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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00087-01

Fecha
30 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 85001-23-33-000-2021-00087-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 27 de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por el señor Hildefonso Mora Valbuena contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, salvo el numeral segundo que se revoca. SEGUNDO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a título de restablecimiento del derecho, reconocer y pagar la pensión de jubilación a favor del señor Hildefonso Mora Valbuena, con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la adquisición del estatus (23 de noviembre de 2019), esto con inclusión de la asignación básica, las horas extras, la bonificación mensual docentes y la bonificación pedagógica, con efectividad fiscal desde la fecha de adquisición del estatus. TERCERO: Las sumas que se paguen en favor de la parte demandante se actualizarán en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación de la sentencia y se aplicarán sobre las mismas los reajustes de ley. CUARTO: La Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 188, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011. QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia. 835 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 85001-23-33-000-2021-00087-01 (4168 -2022) Demandante: Hildefonso Mora Valbuena SEXTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ Consejero de Estado Consejero de Estado JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO Consejero de Estado Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 85001-23-33-000-2021-00087-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

30 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., treinta (30) de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 85001-23-33-000-2021-00087-01 (4168-2022)
Demandante: Hildefonso Mora Valbuena
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Pensión de jubilación docente- cómputo de tiempo laborado
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede parcialmente
a las pretensiones de la demanda. Sin condena en costas de
segunda instancia

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por el
señor Hildefonso Mora Valbuena en contra de la sentencia de 27 de abril de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare1, que accedió parcialmente
a las súplicas de la demanda que instauró en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2

2.1.1. Pretensiones

2. El señor Hildefonso Mora Valbuena, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de la
Resolución 0778 del 15 de octubre de 2020 emitida por la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por
la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad
con lo señalado por la Ley 33 de 1985.

1 Con ponencia del magistrado José Antonio Figueroa Burbano.
2Expediente digitalizado primera instancia. Sistema SAMAI. Archivo
«1ED_01DEMANDA_1603202121312PM.PDF».

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Radicado: 85001-23-33-000-2021-00087-01 (4168 -2022)

Demandante: Hildefonso Mora Valbuena

3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada a reconocerle la pensión de jubilación con efectos fiscales desde que
adquirió el estatus de jubilado, en los términos de las Ley 33 y 62 de 1985; que
se le paguen las mesadas dejadas de percibir desde la adquisición del estatus,
indexadas mes a mes, con los incrementos legales y con inclusión de los factores
salariales sobre los cuales se hayan hecho aportes al sistema de pensiones.

4. Adicionalmente solicitó que se le reconozcan y paguen los intereses moratorios
en los términos del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y que se condene en
costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

2.1.2. Hechos

5. Como fundamentos fácticos relevantes se señalaron los siguientes:

6. El señor Mora Valbuena nació el 23 de noviembre de 1964, por lo que cumplió
55 años el 23 de noviembre de 2019.
7. Se ha desempeñado por más de 20 años servicios como educador oficial, a
través de nombramientos en provisionalidad desde el 20 de febrero de 1998 y
posteriormente en propiedad hasta la fecha de presentación de la demanda,
desarrollando su labor en la institución educativa «El Paraíso» del municipio de
Yopal.
8. De conformidad con las certificaciones de salarios aportadas, entre el 23 de
noviembre de 2018 y 23 de noviembre de 2019, devengó los siguientes
emolumentos: «asignación básica, bonificación mensual docentes, bonificación
pedagógica, horas extras Com. Planta Lic. y Profe. 2B-Con Maestría (D. 127),
horas extras Adultos Lic. y Profe. 2B-Con Maestría (D. 1278), prima de navidad,
prima de servicios, prima de vacaciones, entre otros».
9. El 30 de enero de 2020 radicó ante la Secretaría de Educación y Cultura del
municipio de Yopal, petición de reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
con base en la Ley 33 de 1985, a partir del 23 de noviembre de 2019, fecha en
la cual adquirió su estatus de pensionado.
10. Mediante la Resolución 0778 del 15 de octubre de 2020, se le negó el
reconocimiento prestacional solicitado.
2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

11. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 13, 25, 48, 53, 93, 94,
122, 23 y 125 de la Constitución Política; 1.°, 2.°, 3.°, 5.° del Decreto Ley 2277
de 1979, las Leyes 33 y 62 de 1985, 91 de 1989 y 812 de 2003; el Decreto 1278
de 2002, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Convenio Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
1966, la Declaración sobre principios y derechos fundamentales en el Trabajo de
1998 de la OIT, el Convenio 100 de la OIT sobre igualdad de Remuneración y el
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Demandante: Hildefonso Mora Valbuena

Convenio 111 de la OIT sobre discriminación y la sentencia de unificación de la
Sala Plena del Consejo de Estado de 28 de agosto de 2018, radicado
5200123330002012-00143-01.

12. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que el acto acusado
incurrió en falsa motivación e indebida aplicación de la norma.

13. Al efecto señaló que no se aplicó al caso del demandante el marco jurídico
señalado según el cual el tiempo laborado por el docente por nombramiento en
provisionalidad debe tenerse en cuenta para efectos de liquidar la pensión de
jubilación.

14. De igual forma, precisó que se configuró la causal de falsa motivación, en el
entendido de se le negó al demandante la condición de servidor público, pese a
que se vinculó el 20 de febrero de 1998 en provisionalidad, fue nombrado
mediante acto administrativo y tomó posesión en los términos señalados en la
Constitución de 1991, esto, antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de
2003, por lo cual la pensión de jubilación debió reconocérsele en virtud de las
Leyes 33 y 62 de 1985, como lo señaló la sentencia del 25 de abril de 2019 de
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro del
radicado No. 680012333000-201500569-01.

15. Frente a la bonificación mensual señaló que fue creada por el Decreto 1566
de 2014 por lo que puede ser incluida en la liquidación de la pensión ordinaria de
jubilación, pese a no estar incluida en los factores señalados en el artículo 1.° de
la Ley 62 de 1985, como lo señaló el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, en sentencia de 31 de octubre de 2019 con
radicado 11001-03-15-000-2019-04192-00.

2.2. Contestación de la demanda

16. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio3 dio contestación a la demanda de forma extemporánea
como quedó señalado en auto de 19 de julio de 20214 dictado por el Tribunal
Administrativo de Casanare.

2.3. La sentencia apelada5

17. El Tribunal Administrativo de Casanare, mediante sentencia de 27 de abril
de 2022 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

3 Expediente digitalizado
visible en el sistema SAMAI, correspondiente al a primera instancia, archivo
«15_RECEPCIONMEMORIAL_DEMANDADO_202121900CONTESTA.pdf».
4 Archivo «15_CONTESTACIONDEMANDA_218700NRDTIENEP.PDF». Ibidem.

5 Índice 27 ibidem.
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Demandante: Hildefonso Mora Valbuena

18. Para ello, estableció que, para tener derecho a la pensión docente, al tenor
de lo establecido en el artículo 48 de la Constitución, las Leyes 91 de 1989, 33 y
62 de 1985, 812 de 2003 y la sentencia de unificación del Consejo de Estado de
28 de abril de 2019 se requería cumplir los requisitos establecidos en dichas
normas, según la fecha de ingreso del docente.

19. Por tanto, según las pruebas allegadas, consideró que el demandante se
vinculó como docente antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, sin que
interesara el tipo de nombramiento, sino que hubiere cotizado al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio por un término mínimo de 20 años y que
haya cumplido los 55 años de edad.
20. Por tanto, consideró que la Resolución 0778 del 15 de octubre de 2020 no
tenía sustento en negar la pensión al accionante en calidad de docente,
aduciendo que el tiempo que laboró en provisionalidad no podía tenerse en
cuenta, pese a que esa exigencia no existía en la Constitución, la ley y la
jurisprudencia.

21. Señaló que acogía los planteamientos de la parte actora, pues los
argumentos de la entidad eran violatorios del artículo 48 de la Constitución, las
Leyes 33 y 62 de 1985, 812 de 2003, entre otras, y de la sentencia de unificación
de 29 de abril de 2019.

22. Estimó entonces que se debía acceder a la pretensión de declarar la nulidad
de la Resolución 0778 del 15 de octubre de 2020.

