2004, radicación 21892, indicó que los intereses
moratorios tenían carácter de resarcimiento económico frente a la tardanza en el
pago de las pensiones, orientados a impedir que éstas devengan en irrisorias por
la notoria pérdida del poder adquisitivo de los signos monetarios.

94. Es de precisar que, en sentencia del 3 de junio de 2020, SL1681-2020,
radicación 7512733, esa Corporación, estimó necesario modificar su posición para
señalar que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993
aplican a todo tipo de pensiones legales, reconocidas con posterioridad a la
entrada en vigor del sistema general de pensiones.

95. Seguidamente en sentencia SL3130-2020 del 19 de agosto de 202034 la Sala
de Casación Laboral modificó su jurisprudencia para señalar que «[…] que la
correcta interpretación del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 permite inferir que
los intereses moratorios allí consagrados proceden tanto por la falta de pago total
de la mesada como por la falta de pago de alguno de sus saldos o ante reajustes
ordenados judicialmente». Allí explicó:

«[…] permanece vigente la jurisprudencia de la Corte en torno al carácter
meramente resarcitorio de los intereses, mas no sancionatorio, de manera que
no es necesario realizar algún examen de la conducta de la entidad obligada
tendiente a descubrir algún apego a los postulados de la buena fe. Ello con la
salvedad de algunos casos en los que, según la jurisprudencia, las entidades
niegan administrativamente un determinado derecho pensional o definen su
cuantía con amparo en el ordenamiento legal vigente y teniendo en cuenta que,
finalmente, la obligación se produce por la aplicación de reglas jurisprudenciales
relativas a la validez de algunas normas.
[…] los intereses moratorios sobre saldos o reajustes de la pensión deben
liquidarse respecto de las sumas debidas y no pagadas, pero no teniendo como
referente la totalidad de la mesada pensional.

32 «ARTÍCULO 31. Concepto. El Régimen de Prima Media con Prestación Definida es aquel mediante el

cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una
indemnización, previamente definida, de acuerdo con lo previsto en el presente Título.
Serán aplicables a este régimen las disposiciones vigentes para los seguros de invalidez, vejez y muerte a
cargo del Instituto de Seguros Sociales, con las adiciones modificaciones y excepciones contenidas en
esta Ley.».

33 Con ponencia de la magistrada Gloria Cecilia Dueñas Quevedo.
34 Con ponencia del magistrado Jorge Luís Quiroz Alemán.
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[…] la respectiva entidad debe pagar «la obligación a su cargo», que en este caso
es el saldo debido, y «sobre el importe de ella», ese decir ese saldo, «la tasa
máxima de interés moratorio vigente en el momento que se efectúe el pago.»

96. Esa decisión fue analizada por la Corte Constitucional en sede de revisión
dentro de la acción de tutela T-8.611.150 interpuesta por COLPENSIONES, con
fundamento en que vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia «en conexidad con el principio de
sostenibilidad financiera», pues su decisión incurrió en defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución.

97. A través de sentencia SU-063 de 202335, la Corte consideró que no se
configuraron los defectos endilgados, pero indicó además, que no se demostró
el desconocimiento del principio de sostenibilidad financiera del sistema
pensional, ya que el caso no tenía relación con ninguna de las prohibiciones que
se derivan del artículo 48 Superior y los argumentos propuestos por
Colpensiones no le permitieron a la Corte establecer si la medida implicaba una
verdadera amenaza para dicho principio, de manera que pudiera poner en riesgo
los recursos del sistema pensional.

98. En la citada decisión se indicó que esa indemnización moratoria se configura,
en los eventos en los cuales la administradora o el fondo de pensiones incumplen
su deber de dar respuesta sobre la prestación económica solicitada teniendo en
cuenta todos los factores que la constituyen y el momento de disfrute de acuerdo
con la situación concreta del solicitante. Además, según el parágrafo 1.° del
artículo 9.° de la Ley 797 de 2003 y lo indicado en la sentencia C-1024 de 200436,
el plazo concedido para dar respuesta en los casos de pensiones de vejez es de
cuatro (4) meses. En los casos de reliquidaciones, incrementos o reajuste de
pensión se tiene el mismo tiempo, de (4) meses, vencidos los cuales empiezan a
causarse dichos intereses.

99. Sin embargo, esta Subsección estima necesario recordar que la Corte
Constitucional en sentencia SU- 230 de 2015 precisó que tales intereses no
proceden por cuanto, sólo después de determinarse de manera definitiva la
obligación de pagar una pensión, podrá fundamentarse que la entidad
demandada incurrió en mora de otorgar la prestación y «[…] en la medida en que
la prestación y su monto estaban en litigio hasta la presente providencia, no
puede declararse la mora de la obligación».

35 Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
36 “Si bien el legislador optó por utilizar la palabra ‘fondos’, una interpretación sistemática de las disposiciones

que regulan el régimen de pensiones en la ley de seguridad social, permite ratificar la posición de la Corte
seguida en sus distintas salas de revisión en procesos de tutela, en torno a la aplicabilidad del artículo 9° de
la Ley 797 de 2003 a las entidades públicas de seguridad social, tales como, la Caja Nacional de Previsión
Social (Cajanal) o el Seguro Social. […]. En este orden de ideas, cuando la disposición acusada exige a los
‘fondos’ reconocer la pensión en un tiempo no superior a cuatro (4) meses después de radicada la solicitud
por el peticionario; lo que realmente determina, es que les corresponde a las administradoras de los fondos
de pensiones o de los fondos comunes, proceder a dicho reconocimiento en el término de ley”.
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100. Esta Corporación ha acogido una posición similar a la señalada en sentencia
SU- 230 de 2015 y a partir de ella ha señalado que los intereses moratorios del
artículo 141 de la Ley 100 de 1993 tienen por objeto conminar a la respectiva
entidad de previsión para que realice el pago oportuno las mesadas pensionales
a su cargo, una vez ha sido reconocido el derecho a la pensión, con el fin de
proteger a los pensionados y garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo
del valor de su mesada, pues, en principio, esta es la única fuente de ingresos
para la subsistencia de aquellas personas de la tercera edad que han cesado en
la prestación de sus servicios luego de toda una vida laboral durante la cual han
efectuado aportes con el fin de obtener una prestación que los proteja frente a
las contingencias derivadas de la vejez.