23. No obstante, consideró que no podía acceder a la pretensión de
restablecimiento dado que el demandante solo acreditó 13 años, 5 meses y 19
días como docente afiliado al FOMAG, con el siguiente razonamiento:
«6.6.4.- De acuerdo con las pruebas allegadas, el accionante estuvo afiliado al citado Fondo,
en las modalidades de vinculación y periodos que se indican a continuación:

Tipo de vinculación Desde Hasta Tiempo en días

Provisionalidad 20-02-1998 31-12-1998 311

Planta temporal 1-02-1999 31-12-1999 330
Provisionalidad 9-02-2000 11-12-2000 303
Provisionalidad 12-12-2000 14-07-2002 573
Provisionalidad 15-07-2002 27-02-2003 224
Provisionalidad 28-02-2003 30-12-2005 1023
Propiedad 16-01-2006 5-02-2006 20
Propiedad 6-02-2006 15-01-2007 340
Propiedad 16-01-2007 31-10-2011 1725
Total tiempo 4849 días (692,71 semanas y/o 13 años,
5 meses y 19 días)

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6.6.5.- Como se observa, el tiempo en que el actor estuvo afiliado como docente al Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio, solo suma 13 años, 5 meses y 19 días, esto es, no
cumple el término establecido en la Ley 91 de 1989.
6.6.6.- Es cierto que dentro del material probatorio aportado hay una certificación del Fondo
de Pensiones Porvenir, según la cual, el accionante hizo aportes en pensiones por el periodo
febrero de 2001 a noviembre de 2011, pero dicho tiempo no es acumulable a los aportes al
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en primer lugar, porque este paga las
pensiones de acuerdo a los aportes que se le realizaron; y en segundo lugar, porque hay
traslape de aportes durante el mismo periodo en los dos Fondos.»

24. En consecuencia, declaró la nulidad del acto demandado, negó las demás
pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

2.4. Recurso de apelación

25. La apoderada del demandante6 presentó recurso de apelación, en el que,
solicitó revocar el numeral segundo de la sentencia de primera instancia y
acceder a las pretensiones de la demanda.

26. Precisó que no compartía la postura del a quo, según la cual el demandante
no contaba con los tiempos de servicios para acceder al reconocimiento de la
pensión de jubilación bajo el régimen jurídico de la Ley 33 de 1985. En ese
sentido precisó que el Tribunal no tuvo en cuenta la certificación de tiempo de
servicios allegada oportunamente, que no fue valorada en totalidad, lo que llevó
a que no realizara en debida forma el cómputo de los tiempos de servicios.

27. Según lo indicó, en la certificación aportada en el expediente digital, en el
documento denominando «02-85001233300020210008700_PRUEBAS_16-03-
2021 2.13.32 p.m.» a partir de la página 12 se tienen los siguientes periodos:

«Entre el 16/01/2006 y el 31/10/2011. Y además, entre el 01/11/2011 al 18/11/2019,
conforme a DECRETO 1027 y 1055. Este último periodo, quedó por fuera del
cómputo del tiempo de servicio servido por el demandante, afectando la suma
aritmética (sic) realizada por el despacho en 96 meses y 23 días».

28. Explicó que según dicha certificación el docente continuaba vinculado a la
fecha de su expedición, esto es, 18 de noviembre de 2019, en virtud de los actos
de nombramiento o traslado «Decreto 0194 del 16/01/2006, Resolución 0144 del
06/02/2006, Decreto 0004 del 12/01/2007 y de los Decretos 1027 y 1055 del
04/04/2011 que computan el tiempo de servicios desde 01/11/2011, hasta la
fecha». Es decir, que reporta los siguientes tiempos de servicios:

6 Ibidem. Archivo «032_RecursoApelacionFOMAG.pdf».
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Demandante: Hildefonso Mora Valbuena

29. Concluyó entonces, que dado que reúne los tiempos de servicios precisados
en la Ley 33 de 1985 debe restablecerse el derecho del accionante quien cuenta
con requisitos para acceder a la pensión de jubilación y el pago de los intereses
moratorios.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad las partes guardaron silencio.

2.5.2. El señor procurador tercero delegado ante esta Corporación presentó
concepto7 en el que solicitó modificar la sentencia de primera instancia, al
estimar que se cumplieron las exigencias de edad (55 años) y de servicios
docentes (20 años), además de la afiliación al FOMAG, requeridas por la Ley 33
de 1985 para ser acreedor de la pensión de jubilación reclamada; empero, indicó
que no había lugar a acceder a los intereses moratorios señalados en el artículo
141 de la Ley 100 de 1993.

30. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

31. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1508 de la Ley 1437 de 2011.

7 Expediente digitalizado sistema Samai. Segunda instancia. Índice 9.

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

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32. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problema jurídico

33. Le corresponde a la Sala determinar ¿si el señor HIldefonso Mora Valbuena
acreditó los requisitos para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación
establecida en la Ley 33 de 1985?

34. Para desatar la cuestión litigiosa la Sala se referirá al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de Unificación del 25 de abril de
2019 y se verificará el acervo probatorio.

3.3. Primer problema jurídico.

3.3.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales. Sentencia de
Unificación del 25 de abril de 2019.

35. Mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019 la Sección Segunda
del Consejo de Estado9 unificó su criterio en torno a la forma de liquidar la pensión
ordinaria de jubilación de los docentes, prevista en la Ley 91 de 1989, oportunidad
en la cual determinó las siguientes reglas jurisprudenciales:

«a. Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación de los servidores públicos
del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, y por tanto los factores en sus
liquidaciones pensionales son aquellos sobre los que efectuaron los respectivos
aportes de acuerdo con el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y, por lo tanto, no se
puede incluir ningún factor diferente a los señalados en el citado artículo.

b. En el caso de los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, se les debe aplicar el régimen pensional de prima media establecido
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y mujeres.
Para la liquidación pensional los factores que se deben incluir en el ingreso base
de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones.»

36. A las anteriores conclusiones arribó la Sección Segunda de esta Corporación
previos los siguientes razonamientos:

«[…]

9Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación jurisprudencial SUJ-014-CE-S2 -2019.

Expediente: 680012333000201500569-01 (0935-17).
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66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que
establece un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de
Liquidación al disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las
personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para
adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere
falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado
anualmente con base en la variación del Índice de Precios al consumidor según
certificación que expida el DANE”. Por la misma razón, tampoco les aplica la regla
sobre Ingreso Base de Liquidación prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993
que fija en 10 años el periodo que se debe tomar para la liquidación de la mesada
pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a
partir del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a partir
del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige
por las siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años
✓ Tiempo de servicios: 20 años
✓ Tasa de remplazo: 75%
✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del
último año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base
para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o
realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.»
Destacado fuera del texto original.

37. A través de la sentencia citada, se precisó que, según el parágrafo transitorio
del Acto Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que
regulan el derecho a la pensión de jubilación para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial, que
dependerá de la fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite
cada docente, para tal efecto distinguió lo siguiente:

a) El derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1 de enero de 1981 nacionales y nacionalizados y de los nombrados a
partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33
de 1985, se rige por las siguientes reglas: 55 años de edad, 20 de servicios
y 75% de los factores previstos en la Ley 62 de 1985.

b) Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812
de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto
1158 de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

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Demandante: Hildefonso Mora Valbuena

38. Como se advierte, por tratarse de una sentencia de unificación, las reglas
fijadas en ésta tienen valor vinculante y son de obligatorio cumplimiento en todos
los casos pendientes de solución tanto en vía administrativa como en vía judicial
a través de acciones ordinarias; salvo los casos en los que ha operado la cosa
juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica, resultan inmodificables.
De tal manera, bajo dicha posición jurisprudencial se analizará el asunto de la
referencia.

3.3.3. Caso concreto.

39. Como ya se vio, el Tribunal Administrativo de Casanare, accedió a la
pretensión de nulidad del acto administrativo demandado, pero no así al
restablecimiento del derecho al estimar que el accionante no acreditó el tiempo
de servicios para obtener la aplicación de las previsiones de la Ley 33 de 1985.
Esto pues en su parecer solo acreditó poco más de 13 de años de servicios.

40. Por su parte la apoderada del señor Mora Valbuena indicó que el Tribunal no
valoró en su totalidad la certificación laboral aportada, según la cual, en el año
2019, se encontraba aún vinculado a la docencia en el municipio de Yopal,
acreditando con suficiencia más de 20 años de servicios docentes.