101. En efecto en anteriores oportunidades 37, se ha establecido que «[…] el
reconocimiento de los intereses de mora tiene aplicación en los casos en los que
el pago de las mesadas pensionales no se discute porque está en firme el
reconocimiento de la prestación a quien ostenta la calidad de pensionado y lo
que se presenta es una negativa de la entidad a efectuar el pago, tal y como lo
ha considerado en otras oportunidades esta Corporación».

102. Significa lo anterior, que los intereses moratorios solo proceden en el caso
en que la pensión ha sido reconocida, es decir, cuando existe certeza sobre la
existencia del derecho, pero, aun así, la entidad responsable se niega
injustificadamente a cancelar las respectivas mesadas a favor del pensionado, o
lo hace tardíamente.

103. Además, no puede perderse de vista que el artículo 192 del CPACA otorgó
a las entidades 10 meses para dar cumplimiento a las decisiones judiciales,
medida que fue analizada por la Corte Constitucional en sentencia C-208 de
202338, donde estimó que el pago oportuno de las pensiones no equivale a pago
inmediato. Además, si bien los grupos poblacionales que son beneficiarios de las
pensiones reconocidas en el sistema general de seguridad social son sujetos de
especial protección constitucional, la norma acusada pretendía ponderar dos
bienes constitucionales importantes en conflicto: de un lado el derecho al pago
oportuno de las pensiones, y, del otro, los principios de planeación, anualidad y
legalidad del gasto público que informan las operaciones presupuestales del
Estado, por lo que se trata de una medida razonable y proporcionada.

104. Dicho de otra forma, los intereses moratorios se generan sólo con
posterioridad al reconocimiento de la pensión, siempre que exista un retardo
injustificado en su pago, más no se generan a partir de la fecha en que el afiliado

37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 23 de agosto de 2018. Consejero

Ponente: William Hernández Gómez. Exp: 50001-23-33-000-2014-00523-01(1543-16) y Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2018. Consejera ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez. Radicación número: 25000-23-42-000-2013-05069-01(0505-17); entre otras.
38 Comunicado número 19 del 07 y 08 de junio de 2023, Divulgado por página de la Corte Constitucional

06 de junio de 2023. 14830.
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cumple con los requisitos para el reconocimiento de la prestación y menos aún
en casos, donde el servidor ha continuado prestando sus servicios luego de
cumplir con los requisitos para la pensión.

105. Esto significa que:

(i) Los intereses moratorios del artículo 141 ibidem proceden cuando hay
reconocimiento de la pensión por parte de la entidad, sin que exista
controversia sobre el derecho y la Administración niega
injustificadamente a su pago.
(ii) No proceden en relación con las mesadas causadas con anterioridad
al reconocimiento de la pensión, es decir sobre las sumas adeudadas
por concepto de mesadas retroactivas generadas entre la fecha en que
se adquirió el estatus pensional y la fecha de ejecutoria del acto que
reconoció tal prestación.
(iii) En caso de controversia judicial no procede el reconocimiento de los
intereses moratorios del artículo 141, toda vez que la providencia que
ponga final al proceso es la que dará certeza acerca de la existencia
del derecho. Además, a partir de su ejecutoria lo que procede es el
cumplimiento de la orden judicial, en los términos del artículo 192 del
CPACA, y con ello, al reconocimiento del retroactivo pensional, el pago
de las diferencias en las mesadas si a ello hubiere lugar, la
actualización de las sumas adeudadas y el pago de los intereses
plasmados en el artículo 192 del CPACA.
106. Las anteriores pautas nos llevan a concluir que en este caso no es
procedente la condena al reconocimiento y pago de los intereses moratorios
establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que en el sub lite
existió una controversia judicial debidamente fundada, dadas las diversas
interpretaciones que se han surtido en cuanto al requisito de convivencia efectiva
frente a las sustituciones pensionales, escenario a partir del cual le asistió razón
al Tribunal Administrativo del Tolima por cuanto sólo a partir de la sentencia
judicial que decidiera la litis existiría certeza acerca de la existencia del derecho.

107. Solamente a partir de las decisiones adoptadas por el Tribunal
Administrativo del Tolima y por esta Corporación, se pudo corroborar que en
efecto el señor Edgar Gómez Rodríguez, acreditó el requisito de convivencia
efectiva con la señora Mercedes Ramírez, con quien contrajo matrimonio por el
rito católico, a partir de lo cual es procedente el reconocimiento de la sustitución
pensional.

108. En esas condiciones la respuesta al segundo problema jurídico es negativa
razón que impone confirmar la sentencia de primera instancia en sus precisos
términos.

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Rad icado : 73001-23-33- 000- 2019-00090-01 (0081-2022)

De mandan te : Ed gar Góme z R od ríg uez

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

109. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos
términos al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión
de los argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha
situación, contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones jurídicas
en apoyo de sus intereses y, por ende, no se condenará en costas.

110. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Tolima, que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda interpuesta por Edgar Gómez Rodríguez en contra
de COLPENSIONES, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO.– SIN CONDENA en costas en esta instancia, según las
consideraciones expresadas en este fallo.

TERCERO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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