41. Examinado el dossier10, se advierte que el señor Hildefonso Mora Valbuena,
nació el 23 de noviembre de 196411, por lo que los 55 años de edad los cumplió
el 23 de noviembre de 2019. Ahora bien, dado que la controversia radica en la
valoración probatoria de las certificaciones aportadas por el demandante con las
que pretende demostrar el requisito de tiempo de servicios, la Sala verificará en
su integridad el contenido de la certificación aportada a folio 12 y s.s.12, expedida
por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Secretaría de
Educación Municipal de Yopal donde se indica que laboró como docente oficial
de secundaria en los siguientes periodos:

10
Pruebas allegadas con la demanda. Visibles en el expediente digitalizado, primera instancia. Archivo
«2ED_02PRUEBAS_1603202121332PM.PDF»
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Ibidem. Folio 11.
12
Ibidem
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Demandante: Hildefonso Mora Valbuena

42. De acuerdo con lo anterior se advierte que el señor Hildefonso Mora Valbuena
laboró como docente en los siguientes periodos:

• Desde el 20 de febrero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 1998.
• Desde el primero de febrero de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999.
• Desde el 9 de febrero de 2000 hasta el 11 de diciembre del mismo año.
• Desde el 12 de diciembre de 2000 hasta el 30 de diciembre de 2005.
-Desde el 16 de enero de 2006 y continuaba laborando el 18 de noviembre de
2019 fecha en que se emitió el certificado en mención.

43. Allí se indicó que el Fondo al cual se encontraba afiliado era el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

44. Si bien a folios 39 y siguientes (ibidem) se aprecia un certificado de aportes
por 310 semanas en el Fondo de pensiones Porvenir donde se relacionan aportes
por el Fondo Educativo Regional de Casanare así como la Universidad
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, tal documento no le resta validez a la
información remitida por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en donde se especificó que allí se encontraba afiliado el docente, con
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lo que se considera, al parecer el actor presentó una segunda vinculación laboral
en otras entidades, situación que no se discute en este proceso.

45. De igual manera fue allegada certificación expedida por la Secretaría de
Educación Municipal de Yopal , visible a folios 30 y s,s. ibidem, donde se aprecia
que en los años 2018 y 2019 el demandante percibió:

46. Además, a folios 29 y 30 obra certificado acerca de las horas extras percibidas
por el señor Mora Valbuena en los años 2018 y 2019.

47. De acuerdo con lo anterior se aprecia que le asiste razón al demandante,
dado que se aprecia que acreditó con creces más de 20 años de servicios
docentes y 55 años de edad que confluyeron el 23 de noviembre de 2019 fecha
en que cumplió los 55 años de edad.

48. Se evidencia entonces, que le asiste razón en el reconocimiento de la pensión
de jubilación de conformidad con las Leyes 33 y 62 de 1985, dado que se vinculó
a la docencia oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y
acreditó los requisitos de las normas en mención.

49. En ese sentido su derecho pensional deberá liquidarse con base en el 75%
del promedio de lo devengado en el último año de servicio anterior a la
adquisición del estatus, en concordancia con lo dispuesto por la Ley 62 de 1985,
esto es, con los factores que hayan servido de base para calcular los aportes
previstos a saber: asignación básica, gastos de representación; primas de
antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado
en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

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50. Advierte la Sala que se relaciona un emolumento como «He Com. Planta Lic.
Y Prof. “B – Con maestría (a.127» ( sic), Empero se advierte que, por las sumas
devengadas se asimila a las horas extras percibidas por el docente de acuerdo
con las certificaciones que obran a folios 30 y s.s.

51. Si bien en el último año de servicios el docente percibió las primas de navidad,
de servicios y de vacaciones, lo cierto es que tales conceptos no se encuentran
enlistados en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

52. En esa medida, de acuerdo con lo probado deberán incluirse en la liquidación
pensional la asignación básica, las horas extras, la bonificación mensual
docentes y la bonificación pedagógica.

53. En efecto, esta Corporación ha manifestado que existen otros factores que
fueron creados posteriormente por el legislador como es el caso de la
«bonificación mensual docentes» y la «bonificación pedagógica» que sí pueden
ser incluidos en las pensiones docentes a la luz de las Leyes 33 y 62 de 1985,
dado que el mismo legislador estableció que debían ser considerados como
factores salariales para todos los efectos legales.

54. Las sumas a reconocer deberán ser actualizadas a la fecha de la liquidación
de la pensión. Así entonces, para efecto del ajuste de la condena, el valor
presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
diferencia dejada de percibir por la demandante por concepto de pensión de
jubilación desde la fecha en que ésta se hizo exigible hasta la ejecutoria de la
presente sentencia, con inclusión de los reajustes legales correspondientes a
dicho período, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se
ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en
que se causó el derecho).

55. Además, por tratarse de pagos de tracto sucesivo la fórmula se aplicará
separadamente, mes por mes para cada mesada pensional, comenzando desde
la fecha de su causación y para las demás mesadas teniendo en cuenta que el
índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada una de ellas.

56. Finalmente se advierte que en este caso no operó el fenómeno de la
prescripción comoquiera que, el estatus de reconocimiento de la pensión de
jubilación ocurrió desde el 23 de noviembre de 2019, y la petición de
reconocimiento pensional se elevó ante la entidad el 30 de enero de 2020. Por
tanto, como la demanda se presentó el 16 de marzo de 202113, se corrobora que
no hubo lugar a la ocurrencia del citado fenómeno prescriptivo.

57. Es de precisar que, como el señor Mora Valbuena se vinculó a la docencia

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oficial antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003 y se encuentra
cobijado por las previsiones de las Leyes 33 y 62 de 1985, se evidencia por tanto,
que se encuentra cobijado por la excepción consagrada en el literal g) del artículo
1914 de la Ley 4ª de 1992 comoquiera que su régimen especial docente lo permite
y por consiguiente, es beneficiario de la compatibilidad entre la pensión de
jubilación y el salario en los términos del artículo 5.° del Decreto 224 de 197215.

58. No se accede al reconocimiento de los intereses moratorios señalados en
artículo 141 de la ley 100 de 1993 toda vez que, como lo ha señalado esta
Corporación en anteriores oportunidades, estos proceden cuando hay
reconocimiento de la pensión por parte de la entidad, sin que exista controversia
sobre el derecho y la Administración niega injustificadamente a su pago, lo cual
no ocurre en este caso16.

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

59. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

60. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

14 «Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación

que provenga del Tesoro Público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado. Exceptúanse las siguientes asignaciones:
[…]

g) Las que a la fecha de entrar en vigencia la presente Ley beneficien a los servidores oficiales
docentes pensionados.
PARÁGRAFO. No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a más de ocho (8) horas diarias
de trabajo a varias entidades.» Destacado fuera del texto.

15
«El ejercicio de la docencia no será incompatible con el goce de la pensión de jubilación
siempre y cuando el beneficiario de esté mental y físicamente apto para la tarea docente, pero no
se decretará retiro forzoso del servicio al cumplir sesenta y cinco (65) años de edad.» ( Negrilla
de la Sala).
16 Proceso radicado 73001-23-33-000-2019-00090-01 (0081-2022).
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61. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

62. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.

63. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 27 de abril de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
incoada por el señor Hildefonso Mora Valbuena contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia,
salvo el numeral segundo que se revoca.

SEGUNDO: ORDENAR a la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, a título de restablecimiento del derecho,
reconocer y pagar la pensión de jubilación a favor del señor Hildefonso Mora
Valbuena, con base en el 75% del promedio de lo devengado en el último año de
servicio anterior a la adquisición del estatus (23 de noviembre de 2019), esto con
inclusión de la asignación básica, las horas extras, la bonificación mensual
docentes y la bonificación pedagógica, con efectividad fiscal desde la fecha de
adquisición del estatus.

TERCERO: Las sumas que se paguen en favor de la parte demandante se
actualizarán en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de
la liquidación de la sentencia y se aplicarán sobre las mismas los reajustes de
ley.

CUARTO: La Nación - Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos previstos en los artículos 188, 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Sin condena en costas en esta instancia.

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Demandante: Hildefonso Mora Valbuena

SEXTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.

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